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- rdf:value = " INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA RESPECTO DEL PROGRAMA ORÍGENES.
El señor MOREIRA ( Presidente accidental ).- Corresponde considerar el informe de la Comisión Investigadora del Programa Orígenes respecto del cumplimiento de sus objetivos, la eficacia en la utilización de sus recursos, el catastro de las comunidades beneficiarias y la efectividad de las denuncias efectuadas, relativas a irregularidades en la adquisición de terrenos, sobreprecios en sus pagos y, en general, toda posible ilicitud o irregularidad en la ejecución de sus fines.
Diputado informante de la Comisión Investigadora es el señor José Manuel Edwards.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 128ª, en 19 de enero de 2011. Documentos de la Cuenta N° 6.
El señor MOREIRA ( Presidente accidental ).- Para rendir el informe respectivo, ofrezco la palabra al distinguido y honorable diputado señor José Manuel Edwards.
El señor EDWARDS (de pie).- Señor Presidente , ante todo, es un honor para mí ser el último diputado informante de esta legislatura. Mis felicitaciones a su señoría, al señor Germán Becker y a la señora Alejandra Sepúlveda, quien fuera nuestra Presidenta , por la excelente gestión que realizaron.
A continuación, paso a informar el trabajo realizado y sus conclusiones en la Comisión Investigadora, respecto del programa Orígenes.
La Comisión estuvo encargada de analizar el funcionamiento, entre los años 2006 y 2010, del Programa Orígenes y de la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi), el cumplimiento de sus objetivos; la eficacia en la utilización de sus recursos, la efectividad de las denuncias relativas a irregularidades en la adquisición de terrenos, sobreprecios en sus pagos y, en general, toda posible ilicitud o irregularidad en la ejecución de sus fines.
Asimismo, dentro de su competencia, se consideró la revisión de todo órgano dependiente de la Conadi para el cumplimiento de las políticas indígenas y rurales, sus respectivos programas, y de los ministerios de Planificación y del Interior y otros organismos que correspondieran.
La Comisión celebró 14 sesiones, entre el 28 de julio de 2010 y el 5 de enero de 2011, una de las cuales se realizó en la ciudad de Temuco.
Asistieron numerosas autoridades, representantes de diversas organizaciones y entidades vinculadas al tema en cuestión. Asimismo, recibió abundante documentación que está debidamente incorporada en el informe. Lamentablemente, de todos los oficios despachados solicitando antecedentes, sólo fueron respondidos dos, pero ninguno por la Conadi.
Es importante destacar que comparecieron ante la Comisión el ex director nacional de la Conadi , señor Francisco Painepán; la coordinadora nacional del Programa Orígenes, señora Karina Doña Molina; el contralor general de la República , señor Ramiro Mendoza, y la jefa y la subjefa de la División de Auditoría Administrativa, señoras Patricia Arriagada y Dorothy Pérez, respectivamente.
Por el Banco Interamericano de Desarrollo, asistieron los señores Jaime Sujoy, representante del BID en Chile; el señor Carlos Perafán, especialista del BID en Pueblos Indígenas de la Unidad de Género y Diversidad y jefe de equipo del Programa Orígenes II; el señor Alfonso Etcheverry, abogado del departamento legal; el señor Alfredo Etchegaray, consultor externo, y el señor Francisco Lois, jefe del Área Financiera .
Concurrieron también cinco consejeros indígenas, dirigentes de la Asociación de Funcionarios de la Conadi, el ex ministro coordinador de la Política Indígena , señor José Antonio Viera-Gallo; los alcaldes de Curarrehue y Saavedra, y representantes de diversas comunidades mapuches: Pehuenche Neculpán, Huenchuñanco, Rosario Huiscallanca, Andrés Huenchún, Newen Lof Temuco, Joaquín Cheuquelén, Collileufu Chico, Pascual Paillalef, Lleuvul Sandoval de Millahueco, Felipe Nitrihuala, José Silva, Cacique Pailacar, Asociación Choyún Mapu -veo que están en las tribunas y les envío un cariñoso saludo-, Catrianche y Sellao Meliqueo, entre otras.
Por estimarlo necesario y previo a la presentación de los antecedentes acumulados relacionados con los hechos que originaron esta investigación, en el informe se hace referencia al marco normativo de la institucionalidad indígena, especialmente la ley N° 19.253, que estableció normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas y creó la Conadi, conocida como Ley Indígena.
En particular, el Título II de esta ley se refiere al reconocimiento, protección y desarrollo de las tierras indígenas que es, precisamente, una de las materias que han generado mayor controversia.
El artículo 20 dispuso la creación del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas. En su letra a) indica que la Conadi podrá otorgar subsidios para la adquisición de tierras para personas, comunidades indígenas o parte de éstas, mediante la modalidad de concursos. Su letra b) dice relación con las entregas directas de tierras indígenas o transferidas, provenientes de títulos de merced o reconocidos por los títulos de comisario u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado a favor de los indígenas.
Por su parte, el Título IV establece normas relativas al reconocimiento, respeto y protección de las culturas indígenas y a su educación.
El Título V regula la participación indígena. Establece el deber de los servicios de la administración del Estado y de las organizaciones de carácter territorial, cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, de escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas. Dicha disposición está en consonancia con lo dispuesto en el Convenio N° 169 de la OIT.
El Programa Orígenes es financiado con aportes del Estado chileno y con un préstamo multifase del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En su primera fase operó en zonas rurales de las regiones Primera, Segunda, Octava, Novena y Décima. En esta etapa, el organismo responsable de este Programa fue el Ministerio de Planificación. Esta primera fase, que se ejecutó entre 2001 y 2006, se caracterizó por ser una experiencia piloto, donde se implementaron en forma experimental metodologías y modelos. Con posterioridad al año 2007, pasa a la Conadi, que empieza a tener la titularidad de su ejecución.
En noviembre de 2006, se procedió a la firma del Convenio de Préstamo entre el BID y el Gobierno de Chile, para el desarrollo de la segunda fase del Programa, cuyo fin fue contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del área rural de los pueblos aymara, atacameño, quechua y mapuche.
La Segunda Fase se inició en enero de 2007, una vez que la Contraloría tomó razón del contrato de préstamo firmado con el BID, con una duración de cinco años, es decir, hasta 2011. El presupuesto total de este Programa alcanza a los 110 millones de dólares.
Como consecuencia de lo expuesto en el informe que los señores diputados tienen en sus pupitres, de los numerosos testimonios y antecedentes recogidos durante el curso de la investigación y, principalmente, del debate habido en su seno, la Comisión expone a sus señorías las conclusiones y proposiciones que versan sobre las materias señaladas en el proyecto de acuerdo que le dio origen.
