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El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos, con urgencia calificada de suma.
Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas es el señor Cristián Letelier.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín N° 7689-07, sesión 35ª, en 31 de mayo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Primer Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, sesión 61ª, en 2 de agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 18.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor LETELIER (de pie).- Señor Presidente , en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Drogas, paso a informar el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República , que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos, en primer trámite constitucional y reglamentario.
La iniciativa legal tiene por objeto aumentar las penas asignadas al delito de robo de cajeros automáticos.
Las cifras de los robos que utilizan la técnica del “vehículo vaquero” (laceo) aumentaron a un 63,5 por ciento este año, a la fecha, comparado con el 20,3 por ciento que representaban el 2010. Asimismo, de los 126 casos acontecidos durante lo que va transcurrido de este año, 53 de los 54 vehículos que fueron utilizados para robar los cajeros automáticos y que luego fueron abandonados presentaban encargo por robo. Es decir, esta conducta punible envuelve lo que se llama en doctrina penal “la preterintencionalidad”. Es decir, se usa un instrumento -el vehículo robado- para efectuar otro robo, el de los cajeros automáticos.
Por ello, el Gobierno estimó necesario establecer un plan de acción general en contra del robo de cajeros automáticos que involucra tanto la adopción masiva de medidas de seguridad para los cajeros ya instalados, como un perfeccionamiento de la normativa, que incluye medidas de seguridad estandarizadas de acuerdo al nivel de riesgo de cada cajero por instalar.
Ese proyecto tiene su fundamento en la baja pena asociada al robar en lugar no habitado. No olvidemos que el robo con fuerza en las cosas presenta y distingue en el Código Penal dos conductas punibles: por una parte, el robo en lugar habitado -entiéndase por ello la morada de las personas- y otra pena para el robo en lugar no habitado.
Conforme con ello, el proyecto aumenta las penas en forma determinante, de manera que tenga una punibilidad mayor.
En cuanto al robo con fuerza en las cosas, normalmente, se aplica, en el caso de los cajeros automáticos, la pena prevista para el robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado; es decir, presidio menor en sus grados medio a máximo -entre 541 días y cinco años-, sin importar el valor de lo sustraído.
El mensaje del gobierno sostiene que el referente que mejor refleja el injusto cometido por quienes roban cajeros automáticos es la pena existente para el robo con fuerza en las cosas cometido en objetos que se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a habitación cuando con ocasión del delito se produce la interrupción o interferencia del suministro de un servicio público o domiciliario. Este delito, de conformidad al inciso segundo del artículo 443 del Código Penal, se sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo, esto es, de tres años y un día a cinco años de privación de libertad.
Sin embargo, se propone que la agravación se establezca en función del objeto material (cajeros automáticos y dinero contenido en ellos) y no de la interrupción o interferencia en su funcionamiento.
Según señalan los expertos, estos cajeros automáticos tienen, técnicamente, la denominación de ATM, y cada cajero automático contiene, aproximadamente, 60 millones de pesos.
El proyecto original constaba de un artículo que agregaba un inciso tercero al artículo 443 del Código Penal, estableciendo que el robo con fuerza de cajeros automáticos o dispensadores automáticos de dinero, o del dinero y valores contenidos en ellos, sería sancionado con presidio menor en su grado máximo, esto es, de tres años un día a cinco años.
Sin embargo, después de la discusión en la Comisión se consideró que el texto original aumentaba las penas sin imponer ninguna carga a los bancos para que invirtieran en la seguridad de su patrimonio. Por ello, se presentó una indicación sustitutiva que, en su artículo 1°, modifica el Código Penal, haciendo equivalente, en cuanto a sanción, el robo de cajeros automáticos con el robo de cables de cobre, la interrupción o interferencia del suministro de un servicio público o domiciliario, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de aguas lluvia o telefonía. Ello en consideración a la utilidad que representan los cajeros automáticos para los ciudadanos, sobre todo en sectores aislados del país, donde se aprecia de mejor manera que prestan una función de utilidad ciudadana.
Cuando se roba un cajero automático, muchos ciudadanos sufren el efecto de no tener a disposición un cajero automático; además, los bancos se demoran mucho tiempo en sustituirlo por uno nuevo. Eso no sólo perjudica a la entidad robada, sino también a la ciudadanía entera.
