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    • rdf:value = " El señor EDWARDS.- Señor Presidente , mi visión es bastante distinta a la del diputado que me antecedió en el uso de la palabra. No puedo comenzar mis palabras sin expresar mi pesar por toda la información de la cual tomé conocimiento durante el transcurso de esta investigación, además de mi indignación de ver cómo se han implementado y manejado los dineros que, supuestamente, estaban destinados a los pueblos originarios. Aprovecho la oportunidad de expresar mi solidaridad con ellos, más aún cuando se hace notar la poca importancia que se le ha dado a sus demandas durante los años 2006-2010, que es el período de nuestra investigación. Básicamente, voy a fundamentar mi intervención en tres materias. Primero, las irregularidades más importantes; segundo, la irresponsabilidad con la cual actuó el ex ministro señor Viera-Gallo; fundamentar por qué la Comisión considera que sus desproporcionadas promesas de tierras incentivaron la violencia durante 2010 y siguen trayendo consecuencias y, por último, algunas recomendaciones de políticas públicas, después de conocida toda esta investigación e irregularidades. Déjenme comenzar por decir que la totalidad de los concursos de tierras ejecutados durante el período 2006-2010 están siendo investigados por el Ministerio Público. Por ejemplo, el onceavo concurso por la creación de casos especiales. ¿Qué son los casos especiales? Básicamente, saltarse la ley para entregar a dedo los beneficios del Estado. Estamos hablando de subsidios por veinte millones de pesos cada uno. En el décimo concurso pasó algo parecido: fueron menos, sólo diez, y se saltaron a 126 personas que estaban antes. Y en el noveno -los antecedentes los entregamos al Ministerio Público- nos encontramos con que había dos listas de beneficiarios, se quitó una y se cambiaron a 55 personas. Por lo tanto, creemos que ahí hay una posible adulteración de la lista de beneficiarios, sin mencionar que en el noveno concurso se entregaron subsidios a diez personas que vivían en Europa, seguramente con mucha necesidad económica, me imagino. Durante el período de investigación, no quedó ningún concurso de tierras que no esté siendo investigado por la justicia por potenciales irregularidades. Pero, debo decir, además, que estas irregularidades no fueron cometidas por las personas que recibieron los beneficios. Y a todos quienes les quitaron el subsidio, después de haber sido entregados, deben indemnizarlos y pedirles disculpas, porque han sido tratados como delincuentes. Esos montos deben devolverse de una vez por todas, y el Estado -repito- debe indemnizarlos. (Aplausos) En el Programa Orígenes, a su vez, a mediados del año pasado, existían alrededor de 4 mil millones de pesos sin rendirse. No existe ningún cuerpo legal que le permita al Programa Orígenes rendir cuenta en plazos distintos a los que determina la Contraloría, a través de su dictamen Nº 759. ¿Qué pasó con esos recursos? Nos imaginamos que van a ser rendidos en el futuro. No lo sabemos. En concreto, hay 4 mil millones de pesos que no sabemos dónde están y que debieron haber sido rendidos. Esto va más allá de lo que opinan los encargados del Programa Orígenes. Según ellos, tienen un plazo de rendición de cuentas de dos años, porque, al parecer, creen que están por sobre la ley. Esto ha sido observado por la Contraloría y constituye una irregularidad. Más encima, se debe decir que, a diario, y habiendo sido advertido por la Contraloría, en numerosas ocasiones, la Conadi -Programa Orígenes- ha vuelto a hacer transferencias a personas naturales y jurídicas que no habían rendido cuenta con anterioridad. Esa es una evidente irregularidad denunciada por la Contraloría durante años. Déjeme decir, señor Presidente que, en los últimos estados financieros del Programa Orígenes, la Contraloría constató la existencia de montos duplicados. Esto significa que hubo facturas y boletas que se utilizaron dos veces por un monto de 800 millones de pesos. Bueno, ¿es una irregularidad o no? ¿En qué estamos? Estas irregularidades son un problema para los funcionarios de la Conadi. Por la naturaleza de las irregularidades, se deduce que están vinculadas a la determinación de beneficiarios, a los sistemas contables, al uso de planillas Excel, a transferencias de recursos y al desfinanciamiento de ciertas partidas presupuestarias internas. Por lo tanto, queda bastante claro que quienes deben asumir la responsabilidad de las irregularidades son quienes ejercen el liderazgo y no los funcionarios, que son personas decentes y de trabajo. Déjeme