Las conclusiones del informe constan de tres partes. La primera, detalla las irregularidades encontradas, básicamente, en el accionar del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas y del Programa Orígenes; la segunda asigna responsabilidades políticas; por último, se entregan recomendaciones de política pública.
En primer lugar, se establecen los eventos, acciones u omisiones que, a juicio de la Comisión, son considerados irregulares. La Comisión decidió ordenar dichas irregularidades en cinco subgrupos.
El primero se refiere a graves anomalías en el proceso de terminación de beneficiarios del concurso de tierras entregadas al amparo del artículo 20, de la letra a) de la Ley Indígena, y de compras directas, en virtud del artículo 20 la letra b).
Se destaca la creación de la figura jurídica declarada ilegal por la Contraloría General de la República de “casos especiales”, que permitió que los beneficios de tierras fueran asignados a personas que no cumplían con los requisitos establecidos en la propia Ley Indígena; la asignación de diez subsidios de tierras a personas que no tenían puntajes suficientes en el décimo concurso, a pesar de que existían 126 personas con mejor puntaje, y, en el noveno concurso, la posible adulteración del registro de beneficiarios, a partir de la omisión de 55 personas de la lista definitiva de beneficiados. La Comisión también cuestionó al ex ministro José Antonio Viera-Gallo, quien firmó un compromiso de adquisición de varios predios, por un total de aproximadamente 10 mil hectáreas, sin que hubiese existido, en muchos casos, contacto previo con los respectivos dueños, y detectó una arbitrariedad en la promesa de recursos comprometidos verbalmente por el citado ex ministro a comunidades en conflicto, para que personas que estaban siendo juzgadas en virtud de la ley Antiterrorista, formaran una ONG y, de esa manera, dejaran de lado la violencia.
El segundo subgrupo dice relación con irregularidades por ausencia de rendición de cuentas y entrega de fondos a personas naturales y jurídicas que no habían rendido transferencias anteriores sin ser sometidas a juicios de cuentas.
Al 31 de diciembre de 2009, vencido el plazo legal, existían 4.561 millones de pesos por rendir.
Debe mencionarse que sucesivos encargados del Programa Orígenes rechazaron esa cifra, arguyendo que ellos otorgaban dos años para rendir los fondos transferidos, regla que no está contenida de ninguna forma en el contrato del BID y contraría la posición de la Contraloría General de la República en cuanto a que “Ningún ministerio, servicio o programa, por sí solos, pueden hacer excepciones a las reglas generales para la rendición de cuentas de los fondos públicos contenidas en el decreto ley N° 1.263, Ley de Administración Financiera de Estado, la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República y el dictamen 759 de la Contraloría.”
En tercer lugar, se consideran irregularidades por el no cumplimiento de la normativa de rendición de cuentas, constatándose la existencia de montos duplicados en los estados financieros del Programa Orígenes, y facturas, boletas de honorarios y otros documentos que se utilizaron más de una vez, por un total de 802 millones de pesos; serias irregularidades e incumplimientos en la rendición de cuentas de recursos entregados a consejeros indígenas en los gastos por traslado y en el pago de asesores de los mismos.
En cuarto lugar, la Comisión concluyó que la Conadi y el Programa Orígenes utilizan un sistema contable vulnerable, que impide realizar el seguimiento de los recursos y permite alteración de las rendiciones; resultados financieros no conciliados y debilidades contables graves que facilitan irregularidades, entre otros, por la utilización de planillas Excel para llevar los registros y el control de las rendiciones; ausencia marcada de seguimiento de los recursos asignados e incumplimiento de las observaciones de la Contraloría General de la República en todos sus informes relativos a la Conadi y el Programa Orígenes; no implementación de sistema contable y de información SIM II; rendiciones de cuentas, facturas y boletas, sin respaldo, lo que permite que se utilicen como justificación de otros desembolsos.
En quinto lugar, la Comisión consideró que existía una marcada desidia del liderazgo de la Conadi y Orígenes en el resguardo de los fondos públicos. Se constataron incumplimientos de servicios prestados por consultoras sin ejecución de las garantías, inexistencia de monitoreo al trabajo de consultoras ni aplicación de multas, desidia ante denuncias formuladas por las comunidades en contra de las consultoras, pago de honorarios sin respaldo y desinformación sobre recursos traspasados a las comunidades, en muchos casos no se comprobó la ejecución de proyectos cancelados, mantención inadecuada de activos, de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas, entrega de fondos a personas no habilitadas para recibir dineros fiscales, e irregularidades relativas al no resguardo de fondos públicos.
A lo anterior se debe agregar que se verifican irregularidades por no actuar conforme a políticas en la adquisición de obras y bienes, en la contratación y selección de consultoras, incumplimientos en precios y licitaciones, utilización de información extracontable, control interno y registros insuficientes para verificar transacciones, falsificación de firmas, pagos de servicios de alimentación sin nóminas de beneficiados, 166 construcciones de sedes en terrenos sin acreditación de uso comunitario, entre otras.
En segundo lugar, la Comisión aborda las responsabilidades políticas. La Comisión entrega conclusiones sobre responsabilidades políticas por las irregularidades antes presentadas y todas las incluidas en los informes entregados por la Contraloría General de la República relacionados con el Programa Orígenes y la Conadi.
Las responsabilidades políticas se centran en los órganos o personas que, pudiendo haber actuado para evitar las irregularidades, no lo hicieron o hubieren actuado favoreciendo dichas irregularidades.
La Comisión asignó responsabilidades políticas a los miembros del Consejo de la Conadi y al ex ministro coordinador de Políticas Públicas Indígenas , señor José Antonio Viera-Gallo.
Concluyó que el Consejo de la Conadi actuó de manera irresponsable al desfinanciar, conscientemente, la burocracia administrativa del Programa Orígenes, aumentando el fondo de decisión local.
Debido a esa decisión, el programa tuvo que asumir un costo de 4.500 millones de pesos, y para hacer ese aporte extraordinario, se desfinanciaron otras líneas de acción, afectando seriamente el manejo administrativo. Esto está ligado a las irregularidades detectadas y crea un problema financiero.
Por otra parte, el Consejo de la Conadi afectó la concepción inicial del Programa Orígenes al asignar recursos bajo el “Plan de Fortalecimiento a Consejeros Indígenas”, cuestión que fue exigida por los beneficiarios integrantes de dicho consejo para dar inicio a la Fase II de Orígenes.
