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El señor PROKURICA.- Señor Presidente , luego de años de anuncios y de tramitación en el Congreso, hoy tenemos la oportunidad de legislar sobre una materia sensible en aspectos esenciales para nuestro país, como el resguardo de la salud de las personas y el acceso a las tecnologías de las telecomunicaciones, ambos derechos actualmente fundamentales para promover el desarrollo social y económico, así como la calidad de vida de los chilenos, y, además, para compensar a los ciudadanos que resulten directamente afectados por la instalación de una infraestructura de esta naturaleza.
La importancia de que el Estado promocione la oportunidad de acceso a las comunicaciones y a la tecnología no solo radica en la responsabilidad de involucrar a la población en la modernización y en la conectividad. Es relevante que al promover el acceso a tales servicios no se vulneren otros derechos de que ya gozan los ciudadanos, tales como el derecho a la propiedad privada, a un ambiente libre de contaminación visual, a la salud y a la prevención en salud de hombres y mujeres por igual, sin ningún sesgo de discriminación económica, social y cultural.
Este proyecto, señor Presidente , ha sido polémico desde sus inicios -por eso mismo se tramitó durante mucho tiempo en la Cámara de Diputados, y fue objeto de una discusión muy importante-, ya que intenta conciliar objetivos que tienen consecuencias contradictorias entre sí.
Por una parte, pretende mitigar los efectos negativos de la instalación invasiva de antenas de telecomunicaciones en barrios consolidados, y también trata de incluir el impacto y la contaminación visual en distintos tipos de ambientes (públicos, privados, patrimoniales, turísticos, naturales, rurales).
No está de más decir que, mientras en las áreas urbanas hoy día nadie quiere una antena cerca de su casa, en el sector rural casi siempre sucede lo contrario: sus habitantes esperan que se levanten torres para contar con servicios de comunicaciones, lo que no siempre es fácil de lograr pues las empresas no tienen interés por instalarlas en esos lugares.
Por otro lado, la iniciativa atiende a la necesidad del desarrollo de las telecomunicaciones (telefonía, Internet, servicios inalámbricos y otros asociados que vendrán en el futuro) a través del aumento de la instalación de torres de gran tamaño y antenas que puedan soportar los sistemas radiantes de varias empresas.
Señor Presidente , la necesidad urgente de contar con un nuevo marco legal se debe en parte a la implementación de nuevos servicios que requieren mayor tecnología. Según los datos entregados por la SUBTEL, será necesario incrementar de 12 mil antenas actuales a cerca de 30 mil, las que no necesariamente deberán ser del mismo porte de las ya levantadas. Por eso el proyecto pretende incentivar la instalación de microceldas y de antenas de menor altura.
Así, establecer un mecanismo de control y uso de instalaciones en forma compartida (colocalización) en un lugar determinado sería posible para no invadir aún más los espacios urbano y rural.
También es de suma importancia conocer que la normativa en análisis busca fomentar el uso de nuevas tecnologías que requieren, como ya dije, microceldas y antenas de menor tamaño.
La iniciativa, además, incorpora por vez primera la opinión de los ciudadanos afectados, directa o indirectamente, en sus derechos a la salud y patrimoniales.
Se les da competencia a las municipalidades, a través del concejo municipal, para pronunciarse a favor de las obras de minimización o mitigación del impacto en la instalación de antenas y, además, se las considera garantes de la realización de tales obras en el plazo de un año. También se le otorga competencia a la Dirección de Obras Municipales respectiva en cuanto al pronunciamiento técnico para autorizar tales instalaciones.
Lo anterior cambia la situación actual, en la cual los vecinos de los barrios donde se levanta una torre no tienen nada que decir al respecto y no reciben compensación alguna, y las autoridades municipales, como el director de obras, ni siquiera son consultadas.
Cabe agregar que, a iniciativa del Honorable señor Chahuán y de otros Senadores que integran la Comisión, se ha establecido un procedimiento en virtud del cual las personas que vivan en un sector donde se instale una torre puedan reclamar una rebaja de sus contribuciones en atención a la disminución del avalúo fiscal, pues el impacto en la plusvalía de la propiedad es uno de los efectos que dicha situación produce.
--(Aplausos en tribunas).
El proyecto que hoy se somete a consideración de la Sala hace uso del principio precautorio: cuando no sea posible determinar con certeza la posibilidad de que las ondas electromagnéticas ocasionan efectos nocivos para la salud o el medioambiente; cuando una evaluación científica preliminar, al tenor de los datos disponibles, no permita establecer con rigor los niveles de riesgo, y cuando no existan evidencias definitivas para afirmar o negar las consecuencias dañinas de tales emisiones, será deber del legislador resguardar a los ciudadanos.
--(Aplausos en tribunas).
A su vez, consideramos el principio de proporcionalidad...
El señor GIRARDI (Presidente).- Ruego a las personas que se encuentran en las tribunas mantener silencio.
Nos parece muy bien que se interesen en esta discusión, pero está prohibido interrumpir al Senador que se encuentra interviniendo.
