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El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Corresponde continuar la discusión del informe de la Comisión de Minería y Energía recaído en la investigación sobre seguridad y prevención de riesgos en faenas mineras; el cierre y reapertura del yacimiento San José; el grado de responsabilidad de las autoridades públicas en el derrumbe ocurrido el 5 de agosto de 2010 y la participación que le cabe al Servicio Nacional de Geología y Minería y a otros servicios públicos en materia de autorización, fiscalización y protección de los trabajadores en la pequeña, mediana y gran minerías.
En la sesión de ayer, el diputado señor Alejandro García-Huidobro rindió el informe de la Comisión, e intervinieron alrededor de ocho señores diputados.
Recuerdo que el director del Sernageomin está autorizado por los jefes de Comités para ingresar a la Sala durante la discusión del informe.
Antecedentes:
-El informe de la Comisión Especial Investigadora se rindió en la sesión 132ª, en 2 de marzo de 2011, legislatura 358ª.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , la mina San José se encuentra en la Región de Atacama, comuna de Caldera, provincia de Copiapó. La minería ha sido el eje fundamental del desarrollo del país desde comienzos de la República. El norte ha servido para que el país entero se desarrolle y crezca al amparo de sus riquezas. El mineral de Chañarcillo fue muy importante durante el siglo XIX, como también el salitre. Hoy, el cobre, el oro, la plata y el molibdeno son minerales fundamentales para el sustento y el desarrollo económico de Chile, pero la minería nortina no es sólo la gran minería que todos vemos -la de las grandes empresas y máquinas que trasladan los minerales-, sino también la mediana y pequeña minerías.
También, la minería es explotada por los pirquineros con una pala, un azadón, un huinche y muchas dificultades. La minería del norte chico, en particular, en la Región de Atacama, está plagada de pequeñas y medianas empresas.
La mina San José es una antigua y mediana empresa, de cerca de 300 trabajadores. Ha tenido un desarrollo muy importante en el último tiempo y ha pasado por varios propietarios. Accidentes mineros, como el de la mina San José , son extraordinariamente preocupantes. Como vimos en la Comisión Investigadora, cuando a los empresarios se entrega el deber de cuidar que las faenas sean seguras para los trabajadores, queda demostrado que en la gran minería hay elementos económicos, desde el punto de vista profesional, para apoyar bien el tema de la seguridad.
En la mediana minería, como hemos visto en el informe, es bastante regular la seguridad, ya que los profesionales no son siempre escuchados por los empresarios para tomar todas las medidas que cautelen la seguridad de los trabajadores. Me parece relevante que hayamos acordado en la Comisión una serie de puntos que hemos presentado en este informe. Espero que el Gobierno actual tome conciencia y mire con cuidado y atención las normas a aplicar.
Queremos que gran parte de las medidas que se sugieren se incorporen, porque necesitamos claridad en el trabajo de la mediana y pequeña minerías. No me gustaría que el Gobierno actual, en un afán de imponer criterios, destruya a la pequeña minería de la Región de Atacama, porque la gran minería no deja prácticamente recursos en las regiones.
La pequeña minería es la que otorga poder adquisitivo a los trabajadores. Los proyectos mineros pequeños, por lo general, son los articuladores del desarrollo de Atacama y del norte chico. Por eso, a los pequeños mineros debemos apoyarlos. Enami tiene la misión de entregarles a los pequeños mineros los recursos necesarios para que sus faenas sean seguras.
Cuando tres o cuatro personas laboran en la pequeña minería, en proyectos mineros, esperamos que tengan todas las posibilidades de contar con un trabajo seguro. Ello, corresponde al Estado, en particular a la Enami, es decir, a una empresa que se creó para fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana minería.
A los grandes empresarios debemos exigirles que cumplan la normativa, y tengan los elementos de seguridad. No puede ser que, en el caso de esta mina, no hayan tenido la precaución de contar con la chimenea de escape, que tanto se les pidió, y que Sernageomin planteó muchas veces como necesaria. Incluso, la mina, que fue cerrada en una oportunidad, no tenía una habilitada en el momento del accidente.
Pero, también, me quiero referir a otros temas relacionados con el informe.