Los consejeros se negaron a aprobar el reglamento operativo de la Fase II del Programa Orígenes, lo que generó perjuicios a las comunidades beneficiadas y altos costos para el Estado de Chile.
Respecto al actuar del ex ministro Coordinador de Políticas Indígenas , José Antonio Viera-Gallo, la Comisión concluye que actuó con irresponsabilidad al contribuir en la generación de expectativas de adquisición de tierras para comunidades por más hectáreas que las razonablemente disponibles y con costos muy altos para el Estado.
Esto, a juicio de la Comisión, contribuyó decididamente al aumento de la violencia que se vivió en La Araucanía durante el año 2010.
Cabe destacar que en conocimiento de la Comisión obran acuerdos firmados por el ex ministro Viera-Gallo para futuras y potenciales compras de tierras destinadas a 82 comunidades, las que, en su mayoría, son adicionales al grupo de las 115 y de las 308 comunidades incluidas en el “Acuerdo Reconocer”.
En tercer lugar y a la luz de la investigación, la Comisión recomienda proposiciones de política pública respecto de la Conadi, el Programa Orígenes y política indígena en general. Estas proposiciones no pretenden ser comprensivas ni cabales, pero se ofrecen a esta Cámara y al Gobierno de Chile para su discusión.
En primer lugar, la Comisión propone la creación de una nueva institucionalidad en materia de política indígena, que contenga interacción de múltiples ministerios y servicios; asignación de mayores recursos para fomento productivo, educación, salud intercultural y habilitación de predios ya adquiridos; cuantificación inmediata y con precisión de los títulos de Merced y Comisario quedan por honrar. Este programa debe establecer claramente cuál será la política para aquellos títulos de los cuales cuelgan varias comunidades con personalidad jurídica, sin perjuicio de seguir con los concursos regulares de subsidios de tierras, todo esto según los procedimientos establecidos en el Convenio 169 de la OIT.
Respecto de la Conadi, se debe establecer un control de precios en la compra de tierras, que considere un precio máximo por hectárea dependiendo del tipo, calidad y ubicación del suelo; considerar que tanto el Programa Orígenes como Conadi deben contar con una contabilidad eficiente y transparente, y provocar una profunda reestructuración del Consejo de la Conadi, para impedir la mezcla de presiones políticas de comunidades y grupos identificables con decisiones de tipo técnico.
Respecto del Programa Orígenes, la Comisión concluye que no puede ser simplemente eliminado, si no se reemplaza por algún programa que atienda a las 1.098 comunidades que aún no han sido beneficiarias.
De seguir el Programa Orígenes, la Comisión concluye que tiene que ser profundamente reestructurado.
Se debe otorgar mayor autoridad a la Conadi sobre la ejecución y desarrollo de las actividades del Programa Orígenes, especialmente en lo que se refiere a sistemas de contabilidad, seguimiento, evaluación y plantas directivas.
Se debe considerar una mayor flexibilidad en los montos otorgados a los proyectos y mayores recursos para procesar la rendición de cuentas, que deben realizarse siguiendo las normas establecidas por la Contraloría General de la República.
Se debe rediseñar o eliminar el sistema actual de consultoras, estudiando una nueva forma de apoyo técnico y administrativo a las comunidades.
Finalmente, se debe eliminar derechamente el proyecto denominado “Plan de Fortalecimiento al Rol de los Consejeros Indígenas”, junto con prohibir toda asignación de recursos del Consejo a cualquiera de sus miembros.
Por último, la Comisión decidió apoyar a quienes, como consecuencia de las irregularidades detectadas en el undécimo concurso de tierras, se les quitó su beneficio una vez entregado.
La Comisión estima que los beneficios en dicho concurso de tierras de la Conadi, constituye un derecho adquirido para esas personas y el Estado debe indemnizarlas.
Ésta es una apretada relación de los puntos principales que son abordados en el informe que obra en poder de las señoras diputadas y de los señores diputados, en el cual, además, podrán encontrar el detalle y los fundamentos de lo que aquí he planteado.
Por último, agradezco a los diputados, que abordaron con seriedad y responsabilidad el trabajo encomendado en la Comisión, y a todas las personas, autoridades y comunidades que, con su participación y aporte, hicieron posible llevar a cabo esta labor investigativa, que más allá del afán de revelar las irregularidades en el Programa Orígenes y en el funcionamiento de la Conadi, busca superarlas y permitir que se concreten las proposiciones efectuadas a favor de los pueblos originarios y de todas las etnias de Chile.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MOREIRA (Presidente accidental).- En discusión el informe.
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , de la tríada de atribuciones esenciales de nuestra Corporación, legislar, representar y fiscalizar, sin duda, la última es la que debe ser desarrollada con mayor dedicación, prolijidad y prudencia. Si se legisla con errores, hay una Cámara revisora que puede enmendar los yerros; si se representa mal a la población, será la ciudadanía la que retire el respaldo al que incumpla su compromiso con el electorado; pero si se fiscaliza mal, el daño a las personas y a las instituciones siempre será irreparable, pues sus efectos se mantienen en el tiempo. Un nombre mancillado injustamente, aunque luego se demuestre su inocencia, siempre mantendrá una duda sobre el honor del afectado. Nunca la exoneración recibe tanta atención y difusión como la inculpación. Nuestra Corporación está llena de decenas de historias como ésta.
Lamento decir que, desde sus inicios, en esta Comisión Investigadora no hubo la decisión de fiscalizar actos del Gobierno, como autoriza la Constitución Política, con la finalidad de determinar infracciones legales o constitucionales y discernir responsabilidades políticas subsecuentes. Lo que hubo fue un libreto prediseñado, que buscaba justificar juicios políticos previos de parlamentarios y de las nuevas autoridades del Gobierno en relación a la gestión de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Lo que se trató de hacer fue demoler la obra de los gobiernos de la Concertación en materia de políticas públicas de protección, fomento y promoción de los derechos de los pueblos indígenas.
El libreto que prepararon queda en evidencia desde la redacción misma del acuerdo que contiene el mandato de la Comisión, pues parte con el análisis del Programa Orígenes en su integridad en relación con su funcionamiento, objetivos, empleo de recursos, definición de comunidades. Luego, sin más, se amplía a una área que no pertenece al Programa Orígenes, sino a una línea permanente de trabajo de la Conadi, como es la gestión del Fondo de Tierras.
