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El señor LETELIER ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Letelier, Bianchi, Cantero, Escalona y Quintana, en primer trámite constitucional, que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7856-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Letelier, Bianchi, Cantero, Escalona y Quintana):
En primer trámite, sesión 42ª, en 10 de agosto de 2011.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 49ª, en 6 de septiembre de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- En el trámite ante la Comisión de Educación, adhirieron a esta iniciativa los Senadores señoras Allende, Pérez (doña Lily) y Rincón y señores Frei, Gómez, Girardi, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Ruiz-Esquide, Rossi, Sabag, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Los objetivos de este proyecto son prohibir los aportes estatales directos o indirectos a personas naturales o jurídicas que persigan fines de lucro en materia de educación escolar; prohibir que los centros de formación técnica y los institutos profesionales sean personas jurídicas con fines de lucro, y limitar las relaciones societarias que puedan tener las instituciones de educación superior con personas jurídicas que persigan fines de lucro.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología debatió esta iniciativa solamente en general, con el propósito de efectuar un análisis más profundo durante la discusión particular, y aprobó la idea de legislar por 4 votos a favor (Senadores señores Cantero, Navarro, Quintana e Ignacio Walker) y 1 en contra (Senadora señora Von Baer).
Cabe tener presente que para la aprobación de esta iniciativa se requieren 21 votos conformes.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Quintana, Presidente de la Comisión.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , no haré una relación como Presidente de la Comisión , sino que intervendré como autor de la iniciativa junto con numerosos otros colegas.
Se requería discutir este proyecto. Y resulta incomprensible que ello se logre solo hoy, después de cuatro meses de estar en tabla, en distintos lugares. Ello, porque no se le dio a la iniciativa la urgencia debida. En algunos casos, por razones muy justificadas; en otros, más bien como subterfugio (lo digo con toda claridad) del Ejecutivo para evitar su tratamiento.
Por lo tanto, estar discutiendo esta materia hoy día, en la última sesión del año, me parece un paso importante.
Pero habría sido mucho más relevante efectuar el debate cuando el proyecto se presentó, en el marco de las movilizaciones estudiantiles y (por qué no decirlo) en el contexto de la discusión del Presupuesto, lo que se intentó hacer.
Durante el debate presupuestario algunos Senadores señalaron que estábamos asistiendo a cambios estructurales en materia de educación.
Yo siento que no hemos arribado a ninguna reforma de fondo.
El propio Presidente Sebastián Piñera dijo acá, en la sesión de Congreso Pleno del 21 de mayo último, que este era el año de la reforma educacional. Y luego, en un programa de televisión, manifestó que se iban a realizar cambios estructurales.
La verdad es que nada de eso ha tenido lugar.
Creo que es muy significativa la discusión que tendremos ahora, porque esta puede ser la primera modificación de fondo, la que lleve a variar el eje de la conversación.
Quienes esta mañana estuvieron en la sesión de la Comisión de Educación -todos sus miembros titulares, más otros Senadores y Senadoras, como la señora Allende y el señor Gómez - presenciaron un debate que en parte apunta en aquella dirección.
Cabe recordar, a propósito de la iniciativa sobre Superintendencia de Educación Superior que el Ministro Bulnes envió al Senado, que en el mensaje del 21 de mayo el Presidente jamás planteó la posibilidad de un órgano de tal índole. En esa oportunidad se anunció una Subsecretaría.
Desde luego, valoramos la voluntad política del Gobierno para establecer un organismo regulador en esa materia. Pero debo puntualizar que la discusión de esta mañana se condujo por una vía diferente de lo que ocurre en la educación general, a cuyo respecto el año pasado se aprobó la ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y la Superintendencia respectiva. Ahí hay una estructura, una arquitectura orgánica. Pero ello no sucede en la educación superior, sobre la cual estamos discutiendo en torno a una Superintendencia cuyo foco (seamos claros) intenta dar respuesta a la cuestión del lucro. ¿En qué sentido? En el sentido de que la ley dice por un lado que no se puede lucrar y, sin embargo, todos sabemos que por la vía de las sociedades espejo se sigue haciendo.
Yo quiero señalar -no se halla en la Sala el Ministro de Educación- que no estoy disponible para aprobar en general el proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior, por necesario que sea, hasta que se desenmarañe el funcionamiento de las universidades. Porque hoy día tenemos planteles universitarios que son verdaderos palos blancos desde donde, como lo reconocieron algunos rectores esta mañana, se lucra por las vías de los fondos de inversión; de los institutos; de las sociedades relacionadas; de las sociedades espejo; de las inmobiliarias.
Entonces, señor Presidente , quise partir con este punto porque pone de manifiesto fundamentalmente la completa desregulación existente en el ámbito de la educación superior.
Y qué bueno que esté aquí el titular de Economía , pues esto tiene directa relación con los asuntos económicos.
Al Ministro Longueira lo hemos visto muy activo en las cuestiones regulatorias. Parece que, al respecto, en el ámbito educacional se requiere también "un Ministro Longueira muy dinámico".
Los rectores reconocieron esta mañana que son muchas las causas que tienen en el SERNAC. Pero la verdad es que, más allá de los cuestionamientos por publicidad engañosa, hay abuso en la forma como, pese a que la ley señala que ello no es lícito, se siguen repartiendo utilidades basadas en platas no reinvertidas.
En la educación general (enseñanzas básica y media), la situación es menos auspiciosa, no es más transparente. Al revés, yo diría que es ahí donde probablemente existe la mayor opacidad.
No olvidemos que en los últimos meses, a consecuencia del mero anuncio de que se presentaría este proyecto, impulsado por el Senador Letelier, se sucedieron en todo el país muchas reuniones de la parte interesada, o sea, de los establecimientos que lucran.
Recuerdo un debate habido en La Araucanía, al cual el Senador Tuma y yo no fuimos invitados, Y quiero ser muy categórico: ¡no fuimos invitados! Lo organizaron sostenedores de colegios particulares subvencionados. Durante él se dijo -hubo gente que se prestó para esta campaña del terror- que se iba a quitar la subvención si la iniciativa pertinente se aprobaba -en la Comisión de Educación, como se manifestó, ya fue acogida la idea de legislar por 4 votos a favor y 1 en contra- y, además, que se cerrarían colegios.
Entonces, los únicos que han abusado de todo esto son los dueños de los establecimientos particulares subvencionados.
Puedo aludir a uno de ellos con nombre y apellido.
En la ciudad de Temuco está el Liceo Camilo Henríquez , establecimiento de muy buena calidad. Aprovechándose de la situación -es uno de los colegios que han liderado el debate hasta ahora-, el sostenedor se permite subir los aranceles y las mensualidades que pagan los padres y familiares de los alumnos por la vía del financiamiento compartido, respecto del cual (diría yo) hay un consenso político con buena parte de la Alianza en cuanto a que debiera desaparecer.
Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Presidente ? Estamos hablando de algo que parece muy obvio: impedir el lucro con recursos públicos.
A propósito de las cuestiones económicas -recién estábamos en otro ámbito-, sabemos, por ejemplo, que al panadero de la esquina aquí, en la calle Victoria, el Estado no le paga la harina; ni el sueldo de sus empleados; ni la luz, el agua o el gas. Y después le dice: "Señor panadero, todo lo que usted gane, para su bolsillo".
Exactamente eso ocurre en la educación en Chile.
Y digo aquello porque algunos señalan: "No. ¡Por favor! Se puede lucrar. Si se lucra en el agua potable, por qué no en la educación".
Claro: cuando el Primer Mandatario manifiesta que la educación es un bien de consumo, de alguna manera está permitido decir cualquier cosa.
Señor Presidente , lo cierto es que tenemos que reorientar esta discusión hacia donde corresponde. Estamos hablando de un derecho esencial. Probablemente, después del derecho a la vida, es de los derechos más importantes. Se trata de un derecho universal, consagrado en todos los instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito.
Por lo tanto, el lucro -la maximización de la utilidad- claramente debiera estar prohibido.
Pero la subvención, no. Muy por el contrario. En la última discusión del Presupuesto, como los señores Senadores saben, la subvención general aumentó en 8 por ciento. Y eso es muy importante.
Señor Presidente , anoche la Comisión de Educación aprobó en general y particular un proyecto, iniciado por la Diputada María José Hoffmann , Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, destinado a poner más transparencia a la subvención escolar preferencial.
Nos parece muy bien. Y todos los votos de la Oposición estuvieron disponibles para aprobar en general esa iniciativa, que pronto llegará a la Sala.
Entonces, ¿por qué si es tan bueno regular la SEP -nadie discute que es uno de los instrumentos que más han contribuido a mejorar la calidad del aprendizaje- se sigue dejando la mitad de la subvención que reciben todos los establecimientos de Chile adscritos a ese régimen (municipales, particulares subvencionados) como un verdadero fondo de libre disposición?
Aquí hay Ministros, señor Presidente . Ellos no tienen hoy un fondo de libre disposición. Tampoco los intendentes y otras autoridades. Ni el Presidente , quien administra recursos fiscales.
¿Por qué, entonces, los sostenedores de la educación pueden seguir contando con un fondo de libre disposición? ¿Por qué pueden decidir, por ejemplo, si ganar 8 millones en octubre y 14 millones en febrero? ¿Por qué eso tiene que quedar a su arbitrio? ¿Por qué no puede regularse?
Entonces, además de este proyecto -reitero que ha sido impulsado por el Senador Letelier y otros colegas-, hemos iniciado un diálogo transversal (a ratos no ha sido bien comprendido, incluso en nuestro propio sector) con los Senadores señora Lily Pérez y señores Cantero , Bianchi , Zaldívar , Letelier e Ignacio Walker . ¿Qué buscamos en definitiva? Solo mayor transparencia. Y ello será materia de una indicación posterior en la Comisión de Educación.
En consecuencia, lo que estamos exigiéndoles a todos los sectores del quehacer nacional -incluido el económico- y a todas las autoridades públicas, ¿por qué no podemos exigírselo a quienes reciben hoy fondos públicos y tienen nada menos que la misión de entregar conocimiento, impartir educación en nuestro país?
Señor Presidente , partí con la educación superior. Empero, la idea de impedir que se lucre con fondos públicos y lograr que estos se reinviertan en los procesos pedagógicos, en equipamiento, etcétera, cubre todo el espectro del sistema educacional.
A veces se habla mucho de calidad. Bueno: ¡esto es calidad!
Por consiguiente, lo único que pedimos es que se transparenten los fondos. A lo mejor algunos señores Senadores no lo saben. Pero, por ejemplo, un sostenedor puede decir: "Gasté 5 millones en tiza," -y, de hecho, cientos lo hacen en todo el país- "6 millones en cuadernos". ¡Y no se le pide ni una sola boleta!
Eso es, señor Presidente, lo que estamos solicitando en materia de subvención general: que se rinda cuenta.
Por supuesto, habrá gastos de administración; pago de remuneraciones al personal docente y a directivos y asistentes de la educación; adquisición de toda clase de materiales, elementos didácticos, insumos complementarios, etcétera.
