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El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , entiendo que reglamentariamente usted está sometiendo a votación todas las modificaciones aprobadas de común acuerdo.
El señor NOVOA.- Las unánimes.
El señor PIZARRO.-
El problema es que todo el texto significó una búsqueda prácticamente unánime para lograr acuerdos y fijar criterios.
Por lo tanto, a mi juicio, lo razonable era proceder como trató de hacerlo el Senador Prokurica: explicar por qué llegamos al texto propuesto. Y eso no lo vamos a poder hacer porque no discutiremos artículo por artículo.
Me parecía fundamental al menos poder explicar el criterio que usamos para regular esta materia, pues el equilibrio que se trata de buscar en la legislación...
El señor GIRARDI ( Presidente ).-
Perdón, señor Senador.
Si hay unanimidad, no veo ningún problema para proceder de esa manera. Y si se quiere explicar...
El señor NOVOA.-
Amplíe el tiempo para fundar el voto, señor Presidente.
El señor PIZARRO.-
Abra la votación y dé 10 minutos para alcanzar a exponer en términos generales.
El señor GIRARDI (Presidente).-
Eso es lo que inicialmente se había propuesto.
El señor PIZARRO.-
Pero usted me otorgó solo 5 minutos.
El señor GIRARDI (Presidente).-
No hay problema con el tiempo.
Yo soy partidario de que los Senadores, si lo desean, puedan intervenir y fundamentar su voto. Solicito que lo hagan en 5 minutos, pero si alguno requiere 10, por la importancia de este proyecto, se los concederé.
El señor PIZARRO.-
¿Puedo continuar?
El señor GIRARDI (Presidente).-
Sí, señor Senador.
El señor PIZARRO.-
Gracias, señor Presidente.
Bueno, voy a tratar de reducir al mínimo mi intervención.
Parto de la base de que lo expresado por el Senador Prokurica sobre la necesidad de regular el sector en términos de dar a los municipios un rol mucho más importante en las autorizaciones y en los permisos para la instalación de estas antenas -lo mismo para el Ministerio de Vivienda- constituye un criterio que cruzó todo el trabajo que hizo la Comisión de Transportes, que es bastante complejo.
Otro aspecto fundamental -es el que generará más discusión en esta Sala- consiste en cómo permitir la participación de los vecinos en el proceso de autorización para la implementación de los sistemas de antenas.
Dicho lo anterior, debo manifestar con claridad que es muy difícil lograr un equilibrio que permita, por un lado, garantizar la conectividad a todos los ciudadanos y, por otro, darles a estos la tranquilidad de que la instalación de antenas no afectará su salud, además de contemplar normas mínimas de urbanismo que eviten la contaminación urbana, la instalación arbitraria y abusiva de torres en cualquier lugar, en cualquier establecimiento o en cualquier institución.
Aparte de lo relativo a la participación ciudadana, perseguimos también otro objetivo -en la Cámara se planteó con toda claridad-: ser capaces, a través de esta regulación, de reducir el número de instalaciones, sobre todo las de altura.
Como decía el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, lo que busca este proyecto es generar incentivos e instrumentos, a fin de llevar a los operadores a que el tipo de antenas que instalen sean de baja altura y no produzcan ninguno de los problemas que acabo de mencionar. Asimismo, se pretende que las empresas sean eficientes en cuanto al servicio que prestan en materia de conectividad; que se brinde la cobertura adecuada; que se garantice que dichas estructuras en nada afectan la salud de las personas. Y, además, desde el punto de vista urbanístico, que se mantenga el criterio en orden a evitar la contaminación, que no haya un deterioro en nuestros barrios, en los espacios públicos, en las casas o en los sectores donde ellas son instaladas sin participación alguna de los vecinos.
Y esa ecuación es muy difícil de lograr, porque también se necesita mayor cobertura, más eficacia y competencia por parte de los operadores del sector.
Entonces, conforme a la realidad actual, donde lo que impera es la "ley del más fuerte" o el que coloca mayores recursos, lisa y llanamente, estamos en el peor de los mundos. Y de alguna manera lo que se busca con esta iniciativa legal es corregir esa situación.
Necesitamos más competencia en el área. Para que esto ocurra deberíamos, en teoría, facilitar la instalación de antenas a aquellos operadores que deseen entrar al mercado, porque si se deja solo a los que están en él, en la práctica habrá cuatro grandes empresas cobrando servicios caros, que no siempre son eficientes. Por lo menos, las cifras demuestran que, en promedio, pagamos bastante más que otros países, a pesar de que se supone que aquí existen todos los elementos como para contar con un servicio eficaz y mucho más barato.
Por lo tanto, el objetivo de tratar de reducir el número de antenas mediante la colocalización lo hemos tenido que ir adecuando en este texto legal a una realidad de la cual también tuvimos que hacernos cargo en esta discusión. Y ella es que si obligamos a la colocalización -así pura y simple- a todos los sistemas de antenas que existen hoy día, se corre el riesgo altísimo de que se termine con este tema en los tribunales, de manera judicializada y sin la posibilidad de implementar las nuevas normas de regulación que permitan la participación ciudadana, de los municipios, del Ministerio de Vivienda y, lógicamente, la exigencia de las indemnizaciones y compensaciones que se requieran.
