-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/638650/seccion/akn638650-ds14-ds19
- bcnres:tieneTipoParticipacion = bcnres:Intervencion
- bcnres:tieneEmisor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/187
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- rdf:type = bcnres:Participacion
- bcnres:tieneCalidad = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/1
- rdf:value = " El señor EDWARDS (de pie).- Señor Presidente , ante todo, es un honor para mí ser el último diputado informante de esta legislatura. Mis felicitaciones a su señoría, al señor Germán Becker y a la señora Alejandra Sepúlveda, quien fuera nuestra Presidenta , por la excelente gestión que realizaron.
A continuación, paso a informar el trabajo realizado y sus conclusiones en la Comisión Investigadora, respecto del programa Orígenes.
La Comisión estuvo encargada de analizar el funcionamiento, entre los años 2006 y 2010, del Programa Orígenes y de la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi), el cumplimiento de sus objetivos; la eficacia en la utilización de sus recursos, la efectividad de las denuncias relativas a irregularidades en la adquisición de terrenos, sobreprecios en sus pagos y, en general, toda posible ilicitud o irregularidad en la ejecución de sus fines.
Asimismo, dentro de su competencia, se consideró la revisión de todo órgano dependiente de la Conadi para el cumplimiento de las políticas indígenas y rurales, sus respectivos programas, y de los ministerios de Planificación y del Interior y otros organismos que correspondieran.
La Comisión celebró 14 sesiones, entre el 28 de julio de 2010 y el 5 de enero de 2011, una de las cuales se realizó en la ciudad de Temuco.
Asistieron numerosas autoridades, representantes de diversas organizaciones y entidades vinculadas al tema en cuestión. Asimismo, recibió abundante documentación que está debidamente incorporada en el informe. Lamentablemente, de todos los oficios despachados solicitando antecedentes, sólo fueron respondidos dos, pero ninguno por la Conadi.
Es importante destacar que comparecieron ante la Comisión el ex director nacional de la Conadi , señor Francisco Painepán; la coordinadora nacional del Programa Orígenes, señora Karina Doña Molina; el contralor general de la República , señor Ramiro Mendoza, y la jefa y la subjefa de la División de Auditoría Administrativa, señoras Patricia Arriagada y Dorothy Pérez, respectivamente.
Por el Banco Interamericano de Desarrollo, asistieron los señores Jaime Sujoy, representante del BID en Chile; el señor Carlos Perafán, especialista del BID en Pueblos Indígenas de la Unidad de Género y Diversidad y jefe de equipo del Programa Orígenes II; el señor Alfonso Etcheverry, abogado del departamento legal; el señor Alfredo Etchegaray, consultor externo, y el señor Francisco Lois, jefe del Área Financiera .
Concurrieron también cinco consejeros indígenas, dirigentes de la Asociación de Funcionarios de la Conadi, el ex ministro coordinador de la Política Indígena , señor José Antonio Viera-Gallo; los alcaldes de Curarrehue y Saavedra, y representantes de diversas comunidades mapuches: Pehuenche Neculpán, Huenchuñanco, Rosario Huiscallanca, Andrés Huenchún, Newen Lof Temuco, Joaquín Cheuquelén, Collileufu Chico, Pascual Paillalef, Lleuvul Sandoval de Millahueco, Felipe Nitrihuala, José Silva, Cacique Pailacar, Asociación Choyún Mapu -veo que están en las tribunas y les envío un cariñoso saludo-, Catrianche y Sellao Meliqueo, entre otras.
Por estimarlo necesario y previo a la presentación de los antecedentes acumulados relacionados con los hechos que originaron esta investigación, en el informe se hace referencia al marco normativo de la institucionalidad indígena, especialmente la ley N° 19.253, que estableció normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas y creó la Conadi, conocida como Ley Indígena.
En particular, el Título II de esta ley se refiere al reconocimiento, protección y desarrollo de las tierras indígenas que es, precisamente, una de las materias que han generado mayor controversia.
El artículo 20 dispuso la creación del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas. En su letra a) indica que la Conadi podrá otorgar subsidios para la adquisición de tierras para personas, comunidades indígenas o parte de éstas, mediante la modalidad de concursos. Su letra b) dice relación con las entregas directas de tierras indígenas o transferidas, provenientes de títulos de merced o reconocidos por los títulos de comisario u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado a favor de los indígenas.