Por ejemplo, todavía hay más de 260 trabajadores de la mina San José , a quienes el Gobierno dio seguridad de que iban a ser respaldados en sus justas peticiones, que no pueden buscar trabajo, como corresponde, porque no han sido finiquitados. ¡Paradoja, señor Presidente ! ¡Esto es un accidente! El Presidente de la República dicta un decreto de catástrofe para utilizar los recursos; nadie niega que los recursos fueron bien utilizados; nadie niega que los recursos se dispusieron para poder salvar a los mineros, labor que fue muy bien hecha. Pero, a mi juicio, las regiones deben ser más representadas. No me gusta el sistema presidencial chileno; debemos avanzar hacia un sistema semipresidencial o, de frentón, parlamentario-; no podemos darle al Presidente la posibilidad de que haga y deshaga con los decretos como que si él fuese un pequeño rey. Esto fue un accidente, no una catástrofe. Con el decreto de catástrofe, ¡claro!, puede usar los recursos a su antojo. Repito que esto fue un accidente. En la Comisión pedí a la Contraloría que se me indicara por qué había tomado razón de este recurso y todavía no tengo respuesta. A la Comisión no llegó respuesta al respecto. Y se hubiese provocado un problema mayor a los trabajadores si el empresario hubiere hecho uso del decreto de catástrofe. Afortunadamente, el empresario, tal vez por la polémica que se gestó o por un asunto de tipo comunicacional, decidió no usar el artilugio de despedir a los trabajadores invocando causal de fuerza mayor. Afortunadamente, utilizó otras razones para despedirlos, pero aún no se han suscrito los finiquitos, sin los cuales -usted lo sabe, Presidente - no tienen posibilidad alguna de trabajar en otras empresas, a menos que renuncien a ellos. Reitero, los finiquitos todavía no se cursan, y el Gobierno, que se comprometió a apoyar a los doscientos sesenta trabajadores de la mina San José, que estaban en la superficie y que pudieron haber estado en el interior, aún no entrega una respuesta. Quizás el ministro de Minería y Energía , quien debe cautelar este tema, al parecer, una vez que salieron los mineros, dejó en descampado a los otros doscientos sesenta trabajadores.
Pido a la ministra del Trabajo y Previsión Social que intervenga y que imponga, por lo menos en este tema, un juicio, desde el punto de vista del Gobierno, que apoye a esta gente. La Enami podría hacerlo perfectamente, pues tiene y cautela recursos de esta empresa minera San José ; tiene garantías con respecto a créditos otorgados y, por lo tanto, podría adelantar recursos para que se les pague el finiquito a los trabajadores; gracias a las garantías, podrían pagarse de esos recursos.
La empresa ha tratado de hacer esfuerzos. La síndico de quiebras y los abogados han redoblado esfuerzos para lograr pagar. Por ejemplo, están rematando derechos de agua, pero no lo han podido hacer. Seguimos esperando y, aunque ya estamos en marzo, los doscientos sesenta trabajadores no tienen ningún tipo de resultado de algo que les corresponde: que les paguen su finiquito.
El Gobierno y el propio Presidente Piñera se comprometieron, en la mina San José -yo estaba presente-, a apoyar a esos doscientos sesenta trabajadores que, repito, estaban fuera de la mina.
En la Comisión se trabajó en forma muy mancomunada. Quiero destacar la labor de su presidente , en el sentido de recibir a todas las personas que quisimos escuchar. Con los diputados Carmona , Vilches y Calderón , y con la senadora Isabel Allende y el senador Baldo Prokurica , estuvimos en la mina preocupados por la situación durante todo el tiempo, porque es evidente que para la Región de Atacama éste fue un tremendo accidente, uno de los más grandes de su historia.
Sin embargo, en el mismo sentido, quiero reiterar mi solicitud al Gobierno. Lamento que el ministro de Minería -quien no ha asistido al cierre de la reunión de hoy; solamente vino ayer y era muy importante que estuviese en todas las sesiones- no tome la batuta para apoyar a las doscientos sesenta personas que todavía no logran conseguir trabajo.
Agradezco el trabajo desarrollado en el rescate de los treinta y tres mineros. Lo hicieron muy bien el ministerio, la Asociación Chilena de Seguridad, el Servicio de Salud y los municipios de la región de Atacama. En ese sentido, no hay nada que reprochar. Sin embargo -repito-, hay temas pendientes que son importantes de destacar y que deben ser resueltos en la forma como se comprometen, sin dejar de lado a actores tan relevantes que también pudieron haber sido incorporados en la nómina de las treinta y tres personas que, afortunadamente, están vivas y seguras en sus casas con sus familias.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Frank Sauerbaum.
El señor SAUERBAUM.- Señor Presidente , la Comisión trabajó intensamente durante cuatro meses y con mucho interés, no sólo por el impacto mediático que produjo el accidente de los treinta y tres mineros, que produjo una gran sufrimiento, pero también una gran alegría el día que fueron rescatados.
