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    • rdf:value = " AUMENTO DE PENAS EN DELITO DE ROBO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS El señor GIRARDI ( Presidente ).- En el siguiente lugar del Orden del Día figura el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma". --Los antecedentes sobre el proyecto (7689-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 46ª, en 30 de agosto de 2011. Informe de Comisión: Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 56ª, en 27 de septiembre de 2011. Discusión: Sesión 59ª, en 4 de octubre de 2011 (queda pendiente su discusión). El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General. El señor LABBÉ ( Secretario General ).- El objetivo principal de la iniciativa es sancionar el robo con fuerza de cajeros automáticos o dispensadores automáticos de dineros, o del dinero y valores contenidos en ellos, con la pena de presidio menor en su grado máximo. En la sesión de ayer quedó pendiente la discusión general, quedando inscritos para intervenir los Senadores señores García-Huidobro, Pizarro y Coloma. El señor GIRARDI (Presidente).- Continúa la discusión general del proyecto. Primero le vamos a dar la palabra a los señores Senadores que quedaron inscritos, y luego, a los Honorables señores Tuma, Navarro y Orpis. Tiene la palabra, en primer lugar, el Senador señor García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO .- Gracias, señor Presidente . Creo que el debate de ayer fue muy interesante. Sin embargo, debo manifestar mi preocupación, porque, sobre todo en las comunas rurales apartadas, existe la imperiosa necesidad de contar con cajeros automáticos, y así se lo ha hecho saber la comunidad a sus autoridades. Yo me pregunto cómo sería la situación actual de los bancos si todo el mundo tuviera que esperar para cobrar un cheque o su sueldo. Sin duda, de no existir este tipo de instrumentos hoy sería difícil imaginar la sociedad en que vivimos. Habría colas interminables. Es cosa de ver las largas filas que muchas veces deben hacer nuestros adultos mayores para cobrar por caja sus pensiones. Creo que debemos entender que los cajeros automáticos entregan un servicio público. Ayer un Senador manifestó que eran un negocio de las entidades bancarias. Sin duda que lo son, pero también responden a una necesidad de nuestra sociedad. Y, como los bancos se resguardan con seguros, a la larga, al existir una penalidad tan baja, la situación desemboca en que las compañías les suben las primas. Por eso, lo que hace justamente este proyecto es aumentar la pena más baja, pero manteniendo la máxima posible de aplicar por el delito cometido. En consecuencia, señor Presidente , considero urgente aprobar hoy la iniciativa, que va por el sendero correcto. Necesitamos dar una señal a quienes siguen abusando de este tipo de ilícitos, que muchas veces generan temor. Y numerosas instituciones, muchos servicentros o lugares de comercio prefieren no tener cajeros automáticos, a fin de preservar la seguridad de las personas que laboran allí. Por lo anterior, creo que debemos dar una señal como Senado y aprobar este proyecto, porque sin duda va en la dirección correcta. Muchas gracias. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro. El señor PIZARRO.- Señor Presidente , quedé inscrito ayer, pero el Ministro ya aclaró mi duda. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente , el objetivo de la iniciativa que nos ocupa es elevar las penas al delito de robo de cajeros automáticos. En la actualidad, esta conducta se sanciona conforme a las normas generales de asignación de penas para los delitos de hurto y robo. Mediante el proyecto en estudio se pretende desincentivar el robo de dispensadores automáticos a través del aumento de las penas. Yo no me imagino a los jóvenes o a los adultos delincuentes haciendo un análisis de costo-beneficio, de cuáles son las penalidades asignadas al delito para ver si efectúan el robo o no. Ahora bien, ¿por qué habría de ser más penalizado el delito de atentar contra un cajero automático que hacerlo sobre un pequeño comercio, que está cerrado, donde también violentan la puerta y roban la caja? ¿O que ingresar a robar a los colegios, a los jardines infantiles, sustrayendo los computadores? ¿Por qué vamos a penalizar con una mayor gradualidad el robo de cajeros automáticos? Es cierto que el uso de dichos dispensadores facilita la vida. La tarjeta permite a los pensionados acceder a recursos de manera más expedita que haciendo una cola en el banco. Pero no me parece que nosotros debamos prestarnos como institución, como Poder del Estado para proteger especial y discriminatoriamente los intereses de las entidades bancarias, pues a ellas les asiste la obligación de crear las normas de seguridad. En tal sentido, escuchaba a unos expertos acerca de cómo desincentivar el robo de cajeros automáticos con un mecanismo mediante el cual cada vez que se violenta o se mueve un dispensador se contaminan de inmediato todos los billetes con un líquido que los echa a perder. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué tenemos que legislar a través de una normativa especial para seguir llenando las cárceles de jóvenes? En realidad, como sociedad deberíamos buscar otro modo de desincentivar el delito, de perseguir el incremento de la criminalidad. Pero no lo vamos a lograr aumentando las penas. Yo le aseguro, señor Presidente , que ninguno de quienes cometan delitos de este orden tendrá la información respecto de que subió la pena a entre tres años y un día y cinco años para el robo de un cajero automático. Y si es así, ¿por qué vamos a discriminar? Porque de la misma forma podríamos aumentar las penas a quienes atentan contra la propiedad de pequeños negocios o establecimientos comunitarios. En consecuencia, a mi juicio, la iniciativa no es una buena señal. Me parece que el Parlamento debe preocuparse de que la sociedad cree condiciones que establezcan desincentivos a la criminalidad y al delito, pero de otra manera y no simplemente aumentando penas, más todavía cuando se trata de un delito particular, sobre la propiedad perteneciente a los bancos. Por las razones expuestas, votaré en contra. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente , hubiera sido adecuado que en la Sala se encontrara el Ministro de Justicia -estamos hablando de un tema relacionado con el procedimiento judicial, con los tribunales de justicia-, porque existe una contradicción flagrante y evidente. El Gobierno nos pide apoyo para una ley de indulto general a fin de poder vaciar las cárceles, que están atestadas. Al respecto, se plantea que los primerizos, un conjunto de personas que reúnen determinados requisitos salgan de los recintos penales. Y hemos ido aprobando un conjunto de normativas de modo reiterado, muchas veces llevados más bien por un discurso populista, efectista. El Ministro nos habría podido explicar cómo nos solicita que aprobemos indultos y luego nos presenta un proyecto que no resuelve el problema. Si alguien cree que aumentando la pena por el robo de cajero automático habrá menos delitos de este tipo, se equivoca rotundamente. La clave de la lucha contra la delincuencia no se encuentra en el incremento de penas, sino en la prevención, en la seguridad, en generar condiciones que impidan este tipo de hechos. Y en eso le asiste a lo menos una responsabilidad al sector privado. Es cierto, los cajeros automáticos son necesarios. Y se cobra por cada giro. No es gratis. Como lo dijo el Presidente de la República, esta es de las cosas que en la vida no son gratis: se debe pagar por cada giro. Y a los obreros de mi patria, cuando van a retirar sus 180 lucas, les cobran al igual que cuando se sacan 200. Se cobra por giro, no por monto. Y si quieren extraer 2 mil, 3 mil pesos -lo he visto en los cajeros-, les cobran por cada giro. Por lo tanto, no nos referimos a un servicio de utilidad pública, sino a uno privado, remunerado, con lucro, como está de moda: con lucro. En consecuencia, este último tiene que financiar también la seguridad. En Chile hay más de 100 mil guardias privados y vigilantes, que hoy se encuentran bajo la normativa del OS-10 de Carabineros. Hemos reclamado que cualquiera es vigilante, y esto debe ser reglado, a fin de que efectivamente haya mayor seguridad, pues no toda persona puede reunir los requisitos y condiciones para desempeñar esa función. Hemos propuesto que a las juntas de vecinos les sea posible contratar en su barrio servicios privados para aumentar los niveles de seguridad en el territorio que les corresponde. Entonces, el debate no radica en si es condenable o no el robo de cajero automático. Lo es todo delito que signifique destrucción de los bienes privados o públicos, apropiación indebida. Existe una premura del Presidente de la República -lo digo con todo respeto, señor Ministro Larroulet- en enviar un proyecto que sanciona el robo de cajero automático. ¿Y dónde está la iniciativa que castiga a los delincuentes de cuello y corbata de La Polar, a los que participaron en la colusión de las farmacias? ¿Dónde está el proyecto que sanciona a los que roban y no les pasa nada? Porque en nuestro sistema jurídico a un joven que roba una chaqueta que vale 20 mil pesos o un celular de 25 mil pesos se le aplican entre tres y cinco años de cárcel. ¡Y a un sinvergüenza delincuente de La Polar, de las farmacias, que roba miles de millones, que usurpa y abusa de quienes más necesitan sus remedios, pues son enfermos crónicos, no le pasa nada! No he visto ningún desfile de los ejecutivos de las farmacias por los tribunales, y menos por la cárcel. Jamás pondrán un pie en ella con la actitud de este Gobierno, que llegó al poder con la demagogia de la delincuencia. Y ahí están los videos en YouTube. Decía el actual Presidente : "¡Se acabó la fiesta!", "¡Vamos a combatir la delincuencia!", "¡Aquí las cosas van a cambiar!". Les pregunto a los Senadores de Gobierno y al Ministro presente cuánto han cambiado las cosas. El señor PROKURICA.- Voten a favor del proyecto, entonces. El señor NAVARRO.- Paz Ciudadana sostiene que no han cambiado: han empeorado. ¡Otra cosa es con guitarra! Ya los noticiarios de televisión no parten con media hora de delincuencia. Esta desapareció. Es cierto: desapareció de los medios de prensa, de los noticiarios. Pero sigue enquistada en las poblaciones. Y le planteo al señor Ministro que, sin duda, vamos a colaborar, que cuente con mi voto y con mi apoyo cuando se trate de avanzar en contra de los delincuentes. Pero el proyecto en análisis no resuelve el problema. Tiene mucho más de demagogia que de efectividad: más pena para quienes roban los cajeros automáticos, como si los delincuentes estuvieran interesados en si van a ir a la "cana" entre tres años y un día y cinco años, como si les importara. Hay que dar señales concretas para ambos lados. Uno nunca sabe quiénes están en las redes de las mafias que coordinan el robo de los cajeros automáticos. ¿Dónde se halla la información para saber cuáles poseen menos seguridad, dónde se puede actuar para robar? Esta se encuentra en las propias instituciones, en los bancos, en la red de cajeros automáticos. Señor Presidente , rechazaré el proyecto, porque quiero del Gobierno una iniciativa en contra de los delincuentes de cuello y corbata, que impida que los ejecutivos de La Polar hagan lo que hicieron con más de 500 mil tenedores de tarjetas de crédito. Y con todo respeto una vez más, hay investigaciones en curso. ¿Que pasó con CENCOSUD el año 2006? Por cierto, ahí están los antecedentes. Se tiene que aclarar lo ocurrido. Algunos de los ejecutivos de dicha empresa hoy son Ministros de Estado . Me parece que es deber del Gobierno esclarecer esos hechos para que haya transparencia. Y el Ejecutivo también debería haber enviado, junto con este proyecto, otro que permitiera a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia señalar: "Esta Comisión tiene la honra de emitir su informe acerca del proyecto de ley enviado por el Presidente de la República , Sebastián Piñera Echenique , con urgencia calificada de "suma", que tipifica y aumenta las penas para los delitos relacionados con acciones de fraude financiero.". Así, entonces, hubiésemos regulado las funciones de los directores de las empresas, quienes toman decisiones de repactación unilateral. El domingo estuve en el Campamento N° 1 de Chihuayante, donde se encuentran los damnificados de Villa Futuro. A esos pobladores -que ya van a cumplir año y medio viviendo en mediaguas- les llegaron 16 boletas de cuentas de luz -que tengo en mi poder- de la compañía CGE, de una sola vez. ¡Y, oh, sorpresa! En ellas aparece la repactación unilateral de toda la deuda del 2010, por instrucción de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Es decir, sin la firma de los aguerridos y sufridos habitantes de las mediaguas, ex poseedores de departamentos en Villa Futuro. Se les repactó de manera unilateral, cobrándoles 24 mil pesos mensuales, incluso por el periodo en que no ocuparon los departamentos. Sabemos que las compañías eléctricas han tenido graves problemas a la hora de facturar y cobrar a los usuarios. Por lo tanto, no se trata de proteger a quienes roban cajeros automáticos. ¡No los vamos a proteger! Apoyaremos al Gobierno en perseguirlos con la policía, con los medios lícitos, a fin de poder encontrarlos y encarcelarlos. ¡Pero no nos digan que un proyecto de ley que aumenta las penas para quienes roban cajeros automáticos resuelve el problema de la delincuencia! Quiero una iniciativa no que aumente las penas, sino que meta a la cárcel a los ladrones de cuello y corbata, a los de La Polar, que aún siguen impunes; a los de la Farmacia Ahumada que estaban coludidos y también siguen impunes. Mientras ello no ocurra, decir que estamos legislando para combatir la delincuencia, es solo una ilusión. Por eso, señor Presidente, con el objeto de ratificar nuestra convicción -y lo digo desde la Oposición- en cuanto a apoyar a este Gobierno en la lucha contra los delincuentes y para que de verdad a estos se les acabe la fiesta y el recreo -parece que ahora invitaron a todos sus amigos a la fiesta, porque ha crecido la familia de los delincuentes-, voto en contra del proyecto. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! He dicho. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente , por cierto la iniciativa que nos ocupa no va a resolver el tema de la delincuencia. ¡Eso es así! Respecto a la reflexión que hacía el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, comparto su opinión en cuanto a que para solucionar dicho problema es preciso tener una mirada más global, más profunda, que no solo se base en el aumento de las penas y del número de cárceles. Y es eso lo que discutimos en el Parlamento en este momento. En tal sentido, me parece que la del proyecto es una visión equilibrada. Si Su Señoría revisa la tabla de esta sesión, podrá apreciar que, a continuación, la Sala va a debatir la iniciativa que modifica el régimen de libertad condicional, y sustituye la multa -que muchas veces termina en cárcel- por una pena alternativa de trabajos comunitarios. Ello no busca encarcelar sino rehabilitar. Asimismo, cabe señalar que en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hay un proyecto que modifica la ley N° 18.216, sobre penas alternativas a las privativas de libertad, el que persigue, por primera vez en Chile y de manera seria, la rehabilitación y la reinserción social. Por lo tanto, el Parlamento está abordando de modo equilibrado y global no solamente el aumento de las penas, sino también la prevención y la rehabilitación. Ello es indispensable, porque permite muchas veces determinar las causas y el origen del problema para lograr la reinserción social de quienes han cometido un ilícito. Sin embargo, señor Presidente , lo relacionado con el delito es también una materia dinámica. Y sin desconocer que el aumentar las penas no resuelve el problema de la seguridad ciudadana, nadie puede negar que el incrementarlas en determinados momentos constituye un factor inhibidor del delito. Y es eso precisamente lo que busca esta iniciativa. Porque, hoy día, al asimilar el robo de los cajeros automáticos con el hurto, recibe penalidades extremadamente bajas, que van de 61 días a 5 años de cárcel. ¿Qué hace la iniciativa? El artículo primero incorpora en el inciso segundo del artículo 443 del Código Penal una frase final, nueva, que prescribe que el robo con fuerza de cajeros automáticos se sancionará con presidio menor en su grado máximo, esto es, 3 años y un día a 5 años. Es decir, aumenta la penalidad. Me parece importante dar esta señal, porque dicho ilícito se está produciendo de manera habitual. Aquí se ha reclamado respecto a la responsabilidad de los bancos. Por eso, y para conocimiento de la Sala, el artículo segundo dispone que las instituciones bancarias o financieras, de cualquier naturaleza, deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones de seguridad que dicte el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. Por ende, no solo se aborda el aumento de la penalidad, sino que se hacen más exigentes las normas que la propia Cartera del Interior va a imponer a las instituciones bancarias y financieras. El objetivo es que estas deben adoptar las medidas de resguardo para evitar que se cometa el robo de cajeros automáticos, de acuerdo a la preceptiva que les va a exigir directamente esa Secretaría de Estado. Sin embargo, también se debe proteger a la sociedad de los delitos. Y sin ser una condición absolutamente determinante, pienso que el aumento de la penalidad evidentemente inhibe la comisión de ciertos actos delictivos, porque se trata de penas privativas de libertad. De ese modo la sociedad se va protegiendo. Concuerdo en que no se va a resolver el problema del delito, en general, si no lo abordamos con una visión amplia, como señalé. Prueba de ello es que el proyecto que debatiremos en seguida se refiere a la reinserción social. Y, tal como dije, en la Comisión de Constitución se halla una iniciativa que trata sobre las penas alternativas de la ley N° 18.216. En consecuencia, pienso que por primera vez el Parlamento, a diferencia de los discursos que muchas veces hemos escuchado en el Hemiciclo, está abordando en forma equilibrada el tema de la seguridad ciudadana -no se concentra solo en aumentar la penalidad o el encarcelamiento-, la reinserción social y la rehabilitación. He dicho. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos. El señor LAGOS.- Señor Presidente , deseo mencionar que hay una discusión muy antigua en la doctrina, en la teoría jurídica, respecto de cuál es el rol que cumplen las penas como disuasivas o no para la comisión de delitos. Y no creo que lo vayamos a resolver hoy en la Sala. Podemos entender el razonamiento del Ejecutivo al proponer el aumento de las penas por el robo de cajeros automáticos. En el fondo, se quiere señalar: "¡guai del que vaya a robar un cajero automático, porque lo voy a secar en la cárcel hartos años!". Ello, con la esperanza de disuadir a alguien de cometer un delito. Yo tengo serias dudas de que eso vaya a operar así. Como dijo el Senador Navarro, si por el robo de un celular o de una chaqueta de 20 mil pesos una persona puede pasar entre 3 a 5 años en la cárcel, ¿qué problema tendrá para robar un cajero automático, donde es posible que encuentre varios millones de pesos, y si lo pillan, va a quedar recluido un par de años más? ¿Dónde está el desincentivo, entonces? Lo que me preocupa acerca de la materia en debate, señor Presidente -por su intermedio, al Ministro señor Larroulet , quien se halla presente en la Sala-, es que el Gobierno tiene completamente erradas las prioridades. Porque si hay un lugar donde alguien diría que es atendible ir a robar, es en un cajero automático, porque se hace bajo el supuesto de que está lleno de plata. Sin embargo, si de señales se trata, ¿dónde se produce más daño? No en los bancos, porque se encuentran completamente asegurados, de modo que no pierden un solo peso en los robos a sus dispensadores de dinero. Pero sí en las comunidades que yo represento: Cuarto Sector de Playa Ancha, Barrancas de San Antonio ; Casablanca; población Manuel Bustos de Valparaíso . Ahí no hay cajeros automáticos. ¿Saben lo que roban en esos lugares? Los delincuentes entran a las sedes de las juntas de vecinos y se roban el horno que se usa para hacer pan y reunir recursos. Roban los computadores de los planteles educacionales. Ingresan y roban en los establecimientos comerciales pequeños y también en las Compañías de Bomberos. A los clubes deportivos les roban las camisetas y las 4 pelotas de fútbol que tienen. Y eso queda comprendido en la misma legislación de siempre. Entonces, ¡díganme dónde está la prioridad! Con la mano en el corazón, colegas, deben reconocer que la penalidad propuesta no va a disuadir a nadie de robar un cajero automático. Los que se dedican a robar tales dispensadores andan en camionetas 4x4 y conforman grupos de 3 o 4 personas que se coluden para perpetrar ese ilícito. El señor QUINTANA .- Tienen winches. El señor LAGOS.- Dichos vehículos están equipados con winches, como bien me asesora aquí el Senador Quintana . En consecuencia, van a robar igual los cajeros automáticos. Y el aumento de la pena en 4 o 5 años les va a dar lo mismo. ¡Total, el robo de camisetas, de un celular o de una chaqueta que cuesta 20 mil pesos implica solo un par de años menos! Por lo tanto, ¿qué se intenta proteger con el incremento de la penalidad? Yo creo que el Gobierno no lo captó. Pero tal vez sí captará lo que estoy diciendo. ¿Dónde queremos proteger más? ¿A quién queremos castigar más? ¿Al que roba a su propia comunidad: a la Junta de Jardines Infantiles, a las salas cuna, a las juntas de vecinos, al Cuerpo de Bomberos? ¡Esa es la realidad de las cosas! Indudablemente, acá están mal puestas las prioridades. Y con relación a un problema sobre el que el Gobierno ha hecho tanto aspaviento: el de la seguridad ciudadana, bueno, ¡está clara cuál es la señal! Ahora se trata de criminalizar, a través de otro proyecto de ley, a quienes participen en tomas y en manifestaciones públicas. Por ejemplo, alguien que se tomara pacíficamente un establecimiento educacional podría permanecer hasta 3 años preso. Yo escuché al Ministro Allamand , quien sostuvo que hay que matizar las cosas. Sin embargo, la legislación propuesta no hace sino indicar una manera de ver las cosas: el criterio de la mano dura. ¡Se cree que todo se arregla así! La mano dura generó un pésimo precedente durante 17 años y no resolvió nada. Y en materia de seguridad, ¿qué pasó con el denominado "caso bombas"? Lo traigo a colación acá en el Senado y a través de la twitcam porque, si uno lee los medios de prensa nacionales, se percata de que la información sale pequeñita en todos ellos, ¿verdad? Pero la noticia primitiva se dio a conocer con bombos, pitos y flautas - Ministro del Interior incluido- por el ex Fiscal Peña. Este, "afortunadamente", tuvo un período de desempleo bastante acotado, porque saltó de la Fiscalía a ocupar el cargo de asesor de la Cartera del Interior. ¡Incluso antes de que renunciara se supo que se iría a esta repartición...! Ayer, la justicia echó por tierra la acusación y dejó libres a 13 personas. Y el Gobierno, campante, dice: "No tenemos nada de qué arrepentirnos". Se lo escuché al Subsecretario Ubilla . ¡Yo hubiera esperado un poquito de pudor! Algo como lo siguiente: "En función de las instituciones...". ¡Nada de eso! ¡Ni un poquito de pudor! Se hizo del asunto una cuestión pública y se acusó a esa gente durante ocho meses. ¡Les encargo revisar lo que vi hoy día: al abogado de uno de los afectados describiendo lo que fueron esos ocho meses en la Cárcel de Alta Seguridad! Acaban de salir libres de polvo y paja. No se trata de que no los vayan a sancionar por asociación ilícita. ¡No los sancionan por nada! ¡La Fiscalía tuvo que sobreseer el caso porque no tenía nada que mostrar! ¡Y esta tarde nos hallamos aquí preocupados de legislar sobre el aumento de las penas por el delito de robo de cajeros automáticos...! En verdad, considero que con el envío de la presente iniciativa se procedió mal -se lo indico al señor Ministro, por intermedio de la Mesa- desde el punto de vista de las prioridades. Que me corrijan si los bancos no tienen seguros contra el robo de cajeros automáticos. En cambio, ninguna junta de vecinos, ningún club deportivo del cerro Barón , ningún club de cueca de Casablanca tiene seguros. ¡Les roban y la pena por esos delitos es la misma! Si en el caso en estudio se pretende aumentar la penalidad por estimar que esta es disuasiva, bueno, hagámoslo respecto de aquel bien que represente un valor mayor. Porque los seguros van a cubrir todas las pérdidas de los bancos, los cuales, además, dadas las utilidades que han obtenido, pueden soportar la pérdida de un par de cajeros automáticos. Por último, si el Gobierno cree que las penas son disuasivas, que por lo menos realice en el verano una campaña de reparto de panfletos donde se diga qué pena se aplica por robar un celular o una toalla; por traficar droga; por comprar papelillos; por tomar alcohol en la vía pública. ¡Difundamos esas penas! Lo sugiero, porque las que acordemos en la legislación que nos ocupa no las va a conocer nadie más en Chile. ¿Quién va a saber cuál es la pena por el robo de un cajero automático? Señor Ministro , puede contar con todo mi apoyo para luchar contra la delincuencia. Pero también pido un poco de mesura y establecer prioridades. No entiendo cuál es la necesidad de priorizar el aumento de las penas por el robo de cajeros automáticos, en circunstancias de que hay otros bienes de la sociedad chilena tanto o más importantes de defender. Además, esos cajeros se protegen solos, porque con las tasas de interés que cobran los bancos están cubiertos de esa contingencia. Anuncio que votaré en contra. El señor GIRARDI ( Presidente ).- El Honorable señor Prokurica ha solicitado abrir la votación. Primero intervendrá el señor Ministro , y después los oradores inscritos, Senadores señores Gómez, Hernán Larraín, Letelier, Quintana y señora Allende. Cerrado el debate. En votación. Tiene la palabra el señor Ministro. --(Durante la votación). El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).