Por su parte, el Título IV establece normas relativas al reconocimiento, respeto y protección de las culturas indígenas y a su educación.
El Título V regula la participación indígena. Establece el deber de los servicios de la administración del Estado y de las organizaciones de carácter territorial, cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, de escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas. Dicha disposición está en consonancia con lo dispuesto en el Convenio N° 169 de la OIT.
El Programa Orígenes es financiado con aportes del Estado chileno y con un préstamo multifase del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En su primera fase operó en zonas rurales de las regiones Primera, Segunda, Octava, Novena y Décima. En esta etapa, el organismo responsable de este Programa fue el Ministerio de Planificación. Esta primera fase, que se ejecutó entre 2001 y 2006, se caracterizó por ser una experiencia piloto, donde se implementaron en forma experimental metodologías y modelos. Con posterioridad al año 2007, pasa a la Conadi, que empieza a tener la titularidad de su ejecución.
En noviembre de 2006, se procedió a la firma del Convenio de Préstamo entre el BID y el Gobierno de Chile, para el desarrollo de la segunda fase del Programa, cuyo fin fue contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del área rural de los pueblos aymara, atacameño, quechua y mapuche.
La Segunda Fase se inició en enero de 2007, una vez que la Contraloría tomó razón del contrato de préstamo firmado con el BID, con una duración de cinco años, es decir, hasta 2011. El presupuesto total de este Programa alcanza a los 110 millones de dólares.
Como consecuencia de lo expuesto en el informe que los señores diputados tienen en sus pupitres, de los numerosos testimonios y antecedentes recogidos durante el curso de la investigación y, principalmente, del debate habido en su seno, la Comisión expone a sus señorías las conclusiones y proposiciones que versan sobre las materias señaladas en el proyecto de acuerdo que le dio origen.
Las conclusiones del informe constan de tres partes. La primera, detalla las irregularidades encontradas, básicamente, en el accionar del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas y del Programa Orígenes; la segunda asigna responsabilidades políticas; por último, se entregan recomendaciones de política pública.
En primer lugar, se establecen los eventos, acciones u omisiones que, a juicio de la Comisión, son considerados irregulares. La Comisión decidió ordenar dichas irregularidades en cinco subgrupos.
El primero se refiere a graves anomalías en el proceso de terminación de beneficiarios del concurso de tierras entregadas al amparo del artículo 20, de la letra a) de la Ley Indígena, y de compras directas, en virtud del artículo 20 la letra b).
Se destaca la creación de la figura jurídica declarada ilegal por la Contraloría General de la República de “casos especiales”, que permitió que los beneficios de tierras fueran asignados a personas que no cumplían con los requisitos establecidos en la propia Ley Indígena; la asignación de diez subsidios de tierras a personas que no tenían puntajes suficientes en el décimo concurso, a pesar de que existían 126 personas con mejor puntaje, y, en el noveno concurso, la posible adulteración del registro de beneficiarios, a partir de la omisión de 55 personas de la lista definitiva de beneficiados. La Comisión también cuestionó al ex ministro José Antonio Viera-Gallo, quien firmó un compromiso de adquisición de varios predios, por un total de aproximadamente 10 mil hectáreas, sin que hubiese existido, en muchos casos, contacto previo con los respectivos dueños, y detectó una arbitrariedad en la promesa de recursos comprometidos verbalmente por el citado ex ministro a comunidades en conflicto, para que personas que estaban siendo juzgadas en virtud de la ley Antiterrorista, formaran una ONG y, de esa manera, dejaran de lado la violencia.
El segundo subgrupo dice relación con irregularidades por ausencia de rendición de cuentas y entrega de fondos a personas naturales y jurídicas que no habían rendido transferencias anteriores sin ser sometidas a juicios de cuentas.
Al 31 de diciembre de 2009, vencido el plazo legal, existían 4.561 millones de pesos por rendir.
Debe mencionarse que sucesivos encargados del Programa Orígenes rechazaron esa cifra, arguyendo que ellos otorgaban dos años para rendir los fondos transferidos, regla que no está contenida de ninguna forma en el contrato del BID y contraría la posición de la Contraloría General de la República en cuanto a que “Ningún ministerio, servicio o programa, por sí solos, pueden hacer excepciones a las reglas generales para la rendición de cuentas de los fondos públicos contenidas en el decreto ley N° 1.263, Ley de Administración Financiera de Estado, la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República y el dictamen 759 de la Contraloría.”
