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El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Escalona, Frei (don Eduardo), Gómez, Navarro y Rossi, en primer trámite constitucional, sobre requisitos de funcionamiento de universidades no estatales, con relación al lucro, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7760-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Escalona, Frei (don Eduardo), Gómez, Navarro y Rossi):
En primer trámite, sesión 30ª, en 5 de julio de 2011.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 42ª, en 10 de agosto de 2011.
Discusión:
Sesión 45ª, en 17 de agosto de 2011 (queda para segunda discusión).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Cabe señalar que en el trámite ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología adhirieron a la moción los Honorables señores Letelier y Pizarro.
El objetivo principal de la iniciativa es prohibir a las corporaciones sin fines de lucro destinadas a la educación superior sostener vínculos contractuales financieros o comerciales con entidades que involucren a quienes integran los órganos de dirección, administración, ejecución y control de la corporación o de terceros relacionados.
Asimismo, se establece que la vulneración de dicha prohibición será causa suficiente para poner término al reconocimiento oficial otorgado por el Estado.
La primera discusión del presente proyecto se efectuó en la sesión del miércoles 17 de agosto, y quedaron inscritos para intervenir los Senadores señores Lagos, Tuma, Letelier y Navarro, señoras Von Baer y Rincón, señores Horvath y Andrés Zaldívar, señora Lily Pérez y señores Orpis y Sabag.
Finalmente, corresponde señalar que la iniciativa requiere para su aprobación los votos conformes de 21 señores Senadores.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En la segunda discusión, ofrezco la palabra al señor Presidente de la Comisión de Educación para que, si lo desea, entregue la relación del proyecto.
No hará uso de ella.
En seguida, ofreceré la palabra a los Senadores que quedaron inscritos.
Ofrezco la palabra a la Honorable señora Rincón.
No intervendrá.
Ofrezco la palabra a la Senadora señora Von Baer.
Tampoco.
Ofrezco la palabra al Honorable señor Zaldívar.
No lo hará.
El señor PIZARRO.- ¡Votemos no más...!
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Les solicito a Sus Señorías ocupar sus respectivos lugares.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente , ¿me permite?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Hay una lista de inscritos con anterioridad, Su Señoría.
Ofrezco la palabra al Senador señor Orpis.
No intervendrá.
Ofrezco la palabra al Honorable señor Sabag.
Tampoco lo hará.
Entonces, tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, tal como...
El señor ROSSI .- Pido abrir la votación.
El señor NOVOA .- ¡No!
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , ¿por qué no pone orden en la Sala?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Para quienes no hayan sido debidamente informados, en la reciente reunión de Comités se acordó iniciar la segunda discusión del proyecto, y algunos representantes solicitaron que se les permitiera intervenir antes de que se pusiera en votación.
Puede continuar, Su Señoría.
El señor ESCALONA.- Gracias, señor Presidente.
Como era previsible, la interrupción del debate en la semana anterior ha quitado, al menos en la parte inicial de esta discusión, trascendencia a la materia en análisis.
Sin lugar a dudas, lo concerniente al lucro constituye el nudo de la movilización estudiantil de las últimas semanas, y la iniciativa que hemos presentado tiene como propósito responder a uno de los aspectos centrales planteados por ella: terminar la burla que hoy se hace de la ley que prohíbe el lucro en educación en el ámbito universitario.
Según lo que ya hemos manifestado, la existencia de las llamadas "sociedades espejo", es decir, aquellas que registran doble pertenencia: por un lado, a una corporación sin fines de lucro con reconocimiento oficial del Estado para llevar a cabo la tarea de una universidad y, por otro, a una razón social que permite instalar una sociedad inmobiliaria o de venta de servicios, ha conducido a la práctica reiterada de que los servicios de una corporación sin fines de lucro sean tomados por una razón social con fines de lucro constituida por las mismas personas, quienes se contratan a sí mismas.
Ello representa -de este modo se ha mencionado en el último tiempo- la expresión de un lucro completamente ilegal, ilícito y fraudulento.
Tanto es así que, como lo decíamos en la sesión anterior, en el caso de universidades privadas conocidas, ampliamente difundidas por los medios de comunicación, muy publicitadas con los recursos de las familias que cancelan las cuotas mensuales para la educación de los jóvenes estudiantes, se contrata a empresas de servicios a precios superiores a los de mercado en 20, 25, 30 por ciento, o incluso más, generándose, en consecuencia, una rentabilidad artificial completamente irregular, que burla de manera flagrante el sentido de la ley.
Sin embargo, no es el único canal por el cual se produce el lucro.
También está la ausencia de mecanismos eficaces que permitan saber exactamente el costo de las carreras universitarias y, por ende, si los aranceles que se cobran por ellas son correctos y no se burla a las familias.
Además, se carece de instrumentos para verificar si hay académicos que cumplen sus funciones, si los contratos son artificiales, etcétera.
Entendemos que esas materias se tratarán en el curso del debate de los proyectos cuyo envío fue anunciado ante la opinión pública y de los que esperamos que surjan como resultado del diálogo constructivo que se iniciará el próximo sábado entre el Ejecutivo y los representantes estudiantiles.
Es factible que muchas de tales iniciativas aborden esos temas, ya sea la que crea la Superintendencia de Educación Superior u otras.
Pero, desde el punto de vista de las llamadas "sociedades espejo", la normativa que sometemos a la consideración del Congreso Nacional tiende a terminar con esas prácticas, que permiten -repito- burlar a las familias, a los estudiantes, a la opinión pública, sobre la base de la existencia de personas que se contratan a sí mismas para obtener un lucro absolutamente artificial.
Ese es el objeto del proyecto en debate, que no resuelve todos los problemas planteados en la discusión sobre el lucro, pero sí hace realidad lo establecido en la ley, es decir, que las corporaciones sin fines de lucro, las cuales tienen como propósito llevar adelante la enseñanza en las universidades, no puedan valerse del mecanismo de las sociedades espejo para lucrar, lo que les está expresamente prohibido en el ordenamiento legal que nos rige.
Tal asunto ha estado presente en la discusión de los últimos días, incluso con relación a una iniciativa más amplia que estudió la Comisión de Educación hoy en la mañana en la Sala.
Con respecto al proyecto que nos ocupa, debo decir que se está distorsionando el debate frente a la opinión pública, y de nuevo caemos en prácticas que pensaba que el país había dejado atrás, como la de lanzar una campaña del terror, al afirmar que con este tipo de iniciativas se generan las condiciones para el derrumbe de la educación superior, lo cual afectará a decenas de miles de estudiantes.
Esos métodos, que entendíamos olvidados, han renacido, desafortunadamente, en el curso de este debate.
Señor Presidente , el proyecto en estudio no contiene ninguna de las amenazas antes mencionadas, porque mantiene un sistema mixto en la educación superior a través de las universidades públicas tradicionales y las privadas.
Por lo tanto, los particulares que tengan la voluntad y la vocación de impartir formación a la juventud por medio de una universidad privada lo podrán seguir efectuando. No se establece ninguna persecución hacia una persona o agrupación de personas, como tampoco alguna discriminación. No se incurre en ninguna clase de abuso por parte de autoridades del Estado en contra de quienes legítimamente lleven a cabo, o pretendan hacerlo, la labor de enseñar en la educación superior, en este caso, en las universidades.
Eso sí, la iniciativa pone término al fraude; pone término al enriquecimiento ilícito; pone término a una práctica que irrita a amplios sectores, que no entienden cómo la ley se puede infringir de manera tan flagrante a través de las sociedades espejo.
En otras ocasiones el país encaró la discusión de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y de la actual Ley General de Educación, pero no se reunieron las condiciones para lograr la mayoría requerida para terminar con estos ilícitos. Esperamos que ahora, cuando centenares de miles de personas han manifestado públicamente en las calles su reprobación a estas actuaciones ilegales, sí se puedan alcanzar los consensos para ponerles fin. Porque constituyen un delito económico y atentan contra la fe y ética públicas conforme a las cuales debiesen regirse instituciones que, ni más ni menos, se preocupan de la formación de los profesionales de nuestro país.
Por eso, esperamos la comprensión del Senado para aprobar este proyecto. En este se elude entrar a una discusión de carácter ideológico sobre estas materias; se va al nudo del problema: a terminar con el reconocimiento oficial del Estado a las instituciones de educación superior privadas donde se desarrollen prácticas ilícitas, fraudulentas, ilegales para obtener una rentabilidad expresamente prohibida por ley.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , me preocupa que esta iniciativa, considerando su envergadura y la importancia que reviste, no haya tenido el tratamiento legislativo que corresponde.
Según entiendo, ella fue presentada el 5 de julio y, de acuerdo a su informe, debatida en la Comisión de Educación los días 9 y 10 de agosto.
Adicionalmente, dicho organismo técnico, dado el interés que concita la materia, ha estado preocupado de estos asuntos y de otros vinculados al lucro en la educación superior desde antes de la presentación de este proyecto. Porque en su informe señala que a partir del mes de mayo se iniciaron discusiones con el objeto de escuchar a diferentes personas.
Sin embargo, después de leer dicho documento me queda la impresión de que esta iniciativa específica no fue analizada exhaustivamente por los diversos actores invitados. Al menos no se consigna ninguna de sus opiniones. No sabemos lo que piensan sobre ella, no sobre el tema en general, el rector de la Universidad de Chile o los rectores de universidades privadas.
Por lo tanto, desconocemos las consecuencias que su aplicación puede acarrear.
El Senador que me antecedió en el uso de la palabra afirmó que esto parece una campaña del terror. Yo por lo menos lo llamo "legislar con rigor y seriedad". Y, teniendo en cuenta su envergadura, es lo que me interesa que se haga con este proyecto antes de analizarlo en general, como lo hizo -extraordinariamente bien y de manera seria- la propia Comisión de Educación a propósito de la iniciativa sobre el lucro, que aprobó hoy en la mañana.
Porque no debemos, por darnos el gusto político de enviar una señal aprovechando la oportunidad, acoger cualquier cosa que se ponga por delante. No es la forma de hacer las leyes en nuestro país, máxime cuando se trata de una materia de tal naturaleza.
Además, debo señalar que la normativa es clara. Aquí se habla de que las universidades constituidas no pueden perseguir fines de lucro, y se buscan mecanismos para garantizar esa situación.
Nadie que yo conozca en el Senado quiere modificar la norma relativa a que dichas instituciones estén imposibilitadas de tener fines de lucro. No somos partidarios de hacerlo. Y, si algunas han burlado esta disposición, consideramos correcto pretender corregir el problema por ley. Estamos de acuerdo en introducir mecanismos jurídicos efectivos en nuestra legislación para casos similares, o en buscar otros de mayor eficacia.
Sin embargo, pensamos que este proyecto no se halla bien elaborado ni bien documentado. Por eso, no puede decirse que fue diseñado con la seriedad que amerita un problema de la naturaleza que acertadamente graficó el Senador que me precedió en el uso de la palabra.
Por ese motivo, les hemos pedido a los Comités y a la Sala que la iniciativa vuelva a la Comisión para que la reestudie y se escuche a quienes corresponde.
Lamentablemente, la Concertación se ha opuesto a analizar de nuevo esta iniciativa, a recoger inquietudes y, como se trata de un proyecto de artículo único, a que la propia Comisión pueda proponer otro texto que integre realmente las diversas opiniones. Creo que esta no es la manera de trabajar en el Senado.
El tema de la educación -que han puesto en el tapete los estudiantes a través de una movilización larga, de tres, cuatro meses- merece una respuesta de mayor responsabilidad que aprobar proyectos que solo buscan el oportunismo del minuto. Porque las consecuencias no son transitorias, sino permanentes.
Y en ello hemos estado de acuerdo el Senado y la Cámara de Diputados, procurando ayudar para que se produzca un diálogo. Incluso, a instancia nuestra en los Comités, se acordó que los Presidentes de ambas Corporaciones ofrecieran el Congreso como un espacio de trabajo para lograr aglutinar al Gobierno y a los movimientos estudiantiles detrás de una agenda sin exclusiones, en la que por cierto, entre otras materias, se encuentra el asunto específico que nos ocupa.
Hemos hecho lo posible -repito, transversalmente- para lograr ese objetivo. No ha resultado. Y deseablemente igual se producirá el acercamiento -ojalá lo antes posible y con las mejores consecuencias- entre el Presidente de la República y el movimiento estudiantil. Pero no logramos que el Parlamento sea útil en tal proceso, lo que quizás habría sido muy positivo, dando al Poder Legislativo el rol que le corresponde.
Pero es lo que está ocurriendo. Nosotros hemos recorrido todos los caminos de cooperación y de colaboración para resolver los problemas educacionales, y no únicamente este, sino la totalidad de ellos. Hemos propuesto no solo proyectos de ley, sino también diversos documentos que están circulando. Yo soy autor de uno de ellos -fue publicado últimamente- donde con bastante claridad voy incluso más allá de lo que señala esta iniciativa en cuanto a lo que se debe hacer en la educación superior.
No corresponde que el proyecto que nos ocupa se vote de la forma como se está haciendo.
Y, ante la negativa de los Comités de la Concertación para contar con una iniciativa bien elaborada, regresándola a Comisión, no nos queda sino pedir la postergación de la votación, a fin de dar la señal de que nosotros queremos que el presente proyecto quede bien hecho y consensuado, como corresponde a este tipo de materias. A este respecto, las mayorías políticas no pueden imponer a otros una línea determinada. Los proyectos relativos a enseñanza han de ser deseablemente consensuados.
Comparto del todo la idea central de esta iniciativa, en orden a lograr erradicar de manera eficaz el lucro de las universidades; y esperamos llegar a una solución razonable en la Comisión. Pero, en vista del rechazo de la idea de que el proyecto vuelva a aquella sin mayor fundamento que las ganas de tener aprobada luego esta materia, aunque no se haya efectuado el estudio debido, pedimos prórroga de la votación.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Ante la solicitud planteada, se aplazará la votación. Sin perjuicio de ello, va a seguir el debate.
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , lamento que se haya pedido aplazamiento de la votación. Pero está en su derecho el Comité de la UDI. Es un recurso reglamentario.
Me llama la atención, sí, que se estén utilizando sucesivos mecanismos reglamentarios, adicionando uno tras otro: la semana pasada, el Senador Chahuán pidió segunda discusión. Y ahora se solicita postergar la votación.
Yo no sé si tenemos conciencia del momento que vive el país, de este nudo al cual se refirió el Senador Escalona -uno de los autores de la iniciativa-, o si queremos pensar que aquí no ha pasado nada, por lo cual podemos seguir manteniendo el modelo educativo consagrado en los años ochenta para un sistema completamente distinto, y que fracasó. Todo ello, en circunstancias de que el propio Presidente de la República en sucesivas intervenciones señaló que se debe cumplir la ley.
Nos encontramos ante un proyecto sin tantas complejidades. Se trata de una iniciativa que precisamente ayuda al Gobierno a hacer cumplir la ley, abordando lo relativo a las sociedades espejo, porque en verdad no hay muchas alternativas. Incluso podríamos adentrarnos en cuáles son ellas.
Lo que plantean el Senador Escalona y los demás autores del proyecto es algo que todos sabemos, un secreto a voces: si bien la ley impide lucrar, ello se pasa a llevar a través de la prestación de servicios de distintas sociedades, no solo inmobiliarias, aunque estas son las más importantes. Las inmobiliarias son las que inciden y tienen mucho que ver en el crecimiento de los planteles privados de enseñanza.
Lo que ocurre en la práctica es que hay servicios de aseo, de casino y de distinto tipo que prestan estas sociedades relacionadas. Y en el caso de muchas universidades, tal vez las más conocidas -para qué vamos a entrar a dar nombres-, los dueños de las corporaciones de Derecho Privado son al mismo tiempo propietarios de las sociedades espejo. Ni siquiera lo son la señora, el hijo o el socio del estudio jurídico. ¡No! Son las mismas personas las dueñas de esos grupos, que hoy están siendo comprados por fondos de inversión.
Respecto de los destinatarios del crédito con aval del Estado -se ha hablado mucho al respecto como el gran anuncio del Gobierno en los últimos días-, apenas el 10 por ciento va a las universidades del CRUCH, de manera muy subsidiaria y excepcional, y el 90 por ciento al mundo privado.
Entonces, a mi juicio, si queremos discutir este tema de fondo, tenemos que sincerar nuestro propósito.
Entiendo que algunos señores parlamentarios tengan legítimamente otra mirada. Y el Senador Chahuán ha anunciado una indicación. Me parece razonable. El texto que presentaría la Alianza puede buscar, por supuesto, más transparencia -no cabe duda de que la materia lo requiere-, en orden a que los planteles educacionales se rijan como las sociedades anónimas abiertas, estableciendo más claridad en las transacciones y, a lo mejor, por la vía de un tercero, exigiendo que los precios por arriendos a la inmobiliaria -de eso estamos hablando- sean de mercado.
No veo otra alternativa. Son las dos posibilidades que podemos seriamente explorar para ayudar a aquello que el propio Primer Mandatario ha manifestado: cumplir la ley.
