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El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , esta Comisión surgió en un momento especialmente necesario, ya que, a propósito de la crisis energética que afectó a Chile con ocasión de la disminución del suministro de gas por parte de Argentina, se fue instalando la sensación de que nuestro país se encontraba al borde del apagón energético.
En ese contexto de efectiva escasez energética o de crisis energética, se instaló una política -que provenía de ciertos sectores de la autoridad pública y de sectores empresariales- que califico de terror energético; es decir, la idea de generar la sensación de que Chile estaba al borde del apagón y, en consecuencia, había que poner en marcha un conjunto de proyectos de emergencia que permitieran satisfacer sus necesidades energéticas.
En ese contexto, proliferaron múltiples proyectos empresariales destinados a la instalación de centrales termoeléctricas, centrales de carbón y de petróleo, que buscaban, esperaban y aspiraban a lograr un mecanismo de agilización en la toma de decisiones para la aprobación, entre otros, de los permisos y de las resoluciones de calificación ambiental. De ahí surgió una figura que algunos calificaron los fast trackers, es decir, agentes públicos que se encargaban de recorrer el país para buscar la forma de agilizar las aprobaciones sectoriales y de calificación ambiental para que estos proyectos se pudieran poner en marcha.
Sin duda, parece razonable y necesario que un país que no cuenta con recursos energéticos propios y que tiene dificultades de suministro energético, ponga en marcha políticas integrales que permitan resolver esos cuellos de botella, esos nudos; pero eso no se puede hacer sobre la base de alterar ni vulnerar la legislación vigente. En nuestro ordenamiento jurídico no existe ninguna norma que permita dar un tratamiento preferencial o especial a unos proyectos por sobre otros en el otorgamiento de permisos sectoriales o de resoluciones de calificación ambiental. Nuestra legislación establece el principio de igualdad ante la ley para todo tipo de proyectos.
Esta Comisión surge porque en distintas regiones empezaron a aparecer evidencias de que estábamos siendo objeto de presión por parte de autoridades públicas para la agilización de este tipo de proyectos, de manera que tuviesen un tratamiento preferente, al margen de lo que establece la ley y más allá de lo que fijan las normativas y los procedimientos en materia de calificación ambiental.
Esta Comisión recibió antecedentes de distintas regiones de Chile, que dan cuenta de ese tipo de gestiones destinadas a obtener la autorización ambiental de la manera más irregular. Pero esto se daba más en el contexto de problemas institucionales evidentes. De hecho, en paralelo, en el Congreso Nacional se tramitaban reformas muy profundas a la institucionalidad ambiental, que había empezado a perder vigencia, vigor y fortaleza para hacerse cargo de las crecientes necesidades que el país tiene en materia de protección ambiental.
En tal sentido, la entonces ministra del Medio Ambiente , Ana Lya Uriarte , presentó un ambicioso proyecto de reforma a la institucionalidad ambiental, que fue objeto de un minucioso estudio en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y de modificaciones bastante importantes, que lo mejoraron sustantivamente. Sin embargo, la iniciativa sufrió cambios muy profundos y negativos en el Senado.
El acuerdo al que en su momento llegaron el gobierno de la Concertación y la Alianza por Chile terminó desfigurando la versión del proyecto despachado por la Cámara de Diputados y convirtiendo en letra muerta los mecanismos que mejoraban especialmente la participación ciudadana, el control ciudadano respecto de los procesos de calificación ambiental y el control social respecto del modo en que los titulares de los proyectos encaminan las conversaciones con las comunidades que van a verse afectadas por la instalación de los proyectos.
El proyecto volvió en tercer trámite a esta Cámara con modificaciones del Senado, que algunos diputados estimamos que lesionaban la columna vertebral de la nueva institucionalidad ambiental. Por eso, presentamos indicaciones, las que fueron derrotadas en esta Cámara, cuya justicia hoy se hace del todo evidente. En efecto, durante el 2010 -año en que entró en vigor la nueva institucionalidad ambiental- y en el año en curso, tras la aprobación de la central termoeléctrica Castilla, en la Tercera Región de Atacama, hemos visto que la institucionalidad ambiental derivada de esa reforma adolece de los mismos problemas, si no más graves, que los que afectaban a la institucionalidad ambiental que reformó. Sin ir más lejos, se sigue permitiendo que los titulares de los proyectos, en paralelo a la tramitación del permiso de la resolución de calificación ambiental, puedan establecer acuerdos y programas que se encubren con el rótulo de responsabilidad social empresarial, cuando en realidad están destinados a capturar conciencia. Lo hemos visto en el acuerdo con la familia Domínguez , a propósito de la central Castilla; lo vimos en la Región de Coquimbo, a propósito de la central termoeléctrica Barrancones. Se trata de empresas que no existen como tales, sino que están a la espera de permisos de calificación ambiental para constituirse, las cuales, en paralelo, desarrollan campañas comunicacionales, sociales e institucionales destinadas a aplacar el rechazo social que estos proyectos suelen generar en los territorios donde serán emplazados, lo cual no está prohibido en nuestra legislación. Una ministra respondió a la Cámara de Diputados que eso no está expresamente permitido por la legislación ambiental, y tampoco está prohibido, pero que éticamente no corresponde.
