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- rdf:value = " AUMENTO DE PENALIDAD A DELITO DE ROBO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor MELERO ( Presidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que reforma el Código Penal, tipificando los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados, crea nuevas figuras delictivas y aumenta su penalidad, cuyos informes fueron rendidos en la sesión de ayer por el diputado señor Matías Walker.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto de ley contenida en el boletín N° 7481-07, se inició en la sesión 109ª., en 16 de noviembre de 2008.
El señor MELERO (Presidente).- En discusión general el proyecto
Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , un grupo transversal de diputados, muchos de ellos miembros de las comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas, y de Constitución, Legislación y Justicia, somos los autores del proyecto. Quiero destacar la transversalidad de quienes hemos suscrito esta moción, aprobada por unanimidad en ambas comisiones, y que, de alguna manera, ha simplificado la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara.
Hoy, el robo de vehículos motorizados se sanciona de la misma manera que el robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público, como puede ser, por ejemplo, una silla.
En sucesivas encuestas de victimización y también en una reciente encuesta y datos entregados por el Gobierno, hemos visto que, en el último trimestre, entre los delitos de mayor connotación social, el robo de vehículos motorizados ha aumentado en 12,5 por ciento. Durante 2010 hubo más de 31 mil casos de robo de vehículos motorizados y, de acuerdo con lo informado por la Unidad de Búsqueda de Carabineros de Chile, en lo que va de 2011 tenemos registrados más de 10 mil casos.
En promedio, cien vehículos motorizados son robados todos los días en nuestro país. El problema está en que este delito está asociado a bandas que se dedican a robar autos para posteriormente clonarlos -según información de Carabineros- y venderlos generalmente en el extranjero, todo esto facilitado por una lamentable legislación que rige en un país vecino, Bolivia, que ha permitido el blanqueamiento de vehículos robados en el extranjero. Muchas veces, esos vehículos son cambiados por droga.
Este tipo de robo se asocia a la comisión de otros delitos. Asimismo, existen bandas que rematan en subasta pública vehículos con pérdida total, con el objeto de hacerse de su matrícula o placa patente y así utilizarla en otros que han sido robados.
En suma, estamos hablando de un negocio muy lucrativo para bandas organizadas que se dedican a la perpetración de esos ilícitos con cero costo penal. En la actualidad, ninguno de los miembros de estas bandas, una vez que son detenidos, cumple pena efectiva de privación de libertad por el robo de vehículos motorizados.
Dicho delito afecta principalmente a la clase media que, con mucho esfuerzo, logra hacerse de un vehículo motorizado, sobre todo cuando se trata de vehículos que no cuentan con la tecnología más moderna para impedir esta clase de robos.
En la actualidad, los condenados por este delito normalmente reciben penas de 61 a 541 días, cuando se sanciona en grado de frustrado, y de 41 días a 60 días, cuando se sanciona en grado de tentativa, de acuerdo con lo que nos han informado representantes del Ministerio Público y fiscales que asistieron a la Comisión, toda vez que, habitualmente, los delitos no son consumados. Según lo que señalaron los representantes del Ministerio Público, uno de los factores que influye en la comisión de estos delitos, sea de autos o de accesorios, es que económicamente resultan bastante rentables, ya sea por la venta de partes y piezas de vehículos o de accesorios, como radios o parlantes; por la clonación de vehículos para venderlos como nuevos con inscripciones efectuadas con facturas falsas, o por el traslado de vehículos -principalmente los 4x4- a Bolivia o Perú para cambiarlos por droga. Otro factor que incide dice relación con el bajo costo penal del delito, ya que la pena va de 541 días a 5 años, si es consumado, siempre que no concurran circunstancias atenuantes, lo que también es habitual, caso en el cual el marco penal es de 541 días a 3 años, lo cual permite acceder a beneficios alternativos a las penas, lo que normalmente se traduce en remisión condicional si el imputado no tiene condenas anteriores, o en reclusión nocturna, si tiene una sanción anterior.
En general, no soy partidario de combatir la delincuencia vía aumento de las penas, pero creo que éste es un caso en que la excepción confirma la regla, ya que, claramente, aquí existe un negocio bastante lucrativo que tiene una sanción penal muy baja.
Voy a explicar brevemente y, de alguna manera, ratificar lo que informé ayer. En un primer momento, el proyecto pretendía aumentar la pena, tanto en el robo como en el hurto de vehículos motorizados. Uno podría preguntarse cuándo estamos en presencia de hurto de vehículos motorizados. Efectivamente, es un caso de menor ocurrencia, que se da cuando una persona, por ejemplo, deja el auto con las llaves puestas o es inducida a engaño -práctica que hoy es muy habitual- para que se baje, por ejemplo, a reparar un neumático, y en ese momento otra persona se apropia del vehículo. Ahí, tal vez, estaríamos en presencia de hurto y no de robo.
Eso fue bastante discutido en el seno de la Comisión y se optó por prescindir de tipificar el hurto de vehículos motorizados, ya que no existió consenso al interior de la misma en cuanto a la graduación de la pena para que fuera de acuerdo con el valor del vehículo hurtado.
Al final, esto se simplificó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que intercaló un inciso segundo en el artículo 443 del Código Penal -a propósito del robo en bien nacional de uso público-, que establece que “Si el delito a que se refiere el inciso precedente recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá a los autores, cómplices o encubridores las penas correspondientes aumentadas en un grado”. Eso propone finalmente el proyecto. Actualmente, el Código Penal establece que el juez tiene la facultad para aumentar en un grado la pena cuando se trata del robo en un vehículo motorizado. El proyecto establece de manera imperativa la obligación del juez de aumentar en un grado la pena, en virtud de la valoración patrimonial que este objeto tiene para los ciudadanos y muy especialmente para la familia de clase media de nuestra sociedad.
Finalmente, se acogió una indicación del Ejecutivo para aumentar la pena de la receptación, que será de presidio menor en su grado máximo.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los diputados que contribuyeron con sus indicaciones y sus propuestas a mejorar este proyecto, así como también al Ejecutivo , por entender que era importante fijarle urgencia.
La iniciativa fue aprobada de manera unánime por ambas comisiones, y espero que la Sala proceda de la misma forma.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón.
El señor CALDERÓN.- Señor Presidente , como miembro de las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas, y de Constitución, Legislación y Justicia, quiero destacar esta iniciativa, promovida por el diputado Matías Walker , que se hace cargo de un fenómeno que viene siendo recurrente en las calles de nuestro país: el robo de vehículos motorizados.
Se trata de un fenómeno delictual de reciente aparición, que ha causado cierto grado de alarma pública. Muchas veces, llama la atención ver en lugares públicos autos que están prácticamente anclados, debido al temor de sus propietarios de que sean robados.
Considero necesario destacar esta iniciativa del diputado Matías Walker y, por cierto, la participación de los integrantes de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, y de Seguridad Ciudadana y Drogas en su discusión, que tuvo un desarrollo muy interesante porque se buscaron las mejores alternativas para combatir este delito, respetando los principios constitucionales que limitan el ejercicio de la potestad punitiva por parte del Congreso Nacional.
Básicamente, el proyecto introduce tres modificaciones muy relevantes en el combate contra el robo de vehículos motorizados.
En primer lugar, perfecciona la penalidad de este delito, contemplado en el artículo 449 del Código Penal como un tipo especial agravado, en razón del objeto robado, es decir, el vehículo motorizado. El delito tenía una pena facultativa, porque el juez podía aplicar una mayor o menor, de manera que se transformaba en una situación de desigualdad, porque, dependiendo del criterio del juez, el mismo delito podía ser sancionado con distintas penas.
Lo que hace el proyecto es establecer una pena imperativa y, a partir de ella, una vez que se hayan aplicado todas las medidas que establece el Código Penal, es decir, las agravantes y las atenuantes, o sea, todo el procedimiento para establecer la responsabilidad penal, se aplica el grado superior de la pena, lo que, por cierto, le asigna mayor gravedad al delito de robo de vehículos motorizados. A partir de la promulgación de la ley, siempre que el proyecto sea aprobado por esta Sala y por el Senado, la persona que robe un vehículo motorizado recibirá, en términos concretos, una pena mucho mayor que la que se había aplicado hasta ahora.
En segundo lugar, se tipifica por primera vez -lo que no es menor- el desmantelamiento de vehículos para venderlos por partes. Como digo, esto no es de menor importancia porque una de las aristas de este negocio ilegal, al cual aludió el diputado Matías Walker , es el desmantelamiento de vehículos con el objeto de vender sus partes, delito que antes no podía ser sancionado penalmente por la sencilla razón de que no estaba tipificado, no obstante que sí lo estaban el robo y la receptación.
Por último, se sanciona la receptación, es decir, la compra de vehículos robados, con una pena mayor que la que existía hasta ahora. El inciso primero del artículo 456 bis A del Código Penal sanciona este delito con la pena común para la receptación. A partir de la vigencia de la ley en tramitación, será castigado con la pena agravada que establece el inciso tercero de dicho artículo.
Considero que, en general, este proyecto representa un importante avance en el combate contra la delincuencia y, en particular, contra un delito de reciente aparición, como es el robo de vehículos motorizados.
La iniciativa del diputado Matías Walker merece ser destacada y, por lo mismo, llamo a los colegas a aprobarla.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, me siento complacido de que quienes informen los proyectos sean sus autores. Algunos dicen que es un plus porque nos permite conocer mejor las materias que discutimos.
Agradezco al colega Matías Walker su intervención como diputado informante y, después, sus comentarios, porque nos han dado un poco más de optimismo sobre algo que, al parecer, no pasaba de ser una noticia permanente en los medios de comunicación. Por eso, mis parabienes a los autores del proyecto, en particular al diputado informante , que nos ha entregado muchos antecedentes relacionados con legislaciones que no siempre son bien entendidas.
Esta iniciativa introduce modificaciones al Código Penal para que penas facultativas pasen a ser imperativas y tengan mayor fuerza, de manera que el delincuente deba pensarlo muy bien antes de cometer un delito que, hasta hoy, era una verdadera granjería.
Como dijo el diputado informante , en Chile, a fines de diciembre se habrán vendido alrededor de 330 mil vehículos nuevos, es decir, unos 900 por día. No sé si esto habla bien de nuestro país, pero no ocurre lo mismo en otras latitudes. Como país, hay algo que decir al respecto.