Leí en la prensa que el propio Senador Espina -no recuerdo si el fin de semana-, señaló que había que meter presos a todos quienes han lucrado con las universidades privadas en los últimos treinta años. Entonces, no entiendo cómo hoy un sector de su coalición pide aplazamiento de la votación. O sea, si aquí hay personas que saben de gente que ha violado la ley con subterfugios, con estas figuras legales, tenemos que proceder.
Y la convicción que al final se formó la Comisión de Educación fue que aquí hay un sentido de urgencia, más allá de lo que plantea el Honorable señor Larraín .
Yo no quisiera entrar en ese terreno. Creo que el señor Senador tiene razón. En efecto, respecto de este punto específico no se hizo una exposición detallada.
El señor LARRAÍN.- Fue lo que dije en los Comités.
El señor QUINTANA.- Quiero precisar eso, Su Señoría.
Si deseamos quedarnos en tal tema, podemos hacerlo. Pero yo también quiero defender la legalidad y el apego total al Reglamento mantenido por la Comisión de Educación. Su artículo 38 sostiene: "Las Comisiones reunirán los antecedentes y estudiarán los hechos que estimen necesarios para informar al Senado. Podrán solicitar de las autoridades correspondientes la comparecencia de aquellos funcionarios que estén en situación de ilustrar sus debates; hacerse asesorar de cualquier especialista en la materia en estudio, y oír a las instituciones y personas que estimen conveniente.". Efectivamente, es una posibilidad.
Sin embargo, debo puntualizar que, desde el mes de mayo, cuando el Presidente de la República anunció que este es el año de la reforma en la educación superior, inmediatamente la Comisión se constituyó y celebró sesiones paralelas justamente para analizar esta materia. Escuchamos a todas las universidades. Y si hay algo que permitió a los miembros de la Comisión -Honorables señores Navarro , Ignacio Walker y Cantero , y el ex Senador señor Chadwick , actual vocero de Gobierno, quien estuvo presente en gran parte de las sesiones y en aquella donde participaron los ocho rectores de universidades privadas que elegimos por ser las que se sometieron voluntariamente al sistema único de admisión (PSU)- formarnos una convicción, fue que esos directivos señalaron que nos les preocupaba que se legislara sobre la materia, porque ellos no lucraban. ¡Porque ellos no lucraban!
Entonces, más allá de a cuánta gente se escuchó, deseo ser aun más preciso.
El proyecto que se aprobó esta mañana en la Comisión de Educación por 4 votos contra 1 y que fuera originado en moción de varios colegas que se encuentran presentes en la Sala, termina con el lucro en la educación y aborda lo referente a las sociedades espejo.
Por lo tanto, es inefectivo que la Comisión -sesionó varios días de la semana regional, los fines de semana y anoche hasta las 23 horas- no haya escuchado a los distintos actores. Por el contrario, se dieron todas las garantías para que participaran.
Y al respecto quiero destacar que el Honorable señor Novoa , que asistió en representación de la Senadora señora Von Baer , verificó la lista de los invitados.
De modo que, en relación con las sociedades espejo, recibimos la opinión de los involucrados antes de la presentación del proyecto y, luego, en la discusión de la otra iniciativa que es más amplia.
Basado en el aforismo "El que puede lo más, puede lo menos", insisto en que la iniciativa más compleja es la aprobada en la Comisión hoy en la mañana. Y la materia que ahora nos convoca se encuentra contenida en aquella.
En definitiva, más allá de la solución a que se llegue, la fórmula que se adopte para impedir los subterfugios y evitar que se siga lucrando, aunque se diga que no -aquí está el Senador señor Espina , que días atrás señaló en la prensa que hay que meter preso a los representantes de las universidades que han obtenido ganancias, burlando la ley con subterfugios y con distintas figuras, declaración que de verdad valoro-, lo que motivó a la Comisión a actuar con urgencia son las movilizaciones que no terminan -llevan más de 90 días-, y que entre sus puntos centrales o nudos más difíciles se halla justamente el lucro.
Como se ha solicitado postergar la votación, no tiene sentido entrar al fondo del proyecto.
Sin embargo, quiero hacerme cargo de otro asunto que se ha planteado acá, en cuanto a ciertas preocupaciones de las universidades tradicionales. En ese sentido, garantizo que la Comisión de Educación -más allá de si nos gustan o no los resultados, teniendo en cuenta que es de la esencia de este Parlamento y de la democracia y que hemos llegado al Senado elegidos por la ciudadanía para defender eso-, ha actuado con bastante responsabilidad.
Por lo tanto, como hay puntos que preocupan a los rectores de universidades que no lucran y que desarrollan investigaciones asociadas con particulares, como puede ser el caso de la Católica u otras casas de estudios superiores, naturalmente que estudiaremos la forma de corregir esa situación. Durante todo este tiempo no ha sido la insensatez la característica de la Comisión, sino muy por el contrario.
De manera que, simplemente, llamo a la calma y a seguir adelante en la discusión de una materia como esta, porque el país requiere de nosotros a 30 años de haberse creado un sistema tan absurdo y, al mismo tiempo, tan categórico, en donde el lucro no tiene espacio.
Por consiguiente, no desaprovechemos la oportunidad de hacer estos ajustes que, en mi opinión, son mínimos.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Como el Honorable señor Rossi no se encuentra en la Sala, tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente , solo deseo aclarar algunos puntos relativos al proyecto de ley.
Cuando hablamos de educación y de nuestro querido Chile, todos sabemos que somos un país que ha crecido gracias al esfuerzo diario de miles de compatriotas, pero también a la prudencia en la toma de decisiones y a la búsqueda de consensos nacionales en los grandes temas, como la educación.
Esos valores forman parte de nuestra fortaleza como nación. Y yo creo firmemente que la Agenda de Educación Superior debe ir en esa misma línea y basarse en la igualdad de oportunidades, en el esfuerzo y en la libertad individual para alcanzar el bienestar colectivo. Sin embargo, tiene que estar apoyada, además, en la precaución y en la serenidad ante la toma de decisiones; en el consenso no solo de los actores políticos, sino, también, de todos quienes forman parte del sistema educacional.
Al Senado le corresponde asumir la responsabilidad de legislar, considerando siempre el impacto que sus decisiones tienen sobre dicho sistema, las familias, la docencia y la investigación. No vaya a ser que por aceptar un eslogan que se escucha bien y se repite rápido terminemos generando efectos indeseados.
A continuación, voy a entrar al debate que se desarrolla en este momento en la Sala.
En la discusión del proyecto aprobado en la Comisión de Educación -estimo importante que la Sala lo sepa-, aunque se invitó a organizaciones en forma previa a la vista de la iniciativa, como señaló su Presidente , en esta última etapa no concurrió ningún representante de aquellas. De modo que no se escuchó a actores sociales, a algún interesado o afectado y ni siquiera al Ejecutivo , el cual estuvo representado por el Jefe de la División Jurídica del Ministerio del ramo, quien asistió por cuenta propia.
Señor Presidente , considero que es una mala señal para la ciudadanía que no se conozcan otros argumentos antes de votar un proyecto y que no se escuche a ninguna institución o persona afectada o interesada, a fin de considerar sus puntos de vista en el resultado que la legislación en estudio tendrá sobre la realidad del sistema educativo.
En realidad no comprendo por qué se actuó de esa manera. Si en la discusión de la otra iniciativa referente a estas materias la Comisión escuchó a todos los involucrados antes de la votación en general -participaron las federaciones de estudiantes, los rectores de universidades, los académicos y los profesores-, entonces ¿por qué no se usó ahora el mismo criterio? ¿Cuál es el apuro?
Entiendo el sentido de urgencia, tomando en cuenta la situación que vive el país, pero también estimo que siempre debemos legislar con responsabilidad y escuchando a los actores interesados en alguna iniciativa específica.
El proyecto en análisis tiene preocupados a los rectores de las universidades tradicionales, los que no fueron considerados respecto a esta materia. Hoy día conversé con el de la Universidad Católica, quien me ha trasmitido que, además, hay inquietud en los de las Universidades de Chile y de Concepción por la forma en que se ha redactado su texto. ¿Por qué? Porque establece la sanción de cierre de la universidad frente a la existencia de sociedades relacionadas. Y resulta que las tradicionales realizan investigación, innovación y generación de valor a través de dichas sociedades.
Algunos de los ejemplos que me dio el Rector de la Universidad Católica -para que Sus Señorías los tengan presentes en el momento de votar- es que a esta casa de estudios pertenecen el DICTUC y también la Red de Salud. Por lo tanto, desarrolla investigación y, al mismo tiempo, entrega ayuda a la comunidad. Y pertenece a la Universidad de Chile el Instituto de Investigaciones, de Ensayos y Materiales (IDIEM).
Considero importante tener en cuenta solo esos ejemplos antes de votar.
Hemos pedido el aplazamiento de la votación para escuchar a los rectores, porque no lo hemos hecho. Además, no sabemos cuál será el efecto de este tipo de legislación sobre las áreas de investigación de las universidades tradicionales y privadas.
Nosotros consideramos importante que se cumpla la ley. Por ese motivo, hemos presentado un proyecto y una indicación para discutir la materia y llegar a un acuerdo con la Concertación. Pero creemos que establecer imposibilidades absolutas y cerrar universidades por asuntos específicos no es el camino para ello.
Estoy convencida de que debemos legislar escuchando a los interesados, para conocer el efecto que esta propuesta legislativa tendrá en el sistema educacional y en la investigación que se desarrolla actualmente en Chile. No resulta admisible aprobar un proyecto de ley sin oír la opinión de quienes se encuentran directamente afectados. Y en esta ocasión, ello no se ha hecho, señor Presidente .
Por otra parte, el Ejecutivo anunció que presentará una iniciativa que crea la Superintendencia de Educación Superior, a fin de fiscalizar y asegurar la transparencia que el sistema requiere.
Los objetivos de dicha Superintendencia serán impulsar la rendición de cuentas públicas y transparentes de todas las instituciones de educación superior; fortalecer su fiscalización, y adoptar las regulaciones que sean necesarias para un adecuado cumplimiento de la legislación vigente.
Frente a ello, los planteles universitarios deberán rendir cuenta de su gestión y de su administración financiera.
Asimismo, creo firmemente que las universidades privadas han aportado mucho a la educación en nuestro país.
Se ha mejorado la cobertura: de 200 mil alumnos en los años 80, aumentó a más de un millón en la actualidad, encontrándose sobre el 60 por ciento de ellos en las universidades.
Hoy 7 de cada 10 jóvenes que ingresan a la educación superior son la primera generación de sus familias en llegar a ella.
En 20 años se quintuplicó la cobertura de alumnos pertenecientes a los tres deciles más pobres.
Además, esa primera generación de estudiantes ha percibido un salto en las remuneraciones esperadas de hasta 5 veces.
Lo señalado implica un avance real en el acceso a la educación y en la igualdad de oportunidades.
Resulta imprescindible reconocer los progresos alcanzados en el ámbito de la educación superior, lo que ha sido fruto de los consensos de todos los sectores políticos y sociales.
Pero quedan pendientes dos grandes desafíos: primero, la calidad de la educación y, segundo, el sobreendeudamiento de las familias.
Constituye un problema real que muchos jóvenes y sus familias se endeudan para pagar una carrera, que finalmente no tiene empleabilidad. Y como no encuentran trabajo, terminan con una tremenda mochila: la obligación de pagar un crédito enorme.
Por lo tanto -reitero-, debiéramos centrar nuestra preocupación principal y prioritaria en el sobreendeudamiento y en la calidad de la educación. Debiéramos ir en ayuda -lo más rápido posible- de las familias de los sectores vulnerables y de clase media.
Señor Presidente , tengo la convicción de que, para avanzar en un debate fructífero en materia de educación, es importante que los objetivos de los proyectos de ley que se presenten y de las políticas públicas que se adopten se enfoquen siempre en obtener lo mejor para el sistema educacional, para los niños y las familias, y también para la investigación y la docencia.
Asimismo, es menester que nos hagamos cargo de lo bueno del sistema: del acceso, de la cobertura, del aumento en la cantidad de jóvenes que hoy pueden soñar con una carrera. Pero, igualmente, debemos enfrentar los aspectos pendientes: el financiamiento y la calidad de la educación.
Sin embargo, no por acoger rápidamente el contenido de los eslóganes y las frases que se repiten de manera fácil, vamos a legislar de una forma que genere efectos no deseados, incluso sobre las universidades tradicionales.
Por lo tanto, es sumamente relevante que, antes de votar el proyecto, escuchemos por lo menos a los rectores de dichas universidades, que hoy están preocupados, y también a los de las privadas, para que nos digan cuál es el efecto final que la presente iniciativa tendrá en la educación chilena.
Creo que le debemos eso a la ciudadanía.
Es preciso legislar con sentido de urgencia y con eficiencia; pero, al mismo tiempo, con profunda responsabilidad.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente , quedó claro que efectuaremos otra discusión sobre el proyecto, a raíz de lo que ha solicitado el aliancismo.
Esta iniciativa se inserta dentro del contexto nacional de los últimos tres meses y tiene como propósito regular lo relacionado con el lucro en las universidades chilenas.
El proyecto que analizamos en la mañana en la Comisión de Educación, que fue aprobado afortunadamente, aborda lo relativo al lucro de manera general y establece una discusión más profunda y mucho más amplia respecto a la legítima necesidad de ganancia de algunos versus el tipo de sistema educacional que queremos en Chile.
Algunos sostenemos que ambos principios no deberían ser compatibles; otros señalan que para asegurar una gran calidad en la educación se precisa perseguir el lucro; o sea, que este se hallaría asociado a una mejor calidad educativa.
La iniciativa que nos ocupa es distinta y se encuentra acotada.
A continuación, quiero referirme a lo expresado hoy en la mañana por el Ministro de Educación.
Dicho Secretario de Estado , tal vez inadvertidamente, desinforma a la ciudadanía y genera preocupación. Algunos dirán "campaña del terror"; otros expresaremos derechamente que su interpretación es bastante estrecha con relación a lo que se ha propuesto.
Decir que 4 mil establecimientos, donde estudian un millón 200 mil alumnos, van a cerrar implica no ir al punto de fondo.
Podemos encontrar muchos mecanismos distintos para abordar la situación de los estudiantes de esos 4 mil colegios. La pregunta que cabe formular no es qué haremos con respecto a esos alumnos, sino si queremos o no que alguien pueda lucrar con recursos fiscales al momento de dar educación.
Esa es la discusión.
Por eso el sofisma manifestado por el Ministro de Educación hoy en la mañana es injusto.
Él sostiene que hay colegios buenos y malos, con y sin fines de lucro, y que lo que corresponde hacer es identificar a los que imparten mala educación y cerrarlos. Para eso está la Agencia de Calidad, lo que no es cierto, por lo demás. Y los que entregan una buena enseñanza, bien por ellos, persigan o no fines de lucro.
Esa no es nuestra discusión.
Todos propiciamos una mejor calidad en la educación. Pero el Ministro da a entender que, para lograrla, se requiere contar con lucro; que ello es parte de la ecuación.
Sin embargo, su presentación se cae cuando afirma que hay establecimientos con y sin fines de lucro que entregan buena o mala calidad de enseñanza, pues con ello reconoce que el lucro, por definición, no lleva a una mejor calidad.
Ahí hay dos discusiones distintas.
Si queremos mejorar la calidad, velemos por ello, tanto en los establecimientos públicos como en los privados, considerando que entre estos últimos existen los cien por ciento privados y los subvencionados.
Con todo, es injusto decir que acá se está atentando contra la diversidad. Quienes quieran seguir lucrando podrán hacerlo. ¡Pero ya no con recursos fiscales!
¡Ese es el planteamiento de fondo que radica en el proyecto que se encuentra en la Comisión de Educación! Y creo que vamos a discutir largo y duro sobre ese punto.
La iniciativa en debate nada tiene que ver con esa otra propuesta legislativa, salvo en un aspecto: en velar para que se cumpla la ley que prohíbe el lucro en las universidades chilenas. Y aclaro: no en toda la educación superior -no se consideran los institutos profesionales ni los centros de formación técnica-, sino solo en las universidades.
Entonces, a la pregunta de la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra de por qué razón efectuamos una gran audiencia, con invitación a muchas personas e instituciones, para discutir sobre el proyecto que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación y no procedemos igual con respecto al que nos ocupa, le respondo que ello se debió a que el objetivo de la presente iniciativa es mucho más acotado y sencillo: terminar con una martingala y un subterfugio que está operando.
El señor PROKURICA .- ¡Por qué no lo hicieron en sus Gobiernos!
El señor LAGOS.- Hago altiro la autocrítica: en mi Gobierno no se puso el dedo en la llaga y no se fiscalizó como correspondía.
Pero eso no me impide proponer algo para remediar aquello.
Cuando se dice: "No vamos a votar esta iniciativa", que es muy sencilla,...
El señor PROKURICA .- ¡Pero usted fue Ministro y no hizo nada!
El señor LAGOS.- ¡La incontinencia del Senador Prokurica nuevamente...
El señor PROKURICA .- ¡No sea tan carepalo!
El señor LAGOS.- Senador Prokurica , puede interrumpirme nomás. Estamos haciendo streaming aquí en este minuto; así que interrumpa lo que quiera con su incontinencia verbal.
