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- rdf:value = " El señor TUMA.- Señor Presidente , de la tríada de atribuciones esenciales de nuestra Corporación, legislar, representar y fiscalizar, sin duda, la última es la que debe ser desarrollada con mayor dedicación, prolijidad y prudencia. Si se legisla con errores, hay una Cámara revisora que puede enmendar los yerros; si se representa mal a la población, será la ciudadanía la que retire el respaldo al que incumpla su compromiso con el electorado; pero si se fiscaliza mal, el daño a las personas y a las instituciones siempre será irreparable, pues sus efectos se mantienen en el tiempo. Un nombre mancillado injustamente, aunque luego se demuestre su inocencia, siempre mantendrá una duda sobre el honor del afectado. Nunca la exoneración recibe tanta atención y difusión como la inculpación. Nuestra Corporación está llena de decenas de historias como ésta.
Lamento decir que, desde sus inicios, en esta Comisión Investigadora no hubo la decisión de fiscalizar actos del Gobierno, como autoriza la Constitución Política, con la finalidad de determinar infracciones legales o constitucionales y discernir responsabilidades políticas subsecuentes. Lo que hubo fue un libreto prediseñado, que buscaba justificar juicios políticos previos de parlamentarios y de las nuevas autoridades del Gobierno en relación a la gestión de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Lo que se trató de hacer fue demoler la obra de los gobiernos de la Concertación en materia de políticas públicas de protección, fomento y promoción de los derechos de los pueblos indígenas.
El libreto que prepararon queda en evidencia desde la redacción misma del acuerdo que contiene el mandato de la Comisión, pues parte con el análisis del Programa Orígenes en su integridad en relación con su funcionamiento, objetivos, empleo de recursos, definición de comunidades. Luego, sin más, se amplía a una área que no pertenece al Programa Orígenes, sino a una línea permanente de trabajo de la Conadi, como es la gestión del Fondo de Tierras.
Pero cuando el libreto es malo, aunque los actores sean de primer orden, la obra siempre será mediocre. En este caso, los actores tampoco eran especialmente buenos. Se pecó de soberbia, de ignorancia, en algunos casos extrema, y lo que es peor, hubo mala fe, pues los temas se fueron mezclando, se establecieron afirmaciones generales y, finalmente, se llegaron a conclusiones que, en algunos casos, rayan en la injuria y la inquina hacia autoridades de la administración anterior.
En primer lugar, la Comisión recibió las declaraciones del ahora ex director de la Conadi , señor Francisco Painepán. Les invito a leer sus declaraciones contenidas en el informe. por lo penosas, son de antología. El señor Painepán, representante de la nueva forma de gobernar, demostró toda su ignorancia en relación con la operación de la Conadi. Del Programa Orígenes poco dijo, porque poco sabía. ¡Qué duda cabe! Era sordo, ciego y mudo. Se quejó hasta de los autos que estaban chocados en Temuco, del ausentismo laboral de los funcionarios a su cargo; criticó que la sede central del organismo estuviera en La Araucanía, quería estar en Santiago, ¡si es de allá! Se lamentó de las diferencias de sueldos de los funcionarios, de lo complejo que era para él administrar la Conadi. ¡Si era ferretero! Era tan complejo, que lo despidieron hace algunos meses.
Era tan penoso el espectáculo que daba el señor Painepán, que incluso ruborizaba a los colegas del oficialismo. Devolvi�� más de 40 mil millones de pesos asignados al Fondo de Tierras para el año 2010. Realmente increíble. No dio el ancho, por eso volvió a su ferretería. Ahí estará más tranquilo, y la Administración del Estado más segura.
En segundo lugar, expuso la señora Karina Doña Molina, funcionaria nombrada por este Gobierno para administrar el Programa Orígenes. Ella sí conocía el tema. Explicó los alcances del Programa, evaluó lo que se había hecho y sobre todo precisó aspectos de funcionamiento y normativas esenciales, desacreditando -ella es funcionaria de este Gobierno-, la principal acusación de los promotores de esta investigación. Claramente, dijo: no hay dineros públicos perdidos en el Programa Orígenes. Lo que hay es un retraso en procesos de rendición de cuentas que se transfirieron a las comunidades indígenas, pues algunas comunidades no las realizaron en el plazo de los dos años que les dio la propia Conadi o porque la Corporación aún no las ha podido revisar. Se mencionó un caso, uno solo entre miles de comunidades, en el que un lonco se apropió de dineros y su propia comunidad lo denunció.
La coordinadora del programa que, insisto, es funcionaria de confianza política de este Gobierno, no del anterior, concluyó que Orígenes era un gran programa de ejecución de políticas públicas participativas, el que, sin embargo, fue destrozado comunicacionalmente. En la página 37 del primer párrafo del Informe disponible en sus pupitres expresa: Se dañó la imagen del mismo, lo que repercute en las comunidades indígenas, independiente de la veracidad o no de los hechos. “Por lo tanto, el Programa tiene un daño innegable y, yo creo, irreversible a nivel comunicacional”.
