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La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señor Presidente , no cabe duda que el derecho de reunión, garantizado en nuestra Constitución, es un bien público nacional que debemos cautelar y proteger todos los chilenos.
Por eso, me preocupa, me duele y me impacta ver cómo colegas hablan tan fácilmente de democracia, pero avalan los hechos violentos, en circunstancias de que lo que debiera garantizar la democracia es precisamente el respeto. La democracia implica valores, actitudes y conductas democráticas, los mismos que los hechos acontecidos hace unos minutos nos demostraron que pueden ser vulnerados fácilmente.
Algunos colegas hablan de estado policial, pero nada dicen de los encapuchados. Algunos dirigentes estudiantiles declaran que la violencia sólo se acabará cuando se les entregue lo que piden, pero no se sientan a dialogar.
Señor presidente , en estos últimos seis meses, miles de estudiantes han salido a las calles a luchar por una causa justa e importante, como es mejorar la calidad de nuestra educación. Pero también hay que reconocer que en los últimos 20 años, poco y nada se hizo por dar respuesta a esa demanda. Muchos de los manifestantes se han expresado de manera creativa y original, y la gran mayoría ha sido capaz de poner el problema en el centro de la discusión nacional.
Sin embargo, en los últimos meses vemos que la noticia ya no son los estudiantes que se movilizan, sino que la acción de algunos encapuchados que impiden el normal desplazamiento de las marchas, alterando el orden público y generando millonarias pérdidas, pero sobre todo irrecuperables destrozos en las distintas ciudades de nuestro país. ¡Cómo no preocuparnos por aquellos comerciantes que ven destruidos o saqueados sus locales! ¡Cómo no preocuparme de la señora del kiosco, que no puede abrir, o de esos vecinos que al día siguiente no contarán con el semáforo en la esquina, poniendo en riesgo la vida de todos aquellos que transitan por ahí! Esto no es sólo un problema de recursos económicos; esto también tiene impacto emocional.
Aquí hay derechos que se están viendo afectados y es nuestro deber velar por que ello no ocurra. Por eso, no comparto la opinión de que el derecho a reunión se esté viendo afectado por la acción de la autoridad y las Fuerzas de Orden. Ellas tienen el deber de proteger a todos los chilenos y resguardar el orden público. Lo que realmente está afectando el derecho a manifestarse son los actos de violencia que se han presentado en algunas marchas.
Lo que está sucediendo no es otra cosa que la reafirmación de que ningún derecho es absoluto, y no lo son porque vivimos en sociedad, donde todos los ciudadanos merecemos respeto. Por eso, el bien común debe ser la primera y más básica limitación a los derechos.
Todos los derechos constitucionales garantizados por nuestra Carta Fundamental deben tener un contenido regulatorio, que sea justo y proporcional, que siempre busque resguardar el bien común de nuestra sociedad.
El derecho a reunión no es una excepción a esta regla. Aún cuando el numeral 13º del artículo 19 de nuestra Constitución lo garantiza, su ejercicio se encuentra regulado por el Decreto Nº 1086, del Ministerio del Inte-rior, el cual establece las condiciones que se deben cumplir para que este derecho sea ejercido legítimamente, sin producir daños a terceros, ni afectar el orden público.
Estos últimos seis meses hemos visto en reiteradas ocasiones cómo si infringe esta normativa, que no tiene otro propósito que resguardar el derecho de todos los ciudadanos a transitar y desempeñar sus labores cotidianas con tranquilidad y seguridad.
No podemos permitir que se atropellen los derechos de los chilenos que creemos en el derecho a manifestarnos pacíficamente. Es en esta materia donde la labor de las Fuerzas de Orden es fundamental. Se ha dicho que ésta ha sido desproporcionada y muchas veces provocadora, pero las imágenes en los medios de comunicación nos permiten ver que, en la gran mayoría de los casos, esto no es así. Por el contrario, vemos cómo un grupo de encapuchados, muchas veces ajenos a la movilización, atacan a Carabineros. En lo que va de este año, tenemos a más de 700 de ellos con lesiones de distinta gravedad.
Los ciudadanos de a pie, la gente que vive en el Chile real, están cansados de que cada marcha estudiantil se esté transformando en actos de violencia, barricadas y saqueos, produciendo daños en la vía pública y en la propiedad privada, como lamentablemente sucedió anoche y hoy en la mañana.
La pregunta que debemos plantearnos es cómo conciliar el legítimo derecho a expresarse y exponer nuestras inquietudes con las garantías de seguridad y tranquilidad de quienes no participan en estas movilizaciones.
Me preocupa que generalicemos las conductas en torno a las movilizaciones. Este año hemos visto cómo distintos grupos han marchado pacíficamente, en familia y con alegría, defendiendo aquello que les parece justo. Lo han hecho en un contexto de respeto, que debemos valorar y rescatar. Cuando se quiere, se puede. No siempre ha sido necesaria la intervención de las Fuerzas de Orden.
Poner en duda el derecho a reunión es desvirtuar el debate. Nadie discute que se trata de un derecho legítimo y muy necesario, y que el gobierno respeta y seguirá respetando. Lo que sí está en entredicho es la capacidad de ejercer este derecho de manera correcta, respetando a los que no participan de las movilizaciones.
No dejemos que las causas por las cuales luchamos se vean ensombrecidas por un grupo pequeño, que con sus actos centran la atención en la violencia y no en aquello con lo cual soñamos.
He dicho.
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