Señor Presidente, yo siento que se ha intentado satanizar este proyecto, en circunstancias de que solo se trata de dar mayor transparencia en la materia.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente , es deber del Estado garantizar una educación pública y privada de calidad en condiciones de equidad para todos.
Creo que difícilmente alguien podría oponerse a ese concepto, que tal vez debiera constituirse en la base de un gran acuerdo nacional en torno a la educación.
¿Y qué hace este proyecto como uno de los aspectos de lo señalado anteriormente? Prohíbe el lucro con fondos públicos en la educación.
No prohíbe el lucro en sí, sino el lucro con fondos públicos. Y no en cualquier ámbito: en la educación. No en construcción de viviendas, de carreteras; no en concesiones. Estamos hablando de la educación, que es un bien público.
La educación, la salud, la previsión, el trabajo, la vivienda son derechos humanos fundamentales de tipo social. Yo prefiero denominarlos "bienes públicos".
Ciertamente, la educación se puede proveer o financiar por el sector público y por el privado.
Yo creo en una educación pública de calidad y en una educación privada de calidad; en una educación mixta que sepa conciliar el derecho con la libertad de enseñanza. Y un aspecto fundamental de la libertad de enseñanza es la existencia de la educación particular subvencionada.
El 55 por ciento de la educación que se imparte hoy día en Chile es particular subvencionada; el 8 por ciento, particular pagada, y el 37 por ciento, pública de tipo municipal.
Entonces, uno de los aspectos de la garantía por parte del Estado de una educación de calidad en condiciones de equidad es el lucro.
¿En qué sentido?
En el ámbito universitario la ley ya existe; todos lo sabemos. Otra cosa es si se cumple o no. Ahí están las sociedades espejo, la Superintendencia de Educación Superior. Pero hoy día la ley prohíbe el lucro en materia universitaria.
Por lo tanto, habrá que ver lo concerniente a los centros de formación técnica e institutos superiores. De hecho, hoy día estuvimos analizando esa materia en la Comisión de Educación.
¿Qué es lo importante, señor Presidente ? Aplicar tal principio sobre todo en el ámbito de las educaciones básica y media.
Muchos creemos que hay tres cosas que el 92 por ciento de los sostenedores de establecimientos educacionales que reciben subvención (particulares, 55 por ciento; público-municipales, 37 por ciento) no debieran poder hacer.
Primero: seleccionar alumnos.
Ahí está la Ley General de Educación; aprobamos ese principio. Hay que ver si se cumple. Lo más probable es que no se cumpla, al menos en su espíritu. Pero un establecimiento que recibe fondos públicos no debiera seleccionar.
Segundo: no lucrar en educación con fondos públicos.
Y tercero: evitar el financiamiento compartido, institución que introdujo la Concertación en 1993-1994.
Supongamos que aumentamos la subvención al modelo de educación de calidad -a propósito, este Gobierno está en deuda; porque en el Protocolo de enero último convinimos que en julio siguiente tendría que haber entregado ese modelo, y no lo ha hecho- y decimos que aquella debe ser de 100 mil pesos en el 92 por ciento de los educandos que la reciben. En la medida que nos acercáramos a la subvención óptima de una escuela de calidad, tendríamos que, en forma inversamente proporcional, ir eliminando el financiamiento compartido, porque, sin duda, no se justificaría.
Repito: no seleccionar, no lucrar, evitar el financiamiento compartido.
¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos "No al lucro con fondos públicos en educaciones básica y media"? A algo muy sencillo: a que los recursos fiscales que se transfieren a la escuela subvencionada vayan íntegramente al proyecto educativo, al establecimiento educacional.
Eso es lo que estamos proponiendo en esta minuta, que suscribimos siete Senadores, de Gobierno y de Oposición: Juan Pablo Letelier , Jaime Quintana , Andrés Zaldívar , Ignacio Walker (este modesto servidor), Lily Pérez , Carlos Cantero y Carlos Bianchi .
Transversalidad. No es Oposición contra Gobierno ni Gobierno contra Oposición. Intentamos constituirnos en un germen que permita un acuerdo para resolver que en educación no se lucre con fondos públicos.
¿Qué planteamos? Que la totalidad de los 6 mil millones de dólares que se transfieren anualmente a la educación subvencionada y pública municipal -de más está decirlo: sobre todo, a la particular subvencionada- vayan íntegramente al proyecto educativo y no al bolsillo del sostenedor.
¿Por qué? Porque la subvención establecida por el Estado se dirige al alumno -¡esa es la subvención!-, no al sostenedor, quien la administra. El beneficio debe apuntar al educando y al proyecto educativo o al establecimiento.
Entonces, ¿qué se puede hacer con ella? Pagar remuneraciones al personal docente, directivo, paradocente; adquirir materiales, recursos didácticos, insumos complementarios; comprar o arrendar inmuebles. Obviamente, se puede invertir en educación y recuperar la inversión.
Lo que proponemos siete Senadores, de un grupo transversal, es pura sensatez.
En síntesis ¿cuál es el gran cambio? Que la subvención deje de ser, como hasta ahora, de libre disposición del sostenedor. ¡Mire qué sencillo! Que se regule un mercado desregulado, como el de la educación, y que la ley garantice -y se pueda, por lo tanto, fiscalizar, efecto para el cual creamos en mayo pasado la Superintendencia- que los recursos públicos, ascendentes a 6 mil millones de dólares anuales, que se destinan, vía subvención, a la enseñanza privada, se orienten al proyecto educativo, al alumno, al establecimiento, y no al sostenedor que los administra.
Entonces, no hay ninguna razón para tender una suerte de manto de sospecha o crear una campaña del terror en el sentido de que queremos terminar con la educación particular. Falso. Ella ha aumentado. Recordemos que, en 1990, el 60 por ciento de los alumnos se hallaba en la educación pública y que ahora se llega a 37 por ciento.
Y menos aún tratándose de la particular subvencionada.
Por lo tanto, ¿qué pueden hacer los actuales sostenedores privados? Asumir una de las siguientes tres alternativas.
La primera es transformarse en una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, es decir, en corporaciones o fundaciones. Si esta no es una novedad terrible. Un tercio de la educación particular subvencionada registra hoy esa modalidad.
Segunda, adscribirse al modelo de corporación educacional que creará la ley en proyecto, cuya idea de legislar estamos discutiendo.
Tercera, perder la exención tributaria, si bien pueden mantener su carácter privado, incluidas las sociedades comerciales. ¡Lógico! Si permanecen como sociedades comerciales, o sea, personas jurídicas de derecho privado que persiguen fines de lucro, que dejen de percibir el beneficio que les confiere el artículo 5° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998.
Eso estamos proponiendo.
¿Expropiación a quién? A nadie.
¿Eliminación de la educación privada? En ningún sentido. Para que exista libertad de enseñanza tiene que haber educación particular subvencionada.
Lo que estamos exponiendo, en consecuencia, es que el Congreso Nacional, como instancia republicana y democrática, se aboque a la idea de un cambio estructural que signifique un nuevo acuerdo social y político en orden a la prohibición de lucrar con fondos públicos en educación; que las subvenciones dejen de ser de libre disposición de los sostenedores privados y que su destinación sea regulada por ley.
En tal sentido, quiero resaltar -con esto termino, señor Presidente - el hecho de que una moción de la cual Su Señoría es autor puede devenir en un acuerdo muy transversal. Es el caso de los siete Senadores que hemos dado a conocer una minuta que aspiramos a que se transforme en una indicación sustitutiva del proyecto, a fin de que se pueda garantizar a todos -porque es deber del Estado hacerlo- una educación de calidad y con equidad, una buena enseñanza tanto pública como particular y que la gente pueda elegir. Porque el 37 por ciento de la población no cuenta hoy con los 5 mil o 10 mil pesos que permiten acceder a una educación particular subvencionada.
Por eso, en esta votación...
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Se le concede un minuto adicional.
El señor WALKER (don Ignacio).- Gracias.
Decía que en la votación con motivo de la idea de legislar ojalá logremos el mayor acuerdo posible para poder acceder a uno de los requisitos de la educación de calidad en condiciones de equidad: terminar, suprimir, el lucro con fondos públicos en materia educacional.
Creo que el proyecto que nos ocupa puede ser el germen -y debe serlo- de un cambio estructural en este ámbito, que haga posible verdaderamente que el Estado garantice una educación de calidad en condiciones de equidad. La idea es asegurar, por cierto, que ella sea un bien público, con provisión y financiamiento estatal y privado, y que se concilie el derecho a la educación con la libertad de enseñanza.
He dicho.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Quiero plantear una cuestión de Reglamento.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , el Orden del Día comprende el proyecto que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales, calificado con urgencia de "discusión inmediata". Le consulto cuántos señores Senadores se han inscrito para intervenir respecto del asunto en examen, porque, en el caso de terminar a las 20, se tendría que citar a sesión para mañana o pasado mañana a fin de tratar esa otra iniciativa.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Esa no es una cuestión de Reglamento, señor Senador.
Ya se pidió la unanimidad al respecto y no se dio.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Se le quitó la "discusión inmediata"?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- No.
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , el proyecto de ley aborda un punto esencial si queremos que se lleve a la práctica lo que establece la Constitución Política de la República en el número 10° del artículo 19, o sea, el derecho a la educación. Pienso que todos los presentes hemos constatado en la realidad que el Estado debe hacer una mayor inversión en ese ámbito, pero también que una parte sustantiva de los recursos respectivos no se destinan finalmente a dicho objeto.
Y lo anterior ocurre tanto en la educación pública municipalizada como en la particular subvencionada.
Digo ello porque quiero despejar desde el comienzo el prejuicio de que media simplemente una añoranza de estatismos superados.
En la Región de Los Lagos es un hecho de público conocimiento que es tanta la contratación de personal para servicios auxiliares o administrativos que se podría establecer un turno de mañana y tarde de una auxiliar por sala de clases. Ello significa claramente que la autoridad edilicia ha hecho completo abuso y dejación de su responsabilidad en función de la educación.
Y lo mismo está sucediendo con la educación particular subvencionada: los recursos que destina el Estado caen allí como si se tratara de un negocio más o de un mercado como cualquier otro.
Sin embargo, los sostenedores privados debieran concordar con quienes impulsamos el proyecto de ley en que ellos se diferencian de cualquier otro empresario por no hacer ningún tipo de rendición.
Las rendiciones en educación fueron incluidas en la iniciativa sobre la subvención escolar preferencial, de 2008, enviada por la Presidenta Bachelet . Afortunadamente, ha quedado establecido que es necesario y posible hacerlas en cuanto a la utilización de estos recursos y que no afecta a nadie, ni mucho menos a los niños, el que se sepa qué se hace con ellos. La experiencia en la subvención indica con claridad la conveniencia del rendimiento.
Los empresarios que lucran con la educación han encontrado en el sistema actual un mecanismo eficaz para evadir el pago de tributos, pues no se hallan afectos al impuesto de primera categoría, es decir, a la renta de capital, en circunstancias de que la actividad de que se trata constituye una de las vías más efectivas para obtener ganancias y rentabilidades exorbitantes.