Cuando le consultan cuál es la evaluación del cumplimiento de los objetivos del programa, dijo una verdad del porte de una catedral: No lo sé, porque este Programa aún no termina y todavía no ha sido evaluado. Así de simple. Felicito su seriedad profesional y honestidad. Ella sabe lo que es evaluar un programa público de estas dimensiones. No funciona como algunos colegas del Gobierno, en base a las expresiones tan chilenas como yo creo, yo supongo, a mí me tinca.
A mi juicio, otro aspecto esencial de esta investigación fue esclarecido con la participación del contralor general de la República , quien explicó, en primer lugar, la tesis de la Contraloría, que contraviene lo que piensa la Conadi y, por cierto, el Banco Interamericano de Desarrollo, que suministró la mitad del financiamiento, en el sentido, de que los dos años para que las comunidades rindieran cuenta, a su juicio, es un plazo entregado al margen de la ley. Pero, a renglón seguido agrega, que el hecho de que existan 3.900 millones de pesos sin rendir que, insisto, para la Conadi están dentro de plazo de rendición, no significa que el dinero se haya perdido o que alguien se lo haya apropiado.
Por eso, el contralor general dice textualmente: “Pero les insisto en que el hecho de que no se haya presentado la rendición de cuentas no puede llevar a concluir necesariamente que se robaron los recursos”.
Quiero concluir esta parte, manifestando un asunto esencial, que fue explicado por dos representantes de comunidades indígenas con la sencillez y sabiduría del campesino. Da igual que a los comuneros indígenas les hubieran dado dos años, cinco años o tres meses para hacer las rendiciones. En cualquier caso, las hubiesen hecho tarde y tal vez mal, por una razón muy sencilla, es gente de campo, con poca instrucción, que probablemente no puede siquiera distinguir, en algunos casos, una factura de una cotización.
Ésa es la realidad de la vida de los indígenas de las zonas rurales de La Araucanía. La culpa no es de ellos, sino del Estado y de la nación chilena que desde hace 130 años, cuando termina la denominada Pacificación de La Araucanía, los marginalizó, los dejó sin educación y sin futuro. No hay que olvidar que aún tenemos en nuestra región 467 escuelas unidocentes.
En definitiva, estos errores y lentitudes, que siguen siendo menores en relación al monto total de los recursos asignados y ejecutados, fueron el costo que estamos pagando por darles dignidad. ¿Y saben por qué les dimos dignidad? Porque en Orígenes, a diferencia de otros programas asistencialistas, fueron las mismas comunidades quienes decidieron en qué se invertirían y cómo se ejecutarían los recursos. ¡A ellos se les entregaron los cheques! ¡Ellos cotizaron! ¡Ellos pagaron sus cuentas! ¡Ellos fueron actores y ejecutores directos de las obras de adelanto que recibieron! ¡Eso, colegas, es dignidad! Y eso no tiene precio, aunque le duela a la Derecha patronal, clientelista y asistencialista.
Hay momentos especialmente difíciles e ingratos en el desempeño de este cargo, y cuando estaba trabajando en esta Comisión me correspondió vivir uno de ellos. Fue cuando concurrieron dos funcionarios internacionales, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo a exponer a la Comisión, quienes, por decirlo de la manera más breve y clara, alabaron el Programa Orígenes, por ser participativo, democrático, integral. Alabaron la capacidad de innovación en materia de políticas públicas de Chile y los chilenos, no del gobierno tal o cual, sino de Chile. Mientras exponían, pude constatar las caras largas y, a veces, rabiosas de mis colegas oficialistas. No era lo que ellos querían escuchar, y pese a que los bombardearon con preguntas, buscando un juicio crítico, no lo llegaron a escuchar. Es más, y esto es lo más penoso de todo, nos dicen que este Programa es un ejemplo para futuros programas del BID en América Latina y que, además, están disponibles para aportar más recursos a fin de ejecutar una nueva etapa -pendiente- del Programa en Chile.
No se trata de gente ignorante en programas públicos, sino que de especialistas rigurosos y de talla mundial, que nos alaban como país. En cambio, hay diputados chilenos que denigran lo que como chilenos somos capaces de hacer. Si hubiera podido, me retiraba de la Sala. Achaco esta actitud, tal vez, a la inmadurez o a la poca experiencia en asuntos públicos de algunos. No quiero pensar que se pueda ser tan miope y egoísta como para anteponer a los intereses nacionales los intereses subalternos de la pequeña política.