- Muchas gracias. Señor Presidente, distinguidos Senadores y Senadoras, este proyecto forma parte de una serie de iniciativas destinadas a aumentar la seguridad ciudadana y a combatir la delincuencia, como muy bien dijo el Senador Orpis al referirse a algunas en estudio en el Senado. Todos sabemos que en el área de la delincuencia y, en general, en el ámbito de las políticas públicas no hay bala de plata, sino que siempre se requiere, para tener éxito, un conjunto coherente de acciones que apunten en la misma dirección. Sería largo enumerar los proyectos -ustedes los conocen muy bien- que en la actualidad se tramitan en el Parlamento, todos muy relevantes. Por ejemplo, el atinente al uso del brazalete electrónico; el que permitirá, en su articulado y en otros, la existencia de penas alternativas, de manera tal de no congestionar las cárceles; el que acaba de ser aprobado hoy día, sobre registro de prófugos; el de registro de pedófilos. Y así, sucesivamente. No quiero aburrir a esta distinguida Sala con una extensa lista de iniciativas legales y no legales (estas últimas, referidas a políticas). De otro lado, el Congreso se halla iniciando el trascendental debate del proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación para el año 2012, en el que se fija una clara prioridad en materia de seguridad ciudadana, y se asignan los recursos para esa tarea. En efecto, el próximo año se va a financiar el incremento de 2 mil nuevos efectivos en Carabineros; la renovación de 1.100 vehículos policiales; la ampliación del Plan Cuadrante a 134 comunas, y la extensión del programa Barrio en Paz a 110 sectores vulnerables. En suma, podríamos permanecer muchas horas hablando del conjunto coherente de políticas que el Gobierno impulsa para el combate a la delincuencia. La presente normativa es una entre varias más. Si alguien la aísla, pensando que es una sola, y mira su contenido, podría efectivamente concluir: "Esto no es suficiente para abordar la integralidad del problema". Pero forma parte de ese conjunto coherente y, por lo tanto, es indispensable para la labor señalada. El segundo comentario que quiero hacer tiene que ver con otra visión, también equivocada, acerca del proyecto en análisis. Se piensa que este apunta a favorecer al sistema bancario, cuando es justamente lo contrario: el ciudadano común y corriente se beneficia con las fórmulas modernas, como un cajero automático, para acceder a un bien esencial para el funcionamiento de la sociedad. ¿Cuál es ese bien? ¡El dinero! Lo que buscamos con esta iniciativa -sobre todo a propósito de la pregunta que realizaron algunos distinguidos Senadores que me antecedieron en intervenir- es beneficiar a la población, al chileno común y corriente, especialmente al que vive en los sectores más populares y -como se expresó- en los sectores rurales, donde cuesta acceder a una institución financiera. En suma, de lo que se trata aquí es de proteger de la delincuencia a las personas de clase media y a las personas modestas -¡eso es lo que tratamos de hacer!-, no a la entidad que administra o es dueña de un cajero automático. En el mundo moderno, hace ya muchos años que se acabó el trueque. ¡Por suerte! Y para los fines que este tenía hoy existe el dinero. Lo que hacemos ahora es, precisamente, combatir la delincuencia que afecta el ejercicio del derecho de la clase media y los sectores más modestos a usar dinero en sus transacciones. Tal es el sentido social profundo de la presente iniciativa legal. Más aún -con esto termino, señor Presidente -, debemos pensar que este proyecto ya fue discutido en la Cámara de Diputados. Su texto incluye normas relacionadas con el cumplimiento del sistema bancario de la ley que regula el funcionamiento de los vigilantes privados, en el sentido de obligarlo a implementar un plan de seguridad, como sostuvo el Senador Orpis . En suma, nos parece que la iniciativa es de suyo relevante, forma parte de un conjunto coherente de acciones y, por sobre todo, se dirige a la gran mayoría de los chilenos que, producto de la acción delictual, muchas veces no pueden acceder a algo tan elemental como el dinero contante y sonante -para decirlo en forma clara- a fin de realizar las transacciones más básicas de su vida diaria. He dicho. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez. El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , me había hecho el propósito de no intervenir, pero después de revisar el proyecto debo decir -esto es discutible- que su texto es de muy mala calidad, de muy mala factura. No resuelve absolutamente nada y, además, no entiendo por qué pretende tipificar un delito que ya existe. En el Título IX del Código Penal, CRÍMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, el párrafo primero trata "De la apropiación de las cosas muebles ajenas contra la voluntad de su dueño"; el párrafo segundo, "Del robo con violencia o intimidación en las personas", y el tercero, "Del robo con fuerza en las cosas". Por su parte, el artículo 440 del mismo cuerpo legal establece cuál es la penalidad del robo con fuerza en las cosas. Y el artículo 442, referido al robo en lugar no habitado -es el caso que nos ocupa, porque se trata de cajeros automáticos de bancos u otras empresas financieras ubicados en lugares supuestamente no habitados al momento de producirse los hechos-, dispone que este delito "se castigará con presidio menor en sus grados medio a máximo, siempre que concurra algunas de las circunstancias siguientes: "1ª. Escalamiento "2ª. Fractura de puertas interiores, armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados. "3ª. Haber hecho uso de llaves falsas, o verdadera que se hubiere substraído, de ganzúas u otros instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo o abrir los muebles cerrados.". ¿Qué dice el artículo siguiente, el 443? "Con la misma pena señalada en el artículo anterior -esta es la disposición que se modifica, pues se supone que aquí se agrega el delito- se castigará el robo de cosas que se encuentren en bienes nacionales de uso público o en sitio no destinado a la habitación si el autor hace uso de llaves falsas o verdaderas que se hayan substraído, de ganzúas u otros instrumentos semejantes o si se procede, mediante fractura de puertas, vidrios, cierros, candados u otros dispositivos de protección o -¡miren lo que se expresa!- si se utilizan medios de tracción.". El señor WALKER (don Patricio) .- ¡Está claro! El señor GÓMEZ.- Entonces, subir o no las penas es una cuestión de política criminal e involucra una discusión que tendremos que realizar en otro contexto. Pero sucede que en el informe de la iniciativa no se considera la opinión de nadie, es decir, de las personas que debieran haber sido escuchadas, como jueces, fiscales, profesores de Derecho Penal. Y tal consulta es normal cuando se quieren elevar las penas e introducir cambios dentro de un procedimiento o una estructura... El señor WALKER (don Patricio) .- ¡No fueron consultados! El señor GÓMEZ.- ¡Y el colega Lagos me señala que no está ni el Senador Espina...! Por tanto, creo que el proyecto, desde el punto de vista de la política criminal, carece de sentido. Comprendo que el Gobierno se encuentre preocupado por los robos a cajeros automáticos que se producen, y por los efectos que ello le genera a la ciudadanía. Esa es la razón que yo entendí. Asimismo, cabe recordar que el mensaje dispone que "De acuerdo a los datos actualizados al mes de marzo de 2011, se han verificado 126 robos a cajeros automáticos. Ochenta de estos robos se han producido utilizando la técnica del `vehículo vaquero'". ¡Una explicación interesante...! El señor QUINTANA.- ¡Y con el toro "Frutilla"...! El señor GÓMEZ.- Agrega el mensaje que "de los 126 robos acontecidos durante lo que va transcurrido de este año, 53 de los 54 vehículos que fueron utilizados para robar los cajeros automáticos y que luego fueron abandonados, presentaban encargo por robo.". Anoche, cuando le echaba bencina a mi auto en la bomba de la Costanera Norte ubicada a la entrada a Santiago, el bombero me contó que habían asaltado la estación de servicio. ¡Y etcétera, etcétera! O sea, frente a la enorme cantidad de problemas de seguridad reconocidos por la gente frente a los cuales las personas nos dicen "preocúpense de la seguridad", no entiendo por qué el Parlamento, especialmente el Senado, y el Gobierno pierden un minuto de su tiempo en subir penas por el robo de cajeros automáticos, cuando además -en mi opinión- este ilícito se halla claramente sancionado en el actual Código Penal. En consecuencia, yo no perdería el tiempo del Congreso en el tratamiento de esta iniciativa considerando lo que cuesta llevar adelante acá proyectos de fondo que de verdad ayuden a resolver los problemas de seguridad de la gente. El Ejecutivo tomó aquí una decisión, porque incluso le puso urgencia calificada de "suma" a la iniciativa, con lo cual le agregó un incentivo adicional, en circunstancias de que deberíamos abocarnos a proyectos más relevantes. Por ejemplo, le quiero recordar al señor Ministro que hace mucho tiempo presenté una iniciativa -se encuentra en la Comisión de Constitución- para que se exijan ciertas condiciones al interior de los recintos penales a fin de que los presos trabajen. Ello, con el objeto de que cumplan su pena y, además, presten un servicio a la comunidad y ahorren recursos para sus familias. ¡A ese proyecto no se le ha puesto ni un minuto de urgencia! ¡No le importa a nadie! Y estoy seguro de que la opinión pública concuerda en la relevancia de que los presos, en vez de estar preocupados de fugarse o de pelear entre ellos, dispongan de una alternativa de trabajo al interior de las cárceles. ¡Esa iniciativa no importa! Asimismo, hemos presentado en la Comisión de Constitución otros proyectos esenciales en materia de seguridad pública, pero tampoco se los ha considerado. Entonces, la iniciativa que nos ocupa presenta falencias graves. Quizás lo único rescatable, señor Ministro , sea su artículo 2º, porque -cosa curiosa- obliga a los bancos a cumplir las normas que el Ministerio del Interior establezca en materia de seguridad. ¡Eso es obvio! El señor LAGOS.- ¡Más que obvio! El señor GÓMEZ.- Es evidente que debe existir esa obligación. Porque el Estado gasta una enorme cantidad de recursos por la presencia de carabineros alrededor de los bancos para proteger los cajeros automáticos. La señora RINCÓN.- Así es. El señor GÓMEZ.- Honestamente, pienso que están mal puestas las prioridades, y que es un error avanzar en una propuesta como la que nos ocupa. Lo que sí debemos hacer mediante una iniciativa legal es obligar a los bancos a adoptar las medidas de seguridad necesarias para resguardar los cajeros automáticos a fin de que la gente que vaya a sacar su plata no sea asaltada. En verdad, señor Presidente -con esto concluyo-, no le encuentro razón alguna a este proyecto. En todo caso, supongo que el Ejecutivo persistirá en su empeño y que el discurso de un Senador opositor no lo hará cambiar de opinión... El señor LAGOS.- ¡Los de todos nosotros, sí! El señor GÓMEZ.- ¡Es cierto, colega! Decía que, de persistir el Gobierno en su idea, será imperativo que la iniciativa sea analizada por la Comisión especializada. Acaba de llegar a la Sala el Senador Espina, cuyo parecer ni siquiera figura en el proyecto... El señor WALKER (don Patricio) .- ¡Llegó al tercer llamado...! El señor GÓMEZ.- Me figuro que Su Señoría lo va a defender. Pero repito que el informe no contiene opinión alguna de quienes deben dar su juicio sobre un asunto tan importante como este. Termino, señor Presidente , recordando que el Ministerio Público necesita 156 fiscales y 587 funcionarios más. Por registrarse una serie de problemas, desde el punto de vista del desarrollo de la persecución criminal. Y tampoco ha sido escuchado con motivo de este tipo de proyecto, tan curioso. Así que por lo menos el Senador que habla no se halla en disposición de aprobar una iniciativa carente del fundamento técnico que requiere. Al respecto, me parece indispensable, que la estudie la Comisión de Constitución, porque, tal como está, no presenta ninguna lógica, en verdad. Gracias. El señor GIRARDI ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín. El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , me sorprende el giro que ha tomado la discusión, tratándose de una normativa tan sencilla, que apunta a un objetivo tan claro y que la jurisprudencia ha forzado al Ejecutivo a plantear. Porque es esta última la que define el tipo de delitos en que se precisa, no nosotros desde nuestros pupitres. El encono con que se ha desacreditado al texto no guarda proporción con los hechos. Se critica, por ejemplo, que el Gobierno no tiene claras las prioridades; que debiera estar concentrado en promover otro tipo de caminos para perseguir el delito. El Ejecutivo, para bien o para mal, impulsa una cantidad importante de proyectos que, para juzgar y desaprobar, deben ser considerados en conjunto, y no cabe exponer una visión aislada, como si se estuviera presentando un solo asunto. ¿Qué esperan para presentar iniciativas aquellos que se preocupan de las otras prioridades sociales? ¡Si el papá no es el único que puede hacerlo! ¡También los hijos tienen esa posibilidad! ¡Y no actuemos como niños taimados! ¡Si Senadores y Diputados pueden iniciar mociones con relación a las prioridades sociales que estimen adecuadas en cuanto a la persecución del delito! ¡Nosotros procedimos en esa forma, durante muchos años, cuando fuimos Oposición y seguimos en ello hoy! ¿Por qué no recurren a esa vía, en vez de criticar al Gobierno por no hacer lo que ustedes estiman conveniente? ¡Háganlo! No lo entiendo, señor Presidente. Me parece que se ha asumido una actitud un poco infantil: la del perro del hortelano, que no come ni deja comer. ¡Pongamos un poco más de seriedad! Después, se sostiene: "No podemos discutir esta materia. Necesitamos una gran estrategia, grandes iniciativas". El señor PROKURICA .- ¡Tuvieron 20 años...! El señor LARRAÍN .- ¿Por qué no podemos nosotros pensar que también es posible avanzar con proyectos específicos, concretos, que atacan cuestiones determinadas? Porque, con el recurso a proyectos generales, vamos a terminar con los progresos en aspectos más puntuales, lo que también sería un mal criterio. En la Comisión de Constitución estamos estudiando una serie de iniciativas de esta naturaleza. Unas, como lo expresaba mi Honorable colega Orpis, figuran en tabla; otras, las estamos despachando con la rapidez que podemos, porque son complejas. Tampoco me parece que esta crítica justifique votar que no. Por supuesto, el derecho a oponerse es connatural en una democracia; pero tratemos de fundamentar nuestra posición con una cierta seriedad, con un cierto rigor. En seguida, también me preocupa el ideologismo desarrollado en contra del lucro. ¡Si una institución persigue fines de esa naturaleza, entonces cabe asaltarla...! El señor NAVARRO .