ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEL ROL QUE COMPETE A LAS AUTORIDADES EN CASO DE ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO. Proyecto de acuerdo. El señor MELERO (Presidente).- Continúa la sesión. Esta sesión fue motivada en una presentación suscrita por 48 señores diputados, con el objeto de analizar la forma de asegurar el pleno ejercicio del derecho a reunión y manifestación de los ciudadanos, el rol que le compete a la autoridad política y administrativa, como asimismo la forma en que deben actuar las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los órganos persecutores y defensores en caso de producirse alteraciones al orden público con ocasión de la realización de movilizaciones sociales. A esta sesión ha sido citado el ministro del Interior y Seguridad Pública, quien se encuentra presente en la Sala. En las tribunas se encuentran el presidente Regional del Colegio de Profesores de Valparaíso , señor Alfonso Godoy Quezada; representante del Centro de Alumnos de la Universidad de Valparaíso , señor Gabriel Alvear; el presidente del Centro de Alumnos de la Universidad de Playa Ancha , señor Maximiano Salas y dirigente de la misma, Paloma Torres; el representante del Centro de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso , Wladimir Bolton; el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Valparaíso, señor Roberto Aravena; la señora Nury Benítez Rojas, los señores Bernardo Jorquera, José Pérez, Pablo Olea y Fabián Castro de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF); el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), señor Egidio Barrera, y la dirigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles ( Junji ), señora Juana González Mella. Todos ustedes son muy bienvenidos. Permítanme, junto con darles la bienvenida, pedirles la mayor colaboración posible para que esta sesión se lleve a cabo en buenos términos. El Reglamento de la Corporación, respetado por todos los Comités, establece con toda claridad que las manifestaciones están prohibidas. El espíritu de la Mesa es que ustedes escuchen las exposiciones con el debido respeto, tanto las efectuadas por parlamentarios como por ministros. Creo que tenemos una buena posibilidad de hacer un ejercicio democrático pleno, en una Cámara democrática. A ninguno de ustedes se les ha restringido el acceso a este Hemiciclo. Pido que actuemos en concordancia con esa lógica. Reitero la bienvenida a todos ustedes. Para una cuestión reglamentaria, tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas. El señor VENEGAS.- Señor Presidente , simplemente, para hacer presente que hay comisiones que están funcionando paralelamente con la Sala. Quien habla debe asistir a una comisión a las 17 horas y a otra a las 17.30 horas, razón por la cual deberé retirarme de la Sala. Esta circunstancia debe ser conocida por quienes asisten a las tribunas para que no se entienda de manera equívoca. El señor MELERO (Presidente).- Muy bien, señor diputado. En efecto, es muy importante aclarar que en forma paralela a esta sesión especial se encuentran sesionando distintas comisiones legislativas, como ocurre todos los días miércoles en la tarde. En el tiempo previo de quince minutos, contemplado en el artículo 74 del reglamento, tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González. El señor GONZÁLEZ .- Señor Presidente , saludo al ministro del Interior , señor Rodrigo Hinzpeter. Quiero señalarle que esta sesión se inspira en el mejor ánimo de colaboración y contribución para la construcción de políticas públicas de resguardo al orden público y protección del derecho a reunión de los ciudadanos por parte de quienes la solicitamos. Ojalá que se llegue a puntos de acuerdo. Asimismo, saludo a los dirigentes sociales presentes en las tribunas pertenecientes a distintas federaciones de estudiantes de la Confech; a los estudiantes secundarios; a los representantes del Colegio de Profesores; a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF); a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y a los dirigentes de distintas organizaciones que los acompañan. He preparado algunas imágenes para mi presentación. El derecho a protestar se garantiza en los numerales 6°, 12°, 13°, 14° y 15° del artículo 19 de la Constitución Política y en el derecho internacional. El derecho a protestar también está asegurado por los tratados internacionales suscritos por Chile, en particular por el artículo 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; por los artículos 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El derecho a la protesta social es legítimo y debe ser protegido en democracia. En general, los gobiernos han tomado ciertas conductas frente a las protestas, pero queremos decir que, antes de hablar de aquello, en Chile, la protesta ha sido pacífica, alegre, diversa e imaginativa. Las imágenes de mi presentación dan cuenta de ello. Sin embargo, los gobiernos, para defenderse de las situaciones que las motivan, las desvalorizan, descalifican, tratan de silenciarlas y de invisibilizarlas. Ello se combina muchas veces con los esfuerzos para dividir y aislar al movimiento contestatario y para construir un discurso desde el poder político medial que justifique la acción punitiva del Estado. El principal discurso que se utiliza para eso es asimilar la protesta a la violencia y, así, surge la justificación del recurso de la represión para combatirla, contenerla o suprimirla. Eso es lo que ha sucedido en Chile en el último tiempo. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque tenemos debilidades jurídico-institucionales muy grandes para que se exprese el derecho a reunión. El decreto supremo 1086, de 1983, del Ministerio del Interior, regula el derecho a reunión en bienes nacionales de uso público. Este decreto tiene su origen en el período autoritario y es inconstitucional, pues sólo por una ley se puede regular el ejercicio de un derecho constitucional. Esta ley no se ha dictado. Ello debe hacerse en forma urgente. Señor Presidente , por su intermedio, lo primero que pedimos al señor ministro del Interior -veo que conversa con algunos diputados- es que esa ley se dicte en el más breve plazo posible. Para descalificar y criminalizar la protesta social se ha utilizado el tipo penal de delito de desórdenes públicos, establecido en el artículo 269 del Código Penal. Es una norma anticuada y vaga que abre las puertas a la arbitrariedad. La razón principal de la debilidad de esa norma es que permite, arbitrariamente, confundir a los manifestantes pacíficos, incluso a los transeúntes, con personas que cometen ilícitos. Bajo esa figura, se detiene masiva e indiscriminadamente a manifestantes y público bajo la imputación de desórdenes públicos. En ocasiones, no hay pruebas para imputar el delito. Por su intermedio, señor Presidente , le señalo al ministro que tenemos una carpeta completa de antecedentes recogidos tanto en Santiago como en la Región de Valparaíso -la entregaremos- que comprueban fidedignamente los hechos que señalaremos a continuación. Cuando no existen pruebas, frecuentemente se las constituye “cargando” a los manifestantes, o tomándoles fotos incriminatorias. Esto se hace muchas veces al inte-rior de los buses en que se los lleva detenidos. Muchas veces, los detenidos permanecen entre seis y ocho horas en los buses policiales, lo que resulta ilegal; sin embargo, tal acción queda impune, porque no existen recursos para que los detenidos reclamen en forma posterior. La actuación indiferente del Ministerio Público en el control de la legalidad de las actuaciones policiales también constituye una debilidad jurídico-institucional. En numerosas ocasiones, los fiscales no revisan los partes de las denuncias. Existe exceso de formalizaciones, ausencia de fiscales en comisa-rías en casos de detenciones masivas; no se interroga a los imputados y, sobre todo, no se respeta el principio constitucional de objetividad, que obliga a investigar y recabar, con el mismo celo, los antecedentes de un hecho delictivo que conduzcan a establecer la culpabilidad de un imputado y aquellos que puedan probar su inocencia. Otra debilidad jurídico-institucional es la carencia de medios eficientes de defensa judicial para los detenidos. Los defensores penales públicos, con recarga de trabajo, se apresuran a buscar salidas alternativas, y en muchos casos obligan a los imputados, muchos de ellos inocentes, a aceptar acuerdos con el Ministerio Público, lo que finalmente los perjudica. Sin embargo, la expresión más grave de la criminalización de la protesta social es el abuso policial. Se busca castigar extrajudicialmente, por el hecho de ser manifestantes, a los detenidos mediante la aplicación de tratamientos crueles, inhumanos y degradantes. Una gran cantidad de juicios entablados ante la Fiscalía Militar de Valparaíso comprueba los hechos señalados. Esperamos que el ministro del Interior , luego de revisar la carpeta que le entregaremos, también se haga parte en tales acciones. Algunas de las imágenes que se están presentando indican la forma en que se han dado estas situaciones de abuso de la fuerza policial. El abuso policial a que me refiero consiste especialmente en el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza. Junto con ello, se han empleado medios de disuasión químicos, como gases lacrimógenos y agua con agentes químicos, y en el área urbana de las ciudades no se discrimina entre manifestantes y transeúntes: se arrojan las bombas en medio de la circulación de buses, al interior de escuelas, viviendas y locales comerciales. Los restos de las bombas lacrimógenas lanzadas quedan frecuentemente en las calles. Está el caso del estudiante que recogió una bomba lacrimógena en Valparaíso y la hizo explosar en su escuela, en Quilpué, situación que obligó enviar a numerosos alumnos del establecimiento a la posta, pero, sobre todo, generó una grave distorsión en el ambiente de convivencia escolar de dicho colegio. Posteriormente, ese alumno fue imputado por haber infringido la Ley de Control de Armas. ¡Qué cuestión más absurda! En las imágenes que se exhiben aparecen otras situaciones que muestran cómo la población civil también es afectada por el abuso policial. Se emplean, también, indiscriminadamente, medios intrusivos de inteligencia policial: filmaciones y fotografías. ¿Dónde están los archivos? ¿Quién los guarda? ¿Con qué fines? ¿Se destruyen esos archivos? Este abuso policial ha llegado a una situación cúlmine con la actuación de malos funcionarios. La policía no puede actuar ilegalmente, ni utilizar procedimientos vejatorios, degradantes ni ofensivos a la dignidad humana, como fue lo que sucedió con el fotógrafo Francisco Maturana , en Valparaíso, a quien se le introdujo un fusil en su pantalón, lo cual es absolutamente inaceptable. Cristian Andrade , dirigente de una federación de estudiantes de la Región, fue detenido en un bus y después de haber sido insultado y golpeado, se le incriminó de haber cometido delitos. Además, se puso en sus heridas gas lacrimógeno para generarle mayor aflicción. Se han producido muchos casos de este tipo. Ayer, la dirigenta Mabel Zúñiga , vicepresidenta de la ANEF regional, sufrió una fractura en su cara debido a golpes policiales. El profesor Ramiro Fritz , doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Andrés Bello, de Valparaíso, por sacar fotografías de las danzas que realizaban los manifestantes en Santiago frente a la Universidad de Chile, fue conducido a buses policiales y resultó gravemente golpeado. También hay prácticas de discriminación social por parte de Carabineros, como las que se han apreciado con motivo de la realización de partidos de fútbol, especialmente respecto de los simpatizantes de Colo Colo, uno de los equipos más populares del país. Del mismo modo, cabe mencionar la increíble ineficacia policial para aislar, identificar y reprimir a los grupos violentos. Parece que los encapuchados estuvieran protegidos y que la fuerza policial estuviese dirigida más bien a los manifestantes y a quienes hacen uso del legítimo derecho de reunión. Con relación a estas situaciones, la población también se ve desprotegida. Entonces, ¿qué hacer? El Gobierno, a nuestro juicio, tiene la obligación de cautelar el derecho a manifestarse y resguardar el orden público, a objeto de garantizar ambos derechos en forma simultáneamente y no hacerlos colisionar, como ha venido ocurriendo. La policía es extraordinariamente sensible a las señales y obedece a las orientaciones del poder político. Por ello, resulta necesario respetar y salvaguardar el carácter permanente e institucional de Carabineros de Chile, en particular su rol contra la delincuencia. En las poblaciones, la labor de Carabineros es muy valorada, pero no debe ser utilizada la fuerza policial para reprimir los derechos de reunión y de manifestación. ¿Qué propuestas hacemos? Creemos que debe estar absolutamente vedado utilizar políticamente o dar señales permisivas a la fuerza pública que faciliten actuaciones al margen de la ley, más aún cuando en Chile los movimientos sociales han demostrado representar a la inmensa mayoría de la Nación. Subsiste en Chile una cultura de la represión propia de etapas anteriores, la cual debe ser descartada. Para