recordar, además, que el Programa Orígenes, a diferencia de muchos otros, está cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Por lo tanto, todo lo que pasa en el Programa Orígenes no sólo es un descrédito para el Estado frente a todos los chilenos, sino un descrédito para todos quienes participan en el BID de Latinoamérica. Un capítulo aparte merece la actitud y trabajo del ex encargado de Asuntos Indígenas , señor José Antonio Viera-Gallo. Aquí, me voy a detener. Voy a explicar por qué la Comisión, y quien habla, consideran que su comportamiento hizo aumentar decididamente la violencia en La Araucanía. Quiero ser súper claro y enfático en lo que voy a decir. Primero, porque firmó acuerdos con muchas comunidades, prometiendo miles de hectáreas de tierras. Pero las prometió de una manera distinta. No prometió cierta cantidad de hectáreas, sino fundos específicos. ¿Qué hizo el señor Viera-Gallo? Se juntó con ciertas comunidades. Les dijo: “A usted le voy a entregar ese predio”, “a usted, ese fundo”, sin saber, en muchos casos, y sin haber hablado con los dueños de los predios para saber si estaban en venta, o si, de alguna manera, se podían conseguir. Este documento que exhibo, firmado el 24 de noviembre del 2009, a solo semanas de las elecciones, en su primer punto, dice: “nivel prioritario”. Se refiere a compras de predios por el número de hectáreas que se indican durante el primer trimestre del 2010. Y entrega, por ejemplo, los fundos La Romana y Montenegro, a la comunidad Temucuicui; el fundo Huerere y el fundo El Mirador a la comunidad Huerere, y el fundo Chelle a la comunidad de Budi, sin saber si estos predios podían ser adquiridos, con qué tiempo y en qué precio. ¡Dígame, señor Presidente , si esto no es un engaño a las comunidades! El ex ministro se excedió en su poder, prometiendo cosas que él no sabía si podía cumplir. Lo segundo que quiero decir es que cuando se observa este documento y ven la violencia de La Araucanía, se van a dar cuenta de que muchos de los fundos, y gran parte de la violencia que vivimos el año pasado, se originó exactamente en los fundos que prometió el señor José Antonio Viera-Gallo: el 12 de julio hay tomas en el fundo Huerere, con quemas, con violencia; el 5 de septiembre, en el fundo La Romana; el 30 de diciembre y el 5 de mayo en el fundo Montenegro; el 18 de septiembre en el predio El Porvenir. Todos ellos -repito-fueron prometidos por el señor José Antonio Viera-Gallo. La relación entre la violencia y los tres acuerdos del señor Viera-Gallo es demasiado evidente. Eso debe quedar establecido. Nadie dice que los acuerdos crean el conflicto, pero lo que no podemos negar es que el señor Viera-Gallo, justo antes de las elecciones presidenciales, apagó un incendio con bencina. Déjeme decir que, como representante de La Araucanía, lamento sentidamente el trabajo del señor Viera-Gallo, ya que para apaciguar las aguas, justo antes de las elecciones, hizo cualquier cosa. Firmó tres acuerdos, el primero el 24 de noviembre del 2009; el segundo, el 7 de enero -a una semana de la segunda vuelta-, y el tercero, el 14 de enero, a dos días de la segunda vuelta. La Región de La Araucanía no ha recibido ni un solo peso de inversión extranjera desde 2006, y prácticamente nada desde 2000. Y ha sido por años la región más pobre. En mi distrito, La Araucanía costera, tenemos un trece por ciento de analfabetismo. La violencia y la inestabilidad política han ahuyentado la inversión, la creación de empleos, el desarrollo del turismo y la industria. Es una responsabilidad que debemos tener en cuenta. Aprovecho la oportunidad para anunciar que el informe propone una nueva institucionalidad. Otra de las conclusiones se refiere a que la política indígena debe ser intersectorial, y debe existir política indígena en cada uno de los ministerios, porque mapuches y no mapuches, blancos o no, altos o bajos, sean estas personas como sean, tienen necesidades multidimensionales. Y no puede pretenderse atender las necesidades del pueblo mapuche, y de todos los pueblos originarios, con una sola Corporación, que básicamente se dedicó a comprar tierras. El Programa Orígenes todavía no ha podido atender a más de 1.098 comunidades. Pido al Gobierno, formalmente, que no se termine el Programa Orígenes; que exista una fase III de Orígenes, o un programa que asista de manera similar a las 1.098 comunidades que no han sido atendidas. Espero que la aprobación de estas conclusiones conlleve un aporte a la política indígena, y que se lleven a cabo los cambios que se necesitan. He dicho. "
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