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El señor TUMA ( Presidente accidental ).- Conforme a lo acordado, a continuación se tratarán de manera conjunta los asuntos signados con los números 2 y 3 del Orden del Día.
El primero es el proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Gómez, en primer trámite constitucional, que establece compensación a usuarios por interrupción, restricción o racionamiento del suministro de agua potable, con nuevo primer informe de la Comisión de Obras Públicas.
Y el segundo es el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que dicta normas sobre compensaciones a los usuarios de servicios de distribución de agua potable en casos de interrupciones o suspensiones no autorizadas o no comunicadas previamente a ellos, con informe de la misma Comisión.
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (7636-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción del Senador señor Gómez):
En primer trámite, sesión 17ª, en 11 de mayo de 2011.
Informes de Comisión:
Obras Públicas: sesión 27ª, en 21 de junio de 2011.
Obras Públicas (nuevo): sesión 59ª, en 4 de octubre de 2011.
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (2357-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 28ª, en 7 de septiembre de 1999.
Informe de Comisión:
Obras Públicas: sesión 59ª, en 4 de octubre de 2011.
El señor TUMA ( Presidente accidental ).- Hago presente a Sus Señorías que, si bien ambas iniciativas se discutirán conjuntamente, ellas serán votadas en forma separada.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Respecto del primer proyecto, la Comisión de Obras Públicas deja constancia, en su nuevo primer informe, de que lo debatió en forma simultánea con la iniciativa originada en la otra rama del Parlamento por moción que presentaron en 1999 los entonces Diputados y actuales Senadores señores Baldo Prokurica y José García.
El órgano técnico discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Escalona, García-Huidobro, Horvath, Quintana y Sabag).
El texto se transcribe en el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios.
Cabe señalar que el artículo 35 ter, contenido en el número 1 del artículo único, tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación el voto conforme de 20 señores Senadores.
Por su parte, el segundo proyecto inició su tramitación en la otra rama del Congreso en 1999, por moción de los Diputados señores Delmastro y Vilches, los ex Diputados señores Álvarez-Salamanca, Galilea, Longton y Palma y los entonces Diputados y actuales Senadores señores José García y Baldo Prokurica.
Sus objetivos principales son:
-Imponer a las empresas concesionarias de servicios sanitarios la necesidad de contar con la autorización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en forma previa a cualquier acción que afecte la continuidad del servicio que prestan.
-Establecer un procedimiento de compensación, de tipo administrativo y no judicial, que opere en forma automática en beneficio de los usuarios de agua potable que se vean afectados por interrupciones, restricciones o racionamientos no autorizados por la Superintendencia ni comunicados previamente.
La Comisión de Obras Públicas discutió este proyecto solamente en general y le dio su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Escalona, García-Huidobro, Horvath, Quintana y Sabag).
El texto se puede consultar en el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios.
El señor TUMA ( Presidente accidental ).- En discusión general ambas iniciativas.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , tal como se ha manifestado, los dos proyectos persiguen un objetivo común: establecer una fórmula para que los usuarios que sufran una interrupción en el suministro de agua potable obtengan una compensación.
No me cabe ninguna duda de que hoy en día el contrato de abastecimiento de agua potable es un contrato de adhesión propiamente tal. Y trataré de demostrarlo a través de mi explicación.
En primer lugar, los consumidores no pueden elegir la empresa de servicios sanitarios con la cual contratar.
En segundo lugar, los usuarios no negocian el precio. Esto lo hace la Superintendencia con las compañías del rubro.
Y en tercer lugar, y como si lo anterior fuera poco, los consumidores tampoco negocian la calidad del producto.
En muchas comunas de todo el país se registran cortes permanentes y se brinda un producto de muy baja calidad. Y la defensa de parte de quien debe otorgarla, que es la Superintendencia, a veces resulta escasa.
¿Cuáles son las obligaciones de la empresa? Entregar el suministro con una calidad determinada y, además, proporcionarlo durante las 24 horas del día. Frente a eso, la obligación del usuario es pagar la cuenta.
¿Qué ocurre si la empresa no cumple con sus obligaciones? En contadas ocasiones la Superintendencia le cursa una multa, y cuando ello ocurre, esta nunca va en favor de los afectados, sino a beneficio fiscal. Por lo tanto, los usuarios, que sufren el corte del suministro, jamás reciben una compensación.
Por eso, los dos proyectos presentados van dirigidos a compensar a los usuarios del servicio de agua potable, sin necesidad de juicio, sino a través de un procedimiento administrativo, según la iniciativa del Honorable señor Gómez , o de un mecanismo automático, conforme al texto propuesto por el Senador que habla, cuando se produzca en el abastecimiento una interrupción no autorizada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Porque resulta entendible que a veces se necesite cortar el suministro para efectuar una reparación o una ampliación. Pero eso deber hacerse con aviso y previa autorización de la autoridad.
¿Cómo se justifica lo anterior, señor Presidente ?
Muy simple.
Recién dije que la obligación de la empresa es entregar el suministro en las condiciones establecidas por la ley y que, si ella no cumple, debe ser sancionada.
Por su lado, el consumidor debe pagar la cuenta una vez al mes y, cuando no lo hace, la empresa tiene derecho a cortarle el suministro de agua desde el medidor y, transcurrido cierto tiempo, desde el arranque, y también a cobrar por la reposición.
En la cuenta que paga el consumidor figura un cobro por consumo, otro por alcantarillado, y además un cargo fijo. ¿Qué es el cargo fijo? Es un valor que cobra la empresa, se use o no el servicio. Esto lo sabemos quienes tenemos casas de veraneo. Aun cuando no las utilicemos los doce meses del año e incluso si consumimos agua solamente en enero, febrero y marzo, debemos pagarlo durante todo el año.
¿Y a qué obliga a la empresa el cargo fijo? A entregar el servicio las 24 horas del día.