La reforma institucional no resuelve ese problema. Por eso es posible que tengamos casos como el que hemos visto, a propósito de la central Castilla, con el acuerdo entre MPX y la familia Domínguez -condición o requisito que, a la hora de la aprobación, según entiendo estuvo presente en la mesa de la Corema-, o que en las coremas ya no haya representantes ciudadanos. Es cierto que los cores todavía no son la expresión más pura de la representación ciudadana -en el Senado está pendiente el proyecto que establece la elección universal de los consejeros regionales-, pero al menos tienen cierto revestimiento de soberanía popular, dado que son elegidos por los concejales, que sí son elegidos por los ciudadanos. Hoy, esta decisión está entregada a las coremas, cuyos funcionarios son de confianza presidencial.
Hace poco, en Chile vivimos una experiencia inédita de movilización ciudadana, gatillada desde las redes sociales a propósito de la aprobación de la central termoeléctrica Barrancones , aprobada por la Corema de la Región de Coquimbo, integrada en su inmensa mayoría por funcionarios de exclusiva confianza presidencial. Luego, esa decisión fue dejada sin efecto, no porque en cuestión de una semana haya existido un cambio en la conciencia ambiental de las autoridades, sino porque hubo una presión popular que obligó al Gobierno a volver atrás.
Entonces, aquí hay una permanente perforación de la institucionalidad ambiental como consecuencia del lobby energético y de la penetración del poder económico en las decisiones vinculadas con ella.
Ayer o anteayer, a propósito de la central Campiche , en esta región, se conoció el contenido de un cable que figura en Wikileaks, en el cual se denuncia que representantes de países extranjeros habrían hecho lobby para resolver los problemas que impedían administrativa y judicialmente su aprobación. Se dice que habría existido actuación de oficinas de lobby en las que, entre otros, participó el actual ministro del Interior y que también habría tenido injerencia el ex ministro del Interior en la resolución de los problemas administrativos y legales para sacar adelante Campiche . Esto fue denunciado en su momento por las comunidades afectadas y también en esta Cámara. Sin embargo, Campiche contó con la resolución de calificación ambiental.
Esto revela que la materia que esta Comisión quería investigar adquiere más certeza y contundencia, porque está indicando que nuestra institucionalidad ambiental es de papel, de mentira; es una mascarada que reviste de cierta formalidad la aprobación de proyectos, cuando en realidad éstos se concretan por la vía del lobby y por la presión que ejercen los poderes económicos, en particular en el caso de la crisis energética. Uno puede ver permanentes campañas en los medios de comunicación que tratan de crear la sensación de que Chile está al borde de un apagón energético. Por esta vía se pretende sacar adelante esos proyectos.
Por eso, creo que debemos aprobar este informe, porque confirma una realidad indesmentible: que en Chile la institucionalidad ambiental, particularmente en materia energética, no garantiza, ni defiende, ni protege los derechos de los ciudadanos. Esos derechos no están siendo cautelados porque el lobby económico está siendo más poderoso que la institucionalidad ambiental a la hora de defender a la comunidad. Afortunadamente, en Barrancones los ciudadanos se movilizaron y lo impidieron, pero en Castilla no se pudo hacer lo mismo. ¿Qué pasará con Hidroaysén? ¿También nos van a decir que si no aprobamos ese proyecto vendrá un representante de un gobierno extranjero o un embajador a hacer lobby con las autoridades para asegurarse los votos de los integrantes de la Corema de la Región de Aysén? ¿Es eso lo que va a ocurrir?
Quiero plantear algo que, tal vez, no es habitual en las comisiones investigadores. Considero que esta comisión debiera ser reactivada, con el objeto de conocer las denuncias que aparecieron en Wikileaks respecto de lo que sucedió en Campiche, y hacernos cargo de las denuncias que, en su momento, formularon algunas personas que concurrieron a los tribunales y asistieron a la Comisión Investigadora. Se trata de nuevos antecedentes de enorme gravedad, que involucran a ministros de Estado , a ex ministros de Estado , a agentes económicos e, incluso, a embajadores de países amigos.
Quiero pedir, además de la aprobación de este informe, que la Sala dé la unanimidad para reactivar esta Comisión Investigadora para que se haga cargo especialmente de las denuncias relacionados con el proyecto Campiche. Creo que es lo que esperan los miembros de la Cámara, que tiene facultades de fiscalización, precisamente el día en que estamos discutiendo el informe de esta Comisión, que investigó la penetración económica y el atropello de la institucionalidad ambiental para lograr la aprobación ilegal de proyectos energéticos, pero ahora respecto de un proyecto específico que investigó y sobre el cual recogió nuevos antecedentes.
Junto con respaldar las conclusiones y propuestas incluidas en el informe, quiero plantear que también nos hagamos cargo de esta grave denuncia y que la Mesa recabe la unanimidad de la Sala para reabrir esta Comisión, a fin de que investigue las denuncias que se han conocido, relacionadas con el caso Campiche.
He dicho.
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