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El señor LAGOS.- Señor Presidente , nadie puede oponerse a que se privilegie una actividad que genera el turismo. Este, como han expresado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, genera recursos, actividad económica, desarrollo para la Región, etcétera.
El proyecto en debate persigue algo razonable. El circuito internacional de cruceros turísticos implica un elevado costo y está dirigido a extranjeros con un nivel de renta alto, provenientes de países desarrollados, muchos de ellos de la tercera edad.
Parte del atractivo de las naves, además de mostrar lugares remotos y diferentes, de prestar atención de calidad y de contar con tiendas y entretenimientos a bordo, consiste en contar con salas de juego.
Tal servicio -de común ocurrencia desde hace muchos años en el comercio y en el turismo internacional- en Chile sufrió restricciones legales que obligan a esos cruceros a cerrar sus salas de juego tan pronto ingresan a aguas nacionales, situación que genera molestia en los usuarios.
Ese impedimento, que implica cerrar el casino tan pronto un barco se aproxima a las costas chilenas, hace mala propaganda al país. Pareciera que somos una nación donde no se puede apostar, en circunstancias de que estamos llenos de salas de juego, lo que crea frustración en el abuelito o abuelita que quiere gastar su jubilación en el barco jugando a la ruleta o al black Jack, acompañado de un buen trago.
Por eso, los dos o tres días de recalada en las costas chilenas implican malestar para los turistas.
Lo que planteó originalmente la iniciativa fue permitir que las salas de juego pudieran operar en aguas nacionales hasta minutos antes de su llegada a puerto, generando con ello un incentivo que permitiera que el número de barcos que antes recalaban en nuestro territorio volvieran a hacerlo. En Valparaíso ahora no es frecuente el arribo de buques como ocurría hasta hace 3 o 4 años, en octubre y noviembre, meses en que aumentaba en forma significativa el número de pasajeros.
Se ha dicho hasta el cansancio que, en promedio, la cantidad que deja cada turista es de 100 dólares. Por tanto, cruceros con 2 mil personas dejan ingentes cantidades de dinero. Además, parte importante de esos recursos queda en el circuito comercial más primario, como pequeños artesanos, restaurantes, etcétera, sin considerar los pagos que se hacen con dinero en efectivo más que con tarjetas de crédito.
Entonces, hay un beneficio en todo esto.
Sin embargo, al analizar el proyecto de ley en las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas, nos percatamos de que, junto con perseguir ese objetivo loable desde ese punto de vista, me parece que el Gobierno entendió que la iniciativa debía avanzar en ese sentido, para lo cual introdujeron modificaciones que permitirían algo completamente distinto: aparte liberar las restricciones que afectan a los cruceros internacionales, establecer adicionalmente la posibilidad de que barcos nacionales cuenten con salas de juego a bordo.
El señor BIANCHI.- ¡Eso se hizo en la Cámara de Diputados!
El señor LAGOS.- Tiene razón el Senador señor Bianchi .
Ahora bien, la legislación en Chile permite hoy que los cruceros nacionales posean salas de juego, pero de manera excepcional. Hay que solicitar el permiso; se licita, y se fijan ciertos requisitos: que los barcos tengan capacidad no inferior para 120 pasajeros y que su navegación sea de 500 millas náuticas, si no me equivoco.
Aparte de que no habría licitación, las enmiendas rebajaron la cantidad de pasajeros de 120 a 80, y las millas de 500 a 300 y no se aplicarían impuestos.
Entonces, en una iniciativa que intentaba recuperar el turismo que estamos perdiendo a consecuencia de la restricción a los barcos internacionales, se trató de beneficiar a la industria nacional, perjudicando la inversión de un número relevante de casinos de juego creados en Chile a partir de la última legislación aprobada, entre otras personas, por quienes ahora son Senadores y que eran Diputados en esa oportunidad.
O sea, a mi juicio, el juego no es problema.
En concreto, el hecho de extender el beneficio afecta a la competencia establecida. Cuando se licitaron casinos en Rinconada, en Angostura y en otros lugares hace poco tiempo, fue bajo el concepto de que no tendrían más competencia que la existente en la zona en que se estaba licitando. Por tanto, tal cambio genera vulnerabilidad.
Pero más fundamental que la Asociación de Casinos de Chile dijera que no -puso muchos reparos en la Comisión-, fue que la Superintendencia de Casinos también se manifestase disconforme por la forma en que iba a operar el beneficio, entre otros motivos, por un asunto bastante delicado: la posibilidad de controlar el lavado de dinero, pues la Unidad de Análisis Financiero no dará abasto para fiscalizar los casinos. Y más importante aún fue que, como esos casinos estarían exentos de IVA, el Servicio de Impuestos Internos no podría revisar los recursos que se capten, al no haber control alguno.
En resumen, señor Presidente , voy a aprobar la idea de legislar, porque me interesa el bienestar de la Quinta Región y que Valparaíso y Casablanca se beneficien con quienes viajan en los cruceros y deseen recorrer la zona. Pero no me parece bien que, aprovechando esta legislación, se trate de generar "por la puerta trasera" una industria que claramente no puede traer beneficios para el país y que en el último tiempo está vulnerando principios sobre la materia.
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