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“Honorable Cámara,
Tengo a honra informar sobre la participación que le correspondió al Diputado señor Carlos Abel Jarpa Wevar en el seminario “Promover el derecho al desarrollo: el papel del Parlamento”, efectuado en Berna, Suiza, el día 20 de octubre de 2011, dentro de !as actividades desarrolladas durante la 125a Asamblea de la Unión I nterparlamentaria (UIP).
El señalado seminario fue organizado por la UIP y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
I. ANTECEDENTES.
La Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo, en su artículo 1° señala que “el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.
También señala que el derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, son sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos Internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.”
La convocatoria señala que el derecho al desarrollo continúa ocupando un importante lugar dentro de los desafíos ligados a la garantía de una vida digna para una parte importante de la población mundial.
Los expertos en la materia han subrayado que este derecho debe ser desarrollado a través de la implementación efectiva del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Para la concreción de esta importante tarea se hace necesario fortalecer la cooperación entre todas las partes interesadas, tanto a nivel nacional como internacional, así como adquirir un compromiso político donde específicamente se haga un llamado a los Parlamentos a actuar dentro de los poderes constitucionales que detentan.
El seminario tuvo por finalidad informar y debatir con los parlamentarios asistentes sobre el derecho al desarrollo y mostrar cómo está estrechamente ligado a los derechos humanos, por lo que resulta indispensable elaborar la normativa correspondiente.
Especial participación tuvieron los representantes del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Civiles, Sociales y Culturales en la discusión de la temática.
II. AGENDA.
La agenda contempló los siguientes temas:
1.- Introducción al tema y su interdependencia con los derechos humanos, con la participación del señor Craig Mokhiber , Jefe de la Sección Desarrollo y Asuntos Económicos y Sociales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya finalidad fue fijar el marco de la discusión y su relación con los principales pactos internacionales vigentes.
2.- Se inició un diálogo e intercambio de opiniones en relación con la interrogante ¿Cuál es el derecho al desarrollo?, donde participaron el señor Mokhiber, y el profesor Stephen Marks , de la Universidad de Harvard, ex Presidente del Grupo de Trabajo del Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la implementación del derecho al desarrollo.
Conocido como un derecho de tercera generación o derecho de solidaridad, el derecho al desarrollo es un derecho humano que se remonta a los años 1950 y cuya conceptualización ha sido objeto de intensos debates. Este derecho ha sido consignado en los textos de Naciones Unidas, particularmente en la Declaración 41/128, de 1986, y en la Resolución 58/172 del 2003, de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Sobre el particular, se hizo una breve síntesis sobre su origen, su contenido y los requerimientos que demanda, como también una evaluación sobre los progresos y obstáculos detectados.
El Diputado señor Jarpa señaló que el derecho al desarrollo era un derecho similar a otros, que está interrelacionado con otros, y que presenta un carácter evolutivo.
A continuación, subrayó que el desarrollo se basa en políticas, para lo cual deben establecerse claramente los principios que permitan la promoción del desarrollo con pleno respeto a los derechos económicos, sociales y culturales.
En líneas generales, expresó haber coincidido con los planteamientos de ambos expositores, reiterando que todos los derechos humanos se encuentran interrelacionados entre sí, y presentan un carácter evolutivo, y que dependen de la situación política económica y social, y que alguno o algunos de ellos pueden ser prioritarios en un momento preciso. Citó como ejemplo que, actuando como gobernador y en su condición de médico, en un momento determinado priorizó el tema de la salud por sobre otros, dado que la mortalidad infantil presentaba un alto índice, o como sucedió en el año 1986 en Chile, mientras se instauraba la Declaración del Derecho al Desarrollo, en nuestro país primaba el derecho a la democracia.
Hizo alusión, asimismo, que al iniciarse el gobierno de la Concertación fue prioritario disminuir la pobreza, la cual se redujo del 39% al 15%.
Por último, recalcó que hoy en día, tanto en Chile como en el resto del mundo, el derecho más importante es la equidad y la igualdad de acceso de oportunidades, como lo demuestran las movilizaciones tanto en Chile como en el resto de los países: movimientos como la “primavera árabe”, los “indignados”, o en el caso de Chile el movimiento de los estudiantes.