Podríamos haber quedado en el peor de los mundos con este asunto en los tribunales. En la práctica, mientras dure la tramitación de cada uno de los juicios que eventualmente entablen las actuales empresas operadoras del sector, lisa y llanamente no sería posible aplicar las disposiciones que estamos tratando de implementar acá.
Menciono lo anterior porque aquí tenemos una diferencia, tal vez la más sustancial respecto del texto aprobado en la Cámara de Diputados, donde sí figuraba con toda claridad lo relativo a la colocalización como una obligación total y absoluta.
Lo que estamos haciendo acá es establecer una serie de disposiciones que incentiven y obliguen a las empresas a colocalizar. Y eso se hace por dos vías: mediante estímulos, que significa evitar aquello de la colocalización, siempre y cuando las empresas instalen antenas de menor altura y cumplan con las normas, o bien, que ellas puedan ser mimetizadas, no provoquen problemas de contaminación urbana, ni generen un daño importante al patrimonio, ni perjuicio de ningún tipo a los vecinos del lugar donde se sitúen.
En consecuencia, lo que buscamos es tratar de generar una regulación que permita que hoy día participen las instancias a nivel local y municipal, con restricciones desde el punto de vista técnico mucho más estrictas. Se pretende que haya una participación de los vecinos que implique también la toma de decisiones sobre determinado marco y, además, indemnizaciones o compensaciones a cargo de las empresas operadoras; reducir el número de antenas de mayor altura y fomentar la instalación de las de menor tamaño -puede que estas sean más caras para dichas empresas, pero son bastante más eficaces en cuanto a cobertura-; lograr servicios más eficientes y baratos para los usuarios; garantizar asimismo cobertura para los sectores rurales, los cuales, a la inversa de lo que sucede en las zonas urbanas, piden la instalación de antenas. Y, además, se busca asegurar de manera total y absoluta que la colocación de ese tipo de estructura no represente ningún riesgo para la salud de las personas.
Por otro lado, hemos renovado una indicación para establecer un plazo de adecuación de la ley en relación con todas aquellas antenas que se encuentran ubicadas en zonas sensibles. Me refiero a establecimientos educacionales, hospitales, clínicas, etcétera, donde hoy día existe una cantidad enorme de ese tipo de instalaciones. Lo que se procura con la indicación es consagrar una exigencia mucho mayor en el sentido de que los concesionarios no podrán mantener torres o sistemas radiantes de más de 12 metros de altura en áreas como las mencionadas. Y con esa finalidad sugerimos un plazo máximo de 12 meses a objeto de verificar el cumplimiento de las distancias establecidas en la disposición correspondiente.
Señalo lo anterior, señor Presidente , porque en la Comisión no hubo acuerdo -perdimos en la votación- sobre la materia. Y nos parece que aquel elemento es básico, por lo menos, para impedir que en las zonas más sensibles existan antenas que signifiquen una complicación, teniendo en cuenta que ellas hoy día han sido instaladas de manera indiscriminada.
Por último, señor Presidente , a mí me parece fundamental que en el tercer trámite del proyecto, en la Cámara de Diputados, se puedan retomar algunos de los aspectos acerca de los cuales no hubo acuerdo, para luego darles solución en una comisión mixta, porque necesitamos esta legislación ahora. Ya ha transcurrido demasiado tiempo sin haberse discutido aquel. Y mientras no contemos con esta normativa, en la práctica, se seguirán instalando antenas sin ningún tipo de regulación. De manera que puede resultar peor el remedio que la enfermedad.
He dicho.
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El señor PIZARRO.- Señor Presidente , entiendo que reglamentariamente usted está sometiendo a votación todas las modificaciones aprobadas de común acuerdo.
El señor NOVOA.- Las unánimes.
El señor PIZARRO.- El problema es que todo el texto significó una búsqueda prácticamente unánime para lograr acuerdos y fijar criterios.
Por lo tanto, a mi juicio, lo razonable era proceder como trató de hacerlo el Senador Prokurica: explicar por qué llegamos al texto propuesto. Y eso no lo vamos a poder hacer porque no discutiremos artículo por artículo.
Me parecía fundamental al menos poder explicar el criterio que usamos para regular esta materia, pues el equilibrio que se trata de buscar en la legislación...
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Perdón, señor Senador.
Si hay unanimidad, no veo ningún problema para proceder de esa manera. Y si se quiere explicar...
El señor NOVOA.- Amplíe el tiempo para fundar el voto, señor Presidente.
El señor PIZARRO.- Abra la votación y dé 10 minutos para alcanzar a exponer en términos generales.
El señor GIRARDI (Presidente).- Eso es lo que inicialmente se había propuesto.
El señor PIZARRO.- Pero usted me otorgó solo 5 minutos.
El señor GIRARDI (Presidente).- No hay problema con el tiempo.