Pues bien, este aumento de las ventas de automóviles ha traído como consecuencia un explosivo incremento de los robos de vehículos motorizados. ¿Para qué? Para venderlos, adulterando el número de inscripción, que, muchas veces, no es comprobado por sus compradores. Nos consta que ello ocurre en las regiones alejadas de Santiago y de la zona central del país, donde se concentran las ventas y los robos. Muchas veces, vehículos robados o sus partes son vendidos en aquellas regiones.
Otro grave delito que se comete actualmente es la venta de vehículos robados, pero en países limítrofes, debido -hay que decirlo- a que en ellos existe muy poco control. En realidad, es un gran negocio.
Considero que éstas son las motivaciones que tuvieron los autores de este proyecto, que apunta a tipificar los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados. No estoy seguro de que seguir creando figuras penales para delitos que ya están establecidos en nuestra legislación sea el camino más adecuado para legislar. En este caso, los juristas tienen la palabra. Hace unos días, conversaba con el diputado Felipe Harboe sobre este tema. Si lo seguimos haciendo, corremos el riesgo de transformar nuestro Código Penal en una normativa similar al Código Tributario, en que las excepciones superan con creces la norma general. Tal vez, sería mejor establecer penalidades de acuerdo a la cuantía de lo sustraído y no seguir tipificando una larga lista de delitos.
Me gustaría conocer la opinión del diputado Matías Walker , quien ha asumido este problema como algo muy personal.
En fin, entrego la última palabra sobre el proyecto a quienes lo han desarrollado y pueden darnos su opinión sobre lo que se requiere.
Me parece interesante la norma que se incluye, relativa al delito de receptación, en que se agravan las penas. Aquí podemos establecer un paralelo con el delito de abigeato, que tantos dolores de cabeza nos da en el sur de Chile. Al respecto, hace unas semanas discutimos una iniciativa relativa a facilitar su investigación, ya que ese delito, al igual que el robo de automóviles en zonas urbanas, se ha multiplicado y “profesionalizado” en las zonas rurales y del campo de nuestro país.
Hacía falta un proyecto como el que conocemos hoy, y me alegro de contribuir con mi voto a su aprobación.
Para evitar interrogantes futuras, queda pendiente la pregunta a los autores de la moción y al diputado informante, en este caso, el colega Matías Walker.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum.
El señor SAUERBAUM.- Señor Presidente , como dijo el diputado Jaramillo , la normativa propuesta se hace cada vez más necesaria, en consideración a la alta cifra de robos de vehículos.
Dado el crecimiento del parque automotor, más el uso cotidiano del vehículo motorizado, es de suma urgencia efectuar modificaciones a nuestra normativa penal, en el sentido de crear una figura que tipifique las posibles conductas ilícitas relacionadas con esta materia.
Nuestro cuerpo normativo penal nada dice al respecto, ni diferencia este ilícito del hurto o robo de otros bienes. Por ello, se hace necesaria dicha modificación.
El informe de la Comisión señala que según estadísticas de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el robo o hurto de vehículos motorizados ha ido aumentando su frecuencia en forma progresiva y significativa en el tiempo, representando un porcentaje importante del total de delitos de connotación social.
Durante 2010, por ejemplo, las sustracciones ascendieron a 31.726, mientras que a julio de 2011 se habían cursado 8.411 órdenes de búsqueda de vehículos robados, según antecedentes entregados por la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), de Carabineros de Chile.
Estos antecedentes reafirman la importancia de establecer una figura penal acorde a nuestros tiempos, pues en el texto del Código Penal, respecto de estas materias, creado en noviembre de 1874, no se ha planteado una tipificación de esas conductas en relación con esta materia. En consecuencia, Chile está atrasado en comparación con los países vecinos.
Tal como se cita en la moción, en otros países, tales como Argentina, Brasil y México, cuyas normativas han sido analizadas a la luz del proyecto, se sanciona el hurto o
robo de vehículos en el Código Penal, pero con figuras específicas, que consagran a los vehículos motorizados como objetos de delito, salvo en el caso de Venezuela, también analizado, en que existe una ley específica, distinta del Código Penal, denominada ley sobre hurto y robo de vehículos automotores.
Además, se enuncia que, en relación con este delito, incluso estaríamos aplicando el menor régimen de sanciones, en comparación con otros países. Sólo a modo referencial, es posible señalar que el delito de hurto o robo sin violencia o fuerza de vehículos, ocurre con mayor frecuencia en la vía pública, tanto en Chile como en el extranjero. Si se revisa sólo esta figura, para establecer un punto de comparación común a la legislación estudiada, se concluye que la pena aplicable en Chile es la más baja de los países analizados, esto es, de presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, 541 días a 5 años, mientras que en Brasil es de 3 a 8 años, en México, de 7 a 15 años, y en Venezuela, de 4 a 8 años.
Entonces, dado que en nuestro Código Penal no existe una figura exacta de la conducta ilícita del robo o hurto de vehículos motorizados, y tras conocer las estadísticas sobre la recurrencia de esos delitos, esta iniciativa nos parece de suma necesidad e importancia, porque nos ayudará a contrarrestar la comisión de esas conductas delictuales. Si a eso agregamos un aumento de las políticas preventivas respecto de esos ilícitos, sin duda se avanzará a una reducción importante de las cifras delictuales.
Finalmente, anunciamos el voto favorable de la bancada de Renovación Nacional al proyecto.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , en primer lugar, corresponde felicitar al autor y motivador de esta moción parlamentaria, diputado Matías Walker , y también, por cierto, a las diputadas y los diputados que participaron en el debate y permitieron su perfeccionamiento.
También es justo hacer un reconocimiento a don Enrique Aldunate , abogado y asesor parlamentario, quien en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ayudó a perfeccionar el proyecto, toda vez que hubo observaciones de forma que se tradujeron finalmente en el proyecto que ahora estamos analizando.
No cabe ninguna duda de que el robo de vehículos es un delito de creciente ocurrencia. Las estadísticas nacionales revelan que en Chile existen aproximadamente cinco millones de vehículos; de ellos, un porcentaje importante son particulares, es decir, no dedicados al transporte público.
El delito de robo de vehículos y de robo de objetos desde vehículos -dos tipos penales distintos- se ha ido incrementando fuertemente durante los últimos años. Lamentablemente, en esta materia Chile tiene uno de los niveles más altos de Latinoamérica, principalmente por la existencia de un mercado de receptación, compra y venta de artículos robados, y la facilidad para la reducción de vehículos, lo que genera un verdadero crimen organizado en torno a esta nueva industria ilícita, que abarca desde los que identifican los vehículos, los que roban materialmente o sustraen los vehículos o partes de los mismos, y los que los desarman para finalmente terminar en la industria de la distribución, a través del mercado informal o de mercados que, pese a ser formales, ocultan el origen de las partes de los vehículos que se roban.
Por eso, es muy importante destacar esta moción parlamentaria, que se hace cargo del problema, con una técnica legislativa bastante adecuada, mediante la incorporación, en el artículo 443 del Código Penal, que se refiere al robo de objetos, de los incisos segundo, tercero y cuarto, que cambian la actual estructura.
Lo digo porque originalmente el mocionante y los que lo acompañamos, pensamos en la creación de un tipo penal especial, es decir, en virtud del principio de especialidad, íbamos a crear un nuevo delito: el robo de vehículos.
Sin embargo, tras estudiar la técnica legislativa empleada en otros países y también en el nuestro, no parecía correcto crear un tipo penal especial, sino más bien fortalecer la actual estructura del Código Penal y establecer algunas reglas especiales, particularmente en materia de agravantes.
En consecuencia, en los referidos incisos segundo y tercero que se intercalan en el artículo 443 del Código Penal, se establece lo siguiente: “Si el delito a que se refiere el inciso precedente recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá a los autores, cómplices o encubridores las penas correspondientes aumentadas en un grado”. Es decir, le va a salir más caro al delincuente robarse un vehículo que robar algún otro objeto que se encuentre en la vía pública.
“El aumento a que hace mención el inciso anterior se hará después de determinarse la pena que habría correspondido al condenado, con prescindencia de la expresada circunstancia.”.
A continuación, en el inciso cuarto se establece: “Será castigado en la forma señalada en este artículo, el que destruya las especies a que él se refiere para apropiarse solamente de partes de ellas.”.
Esto, porque muchas veces alguien roba un vehículo y luego lo destruye, para proveerse sólo de algunas partes y piezas que, finalmente, terminan engrosando el mercado ilícito.
Estamos ante una buena técnica legislativa. Por lo tanto, la futura ley dotará, tanto a los fiscales como a la policía, de una nueva herramienta de política criminal, a fin de aumentar la sanción, a través de una agravante, a quienes se dediquen al robo de vehículos y a su receptación.
Respecto de este último ilícito, es muy importante señalar lo siguiente. Represento al distrito de la comuna de Santiago, donde hay muchas cosas buenas, pero también tenemos un mercado de reducción de objetos de vehículos robados. Es de común ocurrencia el robo de espejos o de cualquier implemento de los vehículos en la comuna y en lugares aledaños.
Por eso, el artículo que se refiere a la receptación me parece muy atinente, toda vez que permitirá perfeccionar la norma en materia de vehículos motorizados.
La iniciativa propone intercalar en el inciso tercero del artículo 456 bis A, entre las palabras “la receptación sean” y el término “cosas”, las expresiones “vehículos motorizados o”. Es decir, en el artículo destinado a definir la receptación se establece, en virtud del principio de especialidad, la receptación de objetos de vehículos motorizados.
En consecuencia, esto tendrá dos implicancias inmediatas. La primera es que en virtud del principio de especialidad, cuando la policía sorprenda a alguien en delito flagrante de robo de objetos de un vehículo o que esté procediendo a su receptación, se aplicará un tipo penal específico. No será necesario probar un conjunto de elementos que impiden o dificultan la prueba dentro del proceso. Además, quedará consignada de manera expresa, en correlación con la modificación que mencioné, la receptación de objetos o de vehículos motorizados.
De ese modo, el artículo 456 bis A tendrá la correspondiente relación con la modificación de la agravante que consignamos para el robo de vehículos.
