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- rdf:value = " INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE PROCESOS DE APROBACIÓN DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS Y ENERGÉTICOS POR PARTE DE LAS COMISIONES REGIONALES DEL MEDIO AMBIENTE. (Continuación).
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde continuar la discusión sobre el informe de la Comisión Investigadora de los procesos de aprobación de proyectos hidroeléctricos y energéticos por parte de las comisiones regionales del medio ambiente (Coremas).
Recuerdo a la Sala que el diputado señor Leopoldo Pérez rindió el informe de la Comisión en la sesión celebrada el 13 de enero. Además, han hecho uso de la palabra en su primer discurso los diputados señores Robles, De Urresti y Venegas.
Antecedentes:
-El informe de la Comisión Investigadora se rindió en la sesión 126ª, en jueves 13 de enero de 2011, de la legislatura 358ª.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta , sin duda, el trabajo desarrollado por la Comisión Investigadora nos da un pie de ánimo en lo que concierne al medio ambiente y a lo que significa la investigación sobre esos proyectos hidroeléctricos.
En la actualidad, las coremas están sometidas a una legalidad sumamente atrasada, que prácticamente no corresponde a los momentos que se viven.
Durante el receso del Poder Legislativo , tuve la suerte de escuchar una intervención muy importante que realizó su excelencia el Presidente de la República , don Sebastián Piñera , junto a la ministra de Medio Ambiente , señora María Ignacia Benítez , en el distrito 54, Región de Los Ríos. En verdad, se trató de una clase magistral que nos ayuda muchísimo en la discusión de este informe. No estamos conformes, no va con nosotros y no va con la época lo que hoy estamos conociendo en cuanto a las centrales que proveerán la energía necesaria para el país. Según la opinión de muchos entendidos en la materia, su reglamentación está obsoleta.
En esa oportunidad, en la localidad de Llifén, presencié la presentación del proyecto que crea el Servicio de la Biodiversidad y de las Áreas Silvestres Protegidas, que ingresó a tramitación por el Senado de la República.
Este informe denota la falta de una legislación ambiental y de procesos de calificación actualizados, ya que lo que hoy tenemos -como he dicho, a partir de la ley N° 19.300- se encuentra absolutamente sobrepasado por la realidad. Eso queda demostrado en los procesos de evaluación y participación ciudadana para integrar adecuadamente todos los factores que deben ponderarse al momento de autorizar la realización de obras que impactarán de manera permanente el hábitat y el entorno de las áreas en que ellas se ejecutarán.
Me voy a referir al distrito 54, de la Región de los Ríos. Desde mi punto de vista y tal como lo señala el informe, en la central hidroeléctrica San Pedro se han producido irregularidades que no fueron tomadas en consideración al momento de su aprobación por la Corema de la Región de Los Ríos, las cuales han quedado al descubierto; incluso más, se pueden deducir del estudio que presentó la empresa Colbún. Así, por ejemplo, una parte de ese estudio fue elaborada por un ingeniero en minas y no por un geólogo, en circunstancias de que la central proyectada se ubicaría entre dos fallas geológicas de importancia, en una zona de gran actividad sísmica y con un historial de catástrofes naturales que bien reconoce la historia de Chile. En efecto, en esta parte del planeta se han producido importantísimas transformaciones del territorio debido a esas causas.
Dicha central hidroeléctrica de paso, sin regulación de caudal, se ubica a catorce kilómetros del desagüe del lago Riñihue. Muchos recordamos los momentos vividos con ocasión del sismo de 1960, el famoso riñihuazo. Por su edad, seguramente la gran mayoría de los presentes no lo recuerda, pero allí se produjo una situación muy difícil. Sin embargo, en ese lugar hoy se está construyendo la central hidroeléctrica San Pedro , a 50 metros de altura y a doce kilómetros del desagüe del lago Riñihue. Es importante recordar que éste es sólo uno de los siete proyectos que se están planificando en el distrito que represento -por eso, mi reclamo-; la central San Pedro es el primero, y se encuentra aprobado.
Por lo tanto, es de tremenda importancia el cuidado en el estudio de las obras que se pretenden levantar, pues se encuentran ubicadas en medio de fallas geológicas de gran importancia. En consecuencia, un movimiento sísmico de cierta importancia puede provocar daños irreparables e inundaciones en ciudades como Los Lagos e incluso en los barrios bajos de Valdivia, capital de la Región de Los Ríos. Así sucedió en 1960. Hoy, debido a la creación de esa central hidroeléctrica, podría ocurrir una situación similar en caso de que ocurra un sismo.
A mayor abundamiento, es importante recalcar que en San Pedro, la empresa Colbún modificó su programa original, pues cambió la sala de máquinas, dispuesta en un principio en el subterráneo, para ubicarla en la superficie. Eso se justifica debido al hecho de que la roca donde se pretendía construir es de carácter inestable, con lo cual la empresa da la razón a quienes han advertido sobre la mala calidad del terreno y el riesgo que implica la obra. Curiosamente, se trata de un proyecto aprobado, pero la construcción está detenida por los motivos que he mencionado y se está llevando a cabo un nuevo estudio para redefinir su ubicación; seguramente, se hará algunos kilómetros más abajo.
Es un tema que nos hace más fuerza después del informe que hemos tenido a la vista y, por lo tanto, no me cabe duda alguna de su aprobación.
Finalmente, el informe da cuenta de que las herramientas que tenemos no son las que quisiéramos. Por eso, ojalá que el Congreso Nacional apruebe en forma urgente el proyecto a que me referí, al cual ingresó a tramitación por el Senado.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Juan Lobos.
El señor LOBOS.- Señora Presidenta , quiero partir mi alocución pidiendo a la Sala aprobar el informe.
La Comisión funcionó durante mucho tiempo en un horario bastante incómodo. A ella asistió mucha gente para hablar sobre los graves problemas que están sucediendo a lo largo de nuestro país, en diversos ámbitos, ahí donde la necesidad, que tiene cara de hereje, ha hecho que se establezcan ciertos proyectos que la ciudadanía considera lesivos para la vida que lleva y para los proyectos de desarrollo que planea.
En verdad si se analiza el espíritu de la legislación anterior, se comprueba que básicamente estaba hecha para aprobar proyectos. Esa era su esencia: aprobar los que no fueran absolutamente dañinos; pero eso no significa que no alteraran el desarrollo y las aspiraciones, y que muchas veces no vulneraran los derechos de ciudadanos que habían establecido hace mucho tiempo su vida en una región o paraje.
Ejemplos tuvimos muchos. El diputado Jaramillo acaba de mencionar algo gravísimo, en cuanto a la forma como se alteraron estudios para establecer un muro sobre una roca que estaba escindida o que finalmente no existía, o estaba, al parecer, cincuenta metros más abajo, etcétera. Evidentemente, se había falseado la información. Muchas veces tuvimos respuestas de organismos públicos que, en primera instancia, decían que determinados proyectos presentaban una serie de factores que permitían su ejecución sin riesgos ni peligros para la población y, finalmente, aparecían diciendo otra cosa; en el camino variaron su parecer. ¿Por qué? Porque como dije la legislación estaba hecha para aprobar proyectos, era muy susceptible a las presiones económicas -digámoslo claramente- y políticas. Una legislación que estaba constituida para hacer avanzar a Chile se maleó. Pero, ¿la culpa es del chancho o de quien le da el afrecho?