A lo largo de estos cuatro meses de investigación, hemos descubierto que hay normas de seguridad que no fueron respetadas, empresarios que actuaron irresponsablemente y que algunos organismos del Estado no funcionaron adecuadamente. Pero lo importante de todo el análisis desarrollado en la Comisión es que nos deja una verdadera lección: que los altos niveles del precio del cobre generarán problemas permanentes debido a los pirquenes que se abren continuamente y no tenemos capacidad alguna de poderlos fiscalizarlos.
Por lo tanto, independientemente de la fiscalización y los recursos que podamos seguir asignando al Sernageomin y a otras instituciones para efectuar dicha fiscalización, lo más importante es inculcar en nuestros pequeños y grandes empresarios mineros que la salud de los trabajadores constituye una prioridad y no un costo más, algo que las empresas deben asumir.
Finalmente, el buen actuar, desarrollar una fiscalización adecuada y tener empresarios responsables significará que cientos de mineros, que se ganan el pan con sudor, puedan tener la seguridad de que su labor no se va a transformar en una tragedia.
También felicito a la Comisión por haber aprobado este informe por unanimidad, sin mayores cuestionamientos y sin dejarse apasionar por diferencias políticas. Esperamos contar con el respaldo de toda la Sala.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , destaco el espíritu con que funcion�� la Comisión investigadora, en el sentido de asumir el trabajo con la responsabilidad que el tema ameritaba. Ciertamente, el hecho que conmocionó al país durante el 2010 requería de un debate enfocado a dilucidar las causas, pero también a elaborar un conjunto de propuestas para disminuir la posibilidad de que este tipo de situaciones se vuelva a repetir.
Sin duda, más allá de la investigación misma, el debate fue decantándose poco a poco desde la pasión originaria, propia de la labor legislativa, hacia una reflexión más profunda, más pausada, respecto del contexto. Y la verdad es que el país y nuestra institucionalidad no están a la altura del desafío minero que hoy tenemos. La minería se ha desarrollado mucho más rápido que la institucionalidad pública y también que las normas que regulan las relaciones entre privados en esta industria. Eso se traduce, principalmente, en la proliferación de yacimientos, de pequeños pirquenes, donde no impera la ley y en los que, más bien, es posible observar que las relaciones entre particulares son casuales y esporádicas, donde no hay medidas preventivas y donde se explota el mineral para sacar provecho a diario o semanalmente, pero sin planificación ni medidas de seguridad, poniendo en riesgo a los trabajadores.
El aumento del precio internacional del cobre ha tenido un impacto relevante en la proliferación de apertura de pirquenes que estaban cerrados. Como el actual precio internacional del cobre hace atractiva la actividad, se aumenta la demanda de manera exponencial, poniendo en riesgo la capacidad que tiene la institucionalidad pública para fiscalizarla, que fue lo que ocurrió en este caso.
Un segundo aspecto relevante, que trabajamos en la Comisión, es el relativo al principio de la buena fe que rige las relaciones entre particulares. El supuesto es que el privado ha de cumplir la ley; sin embargo, la experiencia y la cantidad de testimonios recabados en la Comisión dan cuenta de que muchas veces en la industria minera, particularmente en la pequeña y mediana, no es así. Y no se cumple porque las medidas preventivas y de seguridad de los trabajadores son consideradas como gasto de las empresas y no como inversión. Son consideradas una disminución de la utilidad; están dentro de los costos de producción. Ello puede parecer lógico, pero, desde el punto de vista práctico, en lugar de adoptar tales medidas, asumiendo los costos, para después cargarlos al precio de venta, disminuyen las medidas o no las adoptan, poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores. Es decir, la seguridad del trabajador pasa a ser un elemento transaccional de las relaciones comerciales, lo que no corresponde.
Otro punto relevante es la responsabilidad de los dueños de la mina San José.
No es aceptable que aquellos empresarios que en reiteradas oportunidades levantaron la voz para exigir menos regulación o para exigir la disminución de sus aportes tributarios hoy intenten endosar la responsabilidad en la Administración Pública por los daños que han proferido a sus trabajadores.
En el caso de la mina San José, existe responsabilidad directa y clara de los empresarios Bohn y Kemeny en el accidente que afectó a 33 mineros. En la Comisión quedó acreditado que hubo advertencias sobre la necesidad de escalerar la chimenea y que la mala calidad del terreno podía generar algún accidente. Así y todo, en palabras de uno de los 33 mineros rescatados, “los empresarios prefirieron que corriéramos el riesgo en lugar de detener la producción, porque tenían que pagar los sueldos”.