En tercer lugar, se consideran irregularidades por el no cumplimiento de la normativa de rendición de cuentas, constatándose la existencia de montos duplicados en los estados financieros del Programa Orígenes, y facturas, boletas de honorarios y otros documentos que se utilizaron más de una vez, por un total de 802 millones de pesos; serias irregularidades e incumplimientos en la rendición de cuentas de recursos entregados a consejeros indígenas en los gastos por traslado y en el pago de asesores de los mismos.
En cuarto lugar, la Comisión concluyó que la Conadi y el Programa Orígenes utilizan un sistema contable vulnerable, que impide realizar el seguimiento de los recursos y permite alteración de las rendiciones; resultados financieros no conciliados y debilidades contables graves que facilitan irregularidades, entre otros, por la utilización de planillas Excel para llevar los registros y el control de las rendiciones; ausencia marcada de seguimiento de los recursos asignados e incumplimiento de las observaciones de la Contraloría General de la República en todos sus informes relativos a la Conadi y el Programa Orígenes; no implementación de sistema contable y de información SIM II; rendiciones de cuentas, facturas y boletas, sin respaldo, lo que permite que se utilicen como justificación de otros desembolsos.
En quinto lugar, la Comisión consideró que existía una marcada desidia del liderazgo de la Conadi y Orígenes en el resguardo de los fondos públicos. Se constataron incumplimientos de servicios prestados por consultoras sin ejecución de las garantías, inexistencia de monitoreo al trabajo de consultoras ni aplicación de multas, desidia ante denuncias formuladas por las comunidades en contra de las consultoras, pago de honorarios sin respaldo y desinformación sobre recursos traspasados a las comunidades, en muchos casos no se comprobó la ejecución de proyectos cancelados, mantención inadecuada de activos, de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas, entrega de fondos a personas no habilitadas para recibir dineros fiscales, e irregularidades relativas al no resguardo de fondos públicos.
A lo anterior se debe agregar que se verifican irregularidades por no actuar conforme a políticas en la adquisición de obras y bienes, en la contratación y selección de consultoras, incumplimientos en precios y licitaciones, utilización de información extracontable, control interno y registros insuficientes para verificar transacciones, falsificación de firmas, pagos de servicios de alimentación sin nóminas de beneficiados, 166 construcciones de sedes en terrenos sin acreditación de uso comunitario, entre otras.
En segundo lugar, la Comisión aborda las responsabilidades políticas. La Comisión entrega conclusiones sobre responsabilidades políticas por las irregularidades antes presentadas y todas las incluidas en los informes entregados por la Contraloría General de la República relacionados con el Programa Orígenes y la Conadi.
Las responsabilidades políticas se centran en los órganos o personas que, pudiendo haber actuado para evitar las irregularidades, no lo hicieron o hubieren actuado favoreciendo dichas irregularidades.
La Comisión asignó responsabilidades políticas a los miembros del Consejo de la Conadi y al ex ministro coordinador de Políticas Públicas Indígenas , señor José Antonio Viera-Gallo.
Concluyó que el Consejo de la Conadi actuó de manera irresponsable al desfinanciar, conscientemente, la burocracia administrativa del Programa Orígenes, aumentando el fondo de decisión local.
Debido a esa decisión, el programa tuvo que asumir un costo de 4.500 millones de pesos, y para hacer ese aporte extraordinario, se desfinanciaron otras líneas de acción, afectando seriamente el manejo administrativo. Esto está ligado a las irregularidades detectadas y crea un problema financiero.
Por otra parte, el Consejo de la Conadi afectó la concepción inicial del Programa Orígenes al asignar recursos bajo el “Plan de Fortalecimiento a Consejeros Indígenas”, cuestión que fue exigida por los beneficiarios integrantes de dicho consejo para dar inicio a la Fase II de Orígenes.
Los consejeros se negaron a aprobar el reglamento operativo de la Fase II del Programa Orígenes, lo que generó perjuicios a las comunidades beneficiadas y altos costos para el Estado de Chile.