El señor GARCÍA (don René Manuel).- ¡De los dos!
El señor LOBOS.- De los dos, según dice el diputado García . Tiene razón, porque la legislación era feble y quienes la aplicaron lo hicieron a sabiendas mal. Eso se debe dejar establecido.
En mi zona, nos tocó ver cómo se quería dejar sin agua a los regantes del canal Laja , a los regantes del canal Laja Diguillín y, por cierto, eliminar una de las postales más hermosas de nuestro país, como es el Salto del Laja. Primero, le quitaron la carretera para que la gente no lo viera y después le iban a quitar el agua. Con una central supuestamente de paso, que saca el agua de una cuenca y se la lleva a otra distinta -por lo tanto, no es de paso, porque consume el agua y no la devuelve-, se iba a dejar amputado el derecho de desarrollo de una industria de pequeños empresarios de los alrededores del Salto del Laja, quienes iban a quedar sin el único atractivo turístico que les permite sobrevivir. Ellos estuvieron en la Comisión y entregaron su desgarrador testimonio, que quedó plasmado en el informe. Hoy, se está peleando en los tribunales para defender, de alguna manera, los derechos de miles que resultarán perjudicados para el enriquecimiento de unos pocos.
En cierto modo, esta legislación cambió. Hace un tiempo nos tocó votar en la Sala la entrada en vigencia de la nueva legislación ambiental. ¿Es perfecta? Creo que no. Ya la veremos en su andar; pero, al menos, se hizo el esfuerzo. Aprovecho la ocasión para hacer un reconocimiento a la ex ministra Ana Lya Uriarte , quien se jugó por este proyecto, que sacó adelante. Así es, diputado Andrade : siempre se debe reconocer lo bueno, venga del lado que venga.
En esta legislación se reconocen algunos aspectos que considero muy importantes.
Primero, la participación ciudadana, inserta en la planificación estratégica que pueden hacer una comuna y una región. De esa manera, espero que nunca más se efectúen exploraciones geotérmicas, por ejemplo, al lado de Los géiseres del Tatio, porque obviamente las comunidades de esa zona podrían señalar, de acuerdo a su planificación estratégica, que quieren que sea un área turística.
Asimismo, espero que nunca más una compañía vaya a Nevados de Chillán, en la comuna de Pinto -la gente dice que son de Chillán, pero corresponden a Pinto, otra comuna pequeña- a explorar geotermia que ponga en riesgo las Termas de Chillán, o de Pinto, como debieran llamarse.
También esperamos que nunca más se pretenda sacar más agua de la que tiene un río como el Laja. Del mismo modo, que en un breve plazo, con la anuencia de Endesa, soberana y patrona de ese río, se pudiera contar con una junta de vigilancia, cuestión que hasta el día de hoy se ha negado, lo que ha generado un problema tremendo, porque a dicho río se le saca más agua de la que lleva.
En efecto, al no existir una junta de vigilancia, el que está más arriba saca el agua que quiere, y lo que va quedando se lo deben repartir malamente quienes se ubican más abajo.
Por lo tanto, existen algunos defectos que en algún momento deberemos subsanar.
Otro aspecto interesante de mencionar es la creación, a través de esta nueva legislación, de la Superintendencia del Medio Ambiente, lo cual es muy importante porque permitirá evaluar proyectos, zanjar algunas instancias donde se discrepe y, finalmente, llegar a los tribunales especializados, que deberán ver las causas ambientales y estará constituidos por dos jueces y un experto.
Allí deseamos “meter tijera” en algún momento, porque la Octava Región es una de las que más causas ambientales ve en el país. Sin embargo, por un efecto de presión política, el segundo tribunal se establecerá en Valdivia. Nos gustaría que en algún momento la autoridad recapacitara al respecto y dispusiera la instalación de dichos tribunales donde existan más causas y no donde, quizás, el paisaje sea más bonito.
Finalmente, llamo a la honorable Sala a votar a favor este informe, que fue consensuado entre todos los integrantes de la Comisión, recoge las inquietudes de quienes asistieron a ella y entregaron su testimonio y, además, hace una serie de propuestas que, a mi juicio, será muy interesante incorporar en la nueva legislación, que ojalá no echemos a perder.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señora Presidenta , los resultados presentados en el informe dan cuenta de una débil institucionalidad ambiental y dejan en evidencia la carencia de una visión global de la materia, como lo señala el informe.
No obstante compartir gran parte de las conclusiones y propuestas presentadas, me permito exponer las siguientes consideraciones:
Los elementos expuestos en torno a la debilidad institucional se deben esencialmente a que muchas veces en la toma de decisión, al momento de la aprobación de los proyectos, interfieren intereses políticos o de carácter económico, que se superponen a los de la mayoría de la población y a la evaluación científico-técnica.
La carencia de una visión global va más allá del tema medioambiental. En efecto, desde la entrada de los proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental hasta su instalación queda de manifiesto la inexistencia de una política energética y, en consecuencia, de una planificación y un ordenamiento en la materia. Así, se está creando una situación grave para el futuro medioambiental del país con la acentuada disociación entre proyectos energéticos parciales o relacionados con determinados intereses económicos y los proyectos de desarrollo productivo nacional, sustentables, cuyo centro o finalidad sea el bienestar de la mayoría de la población.
Nos queda la inquietud ante la posibilidad de que la nueva institucionalidad ambiental no pueda dar solución cabal a las arbitrariedades que se han evidenciado durante el trabajo de la Comisión Investigadora, porque si bien la nueva institucionalidad amplía los estudios de impacto ambiental a un mayor espectro de proyectos productivos, la toma de decisiones aún permanece en manos de la voluntad política del gobierno de turno y de sus respectivas autoridades regionales, pasándose por alto los informes técnicos, de no ser éstos funcionales a los intereses políticos prevalecientes.
La Evaluación de Impacto Ambiental de un proyecto productivo es un proceso esencialmente técnico mediante el cual se mide el grado en que incidirá la ejecución de dicho proyecto en la calidad del medio ambiente y en qué medida es posible presumir que tal ejecución se puede hacer respetando la totalidad de la normativa ambiental aplicable y colaborando con el desarrollo sustentable de la región y el país.
Debido a ello, una vez que los actores técnicos del sistema han entregado su informe, no parece apropiado que un conjunto de autoridades políticas designadas apruebe o rechace la autorización ambiental. Ni las coremas ni las actuales comisiones evaluadoras tienen razón de ser en este punto del proceso, ya que se prestan para favorecer intereses de tipo puramente económico ante presiones indebidas de carácter político que finalmente burlan la opinión ciudadana. Lo lógico es que una autoridad distinta, participativa y colegiada, como el core, pueda decidir si un proyecto ya aprobado técnicamente en cuanto a su factibilidad ambiental es autorizado para implementarse en la región, considerando motivos políticos, administrativos y económicos. Esto sinceraría el rol de las antiguas coremas y también el de la nueva institucionalidad.