3.- Por otra parte, se discutió acerca de los derechos humanos desde la perspectiva del desarrollo, donde intervino el profesor Marks , quien analizó el valor agregado que representa el derecho al desarrollo para la realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
El análisis de estos aspectos se basó en cuál tenía mayor relevancia, para luego concluir que ambos tienen una importante interrelación y que requieren de una implementación efectiva y de cómo medir su impacto.
4.- Otro tema analizado fue asegurar la implementación equitativa de las disposiciones de los pactos internacionales relativos a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales para una mejor promoción del derecho al desarrollo, oportunidad donde se discutió acerca de la necesidad de implementar efectivamente las disposiciones de los pactos internacionales ya citados, que favorecen la realización del derecho al desarrollo en tanto que la expresión de los derechos y libertades públicas.
Especial realce se dio a la necesidad de contar con un partenariado (asociación de género) nacional e internacional fuerte y potenciado, como herramienta fundamental para la realización del derecho al desarrollo, con especial énfasis en la solidaridad.
5.- Cómo potenciar los derechos civiles y políticos para lograr una mejor implementación del derecho al desarrollo, otorgando especial importancia a las libertades fundamentales. Se mencionaron algunos obstáculos que impiden su total desarrollo.
Participó el profesor De Zayas, profesor de Derecho Internacional de la Escuela de Diplomacia y Relaciones Internacionales de Ginebra , quien expuso acerca del procedimiento de quejas y reclamaciones y para ello citó algunos casos como una solicitud de los pueblos indígenas de Indonesia, quienes se vieron afectados en la utilización de sus recursos hídricos, lo que afectó a sus cultivos, como también otros casos en que las concesiones otorgadas vulneraron otros derechos.
Asimismo, se analizó cómo implementar de manera efectiva tal derecho a través del pleno respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, con especial énfasis en el aseguramiento de las necesidades básicas, tales como la garantía a la seguridad alimentaria, cobertura de las necesidades de salud o una educación de calidad.
6.- Finalmente, se llevó a cabo la discusión acerca del tema ''La contribución de los parlamentos en la promoción del derecho al desarrollo: formulación, adopción e implementación efectiva de las medidas para asegurar la plena realización del derecho al desarrollo”, de manera tal que los parlamentarios conocieran experiencias comparadas en cuanto a asegurar el respeto y la promoción de este derecho, incluyendo su participación en el proceso ligado a la ayuda al desarrollo, donde participó la señora Tioulong, (Camboya), quien hizo un recuento de los instrumentos internacionales sobre la materia, recalcando que faltaba la voluntad política para aplicar los derechos humanos, todo lo cual ha sido definido por Naciones Unidas.
En especial, el derecho a la propiedad que afecta directamente el derecho al desarrollo, específicamente en los países en desarrollo.
Formuló consideraciones acerca de la verdadera libertad y la falta de capacidad técnica para adoptar programas, como por ejemplo, enfrentar catástrofes naturales, como pudiera ser una inundación.
Precisó que los parlamentarios adolecian de expertos, a diferencia de los Poderes Ejecutivos que sí cuentan con profesionales especializados para dar una correcta asesoría.
En otro orden de ideas, subrayó que los Parlamentos aprueban los presupuestos y dictan las normativas que envía normalmente el Ejecutivo , dependiendo del régimen político de cada país y que no cuentan con mayores facultades en el ámbito legislativo.
Lo anterior, hace propicia la formación de coaliciones parlamentarias de los países receptores de ayuda y de aquellos que prestan la ayuda, a fin de efectuar un control efectivo en cuanto a la utilización de los recursos otorgados.
Por ejemplo, en el tema de las patentes que impide que los países pobres utilicen los medicamentos genéricos.
A modo de ejemplo, se señaló que los africanos sí cuentan con una coalición que les da plena validez.
A modo de resumen, se señaló que más importante que la cantidad de la ayuda era la calidad de la misma, motivo por el cual ésta debería ser evaluada.