Por lo tanto, me parece un muy buen proyecto, de aplicación práctica, que permitirá sancionar de manera adecuada a las personas que hacen del robo de vehículos o de la receptación de objetos robados de vehículos, su actividad habitual.
De esa manera, disminuiremos la impunidad y detendremos el aumento que ha venido teniendo este tipo de delitos en el país, lo que no es menor.
Como salvedad final, quiero decir que este tipo de normas debe ser complementada con medidas prácticas. La industria automotora debe adoptar medidas de seguridad en sus normas de importación. No es posible que todo lo tengamos que solucionar a través de normas penales. Está bien, el legislador se abre a modificar la ley; pero también debe existir el esfuerzo de la industria, que legítimamente lucra con la venta de vehículos, en cuanto a contar con elementos que aumenten sus niveles de seguridad.
Por último, también se requiere mejorar las condiciones culturales del país. Con mucha responsabilidad, estoy en condiciones de sostener que existe un doble discurso en materia de delincuencia, hay mucha hipocresía al respecto. En efecto, muchas personas que durante la semana reclaman en contra de los delitos y argumentan que se debe condenar con firmeza la delincuencia, los días sábados o domingos se levantan muy temprano a comprar artículos robados en un mercado informal, porque les sale más barato.
Se debe tomar conciencia de que entre más cultura tengamos acerca de evitar la compra de artículos robados, habrá menos mercado de receptación y, por ende, menos incentivos a la creación de esta verdadera industria de robo de vehículos y de objetos de vehículos que hoy estamos sancionando con este buen proyecto de ley.
Por eso, anuncio mi voto favorable y reitero mis felicitaciones a sus autores.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , este proyecto me llega muy de cerca, porque hace tres o cuatro años presenté uno en este mismo sentido y, por extraña coincidencia, las que más se opusieron a que se hiciera realidad fueron las empresas aseguradoras. Afirmaban que los vehículos que debían pagar por pérdida total, bajarían a un valor cero si no tenían la posibilidad de subastarlos con sus documentos.
Al parecer, en ese momento a la Comisión le hizo más fuerza lo que sostenían las aseguradoras que lo que proponíamos nosotros. Sin duda, es un incentivo perverso comprar esos vehículos “hechos pebre”, porque no existe posibilidad alguna de arreglo. Claramente, de eso se desprende que sólo interesan los papeles para robar y clonar otro vehículo, y después venderlo como si no tuviera problema.
Felicito a los autores de este proyecto, que vamos a aprobar sin duda alguna, porque las personas que se dedican a este negocio ilícito no deben quedar en la impunidad.
Al analizar los proyectos que están en estudio en la Cámara, a la luz de los robos y de la gente que vive de este negocio, uno no se puede explicar que no se haya aprobado en ese momento la iniciativa a que me referí y que no se haya hecho nada.
No haría distinción entre hurto y robo. Todos sabemos la diferencia entre ambos términos, pero hoy es tal la expertise de estos delincuentes, que sus ilícitos se pueden transformar en puros hurtos, pues no hacen ningún daño al vehículo. Para los que tienen chapa electrónica, con una máquina buscan la clave y lo abren. También cometería hurto el que abre un vehículo cuyas llaves su dueño olvidó en su interior, siempre que el vehículo no presente daño.
En consecuencia, estos ilícitos deberían considerarse siempre robo, no hurto, y aplicar a sus autores penas más drásticas. Tal como expresó el diputado Harboe , hay gente especializada en determinados talleres, que encarga un neumático de tal auto, esto o lo otro.
En el verano, en Viña del Mar una banda especializada robó más de 40 neumáticos de un modelo de vehículo Toyota que lleva un neumático atrás. Alguien se preguntará por qué ese neumático. Por una razón muy simple: porque cuesta 1.200.000 pesos, y lo venden de inmediato en 300 mil o 250 mil pesos.
Las penas son tan bajas que esa gente saca la cuenta de que no tiene nada que perder y que gana más plata con un robo de ese tipo al mes que trabajando.
Por lo tanto, es un incentivo perverso no establecer penas mucho más altas para los robos de vehículos motorizados.
Al analizar las aristas de este tipo de negocio, se da cuenta de que es muy poco limpio. La pregunta que haría a mis colegas es si alguno compraría un auto “hecho pebre” para arreglarlo. ¡Nadie! Entonces, el incentivo que existe tras esas compras es hacer desaparecer ese vehículo, transformarlo en chatarra, porque no tiene arreglo, pero quedaron con su documentación, a fin de acreditar que se trata, por decir algo, de un Chevrolet Corsa , año tanto; luego, vamos robando.
¿Cuáles son los vehículos más apetecidos? Sin duda, las camionetas Nissan 4x4. Unas se van para el extranjero, otras quedan aquí; las disfrazan. Las de Santiago son enviadas al sur; las del sur, mandadas para otros lados. Las que robaban en Arica e Iquique eran llevadas a Bolivia. Lo curioso es que cuando uno habla de estas cosas, la gente se pregunta si será tan así.
En Bolivia, los vehículos andaban con patente y revisión técnica chilenas. El gobierno boliviano daba todas las facilidades a esta gente para que los saneara allá, lo que constituía un negocio redondo, pues no pagaban su costo y todo era utilidad. Por eso, con este proyecto tenemos la esperanza de que esta situación se vaya frenando.
Estos vehículos pueden llegar a tener hasta dos padrones. No obstante ello, hubo posturas que buscaban no apoyar la ley que protege los cajeros automáticos. En el fondo, la idea no es proteger los cajeros, pues éstos no se roban solos, sino que se necesita el apoyo de un vehículo todo terreno, generalmente robado, para cometer el ilícito.
Sin ir más lejos, a un colega que se bajó de su auto para hacer un trámite le robaron su vehículo -nuevo, cero kilómetro- y nunca más se supo de él. Si bien es cierto estaba asegurado, cabe preguntarse qué pasa con las personas que no cuentan con un seguro. Indudablemente, sufren una gran pérdida de patrimonio. Por lo demás, hace rato que el automóvil dejó de ser un lujo; hoy, constituye una herramienta de trabajo. Por eso, mucha gente, como decían algunos colegas, comparan la situación con el abigeato. En efecto, a una persona que le roban su vehículo la dejan de brazos cruzados, sin su herramienta de trabajo.
Hago un llamado a mis colegas a tener conciencia de que se trata de un proyecto largamente esperado, no por las aseguradoras o por la gente que se dedica a robar, o por los reducidores, sino por la gente que logra tener su vehículo con mucho esfuerzo.
Hay situaciones graves, como cuando una persona compra un vehículo, se lo roban y debe seguir pagándolo, a no ser que tenga seguros comprometidos. Con todo, la gran mayoría de los seguros pertenecen a las empresas automotoras que venden esos vehículos. Así las cosas, si a una persona le roban el auto y le quedan tres cuotas, ese dinero irá a la empresa que se lo vendió y nuevamente tendrá que hacer un esfuerzo para comprar uno nuevo.
No me gustaría hacer un distingo entre robo y hurto, por las razones que mencioné al principio de mi intervención. Muchas veces, no hay daño al vehículo, porque es tal la especialización de quienes roban que son capaces de abrir un automóvil en segundos, tal como dejó de manifiesto en una oportunidad un programa de televisión.
Por las razones expuestas, votaré favorablemente el proyecto, al igual que la bancada de Renovación Nacional. Espero que mis colegas hagan lo propio, a fin de contar con una ley que ha sido largamente esperada por todos quienes han sufrido el robo de sus vehículos.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Arturo Squella.
El señor SQUELLA.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero manifestar mi alegría por ser parte de la discusión de este proyecto, relacionado con una materia que afecta a cientos de miles chilenos que viven día a día el robo de sus vehículos motorizados.
En segundo lugar, deseo hacer hincapié en el temor que han sentido quienes han sido víctimas de este tipo de delitos que, como sabemos, ha crecido fuertemente durante el último tiempo.
Para hacer algo de historia en cuanto a las cifras, hace algunos años era común ver el robo de accesorios, el cual bajó fuertemente en el último tiempo; sin embargo, subió, de manera sustantiva, el robo del vehículo propiamente tal. Por lo mismo, creo que la discusión que estamos llevando a cabo es bastante apropiada, porque, en parte, viene a solucionar un problema que desde hace tiempo afecta a la ciudadanía y que hasta el momento no había encontrado solución en cuanto a la aplicación de penalidades.
Por otra parte, es bueno reflexionar y darnos cuenta de cómo se van enriqueciendo los proyectos de ley. De hecho, se comenzó por algo que era total y absolutamente distinto. En efecto, la idea primigenia consistió en establecer un tipo penal nuevo, que se refería directamente al robo de vehículos motorizados. Con el correr del tiempo, con la discusión y la participación de expertos en la materia, nos fuimos dando cuenta de que, incluso, ese tipo penal específico podía remar en contra de los intereses de todos quienes queremos sancionar de mejor forma el robo de vehículos motorizados. Cuando un robo de un vehículo motorizado es cometido a través de la violencia o intimidación es, precisamente, ese tipo penal el que se aplica. De existir un tipo penal específico, referido directamente al robo de vehículos motorizados, lamentablemente, habría que aplicar ese tipo penal y no podríamos determinar el más genérico. Como señalé, eso se fue corrigiendo. Gracias a los aportes efectuados al interior de las comisiones de Seguridad Ciudadana y Drogas y de Constitución, Legislación y Justicia, logramos aumentar en un grado la pena a quien participe en un robo de vehículo motorizado. Me parece apropiado, porque se extiende a todos los tipos penales que puedan encajarse -por decirlo de alguna forma- en lo que respecta al robo propiamente tal. Estamos hablando de robos con violencia o intimidación, robo en lugar habitado, robo en lugar no habitado y -el más común de todos- el robo de bienes nacionales de uso público, que actualmente tiene una pena de presidio menor en su grado medio. En cada uno de esos tipos penales, independientemente de la manera en que se proceda al robo, se va a aumentar en un grado la pena, lo cual es una excelente noticia, tanto para quienes participamos en la discusión como para todos los ciudadanos que están esperando una solución en esta materia.