Sí, fui Ministro y, por esa misma razón, he dicho que hago la autocrítica respectiva.
En todo caso, tal autocrítica concierne no solo a los Gobiernos, sino a todos nosotros. ¿O acaso el Senador Prokurica, que lo es desde hace mucho, no sabía lo que ocurría en Chile? ¿El Senador Carlos Larraín habrá sabido? ¿El Senador Navarro habrá sabido? ¡Bastaba leer el libro de María Olivia Mönckeberg ! ¡Hasta los medios de comunicación podrían haberse hecho cargo del asunto!
Entonces, sí, como parte de un Gobierno me hago cargo de lo que corresponde, pero no apunten el dedo hacia un solo actor, porque el problema de la educación superior competía a muchos agentes e instituciones, incluidos los medios de comunicación.
Pero vuelvo a la materia que nos ocupa.
La iniciativa en debate tiene una finalidad muy acotada: cómo terminar con las martingalas para que las sociedades espejos no profiten.
Ahora que ya sabemos lo que sucede -no es como en la época en que yo no supe-, ¿qué hacemos al respecto?
El libro de María Olivia Mönckeberg es clarísimo en esta materia. ¿Cómo se lucra? A través de arriendos falsos, truchos, altísimos, fuera de mercado. ¿Cómo se lucra? A través de la contratación de servicios externos truchos, falsos, que van más allá del mercado.
Eso es lo que sabemos hoy, y a eso el proyecto pretende poner atajo.
Si alguien quiere pedir postergación de la votación, no hay ninguna dificultad. Si el texto se puede mejorar, bienvenido sea.
En todo caso, se ha dicho que esta iniciativa era para captar la atención de la ciudadanía. Permítanme señalar que lo que ocurrió en las calles, y no lo que estamos haciendo acá, fue lo que capturó la atención de la ciudadanía. Si este planteamiento no se pudo concretar antes, fue en parte porque no hubo voluntad y porque no tuvimos las mayorías suficientes.
Sin embargo, hoy día contamos con un aliciente adicional. Ahora están dadas -como diría el compañero Carlos Marx - las condiciones materiales y objetivas para que podamos votar los proyectos de ley sobre la materia.
Por eso se aprobó en la Comisión de Educación la iniciativa que prohíbe aportes estatales en entidades que persiguen fines de lucro en educación. Y no me cabe duda de que la que nos ocupa, mejorada o no, también se aprobará.
El Senador Hernán Larraín expresó que nadie pretendía cambiar la ley en lo que respecta al lucro en las universidades. Es bueno oírlo. Pero debo recordar que este proyecto ingresó a tramitación el 7 de julio y que pocas semanas antes el propio Presidente de la República por cadena nacional llamó a efectuar un amplio debate sobre el lucro en la educación. Nunca dijo: "No quiero el lucro en las universidades", sino "Llamo a un amplio debate". ¿Qué hizo entonces? Abrió la puerta.
En consecuencia, esta iniciativa viene a reafirmar la legislación vigente, que -alguien me dirá- es insuficiente, mal aplicada.
Desde ese punto de vista, se reasegura que nadie está por cambiar la normativa en esta materia, al menos en el ámbito universitario. Y eso ya constituye un paso adelante, porque hoy tenemos claro que no se modificará la ley, pese a que el Primer Mandatario llamó a debatir el asunto.
Me habría gustado, en todo caso, que el propio Presidente de la República en estos tres meses se hubiese pronunciado en cuanto a que no se cambiará la legislación relativa al lucro en las universidades, y que precisara qué hará respecto del mismo asunto en la educación escolar.
Termino, señor Presidente, refiriéndome a una frase expresada por la Senadora Von Baer, en orden a que acá se requieren proyectos consensuados.
No. No se precisan acuerdos en este caso.
Ciertamente, el Congreso trabaja y vota en función de las mayorías. Cuando se trata de una iniciativa sobre educación, ¡ojalá se consensuara! ¿Pero a qué acuerdo podríamos llegar si unos quieren el lucro y otros no? En tal situación deben operar las mayorías, y no para pasar por arriba de las minorías.
Entonces, hay que cambiar el sistema político que nos lleva a un empate permanente. Nos será muy difícil conseguir la mayoría, no en el Senado -aquí la vamos a obtener-, sino en la Cámara de Diputados. En esta Sala terminaremos aprobando el fin del lucro, pero en la otra rama del Parlamento tal vez no alcancemos a reunir los votos suficientes.
Ahí está la relación cuando se pregunta qué tiene que ver la política y el sistema electoral con la educación. ¡Mucho! Quizás aquí aprobaremos una gran iniciativa de ley y en la Cámara Baja quedaremos empatados. Porque el sistema binominal que nos rige juega al empate, lo que impide gobernar a las mayorías.
No se trata de pasar por arriba de las minorías, pero, si la mayoría de la sociedad chilena no quiere el lucro en las universidades, ese deseo debe quedar expresado también en el Parlamento.
En consecuencia, señor Presidente , votaremos la iniciativa cuando nuevamente se ponga en tabla. Mientras tanto, si es posible perfeccionarla, bienvenido sea. Lo importante es terminar con esta martingala y no desconcentrarnos del proyecto principal que discutimos hoy día en la Comisión de Educación. Me siento muy contento y orgulloso de que lo hayamos aprobado.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se ha solicitado a la Mesa suprimir la hora de Incidentes y proceder solo al homenaje que figura en la tabla después de que haga uso de la palabra en la materia que nos ocupa el último inscrito, Senador señor Gómez , luego de lo cual se dará término al Orden del Día.
Recuerdo que se hallan inscritos para intervenir los Senadores señores Navarro , Espina , García , Rossi y Gómez .
Si le parece a la Sala, se procederá en los términos indicados.
--Así se acuerda.
El señor LARRAÍN .- ¿Cuándo proseguiría el debate?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Entiendo que antes de entrar a la votación del proyecto la Sala se haría eco del ejercicio reglamentario de aplazarla.
El señor LARRAÍN .- El aplazamiento de la votación ya se pidió, señor Presidente .
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Por eso.
Después de que intervenga el Senador señor Gómez , pasaremos al homenaje. Y la votación del proyecto quedará para la próxima semana.
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , la relación de las corporaciones sin fines de lucro dueñas de universidades con las sociedades comerciales de que se trata -de acuerdo con la redacción de la iniciativa, no necesariamente son las llamadas "sociedades espejos", sino cualquier tipo de sociedad en las que participan administradores o ejecutivos de dichos planteles- evidentemente debe ser regulada. Creo profundamente que debemos hacerlo, pero no eliminar dichas entidades.
Tal eliminación finalmente impedirá que las universidades crezcan y que en nuestro país se desarrollen campos universitarios con modernas instalaciones que prestan a la comunidad beneficios realmente significativos e importantes.
Pongo algunos ejemplos.
En Temuco, en la Escuela de Odontología de una universidad privada -no sé, sinceramente, si de acuerdo a sus estatutos posee o no sociedades espejos o inmobiliarias- hay un edificio completo destinado a consultas odontológicas, lo cual ha permitido a miles y miles de personas, que en el sistema público de salud nunca tuvieron acceso a dicha prestación, atenderse a través de la acción de dicha casa de estudios.
Esa misma universidad se hizo cargo de un hospital que originalmente llegó a Chile por la vía de la cooperación coreana. Una primera entidad y una segunda fracasaron en la administración de dicho centro hospitalario. Pero después llegó dicha universidad, que necesitaba un establecimiento de salud para desarrollar su campo clínico. Y lo ha administrado adecuadamente, gracias a lo cual hoy Temuco cuenta con un segundo hospital, que funciona bien, que hace convenios con FONASA, que atiende a personas de clase media y de sectores emergentes de la sociedad.
¡Cómo no va a ser positivo que esas cosas ocurran!
Y, a lo mejor, con la redacción de este proyecto, vamos a prohibir ese tipo de iniciativas.
También en Temuco, conozco universidades privadas que han construido bibliotecas y auditorios espectaculares, todos al servicio de la comunidad.
Alguien me dirá: "Sí, pero todo eso se ha hecho con la plata de los alumnos y de sus familias, lo que les significa un alto endeudamiento". Y reconozco que hay mucho de verdad en ello. En efecto, muchos de esos campus universitarios, que disponen de modernas instalaciones y gozan de la tecnología más avanzada del mundo, son pagados con el dinero de los mismos alumnos. Y en muchos casos, con los recursos provenientes de los créditos con aval del Estado.
¡Ese es el punto que debemos corregir!
Tenemos que ir en ayuda de los estudiantes; tenemos que ir en ayuda de sus familias. No quiero seguir viendo familias entristecidas, tremendamente acongojadas, porque arrastran una inmensa deuda: la deuda del joven que está a punto de egresar y también la que han debido asumir para apoyarlo.
Eso hay que solucionarlo. Por supuesto que sí. Pero yo no creo que esta sea la forma de ayudar a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, a nuestras familias, que ven en la educación, y sobre todo en la superior, una herramienta superalcanzable para tener mayor bienestar, mayor estabilidad, mayor seguridad; para contar con una fuente laboral que no solo les permita su sustento, sino también su realización personal, profesional, y ser personas plenamente útiles a la sociedad.
Señor Presidente, nosotros no hemos hecho ningún reconocimiento -y creo que es superinjusto- al aporte de las universidades privadas en el desarrollo de nuestro país.
Cuando yo observo rectores o decanos de universidades privadas que abarcan los más diversos pensamientos ideológicos y políticos; cuando veo planteles donde se hace academia en serio, donde se enseña, además, con mucha rigurosidad, ¡cómo no me va a resultar positivo para el país! ¿Por qué lo vamos a prohibir?
Asimismo, pensemos que hubo grupos de personas que tuvieron la buena iniciativa de crear una corporación y una universidad sin fines de lucro. Pero carecían de los recursos para hacerlo. Y salieron a buscarlos, partieron a conseguir inversionistas, concurrieron a los bancos a pedir créditos. Muchas veces, avalaron esos empréstitos con sus propios bienes raíces, con sus viviendas. Así fueron formando esos establecimientos de educación superior.
No obstante, estas corporaciones no habrían sido objeto de crédito si no hubieran constituido las sociedades inmobiliarias que hoy día estamos castigando de manera tan brutal.
Yo creo, señor Presidente , que este no es un buen proyecto; no está bien formulado; no apunta al corazón del problema educacional. Porque este último radica en el alto endeudamiento, en que no disponemos de becas que les garanticen la oportunidad de estudiar a todos los jóvenes que provienen de hogares modestos, sencillos, cuyas familias no pueden asumir un crédito para financiar la educación superior.
¡Eso es lo que necesitamos: más becas, más créditos; que los créditos sean pagables! ¡Necesitamos, probablemente, revisar los aranceles! Porque también hemos escuchado en toda esta movilización estudiantil que hay aranceles excesivamente altos. ¡Revisemos eso! ¡Que funcione la Superintendencia de Educación Superior! ¡Regulemos, controlemos, aseguremos calidad! Pero no prohibamos el ejercicio de este tipo de sociedades. Regulémoslas. Porque vamos a terminar matando un sistema educacional que -repito-, desde mi punto de vista, le está haciendo un tremendo aporte al país.
Y se lo está haciendo, precisamente, a las familias más vulnerables. Porque, cuando uno revisa quiénes son los jóvenes que se matriculan en las universidades privadas, advierte que son quienes provienen de los hogares más humildes, más sencillos. Por eso, creo que 70 por ciento de los estudiantes universitarios de nuestro país es primera generación que llega a la educación superior. ¡Cómo no va a ser bueno eso! ¡Cómo no va a ser positivo!
Nosotros, como Senado de la República, debemos tener una mirada distinta. Y considero que este proyecto se hace cargo de los eslóganes, de las frases clichés, pero no del problema de fondo.
Yo insisto, señor Presidente : hay que regular este tipo de sociedades, es preciso regular la relación entre ellas y las universidades, pero no prohibirla, porque creo que le vamos a causar un tremendo daño a los miles de jóvenes que realizan sus estudios superiores en las universidades privadas.
Gracias.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , el proyecto es simple. A veces, en la maraña del debate, se pierde. Dice: "Las corporaciones sin fines de lucro establecidas conforme a la presente ley no podrán sostener vínculos contractuales financieros o comerciales con entidades que involucren a quienes integren los órganos de dirección, administración, ejecución y control de la corporación, y/o terceros relacionados. Esta incompatibilidad será absoluta y su violación será causa suficiente para poner término al reconocimiento oficial otorgado por el Estado.".
Algunos hablan de la "industria educacional". Para dar una idea de la magnitud de este "mercado", cabe señalar que es mayor que el de las farmacias, estimado en unos 1.700 millones de dólares; mayor que todas las ventas que realizó el 2009 D&S (dueños de Líder), la mayor cadena de supermercados del país, y se acerca a las que concretó Falabella ese mismo año en toda Latinoamérica, que llegaron a 6.410 millones de dólares.
La "industria" de la educación superior está encabezada por la Universidad Católica de Chile, que generó ventas por 813 millones de dólares, obteniendo una participación de 16 por ciento del mercado. En segundo lugar aparece la Universidad de Chile, seguida por la de Concepción y la privada Andrés Bello , con ingresos por 338 millones de dólares.
Al observar las ganancias y rentabilidad de estas y otras instituciones, es distinta la figura que aparece. Son las privadas las que lideran este ranking de ganancias y, por cierto, también el de la rentabilidad. La Universidad Católica tuvo ganancias por más de 10 mil millones de pesos en 2009, lo que le da una rentabilidad (ingresos versus utilidad) de 2,7 por ciento. El caso de la Universidad de Chile es similar: tuvo ganancias por más de 8 millones de dólares y una rentabilidad de 1,8 por ciento, en tanto que la Universidad de Concepción, pese a haber percibido ingresos por más de 338 millones de dólares, cerró su balance con números rojos. Está altamente endeudada. ¿Por qué? Porque, siendo una universidad privada, tiene una función muy similar a la pública.
La cuarta casa de estudios por ventas es privada: la Universidad Andrés Bello tuvo ganancias por unos 30 millones de dólares, con una rentabilidad de 15 por ciento, sensiblemente más alta que todas las anteriores.
La universidad que lidera las utilidades es privada. Se trata de la Universidad Tecnológica de Chile Inacap, que obtuvo en 2009 una cifra superior a los 17 mil millones de pesos; es decir, cerca de 37 millones de dólares, con una rentabilidad de 18,6 por ciento. El segundo lugar lo tiene la Universidad Andrés Bello, seguida por la Universidad Autónoma, con 11.700 millones -unos 25 millones de dólares- y una rentabilidad de 15 por ciento. El cuarto lugar lo ocupa la Universidad Católica. Las cuatro casas de estudios con mayores ganancias sumaron unos 54 mil millones de pesos; o sea, unos 114 millones de dólares, y son privadas.
Señor Presidente , tenemos un debate respecto del lucro asociado a la calidad, como ha dicho la Senadora Von Baer . Y la verdad es que, según publicó el diario "El Mercurio" unos domingos atrás, de las 500 mejores universidades del mundo, las 100 primeras son todas sin fines de lucro. En ese ranking Chile aparece en el lugar 480. Y, por cierto, la mayoría de esos planteles son de origen estatal, no se financian con el lucro. Oxford, Harvard , Cambridge subsisten con aportes del Estado más las donaciones de quienes forman.
Porque, cuando hay lucro los dueños de la universidad no se encargan de gastar en investigación, sino de tener utilidades. Los establecimientos de educación superior sin fines de lucro solo reinvierten, de tal manera de maximizar su rentabilidad educativa, sumar más eficiencia en investigación.
Hemos escuchado a muchos expertos, tanto de Derecha como de Izquierda, y también independientes, decir que la investigación en nuestras universidades la financian -¡esto es increíble!- los aranceles que pagan los estudiantes. Así ocurre en la Universidad de Chile, porque no hay recursos del Estado. Y a pesar de que obtienen utilidades, estas son absolutamente insuficientes.
O sea, los aranceles de los estudiantes financian el lucro en las universidades privadas, y, en las públicas, la investigación.
Y, por cierto, señor Presidente, en Chile el peso del pago de la universidad recae, en un 85 por ciento, en la familia. O sea, para estudiar hay que endeudarse.
Ese es el tema que hoy día debaten los estudiantes en la calle, y queremos terminar con él.
Nos preguntamos: "¿Chile es capaz de brindar educación con gratuidad?". Veamos la fórmula. ¿Arancel diferenciado, con el que yo tuve la posibilidad de estudiar en la Universidad Católica de Valparaíso? ¿Habrá crédito para los estudiantes de clase de media, pero gratuidad para quienes no puedan pagar? Eso será preciso debatirlo.
¿Es posible hacer aquello de forma gradual en el tiempo de tal manera de ajustar los ingresos permanentes a los gastos permanentes? Tendremos que discutirlo.
Pero no es dable -y lo veo en el Gobierno- que haya una defensa acérrima del lucro, del lucro como principio, como motor rector de la actividad educativa, de la "industria" de la educación.