En este orden de ideas, se recordó que la Unión Europea había asumido una iniciativa denominada “todo menos armas” para importar todo tipo de mercancías, menos armas.
Por otra parte, conciliar el derecho al desarrollo con la obtención de recursos cada día más escasos y el cuidado del medio ambiente, como por ejemplo la utilización del agua, etc., son materias esenciales a ser resueltas.
Se recordó el ejemplo de China, con un crecimiento estimado en 8% y en cómo conciliar esto con la explotación de los recursos naturales.
El diputado señor Jarpa recalcó lo difícil y complejo del tema, al coincidir que los intereses de la ciudadanía habían cambiado, en el sentido de la importancia que ha adquirido la democracia participativa, en base a los siguientes aspectos:
-La ciudadanía piensa que los parlamentarios poseen más poder del que realmente detentan, lo que provoca una incomprensión por desconocimiento de las facultades parlamentarias que verdaderamente tienen.
Resulta más difícil ser parlamentario de gobierno que de oposición y de ahí la importancia del rol que juegan en la aprobación y fiscalización de los presupuestos nacionales.
Haciendo un símil, señaló que el Poder del Ejecutivo se asemejaba al poder de Naciones Unidas, mientras que el poder parlamentario se concentraría en la Unión Interparlamentaria, pero con la limitante de que Estados Unidos no participa y por tanto la organización adolece de la concurrencia de la visión parlamentaria de ese país.
Recordó una exposición que realizó en Argelia el año 2007, donde propuso que los Parlamentos deberían otorgar facultades a la UIP para fiscalizar todo lo concerniente a la ayuda internacional, es decir, en lo relativo a las donaciones que efectúan los países que donan el 7%. De ahí que se preguntara acerca de ¿qué criterios se utilizan para fiscalizar la utilización de dichos recursos?
También llamó la atención de que los países más poderosos aún no firman instrumentos internacionales de tanta relevancia corno el Protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático.
Finalmente, esbozó tres temas a desarrollar en el corto plazo, cuales son las actividades que hoy en día generan mayor movimiento económico como es el comercio de las armas; la situación del narcotráfico, que atenta contra todo el sistema democrático, como es la corrupción, y el terna de las migraciones.
En Anexo se adjuntan los discursos preparados por el diputado señor Jarpa.
III. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.
Tras el debate, se esbozaron las siguientes conclusiones:
1. Expresión de frustración por falta de recursos y de ayuda, aún cuando el derecho al desarrollo no significa un aumento de la ayuda que reciben los paises, pero sí una respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
2. La motivación para consagrar el derecho al desarrollo surgió en la década de los setenta y en la actualidad se celebran 25 años desde su consagración.
3. Al conmemorarse este aniversario, se espera que los Parlamentos puedan ampliar su competencia, mediante la capacitación, de manera de crear un centro de investigación al servicio de los parlamentarios y de la sociedad civil.
4. Se critica que sólo se adoptan posturas políticas sin aportar soluciones concretas.
5. La sociedad civil espera que sus parlamentarios les otorguen soluciones concretas a sus demandas y las herramientas para tales efectos. Las respuestas bien podrían generarse al interior de este centro
6. Se detectan muchas frustraciones ante la falta de respuestas concretas.
7. Los Parlamentos deberían fortalecer su quehacer a través de las redes sociales.
-o-
Cámara de Diputados, a 25 de octubre de 2011.
(Fdo.): Jacqueline Peillard García , Dirección de Asuntos Internacionales”.
SEMINARIO SOBRE LA PROMOCIÓN DEL DERECHO AL
DESARROLLO: EL PAPEL DE LOS PARLAMENTARIOS
20 de octubre de 2011, Berna , Suiza
Diputado Carlos Abel ]arpa Chile
Derecho al Desarrollo (Mesa 2)
En gran medida las sociedades modernas han encontrado en los ideales de libertad, equidad y fraternidad la inspiración de sus políticas y acciones de gobierno, donde el ser humano pasa a ser el centro de las preocupaciones. Actualmente se han encarnado dichos ideales es a través de un cuerpo de derechos universales e inalienables, como son los derechos humanos, que representan un logro evolutivo sin precedente en la historia. La humanidad, mediante este proceso, ha demostrado la voluntad de querer avanzar hacia sociedades más justas, inclusivas y participativas, ejemplo de ello es el Sistema de las Naciones Unidas, una de sus expresiones más señeras.