eso proponemos las siguientes orientaciones: -Pasar de una política de represión a una de conducción y de protección del derecho a manifestarse. -Generar protocolos universales claros y conocidos de actuación policial. -Emplear más la mediación entre policías y manifestantes, como ha ocurrido en determinadas manifestaciones que han sido prohibidas. En efecto, en ellas se ha permitido, a través del diálogo, hacer un uso legítimo del derecho a manifestarse, lo que ha redundado en la generación de menos disturbios que cuando ese derecho se ha reprimido. -Aislar y perseguir penalmente a los sujetos violentos, a los que cometen delitos, y no a los manifestantes ni al público que ejerce sus derechos. La labor de inteligencia del Gobierno debe dirigirse especialmente a identificar a esos grupos violentistas. Se habló ayer de los grupos coordinados que existen en el país. Hacia ellos debiera estar dirigida la inteligencia del Gobierno y no a quienes pacífica y masivamente se manifiestan. El proyecto de ley del Gobierno sobre manifestaciones sociales y saqueos no garantiza el ejercicio del derecho en comento en la medida que sólo ayuda a perfeccionar el dispositivo institucional de criminalización de la protesta social. Por tanto, dicha iniciativa no sirve para resolver estas materias. Y por eso formulamos las siguientes propuestas: Primero, actualizar y reformular una política nacional de resguardo del orden público y de respeto al derecho a reunión y a la protesta social a través de una nueva ley, moderna y democrática, que regule el derecho a manifestación establecido en el número 15º y otros del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Abrir el diálogo e instalar una mesa de trabajo y de conversación con los actores públicos concernidos y con los actores sociales, como son los representantes de la CUT, la Confech, las asociaciones de estudiantes secundarios y el Colegio de Profesores, a fin de recoger experiencias e implementar acciones concordadas, de manera que el derecho a reunión quede protegido, lo que provocará que los violentistas y los que cometen desmanes queden más aislados. Así, el país ganará en paz social y se garantizará el sagrado derecho a reunión. En cuanto a las medidas inmediatas, proponemos que la policía revise sus protocolos; fin al castigo físico y psicológico de los detenidos al interior de los buses; asegurar la vigencia de los derechos de los detenidos; establecer procedimientos expeditos de excarcelación; presencia de fiscales y abogados observadores de organismos de derechos humanos en los lugares de concentración; prohibir a las policías hacer firmar confesiones extrajudiciales, o fotografiar a los manifestantes al interior de los vehículos institucionales; instalación de cámaras de filmación continua al interior de los buses y calabozos para prevenir el abuso policial; regular la constatación de lesiones de los detenidos; en casos masivos, instruir al personal sanitario suficiente para que las personas lesionadas sean atendidas en las comisarias en forma rápida y objetiva para no atochar los servicios de urgencia al generar largos períodos de espera. Por último, es necesario que esta Cámara y el Gobierno construyan una voluntad política transversal para edificar una cultura democrática, de respeto y resguardo a los derechos humanos, que asegure por igual la protección del orden público, el derecho a reunión, a manifestación y a la protesta social, sobre todo porque es una situación que va a vivir el país durante mucho tiempo. Las medidas que estamos proponiendo y otras que emanen de la discusión deben ser implementadas con la mayor urgencia. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Osvaldo Andrade. El señor ANDRADE .- Señor Presidente , llevamos seis meses de un conflicto. Lo único claro es que va a continuar, ya que no se avizora una solución en el corto ni en el mediano plazo. El conflicto tiene su propio mérito y no es materia de esta sesión referirse a su contenido, pero sí a sus actores. El movimiento estudiantil tiene -a decir del Presidente Sebastián Piñera - fines nobles -así lo señaló en las Naciones Unidas- y cuenta con una inmensa y reiterada adhesión ciudadana, como se establece en cada una de las mediciones que se han conocido. Además, dicho movimiento ha logrado generar un debate nacional sobre los necesarios cambios, todos de fondo, que la sociedad requiere y, además, interpela a la sociedad política a generar respuestas idóneas a sus legítimas pretensiones. Los representantes del movimiento estudiantil han reiterado en muchas ocasiones su disposición al diálogo, siempre que sea serio y avance en compromiso. El Gobierno, por su parte, ha sido renuente a enfrentar esta interlocución. Se negó al inicio y sistemáticamente negó el diálogo y sólo después de mucha presión aceptó conversar. Para el Gobierno no es fácil enfrentar estas peticiones estudiantiles, por cuanto avanzan en un sentido contrario de lo que son sus fundamentos políticos e ideológicos. Sin embargo, a pesar de su impericia y después de mucha presión, se instaló una mesa de diálogo que finalmente no prosperó y se quebró a poco andar, con ley contra los encapuchados de por medio. Esta mesa sólo sirvió para instalar a los interlocutores, pero no avanzó en contenido. Estamos en un punto cero. Pero, ¿cuál es la situación y cómo la relaciono con el motivo de esta sesión? Tenemos dos miradas en controversia. El Gobierno entiende la primacía del orden público como la centralidad de la acción política de la Administración. Por ello, las medidas represivas son su única alternativa. Para los gobiernos de Derecha es de su esencia esta cautela, por cuanto ella permite, en su opinión, el despliegue de los factores productivos. El orden público es la tarea esencial de un gobierno de Derecha, pues todo lo demás en el país lo organiza el mercado. Esta mirada -me refiero a la del Gobierno- obliga a dar respaldo absoluto a los represores y, por lo mismo, ven a los reprimidos como violentistas que alteran el orden público. Esa es la mirada del Gobierno. Pero hay otra mirada, que es poner la centralidad en la paz social. Ello supone otra mirada, sugiere valorar la estabilidad como el resultado de un acuerdo básico de los actores que, sin perjuicio de las diferencias, asumen un compromiso central de respaldo y resguardo de este acuerdo. Eso ha sido roto por este Gobierno. De los veinte años de gobierno de la Concertación, se podrán decir muchas cosas, pero ese acuerdo existió y funcionó: un acuerdo básico de estabilidad y paz social. Dada su inexperiencia -cuestión absolutamente razonable, pues hace veinte años que la Derecha no gobernaba-, pero también su impericia e incompetencia, hay una nula consideración de este Gobierno en relación con el mundo popular y ha quebrado el acuerdo básico a que hecho referencia. Al no saber cómo actuar, recurre a lo más fácil: reprimir la protesta social. ¡Entendámonos bien! Rechazamos la violencia sin matices. Nos provoca el repudio más absoluto, venga de donde venga. La violencia siempre ha estado en contra del movimiento popular. Sucedió con la subcontratación, cuando se produjo la quema de los buses en El Teniente; sucedió con la quema del bus en la movilización de ayer. Pero también repudiamos y rechazamos la violencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad contra manifestantes pacíficos e, incluso, contra los profesionales de la prensa. También rechazamos la violencia que implica avalarla, venga de donde venga, incluso, desde la Administración. En consecuencia, invito al Gobierno a asumir su responsabilidad. El Gobierno ha quebrado este acuerdo básico de paz social y lo debe restablecer. Ésa es la responsabilidad del Presidente de la República . Reclamo al Presidente de la República que cumpla con su mandato. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres. La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , escuché las intervenciones de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, especialmente la primera, y me asombra, porque parece que se viviera en dos Chiles. Digo esto, porque en el Chile que yo vivo el derecho de reunión, el derecho de petición y el derecho de asociación existe y se respeta. Nadie pone en duda la existencia de ese derecho. Alguien hablaba también de los actores del conflicto…. -Manifestaciones en la Sala y en las tribunas. El señor MELERO ( Presidente ).- Pido a los señores diputados que tengan respeto por sus colegas que están interviniendo. Todos tienen derecho a expresar su forma de pensar. Asimismo, hago presente a las personas que se encuentran en las tribunas que está prohibido hacer manifestaciones de cualquier tipo. Son bienvenidos a escuchar esta sesión, pero deben ayudar a que los diputados puedan expresar sus opiniones. Puede continuar con la palabra la diputada señora Marisol Turres. La señora TURRES.- El señor Presidente debió interrumpir mi alocución hace unos segundos debido a la falta de respeto de quienes están hoy en las tribunas de la Cámara de Diputados. Es lo mismo que sucede en cada llamado a movilización que han hecho a raíz del conflicto estudiantil. Nadie pone en duda los derechos que consagra la Constitución Política. Nadie pone en duda que existen razones para protestar o marchar. Pero, perdóneme, señor Presidente , me parece el colmo la razón que se esgrimió para pedir esta sesión especial. Hablan de la figura de los desórdenes públicos. En efecto, está obsoleta, puesto que existe impunidad absoluta para todos los que ocasionan desastres, para los que destruyen bienes públicos y privados; hay impunidad absoluta para quienes han saqueado el comercio en el centro de Santiago y en otras regiones, a propósito de las llamadas marchas pacíficas. (Manifestaciones en las tribunas) Existe impunidad y se esconden en el anonimato. Con esto no quiero decir que todas las personas que han salido a marchar durante las más de cien jornadas que se han efectuado sean violentas. Pero, nadie tiene duda alguna de que cada uno de estos llamados a realizar marchas siempre termina en la forma que todos conocemos: con violencia y destrucción. Ya son más de 900 los carabineros heridos; … (Manifestaciones en las tribunas) … pero, aquí se ríen de la autoridad. También hablan de trato cruel e inhumano. ¿De qué trato cruel e inhumano estamos hablando, cuando tenemos miles y miles de estudiantes que todavía no pueden asistir a clases y que están perdiendo el año, debido a las marchas y protestas pacíficas? (Manifestaciones en las tribunas) ¿De qué estamos hablando, cuando muchas personas no pueden concurrir tranquilas a sus lugares de trabajo los días en que se llama a estas marchas pacíficas? Hablan del uso indiscriminado de bombas lacrimógenas y de los carros lanza agua. Desgraciadamente, todavía no se ha inventado un material disuasivo que pueda discriminar y considere la intención de las personas que se manifiestan. Lo que hacen las Fuerzas de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile es tratar de restablecer en parte esa paz social que tanto echamos de menos en nuestro país. Me parece tremendamente injusto que en esta sesión se cuestione el actuar de Carabineros, después de lo que ha ocurrido durante todo el año. (Manifestaciones en las tribunas) Me parece insólito que sigamos escuchando a estos jóvenes que no saben escuchar. Hace un instante, un diputado pedía la formación de una mesa de diálogo. Perdónenme, pero ante cualquier propuesta efectuada por el Gobierno para estos efectos siempre ha habido una respuesta negativa, sin siquiera conocer el contenido de lo que propone el Gobierno. Lo que hay detrás de todo esto es otra cosa. Ya lo han dicho algunos dirigentes de quienes convocan a estas marchas pacíficas: esto no para ahora; esto durará dos años. Entonces, el problema de fondo va más allá del conflicto estudiantil, de las razonables peticiones que hacen algunos estudiantes. Es un conflicto que se trasladó al ámbito político y que, lamentablemente, también ha traído consecuencias de tipo delictual. Cuando hace unos días desalojaron la Universidad Católica de Valparaíso y sus autoridades avaluaron las pérdidas en más de 300 millones de pesos, ¿estamos hablando del movimiento estudiantil? Cuando desaparecen cosas y se destruye material de las universidades y de los colegios, ¿estamos hablando de personas externas a los establecimientos o de estudiantes que están luchando por un fin noble? No, señor Presidente . En el momento en que cualquier joven destruye algo que no le pertenece y que es patrimonio de la universidad o del liceo, se convierte en un delincuente y deja de tener la calidad de ciudadano tranquilo y pacífico que se está manifestando. Creo en las distintas posiciones, respeto absolutamente a todos quienes piensan distinto, … (Manifestaciones en las tribunas) … pero aquí no se trata de la forma en que piensa cada persona. Lo que ocurre en las tribunas nos demuestra la forma en que muchos hacen gárgaras con la democracia, pero no son capaces de respetar ni de tolerar a los que pensamos distinto; no son capaces de respetar ni de tolerar a los millones de chilenos que queremos vivir en paz, que queremos que nuestros hijos puedan estudiar en paz, que deseamos ir a trabajar y que cada vez que se llama a una marcha pacífica queremos retirarnos de nuestros lugares de trabajo en paz. Realmente, me da mucha pena lo que está pasando en nuestro país; pero, claramente, no tiene justificación alguna ni esta sesión ni la actuación que han tenido muchas personas que se han sumado a las llamadas protestas pacíficas, que de pacíficas no han tenido nada y debido a lo cual hemos tenido que sufrir sus consecuencias la mayoría de los chilenos que queremos vivir en paz. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco. El señor ALINCO.- Señor Presidente , quiero decirle a la diputada que me antecedió en el uso de la palabra que el mejor elemento disuasivo en las grandes movilizaciones es escuchar al pueblo y practicar la justicia social. Ése es el principal elemento disuasivo. (Aplausos en las tribunas) No me cabe la menor duda de que hoy, en Chile, estamos viviendo en plenitud la doctrina de la seguridad nacional creada por el dictador. Se habla del enemigo interno, de chilenos malos y de chilenos buenos. Al parecer, los chilenos que viven en San Carlos de Apoquindo son los buenos. Sin duda, la movilización es un instrumento, una herramienta de lucha de los pueblos; hoy, la movilización es una herramienta legítima de los estudiantes y fue también un elemento fundamental para la recuperación de la democracia. Lo mismo ocurre con el derecho a reunión. Si el Gobierno del señor Piñera nos prohíbe el derecho a reunirnos y a movilizarnos, significa que no está respetando la institucionalidad ni la democracia. No podemos permitir -se lo digo con mucho respeto al ministro Hinzpeter - que este Gobierno imponga en Chile un estado policíaco, como ha estado ocurriendo hasta ahora. Los parlamentarios, como representantes del pueblo, debemos exigir que se respete la democracia y a los ciudadanos. Considero que el Congreso Nacional chileno debe revertir esta situación y exigir al Gobierno de Sebastián Piñera respeto por la democracia, porque ésta es participación real y efectiva, porque ésta garantiza el derecho a reunión y a movilización. Creo que el accionar del Gobierno nos lleva a un solo objetivo: la confrontación. Por lo mismo, desde aquí, hago un llamado al ministro Hinzpeter para que no siga imponiendo este estado policíaco porque Chile fue, es y tendrá que seguir siendo un país democrático. He dicho. -Aplausos en las tribunas. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la palabra, por cuatro minutos, la diputada señora Cristina Girardi. La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente , quiero leer un párrafo del libro de Claudio Naranjo titulado “Cambiar la educación para cambiar el mundo”. Cito textual: “Si los tiburones fueran hombres, harían construir en el mar cajas enormes para los pececitos, con toda clase de alimentos en su interior, tanto plantas como materias animales. Si, por ejemplo, un pececito se lastimase una aleta, en seguida, se la vendarían, de modo que el pececito no se le muriera prematuramente a los tiburones. Lo principal sería, naturalmente, la formación moral de los pececitos. Se les enseñaría que no hay nada más grande ni más hermoso para un pececito que sacrificarse con alegría. También se les enseñaría a tener fe en los tiburones y a creerles cuando les dijesen que ellos ya se ocupan de forjarles un hermoso porvenir. Se les daría a entender que ese porvenir que se les auguraba sólo estaría asegurado si aprendieran a obedecer.”. ¿Por qué comienzo mi intervención con esta cita? Porque tiene que ver con la obediencia, con la forma en que el poder entiende que deben actuar los demás y cómo deben someterse al poder para que éste los atienda. Esta ley dice: las personas que legítimamente deciden reunirse pacíficamente -yo le agregaría obedientemente- podrán hacerlo, pero aquél que cause el más mínimo desorden o el que altere esta obediencia, va a tener que sufrir las penas del infierno. El proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público, presentado hace unos días por el Ejecutivo , señala en el número 3) del artículo 1° que invadir, ocupar o saquear tendrán el mismo valor. Es decir, ocupar una escuela va a tener el mismo valor y significado que saquearla. Se dice que nadie está en contra de las manifestaciones y que nadie está a favor de la violencia, pero se pretende igualar la libertad de expresión con la violencia, como si expresarse significara ser violento. Si el que se expresa no es obediente, entonces deberá pagar las penas del infierno por desobedecer y expresarse. La iniciativa es tramposa, es hipócrita, porque de alguna manera nos pretende hacer creer que estamos defendiendo la paz y el orden, pero lo que efectivamente se busca es reprimir aquello con lo que no se está de acuerdo. En síntesis, frente a la demanda social, aquí se ha instalado la represión, el castigo, y cuando todos decimos que los estudiantes tienen razón al luchar por sus derechos, también los estudiantes están diciendo que los saqueadores y los ladrones y aquellos que hay que castigar son los que se han apropiado de los bienes de todos los chilenos, como el bien llamado educación. Ésos son los saqueadores, ésos son los que merecen castigo, y ni este Gobierno, ni la Concertación, ni nadie los ha querido sancionar. El inciso cuarto del artículo 1° de la Constitución Política de la República señala que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Carta Fundamental establece. La plena garantía es expresar, es luchar por lo que uno cree justo y para que, en definitiva, en Chile, haya real justicia social. Eso es lo que el Estado debe asegurar, no reprimir y sancionar. He dicho. -(Aplausos). El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente , el derecho de reunión es un derecho básico y fundamental, inserto dentro de la categoría de los derechos humanos. Cuando las personas se reúnen lo hacen porque quieren expresar ideas, posiciones o disconformidad. Atentar contra el derecho de reunión es ir en contra de los derechos humanos y de una serie de derechos o facultades relacionados entre sí, como el derecho de opinión y de expresión, por ejemplo, o derechos tan dignos como el derecho a la vida y otros. Las manifestaciones públicas o protestas sociales son la expresión máxima de la ciudadanía, del pueblo. Así habla y así se encauza su opinión. Estas manifestaciones las aseguran la ley y la Constitución, como también los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La protesta social surge cuando los organismos públicos o competentes no son capaces de escuchar al pueblo, a la ciudadanía. Hoy no se está escuchando al pueblo. Por eso hay manifestaciones y protestas. En Chile, en el último tiempo se ha querido impedir el derecho a manifestarse y a protestar, y quienes tenemos un compromiso arraigado e irrenunciable por ello y por los derechos humanos, en reiteradas oportunidades lo hemos denunciado con mucha energía: fuerza policial excesiva, restricción del derecho de reunión, infiltración de personal de Carabineros de civil en las manifestaciones, lanzamiento de aguas con agentes químicos, lanzamiento indiscriminado de bombas lacrimógenas, embestida de vehículos policiales en contra de la multitud, todo lo cual inhibe el derecho a expresarse. Amnistía Internacional ha criticado la violencia policial en Chile y ha dicho que se está penalizando cada vez más la protesta social en cualquier escenario. La violencia innecesaria, los malos tratos en la detención y las detenciones excesivamente prolongadas y a veces ignominiosas, no se ajustan a la ley ni a la normativa internacional. No estamos a favor de los saqueos, ni de la violencia, ni de los encapuchados, ni de que existan carabineros heridos; pero creemos que la forma en que se está actuando es contraproducente, porque genera más violencia. Muchas actuaciones de la fuerza pública tienden a incrementar el desorden más que a controlarlo. Estamos por las movilizaciones, estamos con las mayorías y no con los grupos aislados que a veces acaparan, injustamente, las pantallas de la televisión, más que la expresión mayoritaria ciudadana. La fuerza pública está actuando con un fuerte sesgo que la acerca muy peligrosamente a la manera en que actuaba en dictadura. La autoridad política parece más preocupada de reprimir el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente que de asegurar el ejercicio legítimo de ese derecho. Es demasiado el incremento de las detenciones ilegales declaradas por distintas fiscalías del país. Por otro lado, dos, tres o más tribunales, que recibieron en audiencia a detenidos en las manifestaciones, los dejaron en libertad, argumentando que esos casos eran el resultado de la provocación de Carabineros. El anuncio de la aplicación de la ley de seguridad interior del Estado, cuando no se tiene eficiencia en la determinación de los responsables de los actos punibles, no tiene ningún sentido ni efecto. El país requiere de una policía altamente profesional, más humana, más ciudadana. La fuerza pública no debe impedir el derecho de reunión, ni las manifestaciones sociales, ni las protestas sociales; debe limitarse a procurar su realización como la Constitución lo impone; resguardar y proteger a los manifestantes, encauzar las marchas, regularlas, pero no reprimirlas. Ha habido demasiada dureza en el trato de la fuerza pública hacia los manifestantes, sobre todo en contra de los estudiantes que hoy están movilizados. Lo hemos visto también en las manifestaciones contra el proyecto HidroAysén y en la marcha por el orgullo gay. Creemos que cuando se emplea la fuerza pública con la brutalidad y crudeza con que se ha hecho, genera violencia y da a los grupos aislados mayores argumentos para emplear la violencia. No se debe hablar sólo del orden público cuando no están sentadas las bases de una paz social, cuando no están conjugándose elementos propios como el diálogo y el respeto. No se hace paz social sólo con el orden público y la fuerza policial. No se altera el orden público cuando la gente hace uso de los espacios que les pertenecen para expresarse. No puede aplicarse un decreto hecho en dictadura, como el que aquí se ha mencionado, para regular las manifestaciones. Ese decreto representa otra época, representa otro espíritu y otra realidad, cruda, triste, de la que no queremos acordarnos. Ésa no es la realidad que debemos vivir. La democracia nos otorga el derecho y nos da la seguridad para ser personas, para realizarnos y para expresarnos con libertad y con dignidad. Además, es impropio anunciar leyes de castigo para las tomas y otros hechos, en momentos tan difíciles, tan susceptibles como el que vivimos. Claro, suena a provocación; es como apagar el fuego con bencina. Señor Presidente , la forma de terminar con las manifestaciones o protestas sociales no es con la represión, sino más bien buscando la forma de construir las demandas que expresan los manifestantes y estudiantes. ¡Que haya educación gratuita, que haya financiamiento para la educación superior y la desmunicipalización! ¡Cuando el Gobierno escuche a la gente, tendremos verdadera paz social y se terminarán las manifestaciones! He dicho. -Aplausos. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Alberto Cardemil. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente , la citación de hoy se inició justamente por una filmación. El derecho a la protesta social es legítimo, y desde estas bancadas lo vamos a repetir. Pero también vamos a repetir y afirmar que es legítima la seguridad pública, que es legítimo el orden público, que son legítimos los derechos de los demás ciudadanos, y que vamos a defender con firmeza estos objetivos, porque es lo que corresponde cuando se trata de defender a gente decente. Se han dicho muchas cosas. Por eso es bueno celebrar este tipo de sesiones públicas, para dar a conocer algunos datos duros de las secuelas, del vandalismo de estas manifestaciones pacíficas que con tanto ahínco han defendido los diputados de Izquierda. El 24 y 25 de agosto, fechas en que fueron especialmente violentas las manifestaciones, hubo 57 barricadas en Santiago, 8 ataques con bombas molotov, 26 saqueos... (Manifestaciones en las tribunas) Es evidente ver quién está con el orden y quién está con el saqueo, con la dialéctica de la molotov y las pistolas... (Manifestaciones en las tribunas) Prosigo. Hubo un vehículo quemado, una gobernación dañada… El señor MELERO ( Presidente ).- Perdón, señor diputado . Advierto a la gente que se encuentra en las tribunas que he tenido bastante paciencia para escuchar algún grado de manifestación. Pero si ustedes se sobrepasan en este tipo de actos, tendré que suspender la sesión y desalojar las tribunas. Nadie quiere que eso suceda. Todos los diputados y diputadas tienen el derecho de dar a conocer su forma de pensar. Por lo tanto, si no hay respeto a la diversidad y a esta Corporación, no vamos a poder cumplir con el objetivo. Por favor, por segunda vez, les pido su colaboración; de lo contrario, me veré en la obligación de desalojar las tribunas. Puede continuar, señor diputado . El señor CARDEMIL.