Respecto al actuar del ex ministro Coordinador de Políticas Indígenas , José Antonio Viera-Gallo, la Comisión concluye que actuó con irresponsabilidad al contribuir en la generación de expectativas de adquisición de tierras para comunidades por más hectáreas que las razonablemente disponibles y con costos muy altos para el Estado.
Esto, a juicio de la Comisión, contribuyó decididamente al aumento de la violencia que se vivió en La Araucanía durante el año 2010.
Cabe destacar que en conocimiento de la Comisión obran acuerdos firmados por el ex ministro Viera-Gallo para futuras y potenciales compras de tierras destinadas a 82 comunidades, las que, en su mayoría, son adicionales al grupo de las 115 y de las 308 comunidades incluidas en el “Acuerdo Reconocer”.
En tercer lugar y a la luz de la investigación, la Comisión recomienda proposiciones de política pública respecto de la Conadi, el Programa Orígenes y política indígena en general. Estas proposiciones no pretenden ser comprensivas ni cabales, pero se ofrecen a esta Cámara y al Gobierno de Chile para su discusión.
En primer lugar, la Comisión propone la creación de una nueva institucionalidad en materia de política indígena, que contenga interacción de múltiples ministerios y servicios; asignación de mayores recursos para fomento productivo, educación, salud intercultural y habilitación de predios ya adquiridos; cuantificación inmediata y con precisión de los títulos de Merced y Comisario quedan por honrar. Este programa debe establecer claramente cuál será la política para aquellos títulos de los cuales cuelgan varias comunidades con personalidad jurídica, sin perjuicio de seguir con los concursos regulares de subsidios de tierras, todo esto según los procedimientos establecidos en el Convenio 169 de la OIT.
Respecto de la Conadi, se debe establecer un control de precios en la compra de tierras, que considere un precio máximo por hectárea dependiendo del tipo, calidad y ubicación del suelo; considerar que tanto el Programa Orígenes como Conadi deben contar con una contabilidad eficiente y transparente, y provocar una profunda reestructuración del Consejo de la Conadi, para impedir la mezcla de presiones políticas de comunidades y grupos identificables con decisiones de tipo técnico.
Respecto del Programa Orígenes, la Comisión concluye que no puede ser simplemente eliminado, si no se reemplaza por algún programa que atienda a las 1.098 comunidades que aún no han sido beneficiarias.
De seguir el Programa Orígenes, la Comisión concluye que tiene que ser profundamente reestructurado.
Se debe otorgar mayor autoridad a la Conadi sobre la ejecución y desarrollo de las actividades del Programa Orígenes, especialmente en lo que se refiere a sistemas de contabilidad, seguimiento, evaluación y plantas directivas.
Se debe considerar una mayor flexibilidad en los montos otorgados a los proyectos y mayores recursos para procesar la rendición de cuentas, que deben realizarse siguiendo las normas establecidas por la Contraloría General de la República.
Se debe rediseñar o eliminar el sistema actual de consultoras, estudiando una nueva forma de apoyo técnico y administrativo a las comunidades.
Finalmente, se debe eliminar derechamente el proyecto denominado “Plan de Fortalecimiento al Rol de los Consejeros Indígenas”, junto con prohibir toda asignación de recursos del Consejo a cualquiera de sus miembros.
Por último, la Comisión decidió apoyar a quienes, como consecuencia de las irregularidades detectadas en el undécimo concurso de tierras, se les quitó su beneficio una vez entregado.
La Comisión estima que los beneficios en dicho concurso de tierras de la Conadi, constituye un derecho adquirido para esas personas y el Estado debe indemnizarlas.
Ésta es una apretada relación de los puntos principales que son abordados en el informe que obra en poder de las señoras diputadas y de los señores diputados, en el cual, además, podrán encontrar el detalle y los fundamentos de lo que aquí he planteado.
Por último, agradezco a los diputados, que abordaron con seriedad y responsabilidad el trabajo encomendado en la Comisión, y a todas las personas, autoridades y comunidades que, con su participación y aporte, hicieron posible llevar a cabo esta labor investigativa, que más allá del afán de revelar las irregularidades en el Programa Orígenes y en el funcionamiento de la Conadi, busca superarlas y permitir que se concreten las proposiciones efectuadas a favor de los pueblos originarios y de todas las etnias de Chile.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
"
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/638650
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/638650/seccion/akn638650-ds14