Pero cuando el libreto es malo, aunque los actores sean de primer orden, la obra siempre será mediocre. En este caso, los actores tampoco eran especialmente buenos. Se pecó de soberbia, de ignorancia, en algunos casos extrema, y lo que es peor, hubo mala fe, pues los temas se fueron mezclando, se establecieron afirmaciones generales y, finalmente, se llegaron a conclusiones que, en algunos casos, rayan en la injuria y la inquina hacia autoridades de la administración anterior.
En primer lugar, la Comisión recibió las declaraciones del ahora ex director de la Conadi , señor Francisco Painepán. Les invito a leer sus declaraciones contenidas en el informe. por lo penosas, son de antología. El señor Painepán, representante de la nueva forma de gobernar, demostró toda su ignorancia en relación con la operación de la Conadi. Del Programa Orígenes poco dijo, porque poco sabía. ¡Qué duda cabe! Era sordo, ciego y mudo. Se quejó hasta de los autos que estaban chocados en Temuco, del ausentismo laboral de los funcionarios a su cargo; criticó que la sede central del organismo estuviera en La Araucanía, quería estar en Santiago, ¡si es de allá! Se lamentó de las diferencias de sueldos de los funcionarios, de lo complejo que era para él administrar la Conadi. ¡Si era ferretero! Era tan complejo, que lo despidieron hace algunos meses.
Era tan penoso el espectáculo que daba el señor Painepán, que incluso ruborizaba a los colegas del oficialismo. Devolvió más de 40 mil millones de pesos asignados al Fondo de Tierras para el año 2010. Realmente increíble. No dio el ancho, por eso volvió a su ferretería. Ahí estará más tranquilo, y la Administración del Estado más segura.
En segundo lugar, expuso la señora Karina Doña Molina, funcionaria nombrada por este Gobierno para administrar el Programa Orígenes. Ella sí conocía el tema. Explicó los alcances del Programa, evaluó lo que se había hecho y sobre todo precisó aspectos de funcionamiento y normativas esenciales, desacreditando -ella es funcionaria de este Gobierno-, la principal acusación de los promotores de esta investigación. Claramente, dijo: no hay dineros públicos perdidos en el Programa Orígenes. Lo que hay es un retraso en procesos de rendición de cuentas que se transfirieron a las comunidades indígenas, pues algunas comunidades no las realizaron en el plazo de los dos años que les dio la propia Conadi o porque la Corporación aún no las ha podido revisar. Se mencionó un caso, uno solo entre miles de comunidades, en el que un lonco se apropió de dineros y su propia comunidad lo denunció.
La coordinadora del programa que, insisto, es funcionaria de confianza política de este Gobierno, no del anterior, concluyó que Orígenes era un gran programa de ejecución de políticas públicas participativas, el que, sin embargo, fue destrozado comunicacionalmente. En la página 37 del primer párrafo del Informe disponible en sus pupitres expresa: Se dañó la imagen del mismo, lo que repercute en las comunidades indígenas, independiente de la veracidad o no de los hechos. “Por lo tanto, el Programa tiene un daño innegable y, yo creo, irreversible a nivel comunicacional”.
Cuando le consultan cuál es la evaluación del cumplimiento de los objetivos del programa, dijo una verdad del porte de una catedral: No lo sé, porque este Programa aún no termina y todavía no ha sido evaluado. Así de simple. Felicito su seriedad profesional y honestidad. Ella sabe lo que es evaluar un programa público de estas dimensiones. No funciona como algunos colegas del Gobierno, en base a las expresiones tan chilenas como yo creo, yo supongo, a mí me tinca.
A mi juicio, otro aspecto esencial de esta investigación fue esclarecido con la participación del contralor general de la República , quien explicó, en primer lugar, la tesis de la Contraloría, que contraviene lo que piensa la Conadi y, por cierto, el Banco Interamericano de Desarrollo, que suministró la mitad del financiamiento, en el sentido, de que los dos años para que las comunidades rindieran cuenta, a su juicio, es un plazo entregado al margen de la ley. Pero, a renglón seguido agrega, que el hecho de que existan 3.900 millones de pesos sin rendir que, insisto, para la Conadi están dentro de plazo de rendición, no significa que el dinero se haya perdido o que alguien se lo haya apropiado.
Por eso, el contralor general dice textualmente: “Pero les insisto en que el hecho de que no se haya presentado la rendición de cuentas no puede llevar a concluir necesariamente que se robaron los recursos”.
Quiero concluir esta parte, manifestando un asunto esencial, que fue explicado por dos representantes de comunidades indígenas con la sencillez y sabiduría del campesino. Da igual que a los comuneros indígenas les hubieran dado dos años, cinco años o tres meses para hacer las rendiciones. En cualquier caso, las hubiesen hecho tarde y tal vez mal, por una razón muy sencilla, es gente de campo, con poca instrucción, que probablemente no puede siquiera distinguir, en algunos casos, una factura de una cotización.
Ésa es la realidad de la vida de los indígenas de las zonas rurales de La Araucanía. La culpa no es de ellos, sino del Estado y de la nación chilena que desde hace 130 años, cuando termina la denominada Pacificación de La Araucanía, los marginalizó, los dejó sin educación y sin futuro. No hay que olvidar que aún tenemos en nuestra región 467 escuelas unidocentes.
En definitiva, estos errores y lentitudes, que siguen siendo menores en relación al monto total de los recursos asignados y ejecutados, fueron el costo que estamos pagando por darles dignidad. ¿Y saben por qué les dimos dignidad? Porque en Orígenes, a diferencia de otros programas asistencialistas, fueron las mismas comunidades quienes decidieron en qué se invertirían y cómo se ejecutarían los recursos. ¡A ellos se les entregaron los cheques! ¡Ellos cotizaron! ¡Ellos pagaron sus cuentas! ¡Ellos fueron actores y ejecutores directos de las obras de adelanto que recibieron! ¡Eso, colegas, es dignidad! Y eso no tiene precio, aunque le duela a la Derecha patronal, clientelista y asistencialista.
Hay momentos especialmente difíciles e ingratos en el desempeño de este cargo, y cuando estaba trabajando en esta Comisión me correspondió vivir uno de ellos. Fue cuando concurrieron dos funcionarios internacionales, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo a exponer a la Comisión, quienes, por decirlo de la manera más breve y clara, alabaron el Programa Orígenes, por ser participativo, democrático, integral. Alabaron la capacidad de innovación en materia de políticas públicas de Chile y los chilenos, no del gobierno tal o cual, sino de Chile. Mientras exponían, pude constatar las caras largas y, a veces, rabiosas de mis colegas oficialistas. No era lo que ellos querían escuchar, y pese a que los bombardearon con preguntas, buscando un juicio crítico, no lo llegaron a escuchar. Es más, y esto es lo más penoso de todo, nos dicen que este Programa es un ejemplo para futuros programas del BID en América Latina y que, además, están disponibles para aportar más recursos a fin de ejecutar una nueva etapa -pendiente- del Programa en Chile.