Entonces, si queremos condenar a la educación a un progresivo debilitamiento, a una pérdida de prestigio y legitimidad; si queremos que continúe segregando seriamente a los niños y estudiantes de nuestra sociedad, en ese caso no vale la pena, como es lógico, aprobar el proyecto de ley.
Pero si mantenemos un compromiso con el derecho a la educación; si consideramos que esta última es un bien público indispensable para la cohesión social, para conservar el sentido de identidad nacional, para entregar herramientas que se encaminen efectivamente en la dirección del ejercicio de la igualdad de oportunidades; si creemos que el número 10º del artículo 19 de la Constitución contiene un concepto real que se debe respetar, entonces, desde nuestro punto de vista, debiéramos aprobar la iniciativa y hacer imposible que con recursos públicos se lucre en la educación.
El anterior ha sido, tal vez, uno de los hechos que han generado una de las consecuencias más imprevistas por sus propios autores. Me parece que quien ideó el sistema de la subvención escolar no pensó en que la educación se iba a transformar en un mercado más y en que, en este momento, sobre dos tercios del sistema educacional corresponden al sector privado, sin ningún tipo de regulación, desde el punto de vista de la utilización de los recursos empleados. Si hay un ámbito en el que ello se desnaturalizó y distorsionó por completo es ese.
Por lo tanto, entiendo que nuestra responsabilidad es iniciar un camino de retorno, que no será breve ni pasajero -posiblemente, constituirá el resultado de múltiples esfuerzos, que traspasarán incluso los límites entre un Gobierno y otro-, con el propósito de restablecer un sistema educacional de calidad y que les entregue a los niños herramientas no exactamente iguales, sino similares. Para ello, los recursos destinados por el Estado a la educación tienen que utilizarse exclusivamente en ella y no para fines de lucro, lo cual carece de regulación.
Por lo tanto, apoyaremos el proyecto de ley y esperamos contar con la mayoría suficiente para aprobarlo en el Senado de la República.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , bien valía la pena hacer una breve reseña de por qué estamos discutiendo la iniciativa en estudio, de por qué hay quienes pensamos que no puede haber lucro con fondos públicos.
Hoy en la mañana nos reunimos con los Rectores de dos universidades: la de Santo Tomás y la de Las Américas.
En la Ley General de Educación, antes Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, se ha establecido con claridad que en la educación superior se halla prohibido el lucro. Es decir, ni los institutos ni las universidades pueden perseguirlo. Y, en ese mercado, que hoy día alcanza a un millón de estudiantes, el 55 por ciento asiste a universidades privadas, las cuales, en los hechos, tienen fines de lucro.
Así lo han reconocido sus propios rectores. Así lo hemos evaluado con María Olivia Mönckeberg , siendo un clásico a estas alturas su libro sobre el funcionamiento de los planteles de enseñanza superior privada.
El país se convulsionó con una demanda estudiantil: "No al lucro en la educación superior"; "No al lucro con recursos públicos en la enseñanza básica y media a través del sistema de subvenciones".
Ese es el debate que se ha dado a nivel nacional. Ese es el debate que puso a Chile en el concierto internacional, llevando incluso a Camila Vallejo, entonces Presidenta de la FECh, a ser destacada como el personaje del año.
Con el inicio de la presente discusión estamos intentando determinar un modelo de educación que centre sus esfuerzos en la calidad y no en el lucro. Porque, en materia de educación superior, todos los estudios, todas las evaluaciones y el ranking de las 500 universidades más importantes del mundo -las Universidades Católica y de Chile se encuentran situadas cerca del lugar 480- permiten comprobar que ninguna de las que exhiben una mayor calidad, como Cambridge, Harvard, Princeton, persigue fines de lucro.
El concepto de universidad incorpora, por cierto, la docencia, la investigación y la extensión. Los rectores con quienes nos reunimos en la mañana nos expresaron que en sus planteles no se hacía investigación ni extensión, sino únicamente docencia. Esa es la definición de la universidad a la cual nos estamos dirigiendo.
En materia de educación básica y media, que concentra a tres millones y medio de estudiantes, se ha generado el lucro que el sistema permite y se han organizado corporaciones educacionales, con múltiples establecimientos.
Y más del 70 por ciento corresponde a un solo propietario, ya sea profesores o pequeños empresarios, con relación a lo cual deseo advertir que no buscamos terminar con esos colegios. Solo quisiera manifestar que podrán seguirlos administrando, pero que, cuando se registre una utilidad que supere la necesaria para la inversión en el bien deseado, ello se reinvierta en el establecimiento educacional. Se puede tener derecho a una utilidad justa, a lo requerido para solventar el gasto de funcionamiento de una unidad educativa. Estamos planteando que no haya lucro con recursos públicos.
Por cierto, continuarán existiendo un servicio privado pagado, un servicio público gratuito y un servicio privado subvencionado. La primera modalidad comprende el 5 por ciento de los estudiantes. El municipalizado gratuito se halla bajo el 30 por ciento. Y más de 60 por ciento corresponde a los particulares subvencionados.
El asunto no debiera alarmar ni provocar temor. Por el contrario, deberíamos iniciar hoy día un camino de evaluación de cuál es el modelo para lograr una educación de calidad y que pueda eliminar un elemento que se distorsionó, como aquí se expuso, y que, en definitiva, ha traído consecuencias negativas. Nadie se halla en condiciones de afirmar que el lucro ha sido beneficioso para la educación en Chile. Al contrario, la OCDE ha dicho que en nuestro país se ha instalado un modelo, conscientemente establecido, de educación acorde con las clases sociales. Eso es lo que queremos evitar con el proyecto de ley al erradicar el lucro con recursos públicos.
Nos encontramos en la discusión general, señor Presidente. Espero que haya oportunidad de poder escuchar...
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto para concluir.
El señor NAVARRO.- Puede parecer hasta irónico que después de casi seis o siete meses de paralizaciones haya todavía 40 liceos tomados solo en la Región Metropolitana. Esos estudiantes asumieron la pérdida del año. Miles y miles de ellos lo sacrificaron por una lucha que creo justa. Y también lo estima así el país, ya que el 80 por ciento de los chilenos está de acuerdo con la gratuidad en la educación.
Este es el debate más importante de 2011. Lo llevamos a cabo en la última semana de sesiones del Senado, pero va a continuar en enero. Solo espero comprensión, tolerancia, racionalidad de nuestros colegas de la Derecha para entender que el fenómeno que nos hallamos evaluando tiene un solo objetivo: mejorar la calidad. La idea es establecer en educación un modelo de funcionamiento que nos asemeje a la OCDE, cuyos estándares Chile está muy lejos de cumplir. Ese es el proceso.
Y espero, señor Presidente, que este proyecto sea aprobado en el Senado.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra...
--(Manifestaciones en tribunas).
Llamo la atención al público de las tribunas. No se puede interrumpir.
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente , por fin estamos llegando a una de las materias que han concitado gran atención en nosotros como Senadores y Senadoras y en la opinión pública durante el año 2011, que ya termina.
Me parece importante poner el acento en varias cosas.
Ya el Senador Ignacio Walker explicó el contenido de las indicaciones sustitutivas que hemos trabajado con un grupo transversal de Senadores y Senadoras.
Pero me parece importante señalar, por ejemplo, que ningún sector político tiene patrimonio sobre la educación, al igual que respecto de ningún tema. La transversalidad me parece un valor significativo.
En segundo lugar, en materia de educación ni el Estado resuelve todo, ni tampoco el mercado. Por lo mismo, estoy de acuerdo cuando se habla de una sociedad docente. Pero de una en la que existan reglas del juego claras. Donde, por ejemplo, esté debidamente definido que los dueños de la subvención escolar son los estudiantes, sus familias, y no los propietarios de los establecimientos educacionales.
Durante la discusión del presente año se han manifestado muchísimas cosas.
Una de ellas -un Senador lo mencionó anteriormente- dice relación con que este proyecto busca poner fin a los establecimientos particulares subvencionados. Jamás una iniciativa de esa naturaleza contaría con los votos favorables de los Senadores Cantero y Horvath, ni con el mío. Pero sí estamos disponibles para dar luz verde y entregar una señal relativa al término del lucro con fondos del Estado. Si un privado quiere lucrar con recursos propios, está dentro de las reglas del juego y son platas de él. Pero Chile es el único país del mundo donde con fondos del Estado se permite el abuso de la ganancia.
No nos equivoquemos. Algunos aluden a la Real Academia Española y se van a la definición. La gente es mucho más sabia e intuitiva: lucro es el abuso de la ganancia. Cuando se paga la planilla de directores de un colegio, del profesorado, de los auxiliares; cuando se cancela la mantención de infraestructura, eso no es lucro. Ello corresponde al pago para el funcionamiento y la ganancia que ha de tener un colegio que recibe aporte de privados. El lucro es el abuso de la ganancia.
En tal sentido, me voy a ir a un asunto de principios.
Mucho se ha invocado aquí al Centro de Estudios Públicos. He leído innumerables alusiones a encuestas realizadas por el CEP. ¿Y qué ha dicho el Director de este organismo? Arturo Fontaine manifestó que el lucro no puede ni debe ser permitido en instituciones educacionales que reciben subsidios del Estado. ¡Más claro que el agua!
¿Por qué lo cito? Porque hay gente de nuestro sector -por eso digo que nos encontramos ante un tema transversal, que no es patrimonio de algún sector político- que considera que las personas de centroderecha no podrían estar en contra del lucro, por el contrario, debieran defenderlo.
Y para los que sostienen eso quiero citar a uno de los padres del modelo neoliberal de mercado, el economista liberal Friedrich von Hayek , quien en 1974, en Camino de servidumbre, un libro que muchos de nosotros conocemos, señaló en forma textual: "En ningún sistema que pueda ser defendido racionalmente el Estado carecerá de todo quehacer. Un eficaz sistema de competencia necesita, tanto como cualquier otro, una estructura legal inteligentemente trazada y ajustada continuamente. Sólo el requisito más esencial para su buen funcionamiento, la prevención del fraude y el abuso (incluida en éste la explotación de la ignorancia), proporciona un gran objetivo (...) para la actividad legisladora".
Es decir, quienes creemos en la libre competencia, en la educación mixta, donde los privados deben hacer un aporte y el Estado también tiene un rol importante que cumplir, pensamos que ha de existir una férrea y fuerte fiscalización, supervisión, supervigilancia, y que los padres y los estudiantes deben disponer de un real derecho a elegir. Y esto último se logra con información y con transparencia.
No es posible que no haya reinversión en educación cuando existen recursos del Estado involucrados. Reitero: los excedentes deben ser reinvertidos en educación.
En consecuencia, vamos a dar luz verde a este proyecto, para después elaborar su arquitectura interior, con todas las indicaciones sustitutivas que hemos trabajado durante meses.
Por lo expuesto, concurriré con mi voto favorable a la iniciativa.
He dicho.