- ¡Por favor! El señor LAGOS.- ¡Nadie ha dicho eso! El señor LARRAÍN .- Porque -entendámonos- ¡si persigue fines de lucro, no hay por qué protegerla! "¡Protéjase usted solo, señor!". El señor LAGOS.- ¡Se rebaja el nivel del debate! El señor LARRAÍN .- ¡No recuerdo haberlos interrumpido a ustedes! Les pido respeto. ¡No se exaspere, Su Señoría! Controle su lenguaje. El señor GIRARDI (Presidente).- Debe permitirse intervenir a quien tiene la palabra. El señor NOVOA.- ¡Nosotros tenemos que escuchar todo lo que dicen desde las bancadas de enfrente! El señor NAVARRO .- ¡Pongan más guardias...! El señor LAGOS.- ¡Con contrato fijo, sí...! El señor GIRARDI ( Presidente ).- Ruego no interrumpir. El señor LARRAÍN .- El grito es siempre el argumento del débil. Así que pido que tratemos de razonar. A lo mejor, estoy equivocado, Honorable colega Navarro , pero déjeme expresarme. A usted lo dejo discurrir cada vez que quiere, aunque esté en desacuerdo en un cien por ciento con sus planteamientos. Le respeto su derecho. Aquí se ha dado una argumentación que me parece falaz: que porque alguien persigue fines de lucro, en la medida en que se está protegiendo a los bancos, no podemos continuar adelante. Eso es no entender lo que está ocurriendo. ¡Si esas instituciones no pierden la plata! ¡Tienen seguros! ¡Si los afectados son los chilenos comunes y corrientes, que quedan sin el servicio! ¡Ese es el punto! ¡Y ese es el bien jurídico que se intenta proteger: el acceso a un servicio! Se podrá aducir: "No basta con aumentar las penas". Es probable. Constituye una materia discutible. Pero, por lo menos, lo propuesto constituye un aporte, una preocupación, la cual va acompañada de otra, como ya se ha señalado, en el artículo segundo, que procura incentivar a las instituciones responsables para asumir en forma más fuerte el compromiso con la seguridad. Por lo tanto, creo que aquí se está equivocando el camino. ¡Y cuidado con aquello de que todo lo que contemple el lucro es condenable! Porque las pymes persiguen fines de esa naturaleza. Todas las empresas -pequeñas, medianas o grandes- tienen, en sí mismas, esa característica. Entonces, ¿vamos a condenar ese elemento? ¿Vamos a extirparlo? ¿Vamos a trabajar por bolitas de dulce, por fines benéficos, morales, altruistas? Creo que estamos exagerando un poco el argumento. Estamos extremando las cosas, y, cuando eso ocurre, se pierde el horizonte. Me parece que no ha mediado un planteamiento muy sensato. Asimismo, se han dicho otras cosas. Un señor Senador expresó: "Quiero que se sancione, no a esta gente, sino a los señores de cuello y corbata". Conviene recordar que se ha sancionado a muchos de ellos. Es más: se citó el caso de La Polar. Es preciso tener en cuenta que este no se desarrolló ahora último. Porque alguien también afirmó: "Aquí no se ha acabado la fiesta, sino que se ha invitado a más gente de cuello y corbata". Pero ¿cuándo empezó lo de La Polar? No fue el año pasado: viene ocurriendo desde el año 2006. ¿Y cuándo terminó la fiesta? ¡Ahora! Fue el SERNAC el que detectó la situación, el que efectuó los estudios necesarios y el que permitió poner a estos caballeros en una situación tan complicada que es muy probable que algunos de los ejecutivos de cuello y corbata pasen, si se encuentra razón a lo que los fiscales están planteando, hasta 15 años en la cárcel. Entonces, ¿por qué nos anticipamos a lo que se resolverá en ese proceso? Dejemos que los tribunales funcionen. Y no pretendamos que, por no haberse logrado justicia en un caso determinado, es posible pensar que esta no existe. En Gobiernos pasados se verificaron muchas cosas que me molestaron. Una de ellas, por ejemplo, fueron los sobres que recibían los Ministros. ¡Esos montos se declararon exentos de impuesto! Si esos mismos sobres se hubieran repartido a gerentes, me pregunto si se habría aplicado el mismo criterio. Ahí se optó por una solución bastante parcial, porque un funcionario de confianza tuvo que dictaminar si los pagos eran o no susceptibles de impuesto. ¡Y se concluyó que no! ¡Es algo fantástico! Así que tengamos cuidado con lo que expresamos. Por supuesto, siempre existe el derecho a oponerse. A algunos les encanta ejercerlo, y, quizás por eso, están donde están. Señor Presidente , diría que este es un proyecto sencillo, simple. Algunos lo votarán a favor; otros, en contra. Pero no creo que dé para hacer un escándalo como el que aquí se ha verificado. He dicho. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente , seré muy breve. Llama la atención que el Estado tenga que gastar tanto en funciones que les corresponden a actores privados. Hay tribunales cuya mayor actividad es hacerles la cobranza a las multitiendas. Y son miles de millones de pesos los que se invierten al ayudar a financiar tal sistema. Por eso algunos vemos con tanto optimismo el anuncio del señor Ministro de Justicia de que se avanzará en la reforma procesal civil, entre otras cosas. Pero eso no es suficiente. Se logrará más rapidez, eso sí. Es una discusión que se ha mantenido durante muchos años, en los que se ha venido trabajando en la materia señalada y en un nuevo Código del ramo. El cuestionamiento es por qué el Estado tiene que financiar una actividad propia de privados y que demanda tantos recursos. Uno se pregunta por qué no nos quedamos solo con el artículo segundo, que es lo sustantivo del proyecto, norma que no significa más que la obligación de las instituciones financieras de cumplir con los requisitos en materia de seguridad que establezca el Ministerio del Interior, el Gobierno, el Estado. Así se facilitan las cosas. A mi juicio, las penalidades ya son altas, en general, en muchos delitos. En lo personal, no estoy disponible para seguir en la guerra de meter más gente a las cárceles, con más penas. Estimo que Chile -no un sector político u otro- ha errado el camino al pensar que solo con castigos más elevados se resuelve la dificultad o se genera una actitud colectiva en orden a evitar la comisión de ilícitos. Considero que la sanción ya existente para lo que se ha tipificado como robo con violencia en lugares no habitados, con ciertas situaciones en que concurren agravantes, es más que suficiente. Creo que el aumento que nos ocupa es solamente para fines comunicacionales y no para otros. Por cierto, quiero que el país pueda atacar los problemas en seguridad pública, que pueda hacerse cargo de ellos. Estoy tristemente satisfecho al constatar que las bancas de enfrente entienden hoy que "otra cosa es con guitarra". El Presidente de la República y su Ministro del Interior afirmaron que iban a barrer con la delincuencia. Pero no recurriré a la frase que usarían algunos señores Senadores partidarios del Gobierno: "La delincuencia está barriendo con ellos". Lo cierto es que la seguridad pública es un tema de debate nacional. Es un asunto que debe preocuparnos a todos y tenemos que evitar caer en la lógica de politizarlo, como ocurrió, en mi opinión, en otras épocas. Por mi parte, votaré en contra de la idea de elevar la pena, pues considero que ello no es eficaz en lo más mínimo. Tiendo a inscribirme, respecto de las penalidades, en una moción como la del Senador señor Orpis de la cual se dio cuenta hoy, relativa a la búsqueda de formas distintas de cumplimiento; en mecanismos de rehabilitación o, como lo expresó mi Honorable colega Gómez , en premios o la generación de sistemas para que quienes han delinquido y son privados de libertad puedan rehabilitarse a través del trabajo. No creo que el proyecto cambie absolutamente en algo la frecuencia de los asaltos a cajeros automáticos. Sí me parece que el artículo segundo puede ayudar muchísimo a dificultarlos. Por eso, juzgo importante que esa parte se transforme en ley. No sé cuál va a ser la actitud del Gobierno. Porque si nos tiene en un debate y votación de un asunto con "suma" urgencia, algunos nos veremos obligados a pronunciarnos en contra, ya que la cuestión es compleja. Nos hallamos en la discusión general, pero media dicha calificación, lo cual genera cierto procedimiento acerca de cómo tratar la materia. Lo dejo planteado para ver cuánto se quiere avanzar. Repito que no soy partidario de aumentar la sanción en el caso que nos ocupa. Creo que ya es suficiente. Estoy cansado de que el Estado gaste plata en facilitar acciones que deben realizar los privados; que tienen que ver con responsabilidades de estos. De por sí, a todos los usuarios de los bancos nos están cobrando seguros para cubrir este tipo de situaciones. Y no creo que por regir una ley que contemple una mayor penalidad sea posible argumentar que nos bajarán un peso la prima. Por ende, estimo que la presente iniciativa no ayuda a evitar el problema: es más bien de corte comunicacional. Y para este último fin creo que quizás necesitamos generar una inflexión, al objeto de comenzar a tener actitudes y posiciones más colectivas sobre cómo combatir la delincuencia, cómo lograr condiciones de seguridad pública, a lo cual no me parece que contribuye el camino que se está siguiendo. Me sumo a algo que se hizo presente. Creo que quiz��s deberíamos plantear también lo que ha sido discutido por algunos. Es demasiado duro lo que ha pasado en el "caso bombas". No nos engañemos. No lo pongamos como uno más. Se agrega a lo ocurrido con el joven pakistaní. Pero lo grave es que se privó de libertad a un grupo de personas por un tiempo prolongado y que formuló acusaciones infundadas quien fue premiado por el Gobierno con el cargo de asesor del Ministerio del Interior. En algún momento sería bueno sincerar la situación, porque, más allá de cualquier consideración adicional, es evidente que esa forma de enfrentar los problemas de seguridad pública, esa modalidad de descalificar, de presuponer, adoptada por el Ejecutivo no ayuda a la posibilidad de construir acuerdos para el combate contra la delincuencia y en favor del orden público y la seguridad que todos queremos. He dicho. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente , por alguna razón, todas las últimas encuestas, de manera reiterada, instalan la seguridad ciudadana, la intranquilidad de la población, como una gran preocupación. Y eso tiene mucho que ver con lo que aquí se ha dicho, con una política confusa, errada, en lo criminal, la cual no logra encontrar su foco. Ejemplos hay muchos. Me voy a remitir a uno bien reciente, de estos días, cuando se anunció el proyecto "antitomas", o "ley Labbé", o "ley maldita". Ha tenido varios nombres. Y ni siquiera me meteré en el tema estudiantil, en cuanto a que la iniciativa busca la desmovilización, como han sostenido algunos; a que se plantea en un momento en que precisamente se está negociando o discutiendo con los estudiantes en una mesa de diálogo; a que se presenta cuando existen tomas, en fin. Es algo muy raro. Lo cierto es que, en un solo proyecto -hasta donde entiendo, porque no sé si ya ingresó-, se trata de subsumir una serie de situaciones que hoy día se encuentran tipificadas. El denominado "saqueo", sus referencias técnicamente defectuosas y los hechos que se busca penar pueden corresponder al hurto o al robo; las tomas de establecimientos, a faltas o desórdenes públicos. La usurpación es algo más dudoso, porque no existe ánimo de apropiación. Los daños -en esta famosa y anunciada iniciativa- son delitos. Y los insultos u ofensas a miembros de órganos de seguridad... No sé. Evito el comentario. Lo único nuevo, al final, es que se contemplará una figura especial para la injuria -actualmente establecida respecto de cualquier chileno-, pero en relación con los carabineros. No se trata del maltrato de obra, sino de palabra. El análisis del texto y la forma como se construye es a dos días del anuncio hecho por el Presidente de la República el fin de semana. Después se expresó que dice relación con las tomas violentas, etcétera. Lo que estoy sosteniendo es que todo ello se puede perseguir perfectamente hoy, porque, penalmente, se trata de delitos tipificados. Existe, en definitiva, una política criminal que nos genera muchas dudas. Mi Honorable colega Letelier hizo referencia recién al "caso bombas". Por supuesto, ahí se registraron víctimas. Si los artefactos explosivos no son invento de nadie. Lo que sí resulta muy extraño es que, después de dos años presa una persona y de ocho meses en el caso de trece imputados, hayan quedado todos en libertad y entiendo que sobreseídos. ¡Ocho meses en una cárcel de alta seguridad! ¡De qué estamos hablando! ¡Es algo muy grave! En cualquier país del mundo, ello es motivo para la caída de ministros; en un sistema parlamentario, para la caída de gobiernos. La cuestión es realmente muy delicada. Y, claro, la prensa no se refiere a estas cosas. Es como si no hubiera ocurrido nada. Pero se ha llevado a cabo una tremenda construcción mediática sin objeto. Entonces, la gente también aumenta finalmente sus niveles de inseguridad frente a este tipo de señales, tan erróneas, tan confusas, con un Ministro del Interior jugado por entero, al igual que un ex fiscal. Volviendo al proyecto que nos ocupa, que es lo que importa en esta ocasión, y a propósito de lo hecho presente recién por un señor Senador en el sentido de que el delito no se halla tipificado, debo sostener lo contrario: sí lo está. Hablamos de robo en lugar no habitado. A propósito del planteamiento hecho por el Senador Hernán Larraín en cuanto a ponernos en el lugar de la gente común, habría que preguntarse por qué tipificar un tipo específico de robo. Doy un ejemplo