Ahora bien, un tema de fondo -no es primera vez que tenemos la oportunidad de discutirlo en la Cámara- se relaciona con las importantes diferencias que existen a la hora de calificar a las personas que obran en contra de la sociedad, particularmente a quienes cometen delitos. Hay quienes piensan -en forma muy legítima- que, en parte, es culpa de la sociedad el hecho de que algunas personas terminen delinquiendo. Otros, si bien reconocen algún grado de responsabilidad de la sociedad por la falta de oportunidades que brinda, piensan que quienes delinquen son lo suficientemente responsables como para hacerse cargo de las penas. En ese marco, hay un punto que es tremendamente importante. Quizá, es un poco técnico, pero no por ello lo vamos a dejar de mencionar: me refiero a la proporcionalidad de las penas.
Ayer, en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, en el marco de la discusión del mensaje presidencial que retipifica el delito de desórdenes públicos -artículo 269 del Código Penal-, contamos con la participación del profesor de derecho penal de la Universidad de Chile, señor Matus , y quien habla le pidió que abordara el tema de la proporcionalidad. Siempre que nos vemos frente a la discusión de un tipo penal o al aumento propiamente tal de una pena, aparece la desproporción que podría tener la pena asignada a determinada conducta.
Concretamente, le pregunté al profesor Matus cuáles eran los elementos que se tienen a la vista para el examen de proporcionalidad. Lo pregunté, humildemente, desde la perspectiva de quien no es experto en materia penal. Sin embargo, me llevé la sorpresa de que en la academia, entre quienes se dedican precisamente a la enseñanza del derecho penal, no existe concordancia al respecto, sino que la existencia de distintas teorías, lo que, de alguna manera, me permite reafirmar que en el examen de proporcionalidad se deben tener a la vista elementos que, quizá, para algunos pueden ser objetivos, pero que, a mi juicio, son bastante relevantes, como, por ejemplo, la sensación de temor que puede generar un determinado delito en la población. Cuando resumimos o reducimos el examen de proporcionalidad a analizar cuál es la pena que se le asigna a determinada conducta, lo que hacemos es comparar las conductas. Con ello, estamos dejando a un lado el rol preventivo de la pena, que es tremendamente importante, pero que, lamentablemente, debido a un mal entendimiento de las corrientes, tienen un poco más de lógica en países más desarrollados, como, por ejemplo, Holanda o Alemania. En Chile se ha ido recogiendo poco a poco, a pesar de que estamos en otra categoría en cuanto al tratamiento del comportamiento delictivo.
Sin embargo, es importante no perder de vista algo que conversamos hace algún tiempo, a propósito del informe de la Comisión Investigadora de la Cárcel de San Miguel. Participé y voté favorablemente el informe, y en uno de sus puntos se trataba precisamente el tema. Cuando en la Cámara y en el Congreso, en general, nos tengamos que referir, a través de mociones o mensajes, a los aumentos de pena, debemos tener a la vista cuál es la consecuencia que ello tendrá en el sistema penitenciario. Desde el punto de vista político -me imagino que todos quienes aprobaron el informe coinciden en que no fue correcto- considero que debemos hacernos cargo de esa materia. Cada vez que asignemos una pena mayor a determinadas conductas, debemos tener a la vista la repercusión que tendrá en los recintos penitenciarios. Recordemos que, en promedio, tenemos una tasa de hacinamiento del 60 por ciento. Lo señalo no como argumento en contra o porque no me guste el proyecto, sino porque estoy de acuerdo en aumentar las penas, pero con responsabilidad.
De paso, me gustaría mandarle el mensaje directamente al ministro de Justicia y preguntarle directamente al Ejecutivo qué está pasando con la construcción de los nuevos recintos penitenciarios. No debemos hacerle el quite a la realidad. No tenemos suficientes recintos penitenciarios.
Es evidente que la forma de solucionar los problemas de delincuencia no pasa únicamente por la vía de encarcelar a las personas o privarlas de libertad, aunque hay que reconocer que es una medida bastante significativa y que debe ir de la mano con el objetivo de mejorar los procesos de rehabilitación y de reinserción en materia laboral. No debemos perder de vista el objetivo de apurar y acelerar la construcción de nuevos recintos penitenciarios, en el entendido de que hay gran cantidad de proyectos que responden al clamor de la ciudadanía en cuanto a sancionar, de mejor forma, ciertas conductas que atentan contra las personas o la sociedad en general.
Sobre esta materia, quiero destacar el comentario del mismo profesor de derecho penal frente a la pregunta relativa a si en Chile las penas son, como cree lamentablemente la opinión pública -particularmente en el caso de los delitos contra la propiedad- lo suficientemente altas. Dijo que no. Agregó que para entender el tamaño de la pena, debe tenerse a la vista su aplicación efectiva.
Por lo tanto, debemos tener a la vista el momento en que una pena o su aplicación, conlleva una cantidad de tiempo inferior a cinco años. No estamos hablando de cinco años efectivos, sino de que esa persona condenada va a tener acceso a medidas alternativas, a beneficios penitenciarios. En términos prácticos, no estamos hablando verdaderamente de una pena real, como señala el Código Penal.
Por último, felicito al diputado Matías Walker , uno de los mocionantes, porque ha tenido la valentía de encabezar y “jinetear” un proyecto que directamente sanciona más severamente un comportamiento delictual. Lo felicito, además, porque forma parte de un conglomerado político que, en términos generales, con argumentos y legitimidad, ha sido contrario a modificar la ley por esta vía. En tal sentido, dicho conglomerado se ha plegado al clamor que, durante años, las bancadas de Renovación nacional y de la UDI han encabezado.
También quiero señalar que es un agrado saber que hoy, en la bancada de la DC, tenemos a muchos diputados que saben recoger, como corresponde, el clamor ciudadano, en el sentido de sancionar más severamente la delincuencia.
En consecuencia, hago un llamado a la Cámara a aprobar el proyecto.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , nuestra sociedad, y varias otras, viven en permanente preocupación por el incremento de la inseguridad ciudadana. Durante la campaña presidencial, el Primer Mandatario ofreció y anunció que la delincuencia se iba a acabar, que el recreo se iba a acabar, que los que gobernaron anteriormente le habían entregado el país a los delincuentes. Estimo que esa irresponsabilidad se paga. La delincuencia no es un tema simplemente de campaña, sino de estrategia y de decisión política a mediano y largo plazo.
El problema del Gobierno es que no tiene estrategia. El ministro del Interior y Seguridad Pública -por primera vez, una autoridad en Chile reúne esas dos condiciones- no tiene una estrategia clara y definida. Da palos de ciego. Además, promueve peleas con otros órganos del Estado y establece elementos que no van al fondo del problema. Y se rodea de personas y de asesoría. Eligió a dos ex fiscales que van a pasar a la historia como los que llevaron sobre sus espaldas los peores errores cometidos por la Fiscalía. Me refiero a los señores Peña y Fodich.
Desde el punto de vista de la prevención, eligió a un ex gerente de una empresa, cuyo mérito fundamental consistió en hacer lobby contra el robo hormiga desde la perspectiva de la persecución y no de la prevención.
Entonces, es bien poco probable que exista una estrategia.
Este proyecto se inserta en esa problemática. Sus autores, en especial, el diputado Matías Walker, hacen un bien cuando señalan que existe un problema de impunidad.
Me inscribo entre los que estiman que, en general, el aumento de penas no es una solución mágica; tampoco es un dogma. Tampoco digo que en nuestra legislación no se puedan incrementar o bajar las penas.
También tenemos problemas en la penalidad de los delitos económicos. Al respecto, tenemos cientos de mociones que no han pasado a trámite y que hablan de aumento de penas. Asimismo, existe un problema respecto de la penalidad del homicidio.
Soy un convencido de que tenemos delitos problemáticos respecto de sus penalidades. Tampoco trabajamos bien el tema de la rehabilitación. Se puede criticar la acción de la Concertación en materia de seguridad, pero considero que había una estrategia precisa de la Presidenta Michelle Bachelet , del ministro del Interior y del subsecretario del Interior de entonces, hoy colega nuestro. En la actualidad, no hay estrategia. Por lo tanto, el Parlamento tiene derecho a decir que hay problemas de impunidad, que los delitos aumentan y que hay poca acción preventiva y punitiva.
Estimo que el proyecto va en una dirección correcta. Aunque es una gota en el océano, va en la dirección correcta, más todavía con las correcciones que le introdujo la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El proyecto ha mejorado sustancialmente. Por esa razón, tiene sentido apoyarlo.
Por último, en esta tribuna política, quiero señalar que, en materia de seguridad pública, entre la promesa irresponsable de que se va a terminar la delincuencia y la situación en que viven cotidianamente los chilenos, hay un trecho gigantesco, del cual debe hacerse cargo el Gobierno y, por cierto, los demás poderes del Estado.
He dicho.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , hace algunos días, observé una sesión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. En un momento intervino el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema , quien señalaba, de manera muy categórica, primero, que tenemos un Código Penal obsoleto -data de 1874-, y segundo, que hasta hoy lo único que hemos hecho es desvirtuarlo con nuestras reformas penales.
También señaló que el Código Procesal Penal, cuyas reformas habían sido aprobadas con tanta pompa por el Congreso Nacional y cuyo carácter garantista supera al antiguo juicio inquisitivo con las más de treinta modificaciones de las que había sido objeto, estaba a punto de quedar reducido a un procedimiento inquisitivo. ¡Imagínense lo que dijo! Que todas las reformas que habíamos aprobado -yo no lo hice- estaban reduciendo el Código Procesal Penal a un código inquisitivo, el mismo que, supuestamente, se quiso superar con la gran reforma procesal penal.
Luego de analizar el proyecto que pretende reformar el Código Penal en los términos que indica, me preguntaba si existía algún informe de Gendarmería de Chile que señalara cuál sería el impacto penitenciario de la reforma penal que se pretende aprobar, en el cual se indicara cuántas personas más serían recluidas en la cárcel debido a la reforma que todos alaban sin ningún tipo de restricciones. La respuesta es que no lo sabemos.
En Chile, hay más de cien mil personas privadas de libertad, las que se encuentran cumpliendo penas sin posibilidad alguna de rehabilitación ni de reinserción y que vegetan día a día en nuestras cárceles. Sin embargo, se está pensando en aumentar las penas.
