CREACIÓN DEL TRIBUNAL AMBIENTAL. Segundo trámite constitucional. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Corresponde considerar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Tribunal Ambiental, con urgencia calificada de “suma”. Diputados informantes de las Comisiones de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente; de Constitución, Legislación y Justicia, y de Hacienda, son los señores Pedro Pablo Álvarez Salamanca, Pedro Araya y Miodrag Marinovic, respectivamente. Antecedentes: -Proyecto del Senado, boletín N° 6747-12, sesión 84ª, en 6 de octubre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 5. -Primer informe de la Comisión de Recursos Naturales, sesión 119ª, en 21 de diciembre de 2010. Documentos de la Cuenta N° 3. -Primer Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 50ª, en 5 de julio de 2011. Documentos de la Cuenta N° 31. -Primer Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 59ª, en 20 de julio de 2011. Documentos de la Cuenta N° 8. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA (de pie).- Señor Presidente , ante todo, un saludo al subsecretario del Medio Ambiente y a sus asesores. En representación de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, paso a informar sobre el proyecto de ley, de origen en mensaje, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de “suma”, que crea el Tribunal Ambiental. Esta iniciativa tiene por objetivo crear los tribunales ambientales, que deberán actuar como órganos de control jurisdiccional de las decisiones de la Superintendencia, resolver las controversias contencioso-administrativas en materia ambiental y resolver las demandas por daño ambiental. La aprobación de la ley N° 20.417, que rediseñó la institucionalidad ambiental y la creación del Ministerio del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia del Medio Ambiente, no suscitaron grandes controversias, en el entendido de que su instauración permitiría resolver problemas de incentivos institucionales; pero, sobre todo, implicaría generar una robusta institucionalidad para solucionar problemas cada vez más complejos y en los cuales intervienen tan diversos actores. Durante la discusión de la iniciativa en el Senado, se hizo presente la necesidad de propender al establecimiento de tribunales especializados en materia ambiental. Fue así, entonces, que el Ejecutivo de ese entonces suscribió un Protocolo de Acuerdo con algunos senadores, asumiendo el compromiso de ingresar a tramitación el proyecto de ley que crea los tribunales ambientales, con la finalidad específica de actuar como órgano de control jurisdiccional de las decisiones de la Superintendencia y de resolver las controversias contencioso-administrativas en materia ambiental y las demandas por daño ambiental. Votación en general del proyecto. La Comisión, compartiendo sus objetivos, aprobó en general el proyecto de ley por la unanimidad de los diputados presentes, señora Andrea Molina , y señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Alfonso De Urresti , Joaquín Godoy , Roberto León , Celso Morales , Leopoldo Pérez , David Sandoval y Guillermo Teillier . Las principales modificaciones introducidas por la Comisión de Recursos Naturales son las siguientes: 1. Al artículo 2°, que se refiere a integración y nombramiento. Se estableció que los ministros serán nombrados por el Presidente de la República , con acuerdo del Congreso Nacional, a partir de una nómina propuesta por el Consejo de la Alta Dirección Pública. Tratándose de aquellos ministros que detentan la calidad de abogados, en la designación intervendrá la Corte Suprema, la que elaborará la quina correspondiente que le será propuesta por el Consejo de la Alta Dirección Pública. 2. Al artículo 3°, que se refiere a las inhabilidades. Se establece que el cargo de ministro titular es de dedicación exclusiva y que a los suplentes se les aplicarán las mismas incompatibilidades, prohibiciones, obligaciones e inhabilidades que rigen para los titulares. Entre las incompatibilidades para ser nombrado ministro titular o suplente, se incorporó la exigencia de que no hubiera desempeñado el cargo de ministro , subsecretario, superintendente, secretario regional ministerial, director del Servicio de Evaluación Ambiental o algún cargo directivo en alguna de estas instituciones, en los dos años anteriores a la convocatoria del concurso público. 3. Al artículo 7°, que se relaciona con la declaración de patrimonio e intereses. Se incorporó a los relatores y secretarios de los tribunales ambientales entre quienes están obligados a efectuar una declaración jurada de intereses y patrimonio. 4. Al artículo 8°, que se refiere a las remuneraciones de los ministros. Se suprimió el inciso final, que permitía descontar, en caso de ausencia injustificada, un monto equivalente al 50 por ciento de lo recibido por el suplente que hubiere reemplazado a un ministro titular. 5. Al artículo 10, sobre subrogación. Se amplió la norma, prohibiendo a los ministros titulares y suplentes de los tribunales ambientales, durante un año, desde la fecha de la cesación en el cargo, desempeñarse como administradores, gerentes, directores o trabajadores dependientes; asesorar o prestar servicios profesionales en gestiones ante cualquier tribunal del país. 6. Al artículo 17, señalando quiénes son los legitimados para intervenir como partes en los asuntos de competencia de los tribunales ambientales. Se modificó el número 2), agregándose que al tratarse de reparación de daño ambiental, siempre deberá ejercerlo el Consejo de Defensa del Estado como parte principal, cuando el infractor no presente voluntariamente un plan de reparación. 7. Se agregó un artículo nuevo, que impide la acción de reparación ambiental, sea de transacción o de cualquier otro tipo, que exima al autor de implementar medidas de reparación ambiental por el daño causado. 8. Al artículo 43, sobre indemnizaciones de perjuicio. Se declara competente al juzgado de letras civil del lugar donde se produjo el daño para conocer de la acción de indemnización de perjuicios establecida en la sentencia del Tribunal Ambiental, sin que pueda considerar pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto por éste. 9. Al artículo segundo transitorio. Se aprobó una modificación que establece que en el plazo de doce meses contado desde la publicación de la ley, se efectuará la instalación del Primer Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Antofagasta, y del Tercer Tribunal Ambiental, con asiento en la comuna de Valdivia. Normas de carácter orgánico constitucional. De acuerdo con lo establecido en los artículos 38, inciso segundo; 66, inciso segundo; 77, inciso primero, y 99, inciso final de la Constitución Política, los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 14, inciso segundo; 16, 42 y 45, y los artículos transitorios primero, segundo, tercero y cuarto, son materia de ley orgánica constitucional. No existen normas de quórum calificado. La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente realizó un buen trabajo en relación con este proyecto de ley. Ayudará a todos los que se sientan menoscabados, sean personas naturales o jurídicas, a recurrir a los tribunales ambientales que se crean. Por eso, siento que estamos ante un gran proyecto, por lo que espero que la Sala lo apruebe, en lo posible, por unanimidad. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Para rendir el informe de la Comisión de Hacienda, tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic. El señor MARINOVIC (de pie).- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Hacienda, me corresponde informar sobre el proyecto de ley que crea el Tribunal Ambiental. Durante el estudio del proyecto asistieron a la Comisión la señora María Ignacia Benítez , ministra presidenta de la Comisión del Medio Ambiente, y el señor Rodrigo Benítez , jefe de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente , acompañados del señor Arturo Matte , jefe de gabinete de la ministra . El propósito de la iniciativa es crear los tribunales ambientales, que ejercerán el control jurisdiccional de las decisiones de la Superintendencia del Medio Ambiente, y tendrán competencia para conocer las controversias contencioso-administrativas en materia ambiental y las demandas por los daños ambientales producidos en las distintas regiones del país. El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, de fecha 11 de mayo de 2010, señala que el mayor costo fiscal anual estimado por la aplicación de la iniciativa será de $ 2.313.961 miles. También indica que el gasto que represente la aplicación de la ley durante el primer año de vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público. Durante el debate habido en la Comisión, el señor Rodrigo Benítez explicó que las facultades fiscalizadoras y sancionatorias de la Superintendencia del Medio Ambiente se encuentran supeditadas al inicio del funcionamiento del Tribunal Ambiental, ya que sin él no hay fiscalización ni sanciones. De ahí la importancia de despachar este proyecto a la brevedad. Asimismo, hizo presente que el proyecto original establecía la creación de un solo tribunal ambiental; pero, mediante una indicación sustitutiva del Ejecutivo , se generaron tres macrozonas, con tres tribunales ambientales en las zonas norte, centro y sur, que atenderán a todas las regiones del país en esta materia. Los ministros titulares y suplentes de estos tribunales serán nombrados por el Presidente de la República, con acuerdo de los dos tercios de los senadores en ejercicio, a partir de una nómina de cinco personas propuestas por la Corte Suprema. El primer tribunal, con asiento en Antofagasta, cubrirá toda la zona norte. El segundo tribunal, con asiento en Santiago, cubre la zona centro de nuestro país, y el tercer tribunal, que cubre la zona sur, quedó radicado en Valdivia; pero, luego del debate sostenido, se estimó conveniente establecerlo en Puerto Montt o en Valdivia. El diputado Robles , dentro de las indicaciones que presentó, solicitó que se estableciera un tribunal ambiental en cada región del país, petición que no prosperó en la Comisión. Se debatió respecto de los emplazamientos y en especial sobre las capitales, sobre todo para dilucidar entre Valdivia y Puerto Montt; finalmente se optó por la ciudad de Valdivia, debido a que fue aprobado de esa manera en la Comisión de Hacienda, a propuesta de una indicación del Ejecutivo. La ministra señora Benítez hizo presente que la judicatura ambiental debe entenderse en el contexto de la nueva institucionalidad ambiental, dentro de la cual la Superintendencia de Medio Ambiente opera como un filtro respecto de ciertas materias cuyas reclamaciones se efectúan, primero, ante ese organismo, y, luego, pueden ser impugnadas ante el Tribunal Ambiental respectivo. Cabe destacar que la Superintendencia de Medio Ambiente es el organismo fiscalizador y sancionador por excelencia, sobre todo en materia de proyectos, cuyas sanciones son mucho más severas que las consagradas en la actual legislación. En la discusión particular, la Comisión de Hacienda se pronunció respecto de los artículos 1°, 5°, 8°, 13, 15, 16, 31; inciso tercero del artículo 42, artículo séptimo transitorio y las indicaciones formuladas en este trámite. En el caso del artículo 2°, el diputado Robles presentó una indicación relacionada con el sistema de nombramiento de los ministros de los tribunales ambientales, para incorporar en el inciso segundo, a continuación de las palabras “concurso público”, la frase “conforme al Sistema de Alta Dirección Pública ”. Puesta en votación la indicación, fue rechazada por un voto a favor, 8 en contra y dos abstenciones. El Ejecutivo presentó una indicación a la letra c) del artículo 5°, para sustituir la expresión “Puerto Montt” por “Valdivia”, basada en fundamentos de carácter técnico, indicación que finalmente fue aprobada por la Comisión. El diputado Robles presentó una indicación al mismo artículo, para trasladar el primer tribunal ambiental de Antofagasta a Copiapó, y el segundo tribunal desde Santiago a Valparaíso. Aun cuando se compartieron los fundamentos de la indicación presentada por el diputado Robles , luego de un debate en el seno de la Comisión, ésta la declaró inadmisible. En virtud de lo anterior, el diputado Robles presentó una nueva indicación al artículo 5° del proyecto, para suprimirlo. Fundamentó su indicación en que, a su juicio, el proyecto debe establecer la creación de un tribunal ambiental por región. Sometida a votación la indicación, fue rechazada por un voto a favor y 9 votos en contra. A continuación, se votó el artículo 5° propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, salvo su letra c), siendo aprobado por 9 votos a favor y un voto en contra. El Ejecutivo formuló indicación para eliminar, en el inciso tercero del artículo 42, la frase “la que deberá especificarse en la Ley de Presupuestos de cada año.”. Respecto de esta indicación, que también se incorporó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia vía indicación parlamentaria, el Ejecutivo propuso su eliminación, ya que se argumentó que en opinión de la Dirección de Presupuestos, la indicación implicaba gastos y, por tanto, se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República . Dicha indicación fue aprobada por 6 votos a favor y 5 en contra. Sometidos a votación los artículos que no fueron objeto de indicaciones, es decir, los artículos 1°, 8°, 13, 15, 16, 31, y séptimo transitorio, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes. Tratado y acordado en sesiones de 12 y 13 de julio de 2011, con la asistencia de los diputados señores Joaquín Godoy , Presidente ; Pepe Auth , Enrique Jaramillo , Javier Macaya , Miodrag Marinovic, Cristián Monckeberg , Carlos Montes , José Miguel Ortiz , Carlos Recondo , Alberto Robles , Ernesto Silva y Gastón Von Mühlenbrock . Concurrieron, además, los diputados señores Alfonso De Urresti y Patricio Vallespín , y las diputadas señoras Cristina Girardi y María José Hoffmann . Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Pedro Araya, informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El señor ARAYA (de pie).- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, vengo en informar el proyecto de ley que crea los Tribunales Ambientales, originado en mensaje, en segundo trámite constitucional. Cabe señalar que esta iniciativa ya ha sido informada por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, en su calidad de técnica, debiendo informarla ahora la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en razón del acuerdo adoptado en sesión N° 119, de 21 de diciembre de 2010. La idea matriz del proyecto es crear los tribunales ambientales, a los que les corresponderá el control jurisdiccional de las decisiones de la Superintendencia del Medio Ambiente y tendrán competencia para conocer de las controversias contencioso-administrativas en materia ambiental y de las demandas por daños de similar naturaleza. La Comisión formuló las siguientes indicaciones al proyecto aprobado por la Comisión de Recursos Naturales: 1. Respecto del artículo 2°, mantuvo la tesis de la composición mixta del tribunal, es decir, dos abogados destacados en la actividad profesional o académica, especializados en Derecho Administrativo, y un licenciado en ciencias con especialización en materias medioambientales, pero discrepó de la propuesta de la Comisión técnica en lo que se refiere al nombramiento de esos funcionarios. En efecto, se mostró partidaria de la propuesta original del Senado, que señalaba que cada ministro fuera nombrado por el Presidente de la República , con acuerdo del Senado, de una lista de cinco personas que en cada caso propondrá la Corte Suprema, la que deberá realizar un concurso público para seleccionar a los candidatos a los cargos de ministro . El Senado deberá adoptar el acuerdo correspondiente en votación única y por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Si se rechazare la propuesta del Jefe de Estado , éste deberá proponer otro de los nombres que figuren en la lista; si persistiere el rechazo, deberá llamarse a nuevo concurso. En cuanto a los ministros suplentes, elevó de cinco a siete años la experiencia profesional que deben tener y dispuso que tanto ministros titulares como suplentes sólo pueden ser reelegidos una vez. 2. En lo que se refiere a las incompatibilidades con el desempeño de otros cargos, contenidas en el artículo 3°, contabilizó el plazo de dos años antes de asumir, exigidos para postular, a partir del nombramiento y no de la convocatoria a concurso, para precisar la fecha efectiva de la incompatibilidad. En lo tocante a la excepción a la incompatibilidad de la realización de labores académicas, se mantuvo el límite máximo de 12 horas semanales, pero se dispuso, siguiendo las reglas del Estatuto Administrativo, la obligación del ministro de recuperar las horas empleadas en esas actividades, con la correspondiente prolongación de su jornada de trabajo. 3. Respecto de la sede o asiento de los tribunales de que trata el artículo 5°, sustituyó la correspondiente al Tercer Tribunal Ambiental, que correspondía a Valdivia, por Puerto Montt, por tener esta última ciudad una mejor conexión con el resto del país, lo que facilitará el acceso a la justicia, elemento que debe considerarse especialmente en atención a que sólo habrá tres de estos tribunales en Chile. Por lo demás, los Colegios de Abogados de la zona sur manifestaron su inquietud en lo que se refiere a la defensa de sus representados, por las dificultades de acceso a la ciudad de Valdivia. 4. Respecto de la obligación que impone el artículo 7° a los ministros titulares y suplentes, relatores y secretarios de cada tribunal, de efectuar una declaración de patrimonio e intereses, se precisó que el secretario deberá realizar la declaración ante el Contralor General o Regional, según corresponda, y la falta de declaración de éste y de los relatores será sancionada con las multas que señala el artículo 65 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. 5. En lo que se refiere a las inhabilidades de que trata el artículo 9°, la Comisión efectuó dos cambios en la propuesta de la Comisión de Recursos Naturales, dando, por la primera, lugar a la inhabilidad del magistrado cuando tiene interés en la causa que le corresponda conocer, las personas ligadas a él por vínculos de parentesco que tengan participación en la empresa o sociedad de que se trate, igual o superior al 5 por ciento, y no del 10 por ciento, como se establece, por considerar que el primer porcentaje señalado es el que se exige en el proyecto de ley sobre probidad pública, para los efectos de la constitución del fideicomiso o mandato de administración, a fin de armonizar debidamente las normas legales. Por la segunda, separó la parte de este artículo que se refiere a las reglas de la subrogación, expresándola en un nuevo artículo, que pasó a ser 10, por tratarse de una materia diferente. 6. El artículo 10, que pasaría a ser 11, se refiere a las prohibiciones que afectan a los ministros una vez cesados en el cargo. La Comisión estableció al respecto un plazo de duración para estas prohibiciones de dos años contados a partir de la cesación en las funciones, tanto para titulares como suplentes; hizo aplicable por la Corte Suprema, a requerimiento de cualquier persona, una multa por la contravención, equivalente al 50 por ciento del último año de remuneraciones y, consecuente con la garantía constitucional del debido proceso, estableció un procedimiento para ventilar el referido requerimiento ante dicho tribunal. 7. El artículo 11, que pasaría a ser 12, se refiere a las causales de cesación en el cargo de los miembros del Tribunal Ambiental. Al efecto, la Comisión discrepó de la causal de destitución por notable abandono de deberes, por cuanto dicha causal solamente puede hacerse efectiva por la vía de la declaración de culpabilidad efectuada por el Senado, acogiendo una acusación constitucional. Por ello, propuso reemplazarla por la remoción acordada por la Corte Suprema conforme al N° 3 del artículo 332 del Código Orgánico de Tribunales, atribuyendo al ministro especialista en ciencias la calidad de letrado a fin de que pueda serle aplicable la disposición, ya que ésta se efectúa por medio de un juicio de amovilidad que incoa la Corte de Apelaciones y que solamente se aplica a jueces letrados. En esta misma disposición, se establece que en caso de producirse la cesación en el cargo de ministro , faltando menos de ciento ochenta días para el término del período, el reemplazo corresponderá al ministro suplente de la misma área profesional del reemplazado, por el tiempo que restare del período. 8. En el caso del artículo 12, que pasaría a ser 13, que se refiere a la planta de personal, se estableció que el Tribunal podrá contratar expertos a honorarios para servicios específicos referidos a alguna causa que esté conociendo, con el objeto de evitar el efecto nocivo que suele darse en las reparticiones públicas, en que las contrataciones a honorarios suelen eternizarse, con grave perjuicio para el trabajador. 9. Tratándose del artículo 14, que pasaría a ser 15, que se refiere al régimen laboral del personal y lo somete a las normas de probidad que establece la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, se acordó incluir, entre las normas a que debe sujetarse, las de transparencia previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública. 10. En el artículo 16, que pasaría a ser 17, y que trata de las materias que son de competencia de los tribunales ambientales, se acordó sustituir el inciso segundo, que define lo que debe entenderse por acto administrativo de carácter ambiental, por cuanto la norma propuesta, al exigir la emisión del acto por un organismo de la Administración del Estado con competencia ambiental, dejaba fuera de la posibilidad de reclamar en contra de tales actos emitidos por las municipalidades, ya que éstas no tienen tal competencia, sin perjuicio, además, de la posible dualidad de competencias que podría darse en estos casos, por cuanto algunos conflictos ambientales serían conocidos por los tribunales ambientales y otros por la justicia ordinaria. De ahí, entonces, que se optara por definirlos como “toda decisión formal emitida por un organismo de la Administración del Estado que tenga consecuencias ambientales y que corresponda a un instrumento de gestión ambiental o se encuentre directamente asociado con uno de éstos.”. 11. En lo que se refiere al artículo 18, que pasaría a ser 19, y que se refiere al “amicus curiae” o “amigo de la Corte”, se suprimió la exigencia de patrocinio de abogado, porque tal exigencia, al encarecer esta acción, desincentivaría la aplicación de esta institución. Asimismo, dado que la aplicación de esta institución buscaba atraer la participación de instituciones y personas de reconocida capacidad técnica, se acordó disponer que se dé a conocer la resolución que admite a trámite una reclamación en el sitio electrónico del tribunal. 12. En el artículo 23, que pasaría a ser 24, y que trata de las medidas cautelares, la Comisión consideró necesario incluir una definición del concepto de medidas cautelares conservativas e innovativas, dado que en el caso de estas últimas no existe una definición legal. Por otra parte, acordó suprimir el tope de cien unidades tributarias mensuales para la caución que pueda exigirse al requirente, toda vez que la aplicación de una de estas medidas podría significar, por ejemplo, la paralización de una obra de gran envergadura y, en consecuencia, parecía más lógico dejar el monto al criterio del tribunal. En lo que se refiere al inciso final, la Comisión acordó suprimirlo, toda vez que resultaba innecesario dada la existencia del artículo 45, que pasaría a ser 47, que declara la supletoriedad de las disposiciones de los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil. 13. En el caso del artículo 25, que pasaría a ser 26, y que trata de los recursos, la Comisión suprimió la apelación de la sentencia definitiva para ante la Corte Suprema, teniendo en consideración que ésta es fundamentalmente un tribunal de casación, destinado a uniformar el derecho y no a conocer de hechos, señalando que contra tal sentencia procedería la casación de fondo para ante ese alto tribunal. También se dijo que no parecía lógico conceder apelación en contra de las sentencias definitivas, toda vez que esa sentencia era el resultado de un procedimiento contencioso- administrativo, en el que habría habido, en primer lugar, una resolución de un órgano administrativo y, luego, una del Tribunal Ambiental, por lo que no se justificaba una tercera instancia, más aún dada la especialización de la Corte Suprema. Asimismo, especificó las cuestiones que son de competencia de los tribunales ambientales, en que la sentencia definitiva que en ellas recae es susceptible del recurso de casación de fondo, es decir, aquellas en que hay contienda entre partes, como también declaró procedente la casación de forma por determinadas causales ante la misma Corte. 14. La Comisión acordó agregar un nuevo artículo, que pasó a ser 27, para tratar de las contiendas de competencia entre los tribunales ambientales entre sí o con otros tribunales, encomendando su resolución a la Corte Suprema. 15. En el artículo 27, que pasó a ser 29, y se refiere a las solicitudes de informes y medidas para mejor resolver, aplicable al procedimiento sobre las reclamaciones, especificó las causales en virtud de las cuales no procede la suspensión de la vista de la causa, conforme lo dispone el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil. 16. En el caso del artículo 29, que pasaría a ser 31, y que se refiere a la publicación de la sentencia en el procedimiento sobre reclamaciones, se precisó que la publicación de la parte resolutiva de la sentencia definitiva se haría a costas del tribunal y dentro de quinto día de ejecutoriada, dada la conveniencia de precisar el momento en que comenzarían a producirse los efectos generales que declaran la nulidad del acto administrativo. 17. En el artículo 31, que pasaría a ser 33, y que trata del inicio del procedimiento por daño ambiental, se suprimió el inciso cuarto que trata de las contiendas de competencia, por ser una materia ajena al contenido de este artículo, trasladándolo como nuevo artículo 27. Asimismo, se especificó que el aumento establecido en la tabla de emplazamiento para notificar, se aplicaría siempre que procediera. 18. En el artículo 32, que pasaría a ser 34, que trata de las excepciones dilatorias, solamente se produjo un ordenamiento en su redacción. 19. En el artículo 33, que pasaría a ser 35, y que trata de la prueba, la Comisión, por razones de mayor precisión y claridad, acordó incluir en el inciso primero la definición del concepto de la sana crítica, basada en el artículo 456 del Código Procesal Penal. 20. En el artículo 37, que pasaría a ser 39, y que trata de la prueba documental, la Comisión acordó precisar que dicha prueba podrá presentarse hasta cinco días antes de la audiencia, ya que ello preservaba debidamente el principio de la bilateralidad de tal audiencia. 21. En el artículo 40, que pasaría a ser 42, y que se refiere al informe pericial, el que, de acuerdo al inciso primero, debe evacuarse en el término de quince días de decretado, la Comisión propuso que en el caso de que no se evacuara dentro de dicho lapso, como consecuencia de ello, se prescindiría de él. Asimismo, en el inciso tercero, dado que se establece que la parte de los honorarios del perito que no pueda ser pagada por la parte será de cargo el Tribunal, para lo que deberá contar con disponibilidad presupuestaria, la Comisión propuso que para tales efectos dicha disponibilidad debería especificarse en la Ley de Presupuestos de cada año. 22. En el caso del artículo 41, que pasaría a ser 43, y que trata de las medidas para mejor resolver, la Comisión estimó que por razones de armonía entre las distintas disposiciones del proyecto, correspondía suprimir la oración final del inciso segundo, toda vez que teniendo el tribunal un plazo de treinta días para fallar, si decidiera decretar esta medida en el primer día de ese plazo, resultaría que como dicha medida debería ejecutarse dentro de quince días, y si así no se hiciera, fallarse sin más trámite, querría decir que el plazo original de treinta días se reduciría de manera sustancial. Por ello, entonces, se acordó suprimir dicha oración final. 