Por último, los incumplimientos legales y administrativos, los vicios de procedimiento y las irregularidades descritas en el informe ameritan que las evaluaciones en las que se determinó que tales vicios existieron deban anularse respecto de las resoluciones de calificación ambiental así extendidas y rehacer el procedimiento, esta vez de manera correcta.
En distintas regiones y comunidades existe gran inquietud por la instalación de centrales termoeléctricas, por la existencia de tranques de relaves cuyo descuido en la aprobación de proyectos ha llevado sólo a lamentar consecuencias, como sucede en el caso del pueblo de Caimanes, hoy prácticamente moribundo.
Comunas como Tiltil, en la Región Metropolitana, y sectores turísticos como las islas de Chiloé o Rapa Nui que sufren el impacto del tratamiento de la basura y desechos sólidos o del tratamiento de aguas servidas, reclaman una legislación y una fiscalización mucho más estricta.
Sabemos que las termoeléctricas se instalan debido a su bajo costo y para favorecer en especial a la industria extractiva del cobre y a la gran minería. Muchos nos preguntamos por qué si este año se habla de una inversión de más de 50 mil millones de dólares en este rubro económico no se exige a las empresas inversoras un aporte superior al del royalty, que es bastante bajo en nuestro país, para el desarrollo de energía renovable. Sería lo más lógico, considerando las enormes utilidades que obtienen por el alto precio del cobre; sería lo más preciado que esas empresas podrían hacer por Chile, que les entrega tantos beneficios sin una justa retribución.
Por ello, planteamos que no basta con comisiones investigadoras, muy valiosas para el conocimiento de los problemas, pero que finalmente rinden muy poco en lo práctico. Puede que ya exista una nueva institucionalidad respecto del medio ambiente, pero ello tampoco basta. Es preciso seguir perfeccionando las leyes medioambientales, acorde con las necesidades, los sentimientos y los anhelos de las chilenas y los chilenos.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , esta Comisión surgió en un momento especialmente necesario, ya que, a propósito de la crisis energética que afectó a Chile con ocasión de la disminución del suministro de gas por parte de Argentina, se fue instalando la sensación de que nuestro país se encontraba al borde del apagón energético.
En ese contexto de efectiva escasez energética o de crisis energética, se instaló una política -que provenía de ciertos sectores de la autoridad pública y de sectores empresariales- que califico de terror energético; es decir, la idea de generar la sensación de que Chile estaba al borde del apagón y, en consecuencia, había que poner en marcha un conjunto de proyectos de emergencia que permitieran satisfacer sus necesidades energéticas.
En ese contexto, proliferaron múltiples proyectos empresariales destinados a la instalación de centrales termoeléctricas, centrales de carbón y de petróleo, que buscaban, esperaban y aspiraban a lograr un mecanismo de agilización en la toma de decisiones para la aprobación, entre otros, de los permisos y de las resoluciones de calificación ambiental. De ahí surgió una figura que algunos calificaron los fast trackers, es decir, agentes públicos que se encargaban de recorrer el país para buscar la forma de agilizar las aprobaciones sectoriales y de calificación ambiental para que estos proyectos se pudieran poner en marcha.
Sin duda, parece razonable y necesario que un país que no cuenta con recursos energéticos propios y que tiene dificultades de suministro energético, ponga en marcha políticas integrales que permitan resolver esos cuellos de botella, esos nudos; pero eso no se puede hacer sobre la base de alterar ni vulnerar la legislación vigente. En nuestro ordenamiento jurídico no existe ninguna norma que permita dar un tratamiento preferencial o especial a unos proyectos por sobre otros en el otorgamiento de permisos sectoriales o de resoluciones de calificación ambiental. Nuestra legislación establece el principio de igualdad ante la ley para todo tipo de proyectos.
Esta Comisión surge porque en distintas regiones empezaron a aparecer evidencias de que estábamos siendo objeto de presión por parte de autoridades públicas para la agilización de este tipo de proyectos, de manera que tuviesen un tratamiento preferente, al margen de lo que establece la ley y más allá de lo que fijan las normativas y los procedimientos en materia de calificación ambiental.
Esta Comisión recibió antecedentes de distintas regiones de Chile, que dan cuenta de ese tipo de gestiones destinadas a obtener la autorización ambiental de la manera más irregular. Pero esto se daba más en el contexto de problemas institucionales evidentes. De hecho, en paralelo, en el Congreso Nacional se tramitaban reformas muy profundas a la institucionalidad ambiental, que había empezado a perder vigencia, vigor y fortaleza para hacerse cargo de las crecientes necesidades que el país tiene en materia de protección ambiental.
En tal sentido, la entonces ministra del Medio Ambiente , Ana Lya Uriarte , presentó un ambicioso proyecto de reforma a la institucionalidad ambiental, que fue objeto de un minucioso estudio en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y de modificaciones bastante importantes, que lo mejoraron sustantivamente. Sin embargo, la iniciativa sufrió cambios muy profundos y negativos en el Senado.
El acuerdo al que en su momento llegaron el gobierno de la Concertación y la Alianza por Chile terminó desfigurando la versión del proyecto despachado por la Cámara de Diputados y convirtiendo en letra muerta los mecanismos que mejoraban especialmente la participación ciudadana, el control ciudadano respecto de los procesos de calificación ambiental y el control social respecto del modo en que los titulares de los proyectos encaminan las conversaciones con las comunidades que van a verse afectadas por la instalación de los proyectos.
El proyecto volvió en tercer trámite a esta Cámara con modificaciones del Senado, que algunos diputados estimamos que lesionaban la columna vertebral de la nueva institucionalidad ambiental. Por eso, presentamos indicaciones, las que fueron derrotadas en esta Cámara, cuya justicia hoy se hace del todo evidente. En efecto, durante el 2010 -año en que entró en vigor la nueva institucionalidad ambiental- y en el año en curso, tras la aprobación de la central termoeléctrica Castilla, en la Tercera Región de Atacama, hemos visto que la institucionalidad ambiental derivada de esa reforma adolece de los mismos problemas, si no más graves, que los que afectaban a la institucionalidad ambiental que reformó. Sin ir más lejos, se sigue permitiendo que los titulares de los proyectos, en paralelo a la tramitación del permiso de la resolución de calificación ambiental, puedan establecer acuerdos y programas que se encubren con el rótulo de responsabilidad social empresarial, cuando en realidad están destinados a capturar conciencia. Lo hemos visto en el acuerdo con la familia Domínguez , a propósito de la central Castilla; lo vimos en la Región de Coquimbo, a propósito de la central termoeléctrica Barrancones. Se trata de empresas que no existen como tales, sino que están a la espera de permisos de calificación ambiental para constituirse, las cuales, en paralelo, desarrollan campañas comunicacionales, sociales e institucionales destinadas a aplacar el rechazo social que estos proyectos suelen generar en los territorios donde serán emplazados, lo cual no está prohibido en nuestra legislación. Una ministra respondió a la Cámara de Diputados que eso no está expresamente permitido por la legislación ambiental, y tampoco está prohibido, pero que éticamente no corresponde.
