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El señor TUMA.- Señor Presidente , el objetivo de la iniciativa que nos ocupa es elevar las penas al delito de robo de cajeros automáticos. En la actualidad, esta conducta se sanciona conforme a las normas generales de asignación de penas para los delitos de hurto y robo.
Mediante el proyecto en estudio se pretende desincentivar el robo de dispensadores automáticos a través del aumento de las penas. Yo no me imagino a los jóvenes o a los adultos delincuentes haciendo un análisis de costo-beneficio, de cuáles son las penalidades asignadas al delito para ver si efectúan el robo o no.
Ahora bien, ¿por qué habría de ser más penalizado el delito de atentar contra un cajero automático que hacerlo sobre un pequeño comercio, que está cerrado, donde también violentan la puerta y roban la caja? ¿O que ingresar a robar a los colegios, a los jardines infantiles, sustrayendo los computadores? ¿Por qué vamos a penalizar con una mayor gradualidad el robo de cajeros automáticos?
Es cierto que el uso de dichos dispensadores facilita la vida. La tarjeta permite a los pensionados acceder a recursos de manera más expedita que haciendo una cola en el banco. Pero no me parece que nosotros debamos prestarnos como institución, como Poder del Estado para proteger especial y discriminatoriamente los intereses de las entidades bancarias, pues a ellas les asiste la obligación de crear las normas de seguridad.
En tal sentido, escuchaba a unos expertos acerca de cómo desincentivar el robo de cajeros automáticos con un mecanismo mediante el cual cada vez que se violenta o se mueve un dispensador se contaminan de inmediato todos los billetes con un líquido que los echa a perder.
¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué tenemos que legislar a través de una normativa especial para seguir llenando las cárceles de jóvenes?
En realidad, como sociedad deberíamos buscar otro modo de desincentivar el delito, de perseguir el incremento de la criminalidad. Pero no lo vamos a lograr aumentando las penas. Yo le aseguro, señor Presidente , que ninguno de quienes cometan delitos de este orden tendrá la información respecto de que subió la pena a entre tres años y un día y cinco años para el robo de un cajero automático.
Y si es así, ¿por qué vamos a discriminar? Porque de la misma forma podríamos aumentar las penas a quienes atentan contra la propiedad de pequeños negocios o establecimientos comunitarios.
En consecuencia, a mi juicio, la iniciativa no es una buena señal. Me parece que el Parlamento debe preocuparse de que la sociedad cree condiciones que establezcan desincentivos a la criminalidad y al delito, pero de otra manera y no simplemente aumentando penas, más todavía cuando se trata de un delito particular, sobre la propiedad perteneciente a los bancos.
Por las razones expuestas, votaré en contra.
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