Resulta realmente lamentable la forma en que esta Comisión investigó el Fondo de Tierras y Aguas de Conadi. Se buscó transformar las asignaciones en actos reñidos con la ley y la ética pública, se trató de hacer de los consejeros nacionales de la Conadi electos por las comunidades unos pinganillas que usaban y abusaban de sus atribuciones legales y reglamentarias. El tópico de los denominados casos especiales que existen en la Conadi desde que existe el Fondo, fue criminalizado por los diputados de la mayoría oficialista.
Tras sendas investigaciones de esta misma Corporación, de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público, nunca se ha imputado a nadie por este tema y nunca se han ejercido acciones judiciales, porque irregularidades de índole criminal no ha habido. Lo único que hubo fue un dictamen de la Contraloría General que obligó a dejar sin efecto las asignaciones en casos especiales, lo cual generó un drama a ciento veinte familias indígenas y a tres comunidades, las cuales habiendo recibido los beneficios, fueron objeto de actos revocatorios al margen de la ley, toda vez que se pasaron a llevar derechos adquiridos. Frente a este tema, nada se dijo, ningún esfuerzo se desplegó al momento de formular las conclusiones. Es lógico, acá no se busca ayudar a la gente o apoyar a las comunidades a superar sus problemas; acá se busca ejecutar un concertado plan de demolición de la Conadi y de dañar la imagen del gobierno de la ex Presidenta Bachelet que es, aunque no le guste a algunos, el que más realizó proyectos por los pueblos originarios de nuestro país.
Señor Presidente , propongo formalmente en esta Cámara un acuerdo político, unitario y transversal para apoyar a la gente. Propongo que juntos elaboremos un proyecto de ley para sanear estas asignaciones, que fueron despojadas injustamente. Reclamaron ante la Corte de Apelaciones de Temuco ganando, incluso, el recurso por unanimidad, pero que posteriormente perdieron en la Corte Suprema por un tema formal, de plazo, situación absolutamente injusta. Eso es ayudar y comprometerse con el pueblo mapuche y no andar desfigurando la realidad como se ha pretendido en este informe.
Finalmente, debo referirme a las conclusiones, que considero incongruentes con el mérito de la investigación y se exceden con creces del mandato de la Comisión.
Se votó sin tener todos los antecedentes a la mano, ya que la Conadi nunca respondió los informes requeridos. Nunca llegaron a nuestras manos para saber quiénes son los que compraron los terrenos, quiénes son los que pagaron y cuánto fue el sobreprecio. Ningún informe que fue solicitado llegó a nuestro poder, y lo que es más grave aún, han sido redactadas con la intención clara de provocar daño a la honra de las personas. Me refiero especialmente a la figura del ex Presidente de esta Cámara de Diputados , ex senador, ex ministro y actual magistrado del Tribunal Constitucional, don José Antonio Viera Gallo, cuya trayectoria limpia y brillante ha tratado de ser ensuciada por el desvarío de unos jovenzuelos extremistas y ensimismados. ¡Decir que José Antonio Viera Gallo mintió y engañó a las comunidades y que comprometió al margen de la ley y de la ética recursos públicos es una canallada que no tiene nombre! Todo Chile lo conoce y sabe de su prudencia, de su rectitud y del comportamiento ejemplar con que ha ejercido cada una de las magistraturas que le ha tocado servir en su vida. Se puede disentir, ser adversario político, pero la decencia en el trato al adversario no se puede perder. Acá, lamentablemente, se ha perdido.
Estimados colegas, no puedo dejar de mencionar dos hechos que, a mi juicio, demuestran la inconsistencia de esta Comisión Investigadora.
El primero dice relación con que la única persona que ha sido recriminada legalmente por hacer uso de los recursos del Programa Orígenes es el propio ex Director de Conadi de este Gobierno, señor Painepán, quien tuvo que devolver los recursos que se le asignaron por parte del Programa Orígenes.
Y finalmente, y esto es el ridículo extremo, la tontería hecha gestión parlamentaria: después de destruir el Programa Orígenes y de decir una y mil barbaridades sobre su procedencia, impactos y calidad, los diputados de la UDI y de Renovación Nacional concluyen pidiendo que continúe el Programa Orígenes. Después de denostarlo absolutamente piden que haya un nuevo Programa para las 1.800 comunidades que aún, a lo largo del país, no han podido ser beneficiarias de las distintas líneas de promoción que contenía Orígenes en el ámbito social, productivo y cultural.
Señor Presidente , por todo lo dicho, no puedo votar a favor de este informe inconsistente y ridículo. Hago solemnemente un llamado a la cordura y a la seriedad de mis colegas. No podemos seguir desprestigiando a esta casa, a esta Cámara de Diputados que día a día se hace acreedora del repudio público, cuando en ella priman los intereses de la pequeña política por sobre los grandes intereses nacionales.
He dicho.
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