La reforma institucional no resuelve ese problema. Por eso es posible que tengamos casos como el que hemos visto, a propósito de la central Castilla, con el acuerdo entre MPX y la familia Domínguez -condición o requisito que, a la hora de la aprobación, según entiendo estuvo presente en la mesa de la Corema-, o que en las coremas ya no haya representantes ciudadanos. Es cierto que los cores todavía no son la expresión más pura de la representación ciudadana -en el Senado está pendiente el proyecto que establece la elección universal de los consejeros regionales-, pero al menos tienen cierto revestimiento de soberanía popular, dado que son elegidos por los concejales, que sí son elegidos por los ciudadanos. Hoy, esta decisión está entregada a las coremas, cuyos funcionarios son de confianza presidencial.
Hace poco, en Chile vivimos una experiencia inédita de movilización ciudadana, gatillada desde las redes sociales a propósito de la aprobación de la central termoeléctrica Barrancones , aprobada por la Corema de la Región de Coquimbo, integrada en su inmensa mayoría por funcionarios de exclusiva confianza presidencial. Luego, esa decisión fue dejada sin efecto, no porque en cuestión de una semana haya existido un cambio en la conciencia ambiental de las autoridades, sino porque hubo una presión popular que obligó al Gobierno a volver atrás.
Entonces, aquí hay una permanente perforación de la institucionalidad ambiental como consecuencia del lobby energético y de la penetración del poder económico en las decisiones vinculadas con ella.
Ayer o anteayer, a propósito de la central Campiche , en esta región, se conoció el contenido de un cable que figura en Wikileaks, en el cual se denuncia que representantes de países extranjeros habrían hecho lobby para resolver los problemas que impedían administrativa y judicialmente su aprobación. Se dice que habría existido actuación de oficinas de lobby en las que, entre otros, participó el actual ministro del Interior y que también habría tenido injerencia el ex ministro del Interior en la resolución de los problemas administrativos y legales para sacar adelante Campiche . Esto fue denunciado en su momento por las comunidades afectadas y también en esta Cámara. Sin embargo, Campiche contó con la resolución de calificación ambiental.
Esto revela que la materia que esta Comisión quería investigar adquiere más certeza y contundencia, porque está indicando que nuestra institucionalidad ambiental es de papel, de mentira; es una mascarada que reviste de cierta formalidad la aprobación de proyectos, cuando en realidad éstos se concretan por la vía del lobby y por la presión que ejercen los poderes económicos, en particular en el caso de la crisis energética. Uno puede ver permanentes campañas en los medios de comunicación que tratan de crear la sensación de que Chile está al borde de un apagón energético. Por esta vía se pretende sacar adelante esos proyectos.
Por eso, creo que debemos aprobar este informe, porque confirma una realidad indesmentible: que en Chile la institucionalidad ambiental, particularmente en materia energética, no garantiza, ni defiende, ni protege los derechos de los ciudadanos. Esos derechos no están siendo cautelados porque el lobby económico está siendo más poderoso que la institucionalidad ambiental a la hora de defender a la comunidad. Afortunadamente, en Barrancones los ciudadanos se movilizaron y lo impidieron, pero en Castilla no se pudo hacer lo mismo. ¿Qué pasará con Hidroaysén? ¿También nos van a decir que si no aprobamos ese proyecto vendrá un representante de un gobierno extranjero o un embajador a hacer lobby con las autoridades para asegurarse los votos de los integrantes de la Corema de la Región de Aysén? ¿Es eso lo que va a ocurrir?
Quiero plantear algo que, tal vez, no es habitual en las comisiones investigadores. Considero que esta comisión debiera ser reactivada, con el objeto de conocer las denuncias que aparecieron en Wikileaks respecto de lo que sucedió en Campiche, y hacernos cargo de las denuncias que, en su momento, formularon algunas personas que concurrieron a los tribunales y asistieron a la Comisión Investigadora. Se trata de nuevos antecedentes de enorme gravedad, que involucran a ministros de Estado , a ex ministros de Estado , a agentes económicos e, incluso, a embajadores de países amigos.
Quiero pedir, además de la aprobación de este informe, que la Sala dé la unanimidad para reactivar esta Comisión Investigadora para que se haga cargo especialmente de las denuncias relacionados con el proyecto Campiche. Creo que es lo que esperan los miembros de la Cámara, que tiene facultades de fiscalización, precisamente el día en que estamos discutiendo el informe de esta Comisión, que investigó la penetración económica y el atropello de la institucionalidad ambiental para lograr la aprobación ilegal de proyectos energéticos, pero ahora respecto de un proyecto específico que investigó y sobre el cual recogió nuevos antecedentes.
Junto con respaldar las conclusiones y propuestas incluidas en el informe, quiero plantear que también nos hagamos cargo de esta grave denuncia y que la Mesa recabe la unanimidad de la Sala para reabrir esta Comisión, a fin de que investigue las denuncias que se han conocido, relacionadas con el caso Campiche.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Alberto Robles en su segundo discurso.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , lo cierto es que lo planteado por el diputado Marcelo Díaz cobra gran relevancia. Me hace mucha fuerza lo que ha dicho, y creo que sería necesario pedir la unanimidad de la Sala para reabrir la Comisión Investigadora o pedir la formación de otra que se encargue de investigar hechos que son extraordinariamente graves.
La instalación de la central termoeléctrica Castilla en mi región fue aprobada durante el verano, cuando todos estaban en vacaciones. La intendenta citó a una primera reunión en menos de 24 horas para pedir más plazo, con el objeto de elaborar un informe, atendida la resolución del seremi de Salud, quien volvió a calificar dicha central como molesta.
Quiero referirme a las irregularidades señaladas por el diputado Díaz , que han llegado a niveles extremos. Jamás había visto que un ministro de Estado citara a su casa a funcionarios técnicos para conocer un proyecto. Lo cierto es que el ministro Mañalich citó a su casa a los funcionarios técnicos de la Unidad del Medio Ambiente de la seremi de Salud el día 30 de diciembre en la noche, para informarse de lo que pasaba con el proyecto de la central termoeléctrica. Pero lo más raro es que al día siguiente, el 31 de diciembre, los funcionarios que debían conocer el informe técnico, que son técnicos de la secretaría regional ministerial de Salud de la Región de Atacama , fueron conminados a ir a los ministerios de Economía y de Energía, donde no me cabe duda alguna de que trataron de lavarles el cerebro para que aprobaran el informe -cuestión que esperaba el seremi- para lograr, a su vez, la aprobación de la central termoeléctrica.
Durante los gobiernos de la Concertación, los ministros de Estado jamás invitaron -por decirlo así- a funcionarios técnicos de una repartición para que concurrieran a su despacho o a su casa para tratar este tipo de materias. En realidad, me parece que esto es inaceptable, porque nos muestra la fuerza de la presión política sobre los servicios públicos. No sé si esto constituye una irregularidad administrativa o algún tipo de delito funcionario, pero lo cierto es que cuando aquí tramitamos la nueva legislación ambiental, en los años recién pasados, una de las discusiones se centró en tratar de evitar que los sistemas de evaluación se politizaran; incluso, se excluyó a los organismos políticos para que todo fuera más técnico.