No se trata de gente ignorante en programas públicos, sino que de especialistas rigurosos y de talla mundial, que nos alaban como país. En cambio, hay diputados chilenos que denigran lo que como chilenos somos capaces de hacer. Si hubiera podido, me retiraba de la Sala. Achaco esta actitud, tal vez, a la inmadurez o a la poca experiencia en asuntos públicos de algunos. No quiero pensar que se pueda ser tan miope y egoísta como para anteponer a los intereses nacionales los intereses subalternos de la pequeña política.
Resulta realmente lamentable la forma en que esta Comisión investigó el Fondo de Tierras y Aguas de Conadi. Se buscó transformar las asignaciones en actos reñidos con la ley y la ética pública, se trató de hacer de los consejeros nacionales de la Conadi electos por las comunidades unos pinganillas que usaban y abusaban de sus atribuciones legales y reglamentarias. El tópico de los denominados casos especiales que existen en la Conadi desde que existe el Fondo, fue criminalizado por los diputados de la mayoría oficialista.
Tras sendas investigaciones de esta misma Corporación, de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público, nunca se ha imputado a nadie por este tema y nunca se han ejercido acciones judiciales, porque irregularidades de índole criminal no ha habido. Lo único que hubo fue un dictamen de la Contraloría General que obligó a dejar sin efecto las asignaciones en casos especiales, lo cual generó un drama a ciento veinte familias indígenas y a tres comunidades, las cuales habiendo recibido los beneficios, fueron objeto de actos revocatorios al margen de la ley, toda vez que se pasaron a llevar derechos adquiridos. Frente a este tema, nada se dijo, ningún esfuerzo se desplegó al momento de formular las conclusiones. Es lógico, acá no se busca ayudar a la gente o apoyar a las comunidades a superar sus problemas; acá se busca ejecutar un concertado plan de demolición de la Conadi y de dañar la imagen del gobierno de la ex Presidenta Bachelet que es, aunque no le guste a algunos, el que más realizó proyectos por los pueblos originarios de nuestro país.
Señor Presidente , propongo formalmente en esta Cámara un acuerdo político, unitario y transversal para apoyar a la gente. Propongo que juntos elaboremos un proyecto de ley para sanear estas asignaciones, que fueron despojadas injustamente. Reclamaron ante la Corte de Apelaciones de Temuco ganando, incluso, el recurso por unanimidad, pero que posteriormente perdieron en la Corte Suprema por un tema formal, de plazo, situación absolutamente injusta. Eso es ayudar y comprometerse con el pueblo mapuche y no andar desfigurando la realidad como se ha pretendido en este informe.
Finalmente, debo referirme a las conclusiones, que considero incongruentes con el mérito de la investigación y se exceden con creces del mandato de la Comisión.
Se votó sin tener todos los antecedentes a la mano, ya que la Conadi nunca respondió los informes requeridos. Nunca llegaron a nuestras manos para saber quiénes son los que compraron los terrenos, quiénes son los que pagaron y cuánto fue el sobreprecio. Ningún informe que fue solicitado llegó a nuestro poder, y lo que es más grave aún, han sido redactadas con la intención clara de provocar daño a la honra de las personas. Me refiero especialmente a la figura del ex Presidente de esta Cámara de Diputados , ex senador, ex ministro y actual magistrado del Tribunal Constitucional, don José Antonio Viera Gallo, cuya trayectoria limpia y brillante ha tratado de ser ensuciada por el desvarío de unos jovenzuelos extremistas y ensimismados. ¡Decir que José Antonio Viera Gallo mintió y engañó a las comunidades y que comprometió al margen de la ley y de la ética recursos públicos es una canallada que no tiene nombre! Todo Chile lo conoce y sabe de su prudencia, de su rectitud y del comportamiento ejemplar con que ha ejercido cada una de las magistraturas que le ha tocado servir en su vida. Se puede disentir, ser adversario político, pero la decencia en el trato al adversario no se puede perder. Acá, lamentablemente, se ha perdido.
Estimados colegas, no puedo dejar de mencionar dos hechos que, a mi juicio, demuestran la inconsistencia de esta Comisión Investigadora.
El primero dice relación con que la única persona que ha sido recriminada legalmente por hacer uso de los recursos del Programa Orígenes es el propio ex Director de Conadi de este Gobierno, señor Painepán, quien tuvo que devolver los recursos que se le asignaron por parte del Programa Orígenes.
Y finalmente, y esto es el ridículo extremo, la tontería hecha gestión parlamentaria: después de destruir el Programa Orígenes y de decir una y mil barbaridades sobre su procedencia, impactos y calidad, los diputados de la UDI y de Renovación Nacional concluyen pidiendo que continúe el Programa Orígenes. Después de denostarlo absolutamente piden que haya un nuevo Programa para las 1.800 comunidades que aún, a lo largo del país, no han podido ser beneficiarias de las distintas líneas de promoción que contenía Orígenes en el ámbito social, productivo y cultural.
Señor Presidente , por todo lo dicho, no puedo votar a favor de este informe inconsistente y ridículo. Hago solemnemente un llamado a la cordura y a la seriedad de mis colegas. No podemos seguir desprestigiando a esta casa, a esta Cámara de Diputados que día a día se hace acreedora del repudio público, cuando en ella priman los intereses de la pequeña política por sobre los grandes intereses nacionales.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor José Manuel Edwards.
El señor EDWARDS.- Señor Presidente , mi visión es bastante distinta a la del diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
No puedo comenzar mis palabras sin expresar mi pesar por toda la información de la cual tomé conocimiento durante el transcurso de esta investigación, además de mi indignación de ver cómo se han implementado y manejado los dineros que, supuestamente, estaban destinados a los pueblos originarios. Aprovecho la oportunidad de expresar mi solidaridad con ellos, más aún cuando se hace notar la poca importancia que se le ha dado a sus demandas durante los años 2006-2010, que es el período de nuestra investigación.
Básicamente, voy a fundamentar mi intervención en tres materias. Primero, las irregularidades más importantes; segundo, la irresponsabilidad con la cual actuó el ex ministro señor Viera-Gallo; fundamentar por qué la Comisión considera que sus desproporcionadas promesas de tierras incentivaron la violencia durante 2010 y siguen trayendo consecuencias y, por último, algunas recomendaciones de políticas públicas, después de conocida toda esta investigación e irregularidades.