Yo siento, entonces, que se debe emplazar e inquirir lo siguiente: ¿Este Gobierno de Derecha está dispuesto a defender también el lucro en la educación, a considerarlo un bien de mercado, de servicio, o definitivamente vamos a cambiar el eje para estimarla un bien público, un derecho?
Este proyecto de ley apunta, básicamente, a intentar corregir lo que se instaló en 1981 y que, por cierto, fue asentándose sin que se pudiera modificar. Durante 20 años no hubo debate o no se quiso llevarlo a cabo. Y, desde luego, ello constituye una autocrítica para los Gobiernos de la Concertación, pero también para la Derecha, que era Oposición. Lo dije en más de una oportunidad: "Este es un pecado del cual muchos tendrán que rendir cuenta o deberemos rendirla". No obstante, ha llegado la hora de cambiar aquello.
Yo estoy tremendamente preocupado por lo que pasará el sábado en la reunión del "cara a cara" con el Presidente (que se transformó después en asamblea, y ahora ya parece una multitud de estadio, dado que no sabemos cuántos van a asistir a conversar con él), porque ya el Ministro Bulnes fijó su posición hoy día en la mañana, y lo están haciendo también los parlamentarios del oficialismo: "Vamos a defender el lucro".
Entonces, ¿qué sentido tiene la reunión del Primer Mandatario con la CONFECH si ya se ha establecido un criterio acérrimo respecto de la defensa del lucro y la principal demanda estudiantil es terminar con él?
Estoy preocupado, porque el movimiento seguirá.
Y, en definitiva, más allá de los esfuerzos que hemos hecho hoy en la mañana, al aprobar un proyecto que busca concluir con el lucro en todos los niveles de la educación, o este, cuyo objetivo es ponerle fin a él en la educación superior, claramente, el Gobierno persiste en su decisión de defenderlo.
El Senador García hizo referencia a las sociedades inmobiliarias señalando que estas se endeudaron para poder invertir. Por cierto, así fue, pero también han logrado utilidades.
Sin embargo, el punto, señor Presidente , es saber cuánto va a gastar el Estado y cuánto desembolsarán las familias.
La OCDE nos informa que gastamos 0,3 por ciento del PIB en educación superior. El promedio de esa organización es 1,7 por ciento del producto interno bruto, y llega hasta el 4. Y la inversión global en educación alcanza a 10 por ciento. En Chile la inversión pública no supera el 3 por ciento.
Por ende, la mayor inversión del Estado en educación y, particularmente, la forma como se financia ese aumento de gasto, lleva a una discusión sobre la necesidad de una reforma tributaria. Y este proyecto de ley, como también el que analizamos en la mañana en la Comisión, no conlleva a tal reforma, ni a una modificación estructural de las instituciones, porque el Senado no tiene atribuciones para tal efecto. Estamos en el espacio del debate público de las restringidas facultades de que dispone esta Corporación.
Señor Presidente , hoy día los planteles de educación superior gastan 22,5 millones de dólares en publicidad. Lo que las universidades privadas no invierten en investigación, lo gastan en aquella. Salen a competir por atraer a los jóvenes, pero no con los elementos de una mejor calidad en educación, sino con infraestructura, con estatus, con localización.
Por eso hemos dicho que en la enseñanza superior se requiere una función ligada a lo público en reemplazo de lo que existe ahora.
Deseamos terminar con el lucro en la educación superior. Así lo hemos dicho. Y nuestro país puede permitirse no ese lujo, sino ese deber. Por ello, cuando se habla de que Chile no está en condiciones de poder asumir tal carga, la pregunta que debemos hacernos es quién pagará ese gasto.
Y ese debate sí queremos realizarlo.
Yo apoyé al Presidente Piñera cuando se planteó la reforma tributaria para financiar la reconstrucción. Y siento que esta discusión también conllevará a una reforma de ese tipo, porque para hablar con seriedad es preciso ver cómo se financiará aquello. Será necesario efectuar ajustes, los cuales creo el país también estará dispuesto a hacer.
Señor Presidente , este es un proyecto que busca abrir un debate. No es una iniciativa acabada -vendrán muchos trámites posteriores-, ha sido la fórmula que hemos empleado para poder generar la discusión sobre cómo seguir en la educación superior, cómo evitar que se continúe lucrando y violando la ley. Porque aquí no se trata de que el Gobierno diga "Ahora vamos a hacer cumplir la ley", pues ella siempre debe cumplirse. Cuando esto no sucede se incurre en delito. Y lo que tenemos hoy día en la educación superior es un delito.
En definitiva, lo que queremos no es solo regular o transparentar, sino terminar con el lucro.
¡A eso apunta este proyecto!
¡Eso es lo que piden los estudiantes en la calle!
¡Eso es lo que espera la inmensa mayoría de los chilenos!
¡Y eso es lo que, a mi juicio, el Senado debiera votar hoy!
Si bien se ha pedido postergar la votación, señor Presidente , estoy por que se vote la iniciativa y sepamos quién es quién a la hora de defender o querer eliminar el lucro.
¡Patagonia si represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , el proyecto de ley en estudio tiene por objeto impedir que existan vinculaciones contractuales financieras o comerciales entre entidades que involucren a personas encargadas de la dirección o administración de universidades sin fines de lucro y empresas que puedan sostener con ellas relaciones comerciales de distinta naturaleza.
Yo, en primer lugar, quiero dirigirme a la Mesa para pedir lo siguiente.
Al analizar el informe de la iniciativa que nos ocupa, no recuerdo, en los nueve años que llevo en la Cámara Alta, haber visto un documento más incompleto y con más omisiones que el presentado.
Debo señalar a los señores Senadores, incluyendo al Presidente de mi Partido , quien me lo hizo ver, que en dicho informe se cita que comparecieron a las audiencias de la Comisión, entre otros, los rectores de las universidades chilenas, encabezadas por don Víctor Pérez ; la Federación Nacional de Académicos, etcétera.
No hay, señor Presidente, en el informe una palabra de lo que ellos dijeron.
No recuerdo haber visto en el Parlamento que se haya elaborado un informe donde se señale que concurrieron a la Comisión las personas que van a resultar afectadas -algunas de ellas- con las medidas de la normativa que se propone y no se ponga una letra de lo que ellas piensan.
Deseo pedirle, señor Presidente , que se agregue en el informe, de aquí al próximo martes, lo que declararon los invitados respecto del tema en cuestión comprendido en el proyecto. Porque la verdad es que nunca han comparecido para hablar sobre él. Se refirieron a otros asuntos. Sin embargo, se pusieron sus nombres; a mi juicio, de manera indebida, por cuanto no hicieron referencia a lo que aquí se señala. Y eso me parece gravísimo.
No recuerdo que se haya confeccionado un informe donde se colocaran nombres de personas para hacer aparecer que el proyecto tuvo un análisis, un debate, respecto de sus ideas matrices. Y ocurre que cuando un señor Senador desea leer lo que esas personas expresaron en la Comisión, no dice nada, ¡nada!
Me parece que constituye un procedimiento absolutamente irregular en la forma como se tramita un informe.
Señor Presidente , pido formalmente que se incorpore la opinión de las personas que aparecen aquí y que concurrieron a la Comisión para hablar sobre la materia. Porque eso es lo que corresponde -hacerlo con transparencia-, a fin de que cada Senador sepa lo que piensa la Universidad de Chile, la Universidad Católica, las universidades privadas. Se dice que comparecieron, pero, a mi juicio -y tengo presunciones acerca de por qué no se pone su opinión-, no se refirieron al asunto que aborda el proyecto.
En segundo lugar, señor Presidente , aunque no es el momento, no puedo dejar de mencionar que gran parte de la crisis universitaria obedece a que del millón 50 mil estudiantes que existen en Chile en la educación superior, sea universitaria, técnico-profesional o centros de formación técnica, solo -¡y atención!- 160 mil cuentan con becas -el resto tiene que rascarse con sus propias uñas-, lo que significa que más de 850 mil alumnos deben recurrir hoy día a créditos o financiar sus estudios con recursos propios.
Y lo que es peor, en el caso de los que requieren créditos, es que, gracias a las normas que se aprobaron en el Gobierno del Presidente Lagos, pueden acceder a un préstamo que resulta carísimo, que es aquel con aval del Estado, con tasas de interés de sobre 5 por ciento y en UF.
Entonces, hoy día encontramos un universo de estudiantes -es cierto que hicimos crecer considerablemente la cobertura- a los que se ahogó en materia de financiamiento, porque se establecieron normas que permitían dar créditos de manera absolutamente discriminadora: para algunos, Fondo Solidario; para otros, crédito con aval del Estado; para unos, 2 por ciento de interés; para otros, 5 y medio por ciento de interés; para algunos, tope de 5 por ciento de sus ingresos mensuales; para otros, sin tope. Y todos son alumnos que pueden tener el mismo nivel e igual condición económica.
¡Lo que tiene ahogados a los padres y a los estudiantes es que no hallan cómo pagar la universidad, el instituto profesional o el centro de formación técnica!
Por lo tanto, el Gobierno del Presidente Piñera está haciendo lo que no se hizo durante las Administraciones de la Concertación -y es lo que ha pedido Renovación Nacional en virtud de un acuerdo de su Comisión Política-: intentar el establecimiento de un sistema unificado que prevea el otorgamiento de créditos a lo más con 2 por ciento de interés y con pago de solo 5 por ciento del ingreso mensual del alumno titulado, de tal manera que quien entre a trabajar y gane 500 mil pesos, por ejemplo, desembolse cada mes 25 mil pesos, y nada más.
Eso es lo que hace un Gobierno que enfrenta el tema de fondo, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, en que se les dijo a los jóvenes "Vengan a estudiar a la universidad" y, cuando les dieron la posibilidad de acceder a créditos, estos resultaron ser impagables. Y por ello hoy día una familia con dos hijos debe decidir cuál ingresa a la educación superior y cuál no.
Ahora, en materia de aranceles se estableció un sistema de lo más hipócrita. Porque el referencial nada tiene que ver con el real. Entonces, un alumno tiene que pagar un arancel mucho más alto que aquel sobre cuya base se calcula su beca, se le otorga el crédito con aval del Estado o, incluso, se le da acceso a financiamiento a través del Fondo Solidario.
Hago solo ese alcance, señor Presidente , porque ya tendremos tiempo de discutir de manera exhaustiva el punto.
Ahora paso al segundo tema: el de la legítima ganancia.
Aquí hay una discusión muy de fondo. Porque, para algunos de nosotros, realizar un emprendimiento y obtener una legítima ganancia es lícito y bueno. Se trata de una diferencia conceptual profunda.
Pero aquello ocurre no solo en el ámbito de la educación.
Los parlamentarios que estamos aquí recibimos plata del Estado para financiar las campañas políticas: ¡10 mil millones de pesos!
Pues bien: ese era dinero fiscal que se nos destinó para que hiciéramos publicidad.
¿Y quiénes efectuaron la publicidad? ¿El Hogar de Cristo? ¿La Fundación las Carmelitas?
La hicieron radios, agencias publicitarias, personas que perseguían fines de lucro.
Entonces, cuando la plata del Estado se aporta a los parlamentarios, estos sí pueden destinarla, para realizar sus campañas, a empresas con fines de lucro.
¡Eso sí que es lícito...!
Sin embargo, el modesto sostenedor que tiene un colegio particular subvencionado -ya voy a referirme a las cifras- no puede lograr una legítima ganancia.
Pero no solo eso: el Estado de Chile gasta 950 mil millones de pesos al año en subsidios habitacionales, y las viviendas son edificadas por empresas constructoras que persiguen fines de lucro.
De otro lado, entrega diariamente dos millones de raciones de alimentos a través de la JUNAEB, las cuales son aportadas por empresas con fines de lucro. Y sucede que eso es legítimo y lícito.
Pero -reitero- al sostenedor de un colegio particular subvencionado lo crucificamos.
Por ende, señor Presidente, les pido a los parlamentarios a quienes no les gustan los fines de lucro que devuelvan la plata que les entregó el Estado y que ellos derivaron a imprentas, a radios, en fin, para que publicitaran sus campañas.
¡Eso es lo correcto!
¡Cómo vamos a quedarnos con platas públicas destinadas a financiar actividades con fines de lucro!
Así que, para ser un poquito consecuentes, ¡partan por devolver las lucas que les pasó el Estado!
Quiero plantear otra cuestión, señor Presidente . Y, al efecto, le pido un minuto adicional.
No alcanzaré a referirme a la calidad de los colegios particulares subvencionados con fines de lucro. Solo entregaré un dato.
En 80 por ciento se trata de sostenedores que tienen un colegio, con un promedio de 350 alumnos; y el 70 por ciento son profesores. Como dijo doña Mariana Aylwin, los ingresos apenas les alcanzan para subsistir y pagar la inversión que hicieron sobre la base de un endeudamiento con la banca.
A esa gente, de nada menos que cuatro mil colegios, que educa a 1 millón 250 mil alumnos, queremos decirle que se vaya para la casa.
Esa es la verdad. Y no se trata de campaña del terror.
Sobre el proyecto que nos ocupa, señor Presidente, una reflexión.
Tengo la convicción de que quien lucró en una universidad cuando estaba prohibido hacerlo cometió delito. Si la legislación prohíbe el lucro y alguien, mediante una martingala, a través de sociedades espejo o valiéndose de figuras ilegales, le saca plata a una universidad para hacerse rico violando la ley, perpetra un delito tributario o el delito de elusión y debe ser sancionado.
Pero cuidado con estigmatizar a todas las universidades, pues también existen en nuestro país grandes casas de estudios superiores que no han lucrado y han hecho un tremendo aporte al desarrollo de los estudiantes. Y conforman un sector no minoritario y bastante amplio.
Por último, debo puntualizar que esta iniciativa emplea una mala fórmula. El problema del lucro indebido se puede solucionar de manera mucho más adecuada. Eso lo discutiremos cuando veamos este proyecto la próxima semana. Pero lo que no vamos a aceptar es que haya gente que lucre indebidamente, cuando no corresponde hacerlo, y sí aprobaremos que los establecimientos educacionales puedan desarrollarse de acuerdo a lo que prevé nuestra legislación.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , esta es la antesala de un debate importante que tendremos la próxima semana y que se va a verificar después de la reunión del Presidente de la República con los estudiantes a propósito del problema educacional.
En esta materia, quiero hacer tres comentarios.
Primero, no tengo la menor duda de que la cuestión educacional es la de más alta trascendencia para un país. Ello, porque solo a través del sistema educacional se produce aquello a lo que todos aspiramos: la movilidad social, la igualdad de oportunidades, concentrada especialmente en los sectores más vulnerables.
Por eso mismo, opino que la discusión no puede estar condicionada por eslóganes. Porque Chile ha avanzado en cobertura, pero existen grandes puntos pendientes en esta materia.
A mi juicio, el debate no se ha centrado en lo esencial. Y lo esencial corresponde a dos ámbitos: el de la calidad y el del acceso.
El día de mañana podemos eliminar lo relativo a la ganancia lícita. ¿Pero qué puede ocurrir? Que la calidad no mejore.
Por tanto, lo medular tiene que girar en torno a la calidad.
Al final, la situación explotó por lo concerniente al acceso. Chile está alcanzando condiciones de desarrollo importantes. Entonces, los niveles de exigencia son mucho más altos.
Aquí se ha dicho que en la última década han accedido al sistema universitario 1 millón 200 mil estudiantes -entre ellos personas de los sectores más vulnerables-, quienes se hallan expuestos al pago de aranceles prohibitivos. Y el endeudamiento ha afectado no solo a los alumnos, sino también, directamente, a la familia.
En consecuencia, la cuestión primordial estriba en cómo dar acceso a la educación superior.
Lo han planteado el Presidente de la República , el Ministro de Educación : a través de un crédito alcanzable, del aumento en la cantidad de becas.
Ese es uno de los puntos centrales.
El otro es el de la calidad.
A este respecto, el solo hecho de eliminar la ganancia lícita, el lucro, no me garantiza que el sistema va a ser de buena calidad.
En mi concepto, señor Presidente, debe primar la calidad.
Independiente de la naturaleza jurídica del sostenedor, si un colegio tiene mala calidad, no puede seguir impartiendo enseñanza, sea público, particular subvencionado o particular pagado.
Cuando veamos la reforma constitucional pertinente no solo habrá que establecer aquello como aspiración programática, sino que además deberá prohibirse que sea sostenedor quien no cumpla estándares mínimos.
Por eso, creo que el Ministro de Educación ha sido muy certero en esta materia, pues Chile requiere estándares mínimos. Y, con independencia -tal como dije recién- de la naturaleza jurídica del sostenedor, si ellos no se alcanzan, no se puede gozar de tal calidad.
Hacia aquellos puntos tenemos que avanzar, señor Presidente.
En todo caso, me parece que lo peor que puede ocurrir en nuestro debate sobre el tema educacional, que reviste la más alta trascendencia, es que quedemos acotados a los eslóganes y no apuntemos a lo más esencial: cómo garantizar el acceso y la calidad.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
--Queda aplazada la votación del proyecto.
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminado el Orden del Día.