Es decir, quedó demostrada la responsabilidad de esos empresarios.
Sin embargo, hechos como el acontecido en la mina San José, siguen ocurriendo en otros pirquenes por falta de fiscalización, cuestión que hicimos ver al ministro de Minería y de Energía .
Se requiere una actitud más proactiva: aumento de presupuesto, aumento de dotación, pero principalmente un régimen de incentivos al cumplimiento de las normas laborales.
El 28 de febrero pasado, hace unos días, en la mina Palo Blanco, de Taltal, Región de Antofagasta, otro minero falleció atrapado en un pirquén. La respuesta del seremi de Minería fue lógica: “No tenemos capacidad de fiscalización”.
En consecuencia, el gran aporte que hace esta Comisión es entregar un informe que analiza, que diagnostica y que establece responsabilidades, pero que, principalmente, propone alternativas de solución para disminuir los riesgos de accidentabilidad.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , como diputado del distrito donde se ubica la mina San José -al igual que el diputado Robles -, dentro de los límites territoriales de la comuna de Caldera, haré algunas reflexiones de orden general sobre el accidente acontecido en esa mina y sobre las conclusiones a que arribó la Comisión Investigadora, más allá del detalle de las mismas, toda vez que ayer fueron dadas a conocer a la Sala por el diputado informante .
Lo más grave del accidente fue descubrir que la ambición humana es capaz de pasar por encima del respeto por la vida y la salud de las personas. Ésta es la triste lección que nos dejó ese episodio, que no podemos olvidar.
Me quedo con las palabras del diputado Harboe, cuando señaló, con inteligencia y claridad, a mi juicio, que los mismos empresarios que levantan la voz para exigir menos regulaciones, al momento de tener que hacerse responsable de sus actos, delegan tales responsabilidades en los organismos públicos.
La seguridad minera es una de aquellas materias que demuestran que la mano invisible del mercado no funciona en todas las áreas. El Estado tiene una responsabilidad fundamental sobre el aseguramiento del derecho a la vida y a la salud de las personas. En este plano, tiene el deber de intervenir de manera eficiente y adecuada en el cumplimiento de tal obligación.
Otra lección que nos dejó este episodio es que Chile entero aprendió que somos un país minero, que en más del 50 por ciento de su producto interno bruto depende de las exportaciones de cobre. Por lo tanto, una actividad que aporta tal cantidad de recursos al país, requiere la misma atención de parte de las autoridades.
No es posible que no prestemos atención a las necesidades de los mineros, especialmente de los pequeños y medianos, como ocurrió con los de la minera San Esteban , dueña del yacimiento San José , habida consideración de que son ellos quienes aportan más al bienestar del país.
Como consecuencia de ser un país tremendamente centralista, en que la toma de decisiones y la asignación de recursos dependen de Santiago, en el que se presta atención, con suerte, a las tres regiones más grandes y pobladas de Chile, como son la Metropolitana, de Valparaíso y del Biobío, por primera vez muchos chilenos se enteraron de que en el país había minería y de que esta industria era su sustento. Son esos mineros, esos trabajadores, los que aportan más del 50 por ciento de nuestro producto interno bruto.
Quiero destacar que la Comisión no se limitó a establecer responsabilidades, las que quedaron claramente establecidas y consignadas en el informe y que se centran en los propietarios de la mina San José , que por ambición y codicia evitaron invertir en seguridad, cuestión que agravaron contratando trabajadores con sueldos un tanto superiores al promedio de mercado, para que laboraran en esa mina, a sabiendas de los problemas de seguridad que ésta presentaba. La sobreexplotación de la mina y una serie de conductas pusieron en riesgo la seguridad de los trabajadores. Pues bien, esas responsabilidades están claramente establecidas en el informe.
Del mismo modo, quedaron establecidas las responsabilidades de los órganos administrativos. Entre 2007 y 2010 -es decir, en el gobierno anterior-, hubo cinco directores regionales de Sernageomin, lo que dificultó la continuidad de políticas de prevención y seguridad.
La Comisión no se limitó a establecer responsabilidades. Probablemente, esto es una novedad para el tradicional accionar de las comisiones investigadores, porque la Comisión también formuló propuestas, que recogen no sólo la experiencia de la mina San José , sino también, en general, toda la problemática de la accidentabilidad laboral, particularmente en materia minera.
