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El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente , entiendo que los diputados y las diputadas jóvenes no sepan que ser exonerado durante el régimen militar significó para miles de chilenos dejar de llevar el pan a sus hogares y no poder educar a los hijos, muchos estaban en la universidad. En definitiva, no disponer de recursos y tener que enfrentar la vida con la caridad de quienes le tendieran la mano.
En Chile hubo más de cuatrocientos mil exonerados, provenientes de servicios estatales y empresas intervenidas. Recuperada la democracia, con la legislación que todos conocemos se quiso reparar, entre comillas, el daño causado a los trabajadores despedidos en el régimen militar, quienes tuvieron que presentar un sinnúmero de antecedentes. Entre ellos, una solicitud, no en las gobernaciones como han dicho algunos diputados, sino ante el INP, con los medios de pruebas correspondientes -finiquitos, contratos de trabajo que acreditaran su vinculación con la empresa que lo despidió-; un relato político, tres testigos, ojalá ex compañeros de trabajo; certificado de imposiciones, amén de otros documentos de gobernadores, de intendentes, del sacerdote o de algún parlamentario, aunque estos últimos no quitaban ni ponían.
Las carpetas eran revisadas por analistas del Programa de Exonerados. Ellos decidían si estaba completa, y cuando faltaban antecedentes, los requerían al interesado.
Con todo lo solicitado, las carpetas, que eran individuales, pasaban a una comisión especial. Después nuevamente iban al INP. Todas estas instancias podían hacer reparos. Volvía al Ministerio del Interior, cartera que emitía una resolución para que fuera a la Contraloría a la “toma de razón”. De ahí, volvía al INP para hacer el cálculo y saber cuál era el beneficio.
Los primeros exonerados recibieron pensiones miserables, del orden de cincuenta mil a cien mil pesos, recursos que provenían de sus propios fondos previsionales.
Muchos diputados y senadores del actual gobierno emitieron certificados a exonerados y consiguieron que algunas empresas, que no estaban en el listado de empresas estatales intervenidas, se incorporaran al sistema. Y lo hicieron con la mejor disposición para colaborar con los exonerados. Hoy se hace escarnio con personas honorables, que fueron atropelladas en sus derechos durante el gobierno militar.
Algunos exonerados jubilaron por el INP y renunciaron a la pensión de exonerados, porque era demasiado baja en comparación con la jubilación.
Entre los requisitos para optar al beneficio se exigía el relato político y otros antecedentes, que eran de carácter reservado. En el relato político se planteaba la tragedia que vivió la persona. Por consiguiente, no puede ser de conocimiento público. Sin embargo, aquí se quiere sacar provecho político y dañar la imagen de los ex Jefes de Estado, porque era y es facultad privativa del Presidente de la República conceder o no la pensión a los exonerados.
Aquí tengo un listado de gente con resolución que espera desde julio del año pasado la firma del ministro del Interior . Así, hay miles de personas que tienen derecho a pensión, pero no se les ha otorgado ese beneficio.
He dicho.
-Aplausos.
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