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El señor SCHILLING.- Señor Presidente , a raíz de este proyecto, una vez más se encuentran las dos maneras de mirar el fenómeno de la delincuencia, sus causas, el cómo abordarlo y el cómo resolverlo.
Una mirada es reconocerlo como un fenómeno social, que tiene su origen en un error de la organización de la sociedad y que, en consecuencia, su solución no sólo es de carácter judicial, policial, legislativo o carcelario, sino que requiere una mirada más omnicomprensiva, que se haga cargo del conjunto de los factores que inciden en que el fenómeno se instale en la sociedad.
La otra mirada es la vieja matriz, que siempre se hace presente en este Hemiciclo, en las bancadas del frente, que dice que es una especie de perversión, porque alguien nació intrínsecamente malo y que, para limitar sus efectos perniciosos en la sociedad, hay que endurecer las leyes, aumentar la dotación policial, aumentar las cárceles, aumentar los jueces, en suma, aumentar la represión.
Hace poco tiempo, por el ímpetu de algunos parlamentarios, a uno se refirió el diputado Venegas , esa matriz ideológica logró ser impuesta al conjunto del sistema político. ¿Cuál es el resultado? Tenemos 51 mil reos en establecimientos con capacidad carcelaria para albergar 35 mil internos. Ya conocimos lo que ocurrió. Una Comisión creada por esta Corporación investigó la tragedia sucedida en la cárcel de San Miguel, ocasión en que fallecieron 81 reos. Este hecho, golpeó la conciencia nacional y llevó al Gobierno a hablar, a través del ex ministro de Justicia , de una política tendiente a usar la cárcel de manera inteligente.
Y es así que se propuso al Congreso considerar un proyecto de ley, que la Derecha se negó a votar la semana pasada, que busca que los presos que cometieron delitos menos graves terminen sus penas fuera de la cárcel.
Cuando se nos ha informado que ésta es la política predominante o hegemónica del Gobierno y que es el punto de vista que impulsará de aquí en adelante, nos llega este proyecto que va en la dirección contraria y que, además, está mal elaborado, pues tiene graves dificultades en relación con los niveles de las penas que se aplican a otros delitos de la misma naturaleza, en particular, los que se refieren a asaltos en sitios despoblados.
Por esta misma razón y para ayudar al Gobierno a encontrar la brújula y un centro que le permita organizarse por lo menos en esta materia y no seguir con este pa’tras pa’delante, que lo caracteriza en todas las áreas, vamos a votar en contra de la iniciativa. Además, porque nos parece abusivo que en el desconcierto del Gobierno, una vez más se cargue a los chilenos a través de los impuestos para financiar más policías, más cárceles, más jueces, más leyes endurecidas, en circunstancias de que se está protegiendo a un sector o a una industria que, según el último balance, obtuvo 3.300 millones de dólares de utilidad en el semestre.
La seguridad de las instalaciones bancarias la deben pagar los bancos, ya que ellos no se instalan en carpas o en rucas. ¡Qué hagan la inversión que corresponde a la naturaleza del negocio que manejan! ¡El resto es una frescura!
Reitero, votaremos en contra del proyecto.
He dicho.
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