23. En el artículo 46, que pasaría a ser 48, y que trata de las contiendas de competencia, se propuso agregar en el subtítulo las expresiones “entre órganos administrativos”, por razones de precisión y para distinguirlo del artículo 27. 24. Por último, las modificaciones a los artículos primero, segundo y tercero transitorios son puramente formales, puesto que se limitan a suprimir la mención del lugar de asiento del tribunal, por ser innecesario. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente , en términos generales, estamos ante un gran proyecto que crea una institucionalidad que necesitamos con urgencia en nuestro país. Los conflictos ambientales son cada vez mayores y la ciudadanía se siente cada vez más indefensa ante los grupos económicos, staff de abogados y permanentes lobbys que se llevan a cabo entre autoridades públicas y de Gobierno. Ello, contribuye a que distintos tipos de proyectos, independiente de la mirada que tenga la ciudadanía en relación con sus derechos ambientales, sean subyugados por decisiones tanto del aparato administrativo como -repito- del lobby que impera en Chile y que aún no está regulado. Lo hemos visto innumerables veces. Por ejemplo, en mi región, estamos en espera de un proyecto que ha tenido a la comunidad de Atacama preocupada desde hace bastante tiempo. Me refiero al proyecto de la Termoeléctrica Castilla que, desde el punto de vista administrativo, ha sufrido problemas serios, obligando a realizar cambios en la denominación del tipo de contaminación que produce, y que el Ejecutivo ha permitido que se realice sin mayor implicancia en términos de cautelar los derechos ciudadanos. Por eso, me parece relevante contar con una instancia que sirva para dirimir aquellas dificultades que se susciten entre los ciudadanos, empresas o la propia administración de turno. Como se trata de un gran proyecto, concurriremos con nuestro voto a favor. Sin embargo, hay un tema que me preocupa y que quiero dejar estipulado. Me refiero al artículo 5° del proyecto, que sólo crea tres tribunales ambientales. Lo dije en la Comisión de Hacienda: me preocupa que el Ejecutivo insista en discriminar al resto de las regiones del país. Entiendo que patrocine una ley para crear tribunales ambientales, como asimismo que deba ser secuencial y de acuerdo a los requerimientos y necesidades en términos de recursos, como se hizo en la reforma laboral, en la que efectivamente se fue avanzando en forma paulatina en distintas regiones, de acuerdo a una decisión del Gobierno de turno, lo cual me parece razonable. Pero lo que me parece inaceptable es que sólo se mantengan tres tribunales ambientales en todo el país. Ello, nos obligaría a tener que tramitar otro proyecto, con todo lo que eso significa. Además de ser inaceptable, ello atenta contra la Constitución Política de la República, artículo 19, número 2°, que señala claramente que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Y aquí éstas no sólo existen, sino que son absolutas. Fue un tema que discutimos ampliamente en la Comisión de Hacienda. Como dije, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia cambió el asiento del tribunal de Valdivia a Puerto Montt. En cambio, en la Comisión de Hacienda se dijo lo contrario, esto es que debía quedar emplazado en Valdivia y no en Puerto Montt. ¿Qué razón hay para que alguien determine en cuál ciudad deberá tener asiento un tribunal? ¿Cuál es la razón de que los puertomontinos no tengan el tribunal donde la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia lo sugirió? ¿A juicio de qué se tendrá un tribunal ambiental en Antofagasta? Así las cosas, la gente de Copiapó o de Vallenar tendrá que recorrer más de seiscientos kilómetros para defender sus derechos ¡Eso es una arbitrariedad que me parece inaceptable! El artículo 19, número 3°, de la Constitución Política establece la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Y como el territorio es un tema absolutamente importante en esta materia, me parece inaceptable que un proyecto no cree tribunales en todas las regiones del país. Repito, entiendo que ello debe llevarse a cabo en forma secuencial, de acuerdo con los recursos de que se dispongan y tomando en consideración la cantidad de causas que deban ventilar. Lo que no puedo entender ni aceptar es que, por ejemplo, los habitantes de Punta Arenas, ciudad que representa el diputado Marinovic , tengan que recorrer más de mil kilómetros para llegar a Valdivia y defender sus derechos. ¿Cómo es posible que no sea aceptable que, en términos racionales, todas las regiones deban contar con tribunales ambientales? El tema ambiental es extraordinariamente sensible para las comunidades a nivel local. No puede ser que las personas deban presentar sus causas en lugares tan distantes de sus lugares de residencia. Hace muy poco, la comunidad de la Región de Atacama presentó recursos de protección en contra de la Termoeléctrica Castilla. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Copiapó, encargada de resolver estos recursos, se declaró incompetente, porque recientemente ya había resuelto su posición al respecto. ¿A dónde fueron derivados esos recursos de protección? A Antofagasta. ¿Es posible que la comunidad de la Región de Atacama deba defender en pleno sus derechos en dicha ciudad? ¡No! Finalmente, llegaron los abogados mandatados, pero no obstante el interés que existía para ir a escuchar los alegatos a la Corte, la comunidad de Atacama no pudo hacerlo, pues fue imposible movilizarla seiscientos kilómetros. Existe una cantidad enorme de proyectos mineros en mi región. Y como sabemos que el tema de la minería constituye uno de las actividades más contaminantes, vamos a tener dificultades en algunas comunidades desde el punto de vista ambiental. Por ello, resulta lógico que los tribunales estén a disposición de todos los chilenos y no ubicados a distancias imposibles de recorrer. Por consiguiente, pido que se vote separadamente el artículo 5°, para que el Ejecutivo medite esta situación y cree las condiciones necesarias para que todas las regiones cuenten con este tipo de tribunales. Me parece válido que en un artículo transitorio agregue, primero, a las tres regiones que estima pertinente, pero no puede dejar al resto del país sin tribunales. No me parece lógico que, desde el punto de vista del territorio y del ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, debamos tramitar otro proyecto para crear más tribunales ambientales. Por lo tanto, pido reserva de constitucionalidad respecto de este punto, a fin de que el Tribunal Constitucional sea extraordinariamente acucioso en esta materia. El tema ambiental es un problema presente y futuro, y no podemos legislar pensando sólo en el centralismo santiaguino o en las decisiones que tome el Gobierno de acuerdo a algunas miradas, como lo que ocurre, por ejemplo, entre Valdivia y Puerto Montt, Antofagasta y Copiapó o Valparaíso y Santiago. No entiendo por qué ocurre esta arbitrariedad para la designación de estos tribunales. En los pocos minutos que me restan, quiero plantear un segundo tema que dice relación con los jueces que, en este caso, en su gran mayoría, son principalmente técnicos relacionados con el área ambiental. Es evidente que para ser juez en esta material se requiere de capacidades mayores que en otro tipo de litigaciones. Se entrega la capacidad de juzgar y de actuar como juez no sólo a abogados especialistas en el área, sino también a técnicos ambientalistas propiamente tales. Por eso, concuerdo con la decisión adoptada por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, en el sentido de que debe incorporarse a la Corte Suprema en la denominación de los jueces. Sin embargo, la selección debe ajustarse a un proceso moderno que permita buscar a los mejores, que es precisamente la labor que cumple la Alta Dirección Pública. Ahora bien, puede tener problemas o imperfecciones desde el punto de vista de su funcionamiento, pero es evidente que se trata de un paso adelante en cuanto a buscar a los mejores a fin de ejercer la actividad pública. En ese sentido, concuerdo con la posición de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, que planteó una fórmula de designación distinta de la propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Por último, independientemente de mi mirada, en términos de que se deja a las regiones a descampado en cuanto a la creación de tribunales, se trata de un tema estrictamente económico que no toma en cuenta la sociedad que queremos construir. Hay un problema económico detrás de constituir sólo tres tribunales, y no quince, como debería ser. Consignado ese punto, concuerdo con el resto del proyecto en forma plena y, por lo tanto, vamos a avanzar para aprobarlo en la Cámara. Espero que el Ejecutivo pueda entender que Chile no se hace desde Santiago; tampoco desde Antofagasta, sino desde todas las regiones que representamos y por las cuales fuimos elegidos diputados. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , estoy de acuerdo con algunas ideas planteadas por el diputado señor Alberto Robles , quien me interpreta fielmente en algunos aspectos. Al final, quizás pueda disentir, pero creo que todos estamos hablando el mismo idioma. Los diversos sectores que componen la opinión pública critican la institucionalidad existente. Cuando hablamos de institucionalidad queremos que el Ejecutivo , que ha sido invitado a participar en esta discusión, preste la atención pertinente al legislador durante la discusión del proyecto que les pertenece, quien tiene que decirles algunas cosas que seguramente serán negativas. ¡No acepto la falta de respeto del Ejecutivo de no escuchar la discusión! ¡No acepto, señores del Ejecutivo , con mucho respeto, que no se nos escuche! Por mi parte, acostumbro a respetar a todos, aunque tengan ideas diferentes. ¡El diputado Robles acaba de hacer una mención que debió haber sido considerada y que no han tomado en cuenta! Paso a comentar el proyecto. Indudablemente, quienes participaron en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente y en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tienen una mejor opinión sobre el punto. No podemos, como dijo el diputado Alberto Robles , mejorar con otro proyecto el que discutimos. Es un quehacer que no corresponde. Deberíamos tomar en cuenta, y muy en serio, lo que estamos tratando. Tenemos oportunidades para formular indicaciones y mejorar el trabajo de las tres comisiones. Los comentarios señalan que se está haciendo bien el rediseño de la institucionalidad ambiental contenida en la ley Nº 20.417, que creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Lo anterior, se condice con la opinión que encontramos en distintos distritos que critican que tal institucionalidad se diseñó a medias. Por eso, puede llegar a decirse que hemos mejorado la legislación pertinente. La opinión pública señala que la problemática se resuelve en parte. Concuerdo con ello. Por lo tanto, debemos mejorar el presente proyecto, estudiado por tres comisiones. El Ejecutivo ha estado pendiente, pero no lo hemos podido mencionar. Incluso, debo decir que se discutió el tema del asiento del tribunal ambiental en Valdivia, que se quiso cambiar de lugar. En efecto, alguien dijo -por supuesto, respeto su opinión-: “Cambiémoslo a Puerto Montt”. Sin embargo, el Ejecutivo no tuvo voz para decir: “La opinión del Ejecutivo es ésta; por lo tanto, es inadmisible dicho cambio.”. Quiero que el Ejecutivo se pronuncie en relación a cuál es su posición en esta materia. ¿La consignada en el proyecto original o la emitida con posterioridad en la Comisión de Hacienda? La nueva institucionalidad, que contempla los tribunales ambientales, deberá actuar como órgano de control jurisdiccional en las decisiones de la Superintendencia, va a resolver controversias contencioso-administrativas en materia ambiental y demandas por daños. Eso me place. Son variados los daños que se crean hoy por la demanda de mejor calidad de vida, en particular en materia energética, lo que parece un contrasentido. No es mi objetivo realizar un análisis exhaustivo de los contenidos del proyecto, que serán revisados por los colegas que posteriormente harán uso de la palabra y que participaron en las comisiones relacionadas con la iniciativa. Sin embargo, quiero detenerme en el punto vinculado con el número de tribunales que se crean, y que son solamente tres para todo el país. Reitero mi apoyo a la opinión de mi colega Alberto Robles : es necesario emplazar uno en Antofagasta, pues se lo merece. Es la ciudad, quizás, más importante del norte. Será bienvenido. Lo aceptamos de forma unánime. Cubrirá de Arica a Coquimbo. Otro, con asiento en la Región Metropolitana, con jurisdicción desde Valparaíso al Maule , y un tercero en Valdivia, con jurisdicción desde Biobío al sur. Es una tremenda extensión. Estoy de acuerdo en que se necesitan más, aunque no debería quejarme, porque mi distrito está ubicado en una zona cercana a Valdivia. Se trata sólo de tres tribunales. Podría darse el caso de que para la Superintendencia no sea lo mejor. Sólo existen algunas oficinas en regiones. Por supuesto, ello no ayuda a ejercer una buena fiscalización en los lugares más aislados o alejados de esa oficina. Y, lo que es peor, provocan la indefensión de los más pobres, los cuales, por falta de recursos, sólo pueden recurrir ante esta Superintendencia que, para peor, tiene competencias distinta a las del Sernac. Espero que la escasez de tribunales ambientales se deba a que estamos en una primera etapa, de rodaje, en un plan piloto, pero que en un futuro no muy lejano, una vez que la institucionalidad se encuentre en pleno funcionamiento, se creen otros tribunales que permitan un mejor acceso a la justicia. Estamos en crecimiento, vamos hacia el desarrollo, y el medio ambiente es uno de los pilares del desarrollo. Por lo tanto, tenemos que actuar en consecuencia. Es imperioso contar con más tribunales. Quisiera escuchar ese comentario de los representantes del Ejecutivo para irme tranquilo, en el sentido que esto no es un cambio de ley a ley, sino una modificación profunda a la institucionalidad del medio ambiente. He dicho. El señor MONTES.