El seremi de Salud de la Región de Atacama , señor Nicolás Baeza , tomó la decisión mucho antes de que el proyecto fuera evaluado; antes de conocer la opinión de los técnicos, ya tenía formada la suya, y envió un correo electrónico a los funcionarios, informándoles lo que él quería que hicieran. Esto no puede ser. Aquí vemos que hay un cambio realmente importante en nuestra legislación ambiental y que el lobby, los recursos económicos y la presión política determinan lo que ocurrirá en una región, en relación con la construcción de distintos tipos de industrias, en este caso, energética.
Hace mucho tiempo que vengo planteando que no podemos seguir aceptando este tipo de cosas y que respecto de la energía es necesario que exista una política de Estado. Asimismo, he planteado que deseamos que el Estado defina, primero, cuál será nuestra matriz energética; segundo, qué cantidad de oferta energética requiere nuestro país para los próximos años, y tercero, dónde va a instalar la energía que va a utilizar. Si vamos a tener energía a carbón y termoeléctrica, que se defina como Estado; que decida qué tipo de energía va a requerir y qué tecnología se va a utilizar, porque hay algunas mucho más eficientes que las que se están sugiriendo en estos momentos.
Si necesitamos termoeléctricas, que el Estado exija una tecnología determinada a las empresas que lleguen al país. Además, que produzcan determinada cantidad de megavatios, y que estén enclavadas en territorios que serán sacrificados, de manera que no se produzca daño ni al medio ambiente ni a las personas. Es decir, que se pueda configurar la posibilidad de tener energía, pero no donde quiera algún empresario. El territorio del señor Batista era para desarrollar un complejo turístico, y sólo porque es más rentable instalar allí una central termoeléctrica hizo todo lo posible, incluso en el municipio de Copiapó, para lograr la aprobación del proyecto. La verdad es que esto me parece inaceptable.
Por eso, junto con anunciar que vamos a aprobar el informe de la Comisión Investigadora, acogemos la proposición del diputado Díaz de que la Mesa recabe el acuerdo unánime de la Sala para reabrirla. Ahora, si no es posible, me gustaría que el Presidente se pronunciara al respecto, a fin de pedir la formación de otra comisión que investigue los nuevos antecedentes que hemos tenido a la vista.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Señor diputado , si desea seguir investigando, lo que corresponde es que pida la formación de una nueva comisión investigadora.
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente , no cabe duda de que las empresas termoeléctricas nos producen un dolor de cabeza gigantesco, no sólo a quienes representamos a la ciudadanía, sino que a la propia ciudadanía. Cada vez que una empresa termoeléctrica pretende instalarse en el país comienzan las protestas por todas partes, y con razón, con absoluta razón, porque los proyectos presentados en nuestro país muchas veces carecen de un estudio serio de impacto ambiental, de materias que regulen la seguridad en torno a la instalación de una termoeléctrica.
Así como el informe se refiere a la actuación de las Coremas, hemos tenido también en el pasado, antes de la creación de esta Comisión investigadora, otros estudios y otras Comisiones investigadoras, no sólo de las Coremas, sino que de las propias termoeléctricas.
Con el diputado Pablo Lorenzini , que seguramente luego va a intervenir, lo vivimos y lo seguimos viviendo en la Séptima Región, donde se formó una Comisión Investigadora de la Termoeléctrica Los Robles, que se quiere instalar en el límite entre Constitución y Chanco . Ahí las fallas en la presentación del estudio de impacto ambiental eran gigantescas; sin embargo, de manera inexplicable, absolutamente inexplicable, la Corema, en forma unánime, aprobó ese proyecto.
Entonces, por supuesto que eso nos da para pensar mal. ¿Por qué se aprobó dicha instalación a sabiendas de todas las fallas que presentaba el estudio de impacto ambiental?
Por un lado, unos dicen que falta energía en el país, y es posible que así sea. Pero cuando tenemos una cantidad de agua que se va al mar todos los años de una manera realmente increíble, desde la cordillera al mar, uno se pregunta por qué no aprovechamos esas aguas, en vez de contaminar a nuestro país con la instalación de termoeléctricas a carbón. Hoy, efectivamente, se están instalando muchas centrales de paso en muchos canales, en muchos ríos y en muchos embalses. Bienvenido sea, pese a que algunos se opongan, pero de alguna parte hay que obtener energía.
Las centrales hidroeléctricas no sólo sirven para producir energía, sino que también proveen de riego a los campos y dotan de agua potable rural. Hoy, la escasez de agua potable rural es gigantesca; la única manera de producirla es bajándola de la cordillera. No hay otra manera, pues todas las napas se han ido secando en nuestro país.
Como si eso fuera poco, el terremoto desvió los cursos de agua subterráneos en muchos lugares y regiones del país. Más complicado aún se ha vuelto el tema del regadío y de agua potable rural, y hoy estamos desaprovechando esa inmensa cantidad de agua que botamos al mar todos los días.
Soy absolutamente contrario a las termoeléctricas, al igual que la gran mayoría de los parlamentarios y la gran mayoría de la ciudadanía.
En segundo lugar, creo que, efectivamente, las Coremas no han hecho su “pega”, porque los estudios de impacto ambiental que se han venido presentando con los años, no cumplen y tienen una serie de fallas, de distinta naturaleza; sin embargo, igual se ha aprobado la instalación de termoeléctricas.
Lo he dicho hasta el cansancio: en el caso de la termoeléctrica Los Robles, en la Séptima Región, se aprobó su instalación única y exclusivamente porque era una inversión de dos mil millones de dólares y la región no tenía inversiones de esa magnitud desde hacía muchos años. En consecuencia, primó el tema económico antes que el impacto ambiental y la salud de los ciudadanos.
Eso no puede seguir pasando; de una vez por todas, las Coremas deben actuar con la rigurosidad que corresponde, de manera que el día de mañana, cuando se instale una nueva termoeléctrica, por las razones que sea, las emisiones de contaminantes y la reglamentación respectiva se respeten cabalmente, de modo que no exista ninguna posibilidad de contaminación. Es necesario procurar que no sean perjudicados los pescadores artesanales, porque normalmente cambian los grados del agua como consecuencia de su depósito en el mar, lo que afecta fuertemente la fauna marina.
Aprobaré el informe porque, aunque no lo he leído entero, me dio la impresión de que apunta en la dirección correcta. Por lo tanto, espero, con toda sinceridad, que en el presente y en el futuro, lo que se haga en materia de generación de energía en nuestro país, no contamine el medio ambiente de nuestro país y, consecuentemente, el mundial.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , quienes impulsamos la constitución de esta Comisión investigadora hace más de un año y medio, lo hicimos con el firme propósito de generar una instancia de debate, en la que se pudiera demostrar que el funcionamiento de las Coremas, de esos entes técnicos, para efectos de resolver proyectos energéticos, ya sea termoeléctricos, hidroeléctricos o de otra naturaleza, estaba viciado en su origen, en su funcionamiento, toda vez que las aprobaciones de cada uno de ellos se iban a realizar, sí o sí, simplemente por el impulso político o económico de determinados sectores o empresas que querían sacar adelante determinados proyectos.
No estábamos, de ninguna manera, abordando efectivamente la protección medioambiental en esos proyectos, y determinados actores económicos estaban jugando en el país, con un permanente instinto o llamado agorero de falta de energía en nuestro país que iba a provocar el cierre de empresas y apagones en nuestras ciudades.