En el artículo 2° de la indicación sustitutiva se deja explícita la facultad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para imponer a las instituciones financieras o bancarias la obligación de adoptar las medidas mínimas de seguridad para evitar el robo de los expendedores de dinero. Estas medidas, de acuerdo con la legislación que regula la seguridad privada, se le pueden imponer por el mayor riesgo que las instituciones financieras asumen por la gran cantidad de dinero que circula en dichas instituciones. Tal obligación se trasladó a este artículo, señalándose que las instituciones bancarias o financieras deberán dar estricto cumplimiento a las normas de seguridad que dicte el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conforme a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.607, de 1981.
En consecuencia, el artículo primero del proyecto incorpora en el inciso segundo del artículo 443, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, el siguiente párrafo final:
“Con la misma pena se sancionará el robo con fuerza de cajeros automáticos o dispensadores automáticos de dineros o del dinero y valores contenidos en ellos.”. Es decir, no importa qué cantidad de dinero existe en cada uno al momento del robo.
Y el artículo segundo dispone: “Las instituciones bancarias o financieras de cualquier naturaleza, deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones de seguridad que dicte el Ministerio del Interior y Seguridad Pública conforme a lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 3° del decreto ley N° 3.607, de 1981.”.
Con este proyecto, aprobado en la Comisión con los votos favorables de la señorita Sabat , doña Marcela ; y de los señores Montes, Monckeberg , don Cristián, y Silber , y con la abstención del señor Harboe , se está dando una señal potente en el sentido de atacar y aumentar la sanción a los delincuentes que roban cajeros automáticos.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , como cuestión previa, aclaro que no tengo ninguna pretensión de demonizar a quienes apoyen este proyecto. La discusión es legítima y entiendo que el apoyo de la Comisión es transversal, pero me parece que el proyecto da cuenta de un tema que debemos mirar con más profundidad.
Creo que nos debatimos entre San Miguel y los cajeros automáticos.
Me explico. Hace algún tiempo, leí un libro patrocinado por el Consejo General del Poder Judicial español sobre las penas y las alternativas a la prisión, y de ahí recuerdo una frase dura, pero real, que decía que quien haya visitado los patios de, al menos, tres o cuatro prisiones, sabe perfectamente de lo que hablamos. La cárcel es el espacio institucional que recibe el fracaso social, la pobreza, la marginación, la ausencia de educación no violenta, igualitaria, la enfermedad mental, las toxicomanías, las consecuencias de una sociedad consumista de gratificación inmediata.
Mutatis mutandis, sin duda, la aseveración es perfectamente aplicable a nuestra realidad. La pregunta esencial e ineludible es la siguiente: ¿Qué hacemos como sociedad para revertir la situación descrita? La respuesta honesta, a mi juicio, es poco o, a veces, nada.
El Gobierno, por medio de su ministro de Justicia , planteó algunas medidas que denominó “el uso racional de la cárcel”. De ello surge, tácitamente, que hasta la fecha ha existido un uso irracional de la misma, concepto o lectura que comparto. Llama poderosamente la atención de que sea este gobierno el que ponga este tema en la agenda pública; el mismo que, cuando fue Oposición y cuando hizo campaña, estableció como elemento central de su propaganda la cárcel como eje fundamental de sus políticas de seguridad pública. Recuérdense los eslóganes: “Se acabó el recreo a los delincuentes” o “Pondremos candado a la puerta giratoria”.
¿Qué ocurrió para justificar este giro? A mi juicio, sucedieron varios hechos, pero el más dramático y doloroso que recuerde la triste historia carcelaria de Chile fue el incendio de la cárcel de San Miguel y los ochenta y un chilenos que allí murieron como consecuencia del hacinamiento, de la imprevisión y también, según parece, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, de la negligencia de quienes debían cuidarlos. Allí está la causa basal del debate actual.
Recuérdese que, pocos meses antes del dramático 8 de diciembre, la Iglesia Católica había propuesto un indulto general y la respuesta casi unánime fue un portazo sonoro.
