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- rdf:value = " El señor AUTH.- Gracias, señor Presidente.
Evitaré toda referencia al sesgo juvenil que pudiera tener el informe, por la edad del presidente de la Comisión , porque, francamente, no me parece adecuado. Es como si hiciéramos lo mismo con el sesgo femenino si fuera una mujer. Él es un diputado como todos nosotros y tiene virtudes y defectos. Lamentablemente, tendré que concentrarme en algunos defectos, pero que no dicen relación, seguramente, con la edad, sino más bien con su desconocimiento, a mi juicio modesto, de la realidad que debió abordar.
En primer lugar, no se reconoce el hecho mayor, cual es la existencia de una deuda histórica que tiene la sociedad con sus pueblos originarios, porque hoy todos somos conscientes de una situación de despojo que vivieron, durante varias generaciones, los pueblos originarios que contribuyeron a construir lo que en la actualidad es nuestro país y que, sin embargo, no han sido valorados ni reivindicados como se merecen.
Eso, a partir de 1990, se constituyó en una política, con algunas virtudes, toda vez que ha contribuido a satisfacer algunas demandas y a generar otras expectativas, pero también con muchos defectos.
El objetivo de la Comisión investigadora fue investigar y determinar la existencia de irregularidades. De una lectura acabada de su informe, llaman mucho la atención las expresiones de los dos actores que pudieron haber contribuido a establecer la existencia de irregularidades. Me explico. La nueva dirección del Programa Orígenes, nombrada por el gobierno del Presidente Piñera o por el propio Presidente Piñera, es la primera autoridad llamada a establecer si existen o no irregularidades; sin embargo, a la directora del Programa Orígenes -es lo que infiero de sus palabras- descarta la existencia de toda irregularidad.
El segundo actor que debió haber testificado por la existencia de irregularidades es el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo dijo el propio diputado señor Edwards. El Banco Interamericano de Desarrollo , después de realizar auditorías periódicas, señaló en la Comisión que el Programa ha funcionado bien.
Hace algunos meses escuché al diputado José Manuel Edwards y a otros colegas la expresión de la voluntad de término del Programa Orígenes. Hoy me felicito de escuchar la aseveración clara y categórica para que el Programa Orígenes continúe en el tiempo. Es un programa positivo, con características especiales, toda vez que se contempla la transferencia de recursos a miles de pequeñas iniciativas definidas y realizadas por las propias comunidades.
En seguida, el informe establece una correlación entre un supuesto incremento de la violencia política en 2010 y los compromisos que asumió el gobierno, en momentos de crisis, con el objetivo natural de pacificación y no de ganar elecciones, como aparece imputado de manera primaria. Nadie, mediantemente inteligente, puede decir que llegar a un acuerdo y asumir un compromiso con una comunidad el 14 de enero, a dos días de la elección, tiene que ver con la eventual conducta de los electores.
El gobierno precedente comprometió la solución después de entregar más de 600 mil hectáreas, desde 1990 hasta principios de 2010. Comparadas con el número de hectáreas entregadas por esta administración y por esta Conadi, hacen pensar que en el gobierno del Presidente Piñera apuesta a terminar con la política de entrega de tierras, en circunstancias de que es absolutamente indispensable continuar con ella.
Es necesario que este Congreso reafirme la necesidad de que el Estado y la sociedad chilena continúen pagando la deuda histórica que tienen con sus pueblos originarios. La principal se relaciona con la tierra.
Revela desconocimiento quien leyó el informe de la Comisión cuando critica que un ministro se comprometió con las comunidades a entregarles determinadas tierras y no otras. Pero resulta que las comunidades reclaman esas determinadas tierras y no otras, porque son esas tierras las que habitaron sus ancestros. Por lo tanto, lo que hizo el entonces ministro Viera-Gallo fue comprometer al Estado en el intento de resolver la deuda histórica con esas comunidades específicas. Cincuenta y uno de los ciento quince compromisos fueron cumplidos en 2009. Tanto es así que el presupuesto aprobado por el gobierno de la Presidenta Bachelet para 2010 contemplaba -escúchenme bien- 49 mil millones de pesos para continuar saldando la deuda histórica y adquirir esos predios comprometidos.
Pues bien, ¿qué hicieron el gobierno del Presidente Piñera y el director de la Conadi , felizmente ahora destituido? Paralizaron por completo el proceso de entrega de tierras. Por eso, este informe no es más que una nube de humo para ocultar el problema mayor, cual es la ausencia más absoluta de una política indígena por parte de este gobierno, que -repito- paralizó el proceso de entrega de tierras.
Además, enfocan el problema de manera muy distinta. Mi colega y amigo José Manuel Edwards dice que hay mayor violencia política porque hay más expectativas. Permítanme ser un poco presuntuoso. Soy sociólogo y puedo afirmar que hay mayor violencia política cuando hay desesperanza y no cuando hay diálogo y expectativas. Cuando hay diálogo y exceptivas la gente tiende a definir instrumentos, medios y fines para conseguir objetivos. Cuando el muro está cerrado, cuando no hay entrega de tierras, cuando no hay horizonte de solución de los problemas, allí sí hay violencia política. Las estadísticas así lo evidencian. En 2010 hubo menos violencia política. Desde que se establecieron los compromisos, no hay más violencia política. Así lo indican las estadísticas de manera muy clara.
Violencia política habrá si este Gobierno continúa en el tiempo sin definir una política indígena.
He dicho.
"
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