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El señor DÍAZ.- Señor Presidente , el derecho a la protesta se constituye desde el derecho a la libertad de expresión y el derecho a reunión. Son derechos humanos fundamentales, reconocidos por tratados internacionales suscritos por Chile y consagrados en la Constitución Política.
Desde el Gobierno suele escucharse que “la manifestación no estaba autorizada, razón por la cual fue disuelta”. Esta afirmación se ampara en el decreto supremo N° 1086, de 1983, del Ministerio del Interior.
Da lo mismo lo que ha pasado en estos años con ese decreto; que cada uno asuma su responsabilidad. Lo que está claro es que es inconstitucional y que viola compromisos internacionales suscritos por Chile. Por eso, estará considerado en la tabla de la Convención Americana de Derechos Humanos, prontamente, porque se trata de una norma que viola las disposiciones contenidas en este tratado. En efecto, el artículo 15 de la Convención dispone que el derecho de reunión pacífica y sin armas “sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley -un decreto no es ley-, que sean necesarias en una sociedad democrática, el interés de la seguridad nacional, de la seguridad y el orden públicos, o para proteger la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los demás.”.
El decreto supremo N° 1086 claramente no cumple con los requisitos de la Convención Americana de Derechos Humanos. En consecuencia, se trata de un decreto nulo, y es un imperativo ético y constitucional, señor ministro , suprimirlo para asegurar el pleno ejercicio del derecho a protesta, del derecho a la libre expresión y del derecho a reunión. Emplazamos al Gobierno a derogar este decreto y a dictar la disposición legal a la que estamos obligados como consecuencia de nuestra adhesión a la Convención Americana de Derechos Humanos.
Pero hay un segundo tema que es político: la pretensión del Gobierno de criminalizar la protesta social y el movimiento social, y de establecer y endosar la responsabilidad a los dirigentes que convocan a una manifestación, para esconder su propio fracaso en dos materias: primero, el orden público. Aunque el ministro anuncie no sólo la aplicación de la ley de seguridad interior del Estado, sino que además las penas del infierno, no habrá a quién aplicárselas si no hacen bien su pega y no son capaces de identificar a aquellos que abusan de la movilización social para cometer delitos. De eso se trata: de que hagan su pega, particularmente el ministerio que usted encabeza, señor ministro , que hoy ya no es sólo del Interior, sino que, además, por iniciativa del senador Espina , que está presente en la Sala, es también de Seguridad Pública.
En consecuencia, el primer fracaso del Gobierno ha sido criminalizar al movimiento estudiantil, al movimiento social, criminalizar la protesta social, como resultado de su propio fracaso en la mantención del orden público.
Pero lo más relevante es que el Gobierno no quiere, porque no puede, porque los intereses que están detrás son más poderosos, hacerse cargo de la demanda nacional por un nuevo modelo educativo, por una educación pública gratuita y de calidad.
Bien decía la diputada Marcela Sabat . ¿Qué se ha hecho acá? Hace pocos días, la ex ministra Yasna Provoste recordó su intentó de erradicar el lucro. Están las votaciones del día en que se aprobó la ley en esta Sala. Por eso, que cada uno asuma su responsabilidad. El veto al fin del lucro en la educación provino de las bancadas que sustentan al actual gobierno.
Seguir haciendo oídos sordos a la demanda de Chile es querer gobernar contra la inmensa mayoría. Eso es lo que está haciendo el Gobierno. Piensa que endureciendo el discurso asfixiará al movimiento estudiantil y ahogará la demanda nacional. Esto es querer gobernar contra la mayoría, es desentenderse del principal deber democrático de quienes están en el poder, que es escuchar al pueblo, que fue quien los eligió.
Por eso, los chilenos, de manera unánime, contestan en las encuestas que hemos visto desde hace ya largos meses que repudian y rechazan la conducta de este gobierno.
He dicho.
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