Con posterioridad al incendio de la cárcel de San Miguel, el director de Gendarmería señaló que los recursos fiscales no eran suficientes para una alimentación digna de los presos. De esa manera justificaba el uso de balones de gas para que los reos se prepararan su propia comida. Tal déficit no fue objeto de discusión alguna durante la tramitación del presupuesto del 2011, ni de parte del Ejecutivo ni de los parlamentarios, incluido quien habla.
Creo que el cambio de política propuesto por el Ministerio de Justicia es positivo y valorable, más allá de lo que antes sostenían -no hace tanto- quienes hoy son gobierno.
Por cierto, la Oposición debe concurrir a un gran acuerdo nacional sobre esta materia y dejar atrás cualquier tentación de sacar partido político al trecho gigantesco que hay entre el discurso propagandístico de ayer y la dura realidad de hoy. Este gobierno, al contrario de los anteriores, encontrará una oposición dispuesta a construir un sistema distinto. Tengo la convicción de que eso ocurrirá. Más allá de la discusión del detalle jurídico, medidas como el perfeccionamiento de Gendarmería, la construcción de nuevas cárceles más humanas, el fortalecimiento de penas alternativas a la prisión, el fortalecimiento de las medidas de reinserción y rehabilitación, y la modificación de la legislación para lograr el uso racional de los recintos carcelarios, debieran ser la base sólida de un acuerdo de largo alcance.
Desgraciadamente, hoy, el gobierno nos trae, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, una señal en la dirección exactamente opuesta al uso racional de la cárcel. En efecto, nos anuncia y nos envía, con una simpleza ramplona, a mi juicio, un proyecto de aumento de penas. Nos dice que el crecimiento del robo de cajeros automáticos se combatirá con un aumento sustancial de las penas. Repetimos la historia de ayer: antes fue el robo hormiga en los supermercados y la modificación del Código Procesal Penal en materia de medidas cautelares.
La tarea de bajar el delito de robos de dispensadores de dinero tiene que ver con una menor impunidad sobre la base de exigir a nuestras policías prevención, inteligencia, viveza; exigir a los bancos -¡que por Dios que tienen utilidades!- medidas de seguridad, ubicación racional de los cajeros automáticos. ¡No habrá país en el mundo con más cajeros automáticos por habitante! ¡Es un absurdo! Las máquinas están a disposición de quienes las quieren robar. No están protegidas, porque no gastan recursos en seguridad, no obstante que reciben mucho de parte de todos los chilenos.
Por lo demás, con algunas de estas medidas, hace algunos años, bajó el delito, lo que demuestra lo que estoy diciendo. No se puede implementar políticas de uso racional de las cárceles y, paralelamente, crear condiciones para llenarlas.
A ponerse de acuerdo y a guardar este proyecto.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Arturo Squella.
El señor SQUELLA.- Señor Presidente , con mucho respeto, discrepo de lo que ha dicho el diputado Jorge Burgos , porque no es disonante ni contradictorio preocuparse más por sancionar, como corresponde, delitos que están amenazando la integridad de las personas y la tranquilidad de la inmensa mayoría de los chilenos que vive atemorizado en sus casas por la delincuencia, con el interés por la dignidad de quienes actualmente están privados de libertad.
Tanto al diputado que me antecedió en el uso de la palabra como a quien habla nos correspondió formar parte de la Comisión Investigadora sobre los hechos que provocaron el incendio de la cárcel de San Miguel y todos estamos de acuerdo -no sólo los dos diputados, sino que la Comisión completa-, incluyendo al Ejecutivo -así lo han expresado tanto el anterior como el actual ministro de Justicia -, en mejorar sustantivamente las condiciones en que están funcionando los recintos penitenciarios. Pero eso no significa que nos vamos a tapar los ojos y asumir que la manera de hacer respetar esa dignidad -respecto de la cual, por cierto, todos debemos ser severos en levantar la voz- va a ser a través de no sancionar como corresponde a la delincuencia.
Hago un llamado al diputado Burgos y a todos los que tienen esa especial preocupación por el respeto de la dignidad de las personas que están al interior de las cárceles que también tengan a la vista la dignidad de quienes actualmente están en sus casas atemorizados, precisamente porque el delito está desenfrenado en las calles de Chile.