Por lo tanto, la justificación del segundo proyecto se halla justamente en que, cuando la empresa interrumpe o no proporciona el servicio y, por ende, no cumple con la contraprestación por el cargo fijo, debe compensar a los usuarios y no solo limitarse a pagar multas que únicamente van a beneficio fiscal.
Ese es el planteamiento original. Y por eso pido al Senado aprobar dicho proyecto, que presentamos un grupo de Diputados el año 1999, sin que haya sido apoyado por quienes en ese momento estaban a cargo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Pienso que va en la línea correcta respecto de lo que debe ser el cuidado de los consumidores en la actualidad.
Con la Senadora Allende y los Senadores Gómez , Cantero , Orpis y Rossi , representamos a Regiones del norte que tienen numerosos problemas con el abastecimiento del agua, no solo por los cortes de suministro y la calidad del producto, sino además por el hecho de pagar uno de los valores más altos de Chile, pese a lo cual el servicio no es malo, sino pésimo.
Hoy día ya nos han reportado otro corte en la ciudad de Copiapó a raíz de nuevos problemas en la empresa de Aguas Chañar, que ha presentado innumerables deficiencias en el abastecimiento, no solo por los inconvenientes que muestra actualmente el valle de Copiapó en cuanto a sus reservas de agua, sino porque no ha tomado precauciones en el tiempo y no ha adoptado las medidas apropiadas ni efectuado las inversiones correspondientes.
En consecuencia, señor Presidente , de aprobarse la mencionada iniciativa -espero los votos favorables de todos los señores Senadores-, cada vez que se produzca en el suministro de agua una interrupción no autorizada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, los consumidores afectados, que pagan sus cuentas mes a mes, recibirán una compensación. Desde ya no les podrán cobrar el cargo fijo, que justamente tiene por objeto asegurar el abastecimiento las 24 horas del día.
En todo caso, estamos ante dos proyectos que vienen a responder a una realidad del país y a resguardar en mejor forma los intereses de los consumidores.
He dicho.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Se ha pedido abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
El señor LARRAÍN .- ¿De cuál iniciativa?
El señor TUMA (Presidente accidental).- De ambas.
El señor LARRAÍN .- La primera tiene rango orgánico constitucional.
El señor TUMA ( Presidente accidental ).- Sí, tiene razón. Y además el acuerdo es votarlas separadamente.
El señor ORPIS.- Dejemos la votación para el próximo martes.
El señor TUMA ( Presidente accidental ).- Sería lo mejor, porque necesitamos reunir un alto quórum.
El señor GÓMEZ .- Señor Presidente , propongo continuar la discusión de los dos proyectos ahora y votarlos el próximo martes, porque, como bien ha dicho usted, uno requiere quórum especial y corremos el riesgo de no alcanzarlo.
El señor LARRAÍN.- Se puede pedir aplazamiento de la votación.
El señor GÓMEZ .- Más adelante podemos definir la fórmula exacta.
El señor TUMA ( Presidente accidental ).- Entonces, ¿habría acuerdo para proseguir la discusión hoy y votar ambas iniciativas en la próxima sesión ordinaria?
La señora ALLENDE.- Sí, señor Presidente.
El señor GÓMEZ .- Conforme.
El señor PROKURICA .- Pero sin que haya discusión nuevamente.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Muy bien.
El señor GÓMEZ .- Solo votación.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Exacto.
Así queda acordado, entonces.
Para referirse a los proyectos, tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.- Gracias.
Señor Presidente, las iniciativas, que ahora analizamos en conjunto, tienen un origen distinto.
Los Senadores Prokurica y García , cuando eran Diputados, presentaron un proyecto que obligaba a las empresas sanitarias a indemnizar y a cumplir su tarea de proveer un servicio de primera necesidad.
Hace un tiempo en la ciudad de Antofagasta ocurrió una grave dificultad -conocida en todo Chile- por un corte que duró casi una semana a consecuencia del cierre de la planta desaladora existente, a la cual, al parecer, le entró una peste que llegó con las mareas, lo que provocó malos olores en el agua distribuida. A lo anterior se sumó el hecho de que no había un tratamiento claro de los conductos de las aguas provenientes de la cordillera, por lo que, finalmente, se debió restringir el suministro a la población, noticia que provocó impacto nacional.
En vista de eso, nosotros reactivamos el tema y presentamos una iniciativa cuya finalidad era establecer criterios para que obligatoriamente se indemnizara a la ciudadanía cuando se produjeran situaciones como las descritas, no comunicadas y tampoco previstas en su oportunidad. También habíamos planteado su aplicación por caso fortuito, pero nos allanamos a sacar la norma correspondiente.
En Antofagasta aún se discuten las indemnizaciones. Se intentó llegar a acuerdo, pero no se ha logrado.
Por eso, se prevén diversas sanciones, así como un procedimiento sumarísimo especial para los efectos de que las empresas cumplan con su obligación de prestadoras de servicios de primera necesidad. Porque aquí no hay que olvidar que estamos hablando del agua, no de otra cosa. Es como si de repente nos cortaran el aire y no pasara absolutamente nada. Y de ahí que nos parece que se trata de una situación que debe estar regulada por ley.
Además, hay otros servicios de primera necesidad, como el de la electricidad, que cuentan con una normativa de similar naturaleza. En este caso, sin embargo, no ocurre lo mismo.
En la Comisión de Obras Públicas, a la cual concurrí por ser autor de uno de los proyectos, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios planteó algunos reparos, no en contra de las iniciativas ni de las indemnizaciones -según dijeron-, sino para asegurarse de que aquellas fueran justas y estuvieran correctamente aplicadas.
La verdad, señor Presidente, es que, desde nuestra perspectiva, estamos frente a un negocio. No estamos hablando de un bien gratuito, sino de un servicio de primera necesidad para la comunidad. Por tanto, las empresas tienen la obligación de cumplir con el abastecimiento.