- Pido la palabra para un asunto de Reglamento. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente , existe un debate reglamentario en relación con el proyecto, por lo cual, deseo conocer el punto de vista de la Mesa. En efecto, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia decidió que tenía facultades para cambiar la ubicación de uno de los tribunales. El Ejecutivo presentó una indicación para modificar ese criterio, en el sentido de insistir en que el Tercer Tribunal Ambiental tendrá asiento en la comuna de Valdivia. Al respecto, es muy importante clarificar si el Congreso Nacional y sus comisiones tienen facultades para decidir sobre el lugar donde se establecerá el tribunal, porque sería un precedente de gran significación. Pido que la Mesa se pronuncie, porque va a ayudar al debate. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Al respecto, puedo decir que existen dos tesis: en un sentido, que el traslado no afectaría, porque no se incurriría en mayor gasto; pero el Ejecutivo ha señalado que ese traslado no corresponde. Por lo tanto, la Mesa pondrá en votación en forma separada esa disposición, para que la Cámara decida cuál de las dos tesis se aprobará. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, pido la palabra. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra su señoría. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , desde el punto de vista administrativo, es una facultad del Ejecutivo. No podemos, lisa y llanamente, olvidar esa facultad del Ejecutivo para cambiar el asiento del Tercer Tribunal Ambiental. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , están planteadas las dos tesis. Por consiguiente, la Sala deberá resolver. Tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín. El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , está terminando la tramitación de un proyecto extremadamente importante para el desarrollo sustentable del país y para todos los que están por la causa de que la justicia ambiental se exprese, se manifieste. Recordemos que con esto estamos terminando la nueva arquitectura institucional en materia medioambiental, que estaba casi plenamente operativa, pero nos faltaba este componente. Hoy tenemos un Ministerio de Medio Ambiente con competencias claras, específicas -está presente su ministro subrogante, a quien aprovecho de saludar-, y una Superintendencia de Medio Ambiente encargada de fiscalizar y velar por que las resoluciones de calificación ambiental, los planes de descontaminación, etcétera, se estén cumpliendo como corresponde. Se creó, asimismo, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que también está operando. Nos faltaban los tribunales ambientales -hasta hoy, la Superintendencia de Medio Ambiente estaba sin posibilidad de avanzar y concretar todo lo que debía hacer-, la última pata de esta mesa conformada por los cuatro pilares antes señalados. Por tanto, lo que hoy vamos a aprobar es de gran trascendencia para completar la institucionalidad ambiental, para crear mejores condiciones para el desarrollo sustentable y para hacer del tema ambiental algo fundamental en cuanto al crecimiento del país. Quiero resaltar el hecho de que en la Cámara de Diputados se perfeccionó el texto que venía del Senado. Lo que hoy se somete a consideración de la Sala es mejor que lo que salió del Senado. En ese sentido, fue fundamental el trabajo de las tres comisiones que estudiaron el proyecto. Hay que resaltarlo, porque muchas veces se piensa que la Cámara de Diputados sólo debe limitarse a sancionar lo que se estructuró en el Senado, como si éste tuviera la verdad revelada. Acá hay un ejemplo concreto de cómo la Cámara de Diputados, haciendo un trabajo serio y responsable, perfecciona un proyecto importante. De más está decir que la función de estos tribunales es resolver las controversias y ocuparse de las demás materias ambientales que la ley somete a su conocimiento. Quiero hacer notar tres cosas fundamentales para que los ciudadanos entiendan la relevancia de la existencia de estos tribunales. Primero, serán competentes para conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de los decretos supremos -del gobierno que sea- que establezcan las normas primarias o secundarias de calidad ambiental, y las normas de emisión; los que declaren zonas del territorio como latentes o saturadas, y los que establezcan planes de prevención o de descontaminación, todos instrumentos fundamentales para la sustentabilidad del desarrollo. Además, serán competentes para conocer de las demandas para obtener la reparación del medio ambiente dañado -tema que, crecientemente, va a ir usándose en Chile-, y de las reclamaciones en contra de las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, la gran mayoría de las cuales tendrá que ver, probablemente, con la resolución de calificación ambiental. Ahí se va a concentrar la preocupación y la demanda ciudadana, sobre proyectos que se aprueban bajo ciertas condiciones, que después alguna empresa no cumple. En esa materia, la Superintendencia ejercerá su rol, que, obviamente, después puede ser objeto de reclamación ante los tribunales. Asimismo, estos tribunales serán competentes para conocer de la reclamación que se interponga en contra de la resolución del Comité de Ministros. Como se puede apreciar, es una institución clave, con la cual se termina la arquitectura medioambiental, bastante mejorada respecto de lo que existía. Termino refiriéndome a la importancia de asegurar el mejor acceso a la justicia ambiental. Al respecto, comparto lo que expresaron los diputados Robles y Jaramillo , en el sentido de que el ideal sería que pudiésemos contar con tribunales ambientales en todos los territorios que los requieran. Probablemente, se hará una evaluación; la actividad irá definiendo sobre las necesidades. Si cada día hay más causas, más demandas, seguramente el Estado de Chile y las instancias pertinentes deberán crear nuevos tribunales ambientales. Pero hoy se establecen tres: uno en la zona norte, otro en la zona sur y otro en Santiago, con un procedimiento relativamente expedito. Quiero resaltar lo obrado y lo aprobado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, respecto de que el tribunal de la zona sur amerita tener su asiento en Puerto Montt. En efecto, por razones técnicas y de acceso para las personas y para quienes litiguen, dicha ciudad es mejor plaza para la instalación de ese tribunal. Creo que esta Cámara debe ver cómo facilita la vida a las personas y no si determinada disposición le gusta más o menos a tal o cual parlamentario. Si uno analiza, por ejemplo, el número de proyectos que se presentan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -que será uno de los principales componentes; además, en la zona sur tenemos el desafío en materia de la leña, que, probablemente, será otro tema controvertido en el futuro-, comprueba que desde la Región de Los Lagos hasta el sur austral, superan en más de cuatro veces los que se presentan en Valdivia y sus alrededores. La conflictividad en materias fundamentales -como lo estamos viendo con HidroAysén-, refleja claramente que, desde el punto de vista técnico, es más pertinente fijar el asiento de dicho tribunal en Puerto Montt, porque allá se presentarán más causas debido al volumen de situaciones en materia de resoluciones de calificación ambiental y de otros instrumentos de gestión. También es necesario tener en cuenta cómo llegará la gente. Para que todos los colegas sepan, Puerto Montt es plaza de referencia para todos los vuelos que vienen de Punta Arenas y de Coyhaique; Valdivia no lo es. Por lo tanto, la gente del extremo austral tendrá que llegar a Puerto Montt y desplazarse durante dos horas y media para llegar a Valdivia a defender sus causas. La gente de Concepción no tiene vuelos directos Valdivia , sino a Puerto Montt. Por tanto, si queremos facilitar el acceso la justicia ambiental y que está funcione mejor, creo que he entregado argumentos de peso para que la Cámara evalúe en rigor dónde es más pertinente fijar el asiento de dicho tribunal. En Valdivia podría establecerse en un futuro cercano; pero, insisto, Puerto Montt presenta ventajas en materia de lugares y de volumen respecto de las posibles demandas que se presenten, las cuales serán mucho más numerosas que en Valdivia. Con la aprobación de los tribunales ambientales, termina un proceso que no estaba aún plenamente acabado, de manera de contar con una institucionalidad ambiental más robusta, que, espero, sea capaz de enfrentar los desafíos de la sustentabilidad y del desarrollo, a fin de evitar situaciones que en el pasado no fueron bien resueltas en el país. Finalmente, anuncio mi apoyo a este proyecto fundamental, con la indicación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, especializada en estas materias. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Arturo Squella. El señor SQUELLA.- Señor Presidente , me sumo a quienes han expresado que esta es una gran iniciativa y, por su intermedio, felicito al Ejecutivo , a la señora ministra , al equipo jurídico del ministerio, encabezado por el subsecretario, señor Ricardo Irarrázabal ; al fiscal señor Rodrigo Benítez , presentes en la Sala; en fin, a todos los que trabajaron en este proyecto contundente, complejo, que generó bastante discusión, no en una, sino en tres Comisiones. En términos generales, reitero, es un gran proyecto, por lo cual no me cabe ninguna duda de que será aprobado. Como comentario general, en la discusión en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, uno de los puntos que, en un primer momento, generó algo de debate tenía que ver con la calidad de los futuros ministros. Asimismo, causó algo de discusión el mecanismo para su nombramiento. La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente estableció que cada ministro será nombrado por el Presidente de la República , con acuerdo del Congreso Nacional. Sin embargo, de acuerdo con nuestra historia constitucional, el llamado a pronunciarse al respecto es el Senado. En relación con la figura del Congreso Nacional, no quedaba claro si estaba referida sólo al Senado o a una atribución conjunta de la Cámara de Diputados y el Senado. Entrando derechamente al proyecto, uno de los temas de mayor complejidad, de acuerdo con lo que hemos escuchado de los diputados que han intervenido, dice relación con la ubicación de los tribunales. En la Comisión de Constitución se presentó una indicación para cambiar la ubicación de uno de los tres tribunales ambientales que se crean. El proyecto original establecía que los tribunales tendrían asiento en Antofagasta, Santiago y Valdivia . Esto, a todas luces, de acuerdo con los argumentos que se expresaron, generó algún ruido desde el punto de vista del acceso a la justicia. A nuestro juicio, de acuerdo con la garantía constitucional de acceso igualitario a la impartición de justicia, debe existir un tribunal en cada región. Sin embargo, tenemos que confrontar esto con los principios de eficiencia y eficacia en el gasto. El Gobierno argumentó muy bien que no tiene sentido, desde el punto de vista del volumen de trabajo que tendrán estos tribunales, instalar desde un primer momento uno en cada región. En consecuencia, la figura de las macrozonas me parece adecuada. Para defender la ubicación del tribunal de la macrozona del sur, que aparece como la más compleja, en un primer momento se nos entregó un argumento que dejaba mucho que desear. No creo que sea conveniente ni interesante profundizar al respecto. A todas luces, la lógica relacionada con la gran cantidad de abogados dedicados al derecho medioambiental que viven en la ciudad de Valdivia, no corresponde ser considerada. Como ese argumento no tuvo acogida, se pasó a un segundo, que tuvo algo más de sentido, el cual dice relación con el número de causas que se tramitan o que se originan en cada una de las ciudades. El cuadro comparativo que se nos presentó indicaba un mayor número de causas en Valdivia que en Puerto Montt. A mi juicio, el análisis de este argumento, desde una perspectiva más amplia, nos conduciría a la conclusión de que los tres tribunales debieran ubicarse en Santiago, si nos basáramos en el número de causas que se tramitarán en cada uno de estos tribunales. Por eso, me imagino que todos compartimos la figura de las macrozonas. Desde este punto de vista, se cayó el argumento del Ejecutivo. En tercer término, en la Comisión de Hacienda, según entiendo, se cuestionó la admisibilidad de la indicación que presentaron algunos diputados en la Comisión de Constitución, para cambiar la sede del tribunal de Valdivia a Puerto Montt. Creo que costaría encontrar a alguien más promotor de la importancia de defender la institución de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República , que quien habla. No me cabe duda de que, en buena parte, es responsable de la seriedad y estabilidad de nuestras instituciones. Pero es importante tener en vista que esta iniciativa exclusiva del Presidente de la República está consagrada en nuestra Constitución, pero desde un punto de vista excepcional, y entendemos que las excepciones tienen que ser interpretadas de manera restrictiva. En tal virtud, asumiendo fallos del