Éste es un buen proyecto, que demuestra una reacción pertinente, oportuna, de muy buena forma, del Ejecutivo. Creo que la indicación sustitutiva que se presentó refleja el sentir de los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, porque presenta una modificación más conveniente que lo que decía el proyecto original. En ese sentido, no me queda más que hacer un llamado a aprobar este proyecto y, en definitiva, a apoyar todos los proyectos que, de alguna forma, nos permitan brindar mayor seguridad a los ciudadanos que representamos.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente , en el debate en la Comisión de Seguridad Ciudadana manifesté gran parte de los argumentos por los cuales creo que este proyecto es inoportuno e inconveniente.
Es cierto que durante el último semestre han aumentado los robos a cajeros automáticos. Es efectivo: 319 robos a cajeros automáticos en lo que va corrido del año. Nos prometieron seguridad, pero no se está apreciando mucho en estas materias.
Las causas de los robos son varias. Primero, por la falta de inversión de la industria de la banca para proteger los cajeros automáticos. Recordemos que los grandes bancos son los principales dueños de Transbank, única empresa que hoy actúa como red de cajeros automáticos. En consecuencia, es una integración vertical de los bancos, es un negocio, una sociedad de giro relacionado de los bancos; sin embargo, no invierten en seguridad. Estamos hablando de una industria cuyas ganancias, en 2010, llegaron a los 3 mil 200 millones de dólares, pero aún no implementa, con eficacia y eficiencia, el sistema de entintado de billetes o el anclaje de acero de los cajeros automáticos, cuestión que hemos venido peleando desde hace muchos años. Tal es así que este proyecto estuvo en carpeta en la Asociación de Bancos durante bastante tiempo. Lo afirmo porque cuando fui subsecretario del Interior recibí muchas presiones de la banca para enviarlo a tramitación. Pero mi obsesión siempre fue que la seguridad pública tenía que estar enfocada principalmente a la seguridad de las personas y de sus familias y no de los cajeros automáticos.
El proyecto es inoportuno, porque la reciente encuesta de victimización publicada por Paz Ciudadana nos señala que los principales delitos de robo se cometen en casas particulares de los sectores medios y bajos. Es decir, el 39,7 por ciento de los hogares victimizados pertenecen al sector medio y medio bajo, gente de esfuerzo, que muchas veces tiene dejar a sus hijos en casa para salir a trabajar, lo que los expone a ser víctimas de la delincuencia. Dicho otra forma, en los últimos seis meses, dos de cada cinco hogares de clase media y media baja han sido víctimas de delitos de robo. Pero hay algo peor. La encuesta nos revela que de cada diez hogares que han sido víctimas, siete volverán a serlo. Ante tales cifras, la autoridad debiera focalizar la política de seguridad en proteger a las personas y sus hogares. Sin embargo, el Gobierno nos manda un proyecto para proteger los cajeros automáticos, para proteger a la banca, en desmedro de la seguridad de las personas.
Para decirlo en palabras sencillas, el proyecto busca aumentar el piso de la pena. El robo de un cajero automático tiene una sanción mínima de 541 días, pudiendo llegar a 5 años. La idea es partir de 3 años de cárcel. El problema está en que el proyecto da una señal criminológica bastante beneficiosa para el delincuente, porque le dice que no robe el cajero automático, porque hay una cámara de seguridad y porque la pena ahora es más alta; mejor robe en una casa o asalte a las personas, porque el delito de robo por sorpresa, vale decir, el asalto a una persona, parte en 541 días. Dicho de otra forma, para el delincuente será más rentable asaltar a las personas cuando estén sacando dinero del cajero automático, porque la pena será menor, que robarse el dispensador.
El derecho penal debe buscar la proporcionalidad en las penas respecto del delito y establecer un mecanismo de conductas criminológicas, para evitar incentivos perversos. Con este proyecto, se estará incentivando el ataque a las personas, el famoso lanzazo, el robo por sorpresa y, además, le estamos dando la señal al delincuente de que mejor vaya a robar a las casas de clase media y media baja, porque no tienen cámaras de seguridad, y dejen tranquilos los cajeros automáticos.