En el caso de Antofagasta, había contratos regulados -así lo he señalado y se supone que la Superintendencia lo está investigando- que involucraban grandes volúmenes con empresas mineras. Al respecto, he sostenido que lo más probable es que a ellas no se les haya cortado el suministro, sino solo a la población, porque las indemnizaciones pactadas en esos contratos bilaterales deben de haber sido muy elevadas.
Por eso, nos parece que regular esta situación resulta indispensable para proteger a los ciudadanos, que no tienen el poder suficiente para enfrentar a compañías de gran magnitud y con muchas posibilidades de defenderse, como se ha visto en el último tiempo.
En la discusión también se plantearon otros temas relevantes que seguramente serán motivo de indicaciones, como el relativo al cobro que las empresas hacen a las familias por el consumo de agua.
La cuenta resulta bastante curiosa. Considera todo lo que ingresa y, además, incluye un porcentaje por concepto de evacuación de aguas servidas, cuyo tratamiento también se paga. Sin embargo, no queda claro qué se hace con esas aguas servidas -si se tratan o no- y tampoco qué cantidad porcentual de ellas retorna efectivamente a la canalización.
A veces, uno mira y dice: "Bueno, me están cobrando cinco pesos de más, pero me sale más caro alegarlos que obtener su devolución por parte de la empresa". Pero la sumatoria de todas esas platas arroja una cantidad muy importante. Sin duda que cuatro, cinco o diez pesos, considerando el número enorme de usuarios, constituyen un monto significativo. Y por eso creemos que también hay que poner un acento en la regulación de los porcentajes que se cobran.
Pero lo más relevante en nuestra opinión es que ambos proyectos buscan que las grandes empresas, los grandes proveedores de estos servicios de primera necesidad cumplan la obligación de tener siempre como prioridad uno, respecto del abastecimiento, al usuario, al ciudadano.
Así lo dispone el artículo 47 I: "Los contratos de provisión de agua potable suscritos entre usuarios finales grandes consumidores y empresas concesionarias de distribución de agua potable o con las empresas concesionarias de producción de agua potable que utilicen, para prestar el servicio, redes de empresas concesionarias de distribución, se suspenderán en su ejecución, mediante resolución fundada de la autoridad correspondiente," -lo que sigue es lo importante- "en aquellos casos en que sea necesario asegurar el suministro a la población dentro del área de concesión de la respectiva empresa concesionaria de distribución de agua potable. La suspensión de los contratos no podrá tener una duración superior", y se establece el tiempo respectivo.
Señor Presidente , la normativa propuesta tiene un fundamento que permitirá realmente proteger al usuario -considerado de manera individual es muy difícil que pueda accionar-, estableciendo un procedimiento, una sanción y responsabilidades para las empresas sanitarias respecto del consumidor y de las familias.
En consecuencia, yo por supuesto votaré a favor en su momento.
Aprovecho de agradecer al Presidente de la Comisión de Obras Públicas , Senador señor Escalona , quien puso en discusión la materia con rapidez y prontitud. Se recibió a diversas instituciones para referirse a ella. Y el resultado final es protección al consumidor, que es lo que a nosotros nos interesa.
He dicho.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente , en primer lugar, felicito a los autores de ambas mociones, tanto a los de la iniciada en la Cámara de Diputados como al Senador señor Gómez .
En segundo término, concuerdo muchísimo con lo que manifestaron los Honorables señores Prokurica y Gómez . Creo que han expuesto las realidades de lo que ocurre.
En tal sentido -me quedo en la Región que represento-, los habitantes de Atacama no tienen ninguna posibilidad de elegir otra empresa que no sea la concesionaria: Aguas Chañar.
Hace mucho rato -pienso que coincidimos plenamente con el Senador Prokurica- hemos venido planteando que se trata de una empresa que no está cumpliendo los estándares en orden a otorgar un servicio con continuidad y calidad.
No lo hace con continuidad, pues sencillamente muchas veces se producen interrupciones sin previo aviso. Estas no obedecen a las reparaciones necesarias que se informan con suficiente tiempo para que la Superintendencia tome nota, sino que simplemente se corta el servicio. Y hay sectores altos que quedan sin agua no por varias horas, sino a veces por varios días.
Eso ocurrió hace unos días en Paipote. La situación fue tan grave que motivó una intervención más directa de autoridades, incluso a nivel nacional. A tal punto que se generó por primera vez una demanda colectiva, patrocinada por el SERNAC. Primero hubo una mediación colectiva, y la respuesta de la empresa fue tan insuficiente que concurrió el Director Nacional del SERNAC para avisar que pasaba de una mediación a una demanda colectiva. Ello puede ser una buena noticia. No obstante, lo malo es que en nuestro sistema actual es posible que ese proceso dure hasta tres o cuatro años.
En tal sentido, no puedo estar más de acuerdo con un proyecto que signifique una indemnización por la no prestación del servicio, pero con un procedimiento sumarísimo. Porque esperar cuatro años francamente es casi una tomadura de pelo.
Creo que todos recordamos lo que ocurrió días atrás respecto de otro servicio tan fundamental como el eléctrico. Con grandes bombos y platillos se nos anunció que por primera vez habría una compensación. El único problema es que ella significa para los usuarios 300 pesos. ¡300 pesos para quienes estuvieron horas y horas sin luz! Se trató de más de 10 millones y medio de habitantes que sufrieron el blackout -como se dice ahora-, que afectó a varias Regiones del país.
Y peor aún. Hemos dicho que esta empresa no tiene la posibilidad de dar continuidad al servicio. Asimismo, presenta dificultades con la calidad. A lo menos está excedida en tres normas dentro de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, conteniendo el agua elementos pesados que no corresponden. Muchas veces hemos levantado la voz para exigir estudios que nos demuestren que efectivamente es inocua, como hasta ahora siempre todas las autoridades regionales han tratado de convencernos. Por cierto, la empresa así lo sostiene. Pero también el gobierno regional plantea que es inocua, en circunstancias de que yo pienso que han faltado estudios independientes.