Los derechos humanos progresivamente han ido expandiendo su radio de influencia. Así, en un primer momento los derechos humanos se asociaron al valor de la libertad, que se manifestó en la aparición de los derechos civiles y políticos. En un segundo momento, la igualdad fue el principio inspirador para el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Actualmente, el derecho al desarrollo, tema que nos convoca, se inscribe en el derecho a la solidaridad o fraternidad, que representa una tercera generación de derechos humanos y representan el principal desafío de nuestros países en este siglo XXI.
De esta manera, el derecho al desarrollo se presenta como un derecho síntesis, es decir, es un derecho que integra al conjunto de derechos humanos, y como parte integrante de los derechos humanos fundamentales. El derecho al desarrollo viene a reforzar el carácter indivisible e interdependiente de todos los derechos humanos, como bien recuerda la declaración de Viena de 1993, donde establece que “la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente”.
Este último punto quiero remarcarlo, pues como latinoamericanos, hemos vivido en nuestra historia reciente tristes episodios de gobiernos que han vulnerado los derechos humanos, bajo el pretexto de que es un costo necesario para el desarrollo. De esta forma, el derecho al desarrollo viene a reconocer que no cabe un verdadero progreso sin la efectiva implementación y respeto de todos los derechos humanos, y la violación a dichos derechos representa uno de los principales obstáculos para el logro efectivo del desarrollo. Ello implica que el crecimiento económico como objetivo socialmente compartido, para que sea tal, debe abarcar otros componentes sociales, culturales y ecológicos.
En mi condición de latinoamericano y chileno, es decir, representante de países emergentes o en vías de desarrollo, quiero destacar la importancia que le conferimos al derecho al desarrollo como derecho humano, pues no sólo resume una aspiración de mejoras en la calidad de vida de la población de nuestros países, sino que representan un imperativo ético para la conformación de sociedades más justas e igualitarias. Ello explica, y valga al mismo tiempo un reconocimiento, los aportes doctrinarios que ha hecho el tercer mundo, en especial África, para que el derecho al desarrollo sea entendido como un derecho humano, pues nuestra experiencia nos ha demostrado que el crecimiento económico es necesario pero no es suficiente para conformar sociedades más justas e inclusivas.
De esta manera, el derecho al desarrollo pone en el centro de toda la acción de los gobiernos al ser humano, pues éste representa el destinatario y beneficiario final de toda acción pública. Pero por otra parte, éste no debe ser sólo el objeto de las políticas, sino que debe ser un sujeto activo y participativo.
Esta concepción del desarrollo tiene enormes consecuencias en términos de políticas públicas, desde el punto de vista de cómo estas se diseñan e implementan. Bajo estos nuevos parámetros, un verdadero desarrollo no puede lograrse sin considerar las necesidades básicas de los individuos y su plena participación en la generación de respuestas, como muchas veces se pretendió. En último término, el desarrollo debe tender a satisfacer dichas necesidades y garantizar que dicho proceso no se lleve a cabo a espaldas o sin considerar las expectativas de los sujetos beneficiarios.
Resulta de tal forma esencial para una efectiva realización del derecho al desarrollo una participación ciudadana, mediante la cual las políticas públicas de desarrollo puedan contener las necesidades, intereses y expectativas de la población, canalizando institucionalmente dichas demandas, transformándose así la ciudadanía en agente activo del desarrollo. Creo que el parlamento es el espacio institucional que mejor representa la polifonía de voces y visiones de mundo que coexisten en una sociedad determinada. Por ello, el parlamento está llamado a ser un aforo que promueva la participación popular en todas las esferas como motor del desarrollo y propenda a la plena realización de todos los derechos humanos.