de dos hechos delictuales ocurridos en una comuna de mi circunscripción: el robo de un cajero automático y el robo de un computador, durante la noche, en una escuela rural. Se trata de la misma figura. Para ser coherentes con lo que se está planteando, habría que tipificar asimismo este último acto delictivo, el cual sucede con mucha más frecuencia que el primero. En las Regiones de los señores Senadores -todos saben-, se roban muchos computadores de las escuelas. Y estas también son lugares no habitados. Entonces, ¿por qué no tipificamos igualmente ese delito, el cual -insisto- se da con mayor frecuencia? Por eso surgió este debate. En todo caso, no he escuchado a nadie de estas bancas hablar del lucro con relación a la materia. ¡Por favor, no pongamos otro tema sobre la mesa! Aquí nos hemos referido a la responsabilidad que les cabe a los bancos. En verdad, han sido tremendamente irresponsables y negligentes. En este ámbito, las entidades bancarias no han actuado con el mínimo de cuidado y prudencia con que debe hacerlo cualquier persona en el manejo de su negocio propio. ¿Quién es la víctima? Los bancos. Pero hasta por ahí nomás. Porque tienen seguros. Volviendo a la argumentación que entregó el Senador Hernán Larraín , es el chileno común y corriente el que toma los riesgos. Los bancos no lo hacen. No invierten en medidas de seguridad. Para asegurar un auto, por ejemplo, la empresa del rubro exige que el vehículo esté resguardado bajo techo, que tenga alarma; en fin. ¡Para qué decir lo que se pide para asegurar una casa! Pero, en el caso de los bancos, las compañías les dan los seguros sin mayores exigencias, sin mayores requisitos. Ese es el tema de fondo. Por eso muchos Senadores han planteado la inconveniencia de crear esta legislación, en definitiva, a la medida de los bancos. Todos sabemos que el delincuente no busca llevarse el cajero o desenclavar el aparato, sino que apropiarse del dinero que hay dentro. Y algunos bancos -hay que destacarlo- están utilizando el famoso dispositivo que provoca la inutilización de los billetes mediante tintura. Basta mover un poco el cajero para que el dinero quede inservible. Entonces, aquí estamos haciendo una ley para los bancos que no quieren invertir en seguridad. Y me parece que esa es una señal tremendamente contradictoria. En definitiva, señor Presidente, el delito está tipificado, existe. Por eso comparé el robo del cajero con el de un computador durante la noche en una escuela rural. Es el mismo delito. Y me pregunto qué es más grave. Claramente, lo es, por los efectos que produce en los niños y en la escuela, no seguir contando con el computador. Por todo lo señalado, porque siento que la legislación en comento está hecha a la medida de los bancos y que no nos estamos poniendo, en absoluto, en el lugar del chileno común, me parece un exceso la iniciativa. En consecuencia, al igual que un día como hoy hace 23 años, digo: "No". El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende. La señora ALLENDE.- Señor Presidente, es evidente que la seguridad ciudadana es un tema país: nos interesa a todos. Reconozco la tremenda habilidad comunicacional que hubo durante la campaña del Presidente Piñera para lograr insertar de alguna manera en la opinión pública el concepto de que la seguridad ciudadana le preocupaba más a la Derecha que a la Concertación. Todo lo hecho hasta ese momento por nosotros (aumentar la dotación de Carabineros, reforzar sus capacidades con más recursos, mejorar sus sistemas de movilización, crear los planes cuadrantes) pareció ser ignorado, incluso el esfuerzo por separar las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública del Ministerio de Defensa y dejarlas en el lugar que les corresponde, cuestión que fue muy difícil de concretar por la resistencia de la Oposición de entonces. Todo aquello quedó en nada debido a la tremenda habilidad comunicacional -la reconozco- mostrada en la campaña presidencial de Piñera , que dejó instalada en la opinión pública la idea de que la seguridad ciudadana realmente le preocupaba a la Derecha y no a la Concertación. Yo los felicito por la habilidad que tuvieron. Pero no los puedo felicitar por lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país. ¡No los puedo felicitar! Es cosa de leer los diarios o ver cotidianamente en los medios de comunicación -ellos no son precisamente afines a la Oposición- las noticias sobre asaltos, robos, hurtos, etcétera, etcétera, etcétera, que tienen bastante preocupada a la población. Entonces, comparto lo que se ha dicho aquí en cuanto a que se ha errado el enfoque: no se comprende por qué se le ha puesto "suma" urgencia al proyecto. Se trata de un delito que ya se halla tipificado. Esto no tiene ningún sentido, excepto en lo concerniente al artículo segundo. Es evidente que las instituciones bancarias tienen que dar estricto cumplimiento a las disposiciones de seguridad. ¡Claro! ¡Es lo que uno espera! Pero, en verdad, ha costado bastante -¡bastante!-, porque aquellas al inicio eran muy refractarias -siempre pasa lo mismo- a gastar en la implementación de normas básicas de seguridad. De hecho, me pregunto si las estarán cumpliendo todas. Como los bancos cuentan con seguros, a lo mejor no invierten todo lo necesario. Me llamó mucho la atención que el Ministro haya empleado largos minutos en convencernos a nosotros -estamos en 2011- acerca de la importancia que reviste el cajero automático, lo mucho que facilita las transacciones y de que hemos dejado atrás el trueque. Creo que todos estamos enterados de que el trueque acabó hace un buen rato. Y todos estamos enterados de que el dinero plástico circula en la población. Hace tiempo que nos dimos cuenta de eso, Ministro . Y hay gente a la que le fue muy bien introduciendo el dinero plástico en el país y ocupándolo. ¡No vamos a mencionar nombres, porque es por todos conocido a quiénes les fue muy bien con eso...! Ese no es el punto. He escuchado al Senador Espina, quien me ha rebatido cuando he dicho que la política de elevar las penas es contradictoria con la que nos presenta el propio Ministro de Justicia en orden a hacer un uso racional de las cárceles. En el dramático incendio sufrido en la cárcel de San Miguel donde murieron 82 personas, uno de los fallecidos estaba cumpliendo condena por vender discos robados o clonados, lo que se conoce como "piratería". Ante ello, uno se pregunta si vamos a seguir con esa realidad. ¿Qué estamos defendiendo con esta iniciativa? ¡Los cajeros automáticos! Francamente, creo que los bancos tienen medios de sobra -¡de sobra!- para cumplir todas las medidas de seguridad que se precisen (poner guardias; invertir en blindaje, en vidrios especiales o en lo que sea necesario). Dichas instituciones no requieren este proyecto. Aquí se ha dado un enfoque erróneo al ponerle "suma" urgencia a una iniciativa que no solo no va a solucionar el delito, sino que, lamentablemente, nos ha hecho permanecer en la Sala durante horas discutiendo algo que, por sí solo y de Perogrullo, no era necesario. Porque el delito se halla tipificado, porque ya existe. Ya estamos acostumbrados a ciertas campañas. Ayer me tocó escuchar nuevamente al Presidente Piñera decir: "¡Y no me va a temblar la mano!". En mi opinión, la gente -y esa es la razón del 30 por ciento de adhesión- está cansada de determinados anuncios rimbombantes: "¡No me va a temblar la mano!". Pero lo concreto es que sí tenemos delincuencia; sí tenemos robos; sí tenemos asaltos en las casas. Y estamos todos conscientes de que lo que queremos es disminuirlos. Y estamos todos conscientes de que les estamos dando recursos -y lo seguiremos haciendo- a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Pero no queremos prestarnos para ciertas políticas que no sé si obedecen a una campaña publicitaria o a la lógica del "no me va a temblar la mano". Hemos presenciado -se señaló en la Sala- una de las situaciones más graves en materia de justicia: el proceso del conocido "caso bombas". Se formalizó a los imputados en menos de un mes, sin tener las evidencias necesarias. Y hoy día se da el absurdo de que la gran mayoría de ellos sale en libertad por falta de pruebas, por que estas fueron mal habidas, etcétera. Francamente, tal hecho no es para sentirse orgulloso. Más aún, cuesta entender que, en el momento en que estamos viviendo (con cuatro meses de movilización estudiantil, en que todos estamos de acuerdo en discutir una reforma educacional profunda), se proponga, con grandes anuncios -y se asocia movilización, delincuencia y tomas-, un solo paquete legislativo, sin hacer distinciones. Todos estamos en contra del saqueo, pero ese delito ya está tipificado. No veo por qué se hace un solo paquete para abordar esas materias en el momento político presente, cuando estamos tratando de lograr un diálogo que nos lleve a una solución, a una mirada más profunda sobre la educación. Bueno, ¡el Gobierno sabrá lo que hace! Pero yo creo que, a lo menos, es una medida desafortunada, por no decir que cuesta entender ciertas lógicas. Hemos presenciado la situación derivada del "caso bombas". Francamente, no es como para premiar al flamante asesor que en este momento tiene el Ministerio del Interior. Yo no me sentiría orgullosa de lo sucedido. De hecho, habrá que pagar hasta las costas del juicio que perdieron. Entonces, uno se pregunta cuánto costó semejante asesoría. También sería bueno responder a eso. Nosotros no tenemos que velar por las utilidades de los bancos. Han ganado más que suficiente. Y me parece bien. Por desgracia, como vivimos en un país tan desigual, no está razonablemente bien nuestra sociedad. Eso es obvio. Basta mirar los balances de los bancos para conocer las millonarias sumas que obtienen. Frente a ello, uno se pregunta por qué en este país el 60 por ciento de los trabajadores gana menos de 300 mil pesos, o entre esa cantidad y 400 mil. Tal realidad resulta un "poquito" dramática. Entonces, si la prioridad hace ponerle "suma" urgencia a este proyecto sobre robo de cajeros automáticos, me parece que, una vez más, el Gobierno ha equivocado el enfoque. Quienes nos vemos en la posición de votar en contra lo hacemos no por realizar discursos incendiarios, como dijo el Senador Hernán Larraín , o por pretender no sé qué otra cosa. Lo que queremos es poner racionalidad. No deseo enfrentar el aumento de penas para un delito que ya existe versus el uso racional de las cárceles. Porque luego vendrá el Ministro de Justicia a pedir nuestro apoyo a medidas tendientes a resolver la sobrepoblación en los recintos penitenciarios. Ahí se nos dirá que no es cierto que se busque subir las penas. En concreto, habrá que ver cómo solucionar la sobrepoblación carcelaria, la que impide hacer rehabilitación. De hecho, debiéramos tener una política mucho más preventiva. En esto comparto lo expresado por el Senador Lagos Weber. En verdad, lo que más duele a la población es cuando el asalto se produce en la esquina, en sus casas, en sus barrios, en los sectores más modestos. Generalmente, los medios de comunicación difunden los robos perpetrados en el sector oriente, en Las Condes, o al pariente de alguien. Pero rara vez sale en los diarios el delito cometido en el almacén de la esquina o en el pasaje tal o en calles que se hallan en manos de microtraficantes. En este último caso, la denuncia muchas veces le ha valido a la gente ser víctima de venganza, lo cual no es deseable. En definitiva, en ese aspecto hay mucho más que hacer y perfeccionar. En consecuencia, señor Presidente , me sumo a quienes rechazan el proyecto para dar una señal respecto de cuán equivocada ha sido esta política. El enfoque que se le ha dado no corresponde a la prioridad que debiera tener. Ojalá en este momento estuviéramos discutiendo sobre cómo hacer más efectivos los planes cuadrantes y cómo realizarles más seguimientos, y nos pudieran demostrar con estadísticas cuánto realmente ha bajado la delincuencia. Uno se reúne con juntas de vecinos y uniones comunales. Y cuando se les pregunta si efectivamente está funcionando el plan cuadrante de su zona, ellos muchas veces lo cuestionan. Porque no existe una relación fluida entre la autoridad responsable de los sectores demarcados y los dirigentes sociales. Esa debiera ser nuestra preocupación: procurar más eficiencia y más eficacia; garantizar a los vecinos seguridad ciudadana, y no estar defendiendo los cajeros automáticos. Además, con este proyecto no se conseguirá que se los roben menos. Queremos que la seguridad ciudadana llegué de verdad a las personas, quienes están esperando eso de nosotros, del Gobierno, del Parlamento y del país. La gente desea vivir con más tranquilidad, con menos asaltos. Creo que enfocar la iniciativa a un caso puntual solo demuestra un grado de equivocación. Ojalá logremos mayor eficacia y no sigamos con el estilo del "no me temblará la mano". Porque esa mano está temblando hace rato. Si miramos las cifras, notaremos que hace tiempo ya la gente está sintiendo que el Gobierno muestra más habilidad de campaña que efectividad a la hora de demostrar capacidad. En todo caso, nosotros queremos que todos vivan con mayor seguridad. Por tanto, vamos a seguir respaldando el aumento de efectivos policiales, la entrega de mayores recursos, la ampliación del Plan Cuadrante a nuevas comunas. Eso está fuera de cuestión. No podrán decirnos que no los apoyaremos. Estamos pidiendo seguimiento, eficacia, seriedad, responsabilidad. Nuestra opinión, aparte de ser el ejercicio de un derecho, tiene bastante sustento y fundamento. No me siento interpretada por quienes nos descalifican por ser críticos a la materia que nos ocupa. Vamos a votar en contra de la iniciativa porque su enfoque es equivocado. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , me dejó preocupado la intervención del Honorable señor Gómez , por cuanto él cree que, de acuerdo con la norma actual del Código Penal, estaría sancionado el delito al cual se le pretende aumentar la penalidad en el artículo primero del proyecto. Además, me inquieta -me hago responsable en parte de ello- que la iniciativa no haya pasado a la Comisión que corresponde, la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Se trata de reformar un código. Aquí cometimos un error. El asunto se mandó solo a la Comisión de Gobierno. Yo formo parte de ella, aunque, por diversas razones, no participé de la discusión. Y con eso no quiero excusarme. Por lo tanto, lo primero que propongo es que, luego de aprobar la idea de legislar, el proyecto vaya a la Comisión de Constitución precisamente para revisar el alcance del artículo primero. De encontrarse tipificado y sancionado el delito, como señaló el Senador señor Gómez , se evacuará un informe en tal sentido y tendremos que corregir el texto. Si me preguntan desde el punto de vista jurídico sobre el artículo primero, me parece más lógico que el robo de un cajero automático -no me referiré a si los bancos deben brindar más protección o no, sino al aspecto jurídico del robo- se considere como robo con fuerza en las cosas y no como hurto. Es diferente. Por lo tanto, en mi opinión, tal delito se debería ubicar en el artículo 443 del Código Penal y no en el 446. Ahora, si las penas son excesivas o no, es un punto a discutir. Yo voy a votar a favor en general, porque me interesa el contenido del artículo segundo. Considero bueno que las instituciones bancarias tomen todas las medidas que procuren una mejor protección del servicio que se presta a la gente a través de los cajeros automáticos. Seamos francos: hoy este servicio beneficia a un sinnúmero de gente, muchas veces de sectores bastante modestos. De hecho, la Cuenta RUT o una a la vista proporcionada por BancoEstado suele utilizarse para el depósito de remuneraciones. Así, las personas no andan con dinero en los bolsillos el día del pago, evitándose lo que ha sucedido a muchos: el asalto, robo o hurto del sueldo. Es importante también tener presente eso. Tal servicio que brindan los bancos es necesario, útil y conveniente. Y debemos apoyarlo. Pero, a su vez, estos debieran adoptar todas las medidas para proteger los lugares donde se brinda esa prestación. Me extraña, en todo caso -seamos bien claros-, que no se produzcan más delitos con relación a este ámbito, aparte del robo de cajeros automáticos. Porque varias veces al día la gente ingresa a dispensadores de dinero que se encuentran en sectores muy desolados durante la noche. Tales cajeros operan en todo horario. Una persona puede entrar a un cajero a medianoche o a la una, dos de la mañana, y sale con dinero. Por eso, una de las cosas que siempre me han preocupado es que no se cometan más delitos en contra de quienes utilizan el servicio en esas circunstancias. Voy a votar a favor de la idea de legislar, primero, porque considero bueno que la iniciativa pase a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a fin de que esta lo analice en su mérito, y segundo, porque hay que revisar si las penas propuestas son excesivas o no. De hecho, en otro proyecto estamos analizando si establecemos penas alternativas a las de cárcel. El otro día leí un informe de la Comisión Justicia y Paz, en el cual se decía -me llamó mucho la atención- que quienes cumplen penas alternativas son menos reincidentes que los que salen de las cárceles después de determinado tiempo de condena. Se deben revisar todos esos temas. En resumen, voy a votar a favor del proyecto en general, porque me interesa analizar el artículo segundo -ojalá existiera mejor vigilancia en los cajeros automáticos-, y también, para que se verifique bien la tipificación del delito: si se trata de robo con fuerza en las cosas o de hurto. Personalmente, opino que es la primera. No me cabe la menor duda. En tal sentido, la opinión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia puede ser mejor que la de Gobierno, la cual integro, pero que no es especialista en esta materia. Por eso, voy a votar que sí. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina. El señor ESPINA.- Señor Presidente , en primer lugar, comparto en un cien por ciento las palabras del Senador señor Zaldívar . Creo que debe aprobarse la idea de legislar. No cabe la menor duda de que hay una controversia respecto a la naturaleza del delito de asaltar un cajero automático. Además, esta es una materia que incumbe a la Comisión especializada. De modo que, sin desconocer los méritos de los integrantes de la Comisión de Gobierno, no entiendo por qué la iniciativa no se tramitó al órgano de estudio dedicado a cuestiones de seguridad ciudadana. Por lo demás, me atrevo a sostener que, en el tiempo que hemos trabajado en la Comisión de Constitución, el 99 por ciento de proyectos de similar naturaleza los hemos despachado casi en forma unánime. Por lo tanto, resulta difícil que en una materia de la índole de la que ahora nos ocupa tengamos diferencias, apliquemos criterios partidistas y no la resolvamos como una política de Estado. Así ha ocurrido respecto de los proyectos que el propio Gobierno ha llevado adelante. Deseo agregar un solo antecedente para persuadir a los distinguidos colegas que anunciaron su voto en contra: los dineros que obtienen quienes asaltan los cajeros automáticos, en porcentaje importante, están destinados a la compra y venta de drogas. El dinero efectivo producto del robo de cajeros automáticos muchas veces tiene el efecto de ser empleado en la compra y venta de drogas, que posteriormente distribuyen y expenden particularmente en las zonas donde viven las familias más vulnerables. Son estos sectores los más aquejados por la venta de estupefacientes, delito que en los últimos cinco años se ha incrementado en 178 por ciento, según el propio Ministerio Público. Puede que me equivoque en la cifra en un punto más o en un punto menos. Inclusive hoy día usamos tal argumento en la Comisión de Constitución a propósito del aumento del número de fiscales, asunto que con tanta fuerza ha defendido el Senador señor Orpis en lo referente a la gravedad del delito de microtráfico. Quien roba de esa manera no es el que hurta pequeñas cantidades de dinero, sino alguien que pertenece a una mafia; que tiene un vehículo; que posee recursos para desprender un cajero; que cuenta con dinero suficiente para cometer un delito de esta envergadura. Porque no es fácil robarse un cajero automático. Y la plata no es sustraída para coleccionarla, sino para introducirla en el mundo del microtráfico de drogas. El robo no lo realiza una persona en forma aislada, pues la venta se hace al menudeo por organizaciones mafiosas que usan a personas que viven en villas y poblaciones, algunas con muchas necesidades, que terminan siendo soldados de cobardes traficantes que emplean el dinero obtenido del robo del cajero automático para sus propósitos. Por lo tanto, lo que se está haciendo aquí es simplemente subir el piso para ese delito. Comparto con el Senador señor Zaldívar que el proyecto debe perfeccionarse. Sugiero que en el segundo informe la iniciativa vaya a las Comisiones de Gobierno y de Constitución, unidas, para que la mejoremos y veamos si lo que dice es lo que corresponde. No tengo temor a que en un proyecto que se inicia con la idea de perfeccionar la legislación, posteriormente lleguemos a una solución absolutamente distinta. Por lo tanto, quiero persuadir a quienes han manifestado que votarán en contra a que se pronuncien a favor, y que cambiemos el texto de esta iniciativa, criterio que hemos usado siempre en materia de seguridad ciudadana, como consta a algunos señores Senadores de la Concertación que fueron Ministros y que en su época se pusieron permanentemente a nuestra disposición para corregir una iniciativa enviada al Parlamento para su tramitación. Por otro lado, quiero dar algunos datos en relación con lo que se ha criticado al Gobierno. El único estudio objetivo que hay en cuanto a qué ha ocurrido con la delincuencia en Chile en el último año y medio es el de la Encuesta Nacional de Victimización -nadie cuestiona su credibilidad- la cual da a conocer que en el país disminuyeron en 220 mil los delitos de robos a las casas; y que los cometidos en la vía pública se redujeron en aproximadamente 240 mil. Lo que ocurre es que en el país tenemos un millón 400 mil delitos al año. Es cierto que, ¡gracias a Dios!, no somos un país en que se lleven a cabo delitos de secuestro y de asesinato. Pero tenemos algunos crímenes graves que nos deben preocupar. Por ejemplo, no hemos logrado derrotar el alto número de delitos de robos violentos y con fuerza o intimidación en las personas, los cuales, por regla general, se producen en casas habitadas, ni tampoco los de tráfico de drogas. A pesar de que se ha aumentado considerablemente y en forma impresionante la incautación, sigue siendo un delito en el que, si bien ha disminuido, debemos dar una dura batalla. Y tenemos nuevas figuras delictuales, como la violencia intrafamiliar, la cual representa el 10 por ciento del total de delitos cometidos en el territorio nacional; y el 20 por ciento del total de ellos, aproximadamente 240 mil, son perpetrados por menores de 18 años. Por lo tanto, no cabe duda de que hay terrenos en los que debemos avanzar. Pero creo que el dato objetivo que tenemos es que los robos en Chile han disminuido en 240 mil, según la Encuesta Nacional de Victimización, tomada por el mismo equipo y con igual metodología a la empleada durante los Gobiernos de la Concertación. En seguida, deseo referirme a lo que se califica como política errada del Gobierno. Señor Presidente , quiero pedir a los señores Senadores que, por favor, participen en los programas del Ministerio del Interior para el nuevo CONACE, o los que hay en el área específica de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Algunos programas son extraordinariamente buenos, cuyos efectos y resultados no se van a medir en 24 horas. Yo voy a mencionar uno solo: el llamado "Vida Nueva". El proyecto respectivo apunta, por primera vez en la historia del país, a focalizar los recursos en los 5 mil niños menores de 14 años que se han relacionado dos o tres veces con el sistema judicial. Respecto de ellos nadie hace nada. Se estima que 30 a 35 por ciento de esos 5 mil niños se van a someter voluntariamente a un equipo interdisciplinario, cuyo nombre técnico es "Terapia multisistémica", que tiene por objeto identificarlos, reinsertarlos en las escuelas y liceos, saber qué ocurre con ellos, sacarlos de la droga o lograr que salgan del alcoholismo. Este es uno de los programas más revolucionarios que se están llevando a cabo en los países avanzados, porque significa cortar desde el inicio la posibilidad de que un joven ingrese al mundo del delito. Como el anterior hay entre 10 y 12 programas adicionales que apuntan a trabajar en la reinserción de las personas que han cometido delitos y que van a salir libres. Y hay que comenzar por decirles cómo, una vez que cumplan su pena, tienen que reinsertarse en el mundo social. Hay una cantidad importante de recursos, los que, a mi juicio, deben aumentarse frente a la necesidad de ampliar su cobertura. Pero la batería de programas del Gobierno en materia de prevención y rehabilitación es extraordinariamente grande, potente, novedosa, en la cual han trabajado equipos multidisciplinarios no solo chilenos, sino también extranjeros. Entonces, les pido a Sus Señorías que, antes de emitir juicios críticos al Gobierno, vayan a las Subcomisiones de Presupuesto y conozcan los proyectos y vean el modo de perfeccionarlos. Sin duda, lo que se está llevando a cabo hoy día en esa materia constituye el avance más importante en muchísimos años. Señor Presidente, no puedo dejar de hacerme cargo de las imputaciones hechas con respecto al proyecto de ley para resguardar el orden público, el que ya tendremos tiempo para conocerlo. En primer lugar, hay quienes lo criticaron antes de leerlo, actitud que encuentro bastante insólita. En segundo término, tal iniciativa en caso alguno tiene por finalidad sancionar a quienes protestan o manifiestan en reuniones públicas y privadas su disconformidad con el Gobierno o con alguna política pública que estimen inconveniente. Por lo tanto, es absolutamente falso que el proyecto sobre ese particular tenga por objeto sancionar al que legítimamente y en forma pacífica quiere protestar en democracia. Lo que hace es algo muy sencillo: simplemente establece sanciones para las personas que tiran bombas molotov o piedras a la policía, acto que no se encuentra tipificado hoy día, porque, de acuerdo con el artículo 269 del Código Penal "Los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria a otro". Así está tipificado tal delito. Lo que hace la iniciativa legal es sancionar a quienes cometen actos de violencia -¡actos de violencia!-, que los propios estudiantes han rechazado terminantemente, porque ensucian las jornadas de protesta pacífica que realizan. Ya habrá oportunidad de profundizar en esa materia. Pero me gustaría que lo hiciéramos en serio y no solamente con un discurso panfletario. Señor Presidente , quiero pedir que se apruebe el proyecto de ley en debate, porque podremos avanzar mucho en un asunto que tendrá consecuencias y efectos sociales nefastos si se siguen robando cajeros automáticos, con cuyos dineros alimentan a bandas de traficantes de drogas que luego venden a los niños. Porque quienes sustraen los dispensadores no son personas que actúan en forma aislada ni pobladores humildes que por necesidad deben recurrir, en última instancia, a cometer un delito. Hablamos de bandas organizadas, poderosas, que los desvalijan para disponer de dinero en efectivo e introducirlo al mercado de la droga. Por lo tanto, a lo que apunta la iniciativa en examen es a establecer las sanciones que correspondan para quienes roban cajeros automáticos a fin de comprar droga que después venden, preferentemente, a los niños. Por esa razón, señor Presidente, voto a favor. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide. El señor RUIZ-ESQUIDE .- Señor Presidente , hay dos maneras de referirse a la presente iniciativa. La primera, analizarla en su propio mérito y según las circunstancias en que fue presentada. Y la segunda, hacerlo a la luz de las opiniones surgidas durante su debate, donde se han hecho aseveraciones que no me parece que puedan dejarse pasar. Y permítame, por eso, precisar algunas consideraciones. Retomo aquí las palabras de ciertos señores Senadores que manifestaron que esta proposición de ley podría no ser necesaria, porque ya estaría en el Código Penal o en otra legislación. No soy especialista en la materia y, por lo tanto, me quedo con la duda razonable planteada por algunos. Eso es lo primero. Respecto a si debe ir a una u otra Comisión, los señores Senadores conocen mi punto de vista: si bien hay especialización en ellas, no es menos cierto que en algunas se respeta ese principio, y en otras, no. Así que no me preocupa mayormente si lo estudia una u otra, porque quienes las integran son capaces de acometer la mayoría de los temas. Por otra parte, el Honorable señor Hernán Larraín solicitó hacer la discusión con racionalidad. Yo acepto tal invitación y me alegra de que la haya manifestado así. Solo quiero hacerle al respecto la misma observación que muchas veces me planteo a mí mismo: todos los integrantes de esta Sala somos eventualmente racionales. Hasta la fecha. Yo tengo mis cromosomas bien puestos, y los señores Senadores poseen los suyos de la misma forma. Por lo tanto, nadie podría dejar su condición de ser humano, como se ha afirmado hoy en la tarde, "con vergüenza nacional". Además de eso, quienes intervenimos lo intentamos hacer racionalmente. Pero lo anterior ha derivado en el comentario de que todos nos hallamos en contra del lucro. En tal sentido, no me siento tocado por las palabras del señor Senador, porque he expresado hasta la saciedad cuál es mi visión sobre el punto. En su definición -cuestión central del problema de la educación y donde hay una confusión espantosa-, el lucro es aquella ganancia que percibe la persona que posee un negocio de cualquier naturaleza o que trabaja con sus manos, con su intelecto y con su esfuerzo. Eso es lucro. Y es legítimo. ¡No se le puede pedir a una institución o a una persona que trabaje y no gane dinero! Nosotros hemos señalado hasta la saciedad que según la doctrina vaticana, y no la partidaria o de la Democracia Cristiana -no la sustentamos porque seamos templarios de la Iglesia, sino simplemente porque es nuestra visión ética de la vida-, lo que debe castigarse y sancionarse es el lucro excesivo cuando se trabaja con dinero. ¿Y qué se entiende por lucro excesivo? Aquel que las normas éticas, comerciales, financieras y el sentido común de un país dicen que es inadecuado. Esa es la razón por la cual hoy la Comisión de Economía del Senado está legislando sobre la materia, incluso con la anuencia del Gobierno, que ha mandado otro proyecto y despreciado los que habían presentado algunos señores Senadores y también el que patrocinó este humilde representante del Biobío, el que ni siquiera fue tomado en cuenta. Todo lo anterior indica que no se puede seguir aceptando el lucro a ese nivel. Por lo tanto, en lo que toca al caso específico de este proyecto, hay que reconocer que quienes más lucran son los bancos, las instituciones financieras y hasta las isapres, que fueron creadas teóricamente para salvar a la gente. Ese es el lucro que rechazamos, al igual que el que podría practicarse en agrupaciones religiosas: no me imagino un convento de monjas o de sacerdotes haciendo lucro, aun cuando ha habido líos bastante grandes en ese aspecto. También el lucro es inaceptable en educación y en salud. El derecho a ganancia de los funcionarios de la salud y de los profesores es legítimo y nadie está solicitando que se termine. Lo que hemos pedido insistentemente consiste en que la persona que recibe dinero proveniente de todos los chilenos no pueda obtener un ingreso adicional de tal magnitud y que, además de atender bien o mal a sus alumnos o a sus enfermos, le signifique poder seguir jugando en la Bolsa. Ese lucro lo rechazamos; no corresponde a la interpretación que el señor Senador que habló sobre esta materia parece tener. En todo caso, con el mayor cariño, respeto y fraternidad, le haré llegar un documento del Vaticano sobre el lucro que, en mi opinión, le será extraordinariamente útil. Señor Presidente , aquí estamos discutiendo qué se debe hacer con la policía en Chile. Tal es el fondo de la cuestión. Lo hemos planteado en el Senado muchas veces. En un negocio como el fútbol, donde hay miles y miles de millones de pesos dando vuelta, ¿ha de ser la policía la que tenga que preocuparse gratuitamente de tal actividad en vez de dedicarse a cosas más esenciales como cuidar a la gente que no posee dinero, en circunstancias de que existen los guardias privados? En ese sentido, creo que el proyecto que nos ocupa está mal enfocado. Me quiero referir, por último, a otras tres cosas. La primera, en relación con lo que ha expresado un señor Senador en el sentido de que el dinero obtenido en los robos a cajeros automáticos va a las drogas, puede ser así. Pero no es razón suficiente si no hay certeza o persiste cierta duda. Si el delito ya está tipificado, no necesitamos nuevos debates o nuevos proyectos. En segundo término, porque hay una obligación para las empresas que poseen estos negocios no voy a votar en contra, sino que me abstendré. Y a fin de dar legitimidad al proyecto, podría aprobarse el artículo segundo pero no el primero, pues este se halla fuera de la lógica elemental. Por último, en cuanto a la mención de un proyecto del Gobierno sobre protección a los jóvenes que han tenido conflictos con la justicia, puedo señalar que voy a apoyarlo con mucho gusto, porque corresponde a una materia que vimos hace muchos años y donde, en algún momento, planteamos la defensoría nacional del niño y la necesidad de proteger a la juventud, especialmente en la etapa preescolar. Debo reconocer aquí, con la misma fuerza con que de repente critico las acciones de algunos colegas, que esa iniciativa que presentamos en su tiempo para proteger la preescolaridad, como tarea del Gobierno de Chile, también la propuso el mismo Senador al que le enviaré el referido documento vaticano y a quien le agradezco públicamente. Termino señalando que debemos hacer un esfuerzo en tal sentido -es cierto-, pero primero despejemos el tema del lucro. No demos argumentos incorrectos, y tampoco sigamos con esto de proteger a quienes más dinero tienen, sacando a la policía de sus principales labores y desprotegiendo a las personas con menos ingresos. A mi juicio, el proyecto es inoportuno, aunque a lo mejor podría discutirse bajo otro concepto u otra manera de enfrentar el problema. Por eso, me voy a abstener. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa. El señor NOVOA .- Señor Presidente , me sorprende mucho que hayamos tomado tanto tiempo en discutir una iniciativa tan simple. No obstante, no puedo dejar de referirme a ciertas afirmaciones efectuadas acá responsabilizando al Gobierno o a estas bancas de todos los males que ocurren en la humanidad. En primer lugar, el caso Bombas es, evidentemente, un asunto de responsabilidad del Ministerio Público, organismo autónomo en el cual ningún Gobierno debe intervenir. El hecho de que el Ministro del Interior haya promovido, de alguna forma, que más de 20 atentados con bombas fueran investigados no lo hace para nada responsable del buen o mal manejo de la investigación. En segundo término, protesto porque cada vez que se trata cualquier proyecto nuestras bancadas son acusadas de defender a los poderosos, de defender a los delincuentes de cuello y corbata. El caso La Polar, que se investigó en este Gobierno, ha sido el caballito de batalla de muchos Senadores de las bancas del frente. Sin embargo, para mí es tan grave el ilícito cometido por un delincuente de cuello y corbata como el perpetrado por los miles de exonerados que falsamente cobran beneficios del Estado. Así que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. En tercer lugar, se insiste en que aquí estamos protegiendo a los bancos. Pero la realidad es que ellos, como se dijo, están asegurados. Por eso, el objeto de este proyecto -ojalá lo hubiesen leído antes de hablar- es tratar de mantener un servicio que se da al público, por el cual, seguramente, las entidades bancarias obtienen ganancias. Lo que se busca, en definitiva, es proteger un sistema que le reporta beneficios a mucha gente. Acá no se tipifica ningún delito nuevo. ¡Para que les quede claro! El que nos ocupa ya se encuentra tipificado en el Código Penal, dentro del acápite "Del robo con fuerza en las cosas". El artículo 442 se refiere al robo en lugar no habitado, a su penalidad y a la conducta del delincuente, la cual debe cumplir ciertas características; y el artículo 443 señala que con la misma pena se va a castigar el robo de cosas cometido bajo otras circunstancias, tipificación en la que cabe perfectamente, ¡perfectamente!, el robo de cajeros automáticos. Acá -repito- no se está tipificando ningún delito. Lo que ocurre es que el inciso segundo del artículo 443 dispone que, cuando se comete uno de los delitos de robo de cosas -que ya está tipificado- y se interrumpe con él un servicio público, el juez tiene que aplicar el máximo de la pena. Y el proyecto propone agregar a ese inciso una frase en virtud de la cual debe seguirse igual predicamento cuando se trata del robo de un cajero automático. ¿Por qué? Porque se está asimilando el servicio que prestan los dispensadores de dinero con el que ofrecen las compañías de teléfonos. Eso es lo único que se propone. No se tipifica nada nuevo; tampoco se aumentan las penas; simplemente, se le pide al juez que, en esos casos, asigne el grado máximo de la pena ya establecida. Entonces, estar enfrascados en la discusión sobre la inmortalidad del cangrejo durante horas por una iniciativa que bastaba leer para darse cuenta de lo que perseguía, realmente me parece que habla mal de nosotros. Por lo tanto, voto a favor. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. El señor ESCALONA.- Señor Presidente , las argumentaciones más encendidas a favor del proyecto a uno en realidad lo convencen de votarlo en contra. Porque hay una evidente contradicción entre las diferentes iniciativas enviadas por el Ejecutivo . La prensa nos informa de los esfuerzos que debió realizar el señor Ministro de Justica en la Cámara de Diputados con el propósito de que se aprobara la normativa sobre indulto, que encontró severas resistencias tanto en las bancadas de Oposición como en las de Gobierno, especialmente en la de la UDI. De manera que no creo que el monopolio de la divergencia con las iniciativas de Gobierno sea exclusivo de los parlamentarios opositores, pues ellas también merecen serios reparos de los legisladores oficialistas. En ese sentido, no puede resultar sino contradictorio que el Ejecutivo quiera, por una parte, aliviar el problema de las cárceles, y por la otra, aprobar de manera permanente y sistemática normativas que, de acuerdo a la intención de sus autores, contribuyen a agravarlo, porque buscan encarcelar a más individuos o extender su permanencia en prisión. Por lo tanto, no es una política coherente, sino contradictoria. Aún más, creo que el llamado proyecto "antitomas" es inconstitucional, por cuanto afecta derechos expresamente establecidos en nuestra Constitución, como el de la libre manifestación de las personas. Pero, además, es un proyecto descabellado, porque no imagino cómo el Gobierno piensa encarcelar a los centenares o miles de jóvenes que están participando en esos actos. La verdad es que se trata de una iniciativa inaplicable. Y eso no es responsabilidad de quienes hoy somos Oposición, sino de quienes la formularon y la enviaron al Congreso Nacional sin ninguna posibilidad de aplicación. Ya me figuro el trabajo de tratar de capturar a toda esa enorme cantidad de estudiantes que participan en las tomas de colegios a lo largo del país: en Quellón, Achao , Ancud, Puerto Montt, Osorno , Santiago . Eso, francamente -se los digo con toda sinceridad a los Senadores de Gobierno-, sería un despropósito. Y esa no es nuestra responsabilidad. Y tenemos la obligación de manifestarlo, porque, de lo contrario, no sé cuál sería nuestro papel en el Congreso Nacional. Ahora, en relación con los temas de fondo, una de las cuestiones pendientes -y lamento que el señor Ministro de Justicia se haya retirado- es la propuesta que le hicimos llegar a su antecesor, el señor Felipe Bulnes, acerca del uso reiterado que los delincuentes comunes hacen del mecanismo de la irreprochable conducta anterior para evitar procesamientos. Se trata de un problema serio y central en nuestro ordenamiento institucional, que tiene que ver con uno los principios que rigen en todo Estado de Derecho democrático, cual es el derecho a la libertad provisional. Sin embargo, es evidente que en las Regiones se producen serias dificultades. ¿Por qué? Porque en ocasiones, por ejemplo, el tribunal se encuentra en una ciudad distinta. En la provincia de Chiloé, las personas deben trasladarse de Ancud a Castro. Y ha ocurrido no una, sino muchas veces, que un imputado por homicidio en libertad provisional por irreprochable conducta anterior regresa de Castro a Ancud en la misma micro donde vienen familiares de la víctima. Y en numerosos lugares del país este es un problema muy serio. De hecho, en la comuna de Ancud se ha creado un movimiento, encabezado por la concejala Alicia Suárez e integrado por varios centenares de personas a lo largo de la Región de Los Lagos, cuyo propósito es solicitar al Gobierno que coloque urgencia y le dé trámite rápido al proyecto que presentamos al Congreso Nacional con el propósito de abordar esta materia. Yo quería pedirle ahora al señor Ministro de Justicia que atendiera esa solicitud de las ciudadanas y ciudadanos de la provincia de Chiloé, pero, como no está, creo que el Senador Espina, que tiene un contacto bastante asiduo y estrecho con él, le puede transmitir mi petición. El señor ESPINA .