Tribunal Constitucional referidos a esta materia en más de una oportunidad, no corresponde que tengamos esa visión amplia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República . Pues, de lo contrario, los parlamentarios no tendríamos iniciativa en prácticamente ningún proyecto de ley. Por poner un ejemplo del día a día de la Comisión de Constitución, sus integrantes no podríamos aumentar penas privativas de libertad, habida consideración de que, para el Estado, una persona privada de libertad significa incurrir en un gasto de 400 mil o 500 mil pesos mensuales. Este no es un argumento antojadizo de quien habla, toda vez que el Tribunal Constitucional ha establecido que, desde esta perspectiva, el Congreso Nacional tiene iniciativa en estos gastos menores. No dudo que la defensa que se está dando tiene asidero en relación con los legítimos intereses de los representantes de la zona de Valdivia y sectores aledaños. Por eso, si me lo permite, señor Presidente , me atrevo a decir a los vecinos de Valdivia que sus representantes han dado una férrea defensa respecto de la posibilidad, a mi juicio irracional, de instalar un tribunal, representante de toda una macrozona, en la ciudad de Valdivia, al punto de que casi nos han convencido de algo que es irracional y absurdo. En ese sentido, es importante que los vecinos estén tranquilos, porque tienen muy buenos representantes. Pero esos mismos representantes están llamados a ser sensatos en la defensa del bien común. En este sentido, es muy significativo que tengan a la vista el grado de conectividad aérea y terrestre existente en Puerto Montt. Asimismo, es más caro -me habría atrevido a asegurarlo incluso antes de tener a la vista un estudio de las alternativas de vuelo que existen en el sur del país- conectarse con Valdivia que con Puerto Montt, desde Concepción y, en general, desde la Octava Región del Biobío o desde el extremo sur del país. Ahora, esto tiene que ver no sólo con el costo de los pasajes aéreos, porque el tema principal es que no hay vuelos directos desde Concepción, Balmaceda o Punta Arenas a Valdivia, pero sí a Puerto Montt. No vale la pena profundizar al respecto, porque todos los representantes de distritos ubicados más al sur de Concepción saben que es más fácil llegar a Puerto Montt que a Valdivia. Por último, es conveniente compartir con la Sala que la gran mayoría de las indicaciones que se presentaron en la Comisión de Constitución se aprobaron unánimemente. Por lo general, en proyectos de esta envergadura, estructurales, orgánicos y que pasan por más de una Comisión, se genera gran cantidad de conflictos. En este sentido, es significativo que todo lo que se vio en la Comisión de Constitución, salvo excepciones, fue aprobado en forma unánime. He dicho. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy . El señor GODOY .- Señor Presidente , en primer lugar, debo señalar que hoy es un día muy importante. El medio ambiente es un tema muy atractivo para la ciudadanía y está en boca de muchas personas; pero no teníamos una institucionalidad medioambiental potente, que supervigilara de verdad la importancia de ese capital, que nos pertenece no sólo a nosotros, sino a las futuras generaciones y, por lo tanto, es fundamental que exista responsabilidad al respecto. Señor Presidente, el Gobierno, en conjunto con las comisiones en que se estudió la iniciativa -cito las palabras del diputado Vallespín-, han hecho una muy buena tarea. Además, la iniciativa cumple un rol muy necesario. Hemos visto que la ciudadanía clama diariamente por mayor participación. El proyecto permite que un ciudadano de a pie pueda enarbolar la bandera del menoscabo del medio ambiente y plantear en los tribunales esos temas, lo que otorgará a la ciudadanía un empoderamiento muy importante. Como dijo muy bien el diputado Vallespín , el que los tribunales del medio ambiente estén operativos, permitirá el funcionamiento de la Superintendencia en las condiciones que queremos, que es algo clave. Por eso es tan importante que aprobemos rápidamente el proyecto, porque son dos cosas que van unidas de la mano. Desde mi punto de vista, aquí ha habido un debate muy peculiar respecto de la ubicación de las distintas sedes de los tribunales. El proyecto enviado a tramitación durante el gobierno de la Presidenta Bachelet creaba un solo tribunal, en la ciudad de Santiago. Este Gobierno planteó la creación de tres tribunales: uno, ubicado en el centro del país; otro, en el norte, y el tercero, en el sur. Y no lo hizo por mero capricho, señor Presidente , sino que buscó los lugares de Chile en que hubiera más casos relacionados con materias propias de los tribunales medioambientales. Por eso, llegó a la conclusión de crear las tres sedes que hoy conocemos. Por eso, señor Presidente , me parecen increíbles y discrepo de los argumentos que entregó el colega Squella para que nosotros, como Cámara, definamos en qué lugar de Chile se ubicarán los tribunales ambientales, ya que es una materia que corresponde a la administración financiera del Estado y, al mismo tiempo, se otorgan funciones al Estado. Todo el mundo entiende que, desde el punto de vista económico, es muy distinto instalar un tribunal en Puerto Montt que en Valdivia. En cuanto al acceso, tenemos la experiencia del Tribunal de la Libre Competencia, que está ubicado sólo en la capital, pero que ha tenido un buen funcionamiento. En el tema que nos preocupa, se ha pensado crear esos tres tribunales en una primera etapa, con el objeto de que la ciudadanía tenga más acceso a ellos, sobre todo en los lugares donde se presentarán más causas. No obstante, se ha planteado que si surgen lugares donde será necesaria la creación de nuevos tribunales, el Congreso Nacional podrá aprobarlos. Al respecto, todos entendemos que habrá total disposición para que eso ocurra. Por lo tanto, señor Presidente , felicito especialmente al ministro del Medio Ambiente subrogante , quien se encuentra con nosotros, porque considero que ha hecho una gran tarea en conjunto con sus asesores. Además, siempre ha estado dialogando con todos los parlamentarios. Estamos ante un proyecto largamente debatido y consensuado. Ojalá que la oposición tenga siempre la disposición que le hemos visto frente al estudio del proyecto en debate, porque las iniciativas terminarán más perfeccionadas. Finalmente, señor Presidente, insto a nuestros colegas a que aprobemos con mucho entusiasmo el proyecto, ya que, una vez que se convierta en ley, establecerá una institucionalidad muy potente para que defendamos el medio ambiente para las futuras generaciones, lo que consideramos fundamental. He dicho. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic. El señor MARINOVIC.- Señor Presidente, valoro profundamente que hoy estemos discutiendo el proyecto de ley que crea los tribunales ambientales. Lamentablemente, hablar en nuestro país de medio ambiente, de cuidado y protección de nuestro entorno y de nuestra naturaleza, es un tema que muchas veces queda relegado a un segundo plano, ya que cuando hay que poner sobre la balanza un proyecto minero versus los costos de mitigación o de mejoras, las instituciones del país tienden a que la balanza se incline hacia el primero. Pasa exactamente lo mismo cuando se trata de proyectos en materia de hidrocarburos o de proyectos productivos en general, ya que siempre priman los intereses económicos y del ámbito productivo por sobre el cuidado de nuestro medio ambiente. Por eso, considero muy importante el proyecto que votaremos hoy, ya que crea una institucionalidad legal especial para que las personas tengan la posibilidad de recurrir en defensa de nuestro medio ambiente y del derecho de vivir en un entorno amigable y limpio. Por lo tanto, es una muy mala señal para los que quieren mantener la impunidad en materia medioambiental, para los que han generado daños, para los que pretenden vulnerar la institucionalidad y el cuidado del medio ambiente, pero es una muy buena señal para quienes queremos vivir en un ambiente libre de contaminación y sin daño ambiental. Quiero referirme a cuatro competencias especiales que producirá la creación de estos tribunales. En primer lugar, las personas tendrán derecho a reclamar respecto de las calificaciones ambientales que genere el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Todos vemos que se cuestiona, por ejemplo, el funcionamiento de las coremas y de otras instancias medioambientales. Existirá un tribunal ambiental constituido de manera totalmente independiente, ya que la Corte Suprema propondrá una quina para que el Presidente de la República nombre, con acuerdo del Senado, a cada ministro que integrará dicho tribunal, situación que nos da mucha más confianza respecto de lo que podría hacer algún organismo público distinto. Por lo tanto, la gente podrá reclamar. En segundo lugar, la gente podrá reclamar por la responsabilidad respecto de daños ambientales. Se podrá pesquisar a las personas que generen impactos negativos en nuestras regiones y en nuestro país, con el objeto de buscar su sanción a través de los tribunales ambientales. En tercer lugar, las acciones que realice la Superintendencia del Medio Ambiente también podrán ser reclamadas ante esos tribunales, lo que significa la entrega de un derecho especial a todos los ciudadanos. En cuarto lugar, un elemento que me parece fundamental para nuestra institucionalidad: cualquier persona interesada podrá reclamar en los tribunales ambientales respecto de los actos administrativos de las distintas reparticiones públicas, que puedan generar daños ambientales y que, en definitiva, incurran en decisiones equivocadas. Así, por ejemplo, a través de estos tribunales se podrá cuestionar un accionar del Sernageomín o de alguna otra entidad pública que genere un impacto ambiental. Por lo tanto, señor Presidente , estas nuevas competencias me parecen absolutamente necesarias y positivas. Sin embargo, quiero hablar del tema de la regionalización que han planteado aquí algunos colegas, como el diputado Godoy , respecto del cual discrepo. Todos los chilenos, desde Arica hasta la Antártica chilena, debemos tener el mismo derecho a reclamar la posibilidad de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y sin daño ambiental. Sin embargo, como se crean tres tribunales ambientales, los chilenos que viven en zonas aisladas del país, evidentemente no tendrán la misma posibilidad de ejercer esa igualdad de derecho. Es injusto que algunos compatriotas puedan recurrir directamente a un tribunal que está en su región y que otros tengan que moverse a otra región para poder hacerlo. El Ejecutivo tendrá que hacerse cargo de esta materia para mejorarla. Señor Presidente , por su intermedio quiero plantear a nuestros dos ministros, que están conversando respecto de esta materia, que se establezca un solo criterio en relación con los próximos tribunales ambientales que se creen en regiones. A diferencia de lo que dijo mi colega Godoy , quien señaló que la ubicación de dichos tribunales debe establecerse de acuerdo con la cantidad de juicios ambientales que existan en determinados lugares, estimo que el criterio que debe adoptar el Ejecutivo debe considerar la situación de aislamiento y de accesibilidad que tengan los chilenos de las distintas regiones para llegar al tribunal respectivo y tramitar su reclamo. Reitero, ése debiera ser el criterio imperante, más que el número de causas que pueda existir en una región. Ésa es la forma en que debemos dar igualdad de oportunidades a todos los chilenos. En Magallanes es fundamental avanzar en este tema, pues existe un potencial de conflictos ambientales. En los próximos días se conocerá el pronunciamiento del Comité de Ministros sobre el proyecto minero a tajo abierto de Minera Isla Riesco, que se llevará a cabo en el suelo para uso turístico y agropecuario más grande del país. Es posible que haya una explosión en materia de búsqueda de hidrocarburos, que se generen muchos más proyectos para buscar gas y petróleo en nuestra región. Además, tenemos la industria de la salmonicultura y muchas otras actuaciones que pueden generar conflictos ambientales de mucha gravedad en la zona. Voy a apoyar el proyecto, porque es un gran avance para quienes queremos que, a futuro, Chile sea un país limpio, que nuestros hijos, nietos y bisnietos tengan la posibilidad de vivir en un país mejor y que los responsables de desastres ambientales paguen por ellos. Espero que la Cámara transmita una señal clara al Ejecutivo , en el sentido de avanzar para dotar lo más rápido posible a otras regiones de sus propios tribunales ambientales. He dicho. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling. El señor SCHILLING.