El señor KUSCHEL.- Señor Presidente , me parece muy loable el propósito de ambos proyectos, pero mi preocupación es quién va a pagar esto. Porque, desde el punto de vista de las empresas, se va a analizar la probabilidad o el riesgo de ocurrencia de este tipo de cortes o interrupciones en el abastecimiento de agua potable, y los costos se los van a cargar a los clientes, a los usuarios. Sin embargo, como lo han señalado prácticamente todos los señores Senadores, existen fallas en el sistema de regulación tarifaria; porque las empresas sanitarias en general están siendo un obstáculo también para el crecimiento de las ciudades: no solo no dan un buen servicio, sino que muchas veces cobran por tratamientos de aguas que en la práctica no realizan. Entonces, si se les incluye otro costo, lo van a cargar al usuario. Ocurre lo mismo que con los impuestos: la gente cree que los pagan los extraterrestres o las empresas. No: los paga la misma gente que les compra a las empresas. Estas recaudan, pero terminan pagando los contribuyentes, cualesquiera que sean los tributos. Lo propio puede suceder con estas exigencias. Por eso, me gustaría conocer no solo la opinión del Ministerio de Obras Públicas o la de nuestra Comisión especializada, sino también la del Ministerio de Economía o la de la entidad que fija las tarifas de agua potable, y eventualmente, la del MIDEPLAN. Tal como aquí se manifestó, en la Décima Región tenemos provincias enteras sin factibilidad para expandir sus ciudades porque no existe agua potable. Se cobran cifras estratosféricas por ampliar el sistema de conexión, en circunstancias de que no es tan difícil hacerlo. Cualquier persona creativa podría invertir en la construcción de un embalse para proveer del vital elemento. Pero, en virtud de la legislación vigente, se entrega injustificadamente el monopolio a las empresas en comento. Yo temo que en las condiciones actuales, si no se hace una revisión mayor, terminaremos generando un alza de tarifas por el riesgo de interrupción del servicio y sin que este haya mejorado de modo sustancial. Expreso lo anterior tanto respecto a las empresas que se han privatizado cuanto a las que permanecen en el sector público, porque no existen inversiones suficientes y las tarifas son relativamente altas. Y comparto la opinión que una señora Senadora dio aquí en el sentido de que tal vez en el norte, sobre todo, vamos a tener que instalar plantas desalinizadoras de agua, como de hecho ya sucede en Antofagasta. He dicho.