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El señor COLOMA.- Señor Presidente, cuestión de Reglamento.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , en la tabla aparece con urgencia de "discusión inmediata" el proyecto que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales.
Como veo que el debate va para largo y es importante, quiero solicitar que se recabe el acuerdo de la Sala para la siguiente sugerencia: que tratemos y despachemos la iniciativa individualizada el martes 3 de enero, suponiendo que el Ejecutivo retire la urgencia. Y que, desde ya, adquiramos el compromiso de que el plazo para presentar indicaciones se extienda hasta el 9 de enero, a fin de aprobar el proyecto con velocidad, porque es relevante.
De accederse a mi propuesta, podríamos cumplir con los compromisos y avanzar en la iniciativa.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se acogerá la proposición del Honorable señor Coloma.
--Así se acuerda.
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente , hace bastante tiempo que deseábamos que en la Sala se pudiera discutir este proyecto. Por cierto, no es el único. Yo felicito a sus autores, sobre todo por la transversalidad, lo que demuestra que este tema no es tan ideologizado, como algunos han tratado de caricaturizarlo, sino que hablamos de una mirada, una concepción, una forma de pensar cómo debe verse en un país la educación.
Nosotros hubiésemos querido que esta iniciativa se tratara antes, al igual que otras que desde hace bastante rato hemos estado esperando para pronunciarnos en la Sala.
Finalmente, lo que importa es que por fin ha llegado el momento de poder tratar un proyecto que se preocupa de cómo terminar -eso se ha señalado en forma reiterada- con el lucro -entendiéndolo como acumulación, reparto, capitalización de ganancias- a nivel de la educación escolar y de la superior. Por cierto, en este último caso está prohibido, pero todos conocemos la realidad.
La iniciativa en análisis ha adquirido más relevancia que nunca a raíz de todo lo que ha transcurrido en estos largos siete meses de movilización, que aún no ha terminado y que se encuentra lejos de concluir. Y todavía está pendiente saber cuáles serán las verdaderas reformas estructurales para nuestro sistema educativo, que por desgracia -lo hemos dicho tantas veces- es uno de los más desregulados, segregadores. Este no asegura la calidad. Y, lo que es peor, en el sistema de educación superior, estando prohibido expresamente el lucro, todos sabemos que existe.
Por lo tanto, es muy importante saber si el Senado tendrá la capacidad de enviar una señal mediante la cual mostremos inquietud en orden a si un país que no posee -se ha alegado mucho, y más todavía con un incierto panorama internacional- recursos infinitos está dispuesto a que la educación siga siendo un bien de mercado, como se constituyó, y no se cumpla con un objetivo básico: mirarla como un bien público y un derecho fundamental garantizado por el Estado.
Señor Presidente, duele pensar que por sucesivas deformaciones de este sistema tan desregulado no hayamos logrado asegurar una educación de calidad. Por cierto, hemos aumentado la cobertura de la educación en todos los niveles, aunque nos falta desarrollar la preescolar, que es fundamental. Pero no hemos conseguido asegurar su calidad.
Lo más grave es que no solo no logramos asegurar y garantizar la calidad, sino que, además, ni siquiera conseguimos derribar ciertos mitos. Por ejemplo, se nos ha querido convencer de que la educación pública es sinónimo de mala calidad, y la de los colegios privados y particulares subvencionados, de buena calidad.
Sin embargo, los estudios no demuestran eso. Efectivamente, hay escuelas municipalizadas de buena calidad y particulares subvencionadas que no lo son.
Por consiguiente, aquella afirmación sostenida reiteradamente ni siquiera está comprobada.
Además, duele constatar que así como no se respeta el fin del lucro en la educación superior y no hemos tenido la capacidad de fiscalizar, regular y hacer que se cumpla la ley, hemos llegado a algo más grave todavía: se cobran los aranceles más caros del mundo en proporción a nuestro ingreso per cápita. Y esto sí que es doloroso, porque lo único que conseguimos con ello es que las familias chilenas terminen muy endeudadas.
Hay un artículo de CIPER -les recomiendo a mis colegas que lo lean- llamado "Cómo lucran las universidades que por ley no deben lucrar". En él se hace un largo historial de casos, y solamente voy a citar uno.
" Natalia Carrizo (26 años) estudió arquitectura en la Universidad Las Américas y debe $11 millones. El pago de su crédito lo pactó en 143 cuotas mensuales de $153 mil, que deberá pagar hasta el año 2021. Natalia tendrá 36 años para esa fecha y si no se atrasa, habrá pagado el doble de su deuda inicial: $21 millones. Ella cree que no podrá mantener el ritmo.
"Ahora está cesante y ya figura en Dicom, igual que su padre quien la avaló en ese crédito. Por si fuera poco tiene una segunda deuda, con CORFO, la que adquirió para pagar el primer año de su carrera. De ese préstamo prefiere no saber nada porque después de cancelar $1 millón 200 mil, le dijeron que solo había pagado los intereses y que la deuda seguía siendo de $2 millones 900 mil, como al principio".
La historia económica de Natalia es una de las explicaciones de por qué el movimiento estudiantil se ha mantenido a lo largo de estos siete meses con un tremendo apoyo ciudadano, y por qué la gran mayoría de la población se ha sentido identificada con una protesta que va al núcleo del problema con su consigna "No al lucro", mediante la cual se pone de manifiesto esta situación extraordinariamente injusta.
Por otra parte, esta mañana tuve la oportunidad de concurrir a la Comisión de Educación y quedé más preocupada todavía.
Asimismo, leí otros artículos aparecidos en la prensa. Por ejemplo, se ha informado que el Grupo Hurtado y Linzor Capital acordaron comprar el 57 por ciento de la Universidad Santo Tomás en 38 mil millones de pesos; cerca de 12 por ciento más que la oferta inicial.
Repito: ¡38 mil millones de pesos!
Esta Universidad empezó como un pequeño grupo familiar -que dramáticamente salió en la prensa; todos conocemos lo sucedido al señor Rocha -, y se vende ahora en 38 mil millones de pesos, cuando se supone que no persigue fines de lucro.
Cabe preguntarse, entonces -debo reconocer que me duele pensarlo-, cómo en todos estos años no fuimos capaces de tener lucidez para darnos cuenta de que se estaba burlando la ley; que se estaban ocultando utilidades a través de sociedades espejo; que se hacían negocios, y que algunas familias que invirtieron en educación superior lograron acumular capitales realmente exorbitantes. Y, como contrapartida de esto, tenemos a estudiantes y sus familias completamente endeudados.
Por ello, uno empieza a entender la vitalidad y la fuerza de este movimiento estudiantil, y por qué, incluso, algunos jóvenes sacrificaron el año escolar, pues están repitiendo, y por qué sus familias los han apoyado pese al dolor y a lo que tal situación pueda significarles.
El Rector de la Universidad Santo Tomás reconoció que la familia partió invirtiendo parte de su patrimonio y, hoy día, efectivamente, se habla de cifras siderales que sorprenden y chocan. En verdad, hay que preguntarse cuánto tiempo han venido deformando, escabullendo, omitiendo lo que establece expresamente la ley: la prohibición del lucro, logrando amasar una fortuna a costa de los chilenos.
Chile, lamentablemente, tiene un récord que no nos enorgullece: ser uno de los países que menos invierten en educación primaria y terciaria, en comparación al promedio de los que integran la OCDE. El gasto privado en educación primaria y secundaria alcanza al 20 por ciento, mientras que en la universitaria somos campeones mundiales, al llegar a cerca del 85 por ciento.
Es decir, no se ha logrado que el Estado asuma que debe garantizar la educación como un bien público, partiendo de la preescolar. Y tampoco ha entendido que debe estar presente y contar con todos los instrumentos para que exista más transparencia, mayor fiscalización y mejor uso de los recursos, para dar, alguna vez, el salto cualitativo que esperamos: entregar educación de calidad, que se inicie en la etapa preescolar, que siga en el nivel escolar, que sea trasparente, que sea de calidad, que no sea segregadora y que sea regulada por el Estado desde la educación básica a la superior.
Resulta dramático seguir revisando las cifras.
Insisto en recomendar la lectura de lo que aparece en El Mostrador, en La Tercera, en la investigación de CIPER, lo cual nos demuestra cómo se han realizado negocios con sociedades espejo, a través de empresas inmobiliarias. Hoy les reconocí a los rectores que el mejor negocio ha sido el de las sociedades inmobiliarias, porque ha permitido amasar las fortunas a las que me referí, como contrapartida de lo cual tenemos una educación que dista mucho de dejarnos satisfechos, a pesar de haber logrado mayor cobertura e invertir en ella.
Lo que deseamos es otra cosa: que la educación sea efectivamente un bien público y no un elemento del mercado. No queremos que se beneficien solo unos pocos y que se siga segregando.
Por eso, señor Presidente, pienso que esto es un gran desafío para el Senado.
Espero que los colegas muestren que, efectivamente, tienen la voluntad y la disposición de cambiar la situación existente. Este es un primer paso. Vendrán después otros instrumentos. Hay proyectos por discutir, entre los cuales existe uno relativo a la Superintendencia de Educación, que me gustaría que de verdad cumpliera su rol fiscalizador. Porque hoy me dejó preocupada lo que se señaló en la Comisión de Educación. Considero que su texto no está suficientemente bien enfocado, y deseo que sí lo sea para impedir lo que escuchamos en voz de los rectores.
Y con razón comenté, con franqueza, con respeto, que una empieza a desconfiar al conocer las cifras siderales, el tremendo negocio que se realiza vendiendo y transando en el mercado instituciones que nacieron para entregar educación. De hecho, muchas de ellas ni siquiera se encuentran bien acreditadas, ni siquiera realizan labores de investigación o de extensión -ya termino, señor Presidente -, que, a mi juicio, también son muy importantes, de acuerdo con lo que se entiende por una institución de educación superior.
En suma, señor Presidente , llamo a mis colegas para que, en lo posible, seamos capaces de aprobar en general este proyecto, para demostrarle al país que todos estamos preocupados por caminar juntos hacia una educación de calidad, sin segregación y, realmente, no seguir permitiendo lo que hoy día ocurre: una educación que no cumple los estándares y, peor aún, en torno a la cual se realiza un negocio redondo, ya sea a nivel de la básica, media o superior.
Ojalá que avancemos en la línea indicada. Esta iniciativa representa un paso concreto que posibilita demostrarlo. Y deseo que, en el futuro, podamos conseguir aún mayor transparencia y regularización y, lo más relevante, una educación de calidad.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Hemos llegado a la hora fijada para el término del Orden del Día, y hay varios oradores registrados para intervenir.
El señor Secretario dará a conocer sus nombres.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Se trata de los Senadores señora Von Baer y señores Carlos Larraín, Sabag, Kuschel, Cantero, Letelier y Lagos.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Ellos quedarán inscritos para la próxima sesión en que continúe el debate de esta iniciativa, y además, podrán solicitar hacer uso de la palabra otros señores Senadores que así lo deseen.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.