Días atrás tuvimos oportunidad de ver un reportaje en la televisión acerca de un tema mayor, relativo no solo a la prestación de un servicio como el agua potable para la Región de Atacama, sino al drama que está viviendo ante la crisis hídrica.
En ese programa se señalaba que se habían tomado muestras, las que se enviaron al DICTUC, de la Universidad Católica de Chile, con los resultados que allí se conocieron. Además, un gastroenterólogo llegado hace poco a la Región manifestaba que a él le llamaba muchísimo la atención la cantidad de cálculos, pues estaba muy por encima de la media nacional. Todo esto nos hace suponer que realmente han faltado estudios serios que demuestren cuánto se está afectando a la población en términos de calidad.
Por lo tanto, en la prestación de dicho servicio tenemos dificultades con la continuidad y con la calidad. Y, peor aún, la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha sido totalmente incapaz de cumplir su rol. Sobre el particular yo he levantado la voz no una, sino muchas veces diciendo que aquella entidad no ha sabido desempeñar su papel fiscalizador.
Y en este punto es cuando uno siente la impotencia del ciudadano de la calle, al que le cortan el servicio a veces por días enteros, no por horas, puesto que, a lo más, a la empresa se le aplicará una multa, y no pasará absolutamente ninguna aflicción. Pero, como se señalaba muy bien, el consumidor no recibe nada a cambio. De ahí que busquemos la posibilidad de resarcir directamente a este con una justa compensación.
En cuanto a lo último, cuando se inició la mediación colectiva, el SERNAC puso justamente ese énfasis: una justa compensación. Lo que la empresa ofreció -como ya mencioné- obviamente no satisfacía esa justa compensación. Por eso hemos pasado a una demanda colectiva. Pero es posible que el proceso dure años.
Y quiero agregar otro elemento, para que vean todos los abusos que se pueden cometer.
La misma empresa tuvo que dejar de cobrar el tratamiento de aguas servidas, porque no se realizaba tal proceso. Un concejal protestó respecto de ello, y efectivamente en ese caso hubo una reacción de la SISS y se obligó a suspender el cobro de un servicio que no se estaba prestando.
Pero, además, hay todavía una polémica no resuelta.
Claramente, existe venta de aguas tratadas (de otro sector donde sí se está efectuando) a las mineras. Ello ha motivado una pugna razonable con los agricultores. Tal situación se da a nivel nacional, no solo regional. Incluso, han hecho publicaciones en los medios señalando que a juicio de ellos la Superintendencia se equivocó en interpretar la normativa y que ha autorizado ventas de aguas tratadas que pertenecen a los agricultores por sus derechos, por lo que no correspondería que una empresa concesionaria las vendiera a las mineras, haciendo este negocio.
Todo lo anterior no lleva sino a concluir acerca de cuánta necesidad existe de contar con mejor fiscalización y regulación respecto de un servicio tan básico, tan elemental. Estamos hablando nada más y nada menos que del suministro de agua para consumo humano.
Todos sabemos que la Región que representamos junto al Senador Prokurica vive el drama provocado por el hecho de que hace muchos años se entregaron concesiones de agua superiores a la capacidad natural de recuperación de los acuíferos. Por lo tanto, estamos jugando contra el tiempo. Cada día que pasa va llegando más población producto de los grandes proyectos que se instalan en la Región, pero la presión sobre el agua es mayor. A eso debemos agregar lo que significa la agricultura, que reconozco que hace un esfuerzo grande por tecnificarse, por ahorrar el agua, por no malgastarla. Y si a eso se añaden los grandes proyectos mineros, con cierta razón nos hemos preguntado muchas veces si será posible que la Región de Atacama soporte el desafío que significa crecer desde el punto de vista de la diversidad. Es decir, continuar con la expansión agrícola y la actividad minera y, al mismo tiempo, asegurar en primerísimo lugar el agua para el consumo de la población.
A mi juicio, difícilmente vamos a salir airosos si no tenemos una mirada más profunda acerca del problema que enfrentamos. Por cierto, he conversado sobre el particular con el Ministro Golborne , quien está bastante consciente de lo que ocurre. La última vez que visitó la zona no tuvo duda alguna en cuanto a que no puede persistir la situación descrita.
Estoy convencida de que es preciso instalar plantas desaladoras. No hay otra solución. Y creo que ya es hora de tomar una decisión al respecto. Se nos dice que eso significaría cargarles los costos a los clientes. Pues bien, el Estado deberá entregar subsidios o resolver definitivamente gastar 100 millones de dólares en la construcción de dicha planta.
No obstante, ante todo, es menester garantizar el agua para el consumo humano y, después, pensar en proyectar el abastecimiento a toda la Región, que se encuentra sufriendo escasez hídrica.
Todo ello, señor Presidente , no es más que una pincelada de lo que puede acaecer en una Región como la que yo represento, donde uno se da cuenta de que un servicio tan básico como el agua potable, que es de pésima calidad, experimenta día a día interrupciones no declaradas oportunamente.
Entonces, uno puede entender -como dije- la impotencia que siente el ciudadano de la calle cuando le cortan el suministro de agua y, simplemente, no recibe mayores explicaciones.
Hoy día, por ejemplo, nuevamente hay suspensión del servicio. Una vez más la Superintendencia de Servicios Sanitarios en Copiapó, a través del Director interino , Rodrigo Riquelme , anuncia que durante algunas horas de este miércoles y la madrugada de mañana jueves habrá corte prolongado.
Resulta que en la madrugada de hoy la ciudad ya amaneció sin agua potable. El motivo sería una falla en la impulsión del suministro desde la salida norte de Copiapó, lo que ha generado problemas de corte y de presión en los sectores altos de la comuna. Es decir, una vez más ocurre lo mismo respecto de quienes residen en esos lugares: son los primeros afectados. Sin embargo, el señor Riquelme envía un mensaje a la comunidad copiapina para que junten agua y no se vean perjudicados por su escasez.