- ¡Así lo haré, señor Senador ! El señor ESCALONA.- Sin perjuicio de ello, señor Presidente , solicito que se le haga llegar formalmente mi solicitud, a través de los mecanismos oficiales del Senado, con el propósito de que el Ejecutivo recoja la iniciativa mencionada, orientada a solucionar un problema muy serio, que sí tiene que ver con delincuentes que atentan directamente contra la integridad y la vida de las personas. A final de cuentas, señor Presidente , el Gobierno nos sitúa, no ante un plan coherente y armónico, como manifestó el Senador Espina, sino ante proyectos contradictorios que no avanzan en la misma dirección y que, en consecuencia, nos obligan a una deliberación con relación a los temas de fondo. Además, se suma la agravante, como lo está demostrando la discusión de la Ley de Presupuestos, de que los programas -incluidos los del Ministerio del Interior a que aludió el Honorable colega recién mencionado- están siendo subejecutados, de modo que los recursos no se están destinando a los fines para los cuales el Congreso Nacional los aprobó, a proposición del propio Gobierno. Hemos revisado proyectos de dicha Cartera y, francamente, también en ellos se está haciendo sentir uno de los problemas claves en la tramitación de la Ley de Presupuestos para el próximo año: la subejecución. Por el conjunto de razones indicadas, entendiendo que el proyecto ya cuenta con votos suficientes para su aprobación y por la falta de coherencia de las iniciativas legales que nos están planteando, voy a votar en contra. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker. El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente , en primer lugar, me sumo a quienes sostienen que el robo de cajeros automáticos es un delito grave. Comparto que los bancos se defienden solos -están asegurados- y que son las personas de a pie, comunes y corrientes, las que sufren los efectos negativos de la sustracción o inutilización de un dispensador de dinero. Por lo tanto, creo que se trata de una conducta grave que merece ser sancionada. Sin embargo, vuelvo a reiterar mi molestia por el hecho de que el presente proyecto no haya pasado por la Comisión de Constitución. Y no porque considere que las demás no son capaces de analizar una iniciativa como esta, sino, simplemente, por una cuestión de pertinencia: aquella es el órgano competente para estudiar las materias relacionadas con los delitos y sus sanciones. En tercer término, después de leer los artículos 442 y 443 del Código Penal, tiendo a pensar que el robo de cajeros automáticos ya se encuentra sancionado a través de la figura del robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado. Esa es la convicción que me asiste luego de leer y releer las dos disposiciones citadas. En cuarto lugar, ojalá que nunca perdiéramos la visión de Estado al analizar estos proyectos. Claro, de repente hay señales confusas. Se envía una iniciativa para sancionar las tomas y los saqueos. Todos, por supuesto, somos partidarios de castigar estos últimos, que son muy graves y causan bastante daño. Pero, a juicio de muchos, entre otros, del Presidente de la Asociación de Magistrados de Chile, tales conductas ya se encuentran sancionadas por la legislación vigente. Entonces, lo único que uno pide es que se actúe como lo hemos hecho siempre en la Comisión de Constitución y en todas las demás: con visión de Estado, sin efectismo, buscando que las cosas se hagan bien. Es lo que ha hecho, por lo demás, el Ministro de Justicia -tanto el anterior como el actual- en el referido órgano de trabajo. Y es lo que sucede cuando el Gobierno nos pide que aprobemos un indulto para las mujeres que han cumplido en la cárcel más de dos tercios de su condena o para quienes gozan del beneficio de la reclusión nocturna; cuando nos propone eliminar la intervención del seremi para facilitar la libertad condicional; cuando plantea sustituir la pena de multa por trabajo comunitario; cuando nos solicita despachar una iniciativa sobre penas sustitutivas a las privativas de libertad, o cuando nos plantea las penas mixtas, que, en síntesis, son aquellas que le permiten al juez liberar a un reo condenado a una pena inferior a cinco años una vez que ha cumplido un porcentaje de ella. Y todo eso lo ha propuesto el actual Gobierno. Y me parece muy bien que lo haga, porque no es populismo. Recuerdo que después del incendio de la cárcel de San Miguel celebramos una sesión especial. ¿Y qué nos dijo el Ministro Bulnes en aquella oportunidad? "Una vez que pase este microclima, no olvidemos tratar este tema con una visión de Estado. No caigamos en el populismo, en el efectismo. Actuemos con seriedad, con responsabilidad". Y eso es lo que estamos pidiendo. Simplemente eso. Antes de terminar, señor Presidente , quiero pedir, por su intermedio, al señor Secretario que ratifique que este proyecto irá también a la Comisión de Constitución para su discusión particular. Entiendo que aquello fue lo que se acordó en la sesión de ayer. Personalmente, tengo la convicción de que la iniciativa presenta aspectos positivos, como su artículo segundo. Pero no tengo la misma convicción respecto del artículo primero, pues estimo que la conducta que describe ya se encuentra sancionada. Y, de alguna manera por no estar conforme con que el proyecto no haya pasado por la Comisión de Constitución, aunque sabiendo que será aprobado porque reúne los votos suficientes, me voy a abstener. Termino, señor Presidente , pidiéndole que certifique que la iniciativa será enviada a dicho organismo para el segundo informe. El señor GIRARDI (Presidente).- En este momento no tenemos quórum para adoptar ese acuerdo, señor Senador. El señor WALKER (don Patricio).- Le estoy preguntando, señor Presidente , si esa determinación ya fue adoptada por la Sala. El señor GIRARDI ( Presidente ).- Aún no, pero se podría tomar la próxima semana. Si intentáramos hacerlo ahora, tendría que levantar la sesión, porque no hay quórum. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Por qué no lo ven los Comités? El señor GIRARDI ( Presidente ).- Acogiendo la recomendación del Senador señor Zaldívar, voy a incorporar el asunto en la tabla de la próxima reunión de Comités. El último inscrito para intervenir es el Honorable señor Muñoz Aburto. El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente , Honorables colegas, al calor del debate que ha provocado el proyecto en análisis, se colige que es necesario para el Poder Legislativo , y para el Senado en particular, celebrar una sesión especial destinada a que el Gobierno nos explique cuál es su política criminal y cuál es su política penitenciaria. Porque, claramente, esta iniciativa habla de un aumento de las penas para el delito de robo de cajeros automáticos, a pesar de que algunos Senadores han sostenido lo contrario. Si así fuera, no habría explicación posible para que el ex Ministro de Justicia , Felipe Bulnes , solicitara el apoyo de esta Corporación para el indulto aprobado hace unos meses. La razón de ese proyecto se encontraba en el hecho de que las cárceles estaban colapsadas. Y, en efecto, Chile tiene, porcentualmente, la mayor cantidad de presos de América Latina, y numéricamente, más que Argentina, en circunstancias de que su población es bastante menor. Entonces, creo que es necesario que nosotros, como Poder Legislativo , sepamos cuál es la política que el Gobierno impulsará precisamente en esos dos ámbitos mencionados: el criminal y el penitenciario. Porque nuestro país no tiene ni ha tenido políticas en ese tipo de materias, razón por la cual las cárceles están llenas de personas que han delinquido. Deseo referirme a algunos acontecimientos a los que se ha aludido en esta Sala. Por ejemplo, respecto al caso bombas, se ha señalado que lo ocurrido ha sido responsabilidad de un organismo autónomo del Estado, como lo es el Ministerio Público. A mi juicio, lo sucedido ha sido un verdadero exocet al corazón de la reforma procesal penal: el Ministerio Público. Porque, sin lugar a dudas, allí hubo cierta manipulación de las pruebas para intentar formalizar a tres personas inocentes, quienes estuvieron varios meses detenidas y aisladas en sus casas. Con ese tipo de actitud la gente pierde credibilidad en el sistema procesal penal chileno, el cual ha sido tan alabado y aclamado no solamente en nuestro país, sino también en las naciones vecinas. Ahí está el grave problema de lo ocurrido en el caso bombas, máxime aún, cuando el Fiscal que formalizó a esos tres jóvenes inocentes demoró menos de un mes en hacerlo. Sin embargo, el Fiscal Armendáriz no pudo reunir las pruebas suficientes durante un tiempo mucho más prolongado. Pero aquel señor -como es sabido- deja la Fiscalía y asume como asesor del Ministerio del Interior. Uno es mal pensado y no tiene por qué no suponer que, efectivamente, el Gobierno sabía lo que estaba ocurriendo con el caso bombas. Porque este es muy similar al del ciudadano paquistaní, que fue la primera gran derrota que tuvo el Ministerio Público. Lo que más me preocupa es la falta de credibilidad que se va generando en la comunidad acerca de un sistema procesal penal que fue apoyado por todos los partidos políticos, por parlamentarios de diversos sectores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Se ha anunciado el envío de un proyecto que sanciona el saqueo y las tomas. Evidentemente, habrá que analizarlo en su mérito, con mucho detalle, porque no estamos disponibles, ni lo está nuestra Corporación, para criminalizar el movimiento ciudadano chileno. Y pienso que se debe tener mucho cuidado con lo que se ha afirmado en estos últimos días. En efecto, "el que no le tiemble la mano al Gobierno", yo creo que es lo que debe hacer: combatir la delincuencia. Según la última encuesta de Adimark, la mayor preocupación de las chilenas y chilenos es, precisamente, la delincuencia. Y vemos que los anuncios de enviar proyectos de ley represivos no la disminuyen. Por lo tanto, ojalá lo anunciado por el Senador señor Espina sea, efectivamente, una política destinada a la prevención del delito. Por otra parte, adhiero a lo expresado por los parlamentarios esta tarde, en el sentido de que esta iniciativa debe ir a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a fin de mejorarla o decidir si está de más o no. Asimismo, quiero contradecir lo planteado por un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Él señaló que muchos de los dineros obtenidos en robos a cajeros automáticos eran utilizados para comprar drogas. No es eso lo que precisamente dice el mensaje. Este expresa que el funcionamiento de "los cajeros automáticos reviste particularidades que la transforman en una actividad de especial importancia para la población, constituyendo un beneficio social que asegura al usuario la satisfacción de sus necesidades mediante la entrega de un sistema de pago aceptado por todo el comercio.". Y agrega que "la existencia de cajeros automáticos responde a una necesidad de acceso de los particulares a los recursos financieros de manera expedita y segura, por lo que los delitos en contra de estos dispensadores implican la interrupción de un servicio relevante para la comunidad.". Al respecto, coincido con lo que el día de ayer me comentó el Honorable señor García-Huidobro , en cuanto a que los dispensadores de dinero son necesarios en comunidades aisladas, donde no hay acceso a entidades bancarias. Esa afirmación -en la que estoy de acuerdo- no se condice con lo manifestado por el señor Senador que dijo que el producto de los robos de cajeros automáticos sirve para comprar drogas. Voy a votar que no, porque estimo que el aumento de penas no es necesario. Creo que debe haber una mayor responsabilidad de las entidades financieras, instalando los elementos de seguridad que impidan que la delincuencia se apropie de esos dispensadores. He dicho. El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor GIRARDI ( Presidente ).- Terminada la votación. --Se aprueba en general el proyecto (16 votos a favor, 11 en contra, 3 abstenciones y un pareo). Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Pérez Varela, Prokurica, Sabag, Uriarte y Zaldívar (don Andrés). Votaron por la negativa las señoras Allende y Rincón y los señores Escalona, Girardi, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana y Tuma. Se abstuvieron los señores Frei (don Eduardo), Ruiz-Esquide y Walker (don Patricio). No votó, por estar pareado, el señor Orpis. El señor GIRARDI ( Presidente ).- Corresponde fijar plazo para indicaciones. No habiendo quórum para adoptar acuerdos, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa. "
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