- Señor Presidente , podría estar toda la sesión dando a conocer datos duros de las secuelas del saqueo, de la agresión a las personas, del atentado a la propiedad pública y privada producidas en estas ciento veinte manifestaciones durante los últimos meses. Pero con los que ya he dado a conocer, creo que es suficiente para ilustrar el punto. Sin embargo, como soy diputado por Santiago , al igual que el diputado Felipe Harboe , quiero dar a conocer los daños que se produjeron en mi distrito, en mi comuna de Santiago, a raíz de los hechos producidos el 6 de octubre de 2011, dineros que salen de la propia Municipalidad de Santiago y que ya no podrán ser ocupados en proyectos sociales urgentes para la población. Estoy hablando de gente decente, gente humilde y de trabajo que se quedará con las ganas de ver terminadas las obras que se encontraban pendientes, precisamente, por las acciones de estos vándalos. Cuatro millones de pesos de daños en jardinería; 34 millones de pesos en daños a semáforos, señaléticas y vallas peatonales; 11 millones de pesos en vidrios, lámparas, globos y postes; 17 millones y medio en pavimentación, asfaltos destruidos, baldosas removidas y todo tipo de instalaciones públicas desechas, módulos de seguridad y domos destruidos; cámaras, retiro de escombros y rejillas. 75 millones de pesos es el costo que debe sufrir la gente que vive en Santiago por este tipo de manifestaciones pacíficas, celebradas el 6 de octubre último. ¿Qué quiero decir con esto? Que de una vez por todas debemos entrar al área chica. Pregunto al público: ¿hay alguien en esta Sala o en las tribunas que avale o esté dispuesta a avalar este tipo de vandalismo, esta destrucción, este daño y esta amenaza concreta a la seguridad pública de las personas y de la propiedad? ¡No estamos dispuestos a ello! ¡Los chilenos comunes y corrientes están cansados de tanta destrucción! Ahora bien, es cierto, el Gobierno está sacando mala nota en el rubro de la mantención del orden público, pero la Concertación está sacando peor nota aún, porque el doble juego es evidente. Por una parte, se enciende incienso, se hacen loas a las manifestaciones pacíficas y se condena la violencia de forma muy rápida, para que casi no se note, y por otra, se realiza un trabajo consistente en el Congreso y en los medios de comunicación para debilitar la acción de la policía y deslegitimar la acción del Gobierno para lograr la impunidad de todos quienes están detrás de estos desmanes. Se desempolva un vocabulario anarquista y marxista muy trasnochado para plantear que esta es una legítima confrontación propia del conflicto dialéctico. Los chilenos ya no comulgan con estas ruedas de carreta. Distinguidos amigos, al igual que en los gobiernos de la Concertación, ni este Gobierno, ni ningún otro, puede aceptar que se actúe quemando buses en pleno centro de Santiago, que se actúe con bombas molotov y que se amenace a la gente a la vuelta de la esquina; que se actúe con la piedra, el desorden, la paralización del tránsito y de las actividades normales de una ciudad. Un Gobierno tiene la obligación de mantener el orden público. Es una cuestión evidente. Los diputados de la Alianza no sólo vamos a respaldar esa decisión, sino que vamos a instar al Gobierno para que cumpla con su deber. En cuanto a las leyes, ¿qué ilegitimidad puede tener una norma que data de 1983, que fue usada por todos los gobiernos de la Concertación, y que plantea cosas tan evidentes como la facultad de la intendenta para autorizar reuniones o manifestaciones en calles de circulación intensa, o reuniones en plazas y paseos, justamente, en horas de alto tráfico de personas? ¡El derecho de los manifestantes choca con el derecho legítimo de los demás! Es obvio. ¿Cómo van a indicar que es ilegítima una norma que cautela reuniones donde se utilizan armas, palos, bastones, fierros, herramientas, barras metálicas, cadenas y cualquier otro elemento de naturaleza semejante? En tal caso, obviamente, las Fuerzas de Orden y Seguridad deben ordenar y detener a los portadores. Eso es lo que está haciendo la policía. ¿Qué quieren acaso? ¿Qué se retire carabineros y entreguen las ciudades, las calles y los barrios a los vándalos que salen con el único objetivo de destruir? ¡No es posible aceptar tal contrasentido! ¡Vamos a defender la legítima acción del Gobierno de actuar en tales casos! Hemos presentado un proyecto de acuerdo muy claro, que contiene sólo tres puntos. El que quiera vota a favor, de cara al país, y el que no, que vote en contra. Primero, rechazar y condenar todos los actos de violencia producidos en Chile en los últimos meses, indicando que esos actos vulneran la justicia social, los derechos de los demás y el derecho de reunirse en forma legítima. La peor de las injusticias es el desorden. Segundo, instar al Gobierno a que cumpla su deber de mantener el orden público, y, tercero, manifestar la confianza en que este Congreso va a legislar adecuadamente para cumplir con lo que la gente le pide a gritos: que le demos seguridad ciudadana y pública. He dicho. -Aplausos. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , como tengo tres minutos, voy a apurarme. El honorable diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que hablaba de las ciento veinte manifestaciones, de las barricadas, de los baldosines removidos, de los módulos y cámaras de seguridad destruidos, y de los 55 millones de pesos en daños, se preguntaba que quién avalaba eso. Yo pregunto, en Chile hay mil detenidos desaparecidos, ¿quién avala eso? ¿Alguien, en la Cámara, avala que, hasta hoy, no se haya podido encontrar a los detenidos desaparecidos? ¿Alguien avala que haya habido cerca de 2 mil ejecutados políticos? La gran mayoría de dichos crímenes aún no encuentran responsables. ¿Quién avala el hecho de que muchos de los responsables de los cerca de 37 mil torturados y presos políticos, hasta hoy, no hayan recibido ninguna sanción?, ¿Quién avala a los responsables de las torturas? Ponemos en un mismo sitial el daño a los baldosines, a las cámaras de seguridad y la violencia que surgió durante la dictadura militar, la que reguló el derecho a reunión a través de la dictación de un decreto supremo. ¿Con qué descaro vienen a criticar la violencia en las calles y en todos lados, si la institucionalidad, que nos tiene sentados acá, nació fruto de la violencia más descarnada y horrorosa ocurrida en la historia de Chile? (Manifestaciones en las tribunas) Para poner en su justa dimensión el tema de la violencia, porque aquí muchos se llenan la boca y hacen gárgaras con la violencia, debo señalar que se olvidan de que esta institucionalidad surgió de un golpe de Estado. Parece ser que quedó sólo en el tintero el hecho de que la Constitución que nos rige surgió de la dictadura militar de Pinochet. ¡Parece que se les olvida de dónde surge la institucionalidad! Debemos tener cuidado cuando manejamos el tema de la violencia, y legitimamos todo en función de la violencia. La violencia política la creó esta institucionalidad. Quiero referirme, con toda claridad, al último Informe sobre Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. ¿A qué conclusiones llegó? Citaré alguna de sus partes para que luego no digan que hablo barbaridades. Según el informe, se ha detectado la vulneración de los derechos de los manifestantes provocada por funcionarios policiales presionados por mantener el orden público, sin aparente contención política de los límites de su actuación. Cita, por ejemplo, el uso de bombas lacrimógenas en lugares cerrados, empleo de carros lanzaguas para disolver protestas pacíficas y a jóvenes denunciando malos tratos. Concluye que el Estado chileno ha criminalizado las manifestaciones, y es muy expedito para aplicar la respuesta penal en este contexto. Es decir, el informe señala, con claridad, que la autoridad política no contiene, o no sirve para contener a las fuerzas policiales, la cuales están subordinadas al ministro del Interior , quien se encuentra aquí. He dicho. -Aplausos. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans. El señor ELUCHANS.- Señor Presidente , la vida en sociedad crea relaciones humanas de diversa índole, con componentes políticos, sociales, culturales, económicos y jurídicos. Y pongo énfasis en lo jurídico, porque quienes constituimos un país, todos los chilenos, por el solo hecho de habitar en Chile, hemos firmado un pacto social tácito, que establece en nuestro beneficio una serie de derechos, pero también nos impone ciertas obligaciones. Cuando el diputado Rodrigo González , al inicio de esta sesión, hacía mención a que protestar es un derecho de todos los chilenos, le digo al diputado González que tiene toda la razón. Es un derecho consagrado en el Nº 13º del artículo 19 de la Constitución. Por lo tanto, tenemos la obligación de respetar ese derecho constitucional. Pero, el diputado González , no sé si por falta de tiempo, mala memoria o sencillamente porque no quiso hacerlo, omitió mencionar muchas otras disposiciones de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 1º, que establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por su parte, el inciso cuarto del artículo 1º de la Carta Fundamental señala: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común,...”. Luego, agrega: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia,…”. Más adelante, el Nº 1º del artículo 19, a que hacía referencia el diputado González , se refiere al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona; de la igualdad ante la ley; de la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. -Manifestaciones en las tribunas. El señor MELERO (Presidente).- Pido a las personas que se encuentran en las tribunas que mantengan el orden. De lo contrario, tendré que ordenar su desalojo. -(Manifestaciones en las tribunas) (Suenan los timbres silenciadores) El señor MELERO (Presidente).- Se suspende la sesión. -Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor MELERO (Presidente).- Continúa la sesión. Tiene la palabra el señor Edmundo Eluchans. El señor ELUCHANS.- Señor Presidente , hacía referencia al derecho de protesta y a los derechos y deberes constitucionales que tenemos todos los ciudadanos por el solo hecho de vivir en este país. El derecho a protesta, debidamente garantizado, el Gobierno lo ha aceptado y lo ha respetado. Hay que hacer una clara diferencia entre quienes protestan y tienen el legítimo derecho a hacerlo y quienes hacen de las protestas la oportunidad para el vandalismo y el pillaje. La situación de la educación en Chile justifica las protestas, porque, evidentemente, hay muchas cosas que están pendientes y están mal, las cuales, digámoslo de paso, no son responsabilidad de este Gobierno. Pero lo que es completamente inaceptable es que con motivo de las protestas haya quienes se aprovechen y hagan de ellas una oportunidad para encapucharse y -reitero- cometer actos de vandalismo y pillaje. Cuando el Gobierno se preocupa de hacer un llamado al orden público y de controlar el orden público está cumpliendo con su obligación. El artículo 24 de la Constitución Política es clarísimo, pues establece que la autoridad del Presidente de la República , su derecho y obligación, se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público. Hay disposiciones legales dictadas al amparo del artículo 101 de la Carta Fundamental, el que dispone que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. La disposición agrega que ellas constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma en que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Hay cuerpos legales que otorgan facultades a los intendentes en materia de seguridad pública, como la ley orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, la cual preceptúa que deben ocuparse de mantener el orden público. Lo que ha hecho este Gobierno es eso: preocuparse de que haya tranquilidad, de que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados. La libertad de manifestarse y de protestar es legítima y tiene los atributos que la hacen merecedora de invocarse como un derecho, siempre y cuando las manifestaciones no pasen a llevar ni vulneren los derechos de terceros. Como consecuencia de las protestas se producen actos derivados. Pero no le quiero echar la culpa de eso directamente a las protestas, porque los jóvenes que salen a protestar, como lo hemos visto en la televisión, muchas veces quieren controlar a quienes se aprovechan de la situación para cometer actos delictuales. Lo que tiene que hacer el Gobierno en esas circunstancias es mantener el orden público. En definitiva, lo que debe hacer es que esos encapuchados sean detenidos y pasados a los tribunales, para que respondan de conformidad con lo que establece la ley. Creo que aquí se está haciendo un aprovechamiento político, injusto y abusivo de la situación que hoy vive el país para convocar a esta sesión especial. No quiero que lo que voy a decir sea una imputación a todos quienes desde las bancadas de enfrente han hablado en contra de la situación que se está viviendo hoy. Lamento que no esté presente el diputado señor Hugo Gutiérrez , porque no soy partidario de la violencia de Estado, no soy partidario de la violencia verbal ni soy partidario de la violencia física. ¡Pero hay que tener autoridad moral! ¡El señor Hugo Gutiérrez es comunista, y el comunismo marcó el siglo XX con sangre, terror, muerte y encierro! ¡Hay cientos de miles de personas que murieron en el siglo XX producto de las políticas del Partido Comunista! Entonces, que ellos vengan aquí a hablarnos del orden, del respeto a los derechos, es un descaro inaceptable. ¡Y yo quiero protestar enérgicamente, porque -repito- esto es inaceptable! Si queremos hacer de este país una nación seria y respetable, en la cual la gente se respete, se considere y se valore, no podemos aceptar ese tipo de conductas, que lo único que hacen es provocar para que se produzcan situaciones como las que hemos vivido hoy en la tarde, porque los comunistas son responsables de lo que ocurrió esta tarde, y lamento mucho que tengamos que terminar esta sesión de esta manera. Me habría gustado decir todo lo que he querido señalar con las tribunas repletas de gente que se manifestara en contra de lo que estoy planteando, pero que lo hiciera de manera respetuosa; sin embargo, han seguido los dictados y las prácticas del Partido Comunista. ¡Ojalá Chile camine por otros rumbos! He dicho. -Aplausos. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , quiero intentar hacer un esfuerzo para que en el fragor de un debate intenso, y respecto del cual, evidentemente, no se va a generar un acuerdo en esta Sala, pudiéramos rescatar aquellos elementos que son explícitamente transversales a todos quienes han hecho uso de la palabra. Y eso tiene que ver con que, a lo menos, por mi parte, no he escuchado una sola intervención en esta Sala que no condene la violencia como método de acción política. Ninguno de nuestros distinguidos colegas diputados ha iniciado su intervención sin decir que condena los actos de violencia. ¿Por qué, entonces, escarbar, hurgar, en las profundidades de las diferencias que tienen una razón histórica en nuestro país y no rescatar aquello que es tan fácil de percibir desde la superficie? Pero, para eso se necesitan varias condiciones. Por sobre todas las cosas, generosidad. No bastan los discursos vacíos para condenar la violencia. Hace poco más de un mes, tuvimos una reunión similar a ésta. Estaba presente, en el mismo lugar, el señor ministro del Interior , y estaba el entonces director general de Carabineros. En esa ocasión, personalmente -por su intermedio, señor Presidente - le advertí al ministro que es peligrosa la escalada en que el país se está incorporando. No es sano para nuestra democracia que Carabineros se transforme -lo dije textualmente- en un instrumento al servicio de un proyecto político específico y no en una institución de la República capaz de asegurar, por una parte, el derecho a expresarnos en libertad y, por otra, de garantizar la seguridad de la población, sobre todo si tenemos policías profesionales dotadas de los instrumentos suficientes, institucionales, legales y tecnológicos, para que puedan hacerlo. Discúlpeme, señor Presidente , pero quiero repetir algo que me parece importante y, por lo menos, es algo a lo que recurro con frecuencia. Recuerdo, perfectamente, el proceso que vivimos cuando reiniciamos nuestro tránsito hacia la democracia. Al cabo de algunos años, me correspondió asumir como alcalde de mi ciudad, Temuco. Asistí a la primera ceremonia de mi región para conmemorar el Día del Carabinero. Me pidieron que entregara una condecoración a un oficial y me tocó -creo que debe haberles ocurrido a muchos- condecorar a un carabinero. ¡Y, quizás, ese carabinero había sido el mismo que me encarceló, golpeó, humilló y denigró! Sin embargo, estábamos allí porque sabíamos que teníamos que recuperar la institución para la democracia, para el país, para la República. Carabineros no podía seguir siendo un instrumento al servicio del gobierno. Extraño profundamente una visión de Estado respecto de la naturaleza y funciones de Carabineros. Quiero reiterar al señor ministro del Interior -por su intermedio, señor Presidente -, con mucha sinceridad y franqueza -es más, atrevo a poner a disposición la bancada de mi Partido para lograr tal propósito- que hagamos cualquier esfuerzo, Oposición y Gobierno, para avanzar en los acuerdos que son necesarios, de manera de poner término a este conflicto que a nadie hace bien y que daña profundamente las raíces de nuestra institucionalidad democrática. La tan manida frase, previa al golpe militar, de 1973, de que “esas cosas no ocurren en Chile”, con el tiempo fue desmentida y tuvimos que vivir una larga tragedia. No quiero que ninguna mujer, ni ningún hombre de mi país, ni mis hijos, ni mis nietos, tengan que vivir siquiera el uno por ciento de la dolorosa experiencia que nos correspondió experimentar a nuestra generación, y de la cual también somos responsables. Señor ministro , por su intermedio, señor Presidente , es una petición que le formulo desde lo más profundo del corazón, más allá del cálculo político, del logro de ventajas temporales, ocasionales, circunstanciales, egoístas. ¡Abra una mesa! ¡Conversemos con generosidad, con respeto, con tolerancia! No existe otra forma de poner término a este conflicto. Pueden pasar muchos episodios dolorosos antes de que logremos ponerle término. La mirada del país está puesta en nosotros y, cada vez, el juicio de la sociedad es más duro, más severo; incluso, a veces, es más cruel con nosotros, porque no hemos estado a la altura de entregarle a ese país que nos observa una respuesta cualitativamente más consistente, de futuro, más de país, que la respuesta a las circunstancias inmediatas, presentes, del éxito fácil. He dicho. -Aplausos. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado Tucapel Jiménez. El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente , después de lo que sucedió acá es difícil hilvanar un discurso, pero lo más grave -me dicen que esto no ocurría desde hace quince años- es la entrada de fuerzas especiales bajo su presidencia. Señor Presidente , no creo que ésa sea una linda manera de pasar a la historia. Ha ocurrido lo mismo que queremos criticar a Carabineros. Usted, señor Presidente , al desalojar el sector que estaba gritando, desalojó a toda la tribuna y, con ello, a los dirigentes de la Anef que estaban allí sin causar ningún desorden. Acá, inteligentemente, se ha tratado de cambiar el discurso. Lo hizo el ministro Bulnes cuando dijo que no podemos permitir educación gratuita para todos porque los pobres no pueden financiar a los más ricos. Es, justamente, al revés. Queremos una reforma tributaria para que los más ricos financien a los más pobres. Señor Presidente , el diputado Cardemil preguntó que quiénes estaban a favor de los vándalos, de los delincuentes, de los encapuchados. ¡Nadie! Esta sesión no es para defenderlos, sino para defender a los jóvenes, a las mujeres, a los niños, que se manifiestan pacíficamente. ¿Quién podría defender a los vándalos o a los encapuchados. ¡Nadie! Justamente, ésa es la crítica que se hace. Se lo digo al ministro , porque uno, de repente, ve que el actuar de Carabineros, sus procedimientos, la forma de contener las manifestaciones, no discrimina y reprimen a niños, a jóvenes y a mujeres por igual. Ven a los encapuchados deambular entre las marchas, pero, al final del día, sólo hay un encapuchado preso, en circunstancias de que tienen hasta infiltrados en las marchas. ¿Es extraño, no? Entonces, queremos que no haya encapuchados, vándalos y delincuentes en esas manifestaciones de jóvenes que son sumamente pacíficas y que representan una demanda de la mayoría de la ciudadanía. Nos llama mucho la atención el informe sobre derechos humanos de la Universidad Diego Portales. Por eso, quiero hacerle una pregunta al ministro , porque no escuché opinión del gobierno al respecto. Lo que señala el informe es grave. Primero, habla claramente de que no se respeta el derecho a reunión; que jóvenes han denunciado fuertes golpizas y maltratos de parte de carabineros; que se lanzan bombas lacrimógenas en lugares cerrados y condominios. No me quedó claro, ministro , si las lanzaban desde helicópteros o no. Una imagen aparecida en Youtube señalaba eso, ocasión en que murió el joven Manuel Gutiérrez . Pero, lo peor lo dijo el diputado Gutiérrez . Al respecto, quiero una respuesta o pronunciamiento del ministro : se dice que funcionarios actúan presionados por mantener el orden público sin aparente contención política a los límites de su actuación. Es como si el personal de Carabineros se sintiera presionado -por el Ministerio del Interior, probablemente, porque desde él emanan las órdenes- para mantener el orden público y, basado en ello, no se limita en su actuar. Pregunté al general director de Carabineros si era así y, por supuesto, me dijo que no se había dado una orden política. Todos queremos paz social. ¿Quién de los aquí presentes no querría paz social? Todos quisiéramos que las manifestaciones fueran pacíficas y que la gente se pueda expresar. Pero los encapuchados no están sólo en los movimientos estudiantiles. Hace poco hubo una protesta de los pueblos originarios y a ella llegaron los encapuchados. Si Chile gana un partido de fútbol y la gente se junta a celebrar en la plaza Italia, ahí llegan los encapuchados. Por tanto, nos llama profundamente la atención que Carabineros no los detenga. Al final del día detienen sólo a dos de los doscientos, trescientos o mil encapuchados que hay, aun teniendo funcionarios infiltrados. Entonces, o hay que cambiar los procedimientos o algo no está funcionando en Carabineros, porque, reitero, reprime a la gente pacífica, y a los encapuchados los mira, los deja actuar, pero no detiene a ninguno. Señor Presidente , por su intermedio, pido al ministro que me dé una respuesta en relación con el informe de derechos humanos que elaboró la Universidad Diego Portales, porque, aunque en él se use el término “aparente”, es una acusación. Quiero saber si hay directrices del Ministerio del Interior respecto del actuar de Carabineros; si es así, creo que sería grave. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marcela Sabat. La señora SABAT (doña Marcela).- Señor Presidente , voy a ser bien sincera: es muy difícil intervenir después de lo ocurrido en la Sala. Es muy fácil y muy popular hablar a la galería, sobre todo cuando uno trae público. Pregunto a los diputados de Oposición qué hicieron todos los años en que estuvieron en el gobierno en relación con este mismo tipo de protestas. ¿Qué hicieron con la supuesta mesa de diálogo que se instaló en el gobierno de la Presidenta Bachelet con el movimiento de los pingüinos? ¿Se solucionó algunas de las demandas verdaderamente importantes? ¡Ninguna! Por eso digo que es popular hablar cuando uno trae público. Es una mala práctica de la política traer gente a gritar y a manifestarse de la forma en que se ha hecho. Es la mejor demostración de que el Partido Comunista no ayuda a terminar con la violencia. En este minuto, los jóvenes están haciendo un llamado por una educación de calidad, que no pudieron obtener en los gobiernos anteriores. Pido a mis colegas de la Oposición que tengan memoria. Este Gobierno -hay que dejarlo claro- no avala los abusos policiales. Lo que avala y defiende es el orden público. Ha habido excesos, sí. Una diputada de Gobierno lo está reconociendo. Y yo misma he tomado las acciones políticas para investigarlos mediante el envío de oficios. Asimismo, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana , voy a citar al general director de Carabineros para preguntarle qué ocurre con los requisitos para efectuar el control de identidad. Pero, insisto, este Gobierno avala y protege la seguridad pública, no los abusos policiales. Las demandas son claras, justas y necesarias, al igual que el derecho que tenemos todos los chilenos a manifestarnos, pero lamentablemente se han visto opacadas en los últimos meses por muchos encapuchados que no son parte del movimiento estudiantil, según se dice. Pero ¿qué pasa cuando vemos a esos mismos encapuchados tirando piedras y objetos desde el interior de los establecimientos educacionales? Con esas acciones hieren a las personas que se desplazan por la vía pública y no respetan su derecho a transitar libremente. Por eso, lo que se quiere proteger es el derecho de los chilenos a transitar libremente y a sentirse seguros. La razón es clara. Mi libertad de manifestarme no puede pasar a llevar la libertad de un tercero. Es bonito y muy popular hablar de la libertad de reunión o de la libertad de manifestación. Pero, ¿qué pasa cuando el ejercicio de esas libertades va en contra de las de un tercero, por ejemplo, de su libertad de tránsito o de su derecho a sentirse seguro? Sería extremadamente abusador pretender ejercer el derecho a manifestarse sin considerar los efectos que ello puede causar en el otro. Esa conducta no sólo sería injusta, sino que, además, antiética y bastante irresponsable. Por eso, el Ejecutivo ha procurado distinguir entre encapuchados y manifestantes pacíficos. Hemos dejado muy claro que no estamos en contra de las manifestaciones; estamos en contra de los delincuentes. Los proyectos que se han presentado y que estamos tramitando en el Congreso Nacional no buscan limitar o impedir el derecho de reunión que consagra la Constitución, en ningún caso, sino únicamente lograr que se respete la sana convivencia social y que las marchas pacíficas sean realmente pacíficas. ¿Cómo no va a dar gusto ver marchas pacíficas, que convocan a miles de personas y que terminan con espectáculos, como la marcha por la igualdad? No hay ningún problema con eso; da gusto ver que la gente se manifieste. De lo contrario, me preocuparía. Y lo sé por experiencia propia. Como diputada de Gobierno también he marchado por las calles, de manera pacífica, cuando he considerado que una decisión no debería tener lugar. Pero siempre he condenado la violencia y me he preocupado de respetar el orden público, porque sé que detrás de las marchas y movilizaciones hay locales comerciales que pueden resultar perjudicados, hay residencias que pueden resultar dañadas y hay, por sobre todo, familias que no están de acuerdo con las protestas y cuya opinión es tan válida y tan importante como la mía. Termino haciendo un llamado, sobre todo a mis colegas de la Oposición: ¡cortémosla con el populismo y la crítica fácil! Lo que está ocurriendo no es sólo por la educación que no logramos dar al país en los últimos veinte años, sino una responsabilidad política transversal, una responsabilidad de todos. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz. El señor DÍAZ.- Señor Presidente , el derecho a la protesta se constituye desde el derecho a la libertad de expresión y el derecho a reunión. Son derechos humanos fundamentales, reconocidos por tratados internacionales suscritos por Chile y consagrados en la Constitución Política. Desde el Gobierno suele escucharse que “la manifestación no estaba autorizada, razón por la cual fue disuelta”. Esta afirmación se ampara en el decreto supremo N° 1086, de 1983, del Ministerio del Interior. Da lo mismo lo que ha pasado en estos años con ese decreto; que cada uno asuma su responsabilidad. Lo que está claro es que es inconstitucional y que viola compromisos internacionales suscritos por Chile. Por eso, estará considerado en la tabla de la Convención Americana de Derechos Humanos, prontamente, porque se trata de una norma que viola las disposiciones contenidas en este tratado. En efecto, el artículo 15 de la Convención dispone que el derecho de reunión pacífica y sin armas “sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley -un decreto no es ley-, que sean necesarias en una sociedad democrática, el interés de la seguridad nacional, de la seguridad y el orden públicos, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los demás.”. El decreto supremo N° 1086 claramente no cumple con los requisitos de la Convención Americana de Derechos Humanos. En consecuencia, se trata de un decreto nulo, y es un imperativo ético y constitucional, señor ministro , suprimirlo para asegurar el pleno ejercicio del derecho a protesta, del derecho a la libre expresión y del derecho a reunión. Emplazamos al Gobierno a derogar este decreto y a dictar la disposición legal a la que estamos obligados como consecuencia de nuestra adhesión a la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero hay un segundo tema que es político: la pretensión del Gobierno de criminalizar la protesta social y el movimiento social, y de establecer y endosar la responsabilidad a los dirigentes que convocan a una manifestación, para esconder su propio fracaso en dos materias: primero, el orden público. Aunque el ministro anuncie no sólo la aplicación de la ley de seguridad interior del Estado, sino que además las penas del infierno, no habrá a quién aplicárselas si no hacen bien su pega y no son capaces de identificar a aquellos que abusan de la movilización social para cometer delitos. De eso se trata: de que hagan su pega, particularmente el ministerio que usted encabeza, señor ministro , que hoy ya no es sólo del Interior, sino que, además, por iniciativa del senador Espina , que está presente en la Sala, es también de Seguridad Pública. En consecuencia, el primer fracaso del Gobierno ha sido criminalizar al movimiento estudiantil, al movimiento social, criminalizar la protesta social, como resultado de su propio fracaso en la mantención del orden público. Pero lo más relevante es que el Gobierno no quiere, porque no puede, porque los intereses que están detrás son más poderosos, hacerse cargo de la demanda nacional por un nuevo modelo educativo, por una educación pública gratuita y de calidad. Bien decía la diputada Marcela Sabat . ¿Qué se ha hecho acá? Hace pocos días, la ex ministra Yasna Provoste recordó su intentó de erradicar el lucro. Están las votaciones del día en que se aprobó la ley en esta Sala. Por eso, que cada uno asuma su responsabilidad. El veto al fin del lucro en la educación provino de las bancadas que sustentan al actual gobierno. Seguir haciendo oídos sordos a la demanda de Chile es querer gobernar contra la inmensa mayoría. Eso es lo que está haciendo el Gobierno. Piensa que endureciendo el discurso asfixiará al movimiento estudiantil y ahogará la demanda nacional. Esto es querer gobernar contra la mayoría, es desentenderse del principal deber democrático de quienes están en el poder, que es escuchar al pueblo, que fue quien los eligió. Por eso, los chilenos, de manera unánime, contestan en las encuestas que hemos visto desde hace ya largos meses que repudian y rechazan la conducta de este gobierno. He dicho. El señor MELERO ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Mónica Zalaquett, hasta por cuatro minutos. La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señor Presidente , no cabe duda que el derecho de reunión, garantizado en nuestra Constitución, es un bien público nacional que debemos cautelar y proteger todos los chilenos. Por eso, me preocupa, me duele y me impacta ver cómo colegas hablan tan fácilmente de democracia, pero avalan los hechos violentos, en circunstancias de que lo que debiera garantizar la democracia es precisamente el respeto. La democracia implica valores, actitudes y conductas democráticas, los mismos que los hechos acontecidos hace unos minutos nos demostraron que pueden ser vulnerados fácilmente. Algunos colegas hablan de estado policial, pero nada dicen de los encapuchados. Algunos dirigentes estudiantiles declaran que la violencia sólo se acabará cuando se les entregue lo que piden, pero no se sientan a dialogar. Señor presidente , en estos últimos seis meses, miles de estudiantes han salido a las calles a luchar por una causa justa e importante, como es mejorar la calidad de nuestra educación. Pero también hay que reconocer que en los últimos 20 años, poco y nada se hizo por dar respuesta a esa demanda. Muchos de los manifestantes se han expresado de manera creativa y original, y la gran mayoría ha sido capaz de poner el problema en el centro de la discusión nacional. Sin embargo, en los últimos meses vemos que la noticia ya no son los estudiantes que se movilizan, sino que la acción de algunos encapuchados que impiden el normal desplazamiento de las marchas, alterando el orden público y generando millonarias pérdidas, pero sobre todo irrecuperables destrozos en las distintas ciudades de nuestro país. ¡Cómo no preocuparnos por aquellos comerciantes que ven destruidos o saqueados sus locales! ¡Cómo no preocuparme de la señora del kiosco, que no puede abrir, o de esos vecinos que al día siguiente no contarán con el semáforo en la esquina, poniendo en riesgo la vida de todos aquellos que transitan por ahí! Esto no es sólo un problema de recursos económicos; esto también tiene impacto emocional. Aquí hay derechos que se están viendo afectados y es nuestro deber velar por que ello no ocurra. Por eso, no comparto la opinión de que el derecho a reunión se esté viendo afectado por la acción de la autoridad y las Fuerzas de Orden. Ellas tienen el deber de proteger a todos los chilenos y resguardar el orden público. Lo que realmente está afectando el derecho a manifestarse son los actos de violencia que se han presentado en algunas marchas. Lo que está sucediendo no es otra cosa que la reafirmación de que ningún derecho es absoluto, y no lo son porque vivimos en sociedad, donde todos los ciudadanos merecemos respeto. Por eso, el bien común debe ser la primera y más básica limitación a los derechos. Todos los derechos constitucionales garantizados por nuestra Carta Fundamental deben tener un contenido regulatorio, que sea justo y proporcional, que siempre busque resguardar el bien común de nuestra sociedad. El derecho a reunión no es una excepción a esta regla. Aún cuando el numeral 13º del artículo 19 de nuestra Constitución lo garantiza, su ejercicio se encuentra regulado por el Decreto Nº 1086, del Ministerio del Inte-rior, el cual establece las condiciones que se deben cumplir para que este derecho sea ejercido legítimamente, sin producir daños a terceros, ni afectar el orden público. Estos últimos seis meses hemos visto en reiteradas ocasiones cómo si infringe esta normativa, que no tiene otro propósito que resguardar el derecho de todos los ciudadanos a transitar y desempeñar sus labores cotidianas con tranquilidad y seguridad. No podemos permitir que se atropellen los derechos de los chilenos que creemos en el derecho a manifestarnos pacíficamente. Es en esta materia donde la labor de las Fuerzas de Orden es fundamental. Se ha dicho que ésta ha sido desproporcionada y muchas veces provocadora, pero las imágenes en los medios de comunicación nos permiten ver que, en la gran mayoría de los casos, esto no es así. Por el contrario, vemos cómo un grupo de encapuchados, muchas veces ajenos a la movilización, atacan a Carabineros. En lo que va de este año, tenemos a más de 700 de ellos con lesiones de distinta gravedad. Los ciudadanos de a pie, la gente que vive en el Chile real, están cansados de que cada marcha estudiantil se esté transformando en actos de violencia, barricadas y saqueos, produciendo daños en la vía pública y en la propiedad privada, como lamentablemente sucedió anoche y hoy en la mañana. La pregunta que debemos plantearnos es cómo conciliar el legítimo derecho a expresarse y exponer nuestras inquietudes con las garantías de seguridad y tranquilidad de quienes no participan en estas movilizaciones. Me preocupa que generalicemos las conductas en torno a las movilizaciones. Este año hemos visto cómo distintos grupos han marchado pacíficamente, en familia y con alegría, defendiendo aquello que les parece justo. Lo han hecho en un contexto de respeto, que debemos valorar y rescatar. Cuando se quiere, se puede. No siempre ha sido necesaria la intervención de las Fuerzas de Orden. Poner en duda el derecho a reunión es desvirtuar el debate. Nadie discute que se trata de un derecho legítimo y muy necesario, y que el gobierno respeta y seguirá respetando. Lo que sí está en entredicho es la capacidad de ejercer este derecho de manera correcta, respetando a los que no participan de las movilizaciones. No dejemos que las causas por las cuales luchamos se vean ensombrecidas por un grupo pequeño, que con sus actos centran la atención en la violencia y no en aquello con lo cual soñamos. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Accorsi. El señor ACCORSI.- Señor Presidente , llamo a reflexionar a mis colegas y al ministro . Es preocupante que en nuestro país no se pueda dialogar. El diputado señor Saffirio hizo un llamado. Me sumo a ese llamado y pongo a disposición a la bancada del PPD para buscar un entendimiento, que nos lleve a hacer frente al problema de las marchas y a solucionar el de la educación. Nos hemos reunido con el General Director de Carabineros. Nos ha dicho que está conteste en que hay que establecer algunos protocolos de acción para el personal de Carabineros. Lo que pasó esta tarde en la Sala no se puede repetir. Un país que no dialoga, un país que no se sienta a la mesa, tendrá que pagar las consecuencias de la intolerancia, de la discriminación y también de la exclusión de las opiniones de muchos ciudadanos. Reitero mi llamado. Busquemos entre todos la manera de formar una mesa de diálogo, para enfrentar el tema, para dialogar en pos de resolver los problemas que nos plantean nuestros jóvenes, amén de los temas en materia de derecho de reunión. Si hay voluntad política, las fuerzas de la Oposición estamos disponibles para esto. No queremos un país dividido, no queremos un país que no puede dialogar, que no puede sentarse a la mesa. No queremos un Congreso que no escucha; queremos un Congreso con tolerancia. No es sano para nuestra democracia seguir por esta senda. Soy categórico, nosotros estamos en contra de la violencia. No queremos la violencia, venga de donde venga. Para nosotros, lo más importante son las ideas y el diálogo. He dicho. El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas, hasta por seis minutos. El señor ARENAS.