"
- rdf:value = " PROHIBICIÓN DE APORTES ESTATALES A ENTIDADES CON FINES DE LUCRO EN EDUCACIÓN
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Letelier, Bianchi, Cantero, Escalona y Quintana, en primer trámite constitucional, que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7856-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Letelier, Bianchi, Cantero, Escalona y Quintana):
En primer trámite, sesión 42ª, en 10 de agosto de 2011.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 49ª, en 6 de septiembre de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- En el trámite ante la Comisión de Educación, adhirieron a esta iniciativa los Senadores señoras Allende, Pérez (doña Lily) y Rincón y señores Frei, Gómez, Girardi, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Ruiz-Esquide, Rossi, Sabag, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Los objetivos de este proyecto son prohibir los aportes estatales directos o indirectos a personas naturales o jurídicas que persigan fines de lucro en materia de educación escolar; prohibir que los centros de formación técnica y los institutos profesionales sean personas jurídicas con fines de lucro, y limitar las relaciones societarias que puedan tener las instituciones de educación superior con personas jurídicas que persigan fines de lucro.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología debatió esta iniciativa solamente en general, con el propósito de efectuar un análisis más profundo durante la discusión particular, y aprobó la idea de legislar por 4 votos a favor (Senadores señores Cantero, Navarro, Quintana e Ignacio Walker) y 1 en contra (Senadora señora Von Baer).
Cabe tener presente que para la aprobación de esta iniciativa se requieren 21 votos conformes.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Quintana, Presidente de la Comisión.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , no haré una relación como Presidente de la Comisión , sino que intervendré como autor de la iniciativa junto con numerosos otros colegas.
Se requería discutir este proyecto. Y resulta incomprensible que ello se logre solo hoy, después de cuatro meses de estar en tabla, en distintos lugares. Ello, porque no se le dio a la iniciativa la urgencia debida. En algunos casos, por razones muy justificadas; en otros, más bien como subterfugio (lo digo con toda claridad) del Ejecutivo para evitar su tratamiento.
Por lo tanto, estar discutiendo esta materia hoy día, en la última sesión del año, me parece un paso importante.
Pero habría sido mucho más relevante efectuar el debate cuando el proyecto se presentó, en el marco de las movilizaciones estudiantiles y (por qué no decirlo) en el contexto de la discusión del Presupuesto, lo que se intentó hacer.
Durante el debate presupuestario algunos Senadores señalaron que estábamos asistiendo a cambios estructurales en materia de educación.
Yo siento que no hemos arribado a ninguna reforma de fondo.
El propio Presidente Sebastián Piñera dijo acá, en la sesión de Congreso Pleno del 21 de mayo último, que este era el año de la reforma educacional. Y luego, en un programa de televisión, manifestó que se iban a realizar cambios estructurales.
La verdad es que nada de eso ha tenido lugar.
Creo que es muy significativa la discusión que tendremos ahora, porque esta puede ser la primera modificación de fondo, la que lleve a variar el eje de la conversación.
Quienes esta mañana estuvieron en la sesión de la Comisión de Educación -todos sus miembros titulares, más otros Senadores y Senadoras, como la señora Allende y el señor Gómez - presenciaron un debate que en parte apunta en aquella dirección.
Cabe recordar, a propósito de la iniciativa sobre Superintendencia de Educación Superior que el Ministro Bulnes envió al Senado, que en el mensaje del 21 de mayo el Presidente jamás planteó la posibilidad de un órgano de tal índole. En esa oportunidad se anunció una Subsecretaría.
Desde luego, valoramos la voluntad política del Gobierno para establecer un organismo regulador en esa materia. Pero debo puntualizar que la discusión de esta mañana se condujo por una vía diferente de lo que ocurre en la educación general, a cuyo respecto el año pasado se aprobó la ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y la Superintendencia respectiva. Ahí hay una estructura, una arquitectura orgánica. Pero ello no sucede en la educación superior, sobre la cual estamos discutiendo en torno a una Superintendencia cuyo foco (seamos claros) intenta dar respuesta a la cuestión del lucro. ¿En qué sentido? En el sentido de que la ley dice por un lado que no se puede lucrar y, sin embargo, todos sabemos que por la vía de las sociedades espejo se sigue haciendo.
Yo quiero señalar -no se halla en la Sala el Ministro de Educación- que no estoy disponible para aprobar en general el proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior, por necesario que sea, hasta que se desenmarañe el funcionamiento de las universidades. Porque hoy día tenemos planteles universitarios que son verdaderos palos blancos desde donde, como lo reconocieron algunos rectores esta mañana, se lucra por las vías de los fondos de inversión; de los institutos; de las sociedades relacionadas; de las sociedades espejo; de las inmobiliarias.
Entonces, señor Presidente , quise partir con este punto porque pone de manifiesto fundamentalmente la completa desregulación existente en el ámbito de la educación superior.
Y qué bueno que esté aquí el titular de Economía , pues esto tiene directa relación con los asuntos económicos.
Al Ministro Longueira lo hemos visto muy activo en las cuestiones regulatorias. Parece que, al respecto, en el ámbito educacional se requiere también "un Ministro Longueira muy dinámico".
Los rectores reconocieron esta mañana que son muchas las causas que tienen en el SERNAC. Pero la verdad es que, más allá de los cuestionamientos por publicidad engañosa, hay abuso en la forma como, pese a que la ley señala que ello no es lícito, se siguen repartiendo utilidades basadas en platas no reinvertidas.
En la educación general (enseñanzas básica y media), la situación es menos auspiciosa, no es más transparente. Al revés, yo diría que es ahí donde probablemente existe la mayor opacidad.
No olvidemos que en los últimos meses, a consecuencia del mero anuncio de que se presentaría este proyecto, impulsado por el Senador Letelier, se sucedieron en todo el país muchas reuniones de la parte interesada, o sea, de los establecimientos que lucran.
Recuerdo un debate habido en La Araucanía, al cual el Senador Tuma y yo no fuimos invitados, Y quiero ser muy categórico: ¡no fuimos invitados! Lo organizaron sostenedores de colegios particulares subvencionados. Durante él se dijo -hubo gente que se prestó para esta campaña del terror- que se iba a quitar la subvención si la iniciativa pertinente se aprobaba -en la Comisión de Educación, como se manifestó, ya fue acogida la idea de legislar por 4 votos a favor y 1 en contra- y, además, que se cerrarían colegios.
Entonces, los únicos que han abusado de todo esto son los dueños de los establecimientos particulares subvencionados.
Puedo aludir a uno de ellos con nombre y apellido.
En la ciudad de Temuco está el Liceo Camilo Henríquez , establecimiento de muy buena calidad. Aprovechándose de la situación -es uno de los colegios que han liderado el debate hasta ahora-, el sostenedor se permite subir los aranceles y las mensualidades que pagan los padres y familiares de los alumnos por la vía del financiamiento compartido, respecto del cual (diría yo) hay un consenso político con buena parte de la Alianza en cuanto a que debiera desaparecer.
Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Presidente ? Estamos hablando de algo que parece muy obvio: impedir el lucro con recursos públicos.
A propósito de las cuestiones económicas -recién estábamos en otro ámbito-, sabemos, por ejemplo, que al panadero de la esquina aquí, en la calle Victoria, el Estado no le paga la harina; ni el sueldo de sus empleados; ni la luz, el agua o el gas. Y después le dice: "Señor panadero, todo lo que usted gane, para su bolsillo".
Exactamente eso ocurre en la educación en Chile.
Y digo aquello porque algunos señalan: "No. ¡Por favor! Se puede lucrar. Si se lucra en el agua potable, por qué no en la educación".
Claro: cuando el Primer Mandatario manifiesta que la educación es un bien de consumo, de alguna manera está permitido decir cualquier cosa.
Señor Presidente , lo cierto es que tenemos que reorientar esta discusión hacia donde corresponde. Estamos hablando de un derecho esencial. Probablemente, después del derecho a la vida, es de los derechos más importantes. Se trata de un derecho universal, consagrado en todos los instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito.
Por lo tanto, el lucro -la maximización de la utilidad- claramente debiera estar prohibido.
Pero la subvención, no. Muy por el contrario. En la última discusión del Presupuesto, como los señores Senadores saben, la subvención general aumentó en 8 por ciento. Y eso es muy importante.
Señor Presidente , anoche la Comisión de Educación aprobó en general y particular un proyecto, iniciado por la Diputada María José Hoffmann , Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, destinado a poner más transparencia a la subvención escolar preferencial.
Nos parece muy bien. Y todos los votos de la Oposición estuvieron disponibles para aprobar en general esa iniciativa, que pronto llegará a la Sala.
Entonces, ¿por qué si es tan bueno regular la SEP -nadie discute que es uno de los instrumentos que más han contribuido a mejorar la calidad del aprendizaje- se sigue dejando la mitad de la subvención que reciben todos los establecimientos de Chile adscritos a ese régimen (municipales, particulares subvencionados) como un verdadero fondo de libre disposición?
Aquí hay Ministros, señor Presidente . Ellos no tienen hoy un fondo de libre disposición. Tampoco los intendentes y otras autoridades. Ni el Presidente , quien administra recursos fiscales.
¿Por qué, entonces, los sostenedores de la educación pueden seguir contando con un fondo de libre disposición? ¿Por qué pueden decidir, por ejemplo, si ganar 8 millones en octubre y 14 millones en febrero? ¿Por qué eso tiene que quedar a su arbitrio? ¿Por qué no puede regularse?
Entonces, además de este proyecto -reitero que ha sido impulsado por el Senador Letelier y otros colegas-, hemos iniciado un diálogo transversal (a ratos no ha sido bien comprendido, incluso en nuestro propio sector) con los Senadores señora Lily Pérez y señores Cantero , Bianchi , Zaldívar , Letelier e Ignacio Walker . ¿Qué buscamos en definitiva? Solo mayor transparencia. Y ello será materia de una indicación posterior en la Comisión de Educación.
En consecuencia, lo que estamos exigiéndoles a todos los sectores del quehacer nacional -incluido el económico- y a todas las autoridades públicas, ¿por qué no podemos exigírselo a quienes reciben hoy fondos públicos y tienen nada menos que la misión de entregar conocimiento, impartir educación en nuestro país?
Señor Presidente , partí con la educación superior. Empero, la idea de impedir que se lucre con fondos públicos y lograr que estos se reinviertan en los procesos pedagógicos, en equipamiento, etcétera, cubre todo el espectro del sistema educacional.
A veces se habla mucho de calidad. Bueno: ¡esto es calidad!
Por consiguiente, lo único que pedimos es que se transparenten los fondos. A lo mejor algunos señores Senadores no lo saben. Pero, por ejemplo, un sostenedor puede decir: "Gasté 5 millones en tiza," -y, de hecho, cientos lo hacen en todo el país- "6 millones en cuadernos". ¡Y no se le pide ni una sola boleta!
Eso es, señor Presidente, lo que estamos solicitando en materia de subvención general: que se rinda cuenta.
Por supuesto, habrá gastos de administración; pago de remuneraciones al personal docente y a directivos y asistentes de la educación; adquisición de toda clase de materiales, elementos didácticos, insumos complementarios, etcétera.
