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El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el SERNAC recibió 328 mil consultas y 170 mil reclamos en 2009. La mayor cantidad se concentra en los sectores financiero y de telecomunicaciones, ambos regulados por leyes especiales.
El señor Ministro y el mensaje han hecho referencia a esas normativas y a la necesidad de aumentar la protección de las personas en un ámbito que presenta mayores dificultades para las reclamaciones.
La creación de un fuerte Servicio Nacional de Protección al Consumidor es el desafío de la iniciativa en estudio. La asignación del carácter de ministros de fe a ciertos funcionarios de la entidad asimila la situación a la del Servicio Nacional de Pesca, la Corporación Nacional Forestal, la Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Carabineros de Chile, la Dirección del Trabajo, el Servicio de Impuestos Internos.
El propósito, como lo planteó el Senador señor Zaldívar , es fortalecer funciones y atribuciones, pero ello requiere el personal necesario para la fiscalización. Resulta claramente insuficiente la dotación contemplada en el proyecto: 23 funcionarios más 3 directivos, con un total de 26.
El costo anual ha sido calculado tres veces por la Dirección de Presupuestos. Primero ascendió a 463 millones de pesos, en seguida a mil 80 millones y después a 526 millones, por el financiamiento sobre la base de multas.
Es claro que uno o dos millones de dólares para proteger a millones de chilenos, en relación con cientos de miles de millones de pesos que se transan, no parecen suficientes.
Por su intermedio, señor Presidente , quisiera expresarle al señor Ministro que, o se proporciona al SERNAC, en sus nuevas funciones, personal idóneo, capacitado y en número suficiente, o, al final, la ley será letra muerta. Así ha ocurrido muchas veces.
Hago presente que no basta afirmar que se va a proteger al consumidor: es preciso que el Servicio cuente con los funcionarios necesarios. El incremento de 23 cupos, si se consideran las 15 Regiones -o sea, uno y medio para cada una-, es absurdo. Es algo que no da. En la Región Metropolitana, con 6 millones y medio de habitantes, la distribución proporcional carecería de sentido. ¡Un funcionario y medio...!
Por lo tanto, resulta evidente que si queremos proteger de verdad a los consumidores tenemos que asignarle al Servicio la cantidad de personal que precisa. ¿Cuánto? Se puede calcular según el número de denuncias y también por el número de habitantes.
El organismo cuenta con una notoria ventaja en cualquier papel fiscalizador: se halla presente en el 97 por ciento del territorio, con 15 oficinas. Lo sabemos en la Región del Biobío. Su actuación ha sido adecuada, aunque lleva a comprobar que sus facultades son escasas. Por eso, estamos tratando de fortalecerlo.
Señor Presidente , la banca y sus tarjetas de crédito son las que ofrecen tasas de interés más bajas, pero, aún así, llegan al 30 por ciento anual. En las tarjetas de crédito de las grandes tiendas, la llamada "tasa máxima convencional" bordea el 50 por ciento anual, y a eso se tienen que sumar varios cargos fijos, como la comisión de administración, el seguro de fraude y el seguro de desgravamen, los que se cobran mensualmente y, para los que las usan poco, representan un recargo apreciable en la tasa máxima legal.
La banca ha informado recientemente que los créditos de consumo solo le aportan un 2 por ciento a su rentabilidad, pero no indica qué proporción de sus gastos operativos se deduce de sus ingresos para llegar a ese porcentaje.
En todo caso, son frecuentes las ofertas de aumento de los cupos de créditos de consumo a los clientes, lo que parece indicar que es un buen negocio. Permanentemente llaman por teléfono para informar de un crédito preaprobado. Entonces, a un trabajador le llega algo parecido a un cheque y le dicen que se halla en condiciones de ir a cobrar 300 lucas de inmediato.
O sea, tientan de manera especulativa a los clientes. No es un mal negocio. No parece tratarse solo del 2 por ciento de las utilidades.
Uno de cada cuatro reclamos de los consumidores corresponde al mercado financiero.
Como indica la cuenta pública 2005-2010 del SERNAC, los consumidores enfrentan un "confusopolio" en el mercado crediticio. Esto es, se registran una falta de competencia, por confusión, no por claridad en la información; cambios unilaterales en las condiciones contratadas; cobros indebidos; montos y recargos desconocidos, etcétera.
La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS) estimó insuficientes los alcances que tendría el proyecto de ley del SERNAC Financiero, debido a que no considera la oportunidad de que los clientes del sistema pueden cambiarse a la institución que les ofrezca las mejores condiciones para pagar las deudas contraídas.
Según toda la información que hemos reunido, en el sistema financiero de los Estados Unidos es posible que un cliente renegocie con otra entidad su deuda, y esta última le paga a la primera.