"
- rdf:value = " REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES NO ESTATALES, CON RELACIÓN A LUCRO
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Escalona, Frei (don Eduardo), Gómez, Navarro y Rossi, en primer trámite constitucional, sobre requisitos de funcionamiento de universidades no estatales, con relación al lucro, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7760-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Escalona, Frei (don Eduardo), Gómez, Navarro y Rossi):
En primer trámite, sesión 30ª, en 5 de julio de 2011.
Informe de Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 42ª, en 10 de agosto de 2011.
Discusión:
Sesión 45ª, en 17 de agosto de 2011 (queda para segunda discusión).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Cabe señalar que en el trámite ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología adhirieron a la moción los Honorables señores Letelier y Pizarro.
El objetivo principal de la iniciativa es prohibir a las corporaciones sin fines de lucro destinadas a la educación superior sostener vínculos contractuales financieros o comerciales con entidades que involucren a quienes integran los órganos de dirección, administración, ejecución y control de la corporación o de terceros relacionados.
Asimismo, se establece que la vulneración de dicha prohibición será causa suficiente para poner término al reconocimiento oficial otorgado por el Estado.
La primera discusión del presente proyecto se efectuó en la sesión del miércoles 17 de agosto, y quedaron inscritos para intervenir los Senadores señores Lagos, Tuma, Letelier y Navarro, señoras Von Baer y Rincón, señores Horvath y Andrés Zaldívar, señora Lily Pérez y señores Orpis y Sabag.
Finalmente, corresponde señalar que la iniciativa requiere para su aprobación los votos conformes de 21 señores Senadores.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En la segunda discusión, ofrezco la palabra al señor Presidente de la Comisión de Educación para que, si lo desea, entregue la relación del proyecto.
No hará uso de ella.
En seguida, ofreceré la palabra a los Senadores que quedaron inscritos.
Ofrezco la palabra a la Honorable señora Rincón.
No intervendrá.
Ofrezco la palabra a la Senadora señora Von Baer.
Tampoco.
Ofrezco la palabra al Honorable señor Zaldívar.
No lo hará.
El señor PIZARRO.- ¡Votemos no más...!
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Les solicito a Sus Señorías ocupar sus respectivos lugares.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente , ¿me permite?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Hay una lista de inscritos con anterioridad, Su Señoría.
Ofrezco la palabra al Senador señor Orpis.
No intervendrá.
Ofrezco la palabra al Honorable señor Sabag.
Tampoco lo hará.
Entonces, tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, tal como...
El señor ROSSI .- Pido abrir la votación.
El señor NOVOA .- ¡No!
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , ¿por qué no pone orden en la Sala?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Para quienes no hayan sido debidamente informados, en la reciente reunión de Comités se acordó iniciar la segunda discusión del proyecto, y algunos representantes solicitaron que se les permitiera intervenir antes de que se pusiera en votación.
Puede continuar, Su Señoría.
El señor ESCALONA.- Gracias, señor Presidente.
Como era previsible, la interrupción del debate en la semana anterior ha quitado, al menos en la parte inicial de esta discusión, trascendencia a la materia en análisis.
Sin lugar a dudas, lo concerniente al lucro constituye el nudo de la movilización estudiantil de las últimas semanas, y la iniciativa que hemos presentado tiene como propósito responder a uno de los aspectos centrales planteados por ella: terminar la burla que hoy se hace de la ley que prohíbe el lucro en educación en el ámbito universitario.
Según lo que ya hemos manifestado, la existencia de las llamadas "sociedades espejo", es decir, aquellas que registran doble pertenencia: por un lado, a una corporación sin fines de lucro con reconocimiento oficial del Estado para llevar a cabo la tarea de una universidad y, por otro, a una razón social que permite instalar una sociedad inmobiliaria o de venta de servicios, ha conducido a la práctica reiterada de que los servicios de una corporación sin fines de lucro sean tomados por una razón social con fines de lucro constituida por las mismas personas, quienes se contratan a sí mismas.
Ello representa -de este modo se ha mencionado en el último tiempo- la expresión de un lucro completamente ilegal, ilícito y fraudulento.
Tanto es así que, como lo decíamos en la sesión anterior, en el caso de universidades privadas conocidas, ampliamente difundidas por los medios de comunicación, muy publicitadas con los recursos de las familias que cancelan las cuotas mensuales para la educación de los jóvenes estudiantes, se contrata a empresas de servicios a precios superiores a los de mercado en 20, 25, 30 por ciento, o incluso más, generándose, en consecuencia, una rentabilidad artificial completamente irregular, que burla de manera flagrante el sentido de la ley.
Sin embargo, no es el único canal por el cual se produce el lucro.
También está la ausencia de mecanismos eficaces que permitan saber exactamente el costo de las carreras universitarias y, por ende, si los aranceles que se cobran por ellas son correctos y no se burla a las familias.
Además, se carece de instrumentos para verificar si hay académicos que cumplen sus funciones, si los contratos son artificiales, etcétera.
Entendemos que esas materias se tratarán en el curso del debate de los proyectos cuyo envío fue anunciado ante la opinión pública y de los que esperamos que surjan como resultado del diálogo constructivo que se iniciará el próximo sábado entre el Ejecutivo y los representantes estudiantiles.
Es factible que muchas de tales iniciativas aborden esos temas, ya sea la que crea la Superintendencia de Educación Superior u otras.
Pero, desde el punto de vista de las llamadas "sociedades espejo", la normativa que sometemos a la consideración del Congreso Nacional tiende a terminar con esas prácticas, que permiten -repito- burlar a las familias, a los estudiantes, a la opinión pública, sobre la base de la existencia de personas que se contratan a sí mismas para obtener un lucro absolutamente artificial.
Ese es el objeto del proyecto en debate, que no resuelve todos los problemas planteados en la discusión sobre el lucro, pero sí hace realidad lo establecido en la ley, es decir, que las corporaciones sin fines de lucro, las cuales tienen como propósito llevar adelante la enseñanza en las universidades, no puedan valerse del mecanismo de las sociedades espejo para lucrar, lo que les está expresamente prohibido en el ordenamiento legal que nos rige.
Tal asunto ha estado presente en la discusión de los últimos días, incluso con relación a una iniciativa más amplia que estudió la Comisión de Educación hoy en la mañana en la Sala.
Con respecto al proyecto que nos ocupa, debo decir que se está distorsionando el debate frente a la opinión pública, y de nuevo caemos en prácticas que pensaba que el país había dejado atrás, como la de lanzar una campaña del terror, al afirmar que con este tipo de iniciativas se generan las condiciones para el derrumbe de la educación superior, lo cual afectará a decenas de miles de estudiantes.
Esos métodos, que entendíamos olvidados, han renacido, desafortunadamente, en el curso de este debate.
Señor Presidente , el proyecto en estudio no contiene ninguna de las amenazas antes mencionadas, porque mantiene un sistema mixto en la educación superior a través de las universidades públicas tradicionales y las privadas.
Por lo tanto, los particulares que tengan la voluntad y la vocación de impartir formación a la juventud por medio de una universidad privada lo podrán seguir efectuando. No se establece ninguna persecución hacia una persona o agrupación de personas, como tampoco alguna discriminación. No se incurre en ninguna clase de abuso por parte de autoridades del Estado en contra de quienes legítimamente lleven a cabo, o pretendan hacerlo, la labor de enseñar en la educación superior, en este caso, en las universidades.
Eso sí, la iniciativa pone término al fraude; pone término al enriquecimiento ilícito; pone término a una práctica que irrita a amplios sectores, que no entienden cómo la ley se puede infringir de manera tan flagrante a través de las sociedades espejo.
En otras ocasiones el país encaró la discusión de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y de la actual Ley General de Educación, pero no se reunieron las condiciones para lograr la mayoría requerida para terminar con estos ilícitos. Esperamos que ahora, cuando centenares de miles de personas han manifestado públicamente en las calles su reprobación a estas actuaciones ilegales, sí se puedan alcanzar los consensos para ponerles fin. Porque constituyen un delito económico y atentan contra la fe y ética públicas conforme a las cuales debiesen regirse instituciones que, ni más ni menos, se preocupan de la formación de los profesionales de nuestro país.
Por eso, esperamos la comprensión del Senado para aprobar este proyecto. En este se elude entrar a una discusión de carácter ideológico sobre estas materias; se va al nudo del problema: a terminar con el reconocimiento oficial del Estado a las instituciones de educación superior privadas donde se desarrollen prácticas ilícitas, fraudulentas, ilegales para obtener una rentabilidad expresamente prohibida por ley.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , me preocupa que esta iniciativa, considerando su envergadura y la importancia que reviste, no haya tenido el tratamiento legislativo que corresponde.
Según entiendo, ella fue presentada el 5 de julio y, de acuerdo a su informe, debatida en la Comisión de Educación los días 9 y 10 de agosto.
Adicionalmente, dicho organismo técnico, dado el interés que concita la materia, ha estado preocupado de estos asuntos y de otros vinculados al lucro en la educación superior desde antes de la presentación de este proyecto. Porque en su informe señala que a partir del mes de mayo se iniciaron discusiones con el objeto de escuchar a diferentes personas.
Sin embargo, después de leer dicho documento me queda la impresión de que esta iniciativa específica no fue analizada exhaustivamente por los diversos actores invitados. Al menos no se consigna ninguna de sus opiniones. No sabemos lo que piensan sobre ella, no sobre el tema en general, el rector de la Universidad de Chile o los rectores de universidades privadas.
Por lo tanto, desconocemos las consecuencias que su aplicación puede acarrear.
El Senador que me antecedió en el uso de la palabra afirmó que esto parece una campaña del terror. Yo por lo menos lo llamo "legislar con rigor y seriedad". Y, teniendo en cuenta su envergadura, es lo que me interesa que se haga con este proyecto antes de analizarlo en general, como lo hizo -extraordinariamente bien y de manera seria- la propia Comisión de Educación a propósito de la iniciativa sobre el lucro, que aprobó hoy en la mañana.
Porque no debemos, por darnos el gusto político de enviar una señal aprovechando la oportunidad, acoger cualquier cosa que se ponga por delante. No es la forma de hacer las leyes en nuestro país, máxime cuando se trata de una materia de tal naturaleza.
Además, debo señalar que la normativa es clara. Aquí se habla de que las universidades constituidas no pueden perseguir fines de lucro, y se buscan mecanismos para garantizar esa situación.
Nadie que yo conozca en el Senado quiere modificar la norma relativa a que dichas instituciones estén imposibilitadas de tener fines de lucro. No somos partidarios de hacerlo. Y, si algunas han burlado esta disposición, consideramos correcto pretender corregir el problema por ley. Estamos de acuerdo en introducir mecanismos jurídicos efectivos en nuestra legislación para casos similares, o en buscar otros de mayor eficacia.
Sin embargo, pensamos que este proyecto no se halla bien elaborado ni bien documentado. Por eso, no puede decirse que fue diseñado con la seriedad que amerita un problema de la naturaleza que acertadamente graficó el Senador que me precedió en el uso de la palabra.
Por ese motivo, les hemos pedido a los Comités y a la Sala que la iniciativa vuelva a la Comisión para que la reestudie y se escuche a quienes corresponde.
Lamentablemente, la Concertación se ha opuesto a analizar de nuevo esta iniciativa, a recoger inquietudes y, como se trata de un proyecto de artículo único, a que la propia Comisión pueda proponer otro texto que integre realmente las diversas opiniones. Creo que esta no es la manera de trabajar en el Senado.
El tema de la educación -que han puesto en el tapete los estudiantes a través de una movilización larga, de tres, cuatro meses- merece una respuesta de mayor responsabilidad que aprobar proyectos que solo buscan el oportunismo del minuto. Porque las consecuencias no son transitorias, sino permanentes.
Y en ello hemos estado de acuerdo el Senado y la Cámara de Diputados, procurando ayudar para que se produzca un diálogo. Incluso, a instancia nuestra en los Comités, se acordó que los Presidentes de ambas Corporaciones ofrecieran el Congreso como un espacio de trabajo para lograr aglutinar al Gobierno y a los movimientos estudiantiles detrás de una agenda sin exclusiones, en la que por cierto, entre otras materias, se encuentra el asunto específico que nos ocupa.
Hemos hecho lo posible -repito, transversalmente- para lograr ese objetivo. No ha resultado. Y deseablemente igual se producirá el acercamiento -ojalá lo antes posible y con las mejores consecuencias- entre el Presidente de la República y el movimiento estudiantil. Pero no logramos que el Parlamento sea útil en tal proceso, lo que quizás habría sido muy positivo, dando al Poder Legislativo el rol que le corresponde.
Pero es lo que está ocurriendo. Nosotros hemos recorrido todos los caminos de cooperación y de colaboración para resolver los problemas educacionales, y no únicamente este, sino la totalidad de ellos. Hemos propuesto no solo proyectos de ley, sino también diversos documentos que están circulando. Yo soy autor de uno de ellos -fue publicado últimamente- donde con bastante claridad voy incluso más allá de lo que señala esta iniciativa en cuanto a lo que se debe hacer en la educación superior.
No corresponde que el proyecto que nos ocupa se vote de la forma como se está haciendo.
Y, ante la negativa de los Comités de la Concertación para contar con una iniciativa bien elaborada, regresándola a Comisión, no nos queda sino pedir la postergación de la votación, a fin de dar la señal de que nosotros queremos que el presente proyecto quede bien hecho y consensuado, como corresponde a este tipo de materias. A este respecto, las mayorías políticas no pueden imponer a otros una línea determinada. Los proyectos relativos a enseñanza han de ser deseablemente consensuados.
Comparto del todo la idea central de esta iniciativa, en orden a lograr erradicar de manera eficaz el lucro de las universidades; y esperamos llegar a una solución razonable en la Comisión. Pero, en vista del rechazo de la idea de que el proyecto vuelva a aquella sin mayor fundamento que las ganas de tener aprobada luego esta materia, aunque no se haya efectuado el estudio debido, pedimos prórroga de la votación.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Ante la solicitud planteada, se aplazará la votación. Sin perjuicio de ello, va a seguir el debate.
Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , lamento que se haya pedido aplazamiento de la votación. Pero está en su derecho el Comité de la UDI. Es un recurso reglamentario.
Me llama la atención, sí, que se estén utilizando sucesivos mecanismos reglamentarios, adicionando uno tras otro: la semana pasada, el Senador Chahuán pidió segunda discusión. Y ahora se solicita postergar la votación.
Yo no sé si tenemos conciencia del momento que vive el país, de este nudo al cual se refirió el Senador Escalona -uno de los autores de la iniciativa-, o si queremos pensar que aquí no ha pasado nada, por lo cual podemos seguir manteniendo el modelo educativo consagrado en los años ochenta para un sistema completamente distinto, y que fracasó. Todo ello, en circunstancias de que el propio Presidente de la República en sucesivas intervenciones señaló que se debe cumplir la ley.
Nos encontramos ante un proyecto sin tantas complejidades. Se trata de una iniciativa que precisamente ayuda al Gobierno a hacer cumplir la ley, abordando lo relativo a las sociedades espejo, porque en verdad no hay muchas alternativas. Incluso podríamos adentrarnos en cuáles son ellas.
Lo que plantean el Senador Escalona y los demás autores del proyecto es algo que todos sabemos, un secreto a voces: si bien la ley impide lucrar, ello se pasa a llevar a través de la prestación de servicios de distintas sociedades, no solo inmobiliarias, aunque estas son las más importantes. Las inmobiliarias son las que inciden y tienen mucho que ver en el crecimiento de los planteles privados de enseñanza.
Lo que ocurre en la práctica es que hay servicios de aseo, de casino y de distinto tipo que prestan estas sociedades relacionadas. Y en el caso de muchas universidades, tal vez las más conocidas -para qué vamos a entrar a dar nombres-, los dueños de las corporaciones de Derecho Privado son al mismo tiempo propietarios de las sociedades espejo. Ni siquiera lo son la señora, el hijo o el socio del estudio jurídico. ¡No! Son las mismas personas las dueñas de esos grupos, que hoy están siendo comprados por fondos de inversión.
Respecto de los destinatarios del crédito con aval del Estado -se ha hablado mucho al respecto como el gran anuncio del Gobierno en los últimos días-, apenas el 10 por ciento va a las universidades del CRUCH, de manera muy subsidiaria y excepcional, y el 90 por ciento al mundo privado.
Entonces, a mi juicio, si queremos discutir este tema de fondo, tenemos que sincerar nuestro propósito.
Entiendo que algunos señores parlamentarios tengan legítimamente otra mirada. Y el Senador Chahuán ha anunciado una indicación. Me parece razonable. El texto que presentaría la Alianza puede buscar, por supuesto, más transparencia -no cabe duda de que la materia lo requiere-, en orden a que los planteles educacionales se rijan como las sociedades anónimas abiertas, estableciendo más claridad en las transacciones y, a lo mejor, por la vía de un tercero, exigiendo que los precios por arriendos a la inmobiliaria -de eso estamos hablando- sean de mercado.
No veo otra alternativa. Son las dos posibilidades que podemos seriamente explorar para ayudar a aquello que el propio Primer Mandatario ha manifestado: cumplir la ley.