La verdad es que tal hecho llega a ser casi dramático; si no, irónico o algo peor, porque la solución a estos problemas no es acumular agua.
Señor Presidente , además de aprobar el proyecto, que va en beneficio directo del consumidor, invoco a las autoridades nacionales para que, de una vez por todas, tomen carta en el asunto y presten atención a lo que está ocurriendo en la Región de Atacama. Asimismo, llamo a las autoridades regionales, que han sido más que pasivas y no han tenido capacidad para ser propositivas, a entregarnos soluciones y a tratar en profundidad un problema que se viene arrastrando desde hace años y que ya no da más. Por el contrario, la situación empeora cada día más en la medida en que aumenta la población.
Como ha concluido mi tiempo, señor Presidente , pido un minuto más para terminar.
El señor TUMA ( Presidente accidental ).- Puede continuar, Su Señoría.
La señora ALLENDE.- Gracias.
Días atrás, señor Presidente , conversé con el gerente de la empresa Aguas Chañar, quien informó que hay 16 mil nuevas solicitudes de viviendas para el próximo año. Y si esa cifra se multiplica al menos por 4, se podrá apreciar en cuánto se incrementará el número de personas que ejercerán presión por obtener el servicio del agua.
Por lo tanto, si bien apoyo el proyecto de ley, llamo a las autoridades a hacernos cargo de esta situación como país. Ante todo debemos garantizar a los ciudadanos un servicio tan básico y elemental como el suministro de agua potable. Por consiguiente, les exigimos a las autoridades nacionales que tomen cartas en este asunto y lo asuman en serio, porque hay una Región completa afectada. Sin embargo, me parece que no es la única, pues todo el norte de Chile está sufriendo lo mismo.
He dicho.
El señor TUMA ( Presidente accidental ).- Antes de ofrecer la palabra al Senador señor Escalona, informo a la Sala que me corresponde presidir la Primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos , que se reunirá en algunos minutos más. Por ende, solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Muñoz Aburto asuma como Presidente accidental .
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Muñoz Aburto, en calidad de Presidente accidental.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , la Comisión de Obras Públicas -que me corresponde presidir en el año en curso- aprobó los dos proyectos: el que presentó el Senador señor Gómez , y el que estuvo archivado, proveniente de la Cámara de Diputados, suscrito, entre otros, por el Honorable señor Prokurica . Y ambos son coincidentes.
Debo señalar, además, que estos han suscitado formalmente una opinión del Ejecutivo. No me corresponde darla a conocer; pero, ya que en la Sala no se halla presente ningún representante de aquel, sí puedo informar que el Gobierno se ha comprometido a presentar una indicación que aborde y recoja aspectos que son difíciles de resolver desde el punto de vista de la técnica legislativa, por cuanto conciernen, eventualmente, a materias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
En consecuencia, espero que en la próxima sesión, cuando llegue el momento de la votación en particular, haya unanimidad en la Sala respecto de dicha indicación, pues da respuesta a una situación en la que hoy existe un vacío y, al mismo tiempo, se generan abusos por parte de las empresas, sobre todo en esta etapa donde crecientemente se han ido desvinculando de la propiedad pública y pasando a manos privadas.
Aun más. Actualmente nos encontramos en una última etapa de privatizaciones, dada la desafortunada decisión del Ejecutivo de licitar las acciones de las empresas sanitarias en poder de CORFO. De manera que, dentro de poco, la participación del Fisco de Chile en ellas quedará reducida a paquetes de acciones enteramente testimoniales. Por consiguiente, no habrá ninguna posibilidad de influir en las políticas que lleven a cabo los directorios de tales empresas.
En consecuencia, se hace del todo indispensable legislar sobre esta materia.
Por otra parte, sí deseo precisar, señor Presidente , que las carencias de agua para consumo humano y, en general, para la actividad productiva, no ocurren solo en las Regiones desérticas, sino también en la Región de Los Lagos. Paradojalmente, siendo una de las más lluviosas del país, registra serios problemas con el abastecimiento de agua potable. Por ejemplo, en la ciudad de Ancud, provincia de Chiloé, apenas aumenta un poco la población, se producen graves interrupciones en el suministro. De modo que allí se requieren inversiones que no se han llevado a cabo y que son relativamente significativas.
En cuanto a la capacidad de disponibilidad de agua para desarrollar las ciudades, la industria turística, así como otras actividades económicas de esa Región que es tan lluviosa, esta no cuenta con todos los medios necesarios para la producción de agua destinada al consumo humano. Por eso allá también se producen interrupciones y dificultades en el suministro.
Por lo tanto, estos proyectos de ley favorecerán, incluso, a Regiones donde aparentemente el agua es abundante. Pero, desafortunadamente, dado que el Estado de Chile no desarrolla una política pública de largo plazo, con mirada estratégica, tendiente a generar embalses, pozos profundos y las disponibilidades de almacenamiento, no se cuenta con la capacidad de suministro de agua necesaria para el buen desarrollo y crecimiento de esas Regiones.
En consecuencia, señor Presidente , aplaudo las iniciativas de los Senadores señores Gómez y Prokurica, en el sentido de que nos proponen una materia que es de interés general para nuestro país.
He dicho.
El señor MUÑOZ ABURTO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente , me parece muy loable el propósito de ambos proyectos, pero mi preocupación es quién va a pagar esto. Porque, desde el punto de vista de las empresas, se va a analizar la probabilidad o el riesgo de ocurrencia de este tipo de cortes o interrupciones en el abastecimiento de agua potable, y los costos se los van a cargar a los clientes, a los usuarios.
Sin embargo, como lo han señalado prácticamente todos los señores Senadores, existen fallas en el sistema de regulación tarifaria; porque las empresas sanitarias en general están siendo un obstáculo también para el crecimiento de las ciudades: no solo no dan un buen servicio, sino que muchas veces cobran por tratamientos de aguas que en la práctica no realizan.
