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El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.-
Señor Presidente , señor ministro del Medio Ambiente subrogante , distinguidos visitantes que nos acompañan en las tribunas.
Nos encontramos debatiendo el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea los tribunales ambientales.
Indudablemente, estamos frente a una iniciativa de mucha importancia para el desarrollo sustentable del país. Discutimos una iniciativa que llevará tranquilidad -espero que no sea en la medida de lo posible-, en cuanto el Ejecutivo adopte las medidas correspondientes luego de la publicación de la ley y de la instalación de los tribunales.
Los tribunales ambientales recogerán el descontento existente en la ciudadanía por la falta de regulación y de castigo respecto de empresas y personas que usan y abusan de una normativa hasta hoy insuficiente, destruyendo el medio ambiente, perjudicando la salud de las personas y atropellando los derechos de los pueblos originarios, los cuales se sienten prácticamente impotentes ante el tremendo atropello de compañías mineras y empresas dedicadas a la piscicultura, que van y vienen por los ríos y los lagos de la zona que represento, instalándose a diestro y siniestro, sin estudios de impacto ambiental, sino sólo con declaraciones ambientales y con permisividad de las coremas. Eso redunda en que, a diario, el medio ambiente resulte perjudicado no sólo por los megaproyectos de dichas compañías, sino también por otras actividades productivas.
A diario, los lugareños de Pucón, Curarrehue, Villarrica , Loncoche , Gorbea , Cunco y Toltén son testigos de estas prácticas, que van desde la extracción de áridos -en forma irresponsable y sin ningún tipo de permiso medioambiental- en las riberas de nuestros ríos hasta la instalación de centrales hidroeléctricas de paso o más grandes. A ellos no se les pide su opinión.
Entonces, la instalación de estos tribunales debiera corregir y hacer presente la justicia ambiental.
Los procedimientos respectivos serán públicos y, como ya se mencionó, los tribunales serán competentes para conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de los decretos supremos que establezcan las normas primarias o secundarias de calidad ambiental y las normas de emisión. Será posible demandar por daño ambiental. Se establece un plazo de quince días para responder una reclamación que interponga cualquier persona natural o jurídica.
Quiero detenerme en esto. A pesar de que se establece la posibilidad de hacer la reclamación correspondiente en la respectiva corte de apelaciones, coincido con lo planteado por algunos colegas que me precedieron en el uso de la palabra, en relación con que los tres tribunales ambientales que se crean -según lo establece el artículo 5° del proyecto-, serán absolutamente insuficientes. Además, a mi juicio es un criterio discriminatorio. Si en todas las regiones existen tribunales de familia, laborales, de justicia, no podemos solucionar el problema medioambiental instalando solamente tres tribunales en todo el país, el primero, con asiento en la comuna de Antofagasta y con competencia territorial en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo; el segundo, con asiento en la comuna de Santiago y con competencia territorial en las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador Bernardo O ´Higgins y del Maule, y el tercero, con asiento en la comuna de Valdivia y con competencia territorial en las regiones del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Eso me parece discriminatorio e insuficiente, ya que Chile está compuesto por un mayor número de regiones, y el trabajo que estos tribunales tendrán que desarrollar será lo suficientemente amplio para exigir que se instalen en cada una de las cabeceras regionales. Al respecto, hay que tomar en cuenta que el problema medioambiental no está reducido a un sector en particular, ya que en cada una de las comunas y regiones hay problemas de esta naturaleza. Así, por ejemplo, en Temuco, en Padre Las Casas y en Villarrica, el daño medioambiental es gigantesco, debido al material particulado MP10 y MP 2,5, razón por la cual las enfermedades respiratorias son frecuentes y se agudizan en esta época del año; el cáncer está afectando en demasía a la gente que vive en esas comunas; lo mismo sucede respecto de los trastornos psicológicos. Es decir, hay un tremendo deterioro de la salud y un enorme gasto en dinero que debe afrontar la red asistencial de salud.
Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que se invoque el tema económico para reducir a tres el número de tribunales ambientales, ya que el daño ecológico que producen algunas empresas o individuos a lo largo del país y que está afectando la salud de las personas y el medio ambiente, amerita sobradamente el esfuerzo de instalar tribunales ambientales en cada una de las regiones.
Hago este llamado a las autoridades de Gobierno, porque, a fin de cuentas, tarde o temprano lo tendremos que hacer. Si vamos a hacer algo tan importante, debemos hacerlo bien desde el comienzo.
De acuerdo con la competencia de estos tribunales, cualquier ciudadano podrá reclamar cuando sienta que el medio ambiente está siendo dañado por empresas o individuos inescrupulosos. Sin embargo, al haber sólo tres tribunales en todo el país, se requerirá un esfuerzo que, a lo mejor, una persona de escasos recursos del pueblo mapuche no podrá realizar. Al respecto, cabe recordar que hoy ni siquiera se respeta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que Chile suscribió. A cada rato, comunidades de los pueblos originarios son invadidas por empresas que se instalan con proyectos productivos sin consultar a nadie. Si alguno de ellos quisiera desplazarse para hacer las denuncias, el costo económico sería tremendo.
Por eso, es importante no quedarse en las tres macro zonas en que se ha dividido Chile para la instalación de los tribunales ambientales, sino que las autoridades consideren la posibilidad de instalar un tribunal ambiental en cada región. De esta manera, se protegerá mejor el medio ambiente y será más respetada la opinión de la ciudadanía, que hoy está en las calles pidiendo justicia por muchas cosas. Debemos adelantarnos a los hechos -antes de que salga la ciudadanía a reclamar por falta de atención- y poner remedio anticipadamente a ciertas situaciones que se pueden producir.
He dicho.
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