Leí en la prensa que el propio Senador Espina -no recuerdo si el fin de semana-, señaló que había que meter presos a todos quienes han lucrado con las universidades privadas en los últimos treinta años. Entonces, no entiendo cómo hoy un sector de su coalición pide aplazamiento de la votación. O sea, si aquí hay personas que saben de gente que ha violado la ley con subterfugios, con estas figuras legales, tenemos que proceder.
Y la convicción que al final se formó la Comisión de Educación fue que aquí hay un sentido de urgencia, más allá de lo que plantea el Honorable señor Larraín .
Yo no quisiera entrar en ese terreno. Creo que el señor Senador tiene razón. En efecto, respecto de este punto específico no se hizo una exposición detallada.
El señor LARRAÍN.- Fue lo que dije en los Comités.
El señor QUINTANA.- Quiero precisar eso, Su Señoría.
Si deseamos quedarnos en tal tema, podemos hacerlo. Pero yo también quiero defender la legalidad y el apego total al Reglamento mantenido por la Comisión de Educación. Su artículo 38 sostiene: "Las Comisiones reunirán los antecedentes y estudiarán los hechos que estimen necesarios para informar al Senado. Podrán solicitar de las autoridades correspondientes la comparecencia de aquellos funcionarios que estén en situación de ilustrar sus debates; hacerse asesorar de cualquier especialista en la materia en estudio, y oír a las instituciones y personas que estimen conveniente.". Efectivamente, es una posibilidad.
Sin embargo, debo puntualizar que, desde el mes de mayo, cuando el Presidente de la República anunció que este es el año de la reforma en la educación superior, inmediatamente la Comisión se constituyó y celebró sesiones paralelas justamente para analizar esta materia. Escuchamos a todas las universidades. Y si hay algo que permitió a los miembros de la Comisión -Honorables señores Navarro , Ignacio Walker y Cantero , y el ex Senador señor Chadwick , actual vocero de Gobierno, quien estuvo presente en gran parte de las sesiones y en aquella donde participaron los ocho rectores de universidades privadas que elegimos por ser las que se sometieron voluntariamente al sistema único de admisión (PSU)- formarnos una convicción, fue que esos directivos señalaron que nos les preocupaba que se legislara sobre la materia, porque ellos no lucraban. ¡Porque ellos no lucraban!
Entonces, más allá de a cuánta gente se escuchó, deseo ser aun más preciso.
El proyecto que se aprobó esta mañana en la Comisión de Educación por 4 votos contra 1 y que fuera originado en moción de varios colegas que se encuentran presentes en la Sala, termina con el lucro en la educación y aborda lo referente a las sociedades espejo.
Por lo tanto, es inefectivo que la Comisión -sesionó varios días de la semana regional, los fines de semana y anoche hasta las 23 horas- no haya escuchado a los distintos actores. Por el contrario, se dieron todas las garantías para que participaran.
Y al respecto quiero destacar que el Honorable señor Novoa , que asistió en representación de la Senadora señora Von Baer , verificó la lista de los invitados.
De modo que, en relación con las sociedades espejo, recibimos la opinión de los involucrados antes de la presentación del proyecto y, luego, en la discusión de la otra iniciativa que es más amplia.
Basado en el aforismo "El que puede lo más, puede lo menos", insisto en que la iniciativa más compleja es la aprobada en la Comisión hoy en la mañana. Y la materia que ahora nos convoca se encuentra contenida en aquella.
En definitiva, más allá de la solución a que se llegue, la fórmula que se adopte para impedir los subterfugios y evitar que se siga lucrando, aunque se diga que no -aquí está el Senador señor Espina , que días atrás señaló en la prensa que hay que meter preso a los representantes de las universidades que han obtenido ganancias, burlando la ley con subterfugios y con distintas figuras, declaración que de verdad valoro-, lo que motivó a la Comisión a actuar con urgencia son las movilizaciones que no terminan -llevan más de 90 días-, y que entre sus puntos centrales o nudos más difíciles se halla justamente el lucro.
Como se ha solicitado postergar la votación, no tiene sentido entrar al fondo del proyecto.
Sin embargo, quiero hacerme cargo de otro asunto que se ha planteado acá, en cuanto a ciertas preocupaciones de las universidades tradicionales. En ese sentido, garantizo que la Comisión de Educación -más allá de si nos gustan o no los resultados, teniendo en cuenta que es de la esencia de este Parlamento y de la democracia y que hemos llegado al Senado elegidos por la ciudadanía para defender eso-, ha actuado con bastante responsabilidad.
Por lo tanto, como hay puntos que preocupan a los rectores de universidades que no lucran y que desarrollan investigaciones asociadas con particulares, como puede ser el caso de la Católica u otras casas de estudios superiores, naturalmente que estudiaremos la forma de corregir esa situación. Durante todo este tiempo no ha sido la insensatez la característica de la Comisión, sino muy por el contrario.
De manera que, simplemente, llamo a la calma y a seguir adelante en la discusión de una materia como esta, porque el país requiere de nosotros a 30 años de haberse creado un sistema tan absurdo y, al mismo tiempo, tan categórico, en donde el lucro no tiene espacio.
Por consiguiente, no desaprovechemos la oportunidad de hacer estos ajustes que, en mi opinión, son mínimos.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Como el Honorable señor Rossi no se encuentra en la Sala, tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente , solo deseo aclarar algunos puntos relativos al proyecto de ley.
Cuando hablamos de educación y de nuestro querido Chile, todos sabemos que somos un país que ha crecido gracias al esfuerzo diario de miles de compatriotas, pero también a la prudencia en la toma de decisiones y a la búsqueda de consensos nacionales en los grandes temas, como la educación.
Esos valores forman parte de nuestra fortaleza como nación. Y yo creo firmemente que la Agenda de Educación Superior debe ir en esa misma línea y basarse en la igualdad de oportunidades, en el esfuerzo y en la libertad individual para alcanzar el bienestar colectivo. Sin embargo, tiene que estar apoyada, además, en la precaución y en la serenidad ante la toma de decisiones; en el consenso no solo de los actores políticos, sino, también, de todos quienes forman parte del sistema educacional.
Al Senado le corresponde asumir la responsabilidad de legislar, considerando siempre el impacto que sus decisiones tienen sobre dicho sistema, las familias, la docencia y la investigación. No vaya a ser que por aceptar un eslogan que se escucha bien y se repite rápido terminemos generando efectos indeseados.
A continuación, voy a entrar al debate que se desarrolla en este momento en la Sala.
En la discusión del proyecto aprobado en la Comisión de Educación -estimo importante que la Sala lo sepa-, aunque se invitó a organizaciones en forma previa a la vista de la iniciativa, como señaló su Presidente , en esta última etapa no concurrió ningún representante de aquellas. De modo que no se escuchó a actores sociales, a algún interesado o afectado y ni siquiera al Ejecutivo , el cual estuvo representado por el Jefe de la División Jurídica del Ministerio del ramo, quien asistió por cuenta propia.
Señor Presidente , considero que es una mala señal para la ciudadanía que no se conozcan otros argumentos antes de votar un proyecto y que no se escuche a ninguna institución o persona afectada o interesada, a fin de considerar sus puntos de vista en el resultado que la legislación en estudio tendrá sobre la realidad del sistema educativo.
En realidad no comprendo por qué se actuó de esa manera. Si en la discusión de la otra iniciativa referente a estas materias la Comisión escuchó a todos los involucrados antes de la votación en general -participaron las federaciones de estudiantes, los rectores de universidades, los académicos y los profesores-, entonces ¿por qué no se usó ahora el mismo criterio? ¿Cuál es el apuro?
Entiendo el sentido de urgencia, tomando en cuenta la situación que vive el país, pero también estimo que siempre debemos legislar con responsabilidad y escuchando a los actores interesados en alguna iniciativa específica.
El proyecto en análisis tiene preocupados a los rectores de las universidades tradicionales, los que no fueron considerados respecto a esta materia. Hoy día conversé con el de la Universidad Católica, quien me ha trasmitido que, además, hay inquietud en los de las Universidades de Chile y de Concepción por la forma en que se ha redactado su texto. ¿Por qué? Porque establece la sanción de cierre de la universidad frente a la existencia de sociedades relacionadas. Y resulta que las tradicionales realizan investigación, innovación y generación de valor a través de dichas sociedades.
Algunos de los ejemplos que me dio el Rector de la Universidad Católica -para que Sus Señorías los tengan presentes en el momento de votar- es que a esta casa de estudios pertenecen el DICTUC y también la Red de Salud. Por lo tanto, desarrolla investigación y, al mismo tiempo, entrega ayuda a la comunidad. Y pertenece a la Universidad de Chile el Instituto de Investigaciones, de Ensayos y Materiales (IDIEM).
Considero importante tener en cuenta solo esos ejemplos antes de votar.
Hemos pedido el aplazamiento de la votación para escuchar a los rectores, porque no lo hemos hecho. Además, no sabemos cuál será el efecto de este tipo de legislación sobre las áreas de investigación de las universidades tradicionales y privadas.
Nosotros consideramos importante que se cumpla la ley. Por ese motivo, hemos presentado un proyecto y una indicación para discutir la materia y llegar a un acuerdo con la Concertación. Pero creemos que establecer imposibilidades absolutas y cerrar universidades por asuntos específicos no es el camino para ello.
Estoy convencida de que debemos legislar escuchando a los interesados, para conocer el efecto que esta propuesta legislativa tendrá en el sistema educacional y en la investigación que se desarrolla actualmente en Chile. No resulta admisible aprobar un proyecto de ley sin oír la opinión de quienes se encuentran directamente afectados. Y en esta ocasión, ello no se ha hecho, señor Presidente .
Por otra parte, el Ejecutivo anunció que presentará una iniciativa que crea la Superintendencia de Educación Superior, a fin de fiscalizar y asegurar la transparencia que el sistema requiere.
Los objetivos de dicha Superintendencia serán impulsar la rendición de cuentas públicas y transparentes de todas las instituciones de educación superior; fortalecer su fiscalización, y adoptar las regulaciones que sean necesarias para un adecuado cumplimiento de la legislación vigente.
Frente a ello, los planteles universitarios deberán rendir cuenta de su gestión y de su administración financiera.
Asimismo, creo firmemente que las universidades privadas han aportado mucho a la educación en nuestro país.
Se ha mejorado la cobertura: de 200 mil alumnos en los años 80, aumentó a más de un millón en la actualidad, encontrándose sobre el 60 por ciento de ellos en las universidades.
Hoy 7 de cada 10 jóvenes que ingresan a la educación superior son la primera generación de sus familias en llegar a ella.
En 20 años se quintuplicó la cobertura de alumnos pertenecientes a los tres deciles más pobres.
Además, esa primera generación de estudiantes ha percibido un salto en las remuneraciones esperadas de hasta 5 veces.
Lo señalado implica un avance real en el acceso a la educación y en la igualdad de oportunidades.
Resulta imprescindible reconocer los progresos alcanzados en el ámbito de la educación superior, lo que ha sido fruto de los consensos de todos los sectores políticos y sociales.
Pero quedan pendientes dos grandes desafíos: primero, la calidad de la educación y, segundo, el sobreendeudamiento de las familias.
Constituye un problema real que muchos jóvenes y sus familias se endeudan para pagar una carrera, que finalmente no tiene empleabilidad. Y como no encuentran trabajo, terminan con una tremenda mochila: la obligación de pagar un crédito enorme.
Por lo tanto -reitero-, debiéramos centrar nuestra preocupación principal y prioritaria en el sobreendeudamiento y en la calidad de la educación. Debiéramos ir en ayuda -lo más rápido posible- de las familias de los sectores vulnerables y de clase media.
Señor Presidente , tengo la convicción de que, para avanzar en un debate fructífero en materia de educación, es importante que los objetivos de los proyectos de ley que se presenten y de las políticas públicas que se adopten se enfoquen siempre en obtener lo mejor para el sistema educacional, para los niños y las familias, y también para la investigación y la docencia.
Asimismo, es menester que nos hagamos cargo de lo bueno del sistema: del acceso, de la cobertura, del aumento en la cantidad de jóvenes que hoy pueden soñar con una carrera. Pero, igualmente, debemos enfrentar los aspectos pendientes: el financiamiento y la calidad de la educación.
Sin embargo, no por acoger rápidamente el contenido de los eslóganes y las frases que se repiten de manera fácil, vamos a legislar de una forma que genere efectos no deseados, incluso sobre las universidades tradicionales.
Por lo tanto, es sumamente relevante que, antes de votar el proyecto, escuchemos por lo menos a los rectores de dichas universidades, que hoy están preocupados, y también a los de las privadas, para que nos digan cuál es el efecto final que la presente iniciativa tendrá en la educación chilena.
Creo que le debemos eso a la ciudadanía.
Es preciso legislar con sentido de urgencia y con eficiencia; pero, al mismo tiempo, con profunda responsabilidad.
He dicho.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente , quedó claro que efectuaremos otra discusión sobre el proyecto, a raíz de lo que ha solicitado el aliancismo.
Esta iniciativa se inserta dentro del contexto nacional de los últimos tres meses y tiene como propósito regular lo relacionado con el lucro en las universidades chilenas.
El proyecto que analizamos en la mañana en la Comisión de Educación, que fue aprobado afortunadamente, aborda lo relativo al lucro de manera general y establece una discusión más profunda y mucho más amplia respecto a la legítima necesidad de ganancia de algunos versus el tipo de sistema educacional que queremos en Chile.
Algunos sostenemos que ambos principios no deberían ser compatibles; otros señalan que para asegurar una gran calidad en la educación se precisa perseguir el lucro; o sea, que este se hallaría asociado a una mejor calidad educativa.
La iniciativa que nos ocupa es distinta y se encuentra acotada.
A continuación, quiero referirme a lo expresado hoy en la mañana por el Ministro de Educación.
Dicho Secretario de Estado , tal vez inadvertidamente, desinforma a la ciudadanía y genera preocupación. Algunos dirán "campaña del terror"; otros expresaremos derechamente que su interpretación es bastante estrecha con relación a lo que se ha propuesto.
Decir que 4 mil establecimientos, donde estudian un millón 200 mil alumnos, van a cerrar implica no ir al punto de fondo.
Podemos encontrar muchos mecanismos distintos para abordar la situación de los estudiantes de esos 4 mil colegios. La pregunta que cabe formular no es qué haremos con respecto a esos alumnos, sino si queremos o no que alguien pueda lucrar con recursos fiscales al momento de dar educación.
Esa es la discusión.
Por eso el sofisma manifestado por el Ministro de Educación hoy en la mañana es injusto.
Él sostiene que hay colegios buenos y malos, con y sin fines de lucro, y que lo que corresponde hacer es identificar a los que imparten mala educación y cerrarlos. Para eso está la Agencia de Calidad, lo que no es cierto, por lo demás. Y los que entregan una buena enseñanza, bien por ellos, persigan o no fines de lucro.
Esa no es nuestra discusión.
Todos propiciamos una mejor calidad en la educación. Pero el Ministro da a entender que, para lograrla, se requiere contar con lucro; que ello es parte de la ecuación.
Sin embargo, su presentación se cae cuando afirma que hay establecimientos con y sin fines de lucro que entregan buena o mala calidad de enseñanza, pues con ello reconoce que el lucro, por definición, no lleva a una mejor calidad.
Ahí hay dos discusiones distintas.
Si queremos mejorar la calidad, velemos por ello, tanto en los establecimientos públicos como en los privados, considerando que entre estos últimos existen los cien por ciento privados y los subvencionados.
Con todo, es injusto decir que acá se está atentando contra la diversidad. Quienes quieran seguir lucrando podrán hacerlo. ¡Pero ya no con recursos fiscales!
¡Ese es el planteamiento de fondo que radica en el proyecto que se encuentra en la Comisión de Educación! Y creo que vamos a discutir largo y duro sobre ese punto.
La iniciativa en debate nada tiene que ver con esa otra propuesta legislativa, salvo en un aspecto: en velar para que se cumpla la ley que prohíbe el lucro en las universidades chilenas. Y aclaro: no en toda la educación superior -no se consideran los institutos profesionales ni los centros de formación técnica-, sino solo en las universidades.
Entonces, a la pregunta de la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra de por qué razón efectuamos una gran audiencia, con invitación a muchas personas e instituciones, para discutir sobre el proyecto que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación y no procedemos igual con respecto al que nos ocupa, le respondo que ello se debió a que el objetivo de la presente iniciativa es mucho más acotado y sencillo: terminar con una martingala y un subterfugio que está operando.
El señor PROKURICA .- ¡Por qué no lo hicieron en sus Gobiernos!
El señor LAGOS.- Hago altiro la autocrítica: en mi Gobierno no se puso el dedo en la llaga y no se fiscalizó como correspondía.
Pero eso no me impide proponer algo para remediar aquello.
Cuando se dice: "No vamos a votar esta iniciativa", que es muy sencilla,...
El señor PROKURICA .- ¡Pero usted fue Ministro y no hizo nada!
El señor LAGOS.- ¡La incontinencia del Senador Prokurica nuevamente...
El señor PROKURICA .- ¡No sea tan carepalo!