Entonces, si se les incluye otro costo, lo van a cargar al usuario.
Ocurre lo mismo que con los impuestos: la gente cree que los pagan los extraterrestres o las empresas. No: los paga la misma gente que les compra a las empresas. Estas recaudan, pero terminan pagando los contribuyentes, cualesquiera que sean los tributos.
Lo propio puede suceder con estas exigencias.
Por eso, me gustaría conocer no solo la opinión del Ministerio de Obras Públicas o la de nuestra Comisión especializada, sino también la del Ministerio de Economía o la de la entidad que fija las tarifas de agua potable, y eventualmente, la del MIDEPLAN.
Tal como aquí se manifestó, en la Décima Región tenemos provincias enteras sin factibilidad para expandir sus ciudades porque no existe agua potable. Se cobran cifras estratosféricas por ampliar el sistema de conexión, en circunstancias de que no es tan difícil hacerlo. Cualquier persona creativa podría invertir en la construcción de un embalse para proveer del vital elemento. Pero, en virtud de la legislación vigente, se entrega injustificadamente el monopolio a las empresas en comento.
Yo temo que en las condiciones actuales, si no se hace una revisión mayor, terminaremos generando un alza de tarifas por el riesgo de interrupción del servicio y sin que este haya mejorado de modo sustancial.
Expreso lo anterior tanto respecto a las empresas que se han privatizado cuanto a las que permanecen en el sector público, porque no existen inversiones suficientes y las tarifas son relativamente altas.
Y comparto la opinión que una señora Senadora dio aquí en el sentido de que tal vez en el norte, sobre todo, vamos a tener que instalar plantas desalinizadoras de agua, como de hecho ya sucede en Antofagasta.
He dicho.
El señor MUÑOZ ABURTO ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , esta moción es similar, con algunos complementos, a la que presentaron en junio de 1999 diversos Diputados de Renovación Nacional, entre ellos los actuales Senadores señores Prokurica y García .
Después de ser aprobada por la Cámara Baja, pasó al Senado, en agosto de ese mismo año, quedando radicada en la Comisión de Obras Públicas durante 12 largos años, sin que, inexplicablemente, se tratara, hasta ahora, cuando se ha analizado junto con la presentada por el colega Gómez .
Consideramos absolutamente necesario legislar sobre la materia, toda vez que no resulta posible someter a las disposiciones de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores el cobro de prestaciones en caso de interrupciones no programadas o no autorizadas del suministro de agua potable, ya que dicho cuerpo legal es aplicable a los productos o prestaciones de servicios en que el consumidor puede elegir.
En cambio, como los propios representantes de las empresas sanitarias y autoridades reguladoras del sector lo han reconocido, tales empresas constituyen un verdadero monopolio, donde el usuario queda, simplemente, cautivo de la actuación de ellas, incluidos cortes, restricciones o interrupciones del suministro, en especial cuando no han sido programados.
Como bien se comprenderá, ante esas situaciones imprevistas, los usuarios quedan a merced de las acciones reparatorias de las empresas, que pueden extenderse durante mucho tiempo, con todas las consecuencias que de ello se derivan. De manera que resulta de toda justicia establecer una compensación económica para esas eventualidades.
De igual modo, nos parece totalmente adecuado el procedimiento judicial sumarísimo que se contempla para las indemnizaciones en los casos de restricciones, interrupciones o racionamientos del servicio de agua potable que no sean imprescindibles.
Asimismo, es útil indicar que comparto las aprensiones de la Senadora señora Allende . En tal sentido, en la legislatura anterior presentamos en la Cámara de Diputados dos proyectos de reforma de la Carta: uno para llevar a rango constitucional la consideración del agua como bien nacional de uso público y otro a los efectos de establecer como derecho preferente el consumo humano del vital elemento, cuestiones sobre las cuales creemos esencial legislar.
Por las razones expuestas, con mucho entusiasmo doy mi voto favorable a esta iniciativa, por estimar indispensable que se regulen legalmente las situaciones descritas.
He dicho.
El señor MUÑOZ ABURTO ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , deseo primero destacar esta discusión que pusieron los colegas nortinos Prokurica y Gómez , y en seguida, agregar a los planteamientos del Senador Chahuán que tal vez lo que falta es la nacionalización del agua o, por lo menos, un debate sobre el punto. Porque gran parte de los problemas que hoy tenemos provienen justamente de la escasez de agua, de su privatización, y muchas veces, de la inscripción de derechos con fines especulativos.
En la Región de La Araucanía, que represento, a menudo se transan entre 200 mil y 5 millones de litros de agua por segundo. Es una discusión que se ha mantenido y profundizado durante los últimos 30 años, desde que aquel hecho tuvo lugar.
Por lo tanto, si vamos a efectuar un debate respecto del agua, debemos considerar todos los elementos; entre ellos, la escasez de este bien nacional de uso público.
Lo señalo porque creo que es un tema que hay que abordar. En muchas partes se inscriben derechos de aguas. Y por algo surgió hace algún tiempo un proyecto de ley destinado a obligar a quienes tienen inscritos derechos de tal índole a usarlos o a permitir que otros los usen.
Efectivamente, Chile registra una escasez hídrica bastante relevante. Pero entiendo que las iniciativas en estudio apuntan en otra dirección.
Concuerdo con los autores de ambas en que es preciso establecer una modalidad de compensaciones económicas -como aquí se ha indicado- más satisfactoria para los usuarios que la aplicada en el ámbito de las empresas distribuidoras de energía eléctrica.
Sobre este último punto, a propósito del último corte habido en varias Regiones por una falla en el sistema interconectado central, el Ministro de Energía , señor Rodrigo Álvarez , anunció con fanfarria y gran espectacularidad que iba a haber compensaciones económicas. Sin embargo, finalmente se fijaron 300 pesos por cliente.