Sernageomin debe ser reestructurado. Es necesario separar la coordinación y fiscalización de la prevención, así como también corresponde separar las funciones relacionadas con los estudios de geología respecto de las vinculadas a la seguridad minera. Es menester descentralizarlo administrativamente y asignarle más recursos a aquellos lugares donde cumple sus funciones. Es absurdo que eso no ocurra en la Región de Atacama, y lo denunciamos en un proyecto de acuerdo que fue aprobado en esta Sala por unanimidad, presentado por diez diputados que representamos a zonas mineras, de todas las bancadas políticas, desde la UDI hasta el Partido Comunista, en el que solicitamos que se ampliara la planta de fiscalizadores del Sernageomin. Por ejemplo, en la Región de Atacama, cuatro fiscalizadores, de los cuales sólo dos estaban en terreno, tenían que fiscalizar más de mil faenas mineras.
Por lo tanto, la descentralización administrativa, la asignación de recursos y el poder de decisión sobre esos recursos por parte de las entidades regionales donde se encuentran ubicadas las faenas mineras son aspectos fundamentales para el futuro de la seguridad minera en Chile.
En cuanto a la ampliación de las facultades fiscalizadoras, más bien hablaría de simplificación, porque el sistema de fiscalización es tan engorroso que, en definitiva, no cumple con su finalidad.
Debiera contemplarse la obligación de recepcionar las obras que el propio Sernageomin impone a las faenas que incumplen sus obligaciones, que fue el caso de la minera San Esteban. La mina había sido clausurada por completo y, en esa oportunidad, Sernageomin la obligó a realizar ciertas labores de seguridad que tenían que ver con las fortificaciones, con el sistema de escaleramiento y con el sistema de ventilación. Esas obras no se realizaron, como quedó constancia en el informe. Pese a ello, Sernageomin autorizó la reapertura de la mina, lo que demuestra las carencias en esta materia.
También la Enami debe ser materia de revisión, porque desarrolla una labor de fomento de la pequeña y mediana minería, en la cual no puede estar ausente la seguridad. Por lo tanto, debería contemplar una línea de crédito que permitiera a los pequeños y medianos mineros desarrollar obras de seguridad en sus faenas. La propia Enami , que es el poder de compra de la pequeña y mediana minería, debería establecer incentivos a la seguridad y desincentivos económicos. Cuando una empresa minera no cumple con las medidas de seguridad, la Enami debería aplicarle sanciones o alguna medida que le signifique un gravamen y que le haga tomar conciencia de la importancia de invertir en la seguridad de sus trabajadores.
También es necesario elevar a rango de ley el Reglamento de Seguridad Minera que, por su naturaleza de reglamento, contempla sanciones que no pueden constituir penas. Constitucionalmente, cualquier sanción penal, incluso aquellas de naturaleza económica, como las multas, debe estar contemplada en la ley, por el principio de legalidad del delito. Las multas que contempla el Reglamento de Seguridad Minera son de carácter meramente administrativo, lo cual implica que su monto es extremadamente bajo y no representa una verdadera sanción o desincentivo al incumplimiento de las normas en materia de seguridad.
Del mismo modo que lo han señalado los diputados de otras bancadas, como los señores Harboe y Robles , quiero destacar el ánimo en que se desenvolvió el trabajo de la Comisión, que fue de unidad nacional, con altura de miras, con una visión que fue más allá de los intereses político partidistas, que dio como resultado un excelente informe que no sólo contempla el establecimiento de responsabilidades, sino también una serie de propuestas que van a ser fundamentales para el futuro de la minería en Chile.
Como reflexión final, me interesa plantear que el rol de este legislador y del Estado en general, en relación con las actividades económicas, es irrenunciable. Desgraciadamente, la codicia y la ambición humana pueden ir más allá de la buena fe.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente , probablemente voy repetir lo que han planteado varios de los colegas que estuvieron en la Comisión Investigadora, pero que es muy importante: el ánimo con que se trabajó. En ese sentido, agradezco a todos los colegas que participaron en la Comisión, especialmente al Presidente , porque cuando se conforman comisiones en torno a un tema que tiene tanto impacto público, siempre está la duda de si va a existir la prudencia para hacer efectivamente un aporte como Corporación. Quiero reconocer que eso se cumplió, pues hubo muy buen ánimo y mucha prudencia. Además, ayudamos a entregar información necesaria, en forma transparente, en un informe de consenso que da cuenta de ello, que aporta antecedentes a la investigación propiamente tal, que establece responsabilidades y que también plantea un debate de fondo. Es en este punto donde quiero plantear ciertos desafíos.