A mi entender, al no ligar la crisis carcelaria con la política criminal se comete el error de pensar en subir las penas, sin consi-
derar que hay cien mil personas en el país que están encarceladas y que no están siendo rehabilitadas ni se está pensando en su reinserción.
Resulta fácil pedir el aumento de las penas para determinados robos o delitos. Eso ya se ha hecho en el caso del abigeato. Sin embargo, quiero decir a todos los legisladores que los jueces están preocupados por la disminución de la dosificación de los grados alcohólicos que se estableció para considerar el manejo en estado de ebriedad, porque eso provocará mayores dificultades a la situación en que se encuentran las cárceles.
Para conocimiento de la Sala, también se quiere endurecer las penas contra los desordenes públicos, con el mero objeto de encarcelar a aquellos que los cometen en la vía pública. Si esa es la razón, más allá de lo que se pueda señalar, lo que busca ese proyecto del Gobierno es lograr que más jóvenes vayan a parar a la cárcel. ¡Eso es lo que se busca: encarcelar a más jóvenes! Eso, sin duda, a algunos les gusta, porque creen que la solución para terminar con los problemas sociales es el encarcelamiento. No por casualidad hay cien mil personas privadas de libertad.
La Sala aprobó por mayoría el informe que elaboró la Comisión investigadora de los hechos que dieron origen al incendio que afectó a la cárcel de San Miguel, producto del cual más de ochenta personas privadas de libertad murieron quemadas en dicho recinto. Todos aprobamos las propuestas de ese informe, y creo que es bueno recordar lo que se dijo con motivo de ese debate. Creo que en la vida hay que ser coherente entre lo que se dice y se hace. Respecto de las propuestas de la Comisión que investigó ese “accidente”, a raíz del cual ya hay procesados, un diputado que apoya el aumento de las penas que propone el proyecto en discusión señaló que se debía hacer presente, al Ejecutivo y al Congreso Nacional, la necesidad de considerar la situación de hacinamiento penitenciario al momento de legislar sobre temas de carácter penal que pudieran redundar en el aumento de la población penal. Ese informe, que para nosotros, supuestamente, también es vinculante, fue aprobado por la Cámara. Quiero recordar que no formé parte de esa Comisión, a pesar de que quise integrarla, debido a que no me dejaron. No quiero nombrar a todos los diputados que fueron miembros de ella, pero en el respectivo informe se señaló, de manera categórica, que al momento de legislar tipos penales había que ligar esa materia con el problema penitenciario.
Resulta que ahora estamos aumentando las penas, pero de mala forma, porque la técnica jurídica que se está empleando no se utiliza en el Código Penal, en el sentido de subirlas en un grado después de considerar las atenuantes y las agravantes. El Código Penal discurre de manera distinta: primero, reflexiona respecto de la penalidad; luego, juega con las atenuantes y las agravantes. En el caso señalado, debido a la participación se aumenta en un grado la pena. Eso no es lo que dice nuestro Código Penal.
En consecuencia, hoy nos enfrentamos a la siguiente encrucijada: ¿somos coherentes con lo que nosotros hemos aprobado? Creo que antes de legislar sobre cualquier materia de tipos penales respecto del aumento de la penalidad, hay que preguntarse qué efecto tendrá en términos penitenciarios, porque mientras las cárceles chilenas no rehabiliten, no sean capaces de reinsertar a la sociedad a quienes han cometido un ilícito, malamente podremos pensar en meter más gente en ellas, incluso, a quienes cometen desórdenes en la vía pública, abigeato o manejo en estado de ebriedad.
Si no somos coherentes con lo que nosotros mismos hemos señalado, tendremos una explosión de personas privadas de libertad. ¿Qué hemos planteado? Que hay que vincular, en forma directa, toda política criminal con la política penitenciaria, porque si no lo hacemos estaremos provocando, como lo estamos haciendo ahora, una explosión de personas privadas de libertad sin ningún sentido. Si las cárceles chilenas efectivamente rehabilitaran, todos estaríamos de acuerdo en el aumento de las penalidades y en reformar el Código Penal, porque tendríamos la certeza de que las personas sancionadas podrían ser reinsertadas en nuestra sociedad.
Sin embargo, cuando no hacemos eso, al final, estamos provocando más problemas de hacinamiento y aumentando la posibilidad de que más personas mueran el día de mañana como consecuencia de estar presas por la comisión de un supuesto delito de desorden público. Creo que eso no es tolerable. Quiero ser consecuente con lo que aprobé. El informe de la cárcel de San Miguel señala con claridad que necesariamente debemos vincular toda política criminal con la crisis penitenciaria.
En ese sentido, como no hay ningún informe que señale cuánto va a significar el aumento explosivo de gente privada de libertad que habrá a futuro como consecuencia de la reforma que se propone, no estoy de acuerdo con el proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , por cierto, la versión original de la reforma que plantea la iniciativa es positiva. En ese sentido, valoro la voluntad y la disposición del diputado señor Matías Walker , que ha sido uno de sus principales impulsores, cuyo objetivo es tratar de poner atajo a un ilícito que aumenta cada día, como es el robo de vehículos, preocupación que tiene fundamento.
El proyecto sufrió importantes modificaciones en cuanto a su propuesta original, que era la tipificación especial de un delito con una pena agravada. Sin embargo, quiero hacer una reflexión que está en la línea de lo planteado por el diputado señor Hugo Gutiérrez .
Debemos hacernos cargo de un aspecto que conversamos con el señor Isidro Solís , cuando fue designado ministro de Justicia a comienzos del gobierno de la Presidenta Bachelet , como asimismo con el ex ministro de Justicia , Felipe Bulnes , acerca de la necesidad de abordar la distorsión de penas que se desprende de la lectura del Código Penal. Si uno examina las penas, los delitos y los bienes jurídicos protegidos, pareciera ser que a nuestro ordenamiento penal le importa mucho más proteger los bienes que la integridad física o la vida de las personas. Precisamente, ése es el resultado del intento de legislar sobre la base de lo que los medios de comunicación o la sensibilidad noticiosa de un momento determinado pone como el hecho más relevante en la agenda.
Hoy es el robo de vehículos; mañana, el robo de bicicletas; pasado mañana, el robo de gallinas, y después, lo que sea. Por esa vía hemos ido construyendo una arquitectura penal completamente distorsionada donde, reitero, las penas más relevantes están asignadas a los delitos contra la propiedad y no a aquellos que atentan contra la vida o la integridad de las personas. Tiene que llegar un momento en que nos serenemos, analicemos el Código Penal y dejemos de perforarlo a través de legislaciones particulares y específicas para cada hecho que aparezca como relevante desde el punto de vista mediático.
Conversamos, en la Comisión de Constitución, durante dos lunes consecutivos, a iniciativa de su presidente , diputado Alberto Cardemil , con el presidente de la Corte Suprema , con el fiscal nacional, con el ministro de Justicia y con el ministro del Interior . El lunes pasado contamos con la presencia del general director de Carabineros y del director general de la PDI, oportunidad en que reflexionamos acerca de la importancia de valorar el esfuerzo que se ha hecho desde hace una década para construir un sistema penal distinto sobre la base de la reforma procesal penal. En dichas sesiones nos acompañó también la presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, senadora Alvear , quien, además, era ministra de Justicia cuando se impulsó la reforma procesal penal. Fue su gran artífice.
Hay conciencia, en todos los operadores del sistema procesal penal, que su reforma ha sido exitosa; que ha permitido brindar mejor justicia a los chilenos; que, al margen de que hoy, a veces, porque un fiscal le dice a una persona que ha presentado una denuncia por un delito de que ha sido víctima que no se va a perseverar en la investigación, ello es infinitamente mejor que el espejismo que produce la comunicación de sobreseimiento temporal o definitivo de una causa, años después, cuando parecía que estaba siendo investigada y, en realidad, estaba guardada en algún tribunal.
Entonces, el esfuerzo que como país hemos hecho en una década, con reformas y ajustes en el camino, para contar con un sistema procesal penal acorde con las garantías del debido proceso y la modernización de nuestras herramientas de persecución penal, con la dictación, por ejemplo, de un estatuto especial para la persecución penal de adolescentes y menores de edad, no guarda relación con este mecanismo de legislación en que -insisto- pareciera ser que la pauta noticiosa termina imponiendo la agenda legislativa.
Vuelvo a señalar que me parece que el proyecto sufrió modificaciones importantes: pasó de tipo penal propio a agravante; pasó de ser una facultad del juez de fijar el aumento de la pena a una norma imperativa. Sin embargo, a mi juicio, el proyecto sigue presentando situaciones que no se ajustan al espíritu de lo que deberíamos tener presente cuando legislamos en materia penal.
Comparto el planteamiento del diputado Hugo Gutiérrez respecto del espíritu que animó la reforma carcelaria y, particularmente, la modificación al régimen de otorgamiento de libertad condicional. La reciente aprobación de un proyecto de indulto, supuso, a mi entender, un giro copernicano en el modo en que estamos entendiendo los temas de seguridad ciudadana.
Hago un llamado al ministro del Interior , a fin de que retome la senda que él mismo nos planteó cuando nos reunimos en la casa del ministro de Justicia para conversar sobre las bases de este indulto y de la reforma carcelaria, en cuanto a dejar de hacer de la política de seguridad pública una política de trinchera, de combate, entre el Gobierno y la Oposición, y asumirla como lo que es: una preocupación que está siempre ubicada dentro de las dos o tres primeras manifestaciones de inquietud ciudadana. Ella requiere de entendimientos estratégicos, porque no hay ningún país que haya alcanzado el nivel de delito cero. Hoy, además, cuando aumentan los delitos y la percepción de inseguridad en la opinión pública, con mayor razón uno espera, exige, demanda, de quienes tienen la responsabilidad de otorgar y diseñar políticas de prevención del delito, serenidad, claridad y, por cierto, también responsabilidad, las cuales no se aprecian.