Espero que en el caso del agua potable, como nos informó el Senador Prokurica, el mecanismo de compensación económica que se consigna cumpla realmente su objetivo, sobre todo en las situaciones en que el corte tiene lugar por causas atribuibles a las empresas y a espaldas de los usuarios.
Por supuesto, nos referimos a cortes debidos, no a falta de pago de las cuentas, sino a la responsabilidad de las empresas por falta de provisión del servicio, o bien, a situaciones fortuitas, accidentes, en fin, en que aquellas pueden repetir contra terceros. La idea es no dejar al usuario en la indefensión bajo ninguna circunstancia.
Señor Presidente , pienso que debiéramos aprobar ambos textos. Pero, al mismo tiempo, desearía que se abriera discusión acerca del punto a que me referiré enseguida.
En la Región de La Araucanía y en el sur en general no tenemos el problema a que hicieron referencia el colega Gómez y la Senadora Allende: el de que muchas empresas de distribución de agua potable a veces privilegian, por sobre el interés ciudadano, los grandes contratos que han suscrito con las compañías mineras.
En el sur enfrentamos un problema distinto, que deberemos abordar en la discusión particular: la existencia de un número muy considerable de comités de agua potable rural. Algo mencionó sobre el particular el Senador señor Kuschel , pues seguramente lo mismo ocurre en la Región de Los Ríos o en la de Los Lagos.
En La Araucanía tenemos comités de aquella índole por todos lados. Se surten de vertientes, de ríos. Pero cuando hay algún problema para la impulsión del agua -en no pocas ocasiones falla la bomba, en fin-, nadie compensa.
En resguardo del principio de igualdad ante la ley -porque son ciudadanos, tal como quienes viven en las grandes ciudades-, en algún momento tendremos que ver cómo compensar al usuario -ojalá en plazo breve, como se expresa en las ideas matrices propuestas- cuando (insisto), por razones ajenas a él, se le corte o se le altere el servicio.
Por lo tanto, concurriremos con nuestros votos favorables, pero en el entendido de que durante la discusión particular habremos de analizar un sinnúmero de aspectos, entre ellos el vinculado con muchos comités de agua potable rural.
En igual sentido, echo de menos la presencia del Ejecutivo en esta Sala,...
El señor PROKURICA .- Vamos a ver el proyecto con el Gobierno después, Su Señoría.
El señor QUINTANA.- ... pues en diversas dependencias del Ministerio de Obras Públicas hay iniciativas relacionadas con los referidos comités, que no son parte de las grandes empresas distribuidoras de agua, sino organizaciones pequeñas -en algunos casos, cooperativas- con 50, 100, 200 arranques.
Entiendo que en algún momento el Gobierno -el actual y el anterior- planteó la posibilidad de crear un servicio sanitario para mejorar el estándar de los comités de agua potable rural. Porque, obviamente, en este caso no hay tratamiento de aguas servidas ni alcantarillado. Muchas veces se cobra. Pero, en rigor, no se cobra el alcantarillado, sino el derecho -algo parecido ocurre en las ciudades- al uso de la cuenca (para efectos tarifarios, es una figura similar).
En todo caso, esos aspectos son materia de la discusión particular. Y lo que se sometió a nuestra consideración permite abordar cada uno de esos temas.
Señor Presidente , como esta iniciativa cumple un objetivo social muy importante, concurriremos con nuestros votos favorables en su momento (me parece apropiado votar el próximo martes).
He dicho.
El señor MUÑOZ ABURTO ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , en primer lugar, valoro el trabajo realizado en la Comisión de Obras Públicas.
Este proyecto viene del año 1999, cuando el colega Prokurica era Diputado . Desde esa época quedó archivado en el Senado. Hoy día se complementa muy bien con la moción del Senador Gómez. Y se trata de problemas que afectan a nuestra comunidad; por tanto, debemos darles una solución legislativa.
Cuando se habla de la nacionalización del agua, me parece del caso recordar que las empresas sanitarias fueron privatizadas durante los Gobiernos de la Concertación. Y el objeto era justamente tener recursos para el tratamiento de aguas servidas, pues en ese instante el Estado carecía de fondos para alcanzar ese propósito.
Entonces, lo que hizo la Concertación en su momento fue precisamente privatizar el agua.
Hoy habría que preocuparse de que el señor Tompkins no se lleve el vital elemento. Porque hasta ahora no lo están sacando de Chile. Esperamos que no nos dejen sin esas aguas tan puras que tenemos en el sur.
Ese es un tema que da para mucho en el análisis, señor Presidente.
En todo caso, lo que queremos -y por ello apoyamos a ambos Senadores- es resolver los problemas que enfrenta la comunidad por el abuso que implican las interrupciones del servicio, frente a las cuales los usuarios no reciben compensación alguna (algo similar ocurre en el sector eléctrico).
Hemos conversado con los Senadores Prokurica y Gómez en torno a la necesidad de otorgar compensación no solo por los problemas existentes en el suministro de agua potable. Ello, debido a que las sanitarias también tienen responsabilidad en el alcantarillado.
Porque ¿qué pasa cuando el servicio de alcantarillado no funciona adecuadamente y llegan malos olores hasta las mismas casas; cuando las empresas sanitarias no hacen las mantenciones correspondientes? ¡Ninguna compensación! A lo más, multas. Y ellas van en beneficio del Estado. Pero para los usuarios que sufren ese tipo de situaciones, ¡nada!
Por lo tanto, es posible abrir a ese respecto una discusión interesante al objeto de determinar por qué las multas van al Estado y no a compensar a los consumidores que sufren la mala atención de un servicio público como las empresas sanitarias.
Es decir, existe un incentivo para fiscalizar, pero el producto de la fiscalización beneficia a todos los chilenos y no específicamente a los afectados.
También sería del caso, señor Presidente , analizar qué ocurre con el tratamiento de las aguas servidas.