- Señor Presidente , nadie, en forma seria, puede decir que en Chile no existe libertad de asociación y libertad de reunión. Desde mayo estamos viendo manifestaciones: centenares de protestas y de marchas; de cacerolazos y de paros nacionales. Es más, desde sus inicios, muchas de estas manifestaciones recibieron un respaldo social importante. Pero también, en sus inicios, eran muy destacables. Había creatividad en los jóvenes. Protestaban con bailes frente a La Moneda; con frases ingeniosas; con propuestas; con iniciativas de dialogo, etcétera. Muchos chilenos se sintieron interpretados por la creatividad con que se manifestaban. Sin embargo, cada vez y con mayor fuerza, vemos con preocupación que los elementos más extremistas y más ideologizados se han ido adueñando de las legítimas protestas sociales. Y no son los encapuchados de siempre, los que aparecen en los partidos del Colo Colo o en una marcha cualquiera: son encapuchados con una finalidad ideológica y con una preparación política, que sabemos muy bien de dónde viene. Por lo tanto, señor Presidente , aquí no estamos hablando de las externalidades inevitables de las movilizaciones sociales, sino que de la búsqueda de una inestabilidad política y jurídica, con una clara intencionalidad. Por eso, señor Presidente, vemos con franco temor que esas protestas han sido reemplazadas por saqueos, por quemas de vehículos, por lesiones a transeúntes y por carabineros heridos con bombas molotov, que no respetan a nadie ni a nada. De hecho, señor Presidente , hemos visto que propios manifestantes han tratado de expulsar a esos elementos violentistas. En las noticias de la hora de almuerzo de hoy apareció una señora tratando de frenar con un palo a los encapuchados que estaban en medio de una protesta. ¿Por qué? Porque los chilenos, incluso quienes están protestando por un legítimo interés, no avalan esos hechos violentistas. Por lo anterior, señor Presidente , podemos señalar que, por desgracia, la violencia se ha adueñado de las actuales movilizaciones. Y cuando ocurre eso, ya no estamos hablando de cualquier movilización social o del derecho a reunión, del derecho de asociación, porque la Constitución no ampara la violencia en ninguna de sus formas. No hay nadie por sobre la ley en Chile, por lo que es obligación de las autoridades enfrentar a esos grupos violentistas cuando aparecen. Si no lo hicieren, no estarían cumpliendo con sus obligaciones y con el mandato constitucional; es decir, estarían ante una grave falta de diligencia en el cumplimiento de sus funciones. Señor Presidente , aquí se habla de abuso policial, en circunstancias de que hay 950 carabineros heridos. ¿Cuántos detenidos hay en prisión preventiva? Cinco. ¡Y se habla de abuso policial! Señor Presidente , han marchado más de 1 millón de personas, y hay cinco detenidos en prisión preventiva. ¿Eso es abuso de autoridad? Señor Presidente , se han realizado más de 12 mil detenciones desde que comenzaron las marchas en mayo hasta la fecha, pero sólo cinco personas en prisión preventiva. ¿Ése es un gobierno dictatorial? El Gobierno está muy lejos de serlo. Por eso me hubiese gustado que los parlamentarios de la Concertación hubiesen reclamado con la misma fuerza que lo hacen hoy cuando Patricio Aylwin aplicó la ley de Seguridad Interior del Estado, cuando Eduardo Frei Ruiz-Tagle aplicó la ley de Seguridad Interior del Estado, cuando Ricardo Lagos aplicó la ley de Seguridad Interior del Estado y la ley Antiterrorista, cuando Michelle Bachelet aplicó la ley de Seguridad Interior del Estado y la ley Antiterrorista; pero no se escuchó ningún reclamo de ellos, porque sabían que la autoridad debe ejercer su rol en esos momentos. Señor Presidente , hay dos formas de entender la política: avalando la violencia o señalando que la violencia nunca es legítima. No obstante, los parlamentarios de la Concertación dicen aquí que nunca han avalado la violencia y que la repudian; pero, señor Presidente , hemos escuchado a algunos parlamentarios de Oposición que dedican nueve minutos y medio a avalar la violencia, pero terminan con una especie de saludo a la bandera cuando dicen: “Pero yo no avalo la violencia.” Eso es, simplemente, no tener una postura definida en el tema. Eso es lo que vemos hoy en el Congreso: parlamentarios que todavía no han definido si consideran que la violencia es una forma válida de hacer política o no lo es. La violencia nunca puede ser válida para ese fin. Señor Presidente , las normas son claras: siempre existe el derecho a protestar y el derecho a reunión, pero nunca existe el derecho a quemar, a lesionar o a saquear. Siempre se debe aplicar la ley a los delincuentes en una democracia sólida y estable, no importando en qué causa se oculten, pero quienes reivindiquen causas sociales siempre tendrán cauces institucionales para hacer valer sus derechos. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló para plantear un asunto reglamentario. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente , acabo de salir de la Comisión de Derechos Humanos, que recién terminó su sesión, por lo que no he estado en la Sala. Me acaban de informar funcionarios de la Cámara y colegas parlamentarios que la Mesa que usted preside autorizó el ingreso de Fuerzas Especiales de Carabineros para desalojar las tribunas, lo que está completamente en contra de las disposiciones reglamentarias. La Cámara de Diputados tiene un escuadrón de Carabineros para desalojar las tribunas, por lo que no pueden ingresar Fuerzas Especiales. Señor Presidente , los Comités parlamentarios de la Oposición estamos en conversaciones para estudiar una censura a la Mesa, pero antes de eso y como un gesto de caballerosidad mínimo, me gustaría que usted, como Presidente , me explicara en virtud de qué disposición reglamentaria autorizó que Fuerzas Especiales de Carabineros, con uniforme, con indumentaria y con todo el soporte represivo que implican las Fuerzas Especiales, ingresaran a las tribunas de la Cámara. ¿En qué momento se entregó esa orden? ¿Fue preventiva? ¿Fue a propósito de los incidentes? ¿Qué disposiciones lo autorizan a usted para ello? Incluso, a través del internet, esta situación está apareciendo en las noticias internacionales, lo que puede confirmar el diputado señor Kast . Señor Presidente, usted entiende que eso es gravísimo, especialmente cuando sesionamos para tratar el tema de la brutalidad policial. El señor MELERO ( Presidente ).- Señor diputado , usted ya planteó el punto reglamentario, por lo que está claro para la Mesa. El señor AGUILÓ.- ¿Podría aclararlo, si es tan gentil, señor Presidente? El señor MELERO (Presidente).- Voy a dar la información a los Comités. El señor AGUILÓ.- ¿Usted podría explicar ahora esa situación a la Sala? El señor MELERO ( Presidente ).- Voy a citar a los Comités, señor diputado , para abordar el punto que usted ha señalado. El señor AGUILÓ.- ¿Pero usted confirma que ha ingresado Fuerzas Especiales? El señor MELERO ( Presidente ).- Daré la información a los Comités, señor diputado . El señor AGUILÓ.- Pero le estoy preguntando sobre esta situación incluso antes de entregar mi opinión a la bancada que pertenezco, porque no quiero proponer infundadamente una censura a la Mesa, por respeto a su señoría y a la investidura que tiene. El señor MELERO ( Presidente ).- Señor diputado , usted debe comprender que los acontecimientos están en desarrollo. La Mesa debe tener la información definitiva de toda esa situación para ilustrar adecuadamente a los Comités. En consecuencia, señor diputado , usted tendrá toda la información que me requiere cuando esté informado de todos los detalles. El señor AGUILÓ.- Es decir, ¿va a citar a los Comités ahora? El señor MELERO ( Presidente ).- Voy a citar a una reunión de los Comités para dar la información una vez que avancemos en la sesión. Tiene la palabra el señor ministro del Interior y Seguridad Pública. El señor HINZPETER ( ministro del Interior y Seguridad Pública ).- Señor Presidente , después de los hechos de hoy, no tengo la certeza de que exista un ambiente apropiado para analizar un tema tan delicado, pero haré el esfuerzo para disipar por lo menos las legítimas dudas que he observado en distintos honorables señores diputados. No me haré cargo de acusaciones totalmente infundadas que se han formulado o de los discursos que se desenfocan del propósito de la sesión. Asumo que es parte de la dinámica propia que se desarrolla en las comisiones especiales, a las cuales me ha tocado ir en varias ocasiones, donde me piden que escuche, pero los honorables diputados hablan mientras los ministros tratan de exponer. Considero que no existe igualdad en relación con el respeto que se demanda y el respeto que se ofrece. Quizás allí radica en parte lo que estamos viviendo. Entendemos el respeto como una cuestión que se nos debe y no como una cuestión que debemos. Sinceramente, no hay debate político que pueda darse en la Cámara que vaya a cambiar la visión del Gobierno en cuanto a que tiene que brindar seguridad a todos los chilenos y no sólo a una parte de ellos. Es nuestra obligación. Aún más, seríamos negligentes si sólo cuidáramos a un sector, a un segmento de la población y descuidáramos o desprotegiéramos a otro. Así debe actuar un gobierno. Ustedes fueron gobierno y lo saben y los hechos con que gobernaron demuestran que tienen una visión que no entiendo por qué prontamente abandonan y utilizan hoy para atacar a un Gobierno que hace las cosas por el bien del país. Podemos tener diferencias políticas; sin duda, las tenemos y es bueno. Pero no es bueno utilizar argumentos con los que se actuó en forma contraria; no es bueno actuar en contra de los hechos propios; no es bueno hacerlo cuando se ha sido parte de un gobierno que ha aplicado la ley de Seguridad Interior del Estado, que ha restringido el derecho a reunión, que ha utilizado un decreto, aunque sea del año 1983, por el simple hecho de perder la administración, y empezar a atacar al que hace y da pasos similares a los que ustedes, señor Presidente , por su intermedio, dieron cuando, por obligación constitucional, debieron resguardar el orden público y la seguridad ciudadana en el país. Como Oposición no se debe defender lo que no se fue capaz de hacer como Gobierno. Pero también es cierto que, como Oposición, se debe apoyar aquello que se hizo cuando se fue Gobierno. De lo contrario, el juego del doble estándar es absolutamente imposible y lo que finalmente hace es contaminar el ambiente político. ¿Cuánta necesidad tiene hoy nuestro país de que ustedes, quienes son representantes de los ciudadanos, se encuentren en un llamado de diálogo, pero sin pequeñeces, porque es obvio que este Gobierno sí respeta el derecho de reunión? Sinceramente, no creo que alguno de los honorables diputados presentes en la Sala crea que nuestro Gobierno no respeta ese derecho. Está a la vista que ha existido la posibilidad y las condiciones para ejercerlo en forma extraordinariamente recurrente y reiterada. Entonces, cuando se dice que interesa saber si el ministro del Interior respeta ese derecho, sinceramente, con todo respeto, debo decir que no entiendo de dónde surge esa inquietud. Durante 2011 se han producido más de 5 mil 700 eventos, que corresponden al ejercicio del derecho de reunión en nuestro país, comparado con 1.500 que se produjeron en 2009, y 2 mil 300 en 2010. Los 5 mil 700 eventos han congregado a aproximadamente 1 millón 800 mil personas. Entonces, francamente, que se diga que este Gobierno no respeta el derecho de reunión no es un argumento en el que tenga que confiar que ustedes creen, con todo respeto. Creo que se debe recurrir a otros argumentos más viables. En el contexto de las manifestaciones, el Gobierno ha ejercido un derecho que nadie discute, que es el derecho a regular el derecho de reunión, que es un derecho humano, pero admite regulación. Pienso que nadie discute en la Sala, como también no debiera discutir que este Gobierno no respeta el derecho de reunión, que los gobiernos tienen derecho a regularlo. De hecho, los gobiernos de la actual Oposición regularon el derecho de reunión, por ejemplo, prohibiendo marchas en las calles aledañas al Palacio de La Moneda. Alguien podría pretender decir que esos mismos gobiernos, concretamente el de la ex Presidenta Bachelet, no respetó el derecho de reunión. Francamente, empieza a desarmarse la coherencia del discurso político, cuando se pone en duda hechos evidentes. Porque uno se tiene que empezar a hacer cargo de argumentos mal fundados o, simplemente, dejarlos pasar, convirtiéndolos, a lo mejor, con el silencio, en una suerte de asentimiento; entonces, la dinámica política se deteriora. Durante los mismos 5 mil 700 eventos que corresponden a derecho de reunión, han existido 12 mil 603 personas detenidas y puestas a disposición de la justicia. Aquí se me reclama por qué esas personas no han sido identificadas, sancionadas y en la cárcel. ¡Pero, por favor! Cómo el Ministerio del Interior se va a hacer cargo ahora de conducir investigaciones judiciales, acusar y sancionar. Eso es no entender lo que es el estado de derecho. Señor Presidente, por su intermedio, le pido al diputado Ascencio, quien se viene integrando a esta sesión, que me permita exponer, como yo permití hacer lo propio a los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra. Honestamente, cuando dicen que el ministro del Interior debe tener mayor acuciosidad para identificar a los culpables y sancionarlos, me piden algo que no corresponde. En nuestra democracia, es el Ministerio Público el que investiga y los jueces los que sancionan. De los 12 mil 600 detenidos, efectivamente existen algunos en prisión preventiva. -Hablan varios señores diputados a la vez. El señor MELERO (Presidente).- Ruego a los señores diputados respetar el uso de la palabra del señor ministro y no interrumpirlo. Continúe, señor ministro . El señor HINZPETER ( ministro del Interior y Seguridad Pública ).