Cada una de esas situaciones se abordó en la Comisión y hoy, con mayores antecedentes, ha quedado demostrado que el error que existe en nuestro país, como Estado, es que no tenemos una política energética planificada, sino que simplemente ésta se ciñe a la voluntad de empresas que se ubican en una bahía donde les sale barato desembarcar carbón, o en el curso de un río donde tienen constituidos los derechos de agua, y es ahí donde instalan su proyecto. Luego, la institucionalidad ambiental le hace un traje a la medida para que esos proyectos se concreten.
Eso está ocurriendo en la Central Castilla, en el norte, en la Región de Atacama; en Puchuncaví, con Campiche; en la termoeléctrica Los Robles, como señaló el diputado Urrutia , y en el Alto Maipo, en la Región de Los Ríos, con la represa San Pedro , de Colbún. Eso también puede llegar a ocurrir en el sur de Chile, en una de las zonas más maravillosas de nuestro país y del planeta: me refiero a la Patagonia, donde se quieren instalar centrales hidroeléctricas y transmitir energía a Santiago, a lo largo de una línea de transmisión de prácticamente dos mil kilómetros, haciendo una verdadera herida en el corazón de Chile.
No nos mintamos a nosotros mismos con el argumento de que ésa energía va a ser para el país; no, esa energía va a ser para Santiago, para las mineras, para las grandes empresas del centro de Chile. El resto del país, el resto del territorio, sufrirá externalidades negativas con desastres ambientales.
En la reflexión de la Comisión fue fundamental entender que si no abordamos de manera seria y concisa el ordenamiento estratégico de nuestras cuencas, de nuestras bahías, la política energética de nuestro país, vamos a tener un territorio jalonado, cercenado por centrales termoeléctricas, con nuestros ríos represados y con tendidos eléctricos a lo largo de todo el país, sin ninguna planificación.
Ayer, en una asociación de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas, se nos expuso de qué manera se puede hacer más eficiente la producción energética y no dejarla entregada a las leyes del mercado, de la voracidad y de la eficiencia económica, y cómo puede resultar más barata para cada uno de los empresarios o empresas que llevan adelante esos proyectos, pero sin una política de Estado, sino simplemente apropiándose de nuestros ríos y bahías, contaminando el medio ambiente.
Esta Comisión debe servir de antecedente para seguir investigando; incluso las declaraciones del ex ministro de Energía , Ricardo Raineri , al que por suerte, le pidieron el cargo. Este manifestó que era necesario que la matriz energética cuente con proyectos como el de HidroAysén. En definitiva, se trata de ex ministros que, antes de tomar la decisión guiados por organismos técnicos de calificación ambiental, emiten su propia opinión.
Esto ocurrió no sólo con ese ministro . También denunciamos casos acaecidos en el gobierno anterior. Por eso, tenemos la autoridad para decir esto. En efecto, algunos ministros, especialmente de Energía y de Interior anticipaban resultados, o, como se expresó acá, determinados ministros invitan a su casa o mandan instrucciones para aprobar un proyecto. Esos hechos deben terminar. En caso contrario, disolvamos la legislación ambiental y aprobemos estos proyectos. Ése es el referente que hoy enfrentamos.
A raíz de las últimas informaciones de prensa sobre la intervención del embajador de Estados Unidos , esta Comisión debería reabrir sus funciones. La gente de Campiche, a la cual se hace referencia, declaró en ella. Por lo tanto, se debería citar a todas esas personas y llegar al fondo del asunto.
Eso es lo que exige la ciudadanía. Es decir, la situación amerita una comisión investigadora, para saber lo que ha ocurrido y prevenir que no vuelva a suceder.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Insisto, si existen nuevos antecedentes, lo que corresponde es crear una nueva comisión investigadora. La actual, según la ley orgánica del Congreso Nacional, no se puede reabrir ni por unanimidad, pues venció su plazo.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , creemos que los antecedentes son de tal magnitud que, asimilándolos al concepto de cosa juzgada, en este caso hay una cosa juzgada formal. Además, hay antecedentes nuevos que inciden sustancialmente sobre el hecho. Creo que sería importante recabar, al menos, la opinión de la Sala para ver si amerita reabrir la Comisión. Si no es así, no le quepa duda que vamos a crear otra comisión investigadora.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Eso es lo que corresponde, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente , en primer lugar, felicito a quienes impulsaron la creación de esta Comisión investigadora.
En segundo lugar, quiero hacer un mea culpa desde el punto de vista del trabajo parlamentario, por dejar estos temas ciudadanos para los jueves, cuando hay menos asistencia. En efecto, no hay prensa ni posibilidad real de plantear asuntos importantes.
No existe la menor duda de que los proyectos de ley que favorecen a las grandes empresas serán vistos los días de mayor asistencia parlamentaria, cuando la ciudadanía y los medios están pendientes de lo que tratamos aquí. Este tópico da vergüenza. Como muy bien lo decía el diputado Urrutia , tenemos el ejemplo evidente de que hasta aquí hemos logrado detener, pero nada garantiza que eso continúe, la instalación en la Región del Maule de una de las centrales a carbón más grandes del país. Su borde costero está virgen, especial para el turismo, para las visitas, para la pesca tradicional. Claramente, una central de este tipo terminaría no sólo con la tradición, sino también con las ciudades costeras, como Constitución, llamada La Perla del Pacífico en su minuto.
Me parece que deberíamos tener una acción más clara y directa. Está bien que debatamos y formemos comisiones investigadoras, pero sabemos que éstas terminan en nada. Quienes hemos participado en muchas de ellas, ya no queremos hacerlo.
Respecto de los temas ciudadanos, que no son de Gobierno ni de Oposición, debiéramos actuar como lo hizo el Presidente de la República el año pasado, quien, para bien o para mal, tomó una determinación acerca de una central.
Recordemos que la Central Los Robles se construyó en nuestro gobierno. La Corema y los seremis participaron no sólo con el lobby y la presión de las empresas, sino con los ministros. En aquella época me reuní con los ministros y con el alcalde, el representante de los ciudadanos. Nos prometieron que estudiarían la materia. ¿Sabe cuándo se tomó la decisión final, la de los ministros? Y no miro al diputado Harboe , que en ese momento era subsecretario, por lo que él no participó: el 17 de septiembre, día en que comenzaba la celebración de las Fiestas Patrias, oportunidad en que no había ningún ministro . Fueron representados por los subsecretarios, quienes no tenían idea de lo que estaban hablando y votando.
Tal como se resolvió en la Corema de la Región del Maule, de los siete u ocho que votaron, cuatro de ellos no habían estado nunca en la playa. Seguramente, no tenían traje de baño o les pagaban poco a los seremis. Ni siquiera fueron a ver dónde se iba a construir y, sin embargo, votaron.
¿Hasta cuándo primará el poder del dinero? Veo que ya no se trata sólo de la banca, pues con ella no se va a meter ni este Gobierno, ni el anterior, ni el futuro. Basta observar las utilidades que obtuvo sólo entre enero y febrero, incluso con terremoto. Hoy, son las empresas eléctricas.