Déjenme comenzar por decir que la totalidad de los concursos de tierras ejecutados durante el período 2006-2010 están siendo investigados por el Ministerio Público. Por ejemplo, el onceavo concurso por la creación de casos especiales. ¿Qué son los casos especiales? Básicamente, saltarse la ley para entregar a dedo los beneficios del Estado. Estamos hablando de subsidios por veinte millones de pesos cada uno. En el décimo concurso pasó algo parecido: fueron menos, sólo diez, y se saltaron a 126 personas que estaban antes. Y en el noveno -los antecedentes los entregamos al Ministerio Público- nos encontramos con que había dos listas de beneficiarios, se quitó una y se cambiaron a 55 personas.
Por lo tanto, creemos que ahí hay una posible adulteración de la lista de beneficiarios, sin mencionar que en el noveno concurso se entregaron subsidios a diez personas que vivían en Europa, seguramente con mucha necesidad económica, me imagino.
Durante el período de investigación, no quedó ningún concurso de tierras que no esté siendo investigado por la justicia por potenciales irregularidades.
Pero, debo decir, además, que estas irregularidades no fueron cometidas por las personas que recibieron los beneficios. Y a todos quienes les quitaron el subsidio, después de haber sido entregados, deben indemnizarlos y pedirles disculpas, porque han sido tratados como delincuentes. Esos montos deben devolverse de una vez por todas, y el Estado -repito- debe indemnizarlos.
(Aplausos)
En el Programa Orígenes, a su vez, a mediados del año pasado, existían alrededor de 4 mil millones de pesos sin rendirse. No existe ningún cuerpo legal que le permita al Programa Orígenes rendir cuenta en plazos distintos a los que determina la Contraloría, a través de su dictamen Nº 759. ¿Qué pasó con esos recursos? Nos imaginamos que van a ser rendidos en el futuro. No lo sabemos.
En concreto, hay 4 mil millones de pesos que no sabemos dónde están y que debieron haber sido rendidos.
Esto va más allá de lo que opinan los encargados del Programa Orígenes. Según ellos, tienen un plazo de rendición de cuentas de dos años, porque, al parecer, creen que están por sobre la ley. Esto ha sido observado por la Contraloría y constituye una irregularidad.
Más encima, se debe decir que, a diario, y habiendo sido advertido por la Contraloría, en numerosas ocasiones, la Conadi -Programa Orígenes- ha vuelto a hacer transferencias a personas naturales y jurídicas que no habían rendido cuenta con anterioridad. Esa es una evidente irregularidad denunciada por la Contraloría durante años.
Déjeme decir, señor Presidente que, en los últimos estados financieros del Programa Orígenes, la Contraloría constató la existencia de montos duplicados. Esto significa que hubo facturas y boletas que se utilizaron dos veces por un monto de 800 millones de pesos. Bueno, ¿es una irregularidad o no? ¿En qué estamos?
Estas irregularidades son un problema para los funcionarios de la Conadi. Por la naturaleza de las irregularidades, se deduce que están vinculadas a la determinación de beneficiarios, a los sistemas contables, al uso de planillas Excel, a transferencias de recursos y al desfinanciamiento de ciertas partidas presupuestarias internas.
Por lo tanto, queda bastante claro que quienes deben asumir la responsabilidad de las irregularidades son quienes ejercen el liderazgo y no los funcionarios, que son personas decentes y de trabajo.
Déjeme recordar, además, que el Programa Orígenes, a diferencia de muchos otros, está cofinanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Por lo tanto, todo lo que pasa en el Programa Orígenes no sólo es un descrédito para el Estado frente a todos los chilenos, sino un descrédito para todos quienes participan en el BID de Latinoamérica.
Un capítulo aparte merece la actitud y trabajo del ex encargado de Asuntos Indígenas , señor José Antonio Viera-Gallo. Aquí, me voy a detener. Voy a explicar por qué la Comisión, y quien habla, consideran que su comportamiento hizo aumentar decididamente la violencia en La Araucanía.
Quiero ser súper claro y enfático en lo que voy a decir.
Primero, porque firmó acuerdos con muchas comunidades, prometiendo miles de hectáreas de tierras. Pero las prometió de una manera distinta. No prometió cierta cantidad de hectáreas, sino fundos específicos.
¿Qué hizo el señor Viera-Gallo? Se juntó con ciertas comunidades. Les dijo: “A usted le voy a entregar ese predio”, “a usted, ese fundo”, sin saber, en muchos casos, y sin haber hablado con los dueños de los predios para saber si estaban en venta, o si, de alguna manera, se podían conseguir.
Este documento que exhibo, firmado el 24 de noviembre del 2009, a solo semanas de las elecciones, en su primer punto, dice: “nivel prioritario”. Se refiere a compras de predios por el número de hectáreas que se indican durante el primer trimestre del 2010. Y entrega, por ejemplo, los fundos La Romana y Montenegro, a la comunidad Temucuicui; el fundo Huerere y el fundo El Mirador a la comunidad Huerere, y el fundo Chelle a la comunidad de Budi, sin saber si estos predios podían ser adquiridos, con qué tiempo y en qué precio. ¡Dígame, señor Presidente , si esto no es un engaño a las comunidades! El ex ministro se excedió en su poder, prometiendo cosas que él no sabía si podía cumplir.
Lo segundo que quiero decir es que cuando se observa este documento y ven la violencia de La Araucanía, se van a dar cuenta de que muchos de los fundos, y gran parte de la violencia que vivimos el año pasado, se originó exactamente en los fundos que prometió el señor José Antonio Viera-Gallo: el 12 de julio hay tomas en el fundo Huerere, con quemas, con violencia; el 5 de septiembre, en el fundo La Romana; el 30 de diciembre y el 5 de mayo en el fundo Montenegro; el 18 de septiembre en el predio El Porvenir. Todos ellos -repito-fueron prometidos por el señor José Antonio Viera-Gallo.
La relación entre la violencia y los tres acuerdos del señor Viera-Gallo es demasiado evidente. Eso debe quedar establecido.
Nadie dice que los acuerdos crean el conflicto, pero lo que no podemos negar es que el señor Viera-Gallo, justo antes de las elecciones presidenciales, apagó un incendio con bencina.
Déjeme decir que, como representante de La Araucanía, lamento sentidamente el trabajo del señor Viera-Gallo, ya que para apaciguar las aguas, justo antes de las elecciones, hizo cualquier cosa.
