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- rdf:value = " El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente , está terminando la tramitación de un proyecto extremadamente importante para el desarrollo sustentable del país y para todos los que están por la causa de que la justicia ambiental se exprese, se manifieste.
Recordemos que con esto estamos terminando la nueva arquitectura institucional en materia medioambiental, que estaba casi plenamente operativa, pero nos faltaba este componente. Hoy tenemos un Ministerio de Medio Ambiente con competencias claras, específicas -está presente su ministro subrogante, a quien aprovecho de saludar-, y una Superintendencia de Medio Ambiente encargada de fiscalizar y velar por que las resoluciones de calificación ambiental, los planes de descontaminación, etcétera, se estén cumpliendo como corresponde. Se creó, asimismo, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que también está operando. Nos faltaban los tribunales ambientales -hasta hoy, la Superintendencia de Medio Ambiente estaba sin posibilidad de avanzar y concretar todo lo que debía hacer-, la última pata de esta mesa conformada por los cuatro pilares antes señalados.
Por tanto, lo que hoy vamos a aprobar es de gran trascendencia para completar la institucionalidad ambiental, para crear mejores condiciones para el desarrollo sustentable y para hacer del tema ambiental algo fundamental en cuanto al crecimiento del país.
Quiero resaltar el hecho de que en la Cámara de Diputados se perfeccionó el texto que venía del Senado. Lo que hoy se somete a consideración de la Sala es mejor que lo que salió del Senado. En ese sentido, fue fundamental el trabajo de las tres comisiones que estudiaron el proyecto. Hay que resaltarlo, porque muchas veces se piensa que la Cámara de Diputados sólo debe limitarse a sancionar lo que se estructuró en el Senado, como si éste tuviera la verdad revelada. Acá hay un ejemplo concreto de cómo la Cámara de Diputados, haciendo un trabajo serio y responsable, perfecciona un proyecto importante.
De más está decir que la función de estos tribunales es resolver las controversias y ocuparse de las demás materias ambientales que la ley somete a su conocimiento.
Quiero hacer notar tres cosas fundamentales para que los ciudadanos entiendan la relevancia de la existencia de estos tribunales.
Primero, serán competentes para conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de los decretos supremos -del gobierno que sea- que establezcan las normas primarias o secundarias de calidad ambiental, y las normas de emisión; los que declaren zonas del territorio como latentes o saturadas, y los que establezcan planes de prevención o de descontaminación, todos instrumentos fundamentales para la sustentabilidad del desarrollo.
Además, serán competentes para conocer de las demandas para obtener la reparación del medio ambiente dañado -tema que, crecientemente, va a ir usándose en Chile-, y de las reclamaciones en contra de las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, la gran mayoría de las cuales tendrá que ver, probablemente, con la resolución de calificación ambiental. Ahí se va a concentrar la preocupación y la demanda ciudadana, sobre proyectos que se aprueban bajo ciertas condiciones, que después alguna empresa no cumple. En esa materia, la Superintendencia ejercerá su rol, que, obviamente, después puede ser objeto de reclamación ante los tribunales.
Asimismo, estos tribunales serán competentes para conocer de la reclamación que se interponga en contra de la resolución del Comité de Ministros.
Como se puede apreciar, es una institución clave, con la cual se termina la arquitectura medioambiental, bastante mejorada respecto de lo que existía.
Termino refiriéndome a la importancia de asegurar el mejor acceso a la justicia ambiental. Al respecto, comparto lo que expresaron los diputados Robles y Jaramillo , en el sentido de que el ideal sería que pudiésemos contar con tribunales ambientales en todos los territorios que los requieran. Probablemente, se hará una evaluación; la actividad irá definiendo sobre las necesidades. Si cada día hay más causas, más demandas, seguramente el Estado de Chile y las instancias pertinentes deberán crear nuevos tribunales ambientales. Pero hoy se establecen tres: uno en la zona norte, otro en la zona sur y otro en Santiago, con un procedimiento relativamente expedito.
Quiero resaltar lo obrado y lo aprobado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, respecto de que el tribunal de la zona sur amerita tener su asiento en Puerto Montt. En efecto, por razones técnicas y de acceso para las personas y para quienes litiguen, dicha ciudad es mejor plaza para la instalación de ese tribunal. Creo que esta Cámara debe ver cómo facilita la vida a las personas y no si determinada disposición le gusta más o menos a tal o cual parlamentario. Si uno analiza, por ejemplo, el número de proyectos que se presentan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -que será uno de los principales componentes; además, en la zona sur tenemos el desafío en materia de la leña, que, probablemente, será otro tema controvertido en el futuro-, comprueba que desde la Región de Los Lagos hasta el sur austral, superan en más de cuatro veces los que se presentan en Valdivia y sus alrededores. La conflictividad en materias fundamentales -como lo estamos viendo con HidroAysén-, refleja claramente que, desde el punto de vista técnico, es más pertinente fijar el asiento de dicho tribunal en Puerto Montt, porque allá se presentarán más causas debido al volumen de situaciones en materia de resoluciones de calificación ambiental y de otros instrumentos de gestión.
También es necesario tener en cuenta cómo llegará la gente. Para que todos los colegas sepan, Puerto Montt es plaza de referencia para todos los vuelos que vienen de Punta Arenas y de Coyhaique; Valdivia no lo es. Por lo tanto, la gente del extremo austral tendrá que llegar a Puerto Montt y desplazarse durante dos horas y media para llegar a Valdivia a defender sus causas. La gente de Concepción no tiene vuelos directos Valdivia , sino a Puerto Montt.
Por tanto, si queremos facilitar el acceso la justicia ambiental y que está funcione mejor, creo que he entregado argumentos de peso para que la Cámara evalúe en rigor dónde es más pertinente fijar el asiento de dicho tribunal. En Valdivia podría establecerse en un futuro cercano; pero, insisto, Puerto Montt presenta ventajas en materia de lugares y de volumen respecto de las posibles demandas que se presenten, las cuales serán mucho más numerosas que en Valdivia.
Con la aprobación de los tribunales ambientales, termina un proceso que no estaba aún plenamente acabado, de manera de contar con una institucionalidad ambiental más robusta, que, espero, sea capaz de enfrentar los desafíos de la sustentabilidad y del desarrollo, a fin de evitar situaciones que en el pasado no fueron bien resueltas en el país.
Finalmente, anuncio mi apoyo a este proyecto fundamental, con la indicación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, especializada en estas materias.
He dicho.
"
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