CONADECUS plantea que los consumidores del sector financiero deben tener flexibilidad para arrastrar su deuda hacia el actor -bancos, instituciones financieras, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito- que les ofrezca las condiciones más cómodas a fin de cancelar sus compromisos adquiridos, tal como ello funciona en Estados Unidos.
El único antecedente disponible sobre el nivel de endeudamiento del sector lo aportó la última encuesta de presupuestos familiares realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas. Según ese sondeo, la mayoría de los hogares, salvo los más pudientes, gastan mucho más de lo que ganan. Es decir, los pobres se endeudan más. La situación más crítica la viven las familias del primer quintil. Un hogar tipo de este grupo recibe 170 mil pesos mensuales y gasta alrededor de 300 mil. Como la banca no llega a ellos, algunos expertos suponen que "la bicicleta" la completan con compras a crédito y otras fuentes de ingreso adicional.
El Banco Central calculó que los hogares están destinando 43 por ciento de sus ingresos a pagar deudas.
Existen informes, respecto de sindicatos, demostrativos de que los descuentos por créditos de todo tipo -medicamentos, salud, vestuario- alcanzan a 80 por ciento de la remuneración.
Resulta obvio que es preciso legislar.
Presenté un proyecto para establecer un tope no superior a 45 por ciento del ingreso en el descuento por planilla a los trabajadores. Si no, la capacidad de endeudamiento llegaría a cien por ciento y no al indicado, dado el tipo de gasto que cada empleado debe hacer.
En 2000, la cifra de endeudamiento de los hogares llegaba a 35 por ciento. Por cierto, sigue creciendo. Se calcula que aumenta en 16 por ciento anual.
La iniciativa en análisis otorga la calidad de ministros de fe a ciertos funcionarios del SERNAC -repito- para acreditar las violaciones a la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Esta función es muy valiosa para las transacciones de mercaderías y para determinar las multas e indemnizaciones que podría aplicar la justicia, pero no cumplirá función alguna en el caso de los créditos, ya que, en general, quedan registrados y se ciñen a la legalidad y los contratos. Es decir, no hay una falta, porque los cobros abusivos son legales, entre comillas.
Se requieren una Fiscalía Nacional Financiera con atribuciones para investigar y sancionar la colusión y el abuso en todas las instituciones financieras y un BancoEstado que actúe para regular el mercado del dinero. Pero las funciones de este último siguen siendo cada día más privadas y lo del Estado le queda solo en el nombre.
Es preciso que el proyecto sea complementado con la eliminación del anatocismo, o sea, el cobro de intereses sobre intereses. Ante un préstamo de mil pesos, pagadero en diez cuotas, con una tasa de 5 por ciento, el primer mes pago 105 pesos; el segundo, 105 pesos más 5, sobre lo cual se aplica la tasa -o sea, se calcula sobre 110-; al mes siguiente sobre 115, y así. Le consulto al señor Ministro si se ha evaluado tal situación. Está claro que si hay algo que defender es evitar el pago de intereses sobre intereses.
Resulta necesario fortalecer las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica para sancionar colusiones y abusos de posición dominante. En relación con las farmacias, por más que haya hecho algo, se sigue en un largo proceso. Ninguno de los ejecutivos relacionados con el caso está preso. ¡Ni uno solo! Han pasado años y el juicio continúa.
Por otra parte, es incomprensible que el sistema de información crediticia se mantenga como un monopolio en la Cámara de Comercio de Santiago. Es algo que no se entiende. Se trata de un decreto de 1938.
Presenté otro proyecto de ley, que busca cambiar la situación y que otras instituciones puedan entrar a manejar esa base de datos, y, en definitiva, originar más competencia. ¿Por qué la Cámara de Comercio ha de ser la única que cobre por información financiera? Eso resulta arcaico e inexplicable.
A la gente la llaman a su casa para cobrarle u ofrecerle nuevos créditos. La ley actual lo permite. Claramente, se requiere un reforzamiento ante la irrupción en el hogar y el lugar de trabajo para cobrar la deuda. Y eso esperamos de la presente iniciativa.
Las ventas atadas debieran ser reguladas.
Señor Presidente , queremos un SERNAC poderoso, que defienda a los consumidores. La propuesta en análisis es un avance, pero resulta insuficiente. Tenemos que proteger más a los clientes, a los consumidores, y menos a los bancos. Ojalá los cuentacorrentistas pequeños contaran con la protección que hoy día buscamos en relación con el SERNAC, pero se encuentran en absoluta desventaja y la banca abusa de ellos.
Votaré a favor de la idea de legislar.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
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