Señor Presidente, yo siento que se ha intentado satanizar este proyecto, en circunstancias de que solo se trata de dar mayor transparencia en la materia.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente , es deber del Estado garantizar una educación pública y privada de calidad en condiciones de equidad para todos.
Creo que difícilmente alguien podría oponerse a ese concepto, que tal vez debiera constituirse en la base de un gran acuerdo nacional en torno a la educación.
¿Y qué hace este proyecto como uno de los aspectos de lo señalado anteriormente? Prohíbe el lucro con fondos públicos en la educación.
No prohíbe el lucro en sí, sino el lucro con fondos públicos. Y no en cualquier ámbito: en la educación. No en construcción de viviendas, de carreteras; no en concesiones. Estamos hablando de la educación, que es un bien público.
La educación, la salud, la previsión, el trabajo, la vivienda son derechos humanos fundamentales de tipo social. Yo prefiero denominarlos "bienes públicos".
Ciertamente, la educación se puede proveer o financiar por el sector público y por el privado.
Yo creo en una educación pública de calidad y en una educación privada de calidad; en una educación mixta que sepa conciliar el derecho con la libertad de enseñanza. Y un aspecto fundamental de la libertad de enseñanza es la existencia de la educación particular subvencionada.
El 55 por ciento de la educación que se imparte hoy día en Chile es particular subvencionada; el 8 por ciento, particular pagada, y el 37 por ciento, pública de tipo municipal.
Entonces, uno de los aspectos de la garantía por parte del Estado de una educación de calidad en condiciones de equidad es el lucro.
¿En qué sentido?
En el ámbito universitario la ley ya existe; todos lo sabemos. Otra cosa es si se cumple o no. Ahí están las sociedades espejo, la Superintendencia de Educación Superior. Pero hoy día la ley prohíbe el lucro en materia universitaria.
Por lo tanto, habrá que ver lo concerniente a los centros de formación técnica e institutos superiores. De hecho, hoy día estuvimos analizando esa materia en la Comisión de Educación.
¿Qué es lo importante, señor Presidente ? Aplicar tal principio sobre todo en el ámbito de las educaciones básica y media.
Muchos creemos que hay tres cosas que el 92 por ciento de los sostenedores de establecimientos educacionales que reciben subvención (particulares, 55 por ciento; público-municipales, 37 por ciento) no debieran poder hacer.
Primero: seleccionar alumnos.
Ahí está la Ley General de Educación; aprobamos ese principio. Hay que ver si se cumple. Lo más probable es que no se cumpla, al menos en su espíritu. Pero un establecimiento que recibe fondos públicos no debiera seleccionar.
Segundo: no lucrar en educación con fondos públicos.
Y tercero: evitar el financiamiento compartido, institución que introdujo la Concertación en 1993-1994.
Supongamos que aumentamos la subvención al modelo de educación de calidad -a propósito, este Gobierno está en deuda; porque en el Protocolo de enero último convinimos que en julio siguiente tendría que haber entregado ese modelo, y no lo ha hecho- y decimos que aquella debe ser de 100 mil pesos en el 92 por ciento de los educandos que la reciben. En la medida que nos acercáramos a la subvención óptima de una escuela de calidad, tendríamos que, en forma inversamente proporcional, ir eliminando el financiamiento compartido, porque, sin duda, no se justificaría.
Repito: no seleccionar, no lucrar, evitar el financiamiento compartido.
¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos "No al lucro con fondos públicos en educaciones básica y media"? A algo muy sencillo: a que los recursos fiscales que se transfieren a la escuela subvencionada vayan íntegramente al proyecto educativo, al establecimiento educacional.
Eso es lo que estamos proponiendo en esta minuta, que suscribimos siete Senadores, de Gobierno y de Oposición: Juan Pablo Letelier , Jaime Quintana , Andrés Zaldívar , Ignacio Walker (este modesto servidor), Lily Pérez , Carlos Cantero y Carlos Bianchi .
Transversalidad. No es Oposición contra Gobierno ni Gobierno contra Oposición. Intentamos constituirnos en un germen que permita un acuerdo para resolver que en educación no se lucre con fondos públicos.
¿Qué planteamos? Que la totalidad de los 6 mil millones de dólares que se transfieren anualmente a la educación subvencionada y pública municipal -de más está decirlo: sobre todo, a la particular subvencionada- vayan íntegramente al proyecto educativo y no al bolsillo del sostenedor.
¿Por qué? Porque la subvención establecida por el Estado se dirige al alumno -¡esa es la subvención!-, no al sostenedor, quien la administra. El beneficio debe apuntar al educando y al proyecto educativo o al establecimiento.
Entonces, ¿qué se puede hacer con ella? Pagar remuneraciones al personal docente, directivo, paradocente; adquirir materiales, recursos didácticos, insumos complementarios; comprar o arrendar inmuebles. Obviamente, se puede invertir en educación y recuperar la inversión.
Lo que proponemos siete Senadores, de un grupo transversal, es pura sensatez.
En síntesis ¿cuál es el gran cambio? Que la subvención deje de ser, como hasta ahora, de libre disposición del sostenedor. ¡Mire qué sencillo! Que se regule un mercado desregulado, como el de la educación, y que la ley garantice -y se pueda, por lo tanto, fiscalizar, efecto para el cual creamos en mayo pasado la Superintendencia- que los recursos públicos, ascendentes a 6 mil millones de dólares anuales, que se destinan, vía subvención, a la enseñanza privada, se orienten al proyecto educativo, al alumno, al establecimiento, y no al sostenedor que los administra.
Entonces, no hay ninguna razón para tender una suerte de manto de sospecha o crear una campaña del terror en el sentido de que queremos terminar con la educación particular. Falso. Ella ha aumentado. Recordemos que, en 1990, el 60 por ciento de los alumnos se hallaba en la educación pública y que ahora se llega a 37 por ciento.
Y menos aún tratándose de la particular subvencionada.
Por lo tanto, ¿qué pueden hacer los actuales sostenedores privados? Asumir una de las siguientes tres alternativas.
La primera es transformarse en una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, es decir, en corporaciones o fundaciones. Si esta no es una novedad terrible. Un tercio de la educación particular subvencionada registra hoy esa modalidad.
Segunda, adscribirse al modelo de corporación educacional que creará la ley en proyecto, cuya idea de legislar estamos discutiendo.
Tercera, perder la exención tributaria, si bien pueden mantener su carácter privado, incluidas las sociedades comerciales. ¡Lógico! Si permanecen como sociedades comerciales, o sea, personas jurídicas de derecho privado que persiguen fines de lucro, que dejen de percibir el beneficio que les confiere el artículo 5° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998.
Eso estamos proponiendo.
¿Expropiación a quién? A nadie.
¿Eliminación de la educación privada? En ningún sentido. Para que exista libertad de enseñanza tiene que haber educación particular subvencionada.
Lo que estamos exponiendo, en consecuencia, es que el Congreso Nacional, como instancia republicana y democrática, se aboque a la idea de un cambio estructural que signifique un nuevo acuerdo social y político en orden a la prohibición de lucrar con fondos públicos en educación; que las subvenciones dejen de ser de libre disposición de los sostenedores privados y que su destinación sea regulada por ley.
En tal sentido, quiero resaltar -con esto termino, señor Presidente - el hecho de que una moción de la cual Su Señoría es autor puede devenir en un acuerdo muy transversal. Es el caso de los siete Senadores que hemos dado a conocer una minuta que aspiramos a que se transforme en una indicación sustitutiva del proyecto, a fin de que se pueda garantizar a todos -porque es deber del Estado hacerlo- una educación de calidad y con equidad, una buena enseñanza tanto pública como particular y que la gente pueda elegir. Porque el 37 por ciento de la población no cuenta hoy con los 5 mil o 10 mil pesos que permiten acceder a una educación particular subvencionada.
Por eso, en esta votación...
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Se le concede un minuto adicional.
El señor WALKER (don Ignacio).- Gracias.
Decía que en la votación con motivo de la idea de legislar ojalá logremos el mayor acuerdo posible para poder acceder a uno de los requisitos de la educación de calidad en condiciones de equidad: terminar, suprimir, el lucro con fondos públicos en materia educacional.
Creo que el proyecto que nos ocupa puede ser el germen -y debe serlo- de un cambio estructural en este ámbito, que haga posible verdaderamente que el Estado garantice una educación de calidad en condiciones de equidad. La idea es asegurar, por cierto, que ella sea un bien público, con provisión y financiamiento estatal y privado, y que se concilie el derecho a la educación con la libertad de enseñanza.
He dicho.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Quiero plantear una cuestión de Reglamento.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , el Orden del Día comprende el proyecto que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales, calificado con urgencia de "discusión inmediata". Le consulto cuántos señores Senadores se han inscrito para intervenir respecto del asunto en examen, porque, en el caso de terminar a las 20, se tendría que citar a sesión para mañana o pasado mañana a fin de tratar esa otra iniciativa.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Esa no es una cuestión de Reglamento, señor Senador.
Ya se pidió la unanimidad al respecto y no se dio.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Se le quitó la "discusión inmediata"?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- No.
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , el proyecto de ley aborda un punto esencial si queremos que se lleve a la práctica lo que establece la Constitución Política de la República en el número 10° del artículo 19, o sea, el derecho a la educación. Pienso que todos los presentes hemos constatado en la realidad que el Estado debe hacer una mayor inversión en ese ámbito, pero también que una parte sustantiva de los recursos respectivos no se destinan finalmente a dicho objeto.
Y lo anterior ocurre tanto en la educación pública municipalizada como en la particular subvencionada.
Digo ello porque quiero despejar desde el comienzo el prejuicio de que media simplemente una añoranza de estatismos superados.
En la Región de Los Lagos es un hecho de público conocimiento que es tanta la contratación de personal para servicios auxiliares o administrativos que se podría establecer un turno de mañana y tarde de una auxiliar por sala de clases. Ello significa claramente que la autoridad edilicia ha hecho completo abuso y dejación de su responsabilidad en función de la educación.
Y lo mismo está sucediendo con la educación particular subvencionada: los recursos que destina el Estado caen allí como si se tratara de un negocio más o de un mercado como cualquier otro.
Sin embargo, los sostenedores privados debieran concordar con quienes impulsamos el proyecto de ley en que ellos se diferencian de cualquier otro empresario por no hacer ningún tipo de rendición.
Las rendiciones en educación fueron incluidas en la iniciativa sobre la subvención escolar preferencial, de 2008, enviada por la Presidenta Bachelet . Afortunadamente, ha quedado establecido que es necesario y posible hacerlas en cuanto a la utilización de estos recursos y que no afecta a nadie, ni mucho menos a los niños, el que se sepa qué se hace con ellos. La experiencia en la subvención indica con claridad la conveniencia del rendimiento.
Los empresarios que lucran con la educación han encontrado en el sistema actual un mecanismo eficaz para evadir el pago de tributos, pues no se hallan afectos al impuesto de primera categoría, es decir, a la renta de capital, en circunstancias de que la actividad de que se trata constituye una de las vías más efectivas para obtener ganancias y rentabilidades exorbitantes.