- Señor Presidente, el proyecto de ley que crea los tribunales ambientales es positivo y debe ser bienvenido para la sociedad y la institucionalidad chilena. De hecho, se inserta en el crecimiento de una sensibilidad en ciudadanos y ciudadanas, en materia de defensa del medio ambiente. Establece un mecanismo para reconocer de las controversias contencioso-administrativas en materia ambiental y de las demandas por daño de similar naturaleza. Por lo tanto, es una finalidad loable en sí misma y, como decía antes, bienvenida para la sociedad contemporánea de nuestro país. Fija, en extensos artículo, los integrantes de estos tribunales y su planta, y establece las normas laborales por las que se regirán los funcionarios, es decir, las del Código del Trabajo. Pero lo más importante es el establecimiento de innumerables inhabilidades e incompatibilidades en relación con los jueces, en la búsqueda de garantizar que efectivamente tengan una opinión autónoma, independiente y libre de presiones respecto de las materias que tendrán que resolver. Como han dicho algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, los tribunales estarán integrados por dos jueces letrados, a los cuales se sumará un tercer juez, que deberá ser licenciado en ciencias con especialización en materias medioambientales. Sin embargo, en ese aspecto, el proyecto no alcanza un nivel óptimo para satisfacer las aspiraciones de la ciudadanía respecto de garantizar la independencia y autonomía del tribunal de cualquier presión que no sea la que, legítimamente, emane del pueblo o de la ciudadanía. Así, una vez más, se propone el mecanismo -a estas alturas, tan perverso como el de designación de parlamentarios por la vía del reemplazo de quienes fallecen o renuncian- de nombramiento por el Presidente de la República -que, en Chile, se ha convertido en una especie de ser omnipotente y omnipresente-, con acuerdo del Senado. En la Comisión de Constitución, presenté una indicación para establecer la elección popular de estos jueces. Por supuesto, se arguyó en contra de la indicación, en el sentido de que no tenemos la costumbre; pero nunca vamos a tenerla si no empezamos alguna vez a acostumbrarnos. En ese sentido, lo bienvenida que podría haber sido la nueva institucionalidad en la sociedad chilena, pues se hace cargo de un problema cada vez más sentido, no lo será del todo, porque una vez más se instala una institucionalidad que está bajo sospecha; una vez más se elude la participación popular en la constitución de instituciones que tienen que ver directamente con cuestiones que interesan a las personas. Señor Presidente , por su intermedio invito una vez más al Ejecutivo -a veces, se muestra sensible, particularmente cuando se dan a conocer encuestas negativas respecto de su evaluación, y hoy se publicó una que sigue siendo negativa- a que se ponga más sensible y estudie en forma seria la posibilidad de instituir la elección popular de los jueces de los tribunales ambientales, de manera de garantizar efectivamente su independencia y autonomía a la hora de considerar y fallar sobre cuestiones respecto de las cuales intervienen poderosos intereses económicos, que siempre mancillan la decisión de autoridades públicas, como ha quedado archidemostrado con el caso de HidroAysén. Los chilenos no critican la generación hidroeléctrica; lo que critican es que un organismo no independiente y que recibe órdenes del Ejecutivo, que, se sospecha, tiene relaciones con intereses empresariales, decida en su favor. El Gobierno tiene la oportunidad de deshacerse de ese sambenito, es decir, de representar intereses empresariales, haciéndose cargo, por ejemplo, de instituir la elección popular de los jueces de los tribunales ambientales. Por último, el proyecto contiene aspectos positivos, como la posibilidad de que la ciudadanía, a través de personas naturales o jurídicas, se haga parte de las controversias, cuestión que se establece en los numerales 1), 2), 3), 4), 5), 6) y 7) del artículo 17, respecto de las competencias consagradas en el artículo 16. Quiero destacar de manera especial lo que se establece en el artículo 18, que pasaría a ser 19, que dice: “Artículo 19.- Amicus Curiae.- Dentro de los treinta días siguientes a la publicación de la resolución que admite a tramitación la reclamación o la demanda por daño ambiental, cualquier persona, natural o jurídica, que no sea parte en el proceso, que posea reconocida idoneidad técnica y profesional en la materia objeto del asunto sometido al conocimiento del Tribunal Ambiental y que invoque la protección de un interés público, podrá presentar opinión escrita con sus comentarios, observaciones y sugerencias.” Sin duda, es un proyecto positivo y lo voy a votar a favor. Pero el Ejecutivo , que dijo que vino a revolucionar Chile, podría ser un poco más audaz en la materia y atreverse, de vez en cuando, a consultar al pueblo alguna cosita. He dicho. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina. La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente , primero que todo, expreso mis felicitaciones por el proyecto. Asimismo, felicito a la ministra María Ignacia Benítez y al subsecretario Ricardo Irarrázabal , porque han hecho un excelente trabajo. Llevamos dos años tramitando esta iniciativa; no nos olvidemos de eso: dos años. Ha pasado por tres comisiones, en las cuales cada uno ha expuesto su opinión y sus ideas, y ha aportado a su perfeccionamiento. Pero lo fundamental aquí es lo que estamos viviendo, lo que está viviendo nuestra gente, lo que estamos viendo en las zonas saturadas, lo que están viviendo los habitantes de Puchuncaví, de Quintero, de todas las zonas donde las personas no saben a qué se han visto expuestas durante todos estos años. En ellas definitivamente se contamina, y los responsables pagan multas irrisorias, vergonzosas y más encima apela para que éstas se rebajen y se enteren en dos cuotas. Eso es impresentable. ¡Por favor, pongamos el foco donde debe estar! Lo importante aquí son los chilenos, nuestra gente. Es esencial la aprobación de este proyecto, que crea los tribunales ambientales, y debe hacerse hoy, no mañana. La gente no puede seguir esperando como lo ha hecho hasta ahora. No existen herramientas reales y concretas para multar como corresponde ni para cerrar empresas a los efectos de resguardar verdaderamente la salud de nuestra gente y proteger el medio ambiente. No puede seguir ocurriendo que este país crezca a costa de las personas y del medio ambiente. Por eso, resulta fundamental que todos los presentes en esta Sala votemos a favor esta iniciativa fantástica y maravillosa, que contiene las herramientas adecuadas para que la Superintendencia del Medio Ambiente funcione como debe hacerlo. Hoy, dicha entidad se encuentra atada de manos, no puede hacer absolutamente nada porque los instrumentos con que cuenta son básicos. Por ello, vemos cómo se sigue pasando por encima de la gente, del medio ambiente, de todo, incluso de las normas establecidas. Ni siquiera existen mecanismos que posibiliten hacer valer dichas normas, que se hicieron para cumplirse, pero no necesariamente para resguardar la salud de las personas. Por eso, es primordial que la iniciativa se apruebe. Este Gobierno cambió el proyecto sustancialmente -es importante decirlo, señor Presidente-, al aumentar de uno a tres los tribunales ambientales. También resulta relevante señalar que desde 1997 -cuando se comenzó a aplicar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental- hasta la fecha, en nuestro país se han presentado sólo 63 demandas por daño ambiental, es decir, un promedio de cinco por año. Por otra parte, según información del Servicio de Evaluación Ambiental, entre 2004 y 2010 se presentaron 109 causas por reclamaciones contencioso-administrativas, recursos de nulidad y reclamaciones judiciales. Una vez que comience a operar el primer tribunal, la Superintendencia del Medio Ambiente podrá empezar a fiscalizar y sancionar, con lo cual se asumirá gran parte de los conflictos al imponerse como una suerte de filtro a las acciones que puedan intentarse ante los tribunales ambientales. Sin perjuicio de ello -esto es muy importante-, en la Comisión de Recursos Naturales, que presido, se incorporó en el artículo 15, que pasaría a ser 16, relativo al presupuesto, la obligación para cada tribunal de efectuar una cuenta pública en enero de cada año respecto de su funcionamiento, la que contendrá información precisa acerca del número de causas, número de audiencias y de la carga de trabajo que signifique la atención de las mismas. Reitero que la referida cuenta será pública y se dará a conocer en el sitio electrónico del respectivo tribunal. Adicionalmente, dicha cuenta considerará una rendición de gastos del tribunal. Con ello, la Comisión estimó que será posible contar con información relevante a efectos de determinar la necesidad de crear nuevos tribunales ambientales en el país. El proyecto se ha estructurado de tal manera que la concurrencia a los tribunales sea mínima, y -esta información es muy significativa-, como lo dispone el artículo 19 del proyecto, en caso de que la persona que desee acudir a dicha instancia no resida en la comuna de asiento del tribunal, puede hacer su presentación ante la corte de apelaciones de su domicilio, la que remitirá los antecedentes al tribunal ambiental respectivo. Considero fundamental poner atención a esta información, dadas las diferencias que se han dado sobre el particular. Lo más importante es que se crea una herramienta que hará contrapunto a la Superintendencia para lograr un equilibrio en la materia y evitar que esta sea juez y parte, de manera de entregar soluciones concretas a lo que nuestro Chile y su gente esperan: la creación de herramientas que apunten a la defensa de su salud y a la protección del medio ambiente. Por lo tanto, invito a la Sala a votar a favor la iniciativa. He dicho. -Aplausos. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente , señor ministro del Medio Ambiente subrogante , distinguidos visitantes que nos acompañan en las tribunas. Nos encontramos debatiendo el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea los tribunales ambientales. Indudablemente, estamos frente a una iniciativa de mucha importancia para el desarrollo sustentable del país. Discutimos una iniciativa que llevará tranquilidad -espero que no sea en la medida de lo posible-, en cuanto el Ejecutivo adopte las medidas correspondientes luego de la publicación de la ley y de la instalación de los tribunales. Los tribunales ambientales recogerán el descontento existente en la ciudadanía por la falta de regulación y de castigo respecto de empresas y personas que usan y abusan de una normativa hasta hoy insuficiente, destruyendo el medio ambiente, perjudicando la salud de las personas y atropellando los derechos de los pueblos originarios, los cuales se sienten prácticamente impotentes ante el tremendo atropello de compañías mineras y empresas dedicadas a la piscicultura, que van y vienen por los ríos y los lagos de la zona que represento, instalándose a diestro y siniestro, sin estudios de impacto ambiental, sino sólo con declaraciones ambientales y con permisividad de las coremas. Eso redunda en que, a diario, el medio ambiente resulte perjudicado no sólo por los megaproyectos de dichas compañías, sino también por otras actividades productivas. A diario, los lugareños de Pucón, Curarrehue, Villarrica , Loncoche , Gorbea , Cunco y Toltén son testigos de estas prácticas, que van desde la extracción de áridos -en forma irresponsable y sin ningún tipo de permiso medioambiental- en las riberas de nuestros ríos hasta la instalación de centrales hidroeléctricas de paso o más grandes. A ellos no se les pide su opinión. Entonces, la instalación de estos tribunales debiera corregir y hacer presente la justicia ambiental. Los procedimientos respectivos serán públicos y, como ya se mencionó, los tribunales serán competentes para conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de los decretos supremos que establezcan las normas primarias o secundarias de calidad ambiental y las normas de emisión. Será posible demandar por daño ambiental. Se establece un plazo de quince días para responder una reclamación que interponga cualquier persona natural o jurídica. Quiero detenerme en esto. A pesar de que se establece la posibilidad de hacer la reclamación correspondiente en la respectiva corte de apelaciones, coincido con lo planteado por algunos colegas que me precedieron en el uso de la palabra, en relación con que los tres tribunales ambientales que se crean -según lo establece el artículo 5° del proyecto-, serán absolutamente insuficientes. Además, a mi juicio es un criterio discriminatorio. Si en todas las regiones existen tribunales de familia, laborales, de justicia, no podemos solucionar el problema medioambiental instalando solamente tres tribunales en todo el país, el primero, con asiento en la comuna de Antofagasta y con competencia territorial en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo; el segundo, con asiento en la comuna de Santiago y con competencia territorial en las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador Bernardo O ´Higgins y del Maule, y el tercero, con asiento en la comuna de Valdivia y con competencia territorial en las regiones del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena. Eso me parece discriminatorio e insuficiente, ya que Chile está compuesto por un mayor número de regiones, y el trabajo que estos tribunales tendrán que desarrollar será lo suficientemente amplio para exigir que se instalen en cada una de las cabeceras regionales. Al respecto, hay que tomar en cuenta que el problema medioambiental no está reducido a un sector en particular, ya que en cada una de las comunas y regiones hay problemas de esta naturaleza. Así, por ejemplo, en Temuco, en Padre Las Casas y en Villarrica, el daño medioambiental es gigantesco, debido al material particulado MP10 y MP 2,5, razón por la cual las enfermedades respiratorias son frecuentes y se agudizan en esta época del año; el cáncer está afectando en demasía a la gente que vive en esas comunas; lo mismo sucede respecto de los trastornos psicológicos. Es decir, hay un tremendo deterioro de la salud y un enorme gasto en dinero que debe afrontar la red asistencial de salud. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que se invoque el tema económico para reducir a tres el número de tribunales ambientales, ya que el daño ecológico que producen algunas empresas o individuos a lo largo del país y que está afectando la salud de las personas y el medio ambiente, amerita sobradamente el esfuerzo de instalar tribunales ambientales en cada una de las regiones. Hago este llamado a las autoridades de Gobierno, porque, a fin de cuentas, tarde o temprano lo tendremos que hacer. Si vamos a hacer algo tan importante, debemos hacerlo bien desde el comienzo. De acuerdo con la competencia de estos tribunales, cualquier ciudadano podrá reclamar cuando sienta que el medio ambiente está siendo dañado por empresas o individuos inescrupulosos. Sin embargo, al haber sólo tres tribunales en todo el país, se requerirá un esfuerzo que, a lo mejor, una persona de escasos recursos del pueblo mapuche no podrá realizar. Al respecto, cabe recordar que hoy ni siquiera se respeta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que Chile suscribió. A cada rato, comunidades de los pueblos originarios son invadidas por empresas que se instalan con proyectos productivos sin consultar a nadie. Si alguno de ellos quisiera desplazarse para hacer las denuncias, el costo económico sería tremendo. Por eso, es importante no quedarse en las tres macro zonas en que se ha dividido Chile para la instalación de los tribunales ambientales, sino que las autoridades consideren la posibilidad de instalar un tribunal ambiental en cada región. De esta manera, se protegerá mejor el medio ambiente y será más respetada la opinión de la ciudadanía, que hoy está en las calles pidiendo justicia por muchas cosas. Debemos adelantarnos a los hechos -antes de que salga la ciudadanía a reclamar por falta de atención- y poner remedio anticipadamente a ciertas situaciones que se pueden producir. He dicho. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto León. El señor LEÓN.- Señor Presidente , los colegas que me precedieron en el uso de la palabra se refirieron a la importancia de legislar sobre la estructura ambiental de Chile. El país demanda urgentemente una nueva institucionalidad ambiental. A lo mejor, nos podríamos haber demorado menos, pero ya iniciamos el análisis y lo debemos terminar. Voy a pedir votación separada de los artículos 2° y 23 del proyecto. Respecto del artículo 2°, cuando vimos el proyecto en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, nos pareció que lo correcto sería que los ministros fueran nombrados por el Presidente de la República , con acuerdo del Congreso Nacional en su conjunto, no solamente del Senado de la República. A mi juicio, los ministros de dichos tribunales tendrán una mayor representatividad y mayor respaldo, en la medida en que en su nombramiento se cuente con el acuerdo del Congreso Nacional, no sólo del Senado. Al respecto, hay que recordar que a la Cámara le corresponde participar en la proposición para el nombramiento de dos miembros del Tribunal Constitucional. En ese sentido, se presentó una indicación, la cual se aprobó por unanimidad, que resalta de mejor forma el rol que nos corresponde como miembros de esta Corporación. En lo que respecta a la petición de votación separada del artículo 23, la razón es muy simple. Si los colegas comparan el artículo 23 aprobado por unanimidad en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, respecto del que aprobó la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se podrán dar cuenta de que la redacción que aprobamos en la primera da más garantías e instrumentos a la parte que decida demandar por la violación de una norma medioambiental en que se esté ocasionando un daño irreparable al medio ambiente. Ello, por una razón muy simple: porque la Comisión de Constitución, intenta definir las medidas cautelares, con lo cual empiezan de inmediato las interpretaciones. De aprobar dicho artículo con la redacción de la Comisión de Constitución, el único que perderá será el medio ambiente, que es el bien jurídico protegido y que nos tiene que llevar a avanzar en una rápida aprobación de este proyecto de ley. Por tales razones, pido votación separada de los artículos 2° y 23 del proyecto. He dicho. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez. El señor PÉREZ ( don Leopoldo).- Señor Presidente , después de escuchar las intervenciones de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra y más allá de las posibles discusiones que se puedan presentar en relación con materias de procedimiento o respecto de la ubicación de los tribunales ambientales, es importante destacar que, finalmente, con la aprobación de este proyecto de ley vamos a echar a andar, como país, la nueva institucionalidad ambiental. Hoy tenemos una Superintendencia que no está operando. Día a día, vemos que hay muchos proyectos que pueden alterar la calidad de vida de todos los chilenos. Asimismo, los megaproyectos que el país necesita, sobre todo en materia energética, se ven entrampados en verdaderas batallas judiciales por la excesiva desinformación que existe al respecto. A mi juicio, lo importante no es entrar en el debate de si los tres tribunales propuestos a través de la indicación del Ejecutivo -originalmente era uno-, debieran estar ubicados en una u otra región, o si todas las regiones debieran tener tribunales ambientales. Creo que eso se irá depurando en la medida en que las causas vayan apareciendo y los proyectos de inversión se vayan desarrollando en cada una de las regiones o comunas. Para lograr el justo equilibrio que debe existir entre el desarrollo y el respeto al medio ambiente, de una vez por todas debemos echar a andar esta institucionalidad. Ha pasado mucho tiempo y creo que el país no debe seguir esperando. Hoy debemos cerrar este ciclo con la aprobación del proyecto de ley que crea los tribunales ambientales. Así, la Superintendencia podrá ejercer su labor, que es lo que hoy el país está esperando. Algunos pueden cuestionar nuestra institucionalidad ambiental y decir que es precaria, pero tengo el convencimiento de que una vez que esté operando el primer tribunal ambiental, es decir, el de Santiago, la Superintendencia del Medio Ambiente podrá entrar en pleno funcionamiento, lo que nos permitirá evaluar si nuestra institucionalidad responderá a lo que todos los chilenos estamos esperando. Invito a todos los colegas a que aprueben hoy este proyecto, más allá de las legítimas diferencias o intereses que puedan tener algunos diputados respecto de la localización de los tribunales. Lo importante es que el país se está dando una institucionalidad que no tenía y que será mucho más exigente. Una muestra de esto es que algunos colegas mencionaban las multas que pagan algunas empresas, con un monto máximo que resulta irrisorio. Ahora, podrán llegar hasta nueve millones de dólares. De manera que felicito a nuestro Gobierno por el envío de este proyecto y por las indicaciones presentadas. Asimismo, agradezco a los colegas de la Oposición, porque en las distintas comisiones hicieron aportes para mejorar el proyecto, que espero se convierta en ley de la república a la brevedad. He dicho. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Cito a reunión de Comités en la Sala de Lectura, sin suspender la sesión. Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , honorable Sala, estamos llegando a una de las etapas finales del trámite legislativo de una de las reformas más importantes, en el área medioambiental, que nos permitirá completar la institucionalidad sobre la materia. El hecho de contar con tribunales ambientales en nuestro país permitirá a miles y miles de ciudadanos recurrir a un juzgado competente, con facultades y con una serie de innovaciones, para pedir que se respeten sus derechos, exigir sus garantías y así vivir en armonía con el conjunto de proyectos medioambientales que existen a lo largo del país. Desgraciadamente, en el último momento, se generó una discusión respecto de la ubicación de los tribunales ambientales. Tanto en las comisiones del Senado que trataron el proyecto como en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara, que es la instancia especializada para conocer estas materias, existió un criterio claro y preciso -felicito a cada uno de sus integrantes, porque mejoraron el proyecto-, respecto de la ubicación de los tres tribunales: uno en la Región Metropolitana; otro, en la Región de Antofagasta, y el tercero, en Valdivia, lo que no obedeció a un capricho y estoy de acuerdo con esa decisión, no porque esté interesado en que uno de los tribunales se instale en mi ciudad, sino, simplemente, en atención a las estadísticas. En esto hay que ser responsable y así lo ha planteado y defendido el Ejecutivo . Aquí tengo las estadísticas relacionadas con los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental en distintos territorios, las que determinan que el tribunal ambiental de la zona sur debe ser instalado en Valdivia. Entonces, pido que la discusión se centre en ese aspecto y cómo armonizamos con la nueva institucionalidad; pero, con capacidad de entender y de hacer un seguimiento de lo acordado en cada una de las instancias del Congreso Nacional: en el Senado, en la Cámara, en la Comisión técnica y en la de Constitución, la que, mediante una indicación y con un quórum de cuatro o cinco diputados, cambió la ubicación de un tribunal, situación que, afortunadamente, fue corregida en la Comisión de Hacienda. Debemos ser coherentes con una institucionalidad que avanza en consagrar una instancia a la cual podremos recurrir para defender un derecho. Hoy, se plantea el acceso a los tribunales. Como lo señaló muy bien uno de los diputados que acaba de intervenir, muchos recursos de protección son presentados ante la corte de apelaciones de la ciudad donde se encuentra el domicilio del demandante, a fin de que las partes no tengan que desplazarse de una ciudad a otra. ¿Es posible establecer, en el futuro, una disposición que permita instalar más tribunales ambientales en el país? Obviamente; por eso, en enero de cada año se va a dar cuenta sobre el número de causas, su radicación y dónde aumentan o disminuyen. Por eso, es fundamental aprobar este proyecto, con el objeto de que, como país y como sociedad, demos un paso adelante y tengamos una institucionalidad medioambiental como corresponde. El emplazamiento de los tribunales -aquí tengo la documentación y las estadísticas que existen sobre la materia- obedece a un criterio objetivo que hemos revisado y concordado. La importancia de avanzar en este tipo de institucionalidad es, precisamente, porque después de seis meses de instalados estos tribunales, empezará a funcionar la Superintendencia del Medio Ambiente . Entonces, tendremos un conjunto de instituciones que van a proteger el medio ambiente y a resguardar los derechos de las personas, que van a tener más posibilidades, a diferencia de lo que ocurre hoy que, en cada oportunidad, debemos enfrentar un conflicto judicializado, a través del recurso de protección que establece nuestra legislación ordinaria. Termino apelando a que se imponga el criterio del Senado y de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente y Comisión de Hacienda de la Cámara; es decir, que el tribunal ambiental de la zona sur se instale en la ciudad de Valdivia, porque la ubicación de un tribunal no puede cambiarse de un lugar a otro, simplemente, por decisión de una mayoría circunstancial. Que éste sea un buen día para el medio ambiente; que avancemos en esta perspectiva; que tengamos una legislación medioambiental a la altura de las circunstancias y logremos proteger el medio ambiente. Por lo tanto, junto con anunciar el voto favorable de la bancada socialista, les digo: ¡Patagonia sin represas! He dicho. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el ministro del Medio Ambiente subrogante , señor Ricardo Irarrázabal. El señor IRARRÁZABAL ( ministro del Medio Ambiente subrogante ).- Señor Presidente , no voy a abundar sobre lo que significa completar la nueva institucionalidad ambiental. Esa materia ya ha sido resaltada por diversos parlamentarios. Hoy, está con nosotros el superintendente del Medio Ambiente , quien no tiene facultades fiscalizadoras ni sancionatorias; está con las manos atadas. Por eso el apremio por aprobar este proyecto de ley, porque permitirá que la Superintendencia del Medio Ambiente funcione como corresponde en marzo del próximo año, es decir, seis meses después de la instalación del Tribunal Ambiental de la Región Metropolitana . Evidentemente, hay temas discutibles, como el número de tribunales y su localización. Respecto de su número, la diputada Andrea Molina fue bastante clara al señalar el número exacto de causas sobre daño ambiental: cinco por año, así como también las reclamaciones administrativas: 18 por año. Por eso, el Ejecutivo considera prudente que sólo haya tres tribunales ambientales. Durante su funcionamiento sabremos si su carga de causas es excesiva, caso en el cual serán necesarios otros tribunales ambientales. En relación con su localización, el diputado De Urresti se refirió a los antecedentes técnicos que llevaron al Ejecutivo a tomar la decisión de instalar en Valdivia el tribunal de la macrozona sur. Sin perjuicio de esto, en la Comisión de Hacienda de la Cámara se presentó una indicación para cambiar la ubicación del tribunal de la macrozona norte, de Antofagasta a Copiapó; pero, como irrogaba gastos, fue considerada inadmisible porque vulneraba nuestra Constitución Política. Se hizo hincapié en un fallo del Tribunal Constitucional sobre la materia. Finalmente, agradezco el gran trabajo realizado por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara, porque revisó con mucha detención cada uno de los artículos del proyecto; lo obrado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que tomó muy en serio su trabajo y aportó modificaciones muy interesantes y sustanciales al proyecto de ley, y la labor llevada a cabo por la Comisión de Hacienda. Ojalá pronto el proyecto sea despachado en tercer trámite constitucional de manera que se convierta en ley a la brevedad para tener no sólo tribunales ambientales, sino también una Superintendencia del Medio Ambiente fiscalizando y sancionando. Muchas gracias, señor Presidente. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, punto de Reglamento. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra su señoría. El señor RINCÓN.