En el último tiempo, hemos visto que el ministro de Justicia se pelea con la Corte Suprema; después, el ministro del Interior se disgusta con los fiscales; a un ministro que dice que vamos a elegir a los fiscales; después, al ministro de Justicia que dice que eso no es así. Esas cosas no ayudan. Y si, más encima, le ponemos la guinda a la torta, legislando sobre cada una de los focos mediáticos que aparecen sobre determinados hechos -conozco el tema por la forma en que el diputado Matías Walker lo planteó en la Comisión de Constitución y, reitero, con fundamento-, me parece que cometemos un error. No es razonable que en Chile tengamos la población carcelaria más grande de América Latina, un Código Penal que establece las penas más altas para los delitos que atentan contra la propiedad privada y que, sin embargo, aumente la sensación de inseguridad y el índice de victimización. Algo está fallando. Está claro que no vamos a lograr disminuir los delitos por la vía de aumentar las penas privativas de libertad. ¿Vamos a disminuir la comisión de delitos a través de aumentar la población en las cárceles? Eso no ha ocurrido. Entonces, debemos reconocer que ése camino fracasó; no sirve; no resuelve la sensación de inseguridad que experimentan los ciudadanos del país. El aumento explosivo de la población carcelaria no se va a resolver con más cárceles. Hay que hacer un giro que no va por la vía de poner una pena de cárcel o elevarla a cada cosa que aparece en las noticias.
Ayer, en la Comisión de Constitución discutíamos, con mucha tranquilidad, el tema de los grafitis, del rayado de los monumentos, de nuestro patrimonio urbano, que es una preocupación extendida. No pudimos despachar el proyecto porque había conciencia en la Comisión de que las penalidades que están establecidas en la ley, incluso, en las mociones presentadas, son excesivas. ¿Queremos meter a la cárcel a alguien que raye una pared? ¿Vamos resolver algo metiendo preso por 541 días a un joven que rayó un monumento? Claramente, es una conducta reprochable, pero con una penalidad como la señalada no la vamos a resolver.
Entonces, sin perjuicio de las mejoras que ha tenido este proyecto respecto de la versión original, no lo voy a acompañar, porque siento que da una señal equívoca, errada. Tengo dudas sobre su eficacia. Valoro profundamente el espíritu que hay detrás de la propuesta del diputado Walker ; pero este camino se ha seguido durante mucho tiempo y el resultado es, en primer lugar, una población carcelaria increíblemente grande para un país como Chile, y, en segundo lugar, el aumento permanente de la sensación de inseguridad y de los índices de victimización de sus habitantes.
Está claro que este camino hay que desandarlo, porque no es el que nos conduce a disminuir los delitos, ni mucho menos a que la gente tenga lo que quiere: vivir en paz, con seguridad, con tranquilidad, sabiendo que puede salir de su casa libremente, porque está protegida de la comisión de delitos. Eso no ha ocurrido. Y este camino, que se ha seguido durante años, quizás décadas, simplemente no nos lleva en esa dirección.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Alejandro Santana.
El señor SANTANA.- Señor Presidente , en primer lugar, felicito al autor de esta moción, el diputado Matías Walker , porque siento que este proyecto de ley apunta a un problema importante en el país. Es práctico y va a contribuir a la disminución de estos delitos, puesto que las penas son significativamente superiores a las que existen.
Conforme a los datos proporcionados por la Dirección de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, estos delitos han aumentado en forma progresiva en el tiempo. Por ejemplo, de un total de 7.777 denuncias por robo con fuerza en 2003, pasamos a 26.682 en el 2009, lo que implica un crecimiento de más de 340 por ciento en sólo seis años.
En cuanto al robo con fuerza de accesorios, de un total de 38.646 denuncias en 2003, pasamos a 53.337 en 2009; es decir, hubo un incremento de casi 40 por ciento.
En igual lapso, de un total de 1.129 detenciones en 2003, se produjo un aumento a 2.206 en 2009; por lo tanto, se produjo un aumento de 95 por ciento.
Las cifras anteriores indican que estamos ante un problema que ha crecido de manera sistemática, y hasta hoy no nos habíamos encontrado con una iniciativa que nos permitiera hacerle frente.
Por eso, es muy importante que este proyecto -lo mismo debería ocurrir con futuras iniciativas que busquen castigar de manera importante a los autores de ciertos delitos- permita implementar acciones preventivas y resguardar la seguridad de quienes con mucho esfuerzo compran su vehículo. No todos tienen la oportunidad de adquirir un auto nuevo o uno de alto costo. La gran mayoría de los chilenos debe endeudarse para comprar un vehículo y, además, no tiene recursos para contratar un seguro contra robos. Por ello, la pérdida del vehículo, como consecuencia de un robo o hurto, implica un alto impacto para el patrimonio de la familia.
En el último tiempo se ha producido un incremento significativo del parque automotor. En ese contexto, hemos visto cómo la clase media y la gente de menos recursos, con mucho esfuerzo, han logrado adquirir un vehículo. Lamentablemente, vemos que en ellos se focaliza el incremento de los robos.
La bancada de Renovación Nacional apoyará la iniciativa. Su autor ha elaborado un instrumento práctico, que busca resolver en parte una problemática que, entre 2003 y 2009 -son los datos que se conocen-, aumentó de manera brutal. Lamentablemente, en ese lapso no se implementó una política ni se presentó algún proyecto que buscara remediar esa situación.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , quiero hablar como un ciudadano común, como un chileno cualquiera, como un hombre trabajador, que conoce la cárcel por fuera y también por dentro. Por lo tanto, sin desmerecer a nadie, creo que, aunque parezca contradictorio, tengo cierta moral para hablar sobre el tema.
Me atrevo a decir que quienes elaboraron este proyecto, con muy buena intención, lo hacen sin mirar para el lado. Como hombre conocedor de las cárceles por dentro, me atrevo a decir que dentro de ellas hay gente que no es delincuente, y que fuera de ellas hay gente que sí lo es. Por lo tanto, creo que con el endurecimiento de las condenas y con poner más cadenas a nuestra gente, no vamos a solucionar el problema de la delincuencia.
La delincuencia se combate con mayor vigilancia -no hay duda de ello-, pero también con mayores oportunidades, oportunidades que el sistema político vigente no le da a nuestro pueblo, oportunidades que no tienen nuestros jóvenes, oportunidades que no tienen los trabajadores, oportunidades que no tiene la mujer dentro de la sociedad chilena.
Por lo tanto, para combatir la delincuencia y otros aspectos, se requiere una soluci��n integral: mayor vigilancia, más transparencia en los tribunales y hacer realidad lo que hace un tiempo dijo el presidente de la Corte Suprema , señor Milton Juica -información que me hizo llegar el diputado Hugo Gutiérrez , del Partido Comunista-: “El mundo político entrega un mensaje donde se refuerza la idea de que toda persona que delinque debe ir a la cárcel”. Pero todos sabemos que no es así, porque la justicia discrimina. Hay gente poderosa económica y políticamente que anda vivita y coleando por las calles de nuestro país, como algunos ex ministros de Estado y algunos personajes famosos.
Creo que este proyecto sólo permitirá que se siga reprimiendo a la gran mayoría de los chilenos que no tiene la posibilidad de contratar a un abogado, que no tiene poder económico y que, a veces, por haber cometido una falta, es condenada por un delito.
Por lo tanto, sin estar en contra -para nada- del combate contra la delincuencia, creo que ésta no es la solución. La solución pasa por un planteamiento integral: educación de calidad, oportunidades para nuestra gente, justicia pareja e igual para todos. Que no se aplique la ley del embudo: para los poderosos la parte ancha, y para la gran mayoría de nuestro país, la parte más estrecha.
Considero que este proyecto refleja y confirma, una vez más, que en nuestro país, en nuestro querido Chile, hay chilenos de primera, de segunda y de tercera clase.
He dicho.
-Aplausos.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , cuando escucho a los honorables diputados de la Concertación, del Partido Comunista y al distinguido colega Alinco , me pregunto qué dirá, al ver esta sesión, el joven Kevin Silva , quien, como sabe la opinión pública y todos nosotros, perdió sus dos piernas, a una temprana edad, por culpa de un irresponsable que manejaba ebrio. A Dios gracias, el sistema procesal penal chileno funcionó y el responsable de ese hecho ilícito pagará con cuatro años de cárcel. Por lo tanto, la ciudadanía y el sistema procesal penal espera de nosotros que entreguemos las herramientas para enfrentar el problema de la delincuencia. Independientemente de las penas, la gente quiere desarrollar su vida cotidiana en forma segura y ordenada.
Pensaba referirme sólo al proyecto del diputado Walker , respecto del cual colaboré en su perfeccionamiento y que votaré favorablemente, pero la intervención del diputado Burgos , que imputó a nuestro Gobierno ineficiencia en el combate contra la delincuencia, me obliga a hacer un poco de historia.
Cuando fuimos Oposición denunciamos la existencia de la puerta giratoria, que la delincuencia aumentaba y que se estaba constituyendo en un flagelo para nuestra sociedad. Pero cuando llegamos al Gobierno, hace un año y medio, nos dimos cuenta de que toda nuestra voluntad y la inyección de más recursos no bastaban, porque durante veinte años se había elaborado y fomentado en la sociedad chilena una cultura delictiva, que ha sido muy difícil combatir. Esa cultura tiene varias causas: la destrucción de la familia, la drogadicción, el crecimiento del uso de armas ilegales en las poblaciones, etcétera.
Pero en esa cultura también influyó el sistema procesal penal, que es demasiado garantista, toda vez que no hay proporcionalidad entre el amparo que el sistema le brinda al delincuente y la garantía que deben tener las víctimas. Mientras los delincuentes tienen la Defensoría Penal Pública -ergo, el Estado les pone un abogado gratuitamente-, la víctima tiene que pagar su defensa. Por eso, estamos en deuda con las víctimas de ahora y las futuras, que ojalá terminen alguna vez, porque queremos terminar con la delincuencia.
Es un sofisma decir que este Gobierno no tiene estrategia para enfrentar la delincuencia. La tiene, y ha sido exitosa, porque, a pesar de los pesares, va reduciendo en forma paulatina este flagelo que afecta a nuestra sociedad.
Tenemos que dar mayores facultades a las policías. Ayer, precisamente, en la sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, el diputado Squella señalaba que los fiscales advertían que a las policías había que entregarles mayores facultades y darles más incentivos. Entre éstos estaba el que se sancionara la conducta de no colaborar con Carabineros o con la PDI.
En definitiva, la solución no está en criticar al gobierno de turno, sino en colaborar con él, y opositores y gobiernistas tenemos que preocuparnos de ello.