Entonces, si no tenemos claridad en una planificación a futuro -creo que la ministra de Bienes Nacionales está haciendo un catastro al respecto-, imagínense qué pasará con el tema que se nos viene en la agenda.
Acabo de estar en el Parlamento Europeo y en la OCDE, y el asunto claro es que enfocan a Chile. Ya se está realizando lobby; algunos parlamentarios y ministros han estado allá. Y ojo, porque vía Estados Unidos, Francia u otra gran potencia, se nos viene una central nuclear al país.
¿Esto es así, al lote, o empezamos a establecer cuándo, cómo, dónde y en qué condiciones? ¿O vamos a hacer lo mismo que pasó con la televisión digital, esto es que adoptaríamos el sistema americano, el europeo y terminamos con los brasileños y los japoneses? Y no me vengan a decir que no cambiaban las opiniones de los ministros según las visitas de los mandatarios extranjeros, los dueños de esas empresas o gracias a las visitas de los parlamentarios y ministros a esos países. ¡Hablemos con la verdad, con claridad!
Aquí estamos ante una materia que a futuro puede tener más importancia de la que estamos pensando. En la actualidad, los movimientos ciudadanos son mucho más fuertes y más apolíticos. Ya se han expresado en el tratamiento de algunas de ellas. El diputado Robles también tiene una experiencia con la última central, y esto no terminará así. Creo que llegó el minuto en que en el Congreso Nacional -más allá del partido o de la posición que tengamos- debería saber hacia dónde apuntamos.
Se dice que en estos días se bajará el voltaje. Ya se está haciendo. Claro, en Arica o en Punta Arenas la mamá no notará que su juguera, cafetera o lavadora tiene menos voltaje. Pero ¿qué pasa con las empresas, donde está la productividad, la que se logra según la potencia con que trabajan? Producirán menos. ¿Les bajarán los costos, porque las multinacionales siguen ganando lo mismo? Sólo las personas y las pequeñas empresas se ponen y contribuyen, como siempre.
Sé que cuesta ponerse al frente del presidente de un banco o de una gran empresa. Con mucho cariño pregunto cuál es la visita obligada de los mandatarios y los ministros por Europa. Al Banco Santander y a Endesa, por citar dos nombres. Presidente y ministro que ande por Europa y no visite las centrales de estos bancos o empresas, no se precia de tal.
Está bien la visita al Papa. Felicitamos al Primer Mandatario , pues lo acabamos de ver por allá; también estuvo con el Primer Ministro de Italia , Silvio Berlusconi , y va para el Medio Oriente. Pero en algún lado se concretará la visita empresarial. Algún ministro la cumplirá. Siempre son ellos.
No sé si será porque son generosos, graciosos o simpáticos durante las campañas, pero en este país nadie le ha puesto el cascabel al gato a las empresas eléctricas. Tenemos un conglomerado absolutamente enquistado en todos los gobiernos a nivel político y técnico.
Entonces, no me vengan a decir que la responsabilidad compete a las coremas regionales o a los seremis. ¿Quiénes son? En Constitución, 20 mil votantes, 60 mil personas, tomando en cuenta a los chicos, dijeron que no en forma unánime. ¿Quiénes votaron que sí? Siete seremis, nombrados a dedo -estoy hablando de mi gobierno-, ni siquiera por un intendente, sino por algún gobernador o por alguien.
Entonces, esto no puede seguir. La Región del Maule es la que más empresas tiene. Pero la pregunta que cabe hacerse, diputado Álvarez-Salamanca , es si estas ciudades o regiones -donde se encuentran ubicadas centrales como Pehuenche, Colbún o alguna otra nueva empresa- reciben algún beneficio tributario por prestar su terreno, aire o medioambiente. ¡Las platas se pagan en Santiago! ¡En las regiones sólo se tributa! El diputado René Manuel García tiene sus empresas que tributan…
El señor GARCÍA (don René Manuel).- No tengo empresas…
El señor LORENZINI.- No tiene empresas, pero me imagino que habrá alguna en su región que tribute. Es un tema que nunca hemos planteado. Éste es el tipo de externalidades que, al menos, puede servir para lograr obtener más empleos o algunos otros beneficios para la región o, por ejemplo en Constitución. Pero, ¿qué pasa con la pesca o el turismo? Es decir, hay una serie de otros sectores productivos que también se ven afectados.
No tenemos una política clara, estudiada, debatida y discutida al respecto, con todos los bemoles económicos que puedan existir. Además, debemos considerar el tema de las centrales y la energía a futuro que, evidentemente afecta la convivencia y el sentido máximo de lo que significa vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. Insisto, el tema de las centrales nucleares en algún minuto lo debemos discutir, como Congreso, en una sesión especial.
No hay ni ha habido políticas energéticas. ¿Cuántos directorios de la Comisión Nacional de Energía hemos tenido en los últimos cinco o seis años? Por favor, señor Presidente , no me pregunte dónde están o para quién trabajan ahora. Seguramente, en alguna empresa eléctrica. Si alguien sabe de alguno, que mejor no lo diga, porque parecería un chiste. ¡Vean dónde están trabajando ahora los que han sido ministros o jefes de la Comisión Nacional de Energía! ¡Si vamos a hablar con la verdad, hagámoslo! Ni los gobiernos de turno, ni los parlamentarios hemos sido capaces de lograr algún avance en la materia. Por eso, patalea la ciudadanía a través de sus dirigentes sindicales.
Ahora bien, la Comisión investigadora hizo un excelente trabajo, y si hay que hacer o crear una nueva comisión que se haga, pero creo que el tema no pasa por ahí, sino que más bien amerita un planteamiento distinto, como, por ejemplo, invitar a los ministros correspondientes. No estoy hablando de interpelaciones ni de ninguna de esas cosas políticas, sino de un planteamiento serio de la Cámara de Diputados. Tampoco he escuchado a los senadores para saber qué piensan. Sólo algunos se han pronunciado, pero, en general, el Senado no está involucrado en el tema.
Ustedes vieron las encuestas: la Concertación por aquí y la Alianza por allá. La ciudadanía no está con los partidos políticos, ni con la Oposición ni con el Gobierno, porque siente que nadie la defiende. Cortes de luz y cambios de horarios que nadie entiende. Finalmente, las empresas siguen sumando cientos de millones de dólares, como la banca o las isapres. Por lo tanto, es un tema complicado.
Si la gran mayoría de los parlamentarios -creo que casi todos- no recibimos aportes de estas empresas, entonces, no entiendo en qué topamos para enviarles una señal como corresponde. ¡Es una vergüenza! Algunos diputados, como Urrutia y Salaberry , y senadores, como Coloma, Zaldívar y Larraín , nos hemos olvidado de la política y hemos hecho un espacio común para detener la construcción de la Central Los Robles en el borde costero. Y espero que eso se mantenga, porque si en el norte reclaman -no está presente el diputado Robles , pero sí Espinosa-, los mauchos y los maulinos no sólo reclaman, sino que combaten.
He dicho.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , solicito reunión de Comités, sin suspender la sesión.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tendríamos que ver quién puede continuar presidiendo la sesión, señor diputado .
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez.