- Señor Presidente , hemos presentado una indicación para corregir un error de tramitación en el proyecto. La indicación es transversal y su objetivo es que, si en los incidentes existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, deben ser recibidos a prueba. Ésa es la doctrina de la legislación procesal nacional. Esto debió subsanarse en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Por un error, no se hizo. La indicación está presentada por todas las bancadas, de lo que puede dar cuenta la Secretaría. Por su parte, el Ejecutivo está de acuerdo en que, no obstante la suma urgencia de la iniciativa, la indicación se vote en la Corporación. También he presentado indicación para solucionar otro problema. Las demandas se presentan en las cortes de apelaciones de aquellos lugares en que no hay tribunal. La solución, que se trató en la Comisión, fue habilitar a los juzgados de letras, con la misma obligación: remisión de la demanda al tribunal competente, así se permite que la gente tenga acceso a la justicia de manera mucho más cercana. No he conseguido todas las firmas necesarias, pero puedo hacerlo de manera transversal, porque eso soluciona el problema de acceso a la justicia. He dicho. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se incorporarán las indicaciones mencionadas por el diputado Rincón. ¿Habría acuerdo? Acordado. Corresponde votar en general el proyecto. Con posterioridad, se votará en particular. Recuerdo a la Sala que se ha pedido votación separada en varios artículos. En el artículo 5°, la Mesa se pronunciará acerca de lo solicitado por el diputado Carlos Montes, es decir, sobre la admisibilidad del cambio de lugar del tribunal. Así seguiremos sucesivamente. En votación general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, con suma urgencia, que crea tribunales ambientales, con excepción de los artículos 1° al 12, 15, 26, 27, 46 y 48, permanentes, y los artículos primero al quinto, transitorios, que tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 112 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Aprobado -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: SoloAccorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; MarinovicDe Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- En votación general los artículos 1° al 12, 15, 26, 27, 46 y 48, permanentes, y los artículos primero al quinto, transitorios, que tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, cuya aprobación requiere 69 votos afirmativos. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 111 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Aprobados. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Se abstuvo el diputado señor Schilling Rodríguez Marcelo. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, estos artículos también se darán por aprobados en particular con la misma votación, dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido, con la salvedad de los artículos 2° y 5°, que se votarán en forma separada. ¿Habría acuerdo? Acordado. Corresponde votar en particular el artículo 2°, cuya votación separada ha sido solicitada conjuntamente con la indicación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, cuya aprobación requiere 69 votos afirmativos. Tiene la palabra el diputado señor Roberto León. El señor LEÓN.- Señor Presidente , ¿vamos a votar la propuesta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia o la de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente? El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Si se rechaza la propuesta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se votará la de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 38 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Rechazado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Vidal Lázaro Ximena. -Se abstuvieron los diputados señores: Castro González Juan Luis; Jiménez Fuentes Tucapel; Montes Cisternas Carlos; Schilling Rodríguez Marcelo. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- En votación el artículo 2°, en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, cuya aprobación se requiere de 69 votos afirmativos. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 63 votos. Hubo 3 abstenciones. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Rechazado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Vidal Lázaro Ximena. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Se abstuvieron los diputados señores: Lemus Aracena Luis; Montes Cisternas Carlos; Schilling Rodríguez Marcelo. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- En relación con la indicación al artículo 5° de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que establece como asiento del Tercer Tribunal Ambiental la comuna de Puerto Montt; el diputado Carlos Montes solicitó un pronunciamiento de la Mesa, la cual, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y el artículo 14 del Reglamento, declara inadmisible la indicación. En votación la declaración de la mesa. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 11 abstenciones. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Schilling Rodríguez Marcelo; Silva Méndez Ernesto; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; Díaz Díaz Marcelo; Goic Boroevic Carolina; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Molina Oliva Andrea; Ojeda Uribe Sergio; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Letelier Aguilar Cristian; Vallespín López Patricio; Walker Prieto Matías. -Se abstuvieron los diputados señores: Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Espinosa Monardes Marcos; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Hoffmann Opazo María José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Meza Moncada Fernando; Muñoz D’Albora Adriana; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Corresponde votar el artículo 5°, según la propuesta original, que establece como asiento del Tercer Tribunal Ambiental la comuna de Valdivia, para cuya aprobación se requieren 69 votos afirmativos. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 19 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Alinco Bustos René; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Cornejo González Aldo; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Goic Boroevic Carolina; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Meza Moncada Fernando; Ojeda Uribe Sergio; Robles Pantoja Alberto; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Squella Ovalle Arturo; Vallespín López Patricio. -Se abstuvieron los diputados señores: Accorsi Opazo Enrique; Araya Guerrero Pedro; Molina Oliva Andrea; Rincón González Ricardo. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Debido a que el proyecto ha sido calificado con suma urgencia, no procede segundo informe. Por lo tanto, deberán votarse en particular las indicaciones formuladas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Antes de ello, recabo nuevamente el asentimiento de la Sala para considerar dos indicaciones suscritas por diputados de todas las bancadas que inciden en los artículos números 19 y 22. ¿Habría acuerdo? Acordado. Corresponde votar el articulado del proyecto, conjuntamente con las indicaciones propuestas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con excepción de los artículos 19 y 22, que han sido objeto de indicaciones; del artículo 23, respecto del cual se pidió votación separada, y del inciso tercero del artículo 42, que tiene una indicación de la Comisión de Hacienda. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos; no hubo votos por la negativa. Hubo 1 abstención. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Se abstuvo el diputado señor Accorsi Opazo Enrique. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- El señor Secretario dará lectura a la indicación del diputado Rincón al artículo 19. El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- La indicación del artículo 19 es para suprimir la frase “la Corte de Apelaciones” y reemplazarla por la siguiente “El Juzgado de Letras”, además, sustituye la palabra “Corte” por “Juzgado” en la parte final del mismo artículo. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg. El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, quiero pedir un pronunciamiento de la Mesa al respecto, porque me parece que es inadmisible. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rincón. El señor RINCÓN.- Señor Presidente , sólo para aclarar que es para el ingreso de la demanda, no tiene que ver con costos. Los juzgados de letras deberán remitir las demandas -al igual que las cortes- a los tribunales competentes. Al diputado Cardemil le consta que el tema lo conversamos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, ocasión en que todos estuvimos de acuerdo. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Monckeberg. El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente , no es un tema de recursos, sino de la funcionalidad que se le está dando a un tribunal para intervenir en materias de competencia, lo que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente , estoy de acuerdo con la indicación del diputado Rincón , por cuanto esto hace accesible a la ciudadanía la posibilidad de llegar con las reclamaciones y demandas a los tribunales ambientales. Por lo tanto, desde ya, anuncio mi voto favorable. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- La Mesa declara admisible la indicación. Por lo tanto, deberá votarse el artículo con la indicación. El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente , por el precedente que puede significar pido que someta a votación la declaración de admisibilidad. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 6 abstenciones. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Aprobada la admisibilidad. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Becker Alvear Germán; Delmastro Naso Roberto; Godoy Ibáñez Joaquín; Macaya Danús Javier; Monckeberg Díaz Nicolás; Rubilar Barahona Karla; Saffirio Espinoza René. -Se abstuvieron los diputados señores: Browne Urrejola Pedro; Edwards Silva José Manuel; Monckeberg Bruner Cristián; Pérez Lahsen Leopoldo; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- En votación el artículo con la indicación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 106 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 4 abstenciones. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Aprobado el artículo con la indicación. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Votó por la negativa el diputado señor Saffirio Espinoza René. -Se abstuvieron los diputados señores: Browne Urrejola Pedro; Edwards Silva José Manuel; Pérez Lahsen Leopoldo; Sauerbaum Muñoz Frank. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).-El señor Secretario va a dar lectura a la indicación del diputado Rincón al artículo 22. El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- La indicación es para modificar el artículo 22, cambiando la frase: “Si fuere indispensable”, que figura a continuación del primer punto seguido (.), por la siguiente: “Si existieren hechos sustanciales pertinentes y controvertidos...”. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- En votación el artículo con la indicación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 109 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Aprobado el artículo con la indicación. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Corresponde votar el artículo 23, respecto del cual se pidió votación separada. El señor BURGOS.- Pido la palabra. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra su señoría. El señor BURGOS.- En el artículo 23 se pide votación separada. ¿Es el que la Comisión de Constitución, en su informe, consigna con el número 24? El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Efectivamente, señor diputado . El señor BURGOS.- Entonces, para los que siguen el informe de la Comisión de Constitución, votamos el artículo 24. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Se recibe con agrado la aclaración. El señor LEÓN.- Pido la palabra. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra su señoría. El señor LEÓN.- Señor Presidente, estamos confundidos entre 23 y 24. Los colegas deben tener presente que se eliminó el monto de la caución para el actor particular, pero no puede ser irreal. Se le aplican 500 unidades tributarias y nadie puede demandar. Se limita la caución. Por eso, insisto en que se apruebe el artículo de la Comisión de Medio Ambiente. Para eso, quiero saber cómo debemos votar. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- ¿Se quiere votar separadamente el inciso tercero, diputado León? El señor LEÓN.- No, señor Presidente . Es todo el artículo. La redacción de la Comisión de Constitución tiene dos problemas para el actor particular: que limita las cautelares y elimina el monto de la caución. Por eso, insisto en el artículo de la Comisión de Medio Ambiente. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente , si vamos a abrir un debate sobre las ventajas de una u otra preposición, pido detener la votación y celebrar otra sesión para defender la tesis de la Comisión de Constitución, donde creemos que el carácter de las cautelares debe tener una dimensión que la haga extraordinaria, porque, si no es así, todos los procesos van a estar vinculados a cautelares, que son extraordinarias. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Vamos a votar el artículo de la Comisión de Constitución. Si no se aprobara, se votará el otro. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 8 votos. No hubo abstenciones. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Ascencio Mansilla Gabriel; Goic Boroevic Carolina; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Ojeda Uribe Sergio; Rincón González Ricardo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- En votación el inciso tercero del artículo 42, con la indicación de la Comisión de Hacienda, que suprime la frase: “la que deberá especificarse en la Ley de Presupuestos de cada año.”. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones. El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Votó por la negativa el diputado señor Araya Guerrero Pedro. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Despachado el proyecto.
CREACIÓN DEL TRIBUNAL AMBIENTAL. Segundo trámite constitucional.