Considero que el proyecto es altamente inconveniente, porque el delincuente conoce perfectamente la penalidad de los delitos, de tal forma que será incentivado a robar en las casas o a las personas y no los cajeros automáticos.
Por último, no perdamos de vista que el derecho penal siempre tiene que establecer una graduación en los bienes jurídicos protegidos. Históricamente, tenemos que proteger, por sobre todas las cosas, los bienes jurídicos por excelencia, como la vida, la integridad física, la libertad sexual de las personas. Cuando se afectan estos bienes, deben existir sanciones mayores. Pero en este caso, estamos permitiendo o incentivando al delincuente a atacar la integridad física de las personas a través del robo con sorpresa, para proteger los cajeros automáticos de una empresa, de una industria, que tiene ganancias suficientes como para invertir en seguridad privada.
No puedo dejar de manifestar mi preocupación y disconformidad, y de denunciar en esta Sala que, en el marco de la discusión de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, el subsecretario de Prevención del Delito señaló que estaban destinando parte de la dotación de Carabineros, entre las 5 y las 7 de la mañana, a cuidar cajeros automáticos. Eso es inaceptable y gravísimo. La seguridad de las personas es lo primordial. Para eso los ciudadanos pagamos impuesto, para proteger a las personas y no los bienes de una industria que tiene recursos suficientes y no requiere subsidios del Estado.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra,los señores Burgos y Harboe , se plantearon en la misma línea argumentativa de nuestra bancada.
El proyecto que mandó el Ejecutivo aumenta las penas por robos de cajeros automáticos y cae en el absurdo de hacer equiparable el robo con fuerza en lugar no habitado con el robo de bienes nacionales de uso público, lo que no tiene fundamento plausible porque el cajero automático siempre estará ubicado en propiedad privada. Por lo tanto, la forma de abordar el tema es poco convincente.
Aumentar la penalidad no contribuirá a disminuir el robo de cajeros automáticos. Como dijo el diputado Harboe , esto simplemente va a incentivar al delincuente a optar por otros delitos, como el lanzazo o robo con sorpresa cuando las personas sacan dinero del cajero automático o cuando los adultos mayores cobran sus pensiones en los diferentes puntos de pago.
Nuestras instituciones deben estar preocupadas de proteger la vida de las personas, en el marco de las libertades que a cada ciudadano le corresponde.
Además, el diputado Harboe nos dijo que los carabineros, en horas de la madrugaba, se preocupan de la seguridad de los cajeros automáticos en lugar de cuidar a la gente que sale a trabajar muy temprano y que muchas veces es asaltada, a esas horas, en caminos oscuros, o a los padres que van a dejar a sus hijos al colegio. No pocas veces los menores son víctimas del robo de sus mochilas. Por eso, nos preocupa el enfoque que da este proyecto al robo de los cajeros automáticos.
Llama la atención que Transbank, socia de los grandes bancos en la administración de la red de cajeros automáticos, no se preocupe por la seguridad de los locales donde ubica sus dispensadores, para que estén protegidos. Hace años que se les viene diciendo que anclen los cajeros con piolas de acero, amén de que los ubiquen en lugares que estén verdaderamente protegidos.
Por donde uno camine encuentra cajeros automáticos, en cualquier esquina, en una farmacia, en los servicentros, en supermercados. Están por todos lados, pero siempre en lugares privados. Si es así, me pregunto por qué tenemos que ser nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que pagar la protección de los cajeros automáticos a través de Carabineros de Chile y de la PDI, instituciones que están para la protección ciudadana y no de cajeros automáticos.
Por todos es sabido lo que ganan los bancos. Por eso, salta de inmediato la pregunta de por qué no protegen sus cajeros automáticos y nosotros nos preocupamos de proteger a la gente y la libertad de las personas. Nuestras instituciones deben preocuparse de la seguridad ciudadana, de proteger los hogares de la clase media y baja, de proteger a los niños, que muchas veces son víctimas de delitos; a nuestros ancianos, que muchas veces son asaltados a la salida de los bancos cuando han ido a cobrar sus pensiones de miseria.
En síntesis, este proyecto no se justifica. Por eso, lo votaré en contra.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Marcela Sabat.