Tal como el diputado Jaramillo , tengo mis dudas de si el aumento de las penas es suficiente para disminuir la delincuencia. El derecho penal moderno estaría optando por flexibilizar el sistema y cambiar la pena privativa de libertad por sanciones pecuniarias, porque parece que a las personas les duele más cuando se les ataca el bolsillo que cuando se las encarcela. Tal vez sea efectivo el sistema, pero en países desarrollados y con otra cultura. Lamentablemente, todavía no estamos preparados para esa alternativa.
El diputado Hugo Gutiérrez nos critica porque pedimos aumentar penas y nos dice que queremos llenar las cárceles. Le pregunto si va a opinar lo mismo cuando los ejecutivos de La Polar, esos delincuentes de cuello y corbata que defraudaron a miles de chilenos, vayan a la cárcel, como todos esperamos. ¿Va a pedir que los saquen, porque las cárceles están llenas? Espero que el diputado Hugo Gutiérrez apoye la resolución que todos los chilenos esperamos de los tribunales chilenos y que esos señores vayan a la cárcel, porque también cometieron un delito, y muy grave.
Ahora, este proyecto, originado en una moción del diputado Walker -respecto del cual colaboramos en su perfeccionamiento-, apunta a combatir un delito muy común. En la Comisión se nos señaló que durante 2009 se reportaron 27.738 vehículos robados; que en 2010, llegaron a 31.726 -es decir, los robos crecieron ostensiblemente-, y que durante el presente año, al primer semestre, los encargos llegaban a 20.916 vehículos.
Existen distintas modalidades de ejecución de estos ilícitos, que de ahora en adelante se van a punir en forma especial. Está, por ejemplo, el desarme y reducción de partes y piezas. Otra modalidad es el blanqueo, que tiene dos particularidades: el gemeleo y la clonación. El gemeleo consiste en que dos vehículos, de similares características, circulan por el país con una misma placa patente. En el caso de la clonación, se adquiere maliciosa e intencionalmente un vehículo destruido, rematado en una subasta pública y luego se roba otro, con las mismas características, al que se le insertan los documentos y placas patentes del auto rematado, previa adulteración de los números identificatorios de chasis y motor del auto robado.
Otra modalidad es la reinscripción fraudulenta mediante documentos falsos. Esta modalidad es la más recurrida para el blanqueo de vehículos robados.
Una cuarta modalidad, y que también recoge este proyecto de ley presentado por el diputado Walker, es la comercialización en el extranjero de los vehículos robados, que salen preferentemente por el extremo norte de Chile.
Pero también está el robo de vehículos para la comisión de otros delitos. Hace un par de días, en la Costanera Norte, delincuentes que robaron un auto desparramaron “miguelitos” durante su escape. Varios vehículos resultaron con sus neumáticos dañados.
Iniciativas como ésta son un aporte en el combate contra la delincuencia. A través de este tipo de proyectos, la ciudadanía se da cuenta de que los diputados estamos preocupados de los problemas que afectan la vida diaria de las poblaciones. Cada tres minutos -dicen- se cometen delitos, que lesionan diversos bienes jurídicos. Ante esta realidad tenemos que reaccionar, y tenemos que hacerlo con energía, con proyectos como éste, que aumentan las penas.
Por eso, no puedo creer que diputados de la misma coalición del diputado Walker vayan a votarlo en contra. Con este proceder, el país no entiende nada de nada.
Nosotros, en la UDI, estamos con los ciudadanos y los defenderemos ahora y siempre en ésta y en todas las materias que los afecten.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , comparto gran parte de los argumentos esgrimidos por los diputados Hugo Gutiérrez y Díaz, en cuanto a que tenemos que ser capaces, como sociedad, de abordar adecuadamente las causas del delito y de resolver los problemas de justicia social e inequidad, sobre todo cuando, por un lado, se nos dice que lo importante es tener, consumir y acumular y, por otro, se deja a la inmensa mayoría de los chilenos fuera del alcance de esa riqueza material, transformándonos en una sociedad de frustrados, con una violencia simbólica tremenda, que genera reacciones y actos violentos, como los delitos.
También comparto que la inseguridad ciudadana y los altos índices de victimización no se resuelven sólo con aumentar las penas. Es necesaria la prevención social del delito y es fundamental resolver nuestra política penitenciara para entregar reales oportunidades de rehabilitación. También tenemos que ser capaces de desarrollar políticas de reinserción social, sobre todo para quienes han cometido delitos menores o que, habiendo cometido delitos, son objeto de rehabilitación y que después necesitan reinsertarse en la sociedad, a quienes, sin embargo, se les cierran todas las puertas.
Con todo, no puedo estar de acuerdo con la conclusión a la que arriban. Si bien se requiere una política criminal mucho más moderna e integral y una estrategia de seguridad ciudadana real, y no meramente discursiva, como la que tiene el actual gobierno -son cuestiones urgentes de nuestro país-, no puedo sino señalar que el proyecto va en una dirección correcta para modernizar nuestra legislación penal. ¡Nos urge tener un nuevo Código Penal que se haga cargo de los nuevos delitos y también de un catálogo de penas más adecuado a la realidad actual de nuestra sociedad!
Por eso, felicito la iniciativa del diputado Matías Walker y le agradezco que nos haya invitado a formar parte del proyecto como mocionantes, porque busca proteger a la clase media. Quienes tienen un vehículo no son personas adineradas o privilegiadas; son personas de clase media, que muchas veces los usa como herramienta de trabajo, que lo han obtenido con el ahorro de toda una vida o que han tenido que endeudarse para comprarlo. En consecuencia, cuando estas personas de clase media son objeto de este tipo de delitos, tenemos que ser capaces de protegerlos de mejor manera.
Por eso, el proyecto, que es muy simple, da un mandato imperativo al juez para que, al momento de aplicar la pena -es decir, después de ponderar las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, como las atenuantes y las agravantes-, la suba en un grado. Nos parece que esto va en la línea correcta, porque tenemos que sancionar ese tipo de delitos de una manera más drástica, para llenar un vacío legal que inclina a los delincuentes a optar por ese tipo de delitos, que tienen un impacto social enorme en la clase media.
Insisto en que necesitamos una política de seguridad ciudadana real, un nuevo Código Penal y una política penitenciaria que nos permita no sólo privar de libertad a las personas que lo merecen, sino también darles la oportunidad de rehabilitarse y de seguir aportando a la sociedad.
Dentro de estos nuevos catálogos de penas, es fundamental que establezcamos penas reales y verdaderas para los delincuentes de cuello y corbata. Por eso, comparto también lo que expresó el diputado Alinco . No podemos seguir permitiendo la impunidad para los poderosos que delinquen y que las cárceles se llenen con personas de origen humilde que cometen delitos.
Quiero convocar a esta Cámara para que, independientemente del debate mayor -en el cual estamos de acuerdo fundamentalmente con nuestros colegas de la Concertación- respaldemos una iniciativa que, a nuestro juicio, es urgente y dará una mayor protección jurídica a nuestra clase media.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , seré muy breve en mi segunda intervención. Sólo responderé algunas interrogantes, ya que muchas de ellas se han aclarado en el transcurso de la discusión.
En el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se optó por no tipificar el robo de vehículos como un delito distinto. Los autores originales de la moción creíamos que era importante, desde el punto de vista político-criminal, dar una señal en tal sentido, toda vez que, simultáneamente, se discutían los proyectos que aumentaban las penas por los delitos de abigeato y de robo de cajeros automáticos.
Gracias al aporte del asesor de la bancada del Partido Socialista, el profesor Enrique Aldunate , quien redactó la indicación que aprobó la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y que hoy se somete al conocimiento y a la aprobación de la Cámara, se intercaló, entre otros, el siguiente inciso segundo al actual artículo 443: “Si el delito a que se refiere el inciso precedente recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá a los autores, cómplices o encubridores las penas correspondientes aumentadas en un grado.”.
Esta indicación obliga en forma imperativa al juez a aumentar la pena por este delito en un grado, entendiendo que robar un vehículo motorizado no es lo mismo que robar una silla o una mesa en un bien nacional de uso público, como señala el primer inciso del actual artículo 443.
Respeto mucho las opiniones de los diputados señores Hugo Gutiérrez y Marcelo Díaz , pero, respetuosamente, les hago la siguiente pregunta, a través del señor Presidente : ¿qué hacemos hoy con las asociaciones ilícitas, con las bandas delictuales transnacionales que se dedican a robar vehículos con el objeto de venderlos en Bolivia y que están lucrando con un negocio extraordinariamente rentable, debido al costo cero que significa hoy robar vehículos con el objeto de venderlos en el extranjero, clonados o a través de las distintas modalidades que hemos señalado acá y que nos ha indicado correctamente Carabineros de Chile?
No sé cuál será el real impacto que tendrá el proyecto en el aumento del número de condenados en las cárceles, pero sí sé cuál es el impacto que tiene no aprobarlo, que es permitir que continúe ese gran negocio de bandas transnacionales dedicadas al robo de vehículos y a su venta en el extranjero, para quienes ese delito tiene costo cero, según lo señalado por los fiscales del Ministerio Público, quienes nos han pedido respaldar la iniciativa.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg.
El señor MONCKEBERG ( don Cristián) .- Señor Presidente , me correspondió participar en la discusión del proyecto en las dos comisiones: en la de Seguridad Ciudadana y en la de Constitución, Legislación y Justicia.
Felicito al diputado Walker por su persistencia, ánimo y buena disposición, no sólo para aceptar los cambios que se le introdujeron a la iniciativa en las dos instancias, sino también para buscar soluciones y sacar adelante el proyecto. De hecho, invitó a muchos parlamentarios a firmar como coautores.
Escuché a parlamentarios de la Concertación y del Partido Comunista que señalaron que el proyecto no sería bueno, que sólo propone un aumento de penas y que no busca ninguna solución de fondo. Al mismo tiempo, dejan entrever que el Gobierno no estaría haciendo absolutamente nada en relación con el tema. Quiero aclarar varios puntos en relación con tales afirmaciones.
No voy a explicar el proyecto, porque varios parlamentarios, entre los que se cuenta el diputado informante , han aclarado en qué consiste el aumento de las penas y las razones jurídicas que lo justifican plenamente, pero sí abordaré otros aspectos.