Entonces, si queremos condenar a la educación a un progresivo debilitamiento, a una pérdida de prestigio y legitimidad; si queremos que continúe segregando seriamente a los niños y estudiantes de nuestra sociedad, en ese caso no vale la pena, como es lógico, aprobar el proyecto de ley.
Pero si mantenemos un compromiso con el derecho a la educación; si consideramos que esta última es un bien público indispensable para la cohesión social, para conservar el sentido de identidad nacional, para entregar herramientas que se encaminen efectivamente en la dirección del ejercicio de la igualdad de oportunidades; si creemos que el número 10º del artículo 19 de la Constitución contiene un concepto real que se debe respetar, entonces, desde nuestro punto de vista, debiéramos aprobar la iniciativa y hacer imposible que con recursos públicos se lucre en la educación.
El anterior ha sido, tal vez, uno de los hechos que han generado una de las consecuencias más imprevistas por sus propios autores. Me parece que quien ideó el sistema de la subvención escolar no pensó en que la educación se iba a transformar en un mercado más y en que, en este momento, sobre dos tercios del sistema educacional corresponden al sector privado, sin ningún tipo de regulación, desde el punto de vista de la utilización de los recursos empleados. Si hay un ámbito en el que ello se desnaturalizó y distorsionó por completo es ese.
Por lo tanto, entiendo que nuestra responsabilidad es iniciar un camino de retorno, que no será breve ni pasajero -posiblemente, constituirá el resultado de múltiples esfuerzos, que traspasarán incluso los límites entre un Gobierno y otro-, con el propósito de restablecer un sistema educacional de calidad y que les entregue a los niños herramientas no exactamente iguales, sino similares. Para ello, los recursos destinados por el Estado a la educación tienen que utilizarse exclusivamente en ella y no para fines de lucro, lo cual carece de regulación.
Por lo tanto, apoyaremos el proyecto de ley y esperamos contar con la mayoría suficiente para aprobarlo en el Senado de la República.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , bien valía la pena hacer una breve reseña de por qué estamos discutiendo la iniciativa en estudio, de por qué hay quienes pensamos que no puede haber lucro con fondos públicos.
Hoy en la mañana nos reunimos con los Rectores de dos universidades: la de Santo Tomás y la de Las Américas.
En la Ley General de Educación, antes Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, se ha establecido con claridad que en la educación superior se halla prohibido el lucro. Es decir, ni los institutos ni las universidades pueden perseguirlo. Y, en ese mercado, que hoy día alcanza a un millón de estudiantes, el 55 por ciento asiste a universidades privadas, las cuales, en los hechos, tienen fines de lucro.
Así lo han reconocido sus propios rectores. Así lo hemos evaluado con María Olivia Mönckeberg , siendo un clásico a estas alturas su libro sobre el funcionamiento de los planteles de enseñanza superior privada.
El país se convulsionó con una demanda estudiantil: "No al lucro en la educación superior"; "No al lucro con recursos públicos en la enseñanza básica y media a través del sistema de subvenciones".
Ese es el debate que se ha dado a nivel nacional. Ese es el debate que puso a Chile en el concierto internacional, llevando incluso a Camila Vallejo, entonces Presidenta de la FECh, a ser destacada como el personaje del año.
Con el inicio de la presente discusión estamos intentando determinar un modelo de educación que centre sus esfuerzos en la calidad y no en el lucro. Porque, en materia de educación superior, todos los estudios, todas las evaluaciones y el ranking de las 500 universidades más importantes del mundo -las Universidades Católica y de Chile se encuentran situadas cerca del lugar 480- permiten comprobar que ninguna de las que exhiben una mayor calidad, como Cambridge, Harvard, Princeton, persigue fines de lucro.
El concepto de universidad incorpora, por cierto, la docencia, la investigación y la extensión. Los rectores con quienes nos reunimos en la mañana nos expresaron que en sus planteles no se hacía investigación ni extensión, sino únicamente docencia. Esa es la definición de la universidad a la cual nos estamos dirigiendo.
En materia de educación básica y media, que concentra a tres millones y medio de estudiantes, se ha generado el lucro que el sistema permite y se han organizado corporaciones educacionales, con múltiples establecimientos.
Y más del 70 por ciento corresponde a un solo propietario, ya sea profesores o pequeños empresarios, con relación a lo cual deseo advertir que no buscamos terminar con esos colegios. Solo quisiera manifestar que podrán seguirlos administrando, pero que, cuando se registre una utilidad que supere la necesaria para la inversión en el bien deseado, ello se reinvierta en el establecimiento educacional. Se puede tener derecho a una utilidad justa, a lo requerido para solventar el gasto de funcionamiento de una unidad educativa. Estamos planteando que no haya lucro con recursos públicos.
Por cierto, continuarán existiendo un servicio privado pagado, un servicio público gratuito y un servicio privado subvencionado. La primera modalidad comprende el 5 por ciento de los estudiantes. El municipalizado gratuito se halla bajo el 30 por ciento. Y más de 60 por ciento corresponde a los particulares subvencionados.
El asunto no debiera alarmar ni provocar temor. Por el contrario, deberíamos iniciar hoy día un camino de evaluación de cuál es el modelo para lograr una educación de calidad y que pueda eliminar un elemento que se distorsionó, como aquí se expuso, y que, en definitiva, ha traído consecuencias negativas. Nadie se halla en condiciones de afirmar que el lucro ha sido beneficioso para la educación en Chile. Al contrario, la OCDE ha dicho que en nuestro país se ha instalado un modelo, conscientemente establecido, de educación acorde con las clases sociales. Eso es lo que queremos evitar con el proyecto de ley al erradicar el lucro con recursos públicos.
Nos encontramos en la discusión general, señor Presidente. Espero que haya oportunidad de poder escuchar...
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Tiene un minuto para concluir.
El señor NAVARRO.- Puede parecer hasta irónico que después de casi seis o siete meses de paralizaciones haya todavía 40 liceos tomados solo en la Región Metropolitana. Esos estudiantes asumieron la pérdida del año. Miles y miles de ellos lo sacrificaron por una lucha que creo justa. Y también lo estima así el país, ya que el 80 por ciento de los chilenos está de acuerdo con la gratuidad en la educación.
Este es el debate más importante de 2011. Lo llevamos a cabo en la última semana de sesiones del Senado, pero va a continuar en enero. Solo espero comprensión, tolerancia, racionalidad de nuestros colegas de la Derecha para entender que el fenómeno que nos hallamos evaluando tiene un solo objetivo: mejorar la calidad. La idea es establecer en educación un modelo de funcionamiento que nos asemeje a la OCDE, cuyos estándares Chile está muy lejos de cumplir. Ese es el proceso.
Y espero, señor Presidente, que este proyecto sea aprobado en el Senado.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra...
--(Manifestaciones en tribunas).
Llamo la atención al público de las tribunas. No se puede interrumpir.
Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente , por fin estamos llegando a una de las materias que han concitado gran atención en nosotros como Senadores y Senadoras y en la opinión pública durante el año 2011, que ya termina.
Me parece importante poner el acento en varias cosas.
Ya el Senador Ignacio Walker explicó el contenido de las indicaciones sustitutivas que hemos trabajado con un grupo transversal de Senadores y Senadoras.
Pero me parece importante señalar, por ejemplo, que ningún sector político tiene patrimonio sobre la educación, al igual que respecto de ningún tema. La transversalidad me parece un valor significativo.
En segundo lugar, en materia de educación ni el Estado resuelve todo, ni tampoco el mercado. Por lo mismo, estoy de acuerdo cuando se habla de una sociedad docente. Pero de una en la que existan reglas del juego claras. Donde, por ejemplo, esté debidamente definido que los dueños de la subvención escolar son los estudiantes, sus familias, y no los propietarios de los establecimientos educacionales.
Durante la discusión del presente año se han manifestado muchísimas cosas.
Una de ellas -un Senador lo mencionó anteriormente- dice relación con que este proyecto busca poner fin a los establecimientos particulares subvencionados. Jamás una iniciativa de esa naturaleza contaría con los votos favorables de los Senadores Cantero y Horvath, ni con el mío. Pero sí estamos disponibles para dar luz verde y entregar una señal relativa al término del lucro con fondos del Estado. Si un privado quiere lucrar con recursos propios, está dentro de las reglas del juego y son platas de él. Pero Chile es el único país del mundo donde con fondos del Estado se permite el abuso de la ganancia.
No nos equivoquemos. Algunos aluden a la Real Academia Española y se van a la definición. La gente es mucho más sabia e intuitiva: lucro es el abuso de la ganancia. Cuando se paga la planilla de directores de un colegio, del profesorado, de los auxiliares; cuando se cancela la mantención de infraestructura, eso no es lucro. Ello corresponde al pago para el funcionamiento y la ganancia que ha de tener un colegio que recibe aporte de privados. El lucro es el abuso de la ganancia.
En tal sentido, me voy a ir a un asunto de principios.
Mucho se ha invocado aquí al Centro de Estudios Públicos. He leído innumerables alusiones a encuestas realizadas por el CEP. ¿Y qué ha dicho el Director de este organismo? Arturo Fontaine manifestó que el lucro no puede ni debe ser permitido en instituciones educacionales que reciben subsidios del Estado. ¡Más claro que el agua!
¿Por qué lo cito? Porque hay gente de nuestro sector -por eso digo que nos encontramos ante un tema transversal, que no es patrimonio de algún sector político- que considera que las personas de centroderecha no podrían estar en contra del lucro, por el contrario, debieran defenderlo.
Y para los que sostienen eso quiero citar a uno de los padres del modelo neoliberal de mercado, el economista liberal Friedrich von Hayek , quien en 1974, en Camino de servidumbre, un libro que muchos de nosotros conocemos, señaló en forma textual: "En ningún sistema que pueda ser defendido racionalmente el Estado carecerá de todo quehacer. Un eficaz sistema de competencia necesita, tanto como cualquier otro, una estructura legal inteligentemente trazada y ajustada continuamente. Sólo el requisito más esencial para su buen funcionamiento, la prevención del fraude y el abuso (incluida en éste la explotación de la ignorancia), proporciona un gran objetivo (...) para la actividad legisladora".
Es decir, quienes creemos en la libre competencia, en la educación mixta, donde los privados deben hacer un aporte y el Estado también tiene un rol importante que cumplir, pensamos que ha de existir una férrea y fuerte fiscalización, supervisión, supervigilancia, y que los padres y los estudiantes deben disponer de un real derecho a elegir. Y esto último se logra con información y con transparencia.
No es posible que no haya reinversión en educación cuando existen recursos del Estado involucrados. Reitero: los excedentes deben ser reinvertidos en educación.
En consecuencia, vamos a dar luz verde a este proyecto, para después elaborar su arquitectura interior, con todas las indicaciones sustitutivas que hemos trabajado durante meses.
Por lo expuesto, concurriré con mi voto favorable a la iniciativa.
He dicho.