El señor PÉREZ ( don Leopoldo).- Señor Presidente , después de escuchar a los colegas que intervinieron para hacer uso de la palabra respecto del informe de la Comisión investigadora, como integrante de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente me alegra que se haya presentado o aparecido una preocupación evidente por el tema energético.
El trabajo de la Comisión -aprovecho de recordar a los señores diputados y señoras diputadas- resume lo que ya se hizo en la Comisión anterior y que no pudo evacuar su informe, que también fue considerado. Es decir, acá hay un trabajo que se viene realizando desde hace bastante tiempo y con bastantes antecedentes.
Ahora bien, la nueva institucionalidad ambiental comenzó tímidamente -lo digo así, porque todavía no se ha concretado- en octubre del año recién pasado; por lo tanto, lleva operando menos de seis meses. Así es que promover una nueva comisión investigadora, que vendrían siendo organismos distintos de los que han manifestado los colegas respecto de los diferentes proyectos que han afectado a sus distritos y regiones, me parece que sería un poco apresurado. Por mi parte, esperaría o le daría un poco más de tiempo a la nueva institucionalidad ambiental, con el objeto de que se afiance y opere. Una vez que el plazo se cumpla, de una u otra manera, evaluemos -cosa que no se hizo anteriormente- cuál es el resultado a un año de entrada en vigencia de la nueva institucionalidad y recién ahí emitamos una opinión al respecto.
Por otra parte, me alegra que se aborde el tema energético. Si bien las coremas estaban enfocadas hacia la generación de hidro y termoelectricidad, el hecho de que el país no cuente con una política energética y que, en definitiva, ésta se haga en función de los intereses del desarrollo económico de las distintas empresas, tanto mineras como las que deben proveer de recursos energéticos, genera un gran debate.
Por último, espero que los diputados de las distintas bancadas puedan, de una vez por todas, consensuar la forma de discutir el tema, incluso a nivel de la propia Cámara, a fin de tener las bases de lo que podría ser una política energética país y saber cuál será nuestra matriz energética a futuro, cosa que no afecte los intereses y la calidad de vida de los ciudadanos, sino también los aspectos medioambientales, que, por lo demás, consagra nuestra propia Constitución Política.
El Presidente de la República , señor Sebastián Piñera , encomendó a la ministra de Bienes Nacionales -se encuentra en estudio- que zonifique el país, a fin de saber cuáles son los lugares que tienen las características o condiciones que ayuden a mitigar o minimizar los impactos que toda obra humana tiene sobre el medio ambiente, en particular la instalación de centrales de energías, sean térmicas o hidroeléctricas.
Por lo tanto, invito a los colegas a aprobar el informe. Se trató de un trabajo bastante arduo que, incluso, recoge experiencias de la legislatura anterior, a fin de continuar avanzado en nuestra nueva institucionalidad.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente , el trabajo que ha realizado la Comisión investigadora es digno de elogio. Como se dijo, es una tarea que viene del período legislativo anterior. Sin embargo, hay que enfatizar algo que es muy importante y que ha quedado absolutamente demostrado: la no participación ciudadana en los procesos de instalación de los grandes proyectos energéticos o de otro tipo que se usan en la evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, es una tarea que debemos relevar.
Por otra parte, hemos visto la percepción que tenemos acerca del lobby que realizan las grandes empresas, donde se compran las conciencias, que fue algo prácticamente común en todos los proyectos. Se llevan a cabo en el mundo empresarial y en los diferentes gobiernos, porque este no es sólo un problema del Gobierno actual, sino un proceso que viene desde hace muchos años. Por eso, reitero que el tema de la participación ciudadana no vale absolutamente nada. Por lo tanto, es un tema que nos queda pendiente.
También hemos visto un documento en WikiLeaks, que no voy a certificar, que consigna lo que ocurrió en Campiche. Había un pronunciamiento nada menos que de la Corte Suprema, pero que mediante el lobby fue cambiado y trucado el dictamen para darle el pase a la empresa. Eso está a la luz de todos quienes lo quieran ver. Ahí hubo una compra de conciencia. Cambió el dictamen de la Municipalidad de Puchuncaví. Por otra parte, vemos cómo con los demás proyectos -Alto Maipo , Castilla , etcétera- pasa exactamente lo mismo.
Ojalá que el informe de la Comisión Investigadora de Coremas logre algún impacto y, entre todos, podamos relevar lo más importante: la participación de los ciudadanos en los proyectos.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , al escuchar la discusi��n sobre el informe, me preocupa la relación que deberíamos asumir como Cámara más allá de buscar las exigencias máximas en bien del desarrollo de la matriz energética.
He querido intervenir porque ayer, en la Comisión de Minería y Energía, sostuvimos un diálogo con un representante de la Subsecretaría de Energía y también con personeros del Ministerio de Bienes Nacionales, con quienes se está trabajando, en forma coordinada, a fin de hallar algunas instancias positivas tendientes a fortalecer todo tipo de proyectos energéticos.
Lo que debemos asumir, con mucha responsabilidad, es qué pasa con la matriz energética, la cual tiene una debilidad que fue demostrada: estuvimos sujetos a la voluntad de Argentina cuando nos cortó el suministro de gas. Por lo tanto, quedó al desnudo que nuestra matriz no está diversificada y tampoco goza de cierta seguridad.
El desarrollo energético debe acompañarse de un grado de seguridad nacional. Además, puede haber muchas instancias de reclamos sociales. Ello ha quedado demostrado con energías que son limpias, por ejemplo, con la geotérmica.
También ha habido reclamos sociales respecto de dónde se van a desarrollar dichos proyectos.
Por lo tanto, el llamado de atención dice relación con buscar normas transparentes que regulen el desarrollo energético que tanto requiere el país y mantener los estándares de crecimiento.
Por lo tanto, si aspiramos a que en el norte se concreten proyectos de desarrollo minero por sobre 40 mil millones de dólares, necesitamos contar con una matriz energética fortalecida.
Debemos, entonces, hacer un sacrificio para contar con normas claras y transparentes, además de regular las normas de emisión de contaminantes y hacer que se cumplan con el fin de compatibilizar el desarrollo sustentable con el cuidado del medio ambiente.
Además, debemos darle la posibilidad al país de mantener los actuales estándares de crecimiento que todos queremos.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos:
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En votación el informe de la Comisión Especial Investigadora de los procesos de aprobación de proyectos hidroeléctricos y energéticos por parte de las comisiones regionales del medio ambiente, coremas, en cada una de las regiones del país.
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , se solicitó a la Mesa requerir la unanimidad de la Sala para reabrir la Comisión Investigadora, de acuerdo a los últimos antecedentes que hemos tenido sobre la central Campiche .
Pido que recabe la unanimidad antes de la votación.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Señor diputado , denante explicamos que no se puede reabrir una comisión una vez que finaliza su plazo. No se puede revertir lo que establece el artículo 53 de la ley orgánica del Congreso Nacional. Además, un artículo del Reglamento deja muy clara la situación.
Si fuera una cuestión reglamentaria se podría recabar la unanimidad. Entonces, lo que corresponde es pedir una nueva comisión investigadora.
En votación el informe de la Comisión.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; auerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Se abstuvo la diputada señora Isasi Barbieri Marta.
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