Creo que las comisiones investigadoras deben proyectarse en términos de las recomendaciones que hacen. Lo importante es que el debate que se abrió a partir de un incidente tan grave y de tanto impacto, como el derrumbe de la mina San José , genere efectivamente cambios, no sólo en lo tiene que ver con la actividad minera, sino también con la seguridad laboral en nuestro país.
Hace algunos meses, el tema que todos discutían era la fragilidad y la falta de coordinación en la institucionalidad en materia de seguridad laboral. Existe la necesidad de una reforma sustantiva que permita coordinación e integración, para que no exista la dispersión que se observa hoy entre los distintos servicios. Es necesario analizar cómo hacemos una reforma al sistema de mutuales, cómo posibilitamos que se invierta más en prevención y cómo logramos que las pequeñas empresas también implementen sistemas de seguridad laboral que funcionen, para que no ocurra lo que sucede actualmente, en que, básicamente, están afiliadas a las mutuales las grandes empresas y las otras son una recarga para el sistema público de salud. ¿Cómo se aumenta la fiscalización? Todo eso requiere una batería de proyectos que deben ser discutidos en el Congreso Nacional.
Se formó una comisión especial para analizar el tema de la seguridad laboral, que entregó sus conclusiones. El año pasado también hubo una serie de anuncios de proyectos que serían presentados al inicio del nuevo período legislativo. Quiero recordar ese compromiso. Ojalá que se honre y que el Presidente de la República , a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, envíe los proyectos en marzo, tal cual lo planteó la ministra que estaba a cargo de esa cartera en noviembre del año pasado. Creo que ahí hay una necesidad urgente.
El diputado Walker comentaba que en las empresas de salmonicultura siguen muriendo trabajadores por los accidentes que ahí se producen. Por lo tanto, se requieren modificaciones inmediatas.
Hemos visto -lo han recordado varios colegas en sus intervenciones- cómo siguen produciéndose accidentes en las minas y muchos de ellos, probablemente, podrían ser evitados si hiciéramos los cambios en donde hoy tenemos diagnósticos compartidos, en el sentido de que son necesarios. Entonces, quiero señalar esa urgencia y hacer un llamado al Ejecutivo para que agilice la presentación de esos proyectos.
Sin ir más lejos, en la Región de Magallanes, estamos enfrentando la última etapa de tramitación de un gran proyecto minero. No me voy a referir a la explotación del carbón propiamente tal ni daré mi opinión respecto del proyecto, pero sí señalaré que, a pesar de haberlo pedido en reiteradas ocasiones, todavía no existe representación de Sernageomin en la región, que haga de contraparte y garantice la seguridad de los mineros que van a trabajar en ese megaproyecto.
Entonces, en este mismo ánimo con que trabajamos al interior de la Comisión, el llamado que cabe hacer es a que el duro aprendizaje que tuvimos como país con esta experiencia nos sirva para agilizar la tramitación de los proyectos y que no sea sólo un tema que estuvo en la agenda pública a raíz de un incidente, sino que se asuma en forma responsable.
Nos queda pendiente la ratificación de los convenios de la OIT, no sólo el 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores, sino también el 176, sobre seguridad y salud en las minas; el 187, que está relacionado con la seguridad laboral e higiene; el 167, sobre seguridad y salud en la construcción.
Hace algún tiempo, con varios colegas, presentamos un proyecto que busca establecer la responsabilidad penal del empleador cuando se ha puesto en peligro la integridad física y psicológica de los trabajadores.
Hay que recordar que, en este caso, a pesar de que se ha señalado y forma parte de las conclusiones del informe la responsabilidad que tienen los dueños de la mina, al no haber lesiones, no se puede perseguir responsabilidad penal. Sería distinto si cambiáramos nuestra legislación.
¿Cómo otorgamos a los trabajadores el derecho a paralizar las faenas cuando hay un riesgo inminente? Ellos tenían conciencia de lo que estaba ocurriendo y, probablemente, si hubieran podido optar por su seguridad y el valor de sus vidas, no hubieran continuado las faenas. Pero estaban obligados a ello, porque, de lo contrario, serían despedidos. Esos cambios son los que se requieren de forma inmediata. Insisto en que tenemos una responsabilidad como legisladores, pero el Ejecutivo , además, tiene un compromiso.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , en primer lugar, agradezco a todos los miembros de la Comisión de Minería y Energía por el tremendo trabajo que realizaron durante más de cuatro meses, con el fin de investigar y, como bien señalaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, hacer propuestas de consenso concretas que ¡por Dios que es importante tener en nuestro país!