Firmó tres acuerdos, el primero el 24 de noviembre del 2009; el segundo, el 7 de enero -a una semana de la segunda vuelta-, y el tercero, el 14 de enero, a dos días de la segunda vuelta.
La Región de La Araucanía no ha recibido ni un solo peso de inversión extranjera desde 2006, y prácticamente nada desde 2000. Y ha sido por años la región más pobre.
En mi distrito, La Araucanía costera, tenemos un trece por ciento de analfabetismo. La violencia y la inestabilidad política han ahuyentado la inversión, la creación de empleos, el desarrollo del turismo y la industria. Es una responsabilidad que debemos tener en cuenta.
Aprovecho la oportunidad para anunciar que el informe propone una nueva institucionalidad.
Otra de las conclusiones se refiere a que la política indígena debe ser intersectorial, y debe existir política indígena en cada uno de los ministerios, porque mapuches y no mapuches, blancos o no, altos o bajos, sean estas personas como sean, tienen necesidades multidimensionales. Y no puede pretenderse atender las necesidades del pueblo mapuche, y de todos los pueblos originarios, con una sola Corporación, que básicamente se dedicó a comprar tierras.
El Programa Orígenes todavía no ha podido atender a más de 1.098 comunidades. Pido al Gobierno, formalmente, que no se termine el Programa Orígenes; que exista una fase III de Orígenes, o un programa que asista de manera similar a las 1.098 comunidades que no han sido atendidas.
Espero que la aprobación de estas conclusiones conlleve un aporte a la política indígena, y que se lleven a cabo los cambios que se necesitan.
He dicho.
El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente , ese tema es muy profundo, no debe tratarse con ligereza.
El problema mapuche tiene su origen, desde hace siglos, en el maltrato tremendo que ha sufrido no sólo de parte de los conquistadores, sino también de parte de representantes de la República de Chile, es decir, de innumerables ciudadanos chilenos.
Cuando era niña, vivía en Pitrufquén. Mi padre era notario. Y me acuerdo cómo llegaban personas mapuches, acompañadas de huincas, para cederles sus tierras. Los mapuches llamaban a un fundo “Poco a Poco”, porque habían corrido sus cercos y poco a poco se habían apoderado de sus tierras.
Posteriormente, trabajé en la Reforma Agraria, en los asentamientos mapuches, y su historia era de despojos, de abusos. Esto se fue constituyendo. Hay pendiente una tremenda reparación a los pueblos originarios, especialmente al pueblo mapuche.
El gobierno de la Concertación, después de la nula acción de la dictadura militar, empezó a reinvindicarlos con el presidente Aylwin. ¿Y qué pasa con los representantes de los dueños de la tierra que no quieren -hasta ahora- reconocer constitucionalmente la calidad de pueblos originarios? Esto se trató múltiples veces en este Hemiciclo, y una y otra vez dijeron no, con la postura de los conquistadores, de los despojadores del pueblo mapuche. Insisten en no reconocer constitucionalmente la existencia de pueblos originarios que tienen todos sus derechos, y no reivindicar y pedir disculpas por los abusos y despojos que se han cometido con dicho pueblo.
Logramos, recién en 2008, aprobar el Convenio N° 169 de la OIT, porque todas las veces que lo trajimos a votación a esta Cámara, los votos de la derecha no estaban. Entonces, cuando un joven diputado quiere llevar a juicio una materia tan fundamental como ésta, de la manera tan ligera como lo hace, acusando a un ex ministro de violentista, la verdad es que es irrisorio.
El diputado Tuma, en su intervención, ha denunciado la forma en que se llevó a cabo esta investigación, la cual, es cierto, desconoce, por un lado, lo que ha dicho el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el proveedor de fondo del Programa Orígenes, que ahora distingue y dice que es bueno que este Programa siga, pero, indudablemente, este informe no es un verdadero análisis de la política indígena, sino, simplemente, un informe para atacar, enjuiciar injustamente y de manera absolutamente frívola, acciones de gobierno realmente importantes.
Señor Presidente , fíjese que el gobierno de la presidenta Bachelet inspiró y promovió el documento Pacto Social por la Multiculturalidad, que contiene los éxitos que obtuvimos con la ratificación del Convenio N° 169 de la OIT y su implementación. En virtud de aquello, el Congreso Nacional despachó proyectos de ley destinados a reformar la institucionalidad indígena, creando una Agencia de Desarrollo Indígena que reemplaza a la Conadi y un Consejo de Pueblos Indígenas, órgano de carácter representativo y autónomo. Además, se propuso un proyecto de ley para crear el Ministerio de Asuntos Indígenas -¿cómo que no se ha hecho nada?-; reformas en los procedimientos de la compra de tierras. Se avanzó y, frente a los errores cometidos por la Conadi, se le retiró su atribución de asignar de tierras.
En fin, podríamos hablar de otras cosas.
Pero, lo indignante de este informe es que sólo se limita a hacer juicios políticos. ¡Qué cosa más increíble, porque lo que hizo el ministro fue proponer y recoger la aspiración de los pueblos indígenas! Ellos quieren los fundos que les quitaron; no otros. ¿Cómo un ministro va a incitar a la violencia por acoger una demanda justa de esos comuneros mapuches que aspiran a la tierra, pero no a la que están en recónditos parajes y que no sirve para nada, sino aquella de la que fueron despojados? Creo que sería un ridículo nacional que esta Cámara acogiera un informe en que se acuse a un ex ministro de la presidenta Bachelet, hoy ministro del Tribunal Constitucional , de violentista y de promover la violencia. No podemos llegar a esa frivolidad.
Aquí estamos frente a un informe de una Comisión que ha sido llevado por la pasión juvenil del diputado Edwards, quien desconoce las tradiciones profundas. Le ruego a los colegas de la Derecha que no lo aprueben, porque sería el hazmerreír absoluto y tirar nuestra institucionalidad a un devaneo blando, superfluo, que nos avergonzaría.
También hay cosas importantes que ha dicho el diputado Edwards. ¡Pongámonos en la onda propositiva de verdad! Me parece muy importante que se diga que la política indígena tiene que ser transversal, porque hay personas de pueblos originarios en todo el país; en Santiago, en mi distrito, hay muchos mapuches. Hagamos política transversal; así como tenemos el Servicio Nacional de la Mujer que pretende hacer política transversal hacia las mujeres de todos los ministerios. ¡Eso me parece importante!