La señora SABAT (doña Marcela).- Señor Presidente , de acuerdo con los datos actualizados, como mencionó el diputado Harboe , durante 2011 se han verificado 319 robos a cajeros automáticos por medio de distintas técnicas, que todos hemos visto en los medios de comunicación, lo que además ha provocado daño importantes a bienes de uso público.
Entre las medidas que el Gobierno ha adoptado para reducir esos robos figura la instalación de sistemas de alarmas, que han permitido frustrar muchos de estos robos; se han intensificado las medidas a nivel internacional, que avalan a un Gobierno que se ha hecho cargo de este delito que, como se dijo en el informe, no sólo interrumpe un servicio de relevancia y de beneficio social, ya que permite el acceso igualitario a los recursos financieros, sino que también amaga bienes de uso público y, lo que es más grave, a las personas, que son las que más queremos cuidar, ya que se pueden encontrar en esos lugares al momento de producirse el robo. Lo que queremos proteger es la integridad de las personas y no los bienes de los empresarios, como se ha pretendido señalar en la Cámara.
Además de la colaboración permanente con Carabineros de Chile, se han implementado medidas de seguridad de vasta comunicación entre las entidades implicadas, se han revisado normas de seguridad en forma exigente, a las que deben someterse los bancos e instituciones financieras. Asimismo, se está estudiando la implementación de un blindaje de acero de los cajeros, que triplica el peso y, por lo tanto, evita la sustracción y destrucción de los mismos. También se ha trabajado con el Banco Central para la implementación de un sistema de entintado de billetes en caso de robo y se confeccionará una carta Gantt en relación con los cajeros que serán blindados y de los que estarán con ese sistema de entintado de billetes.
Como presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, he dado a conocer sólo algunas medidas que ha tomado el Gobierno, lo que me permite pensar que el proyecto, que compartimos la mayoría de los integrantes de la Comisión, va en el sentido correcto, y que se han tomado las medidas necesarias para proteger aún más a las personas, repito, no a las empresas, como se ha querido destacar en otras intervenciones.
Por lo tanto, en nombre de mi bancada, solicito a los diputados de la Oposición que voten a favor la iniciativa, porque queremos seguir dando la batalla en contra de la delincuencia y éste es un frente más.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , me gustaría que se conociera a Marcela Medel , quien es la presidenta del sindicato de la Copec en Talagante. Ella viene saliendo de una licencia médica de tres meses, porque su local ha sido asaltado cuatro veces para robar los cajeros automáticos allí instalados.
Señor Presidente, el proyecto, ¿defiende a las empresas o a los trabajadores, como Marcela Medel?
Señor Presidente, si vamos a discutir sobre la delincuencia y vamos a tener una política de Estado en contra del crimen, no nos podemos restar a aumentar las penas respecto de un delito de ordinaria ocurrencia en la actualidad, so pretexto de que se desea proteger a las empresas bancarias, lo que no es efectivo.
Por eso, mediante una indicación sustitutiva, que apoyamos, se agregó un artículo 2°, a fin de establecer que las instituciones bancarias o financieras deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones de seguridad que dicte el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Por lo tanto, señor Presidente , creemos que la iniciativa desincentiva ese delito y no incentiva otros, como se pretende hacer creer. Esa es una teoría que no tiene ningún asidero, es una suposición y una sospecha que no tiene ninguna prueba fehaciente.
Aquí se trata de homogeneizar un delito. Estamos hablando de un delito grave que requiere un aumento de pena y de proteger a personas como Marcela Medel, es decir a trabajadores que sufren las consecuencias de ese delito.
Por eso, anuncio que votaré a favor el proyecto y, por intermedio del señor Presidente , solicito a los diputados que lo respalden, porque va en la dirección correcta y es una señal potente y clara de que los legisladores estamos en contra de la delincuencia. Los diputados de Oposición no se pueden restar al respaldo de la iniciativa por razones menores y egoístas.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente, sé que no es popular hablar a favor de un
proyecto de ley que se tiende a calificar como que favorece a la banca; pero, como miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, voy a fundamentar por qué voté a favor de la iniciativa en dicha instancia y lo volveré a hacer hoy.