Puede continuar, Su Señoría.
El señor PROKURICA.- Gracias, señor Presidente.
A su vez, consideramos el principio de proporcionalidad y racionalidad en aras de encontrar un equilibrio entre la libertad y los derechos de los individuos y de la industria, y la necesidad de reducir el riesgo de efectos adversos para el medioambiente y la salud humana, animal y vegetal.
En consecuencia, lograr el equilibrio correcto para que puedan adoptarse medidas proporcionales, no discriminatorias, transparentes y coherentes exige un proceso de toma de decisiones estructurado, el cual, además, ha de tener presente el hecho de que el mercado de las telecomunicaciones debe fluir y funcionar en beneficio de los usuarios.
Por lo tanto, cabe afirmar que la regulación y el control de las emisiones radioeléctricas y la instalación y certificación de las estaciones base competen a diversos organismos vinculados a diferentes campos: telecomunicaciones, salud pública, medioambiente, urbanismo, participación ciudadana -ya la mencioné- y autoridades municipales.
Durante las semanas de debate en la Comisión, tuvimos la oportunidad de buscar el equilibrio entre esos derechos. Por ello, hoy entregamos un proyecto que ha sido elaborado en forma conjunta por Senadores de distintos sectores y cuyo articulado, como se planteó aquí, es producto de enmiendas aprobadas casi en su totalidad de manera unánime.
En cuanto al contenido del proyecto, cabe mencionar las obligaciones de las empresas respecto a los elementos soportantes de las antenas.
Para ello, se define lo que es un área de riesgo y se limita el emplazamiento de antenas (medida de precaución) en lugares como establecimientos educacionales públicos y privados, salas cuna, jardines infantiles, hospitales, clínicas y consultorios.
Por primera vez, se consagra una limitación a la cercanía de una torre de las áreas de riesgo: no podrán emplazarse a una distancia menor a cuatro veces su altura medida desde los deslindes de esos establecimientos, con un mínimo de 50 metros de distancia.
Es necesario, señor Presidente , solicitarle al Ejecutivo que, cuando se extiendan los permisos para levantar antenas, se consignen en ellas mismas, para casos de emergencia, los datos de identificación del responsable de dicha estructura. Digo esto porque hace unos días en Viña del Mar se derrumbó una torre y los vecinos no sabían a quién llamar. Desconocían si pertenecía a la empresa A, B o C, y quién era el encargado de ella. Por lo tanto, resulta importante que tenga una placa que diga: "Esta antena pertenece a la compañía tanto. Llame a tal teléfono". Así, los vecinos sabrán con quién entenderse.
Asimismo, señor Presidente , logramos conciliar la excepción a la norma de instalación para los servicios de utilidad pública. Esta indicación fue presentada por los Senadores señores Bianchi y Horvath y quien habla, con el propósito de excluir de las obligaciones que impone el proyecto a los radioaficionados y a las organizaciones de beneficencia sin fines de lucro (Cruz Roja, hospitales, Carabineros, etcétera), que prestan ayuda en los momentos en que el país enfrenta dificultades.
Cuando la instalación de antenas se realice en áreas de interés turístico y/o patrimonial -esta fue una solicitud formulada por el Senador Horvath-, se determina la aplicación de la Ley de Fomento al Turismo como mecanismo para evitar la contaminación visual de tales lugares.
Se establecen las zonas saturadas de sistemas radiantes en lo que se refiere a las estructuras. Si un sitio urbano ya tiene instaladas dos antenas, una tercera gatillará el sistema de saturación, por lo cual se aplicarán las disposiciones consagradas en esta futura ley para tal efecto. En ese caso, se deberá camuflar la antena; o sea, transformar una estructura fea, de colores llamativos, en otra de mejor impacto visual. En definitiva, cada vez que se levante una tercera torre donde ya existan dos, se aplicará dicho modelo, cualquiera que sea la zona en que ello ocurra.
También se dispone una serie de requisitos para presentar la solicitud de permiso de instalación, tales como planos de cumplimiento, distanciamiento mínimo, estudio del lugar donde se emplazará la torre, memoria explicativa que indique cómo minimizar el impacto urbanístico y arquitectónico de la antena.
Señor Presidente , no sé si me puede dar algo más de tiempo. Me asignaron solo 10 minutos. Yo entiendo que son 15 para cada intervención.
El señor NOVOA .- ¡No corresponde intervenir, señor Presidente!
El señor GIRARDI (Presidente).- En realidad, al que debiera concederle la palabra es al Presidente de la Comisión.
El señor PROKURICA.- ¡Bueno, désela también!
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Estoy esperando que usted termine para hacerlo.
El señor PROKURICA.- Concluyo de inmediato, señor Presidente.
Creo que este proyecto de ley concilia distintos intereses: principalmente, la cobertura de las comunicaciones, resguardando la salud de los ciudadanos; el valor de los barrios; la compensación por la pérdida de plusvalía de las propiedades, y el buen funcionamiento del sistema de comunicaciones que todos necesitamos.
He dicho.
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