El señor LAGOS.- Senador Prokurica , puede interrumpirme nomás. Estamos haciendo streaming aquí en este minuto; así que interrumpa lo que quiera con su incontinencia verbal.
Sí, fui Ministro y, por esa misma razón, he dicho que hago la autocrítica respectiva.
En todo caso, tal autocrítica concierne no solo a los Gobiernos, sino a todos nosotros. ¿O acaso el Senador Prokurica, que lo es desde hace mucho, no sabía lo que ocurría en Chile? ¿El Senador Carlos Larraín habrá sabido? ¿El Senador Navarro habrá sabido? ¡Bastaba leer el libro de María Olivia Mönckeberg ! ¡Hasta los medios de comunicación podrían haberse hecho cargo del asunto!
Entonces, sí, como parte de un Gobierno me hago cargo de lo que corresponde, pero no apunten el dedo hacia un solo actor, porque el problema de la educación superior competía a muchos agentes e instituciones, incluidos los medios de comunicación.
Pero vuelvo a la materia que nos ocupa.
La iniciativa en debate tiene una finalidad muy acotada: cómo terminar con las martingalas para que las sociedades espejos no profiten.
Ahora que ya sabemos lo que sucede -no es como en la época en que yo no supe-, ¿qué hacemos al respecto?
El libro de María Olivia Mönckeberg es clarísimo en esta materia. ¿Cómo se lucra? A través de arriendos falsos, truchos, altísimos, fuera de mercado. ¿Cómo se lucra? A través de la contratación de servicios externos truchos, falsos, que van más allá del mercado.
Eso es lo que sabemos hoy, y a eso el proyecto pretende poner atajo.
Si alguien quiere pedir postergación de la votación, no hay ninguna dificultad. Si el texto se puede mejorar, bienvenido sea.
En todo caso, se ha dicho que esta iniciativa era para captar la atención de la ciudadanía. Permítanme señalar que lo que ocurrió en las calles, y no lo que estamos haciendo acá, fue lo que capturó la atención de la ciudadanía. Si este planteamiento no se pudo concretar antes, fue en parte porque no hubo voluntad y porque no tuvimos las mayorías suficientes.
Sin embargo, hoy día contamos con un aliciente adicional. Ahora están dadas -como diría el compañero Carlos Marx - las condiciones materiales y objetivas para que podamos votar los proyectos de ley sobre la materia.
Por eso se aprobó en la Comisión de Educación la iniciativa que prohíbe aportes estatales en entidades que persiguen fines de lucro en educación. Y no me cabe duda de que la que nos ocupa, mejorada o no, también se aprobará.
El Senador Hernán Larraín expresó que nadie pretendía cambiar la ley en lo que respecta al lucro en las universidades. Es bueno oírlo. Pero debo recordar que este proyecto ingresó a tramitación el 7 de julio y que pocas semanas antes el propio Presidente de la República por cadena nacional llamó a efectuar un amplio debate sobre el lucro en la educación. Nunca dijo: "No quiero el lucro en las universidades", sino "Llamo a un amplio debate". ¿Qué hizo entonces? Abrió la puerta.
En consecuencia, esta iniciativa viene a reafirmar la legislación vigente, que -alguien me dirá- es insuficiente, mal aplicada.
Desde ese punto de vista, se reasegura que nadie está por cambiar la normativa en esta materia, al menos en el ámbito universitario. Y eso ya constituye un paso adelante, porque hoy tenemos claro que no se modificará la ley, pese a que el Primer Mandatario llamó a debatir el asunto.
Me habría gustado, en todo caso, que el propio Presidente de la República en estos tres meses se hubiese pronunciado en cuanto a que no se cambiará la legislación relativa al lucro en las universidades, y que precisara qué hará respecto del mismo asunto en la educación escolar.
Termino, señor Presidente, refiriéndome a una frase expresada por la Senadora Von Baer, en orden a que acá se requieren proyectos consensuados.
No. No se precisan acuerdos en este caso.
Ciertamente, el Congreso trabaja y vota en función de las mayorías. Cuando se trata de una iniciativa sobre educación, ¡ojalá se consensuara! ¿Pero a qué acuerdo podríamos llegar si unos quieren el lucro y otros no? En tal situación deben operar las mayorías, y no para pasar por arriba de las minorías.
Entonces, hay que cambiar el sistema político que nos lleva a un empate permanente. Nos será muy difícil conseguir la mayoría, no en el Senado -aquí la vamos a obtener-, sino en la Cámara de Diputados. En esta Sala terminaremos aprobando el fin del lucro, pero en la otra rama del Parlamento tal vez no alcancemos a reunir los votos suficientes.
Ahí está la relación cuando se pregunta qué tiene que ver la política y el sistema electoral con la educación. ¡Mucho! Quizás aquí aprobaremos una gran iniciativa de ley y en la Cámara Baja quedaremos empatados. Porque el sistema binominal que nos rige juega al empate, lo que impide gobernar a las mayorías.
No se trata de pasar por arriba de las minorías, pero, si la mayoría de la sociedad chilena no quiere el lucro en las universidades, ese deseo debe quedar expresado también en el Parlamento.
En consecuencia, señor Presidente , votaremos la iniciativa cuando nuevamente se ponga en tabla. Mientras tanto, si es posible perfeccionarla, bienvenido sea. Lo importante es terminar con esta martingala y no desconcentrarnos del proyecto principal que discutimos hoy día en la Comisión de Educación. Me siento muy contento y orgulloso de que lo hayamos aprobado.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se ha solicitado a la Mesa suprimir la hora de Incidentes y proceder solo al homenaje que figura en la tabla después de que haga uso de la palabra en la materia que nos ocupa el último inscrito, Senador señor Gómez , luego de lo cual se dará término al Orden del Día.
Recuerdo que se hallan inscritos para intervenir los Senadores señores Navarro , Espina , García , Rossi y Gómez .
Si le parece a la Sala, se procederá en los términos indicados.
--Así se acuerda.
El señor LARRAÍN .- ¿Cuándo proseguiría el debate?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Entiendo que antes de entrar a la votación del proyecto la Sala se haría eco del ejercicio reglamentario de aplazarla.
El señor LARRAÍN .- El aplazamiento de la votación ya se pidió, señor Presidente .
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Por eso.
Después de que intervenga el Senador señor Gómez , pasaremos al homenaje. Y la votación del proyecto quedará para la próxima semana.
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , la relación de las corporaciones sin fines de lucro dueñas de universidades con las sociedades comerciales de que se trata -de acuerdo con la redacción de la iniciativa, no necesariamente son las llamadas "sociedades espejos", sino cualquier tipo de sociedad en las que participan administradores o ejecutivos de dichos planteles- evidentemente debe ser regulada. Creo profundamente que debemos hacerlo, pero no eliminar dichas entidades.
Tal eliminación finalmente impedirá que las universidades crezcan y que en nuestro país se desarrollen campos universitarios con modernas instalaciones que prestan a la comunidad beneficios realmente significativos e importantes.
Pongo algunos ejemplos.
En Temuco, en la Escuela de Odontología de una universidad privada -no sé, sinceramente, si de acuerdo a sus estatutos posee o no sociedades espejos o inmobiliarias- hay un edificio completo destinado a consultas odontológicas, lo cual ha permitido a miles y miles de personas, que en el sistema público de salud nunca tuvieron acceso a dicha prestación, atenderse a través de la acción de dicha casa de estudios.
Esa misma universidad se hizo cargo de un hospital que originalmente llegó a Chile por la vía de la cooperación coreana. Una primera entidad y una segunda fracasaron en la administración de dicho centro hospitalario. Pero después llegó dicha universidad, que necesitaba un establecimiento de salud para desarrollar su campo clínico. Y lo ha administrado adecuadamente, gracias a lo cual hoy Temuco cuenta con un segundo hospital, que funciona bien, que hace convenios con FONASA, que atiende a personas de clase media y de sectores emergentes de la sociedad.
¡Cómo no va a ser positivo que esas cosas ocurran!
Y, a lo mejor, con la redacción de este proyecto, vamos a prohibir ese tipo de iniciativas.
También en Temuco, conozco universidades privadas que han construido bibliotecas y auditorios espectaculares, todos al servicio de la comunidad.
Alguien me dirá: "Sí, pero todo eso se ha hecho con la plata de los alumnos y de sus familias, lo que les significa un alto endeudamiento". Y reconozco que hay mucho de verdad en ello. En efecto, muchos de esos campus universitarios, que disponen de modernas instalaciones y gozan de la tecnología más avanzada del mundo, son pagados con el dinero de los mismos alumnos. Y en muchos casos, con los recursos provenientes de los créditos con aval del Estado.
¡Ese es el punto que debemos corregir!
Tenemos que ir en ayuda de los estudiantes; tenemos que ir en ayuda de sus familias. No quiero seguir viendo familias entristecidas, tremendamente acongojadas, porque arrastran una inmensa deuda: la deuda del joven que está a punto de egresar y también la que han debido asumir para apoyarlo.
Eso hay que solucionarlo. Por supuesto que sí. Pero yo no creo que esta sea la forma de ayudar a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, a nuestras familias, que ven en la educación, y sobre todo en la superior, una herramienta superalcanzable para tener mayor bienestar, mayor estabilidad, mayor seguridad; para contar con una fuente laboral que no solo les permita su sustento, sino también su realización personal, profesional, y ser personas plenamente útiles a la sociedad.
Señor Presidente, nosotros no hemos hecho ningún reconocimiento -y creo que es superinjusto- al aporte de las universidades privadas en el desarrollo de nuestro país.
Cuando yo observo rectores o decanos de universidades privadas que abarcan los más diversos pensamientos ideológicos y políticos; cuando veo planteles donde se hace academia en serio, donde se enseña, además, con mucha rigurosidad, ¡cómo no me va a resultar positivo para el país! ¿Por qué lo vamos a prohibir?
Asimismo, pensemos que hubo grupos de personas que tuvieron la buena iniciativa de crear una corporación y una universidad sin fines de lucro. Pero carecían de los recursos para hacerlo. Y salieron a buscarlos, partieron a conseguir inversionistas, concurrieron a los bancos a pedir créditos. Muchas veces, avalaron esos empréstitos con sus propios bienes raíces, con sus viviendas. Así fueron formando esos establecimientos de educación superior.
No obstante, estas corporaciones no habrían sido objeto de crédito si no hubieran constituido las sociedades inmobiliarias que hoy día estamos castigando de manera tan brutal.
Yo creo, señor Presidente , que este no es un buen proyecto; no está bien formulado; no apunta al corazón del problema educacional. Porque este último radica en el alto endeudamiento, en que no disponemos de becas que les garanticen la oportunidad de estudiar a todos los jóvenes que provienen de hogares modestos, sencillos, cuyas familias no pueden asumir un crédito para financiar la educación superior.
¡Eso es lo que necesitamos: más becas, más créditos; que los créditos sean pagables! ¡Necesitamos, probablemente, revisar los aranceles! Porque también hemos escuchado en toda esta movilización estudiantil que hay aranceles excesivamente altos. ¡Revisemos eso! ¡Que funcione la Superintendencia de Educación Superior! ¡Regulemos, controlemos, aseguremos calidad! Pero no prohibamos el ejercicio de este tipo de sociedades. Regulémoslas. Porque vamos a terminar matando un sistema educacional que -repito-, desde mi punto de vista, le está haciendo un tremendo aporte al país.
Y se lo está haciendo, precisamente, a las familias más vulnerables. Porque, cuando uno revisa quiénes son los jóvenes que se matriculan en las universidades privadas, advierte que son quienes provienen de los hogares más humildes, más sencillos. Por eso, creo que 70 por ciento de los estudiantes universitarios de nuestro país es primera generación que llega a la educación superior. ¡Cómo no va a ser bueno eso! ¡Cómo no va a ser positivo!
Nosotros, como Senado de la República, debemos tener una mirada distinta. Y considero que este proyecto se hace cargo de los eslóganes, de las frases clichés, pero no del problema de fondo.
Yo insisto, señor Presidente : hay que regular este tipo de sociedades, es preciso regular la relación entre ellas y las universidades, pero no prohibirla, porque creo que le vamos a causar un tremendo daño a los miles de jóvenes que realizan sus estudios superiores en las universidades privadas.
Gracias.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , el proyecto es simple. A veces, en la maraña del debate, se pierde. Dice: "Las corporaciones sin fines de lucro establecidas conforme a la presente ley no podrán sostener vínculos contractuales financieros o comerciales con entidades que involucren a quienes integren los órganos de dirección, administración, ejecución y control de la corporación, y/o terceros relacionados. Esta incompatibilidad será absoluta y su violación será causa suficiente para poner término al reconocimiento oficial otorgado por el Estado.".
Algunos hablan de la "industria educacional". Para dar una idea de la magnitud de este "mercado", cabe señalar que es mayor que el de las farmacias, estimado en unos 1.700 millones de dólares; mayor que todas las ventas que realizó el 2009 D&S (dueños de Líder), la mayor cadena de supermercados del país, y se acerca a las que concretó Falabella ese mismo año en toda Latinoamérica, que llegaron a 6.410 millones de dólares.
La "industria" de la educación superior está encabezada por la Universidad Católica de Chile, que generó ventas por 813 millones de dólares, obteniendo una participación de 16 por ciento del mercado. En segundo lugar aparece la Universidad de Chile, seguida por la de Concepción y la privada Andrés Bello , con ingresos por 338 millones de dólares.
Al observar las ganancias y rentabilidad de estas y otras instituciones, es distinta la figura que aparece. Son las privadas las que lideran este ranking de ganancias y, por cierto, también el de la rentabilidad. La Universidad Católica tuvo ganancias por más de 10 mil millones de pesos en 2009, lo que le da una rentabilidad (ingresos versus utilidad) de 2,7 por ciento. El caso de la Universidad de Chile es similar: tuvo ganancias por más de 8 millones de dólares y una rentabilidad de 1,8 por ciento, en tanto que la Universidad de Concepción, pese a haber percibido ingresos por más de 338 millones de dólares, cerró su balance con números rojos. Está altamente endeudada. ¿Por qué? Porque, siendo una universidad privada, tiene una función muy similar a la pública.
La cuarta casa de estudios por ventas es privada: la Universidad Andrés Bello tuvo ganancias por unos 30 millones de dólares, con una rentabilidad de 15 por ciento, sensiblemente más alta que todas las anteriores.
La universidad que lidera las utilidades es privada. Se trata de la Universidad Tecnológica de Chile Inacap, que obtuvo en 2009 una cifra superior a los 17 mil millones de pesos; es decir, cerca de 37 millones de dólares, con una rentabilidad de 18,6 por ciento. El segundo lugar lo tiene la Universidad Andrés Bello, seguida por la Universidad Autónoma, con 11.700 millones -unos 25 millones de dólares- y una rentabilidad de 15 por ciento. El cuarto lugar lo ocupa la Universidad Católica. Las cuatro casas de estudios con mayores ganancias sumaron unos 54 mil millones de pesos; o sea, unos 114 millones de dólares, y son privadas.
Señor Presidente , tenemos un debate respecto del lucro asociado a la calidad, como ha dicho la Senadora Von Baer . Y la verdad es que, según publicó el diario "El Mercurio" unos domingos atrás, de las 500 mejores universidades del mundo, las 100 primeras son todas sin fines de lucro. En ese ranking Chile aparece en el lugar 480. Y, por cierto, la mayoría de esos planteles son de origen estatal, no se financian con el lucro. Oxford, Harvard , Cambridge subsisten con aportes del Estado más las donaciones de quienes forman.
Porque, cuando hay lucro los dueños de la universidad no se encargan de gastar en investigación, sino de tener utilidades. Los establecimientos de educación superior sin fines de lucro solo reinvierten, de tal manera de maximizar su rentabilidad educativa, sumar más eficiencia en investigación.
Hemos escuchado a muchos expertos, tanto de Derecha como de Izquierda, y también independientes, decir que la investigación en nuestras universidades la financian -¡esto es increíble!- los aranceles que pagan los estudiantes. Así ocurre en la Universidad de Chile, porque no hay recursos del Estado. Y a pesar de que obtienen utilidades, estas son absolutamente insuficientes.
O sea, los aranceles de los estudiantes financian el lucro en las universidades privadas, y, en las públicas, la investigación.
Y, por cierto, señor Presidente, en Chile el peso del pago de la universidad recae, en un 85 por ciento, en la familia. O sea, para estudiar hay que endeudarse.
Ese es el tema que hoy día debaten los estudiantes en la calle, y queremos terminar con él.
Nos preguntamos: "¿Chile es capaz de brindar educación con gratuidad?". Veamos la fórmula. ¿Arancel diferenciado, con el que yo tuve la posibilidad de estudiar en la Universidad Católica de Valparaíso? ¿Habrá crédito para los estudiantes de clase de media, pero gratuidad para quienes no puedan pagar? Eso será preciso debatirlo.
¿Es posible hacer aquello de forma gradual en el tiempo de tal manera de ajustar los ingresos permanentes a los gastos permanentes? Tendremos que discutirlo.
Pero no es dable -y lo veo en el Gobierno- que haya una defensa acérrima del lucro, del lucro como principio, como motor rector de la actividad educativa, de la "industria" de la educación.