Cabe en este punto plantear algunas consideraciones:
La sociedad latinoamericanas en general, y Chile en particular, arrastran una historia de desigualdad de siglos, que ha afectado hasta el día de hoy a mujeres, jóvenes, pueblos originarios y afrodescendientes. Por ello debe ser un imperativo promover medidas eficaces para lograr la participación de estos grupos en los procesos de desarrollo. Sólo así se podrá empoderar a estos grupos y lograr una real integración social basada en la igual valoración y la justicia social.
Otro elemento que resalta con posterioridad a la Declaración de Río de 1992, es que el derecho al desarrollo debe ser el derecho a un desarrollo sostenible, es decir, no solo debe tener rostro humano, sino que debe ser respetuoso con el medio ambiente, o en palabras de la misma declaración: “el derecho al desarrollo debe ejercerse de forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”. Esto pone de relieve que el desarrollo que tome como base el crecimiento económico, no puede ser a expensas de las personas y del medio ambiente como “ventajas competitivas”, sino que debe tender a su protección y resguardo.
Esto nos debe llamar a fortalecer el valor jurídico del derecho al desarrollo dentro del sistema internacional de los derechos humanos, para de esta forma promoverlo mediante una normativa internacional que permita hacer un seguimiento y que tenga implicancias jurídicas, que representa la mejor manera de garantizarlo internacionalmente.
SEMINARIO SOBRE LA PROMOCIÓN DEL DERECHO AL DESARROLLO: EL PAPEL DE LOS PARLAMENTARIOS
20 de octubre de 2011, Berna , Suiza
Diputado Carlos Abel Jarpa Chile
Implementación del derecho al desarrollo mediante el pleno respeto de los derechos económicos, sociales y culturales (Mesa 5)
Quisiera comenzar esta breve reflexión celebrando el hecho que en el centro del derecho al desarrollo esté la persona. Esto implica un cambio radical de los paradigmas que por décadas se han implementado en América Latina y el Caribe. Así, aquellas ideas que planteaban que la promoción y ejercicio pleno de los derechos humanos era una derivada o un producto que se generaba espontáneamente con posterioridad a un proceso de desarrollo económico exitoso, hoy es cuestionado. Y hoy son pocos los que se atreverían a sostener que el sólo crecimiento económico es suficiente para garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, y menos aún, una sociedad más equitativa, como lo planteaba la teoría del “derrame”.
Al reconocer el derecho al desarrollo como un derecho humano en propiedad, se establece que todos los derechos humanos están vinculados y son interdependientes entre sí, siendo justamente el mayor obstáculo al desarrollo la violación de los derechos humanos en cualquiera de sus encarnaciones. Es decir, no puede haber desarrollo sin democracia, equidad e igualdad de oportunidades.
Este nuevo horizonte que propone el derecho al desarrollo, implica no sólo un cambio respecto a quienes deben ser los beneficiarios reales del progreso de los países, sino que reformula el cómo se deben hacer políticas de desarrollo. De esta forma, es imperativa la participación de la ciudadanía, que no sea un agente pasivo del desarrollo, sino que éste refleje las necesidades, expectativas y aspiraciones de la comunidad, en especial de aquellos que han estado más postergados de los beneficios del progreso, como son mujeres, jóvenes, pueblos originarios y afrodescendientes en América Latina, etc.
El escenario actual de crisis económica, nos enfrenta a un período de fuerte incertidumbre respecto a los alcances y sostenibilidad de las políticas sociales hasta ahora llevadas a cabo. A este respecto, resulta imperativo que no sean exclusivamente las personas más vulnerables quines paguen los efectos de la crisis económica. Por ello es un deber de los Estados garantizar que su población vea satisfecha sus necesidades básicas y, asimismo, entregue oportunidades para que pueda aspirar a algo más que la sobrevivencia. Ello plantea, que los ajustes no pueden ser a costa de un detrimento de la calidad de vida de los más pobres.