Ese día de agosto de 2010, en que todos nos vimos atrapados, hasta que logramos saber que los 33 mineros estaban vivos y, posteriormente, al verlos junto a sus familias, fue un momento en las historia de nuestras vidas que difícilmente olvidaremos. Y qué decir en el historial y en la conciencia de nuestro país en cuanto a lo que debe ser la seguridad de nuestros trabajadores, el respeto a la vida y la protección en las acciones laborales, que siempre deben ser parte de los derechos humanos de las personas.
En ese sentido, valoro la enorme labor que realizaron los diputados y senadores de la zona. Me refiero especialmente al diputado Lautaro Carmona , quien hoy está convaleciente de una operación realizada ayer, la cual fue muy exitosa. Desde esta tribuna, le envío un saludo por el gran trabajo efectuado en la Comisión Investigadora.
Para qué hablar de la labor realizada por el diputado Alberto Robles, un hombre que estuvo permanentemente preocupado, al lado de su gente, esperando las buenas noticias y fiscalizando.
Además, cabe mencionar lo realizado por el diputado Giovanni Calderón , quien trasnochó junto con el diputado Vilches , la senadora Isabel Allende y el senador Baldo Prokurica , acompañando a las familias de los mineros, compartiendo con las autoridades, formulando propuestas, representando a todos los diputados y senadores del país en el lugar de los hechos, dejando muy en alto la labor de los parlamentarios.
Quiero reconocer el tremendo trabajo y la preocupación que ellos han tenido, no sólo en esos días, sino también hasta hoy, por esas familias y los mineros, que todavía no han encontrado trabajo.
En segundo lugar, agradezco la confianza y el apoyo que recibí como Presidente de la Comisión por parte de todos los diputados de la Comisión de Minería y Energía, constituida en investigadora. Como bien lo manifestaron la Presidenta y la Mesa de la Cámara de Diputados, nuestra Corporación, en cierto sentido, estaba en deuda en cuanto al trabajo de las comisiones investigadoras.
En un hecho tan importante para el país, cualquiera acción de esta Comisión que no fuera en el camino que el país esperaba, en lugar de hacerle un bien le haría un daño a la imagen de la Cámara de Diputados, que tanto debemos cuidar. Por eso, creo que se hizo un trabajo serio y responsable. Desde la UDI hasta el Partido Comunista, nos pusimos la siguiente meta: primero, resguardar el derecho a la vida, investigar todo lo que correspondía e invitar a la Comisión a todas las personas que se propusieran.
También agradezco a la Mesa y a la Cámara la posibilidad de trabajar con transparencia absoluta en la Comisión Investigadora. Creo que se marcó un hito, porque nuestras sesiones fueron abiertas, a ningún periodista se le impidió ingresar a la Sala y ninguna sesión fue declarada secreta, aun cuando así lo solicitó el abogado de los dueños de la mina San José . Sin embargo, esa petición fue rechazada por los miembros de la Comisión, porque el país no esperaba que hubiera cosas ocultas; lo que se buscaba era la transparencia.
Todo el trabajo realizado por la Comisión Investigadora servirá para la investigación que está llevando a cabo la justicia y el fiscal de Atacama. En ese sentido, pido que este informe sea enviado a dicho fiscal, a fin de que sirva como instrumento para la investigación que está realizando.
Por último, como han planteado otros señores diputados, valoro los acuerdos alcanzados y las propuestas que se han entregado al Gobierno. Estoy seguro de que se acogerá la mayor parte de aquellas, sea por la vía reglamentaria o a través de proyectos de ley que próximamente serán enviados al Congreso Nacional, especialmente relativos a la separación del Sernageomin y a la creación de una Superintendencia de Seguridad Minera. Eso es fundamental, no sólo para que dicha institución sea un organismo serio y esté a la altura de la minería de hoy en nuestro país, sino también para que obtenga los recursos para que sus funcionarios y profesionales estén a la altura del mercado. Eso es clave para contar con los mejores profesionales en nuestros organismos fiscalizadores.