- De los 12 mil 600 detenidos, efectivamente existen algunos en prisión preventiva, pero son los menos. Lo dijo el honorable diputado Arenas: se trata de cinco personas en prisión preventiva y uno con arresto domiciliario. La suerte de las personas que enfrentan una situación judicial no depende del Ministerio del Interior, y no me pidan que lo haga porque no lo voy a hacer. Agradezco la confianza que insinúan en sus dichos, pero no lo voy a hacer porque la ley no me lo permite. Tengo muy claro hasta dónde llegan mis obligaciones, hasta dónde podemos actuar y hasta dónde no podemos actuar. Me he formado en una convicción democrática permanente en mi vida, en una convicción de respeto a los derechos humanos. No soy de aquellos que han tenido posiciones dispares en esa materia y, por lo tanto, no me acompleja ni avergüenza la trayectoria política que tengo. En segundo lugar, respecto de la criminalización de las protestas sociales, la verdad es que no puede haber una pretensión más alejada en nuestro Gobierno que criminalizar las protestas sociales; todo lo contrario. Pero tenemos mucha conciencia de que, en Chile, existen otros ciudadanos que nos reclaman y tienen el derecho a pedir al Gobierno tranquilidad y paz social. Cuando enfrentamos un conjunto de desórdenes públicos debemos ver qué instrumento legal tenemos para reaccionar. Si nos encontramos que, por una parte, tenemos el artículo 269 del siglo antepasado, que no se corresponde en nada para controlar el orden público como lo hacen las sociedades democráticas, modernas y con estado de derecho que respetan las garantías individuales y, por otro, tenemos la ley de Seguridad Interior del Estado, y en el medio no tenemos una normativa común, bueno, lo que hacemos es enviar un proyecto de ley para que dentro del Código Penal se regule los desórdenes públicos, como lo hacen las democracias de Suiza, Suecia, Finlandia, Alemania, Inglaterra, España, en fin, de todo el mundo, países respecto de los cuales, estoy seguro, ninguno de ustedes va a poner en duda su legitimidad democrática. Ahora, esa discusión, razonablemente, se tiene que dar en este Congreso Nacional, y sólo del consenso democrático que aquí se produzca van a emerger las normas que regulen nuestra sociedad. ¿Por qué precipitarse para atacar a un Gobierno que envía un proyecto de ley, calificándolo de que quiere criminalizar el movimiento social? Francamente, pienso que es iniciar mal un debate importante, salvo que alguien me diga que no es importante el orden público. Para nuestro Gobierno -creo que para la mayoría de ustedes también-, honestamente, el orden público es un aspecto relevante para construir una sociedad libre. Sin orden, hay desorden; con desorden, hay deterioro de la convivencia. Entonces, les pido que cuando se produzca el envío de un proyecto de ley, más que recurrir a la caricatura, analicemos su mérito y lo discutamos. Y, por lo demás, nuestro Gobierno no tiene mayoría en el Congreso Nacional, de modo tal que cualquier proyecto de ley que se apruebe debe requerir un consenso democrático que permita estar de acuerdo con las normas que queremos brindarnos como sociedad. Entonces, mi petición es modesta. Creo que para generar una sesión especial se han de tener los fundamentos que realmente asistan o construyan una convicción veraz, auténtica, fundada de que puede estar ocurriendo algo que la justifique. Si, sinceramente, los honorables diputados me dicen que en su mayoría creen que no ha existido la debida garantía para el derecho a reunión, créanme que justifico plenamente esta sesión especial. Sin embargo la evidencia es tan contundente que no puedo sino pensar que más bien ella se hace para aprovechar el momento de tener una discusión política, que puede ser muy interesante, pero que nos desenfoca de lo realmente productivo que debemos hacer, que es trabajar en cómo construimos un país respecto del cual nos sintamos todos más orgullosos. Obviamente -no quiero dejar de hacerme cargo de la interrogante-, la pregunta de diputado Tucapel Jiménez ya fue respondida por el general director de Carabineros . Y le reitero esa misma respuesta negativa. Nuestro Gobierno, y, en consecuencia, el Ministerio del Interior, no da instrucciones específicas de cómo actuar a Carabineros de Chile; no lo ha hecho nunca. Lo manifesté en una sesión especial anterior. No lo voy a hacer nunca, por una razón muy sencilla: porque la ley no me lo permite. Si queremos modernizar nuestras normas de policía, hagámoslo. Me parece bien que como discusión democrática señalemos si eso tiene que establecerse en una ley. Pero mientras se encuentre vigente el decreto supremo Nº 1086, que ha sido ratificado por la Contraloría, por los tribunales de justicia y utilizado y apoyado por los gobiernos de la Oposición y el actual, es decir, por la unanimidad de los presentes, con la exclusión del Partido Comunista, no lo pongamos en duda como un recurso antidemocrático de nuestro gobierno. No me parece que eso corresponda a una justa discusión democrática. Porque los gobiernos de la Concertación también recurrieron al decreto supremo Nº 1086, por una razón muy simple: las sociedades necesitan normas de policía para regular el derecho de reunión. Como sé que a lo mejor lo que he planteado no les resulta creíble, quiero, si les interesa, dejar a disposición de la honorable Cámara de Diputados una carta que hemos recibido de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde destaca de manera concreta, y cito textualmente, “el respeto que ha tenido nuestro Gobierno hacia el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión de los chilenos.”. Como manifesté, dejaré el documento a disposición de la Sala para que los señores diputados puedan leerla. Por último, señalo a sus señorías que si mis aseveraciones han sido insuficientes para persuadirlos de que en Chile la gente se está reuniendo con libertad, al menos confíen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresa que ello es así. Muchas gracias, señor Presidente. He dicho El señor MELERO ( Presidente ).- Cito a reunión de Comités. Se suspende la sesión -Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor MELERO (Presidente).- Continúa la sesión. Se han presentado a la Mesa dos proyectos de acuerdo. El señor Secretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ ( Secretario ).- Proyecto de acuerdo N°483, de los diputados señores Eluchans, Cardemil; Delmastro, Squella; señoras Turres, doña Marisol; Rubilar, doña Karla; Molina, doña Andrea; señores Monckeberg, don Cristián; Santana; Monckeberg, don Nicolás; Kort, Estay y García, por el cual la Cámara de Diputados acuerda: “1.- Condenar enérgica y decididamente los actos de vandalismo, como saqueos, barricadas, incendios, desórdenes, interrupciones violentas del normal desarrollo de las actividades de la población y atentados contra la integridad física de ciudadanos y policías, además de los delitos y actos violentos contra la propiedad pública y privada, ocurridos a propósito de las manifestaciones pacíficas de los últimos meses, que vulneran el auténtico y pleno derecho de reunión consagrado en el número 13° del artículo 19 de la Constitución. Con esto, se busca evitar que este derecho sea limitado o restringido por personas que alteran el orden público y que concurren a las manifestaciones realizadas en legítimo ejercicio de este derecho, con el fin de provocar daños a las personas, a la propiedad pública y privada y a Carabineros de Chile, alterando la paz social e impidiendo a miles de chilenos desarrollar su actividad económica y realizar sus actividades cotidianas con normalidad. 2.- Instar al Gobierno al pleno, adecuado y correcto ejercicio del rol que le corresponde en materia de orden público, de manera de que sea capaz de mantener la paz social sin afectar el derecho de reunión de las personas ni otras garantías establecidas en la Constitución y en las leyes. 3.- Expresar la convicción de que el Congreso Nacional legislará en la forma más adecuada, respecto de las normas que respondan al anhelo de seguridad ciudadana que nos expresan a diario los ciudadanos en los distritos que representamos.”. El señor MELERO (Presidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 23 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: ^@#@Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil^Herrera Alberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; González Torres Rodrigo; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Ojeda Uribe Sergio; Pacheco Rivas Clemira; Robles Pantoja Alberto; Schilling Rodríguez Marcelo; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín. -Se abstuvieron los diputados señores: Chahín Valenzuela Fuad; Sepúlveda Orbenes Alejandra. El señor MELERO (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura al segundo proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ ( Secretario ).- Proyecto de acuerdo N°484, de los diputados señores González, Accorsi, Aguiló, Araya, Ojeda, Monsalve; Pérez, don José; Gutiérrez, don Hugo; Chahín y Díaz, por el cual la Cámara de diputados acuerda: “1.- Expresar su preocupación por el retroceso en materia de protección y promoción de los derechos humanos ocurrido con ocasión de la reacción estatal ante las protestas sociales que se vienen produciendo en los últimos meses en el país. 2.- Declarar que el respeto al derecho de los ciudadanos a manifestarse y a expresar sus opiniones es un imperativo ético y político para todas las personas que detentan cargos de gobierno y de representación popular y un deber jurídico de todo Estado democrático. 3.- Solicitar al Ejecutivo que instruya una revisión completa de los protocolos de intervención de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en materia de control y restablecimiento del orden público y, en especial, en la represión de los excesos que puedan ocurrir con ocasión del ejercicio legítimo del derecho a la protesta social. En especial, se solicita una revisión completa de la forma y oportunidad de la aplicación de procedimientos que afectan al conjunto de la población asistente o aledaña a las manifestaciones y a los manifestantes pacíficos, que son la inmensa mayoría, concentrando la inteligencia y protocolos de acción sobre los grupos organizados, encapuchados y violentistas que realizan desmanes, utilizan medios violentos para expresarse o agreden a la policía. En este mismo contexto, revisar el empleo de elementos químicos usados para disolver manifestaciones, atendidos sus efectos sobre la salud de la población y el medio ambiente. 4.- Para hacer efectiva la participación y transparencia en este esfuerzo de actualización y reformulación de una política nacional de resguardo del orden público y de respeto al derecho de reunión y protesta social, solicitamos se convoque a los principales actores públicos concernidos en esta materia y a la CUT, Anef, Confech, Colegio de Profesores, organizaciones de estudiantes secundarios y otros actores relevantes a una mesa de trabajo que, en breve plazo, permita al Gobierno recoger todas las experiencias y elementos para la implementación de esta política nacional. 5.- Que el Ministerio del Interior, en el intertanto, instruya a Carabineros de Chile para que cesen los abusos, golpizas e insultos en los buses de detención, se apliquen procedimientos rápidos y expeditos en las comisarías para el registro, constatación de lesiones y liberación de detenidos, se realicen labores efectivas de inteligencia para identificar a los grupos coordinados que puedan estar generando acciones violentistas, se terminen las detenciones masivas e indiscriminadas que abarcan al público, manifestantes pacíficos, periodistas, reporteros gráficos y medios de comunicación que registran y dan testimonio de los hechos. Asimismo, que se destinen lugares separados para los manifestantes en los lugares de detención, dotándolos de cámaras de televigilancia inviolables, al igual que a los buses, que permitan fiscalizar el respeto a los derechos humanos en los procedimientos. 6.- Oficiar al Defensor Nacional , solicitándole que en las ciudades donde se verifica el mayor número de actos de protesta social, se disponga de programas especiales de defensa penal, con la finalidad de asesorar, de manera oportuna y expedita, a las personas que fueran imputadas de la comisión de delitos desde el momento mismo de su detención y asegurar una defensa idónea una vez que han sido judicializadas sus causas, evitando la aplicación de salidas alternativas cuando no hubiere mérito para las mismas. 7.- Oficiar a su excelencia el Presidente de la República y a los ministros del Interior y de Justicia , con la finalidad de solicitar el diseño e implementación de un programa Nacional de Promoción de los derechos Humanos, en especial de los derechos políticos a la expresión de ideas y a reunión, como asimismo, una política clara de respeto de estos derechos por parte de los organismos policiales.”. El señor MELERO (Presidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 44 votos. No hubo abstenciones. El señor MELERO (Presidente).- Rechazado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Harboe Bascuñán Felipe; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Robles Pantoja Alberto; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEL ROL QUE COMPETE A LAS AUTORIDADES EN CASO DE ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO. Proyecto de acuerdo.