A este respecto, la concreción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio comprometidos para el año 2015, los cuales propenden a un desarrollo más humano, equilibrado y justo, debe ser una prioridad para los países y el sistema de Naciones Unidas, en especial, si se considera los atrasos que estos evidencian con anterioridad a la actual crisis económica mundial. Esto representa un serio llamado de atención respecto de la eficacia de las políticas sociales, y debe llamarnos a no cejar en los esfuerzos para poder cumplir o superar las metas propuestas, pues en gran medida representan las aspiraciones de concreción de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo.
A este respecto, Chile ha avanzado de manera decidida en reducir la pobreza, la cual se redujo de un 39% en 1990 a un 15% el 2010. Pero todavía el camino es arduo para lograr el objetivo más ambicioso, como es erradicar la pobreza extrema el 2014. Como plantea el Presidente de Chile , Sebastián Piñera , “ello no sólo constituye un imperativo moral, sino que, además, es la mejor inversión que podemos hacer desde un punto de vista político para fortalecer la democracia, desde un punto de vista económico para potenciar el desarrollo, y desde un punto de vista social para conquistar una sociedad más justa, fraterna y pacífica”.
Cabe abrigar esperanzas de que América Latina, y Chile en particular, puede alcanzar a 2015 las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues independiente del contexto de crisis actual, nuestra experiencia reciente nos ha encontrado más maduros y en mejor pie para enfrentar contextos económicos adversos a nivel internacional.
A través del gasto social, hemos logrado contrarrestar los efectos más perniciosos de la crisis en la población más vulnerable. De esta manera se ha consolidado en Chile una red de protección social que permite mitigar los riesgos a los que están expuestas las poblaciones más vulnerables, y que está basada en una lógica de derechos, es decir, no tiene una concepción asistencial, sino que busca ser un motor de equidad y de oportunidades, o como lo define la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, tiene una lógica promocional, es decir, dar las herramientas para que las personas puedan acumular capitales humanos, culturales, económicos y sociales que les permita abandonar de manera definitiva la pobreza.
En esta senda, dos proyectos simbolizan el camino emprendido por Chile, como es el proyecto actualmente en discusión en el parlamento chileno, como es el establecimiento de un sueldo ético familiar, y el proyecto ya aprobado de la extensión del permiso posnatal a 6 meses. El primero busca garantizar un piso mínimo que cubra las necesidades básicas de la población más carenciada, y el segundo, resguardar a la madre trabajadora y al niño o niña en sus primeros meses de vida.
A estas iniciativas se han sumado otras ya en vigor, como la reforma previsional, la cual entrega pensiones solidarias no contributivas [1], así como la expansión masiva de la educación pre-escolar, que, más allá del impacto positivo que en niños y niñas tiene una estimulación temprana, permite una incorporación al mundo laboral de las madres. Asimismo debo mencionar reforma de salud llamada Auge, pionera en América Latina, y que establece una lista de patologías que tienen garantizado su tratamiento médico, entre otras iniciativas.
Por otra parte, en lo referido a la educación, actualmente existe un rico debate en torno a la calidad y equidad de la educación chilena, la cual se da en un contexto de cobertura universal de la enseñanza primaria y secundaria, y una expansión sustantiva de la matrícula técnico profesional y universitaria. Este debate ha demostrado la importancia de la participación y canalización de las demandas de los actores sociales, pues ha dejado en claro que el desarrollo no puede hacerse a espaldas de sus beneficiarios, sino que debe ser expresión de acuerdos y grandes consensos sociales.
Para terminar, quiero destacar el rol que nos cabe como parlamentarios en la concreción del derecho al desarrollo, pues al ser el parlamento un crisol de voces diversas y de debate pluralista, es, en consecuencia, el espacio privilegiado para grandes acuerdos sociales respecto al desarrollo. Por otra parte, su rol fiscalizador le permite controlar la aplicación efectiva de los principios y orientaciones que provee el sistema de derechos humanos. Por ello hago un llamado para trabajar con denuedo y decisión más que nunca, en la lucha por proveer una mejor calidad, respetuosa del individuo y llena de oportunidades de futuro.
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