En primer lugar, se ha producido un considerable aumento de estos delitos, que asciende al 83 por ciento en los últimos cuatro o cinco años. Se dirá que la respuesta al aumento de los delitos no solamente debe consistir en un aumento de las penas, en lo que estamos absolutamente de acuerdo. Ya daré a conocer las decisiones y resoluciones que el Gobierno ha tomado en esta materia, que no sólo implican aumento de las penas.
Además, quiero dejar absolutamente sentado que, para los chilenos, en general, el vehículo motorizado forma parte importante de su patrimonio. Hoy, el patrimonio familiar de la mayoría de las personas es la casa o el auto, o ambos.
Además, muchas de ellas utilizan el vehículo como herramienta de trabajo y, por lo tanto, su robo produce un perjuicio gigantesco. Muchas veces los automóviles son adquiridos con créditos bancarios, lo que hace muchísimo más difícil soportar su robo y seguir pagando las cuotas de los créditos.
También se ha señalado que no es necesario el aumento de las penas. Yo creo que sí lo es; su efecto persuasivo es importante en quienes van a cometer esos delitos. Eso está demostrado estadísticamente respecto de otros delitos en que se han aumentado las penas en forma racional. Por los discursos que hemos escuchado, como el del diputado Hugo Gutiérrez , pareciera que estaríamos excediendo todos los límites aceptables respecto de la definición de las penas.
Al mismo tiempo, el Gobierno, en forma complementaria a este proyecto de ley, originado en una moción parlamentaria, lleva adelante una serie de iniciativas paralelas -tal como discutimos el aumento de penas por el delito de robo de cajeros automáticos- que dicen relación con la regulación de las exigencias de medidas de seguridad en autos nuevos, la publicación de estadísticas respecto de cuáles son las marcas de automóviles que vienen con esas medidas de seguridad -evidentemente, esto cuenta con la colaboración de quienes importan autos a Chile-, licitación de nuevas placas patente, tercera placa identificatoria, sistema de lectura de patentes en autopistas, intervención multisectorial de desarmadurías -algo que también es importantísimo, porque uno de los efectos de este delito es su receptación- y utilizar la medida de los autos señuelos.
Por lo tanto, el Gobierno no sólo trabaja legislativamente, sino también en medidas administrativas y de seguridad ciudadana, que adopta la Subsecretaría de Prevención del Delito en esta materia, tal como lo hizo en el tema de los cajeros automáticos.
Es imposible que delitos que tienen aumentos explosivos no tengan una respuesta completa, integral. En ese sentido, ésta es una respuesta legislativa integral, dada por el Parlamento. Sin embargo, no es lo único que se puede hacer, y se debe dejar en claro.
Me conecto con ese argumento para plantear una reflexión final. El tema de seguridad ciudadana no es resorte exclusivo -sí el más importante- de Carabineros, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Gobierno, aunque los mayores responsables en la materia sean el Ejecutivo y Carabineros. También hay otros organismos que deben estar presentes, que tienen que entender -es un tema que hemos tratado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y de Seguridad Ciudadana- que también tienen responsabilidades y que no se pueden lavar las manos en la materia. Me refiero al Ministerio Público, al Poder Judicial y a una serie de instituciones que forman parte del Ejecutivo, más allá del Ministerio del Inte-rior y Seguridad Pública, que tienen mucho que hacer y decir en materia de seguridad ciudadana.
Hace algún tiempo asumimos que la delincuencia y la seguridad ciudadana tienen tres aristas importantes: la parte preventiva, el control y la rehabilitación. En Chile, poco se hace en rehabilitación -tal como lo decía el diputado Hugo Gutiérrez -; de hecho, en los últimos veinte años no hemos avanzado nada en rehabilitación. Recién este Gobierno ha presentado un plan bastante auspicioso para las cárceles y esperamos que produzca los resultados esperados.
Efectivamente, nosotros asumimos que los conceptos de prevención, control y rehabilitación son importantes, pero también tenemos que entender que la responsabilidad en materia de seguridad ciudadana no es exclusivamente de una o de dos personas. Hay involucrados diferentes Poderes del Estado y diversos organismos e instituciones que también se deben hacer responsables ante el tema.
Estamos ante un buen proyecto de ley. Ojalá que en el Senado tenga una tramitación expedita, que permita su rápido despacho.
Nuevamente, felicito al parlamentario que me invitó a formar parte de esta iniciativa, el diputado Matías Walker. Debemos entender que estamos frente a una política legislativa importante, una respuesta del Poder Legislativo en materia de seguridad ciudadana, que es complementaria a otras medidas que el Ejecutivo ha adoptado.
Repito que la responsabilidad en materia de seguridad ciudadana no es de una sola persona, sino que también tiene un complemento en diferentes órganos y Poderes del Estado.
Finalmente, anuncio que la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente el proyecto de ley.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , no cabe duda de que la voluntad de perseguir, eliminar o reducir el robo de vehículos motorizados convoca a muchos ciudadanos, porque ese delito afecta a muchas personas. Nadie podría marginarse de buscar fórmulas y mecanismos para terminar con este negocio ilícito de bandas delictuales, que afecta a los ciudadanos en su patrimonio.
Pero considero que se equivoca enormemente la fórmula utilizada de obligar al juez a aumentar las penas en un grado en este tipo de delitos. Simplemente, con esto se da una señal en el sentido de que la protección de la propiedad, la protección de aquellas personas que sufren este delito, va a significar, inexorablemente, que el autor del delito va a ir a la cárcel.
Me gustaría que, con la misma fuerza que se despliega para impulsar estos proyectos de ley, se persiga también a los verdaderos delincuentes, a los de cuello y corbata, a los de La Polar, quienes están tranquilos en sus casas, aunque hayan estafado a más de 500 mil personas. El Parlamento y el Ejecutivo debe perseguir a esas personas, pero aquí se hace un tremendo debate y se invocan razones de Estado para defender, primero, a los bancos, para que no les roben los cajeros automáticos, y segundo, a quienes son víctimas del robo de su vehículo.
Me parece que la política de persecución del crimen, en primer lugar, tiene que mejorar su tecnología, aumentar los recursos de Carabineros para la seguridad pública, para desbaratar esas bandas y perseguir el delito de receptación, incluso a nivel fronterizo, pero no se debe armonizar la política criminal con la penitenciaria, lo que nos puede llevar a cometer un error bastante grande.
En ese sentido, es importante consignar lo que expresó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el señor Nicolás Espejo Yaksic , profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad Central, a propósito del incendio que afectó al Centro de Detención Preventiva de San Miguel , quien “estimó importante que esta Comisión refuerce la relación que existe entre la crisis del sistema penitenciario y la política criminal. Gran parte del debate, a propósito de los tipos penales y las medidas que se están anunciando, guarda relación con el tipo de persecución y cuál es el número de personas que queremos tener privadas de libertad.”.
De igual manera, el presidente de la Corte Suprema , señor Milton Juica , declaró: “El mundo político entrega un mensaje donde se refuerza la idea de que toda persona que delinque debe ir a la cárcel.”.
Entonces, ¿cuál es el bien jurídico protegido con la modificación que se pretende llevar a cabo? ¿Es reforzar el derecho de propiedad? ¿Se trata de enviar a las cárceles, que no tienen capacidad para rehabilitar a los ciudadanos, a las personas que cometen este tipo de delitos? Pero, ¿cómo compatibilizamos la política penitenciaria con la política criminal? ¿Se ha estudiado cuántas personas serán enviadas a la cárcel cuando se promulgue esta futura ley? ¿Qué queremos establecer? ¿Una puerta giratoria? ¿Una sobreprotección contra los delitos a la propiedad?
¿Y qué ocurre con los delincuentes de cuello y corbata, con los ejecutivos de La Polar, con los delincuentes de las isapres, que han estafado a miles de compatriotas? ¿Quién se acuerda de quienes participaron en la colusión de las farmacias, en que se metió la mano en el bolsillo de miles de chilenos? ¿Y dónde están los proyectos de ley que abordan esos temas? ¿Dónde está el impulso?
Un señor DIPUTADO .- ¡Acá está!
El señor DE URRESTI.- ¡Qué bueno! ¡Ojalá que estuviera en la Sala!
¿Por qué tanta preocupación por aumentar las penas a estos delitos?
Realmente, creo que estamos legislando simplemente para la galería, para seguir metiendo más gente en las cárceles. Para los que roban: persecución y cárcel. Ningún problema. Pero establezcamos prioridades.
Invito a los autores del proyecto a tener la misma fuerza y el mismo impulso respecto de los delincuentes de cuello y corbata, para quienes estafaron a 500 mil personas vayan a prisión. Sobre ese tema debemos alcanzar un acuerdo y tener la voluntad para que esas personas sean procesadas en tribunales y, posteriormente, sean encarceladas.
Sin embargo, se pone demasiado énfasis en el aumento de las penas para este delito, en circunstancias de que mediante el uso de la tecnología, con la exigencia a las automotoras de medidas de protección para los vehículos y con la ayuda de Carabineros, para que refuerce su control y desbarate las bandas internacionales que cometen ilícitos como los que nos ocupan, podemos mejorar la situación.
Insisto: considero que no vamos en el camino correcto; estamos buscando un atajo. Se cree que a través de una política de endurecimiento de las penas se van a acabar los delitos. Ello no ocurrirá; simplemente, se recargará el trabajo de los tribunales, se llenarán las cárceles con más delincuentes, pero los delitos no van a disminuir.
Por lo anteriormente expresado, no estoy de acuerdo con este proyecto; pienso que debemos seguir estudiándolo, pero dentro de una política global criminal y penitenciaria.
Por último, reitero mi invitación a los autores de la iniciativa a tener la misma fuerza para perseguir a los delincuentes de cuello y corbata y no sólo a quienes roban vehículos.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Orden del Día y quedan numerosos diputados inscritos para intervenir.
Recabo el asentimiento unánime de la Sala para cerrar el debate y proceder a la votación del proyecto.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Entonces, la discusión y votación de esta iniciativa quedan pendientes para la siguiente sesión.
El señor WALKER.- Señor Presidente, le solicito recabar nuevamente la unanimidad de la Sala para votar el proyecto, en el entendido que quedan muy pocos inscritos para hacer uso de la palabra.
El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- No hay unanimidad, diputado Walker.
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