Me pregunto qué sucede cuando los usuarios pagan por los servicios de alcantarillado y de tratamiento de aguas servidas y las empresas sanitarias no cumplen con la norma que las obliga a otorgarlos. A lo más, de repente, cuando la Superintendencia fiscaliza, les cursan una multa. Pero a quienes pagaron por servicios que en definitiva no se prestaron no se les devuelve su dinero.
Sobre el particular, creo -y conversé esos aspectos con los Senadores Prokurica y Gómez-, en la Comisión deberemos incorporar no solo la compensación por el servicio de agua potable interrumpido sino también normas relacionadas con la mala atención, la inadecuada mantención del alcantarillado, el otorgamiento de un servicio deficiente o la no prestación del servicio de tratamiento de aguas servidas.
Pienso que de esa forma podremos recoger integralmente la situación en que trabajan muchas empresas sanitarias.
Por otro lado, me preocupa el problema de los programas de agua potable rural (porque el proyecto habla únicamente de las empresas sanitarias, las cuales son fiscalizadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios). ¿Qué pasa con ellos? ¿De qué manera vamos a trabajar a su respecto?
En la mayoría del mundo campesino tenemos programas APR y no empresas sanitarias. Entonces, ¿de qué modo podemos apoyar a los usuarios para que reciban una muy buena atención por parte de los comités de agua potable rural?
Estamos esperando la indicación sustitutiva que enviará el Ejecutivo en materia de APR. Y confiamos en que esa situación se considere.
Es posible hacer referencia a una variedad de materias, señor Presidente .
Por ejemplo, muchos usuarios se preguntan: "¿Por qué cuando riego el jardín o lavo el auto con aguas que no van al alcantarillado ni menos a tratamiento de aguas servidas igual se contabilizan?".
Hoy día nos dicen que solo se cancela un porcentaje. Sin embargo, resulta bastante injusto que personas que lavan su auto o riegan el jardín con aguas que no van al alcantarillado ni reciben tratamiento de aguas servidas también deban pagar por ambos conceptos.
En consecuencia, sería bastante interesante abrir un debate en esa línea y considerar la posibilidad de que dentro de la vivienda existan dos medidores -sin duda, la cuestión se tornaría más compleja-: uno sin cobro por tratamiento de aguas servidas y alcantarillado y otro con cobro por estos conceptos.
Votaré a favor de esta iniciativa, señor Presidente. Creo que va en el camino correcto. Y ojalá tengamos en breve una normativa legal que ampare a los usuarios del agua, recurso esencial para la vida del ser humano.
He dicho.
El señor MUÑOZ ABURTO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente , esta iniciativa responde a un problema de especial inquietud para la comunidad: la asimetría que se da entre los proveedores de un servicio y el humilde y simple usuario que a veces, en circunstancias imprevistas, se ve privado de él sin que medie ninguna compensación, pero, además, sin la posibilidad efectiva de ejercer algún reclamo.
Esa es una asimetría odiosa, que rompe la equidad.
Lo hemos visto habitualmente en materia de energía eléctrica, pero también en el caso de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Cuando aquello tiene lugar, los ciudadanos solo observan que la autoridad, en una acción correctiva, cursa una multa que en nada beneficia a las personas que han sufrido todas las consecuencias de los cortes a que hemos hecho referencia.
Para romper tal asimetría, los Senadores nortinos Baldo Prokurica , por un lado, y José Antonio Gómez , por otro, presentaron una iniciativa que busca...
El señor PIZARRO .- ¡Son representantes del norte, no "nortinos"...!
El señor CANTERO.- No moleste a mi Honorable colega. ¡Somos nortinos con fuerte arraigo!
Iba a decir, señor Presidente, que el proyecto, frente a situaciones de escasez de agua, tiene como propósito asegurar el abastecimiento a la población.
Lo valoro. Felicito a los Senadores señores Prokurica y Gómez. Hacen justicia al establecer una norma que no solo pretende asegurar la multa, sino también la exigibilidad de compensar al usuario, al que paga para que le garanticen el servicio, por la escasez o ausencia de este. Estimo que este tipo de iniciativas contribuyen a mejorar la imagen del Congreso.
En Antofagasta, por ejemplo, sufrimos hace un par de meses una situación traumática al interrumpirse el suministro de agua potable por el mal olor, efecto originado por microalgas desarrolladas producto de un proceso biológico que se estaba viviendo en el mar. Porque se trata de agua que se somete a un procedimiento de desalación.
Existe para ello una gran planta, la cual, por cierto -permítaseme hacer una breve reflexión-, contribuye a la recuperación del medio ambiente, porque el líquido que se saca del mar y se somete a tratamiento reemplaza al que se obtendría de las cuencas altas de la cordillera y, en consecuencia, se protege al río Loa, que ya se encuentra completamente saturado, al límite de su capacidad de sustentación de las demandas de agua.
Vale la pena consignar que, con ocasión del percance, Aguas Antofagasta , en forma unilateral y en un esfuerzo que valoro también muy positivamente, compensó a sus usuarios por el corte. Entendió que era una inversión en imagen corporativa, en mantener una buena relación con sus clientes.
Señor Presidente , anuncio mi voto a favor y reitero mi beneplácito al observar iniciativas como esta, que atienden a sentimientos muy arraigados en vecinos que, por momentos, ven vulnerados sus derechos de usuarios cuando se presentan este tipo de situaciones. Y no todas las empresas actúan con buen criterio. Algunas lo hacen con un enfoque muy usurario, muy abusivo, muy asimétrico y generan una tremenda impotencia en la gente.
He dicho.
El señor MUÑOZ ABURTO (Presidente accidental).- Cerrado el debate.
--Queda concluida la discusión general de ambos proyectos y aplazada la votación para la próxima sesión ordinaria.
El señor MUÑOZ ABURTO (Presidente accidental).- Terminado el Orden del Día.
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