Lo que se tiene que decidir hoy es si nos parece razonable o no que el delito de robo con fuerza de un cajero automático o dispensador de dinero tenga una pena que parta en 541 días. Si eso les parece razonable, deben votar en contra el proyecto; si no les parece razonable -como a mí, que creo que la pena debe partir en tres años y un día- deben votar a favor la iniciativa.
Comparto muchas de las críticas que se han hecho respecto de la política del Gobierno en contra del crimen, y así lo hice ver en mi intervención de la semana pasada en la Cámara de Diputados. Además, comparto muchos de los argumentos señalados por los diputados Jorge Burgos y Felipe Harboe , en el sentido de que la banca tuvo utilidades por más de 3.300 millones de dólares el año pasado, y que, por tanto, es la principal responsable de aplicar medidas de seguridad y de anclaje de los dispensadores de dinero para que no ocurran estos violentos delitos que vemos con frecuencia en los medios de comunicación, que, muchas veces, como dijo el diputado Letelier , van acompañados de violencia en contra de las personas y de las cosas.
Señor Presidente , no respaldé el proyecto para favorecer a la banca, sino a las personas, a los usuarios de los cajeros automáticos. Por suerte, cada día a más trabajadores se les paga su salario, por ejemplo, a través de depósitos en cuentas corrientes o en la cuenta RUT del Banco del Estado, lo que les permite administrar sus recursos de manera más segura, pues van retirando su dinero en la medida en que lo necesitan.
Por otra parte, señor Presidente , estoy pensando en muchas localidades rurales o alejadas de los grandes centros urbanos, que cuentan con cajeros automáticos gracias a los esfuerzos y a las gestiones que han realizado sus autoridades, alcaldes y parlamentarios ante el Banco del Estado; porque, hay que decirlo, a la mayoría de la banca no le interesa tener dispensadores de dinero en lugares apartados geográficamente, como Tongoy, sectores rurales de Ovalle o Río Hurtado, en los que dichos aparatos entregan un servicio público muy necesario para dichas comunidades, el que se ve alterado cuando se producen esos robos con violencia. Por eso, entiendo la pertinencia del proyecto de ley.
Sin embargo, no entiendo las urgencias del Gobierno. He sido muy crítico respecto de la sequía legislativa que tenemos en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas respecto de proyectos del Ejecutivo. En este período legislativo, hemos recibido muy pocos proyectos del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, en circunstancias de que se anunció que esta sería su principal prioridad. Tal vez eso explica las cifras que están a disposición de toda la población, que establecen que la aprobación de la gestión del Gobierno en materia de seguridad ciudadana alcanza solo el 22 por ciento, que los índices de victimización aumentaron en 10,8 por ciento en el último trimestre; que el índice de victimización de Paz Ciudadana-Adimark en relación con regiones aumento en más de cinco puntos, etcétera.
Por lo tanto, esperamos una respuesta mucho más prolija del Ejecutivo en cuanto a tramitación de iniciativas legislativas en materia de seguridad ciudadana. En ese sentido, es justificable el desconcierto de algunos señores diputados respecto de las prioridades del Gobierno en su agenda legislativa.
Hemos criticado el doble estándar del Gobierno. Por una parte se vertieron determinados eslóganes durante el período de campaña presidencial, como el fin de la fiesta de los delincuentes, que se iba a terminar la delincuencia, etcétera, y, por otra, ha presentado un proyecto de ley de rebajas de pena, acogiendo un llamado de las iglesias, especialmente de los obispos de la Iglesia Católica.
Pero no porque el Gobierno haya sido poco serio y poco prolijo en el combate de la delincuencia, nosotros debemos caer en la misma falta de seriedad. A mi juicio, es absolutamente razonable que un robo con fuerza de un cajero automático o de un dispensador de dinero, sobre todo en lugares apartados, tenga una pena que parta en los tres años un día, no en 541 días.
Por las razones expresadas, voy a apoyar el proyecto.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Está llegando a su término el tiempo destinado al Orden del Día.
En consecuencia, quedan inscritos para la próxima sesión la diputada señora Cristina Girardi y los diputados señores Schilling, Espinoza, don Fidel; Rincón y Calderón.
Además, se inscriben los diputados señores Jaramillo, Accorsi y De Urresti.
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