Entonces, al colega Edwards y a los que lo acompañan en este informe mañoso, que ataca de manera injusta y no profunda los verdaderos problemas de la política indígena, que ha sido difícil para la Concertación -ésta también cometió errores-, los invito a sumarse a una acción propositiva, positiva, y no hacer ataques a mansalva y ridículos, a través de una Comisión mañosamente llevada a cabo, que nos van a desprestigiar como Congreso Nacional.
He dicho.
El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.- Gracias, señor Presidente.
Evitaré toda referencia al sesgo juvenil que pudiera tener el informe, por la edad del presidente de la Comisión , porque, francamente, no me parece adecuado. Es como si hiciéramos lo mismo con el sesgo femenino si fuera una mujer. Él es un diputado como todos nosotros y tiene virtudes y defectos. Lamentablemente, tendré que concentrarme en algunos defectos, pero que no dicen relación, seguramente, con la edad, sino más bien con su desconocimiento, a mi juicio modesto, de la realidad que debió abordar.
En primer lugar, no se reconoce el hecho mayor, cual es la existencia de una deuda histórica que tiene la sociedad con sus pueblos originarios, porque hoy todos somos conscientes de una situación de despojo que vivieron, durante varias generaciones, los pueblos originarios que contribuyeron a construir lo que en la actualidad es nuestro país y que, sin embargo, no han sido valorados ni reivindicados como se merecen.
Eso, a partir de 1990, se constituyó en una política, con algunas virtudes, toda vez que ha contribuido a satisfacer algunas demandas y a generar otras expectativas, pero también con muchos defectos.
El objetivo de la Comisión investigadora fue investigar y determinar la existencia de irregularidades. De una lectura acabada de su informe, llaman mucho la atención las expresiones de los dos actores que pudieron haber contribuido a establecer la existencia de irregularidades. Me explico. La nueva dirección del Programa Orígenes, nombrada por el gobierno del Presidente Piñera o por el propio Presidente Piñera, es la primera autoridad llamada a establecer si existen o no irregularidades; sin embargo, a la directora del Programa Orígenes -es lo que infiero de sus palabras- descarta la existencia de toda irregularidad.
El segundo actor que debió haber testificado por la existencia de irregularidades es el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo dijo el propio diputado señor Edwards. El Banco Interamericano de Desarrollo , después de realizar auditorías periódicas, señaló en la Comisión que el Programa ha funcionado bien.
Hace algunos meses escuché al diputado José Manuel Edwards y a otros colegas la expresión de la voluntad de término del Programa Orígenes. Hoy me felicito de escuchar la aseveración clara y categórica para que el Programa Orígenes continúe en el tiempo. Es un programa positivo, con características especiales, toda vez que se contempla la transferencia de recursos a miles de pequeñas iniciativas definidas y realizadas por las propias comunidades.
En seguida, el informe establece una correlación entre un supuesto incremento de la violencia política en 2010 y los compromisos que asumió el gobierno, en momentos de crisis, con el objetivo natural de pacificación y no de ganar elecciones, como aparece imputado de manera primaria. Nadie, mediantemente inteligente, puede decir que llegar a un acuerdo y asumir un compromiso con una comunidad el 14 de enero, a dos días de la elección, tiene que ver con la eventual conducta de los electores.
El gobierno precedente comprometió la solución después de entregar más de 600 mil hectáreas, desde 1990 hasta principios de 2010. Comparadas con el número de hectáreas entregadas por esta administración y por esta Conadi, hacen pensar que en el gobierno del Presidente Piñera apuesta a terminar con la política de entrega de tierras, en circunstancias de que es absolutamente indispensable continuar con ella.
Es necesario que este Congreso reafirme la necesidad de que el Estado y la sociedad chilena continúen pagando la deuda histórica que tienen con sus pueblos originarios. La principal se relaciona con la tierra.
Revela desconocimiento quien leyó el informe de la Comisión cuando critica que un ministro se comprometió con las comunidades a entregarles determinadas tierras y no otras. Pero resulta que las comunidades reclaman esas determinadas tierras y no otras, porque son esas tierras las que habitaron sus ancestros. Por lo tanto, lo que hizo el entonces ministro Viera-Gallo fue comprometer al Estado en el intento de resolver la deuda histórica con esas comunidades específicas. Cincuenta y uno de los ciento quince compromisos fueron cumplidos en 2009. Tanto es así que el presupuesto aprobado por el gobierno de la Presidenta Bachelet para 2010 contemplaba -escúchenme bien- 49 mil millones de pesos para continuar saldando la deuda histórica y adquirir esos predios comprometidos.
Pues bien, ¿qué hicieron el gobierno del Presidente Piñera y el director de la Conadi , felizmente ahora destituido? Paralizaron por completo el proceso de entrega de tierras. Por eso, este informe no es más que una nube de humo para ocultar el problema mayor, cual es la ausencia más absoluta de una política indígena por parte de este gobierno, que -repito- paralizó el proceso de entrega de tierras.
Además, enfocan el problema de manera muy distinta. Mi colega y amigo José Manuel Edwards dice que hay mayor violencia política porque hay más expectativas. Permítanme ser un poco presuntuoso. Soy sociólogo y puedo afirmar que hay mayor violencia política cuando hay desesperanza y no cuando hay diálogo y expectativas. Cuando hay diálogo y exceptivas la gente tiende a definir instrumentos, medios y fines para conseguir objetivos. Cuando el muro está cerrado, cuando no hay entrega de tierras, cuando no hay horizonte de solución de los problemas, allí sí hay violencia política. Las estadísticas así lo evidencian. En 2010 hubo menos violencia política. Desde que se establecieron los compromisos, no hay más violencia política. Así lo indican las estadísticas de manera muy clara.
Violencia política habrá si este Gobierno continúa en el tiempo sin definir una política indígena.
He dicho.
El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos:
El señor MOREIRA ( Presidente accidental ).- En votación el informe de la Comisión Investigadora del Programa Orígenes; el cumplimiento de sus objetivos; la eficacia en la utilización de sus recursos; un catastro de las comunidades beneficiarias y determinar la efectividad de las denuncias efectuadas relativas a irregularidades en la adquisición de terrenos, sobreprecios en sus pagos y, en general, toda posible ilicitud o irregularidad en la ejecución de sus fines.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MOREIRA (Presidente accidental).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Von Mühlenbrock Zamora Gastón.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara Osvaldo; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Castro González Juan Luis; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Walker Prieto Matías.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Gutiérrez Gálvez Hugo; Jiménez Fuentes Tucapel; Lorenzini Basso Pablo; Teillier Del Valle Guillermo.
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