Yo siento, entonces, que se debe emplazar e inquirir lo siguiente: ¿Este Gobierno de Derecha está dispuesto a defender también el lucro en la educación, a considerarlo un bien de mercado, de servicio, o definitivamente vamos a cambiar el eje para estimarla un bien público, un derecho?
Este proyecto de ley apunta, básicamente, a intentar corregir lo que se instaló en 1981 y que, por cierto, fue asentándose sin que se pudiera modificar. Durante 20 años no hubo debate o no se quiso llevarlo a cabo. Y, desde luego, ello constituye una autocrítica para los Gobiernos de la Concertación, pero también para la Derecha, que era Oposición. Lo dije en más de una oportunidad: "Este es un pecado del cual muchos tendrán que rendir cuenta o deberemos rendirla". No obstante, ha llegado la hora de cambiar aquello.
Yo estoy tremendamente preocupado por lo que pasará el sábado en la reunión del "cara a cara" con el Presidente (que se transformó después en asamblea, y ahora ya parece una multitud de estadio, dado que no sabemos cuántos van a asistir a conversar con él), porque ya el Ministro Bulnes fijó su posición hoy día en la mañana, y lo están haciendo también los parlamentarios del oficialismo: "Vamos a defender el lucro".
Entonces, ¿qué sentido tiene la reunión del Primer Mandatario con la CONFECH si ya se ha establecido un criterio acérrimo respecto de la defensa del lucro y la principal demanda estudiantil es terminar con él?
Estoy preocupado, porque el movimiento seguirá.
Y, en definitiva, más allá de los esfuerzos que hemos hecho hoy en la mañana, al aprobar un proyecto que busca concluir con el lucro en todos los niveles de la educación, o este, cuyo objetivo es ponerle fin a él en la educación superior, claramente, el Gobierno persiste en su decisión de defenderlo.
El Senador García hizo referencia a las sociedades inmobiliarias señalando que estas se endeudaron para poder invertir. Por cierto, así fue, pero también han logrado utilidades.
Sin embargo, el punto, señor Presidente , es saber cuánto va a gastar el Estado y cuánto desembolsarán las familias.
La OCDE nos informa que gastamos 0,3 por ciento del PIB en educación superior. El promedio de esa organización es 1,7 por ciento del producto interno bruto, y llega hasta el 4. Y la inversión global en educación alcanza a 10 por ciento. En Chile la inversión pública no supera el 3 por ciento.
Por ende, la mayor inversión del Estado en educación y, particularmente, la forma como se financia ese aumento de gasto, lleva a una discusión sobre la necesidad de una reforma tributaria. Y este proyecto de ley, como también el que analizamos en la mañana en la Comisión, no conlleva a tal reforma, ni a una modificación estructural de las instituciones, porque el Senado no tiene atribuciones para tal efecto. Estamos en el espacio del debate público de las restringidas facultades de que dispone esta Corporación.
Señor Presidente , hoy día los planteles de educación superior gastan 22,5 millones de dólares en publicidad. Lo que las universidades privadas no invierten en investigación, lo gastan en aquella. Salen a competir por atraer a los jóvenes, pero no con los elementos de una mejor calidad en educación, sino con infraestructura, con estatus, con localización.
Por eso hemos dicho que en la enseñanza superior se requiere una función ligada a lo público en reemplazo de lo que existe ahora.
Deseamos terminar con el lucro en la educación superior. Así lo hemos dicho. Y nuestro país puede permitirse no ese lujo, sino ese deber. Por ello, cuando se habla de que Chile no está en condiciones de poder asumir tal carga, la pregunta que debemos hacernos es quién pagará ese gasto.
Y ese debate sí queremos realizarlo.
Yo apoyé al Presidente Piñera cuando se planteó la reforma tributaria para financiar la reconstrucción. Y siento que esta discusión también conllevará a una reforma de ese tipo, porque para hablar con seriedad es preciso ver cómo se financiará aquello. Será necesario efectuar ajustes, los cuales creo el país también estará dispuesto a hacer.
Señor Presidente , este es un proyecto que busca abrir un debate. No es una iniciativa acabada -vendrán muchos trámites posteriores-, ha sido la fórmula que hemos empleado para poder generar la discusión sobre cómo seguir en la educación superior, cómo evitar que se continúe lucrando y violando la ley. Porque aquí no se trata de que el Gobierno diga "Ahora vamos a hacer cumplir la ley", pues ella siempre debe cumplirse. Cuando esto no sucede se incurre en delito. Y lo que tenemos hoy día en la educación superior es un delito.
En definitiva, lo que queremos no es solo regular o transparentar, sino terminar con el lucro.
¡A eso apunta este proyecto!
¡Eso es lo que piden los estudiantes en la calle!
¡Eso es lo que espera la inmensa mayoría de los chilenos!
¡Y eso es lo que, a mi juicio, el Senado debiera votar hoy!
Si bien se ha pedido postergar la votación, señor Presidente , estoy por que se vote la iniciativa y sepamos quién es quién a la hora de defender o querer eliminar el lucro.
¡Patagonia si represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , el proyecto de ley en estudio tiene por objeto impedir que existan vinculaciones contractuales financieras o comerciales entre entidades que involucren a personas encargadas de la dirección o administración de universidades sin fines de lucro y empresas que puedan sostener con ellas relaciones comerciales de distinta naturaleza.
Yo, en primer lugar, quiero dirigirme a la Mesa para pedir lo siguiente.
Al analizar el informe de la iniciativa que nos ocupa, no recuerdo, en los nueve años que llevo en la Cámara Alta, haber visto un documento más incompleto y con más omisiones que el presentado.
Debo señalar a los señores Senadores, incluyendo al Presidente de mi Partido , quien me lo hizo ver, que en dicho informe se cita que comparecieron a las audiencias de la Comisión, entre otros, los rectores de las universidades chilenas, encabezadas por don Víctor Pérez ; la Federación Nacional de Académicos, etcétera.
No hay, señor Presidente, en el informe una palabra de lo que ellos dijeron.
No recuerdo haber visto en el Parlamento que se haya elaborado un informe donde se señale que concurrieron a la Comisión las personas que van a resultar afectadas -algunas de ellas- con las medidas de la normativa que se propone y no se ponga una letra de lo que ellas piensan.
Deseo pedirle, señor Presidente , que se agregue en el informe, de aquí al próximo martes, lo que declararon los invitados respecto del tema en cuestión comprendido en el proyecto. Porque la verdad es que nunca han comparecido para hablar sobre él. Se refirieron a otros asuntos. Sin embargo, se pusieron sus nombres; a mi juicio, de manera indebida, por cuanto no hicieron referencia a lo que aquí se señala. Y eso me parece gravísimo.
No recuerdo que se haya confeccionado un informe donde se colocaran nombres de personas para hacer aparecer que el proyecto tuvo un análisis, un debate, respecto de sus ideas matrices. Y ocurre que cuando un señor Senador desea leer lo que esas personas expresaron en la Comisión, no dice nada, ¡nada!
Me parece que constituye un procedimiento absolutamente irregular en la forma como se tramita un informe.
Señor Presidente , pido formalmente que se incorpore la opinión de las personas que aparecen aquí y que concurrieron a la Comisión para hablar sobre la materia. Porque eso es lo que corresponde -hacerlo con transparencia-, a fin de que cada Senador sepa lo que piensa la Universidad de Chile, la Universidad Católica, las universidades privadas. Se dice que comparecieron, pero, a mi juicio -y tengo presunciones acerca de por qué no se pone su opinión-, no se refirieron al asunto que aborda el proyecto.
En segundo lugar, señor Presidente , aunque no es el momento, no puedo dejar de mencionar que gran parte de la crisis universitaria obedece a que del millón 50 mil estudiantes que existen en Chile en la educación superior, sea universitaria, técnico-profesional o centros de formación técnica, solo -¡y atención!- 160 mil cuentan con becas -el resto tiene que rascarse con sus propias uñas-, lo que significa que más de 850 mil alumnos deben recurrir hoy día a créditos o financiar sus estudios con recursos propios.
Y lo que es peor, en el caso de los que requieren créditos, es que, gracias a las normas que se aprobaron en el Gobierno del Presidente Lagos, pueden acceder a un préstamo que resulta carísimo, que es aquel con aval del Estado, con tasas de interés de sobre 5 por ciento y en UF.
Entonces, hoy día encontramos un universo de estudiantes -es cierto que hicimos crecer considerablemente la cobertura- a los que se ahogó en materia de financiamiento, porque se establecieron normas que permitían dar créditos de manera absolutamente discriminadora: para algunos, Fondo Solidario; para otros, crédito con aval del Estado; para unos, 2 por ciento de interés; para otros, 5 y medio por ciento de interés; para algunos, tope de 5 por ciento de sus ingresos mensuales; para otros, sin tope. Y todos son alumnos que pueden tener el mismo nivel e igual condición económica.
¡Lo que tiene ahogados a los padres y a los estudiantes es que no hallan cómo pagar la universidad, el instituto profesional o el centro de formación técnica!
Por lo tanto, el Gobierno del Presidente Piñera está haciendo lo que no se hizo durante las Administraciones de la Concertación -y es lo que ha pedido Renovación Nacional en virtud de un acuerdo de su Comisión Política-: intentar el establecimiento de un sistema unificado que prevea el otorgamiento de créditos a lo más con 2 por ciento de interés y con pago de solo 5 por ciento del ingreso mensual del alumno titulado, de tal manera que quien entre a trabajar y gane 500 mil pesos, por ejemplo, desembolse cada mes 25 mil pesos, y nada más.
Eso es lo que hace un Gobierno que enfrenta el tema de fondo, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, en que se les dijo a los jóvenes "Vengan a estudiar a la universidad" y, cuando les dieron la posibilidad de acceder a créditos, estos resultaron ser impagables. Y por ello hoy día una familia con dos hijos debe decidir cuál ingresa a la educación superior y cuál no.
Ahora, en materia de aranceles se estableció un sistema de lo más hipócrita. Porque el referencial nada tiene que ver con el real. Entonces, un alumno tiene que pagar un arancel mucho más alto que aquel sobre cuya base se calcula su beca, se le otorga el crédito con aval del Estado o, incluso, se le da acceso a financiamiento a través del Fondo Solidario.
Hago solo ese alcance, señor Presidente , porque ya tendremos tiempo de discutir de manera exhaustiva el punto.
Ahora paso al segundo tema: el de la legítima ganancia.
Aquí hay una discusión muy de fondo. Porque, para algunos de nosotros, realizar un emprendimiento y obtener una legítima ganancia es lícito y bueno. Se trata de una diferencia conceptual profunda.
Pero aquello ocurre no solo en el ámbito de la educación.
Los parlamentarios que estamos aquí recibimos plata del Estado para financiar las campañas políticas: ¡10 mil millones de pesos!
Pues bien: ese era dinero fiscal que se nos destinó para que hiciéramos publicidad.
¿Y quiénes efectuaron la publicidad? ¿El Hogar de Cristo? ¿La Fundación las Carmelitas?
La hicieron radios, agencias publicitarias, personas que perseguían fines de lucro.
Entonces, cuando la plata del Estado se aporta a los parlamentarios, estos sí pueden destinarla, para realizar sus campañas, a empresas con fines de lucro.
¡Eso sí que es lícito...!
Sin embargo, el modesto sostenedor que tiene un colegio particular subvencionado -ya voy a referirme a las cifras- no puede lograr una legítima ganancia.
Pero no solo eso: el Estado de Chile gasta 950 mil millones de pesos al año en subsidios habitacionales, y las viviendas son edificadas por empresas constructoras que persiguen fines de lucro.
De otro lado, entrega diariamente dos millones de raciones de alimentos a través de la JUNAEB, las cuales son aportadas por empresas con fines de lucro. Y sucede que eso es legítimo y lícito.
Pero -reitero- al sostenedor de un colegio particular subvencionado lo crucificamos.
Por ende, señor Presidente, les pido a los parlamentarios a quienes no les gustan los fines de lucro que devuelvan la plata que les entregó el Estado y que ellos derivaron a imprentas, a radios, en fin, para que publicitaran sus campañas.
¡Eso es lo correcto!
¡Cómo vamos a quedarnos con platas públicas destinadas a financiar actividades con fines de lucro!
Así que, para ser un poquito consecuentes, ¡partan por devolver las lucas que les pasó el Estado!
Quiero plantear otra cuestión, señor Presidente . Y, al efecto, le pido un minuto adicional.
No alcanzaré a referirme a la calidad de los colegios particulares subvencionados con fines de lucro. Solo entregaré un dato.
En 80 por ciento se trata de sostenedores que tienen un colegio, con un promedio de 350 alumnos; y el 70 por ciento son profesores. Como dijo doña Mariana Aylwin, los ingresos apenas les alcanzan para subsistir y pagar la inversión que hicieron sobre la base de un endeudamiento con la banca.
A esa gente, de nada menos que cuatro mil colegios, que educa a 1 millón 250 mil alumnos, queremos decirle que se vaya para la casa.
Esa es la verdad. Y no se trata de campaña del terror.
Sobre el proyecto que nos ocupa, señor Presidente, una reflexión.
Tengo la convicción de que quien lucró en una universidad cuando estaba prohibido hacerlo cometió delito. Si la legislación prohíbe el lucro y alguien, mediante una martingala, a través de sociedades espejo o valiéndose de figuras ilegales, le saca plata a una universidad para hacerse rico violando la ley, perpetra un delito tributario o el delito de elusión y debe ser sancionado.
Pero cuidado con estigmatizar a todas las universidades, pues también existen en nuestro país grandes casas de estudios superiores que no han lucrado y han hecho un tremendo aporte al desarrollo de los estudiantes. Y conforman un sector no minoritario y bastante amplio.
Por último, debo puntualizar que esta iniciativa emplea una mala fórmula. El problema del lucro indebido se puede solucionar de manera mucho más adecuada. Eso lo discutiremos cuando veamos este proyecto la próxima semana. Pero lo que no vamos a aceptar es que haya gente que lucre indebidamente, cuando no corresponde hacerlo, y sí aprobaremos que los establecimientos educacionales puedan desarrollarse de acuerdo a lo que prevé nuestra legislación.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , esta es la antesala de un debate importante que tendremos la próxima semana y que se va a verificar después de la reunión del Presidente de la República con los estudiantes a propósito del problema educacional.
En esta materia, quiero hacer tres comentarios.
Primero, no tengo la menor duda de que la cuestión educacional es la de más alta trascendencia para un país. Ello, porque solo a través del sistema educacional se produce aquello a lo que todos aspiramos: la movilidad social, la igualdad de oportunidades, concentrada especialmente en los sectores más vulnerables.
Por eso mismo, opino que la discusión no puede estar condicionada por eslóganes. Porque Chile ha avanzado en cobertura, pero existen grandes puntos pendientes en esta materia.
A mi juicio, el debate no se ha centrado en lo esencial. Y lo esencial corresponde a dos ámbitos: el de la calidad y el del acceso.
El día de mañana podemos eliminar lo relativo a la ganancia lícita. ¿Pero qué puede ocurrir? Que la calidad no mejore.
Por tanto, lo medular tiene que girar en torno a la calidad.
Al final, la situación explotó por lo concerniente al acceso. Chile está alcanzando condiciones de desarrollo importantes. Entonces, los niveles de exigencia son mucho más altos.
Aquí se ha dicho que en la última década han accedido al sistema universitario 1 millón 200 mil estudiantes -entre ellos personas de los sectores más vulnerables-, quienes se hallan expuestos al pago de aranceles prohibitivos. Y el endeudamiento ha afectado no solo a los alumnos, sino también, directamente, a la familia.
En consecuencia, la cuestión primordial estriba en cómo dar acceso a la educación superior.
Lo han planteado el Presidente de la República , el Ministro de Educación : a través de un crédito alcanzable, del aumento en la cantidad de becas.
Ese es uno de los puntos centrales.
El otro es el de la calidad.
A este respecto, el solo hecho de eliminar la ganancia lícita, el lucro, no me garantiza que el sistema va a ser de buena calidad.
En mi concepto, señor Presidente, debe primar la calidad.
Independiente de la naturaleza jurídica del sostenedor, si un colegio tiene mala calidad, no puede seguir impartiendo enseñanza, sea público, particular subvencionado o particular pagado.
Cuando veamos la reforma constitucional pertinente no solo habrá que establecer aquello como aspiración programática, sino que además deberá prohibirse que sea sostenedor quien no cumpla estándares mínimos.
Por eso, creo que el Ministro de Educación ha sido muy certero en esta materia, pues Chile requiere estándares mínimos. Y, con independencia -tal como dije recién- de la naturaleza jurídica del sostenedor, si ellos no se alcanzan, no se puede gozar de tal calidad.
Hacia aquellos puntos tenemos que avanzar, señor Presidente.
En todo caso, me parece que lo peor que puede ocurrir en nuestro debate sobre el tema educacional, que reviste la más alta trascendencia, es que quedemos acotados a los eslóganes y no apuntemos a lo más esencial: cómo garantizar el acceso y la calidad.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
--Queda aplazada la votación del proyecto.
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminado el Orden del Día.
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