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El señor COLOMA.- Señor Presidente, cuestión de Reglamento.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , en la tabla aparece con urgencia de "discusión inmediata" el proyecto que simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales.
Como veo que el debate va para largo y es importante, quiero solicitar que se recabe el acuerdo de la Sala para la siguiente sugerencia: que tratemos y despachemos la iniciativa individualizada el martes 3 de enero, suponiendo que el Ejecutivo retire la urgencia. Y que, desde ya, adquiramos el compromiso de que el plazo para presentar indicaciones se extienda hasta el 9 de enero, a fin de aprobar el proyecto con velocidad, porque es relevante.
De accederse a mi propuesta, podríamos cumplir con los compromisos y avanzar en la iniciativa.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se acogerá la proposición del Honorable señor Coloma.
--Así se acuerda.
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente , hace bastante tiempo que deseábamos que en la Sala se pudiera discutir este proyecto. Por cierto, no es el único. Yo felicito a sus autores, sobre todo por la transversalidad, lo que demuestra que este tema no es tan ideologizado, como algunos han tratado de caricaturizarlo, sino que hablamos de una mirada, una concepción, una forma de pensar cómo debe verse en un país la educación.
Nosotros hubiésemos querido que esta iniciativa se tratara antes, al igual que otras que desde hace bastante rato hemos estado esperando para pronunciarnos en la Sala.
Finalmente, lo que importa es que por fin ha llegado el momento de poder tratar un proyecto que se preocupa de cómo terminar -eso se ha señalado en forma reiterada- con el lucro -entendiéndolo como acumulación, reparto, capitalización de ganancias- a nivel de la educación escolar y de la superior. Por cierto, en este último caso está prohibido, pero todos conocemos la realidad.
La iniciativa en análisis ha adquirido más relevancia que nunca a raíz de todo lo que ha transcurrido en estos largos siete meses de movilización, que aún no ha terminado y que se encuentra lejos de concluir. Y todavía está pendiente saber cuáles serán las verdaderas reformas estructurales para nuestro sistema educativo, que por desgracia -lo hemos dicho tantas veces- es uno de los más desregulados, segregadores. Este no asegura la calidad. Y, lo que es peor, en el sistema de educación superior, estando prohibido expresamente el lucro, todos sabemos que existe.
Por lo tanto, es muy importante saber si el Senado tendrá la capacidad de enviar una señal mediante la cual mostremos inquietud en orden a si un país que no posee -se ha alegado mucho, y más todavía con un incierto panorama internacional- recursos infinitos está dispuesto a que la educación siga siendo un bien de mercado, como se constituyó, y no se cumpla con un objetivo básico: mirarla como un bien público y un derecho fundamental garantizado por el Estado.
Señor Presidente, duele pensar que por sucesivas deformaciones de este sistema tan desregulado no hayamos logrado asegurar una educación de calidad. Por cierto, hemos aumentado la cobertura de la educación en todos los niveles, aunque nos falta desarrollar la preescolar, que es fundamental. Pero no hemos conseguido asegurar su calidad.
Lo más grave es que no solo no logramos asegurar y garantizar la calidad, sino que, además, ni siquiera conseguimos derribar ciertos mitos. Por ejemplo, se nos ha querido convencer de que la educación pública es sinónimo de mala calidad, y la de los colegios privados y particulares subvencionados, de buena calidad.
Sin embargo, los estudios no demuestran eso. Efectivamente, hay escuelas municipalizadas de buena calidad y particulares subvencionadas que no lo son.
Por consiguiente, aquella afirmación sostenida reiteradamente ni siquiera está comprobada.
Además, duele constatar que así como no se respeta el fin del lucro en la educación superior y no hemos tenido la capacidad de fiscalizar, regular y hacer que se cumpla la ley, hemos llegado a algo más grave todavía: se cobran los aranceles más caros del mundo en proporción a nuestro ingreso per cápita. Y esto sí que es doloroso, porque lo único que conseguimos con ello es que las familias chilenas terminen muy endeudadas.
Hay un artículo de CIPER -les recomiendo a mis colegas que lo lean- llamado "Cómo lucran las universidades que por ley no deben lucrar". En él se hace un largo historial de casos, y solamente voy a citar uno.
" Natalia Carrizo (26 años) estudió arquitectura en la Universidad Las Américas y debe $11 millones. El pago de su crédito lo pactó en 143 cuotas mensuales de $153 mil, que deberá pagar hasta el año 2021. Natalia tendrá 36 años para esa fecha y si no se atrasa, habrá pagado el doble de su deuda inicial: $21 millones. Ella cree que no podrá mantener el ritmo.
"Ahora está cesante y ya figura en Dicom, igual que su padre quien la avaló en ese crédito. Por si fuera poco tiene una segunda deuda, con CORFO, la que adquirió para pagar el primer año de su carrera. De ese préstamo prefiere no saber nada porque después de cancelar $1 millón 200 mil, le dijeron que solo había pagado los intereses y que la deuda seguía siendo de $2 millones 900 mil, como al principio".
La historia económica de Natalia es una de las explicaciones de por qué el movimiento estudiantil se ha mantenido a lo largo de estos siete meses con un tremendo apoyo ciudadano, y por qué la gran mayoría de la población se ha sentido identificada con una protesta que va al núcleo del problema con su consigna "No al lucro", mediante la cual se pone de manifiesto esta situación extraordinariamente injusta.
Por otra parte, esta mañana tuve la oportunidad de concurrir a la Comisión de Educación y quedé más preocupada todavía.
Asimismo, leí otros artículos aparecidos en la prensa. Por ejemplo, se ha informado que el Grupo Hurtado y Linzor Capital acordaron comprar el 57 por ciento de la Universidad Santo Tomás en 38 mil millones de pesos; cerca de 12 por ciento más que la oferta inicial.
Repito: ¡38 mil millones de pesos!
Esta Universidad empezó como un pequeño grupo familiar -que dramáticamente salió en la prensa; todos conocemos lo sucedido al señor Rocha -, y se vende ahora en 38 mil millones de pesos, cuando se supone que no persigue fines de lucro.
Cabe preguntarse, entonces -debo reconocer que me duele pensarlo-, cómo en todos estos años no fuimos capaces de tener lucidez para darnos cuenta de que se estaba burlando la ley; que se estaban ocultando utilidades a través de sociedades espejo; que se hacían negocios, y que algunas familias que invirtieron en educación superior lograron acumular capitales realmente exorbitantes. Y, como contrapartida de esto, tenemos a estudiantes y sus familias completamente endeudados.
Por ello, uno empieza a entender la vitalidad y la fuerza de este movimiento estudiantil, y por qué, incluso, algunos jóvenes sacrificaron el año escolar, pues están repitiendo, y por qué sus familias los han apoyado pese al dolor y a lo que tal situación pueda significarles.
El Rector de la Universidad Santo Tomás reconoció que la familia partió invirtiendo parte de su patrimonio y, hoy día, efectivamente, se habla de cifras siderales que sorprenden y chocan. En verdad, hay que preguntarse cuánto tiempo han venido deformando, escabullendo, omitiendo lo que establece expresamente la ley: la prohibición del lucro, logrando amasar una fortuna a costa de los chilenos.
Chile, lamentablemente, tiene un récord que no nos enorgullece: ser uno de los países que menos invierten en educación primaria y terciaria, en comparación al promedio de los que integran la OCDE. El gasto privado en educación primaria y secundaria alcanza al 20 por ciento, mientras que en la universitaria somos campeones mundiales, al llegar a cerca del 85 por ciento.
Es decir, no se ha logrado que el Estado asuma que debe garantizar la educación como un bien público, partiendo de la preescolar. Y tampoco ha entendido que debe estar presente y contar con todos los instrumentos para que exista más transparencia, mayor fiscalización y mejor uso de los recursos, para dar, alguna vez, el salto cualitativo que esperamos: entregar educación de calidad, que se inicie en la etapa preescolar, que siga en el nivel escolar, que sea trasparente, que sea de calidad, que no sea segregadora y que sea regulada por el Estado desde la educación básica a la superior.
Resulta dramático seguir revisando las cifras.
Insisto en recomendar la lectura de lo que aparece en El Mostrador, en La Tercera, en la investigación de CIPER, lo cual nos demuestra cómo se han realizado negocios con sociedades espejo, a través de empresas inmobiliarias. Hoy les reconocí a los rectores que el mejor negocio ha sido el de las sociedades inmobiliarias, porque ha permitido amasar las fortunas a las que me referí, como contrapartida de lo cual tenemos una educación que dista mucho de dejarnos satisfechos, a pesar de haber logrado mayor cobertura e invertir en ella.
Lo que deseamos es otra cosa: que la educación sea efectivamente un bien público y no un elemento del mercado. No queremos que se beneficien solo unos pocos y que se siga segregando.
Por eso, señor Presidente, pienso que esto es un gran desafío para el Senado.
Espero que los colegas muestren que, efectivamente, tienen la voluntad y la disposición de cambiar la situación existente. Este es un primer paso. Vendrán después otros instrumentos. Hay proyectos por discutir, entre los cuales existe uno relativo a la Superintendencia de Educación, que me gustaría que de verdad cumpliera su rol fiscalizador. Porque hoy me dejó preocupada lo que se señaló en la Comisión de Educación. Considero que su texto no está suficientemente bien enfocado, y deseo que sí lo sea para impedir lo que escuchamos en voz de los rectores.
Y con razón comenté, con franqueza, con respeto, que una empieza a desconfiar al conocer las cifras siderales, el tremendo negocio que se realiza vendiendo y transando en el mercado instituciones que nacieron para entregar educación. De hecho, muchas de ellas ni siquiera se encuentran bien acreditadas, ni siquiera realizan labores de investigación o de extensión -ya termino, señor Presidente -, que, a mi juicio, también son muy importantes, de acuerdo con lo que se entiende por una institución de educación superior.
En suma, señor Presidente , llamo a mis colegas para que, en lo posible, seamos capaces de aprobar en general este proyecto, para demostrarle al país que todos estamos preocupados por caminar juntos hacia una educación de calidad, sin segregación y, realmente, no seguir permitiendo lo que hoy día ocurre: una educación que no cumple los estándares y, peor aún, en torno a la cual se realiza un negocio redondo, ya sea a nivel de la básica, media o superior.
Ojalá que avancemos en la línea indicada. Esta iniciativa representa un paso concreto que posibilita demostrarlo. Y deseo que, en el futuro, podamos conseguir aún mayor transparencia y regularización y, lo más relevante, una educación de calidad.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Hemos llegado a la hora fijada para el término del Orden del Día, y hay varios oradores registrados para intervenir.
El señor Secretario dará a conocer sus nombres.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Se trata de los Senadores señora Von Baer y señores Carlos Larraín, Sabag, Kuschel, Cantero, Letelier y Lagos.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Ellos quedarán inscritos para la próxima sesión en que continúe el debate de esta iniciativa, y además, podrán solicitar hacer uso de la palabra otros señores Senadores que así lo deseen.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.
"
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639091/seccion/akn639091-po1
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/639091
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