Por otra parte, hemos pedido una serie de acciones de coordinación entre los organismos de fiscalización laboral, las direcciones del trabajo y de salud y especialmente el trabajo que deben realizar las mutualidades. No queremos más secretismo en la información sobre accidentabilidad. Necesitamos que la información sobre lo que ocurre en las mutualidades sea entregada permanentemente a las autoridades sanitarias, del Sernageomin o de cualquiera otra autoridad fiscalizadora. Ayer conversamos con el ministro y el subsecretario del ramo sobre que eso será uno de los puntos clave para abordar la modernización que requiere la fiscalización.
Finalmente, agradezco una vez más a todos los señores diputados por la confianza que depositaron en la Comisión de Minería y Energía. Esperamos que el hito de transparencia y de trabajo mancomunado que desarrollamos sea el norte que siempre tengamos para servir a nuestra patria.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , he escuchado con mucha atención los comentarios políticos de los señores diputados relacionados con el informe de la Comisión Investigadora sobre el accidente en la mina San José . Por cierto, comparto el grueso de sus opiniones.
Como lo manifesté ayer, también adhiero a los agradecimientos de todas las personas que trabajaron, incluyendo a todas las grandes empresas mineras que con esfuerzo donaron el valor del equipamiento y de las maquinarias utilizadas en el rescate.
Sin embargo, no puedo aceptar que se emitan juicios que dañan a las personas y desprestigian al Gobierno. Acepto las diferencias políticas que tengo con el diputado Robles , pero no que se venga a mentir. En este caso, todos los trabajadores de la mina San José firmaron sus finiquitos. Se ha pagado una cuota de tres y, por lo tanto, hay dos impagas. Pero ninguno de los trabajadores está impedido de buscar otro trabajo. Insisto en que podemos tener muchas diferencias políticas, pero no se puede venir y desprestigiar al gran Partido Radical al hacer afirmaciones que no son verdaderas.
Por eso, exijo que las expresiones del diputado Alberto Robles sean revisadas y que se disculpe, porque él responsabilizó al Presidente de la República y al ministro de Minería y Energía de haber adquirido un compromiso con los trabajadores. Los compromisos se han cumplido. Hay cuotas impagas porque la empresa privada se declaró en quiebra. Pero ése es un tema que no pueden resolver el Presidente de la República ni el ministro , sino la justicia.
Además, considero que la Comisión de Ética también debería tomar partido en esta situación, porque -reitero- podemos tener diferencias políticas y señalarlas con mucha fuerza, pero no debemos mentir en la Sala.
He dicho.
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , parece que el diputado Vilches no está bien informado o no entendió lo que quise decir, porque no encuentro otras razones para justificar su discurso.
Lo cierto es que cuando un trabajador necesita trabajar, debe tener su finiquito, ya que si no éste no está pagado, difícilmente podrá trabajar.
El problema es que las cuotas del finiquito no han sido pagadas, a pesar de que, antes de que fueran rescatados los mineros, se adquirió el compromiso de apoyar a los 260 trabajadores de la mina San José que perdieron su fuente de trabajo para que resolvieran su situación. El señor diputado debe recordar que estábamos presentes en esa actividad donde una de las mujeres de uno de los mineros que estaba en el fondo de la mina le planteó al Presidente Piñera la situación laboral desmedrada en que quedarían los 260 trabajadores de la mina San José. El Primer Mandatario le respondió claramente, ante la presencia de muchas personas: “Voy a apoyar a todos los trabajadores de la mina San José”. Pero eso aún no ha ocurrido.
¿Qué pedimos al ministro y al Presidente de la República en distintas intervenciones? Que la Enami entregara los fondos necesarios para pagar esos finiquitos, ya que la ley permite a la Enami, como acreedor de que una empresa que le adeuda, como sucede con la mina San José , le otorgue un préstamo mayor para solucionar el problema de los trabajadores.
Esta petición se la hicimos al Presidente y al ministro de Minería , porque éste último, además, es el presidente del directorio de la Enami .
Por lo tanto, no he mentido en nada de lo que he dicho, porque ésa es la realidad legal. De hecho, el presidente de la CUT de la Región de Atacama es ex funcionario de la mina San José. Mis aseveraciones las corroboré hasta el día de hoy, lo que me permite afirmar que no se ha pagado la totalidad de los finiquitos a estos trabajadores, que es lo que corresponde laboralmente.
He dicho.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- En votación el informe de la Comisión de Minería y Energía, constituida en Comisión Especial Investigadora encargada de realizar un análisis de las disposiciones legales y administrativas que regulan las normas y estándares en seguridad y prevención de riesgos que deben cumplir las empresas respecto a los trabajadores que se desempeñan en faenas mineras.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
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