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El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente , el derecho de reunión es un derecho básico y fundamental, inserto dentro de la categoría de los derechos humanos.
Cuando las personas se reúnen lo hacen porque quieren expresar ideas, posiciones o disconformidad. Atentar contra el derecho de reunión es ir en contra de los derechos humanos y de una serie de derechos o facultades relacionados entre sí, como el derecho de opinión y de expresión, por ejemplo, o derechos tan dignos como el derecho a la vida y otros.
Las manifestaciones públicas o protestas sociales son la expresión máxima de la ciudadanía, del pueblo. Así habla y así se encauza su opinión. Estas manifestaciones las aseguran la ley y la Constitución, como también los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La protesta social surge cuando los organismos públicos o competentes no son capaces de escuchar al pueblo, a la ciudadanía. Hoy no se está escuchando al pueblo. Por eso hay manifestaciones y protestas.
En Chile, en el último tiempo se ha querido impedir el derecho a manifestarse y a protestar, y quienes tenemos un compromiso arraigado e irrenunciable por ello y por los derechos humanos, en reiteradas oportunidades lo hemos denunciado con mucha energía: fuerza policial excesiva, restricción del derecho de reunión, infiltración de personal de Carabineros de civil en las manifestaciones, lanzamiento de aguas con agentes químicos, lanzamiento indiscriminado de bombas lacrimógenas, embestida de vehículos policiales en contra de la multitud, todo lo cual inhibe el derecho a expresarse.
Amnistía Internacional ha criticado la violencia policial en Chile y ha dicho que se está penalizando cada vez más la protesta social en cualquier escenario. La violencia innecesaria, los malos tratos en la detención y las detenciones excesivamente prolongadas y a veces ignominiosas, no se ajustan a la ley ni a la normativa internacional.
No estamos a favor de los saqueos, ni de la violencia, ni de los encapuchados, ni de que existan carabineros heridos; pero creemos que la forma en que se está actuando es contraproducente, porque genera más violencia. Muchas actuaciones de la fuerza pública tienden a incrementar el desorden más que a controlarlo.
Estamos por las movilizaciones, estamos con las mayorías y no con los grupos aislados que a veces acaparan, injustamente, las pantallas de la televisión, más que la expresión mayoritaria ciudadana.
La fuerza pública está actuando con un fuerte sesgo que la acerca muy peligrosamente a la manera en que actuaba en dictadura. La autoridad política parece más preocupada de reprimir el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente que de asegurar el ejercicio legítimo de ese derecho. Es demasiado el incremento de las detenciones ilegales declaradas por distintas fiscalías del país.
Por otro lado, dos, tres o más tribunales, que recibieron en audiencia a detenidos en las manifestaciones, los dejaron en libertad, argumentando que esos casos eran el resultado de la provocación de Carabineros.
El anuncio de la aplicación de la ley de seguridad interior del Estado, cuando no se tiene eficiencia en la determinación de los responsables de los actos punibles, no tiene ningún sentido ni efecto. El país requiere de una policía altamente profesional, más humana, más ciudadana.
La fuerza pública no debe impedir el derecho de reunión, ni las manifestaciones sociales, ni las protestas sociales; debe limitarse a procurar su realización como la Constitución lo impone; resguardar y proteger a los manifestantes, encauzar las marchas, regularlas, pero no reprimirlas.
Ha habido demasiada dureza en el trato de la fuerza pública hacia los manifestantes, sobre todo en contra de los estudiantes que hoy están movilizados. Lo hemos visto también en las manifestaciones contra el proyecto HidroAysén y en la marcha por el orgullo gay.
Creemos que cuando se emplea la fuerza pública con la brutalidad y crudeza con que se ha hecho, genera violencia y da a los grupos aislados mayores argumentos para emplear la violencia.
No se debe hablar sólo del orden público cuando no están sentadas las bases de una paz social, cuando no están conjugándose elementos propios como el diálogo y el respeto. No se hace paz social sólo con el orden público y la fuerza policial.
No se altera el orden público cuando la gente hace uso de los espacios que les pertenecen para expresarse. No puede aplicarse un decreto hecho en dictadura, como el que aquí se ha mencionado, para regular las manifestaciones. Ese decreto representa otra época, representa otro espíritu y otra realidad, cruda, triste, de la que no queremos acordarnos. Ésa no es la realidad que debemos vivir. La democracia nos otorga el derecho y nos da la seguridad para ser personas, para realizarnos y para expresarnos con libertad y con dignidad.
Además, es impropio anunciar leyes de castigo para las tomas y otros hechos, en momentos tan difíciles, tan susceptibles como el que vivimos. Claro, suena a provocación; es como apagar el fuego con bencina.
Señor Presidente , la forma de terminar con las manifestaciones o protestas sociales no es con la represión, sino más bien buscando la forma de construir las demandas que expresan los manifestantes y estudiantes. ¡Que haya educación gratuita, que haya financiamiento para la educación superior y la desmunicipalización!
¡Cuando el Gobierno escuche a la gente, tendremos verdadera paz social y se terminarán las manifestaciones!
He dicho.
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