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- rdf:value = " El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , en primer lugar, valoro el trabajo realizado en la Comisión de Obras Públicas.
Este proyecto viene del año 1999, cuando el colega Prokurica era Diputado . Desde esa época quedó archivado en el Senado. Hoy día se complementa muy bien con la moción del Senador Gómez. Y se trata de problemas que afectan a nuestra comunidad; por tanto, debemos darles una solución legislativa.
Cuando se habla de la nacionalización del agua, me parece del caso recordar que las empresas sanitarias fueron privatizadas durante los Gobiernos de la Concertación. Y el objeto era justamente tener recursos para el tratamiento de aguas servidas, pues en ese instante el Estado carecía de fondos para alcanzar ese propósito.
Entonces, lo que hizo la Concertación en su momento fue precisamente privatizar el agua.
Hoy habría que preocuparse de que el señor Tompkins no se lleve el vital elemento. Porque hasta ahora no lo están sacando de Chile. Esperamos que no nos dejen sin esas aguas tan puras que tenemos en el sur.
Ese es un tema que da para mucho en el análisis, señor Presidente.
En todo caso, lo que queremos -y por ello apoyamos a ambos Senadores- es resolver los problemas que enfrenta la comunidad por el abuso que implican las interrupciones del servicio, frente a las cuales los usuarios no reciben compensación alguna (algo similar ocurre en el sector eléctrico).
Hemos conversado con los Senadores Prokurica y Gómez en torno a la necesidad de otorgar compensación no solo por los problemas existentes en el suministro de agua potable. Ello, debido a que las sanitarias también tienen responsabilidad en el alcantarillado.
Porque ¿qué pasa cuando el servicio de alcantarillado no funciona adecuadamente y llegan malos olores hasta las mismas casas; cuando las empresas sanitarias no hacen las mantenciones correspondientes? ¡Ninguna compensación! A lo más, multas. Y ellas van en beneficio del Estado. Pero para los usuarios que sufren ese tipo de situaciones, ¡nada!
Por lo tanto, es posible abrir a ese respecto una discusión interesante al objeto de determinar por qué las multas van al Estado y no a compensar a los consumidores que sufren la mala atención de un servicio público como las empresas sanitarias.
Es decir, existe un incentivo para fiscalizar, pero el producto de la fiscalización beneficia a todos los chilenos y no específicamente a los afectados.
También sería del caso, señor Presidente , analizar qué ocurre con el tratamiento de las aguas servidas.
Me pregunto qué sucede cuando los usuarios pagan por los servicios de alcantarillado y de tratamiento de aguas servidas y las empresas sanitarias no cumplen con la norma que las obliga a otorgarlos. A lo más, de repente, cuando la Superintendencia fiscaliza, les cursan una multa. Pero a quienes pagaron por servicios que en definitiva no se prestaron no se les devuelve su dinero.
Sobre el particular, creo -y conversé esos aspectos con los Senadores Prokurica y Gómez-, en la Comisión deberemos incorporar no solo la compensación por el servicio de agua potable interrumpido sino también normas relacionadas con la mala atención, la inadecuada mantención del alcantarillado, el otorgamiento de un servicio deficiente o la no prestación del servicio de tratamiento de aguas servidas.
Pienso que de esa forma podremos recoger integralmente la situación en que trabajan muchas empresas sanitarias.
Por otro lado, me preocupa el problema de los programas de agua potable rural (porque el proyecto habla únicamente de las empresas sanitarias, las cuales son fiscalizadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios). ¿Qué pasa con ellos? ¿De qué manera vamos a trabajar a su respecto?
En la mayoría del mundo campesino tenemos programas APR y no empresas sanitarias. Entonces, ¿de qué modo podemos apoyar a los usuarios para que reciban una muy buena atención por parte de los comités de agua potable rural?
Estamos esperando la indicación sustitutiva que enviará el Ejecutivo en materia de APR. Y confiamos en que esa situación se considere.
Es posible hacer referencia a una variedad de materias, señor Presidente .
Por ejemplo, muchos usuarios se preguntan: "¿Por qué cuando riego el jardín o lavo el auto con aguas que no van al alcantarillado ni menos a tratamiento de aguas servidas igual se contabilizan?".
Hoy día nos dicen que solo se cancela un porcentaje. Sin embargo, resulta bastante injusto que personas que lavan su auto o riegan el jardín con aguas que no van al alcantarillado ni reciben tratamiento de aguas servidas también deban pagar por ambos conceptos.
En consecuencia, sería bastante interesante abrir un debate en esa línea y considerar la posibilidad de que dentro de la vivienda existan dos medidores -sin duda, la cuestión se tornaría más compleja-: uno sin cobro por tratamiento de aguas servidas y alcantarillado y otro con cobro por estos conceptos.
Votaré a favor de esta iniciativa, señor Presidente. Creo que va en el camino correcto. Y ojalá tengamos en breve una normativa legal que ampare a los usuarios del agua, recurso esencial para la vida del ser humano.
He dicho.
"
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