Yo soy partidario de que los Senadores, si lo desean, puedan intervenir y fundamentar su voto. Solicito que lo hagan en 5 minutos, pero si alguno requiere 10, por la importancia de este proyecto, se los concederé.
El señor PIZARRO.- ¿Puedo continuar?
El señor GIRARDI (Presidente).- Sí, señor Senador.
El señor PIZARRO.- Gracias, señor Presidente.
Bueno, voy a tratar de reducir al mínimo mi intervención.
Parto de la base de que lo expresado por el Senador Prokurica sobre la necesidad de regular el sector en términos de dar a los municipios un rol mucho más importante en las autorizaciones y en los permisos para la instalación de estas antenas -lo mismo para el Ministerio de Vivienda- constituye un criterio que cruzó todo el trabajo que hizo la Comisión de Transportes, que es bastante complejo.
Otro aspecto fundamental -es el que generará más discusión en esta Sala- consiste en cómo permitir la participación de los vecinos en el proceso de autorización para la implementación de los sistemas de antenas.
Dicho lo anterior, debo manifestar con claridad que es muy difícil lograr un equilibrio que permita, por un lado, garantizar la conectividad a todos los ciudadanos y, por otro, darles a estos la tranquilidad de que la instalación de antenas no afectará su salud, además de contemplar normas mínimas de urbanismo que eviten la contaminación urbana, la instalación arbitraria y abusiva de torres en cualquier lugar, en cualquier establecimiento o en cualquier institución.
Aparte de lo relativo a la participación ciudadana, perseguimos también otro objetivo -en la Cámara se planteó con toda claridad-: ser capaces, a través de esta regulación, de reducir el número de instalaciones, sobre todo las de altura.
Como decía el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, lo que busca este proyecto es generar incentivos e instrumentos, a fin de llevar a los operadores a que el tipo de antenas que instalen sean de baja altura y no produzcan ninguno de los problemas que acabo de mencionar. Asimismo, se pretende que las empresas sean eficientes en cuanto al servicio que prestan en materia de conectividad; que se brinde la cobertura adecuada; que se garantice que dichas estructuras en nada afectan la salud de las personas. Y, además, desde el punto de vista urbanístico, que se mantenga el criterio en orden a evitar la contaminación, que no haya un deterioro en nuestros barrios, en los espacios públicos, en las casas o en los sectores donde ellas son instaladas sin participación alguna de los vecinos.
Y esa ecuación es muy difícil de lograr, porque también se necesita mayor cobertura, más eficacia y competencia por parte de los operadores del sector.
Entonces, conforme a la realidad actual, donde lo que impera es la "ley del más fuerte" o el que coloca mayores recursos, lisa y llanamente, estamos en el peor de los mundos. Y de alguna manera lo que se busca con esta iniciativa legal es corregir esa situación.
Necesitamos más competencia en el área. Para que esto ocurra deberíamos, en teoría, facilitar la instalación de antenas a aquellos operadores que deseen entrar al mercado, porque si se deja solo a los que están en él, en la práctica habrá cuatro grandes empresas cobrando servicios caros, que no siempre son eficientes. Por lo menos, las cifras demuestran que, en promedio, pagamos bastante más que otros países, a pesar de que se supone que aquí existen todos los elementos como para contar con un servicio eficaz y mucho más barato.
Por lo tanto, el objetivo de tratar de reducir el número de antenas mediante la colocalización lo hemos tenido que ir adecuando en este texto legal a una realidad de la cual también tuvimos que hacernos cargo en esta discusión. Y ella es que si obligamos a la colocalización -así pura y simple- a todos los sistemas de antenas que existen hoy día, se corre el riesgo altísimo de que se termine con este tema en los tribunales, de manera judicializada y sin la posibilidad de implementar las nuevas normas de regulación que permitan la participación ciudadana, de los municipios, del Ministerio de Vivienda y, lógicamente, la exigencia de las indemnizaciones y compensaciones que se requieran.
Podríamos haber quedado en el peor de los mundos con este asunto en los tribunales. En la práctica, mientras dure la tramitación de cada uno de los juicios que eventualmente entablen las actuales empresas operadoras del sector, lisa y llanamente no sería posible aplicar las disposiciones que estamos tratando de implementar acá.
Menciono lo anterior porque aquí tenemos una diferencia, tal vez la más sustancial respecto del texto aprobado en la Cámara de Diputados, donde sí figuraba con toda claridad lo relativo a la colocalización como una obligación total y absoluta.
Lo que estamos haciendo acá es establecer una serie de disposiciones que incentiven y obliguen a las empresas a colocalizar. Y eso se hace por dos vías: mediante estímulos, que significa evitar aquello de la colocalización, siempre y cuando las empresas instalen antenas de menor altura y cumplan con las normas, o bien, que ellas puedan ser mimetizadas, no provoquen problemas de contaminación urbana, ni generen un daño importante al patrimonio, ni perjuicio de ningún tipo a los vecinos del lugar donde se sitúen.
En consecuencia, lo que buscamos es tratar de generar una regulación que permita que hoy día participen las instancias a nivel local y municipal, con restricciones desde el punto de vista técnico mucho más estrictas. Se pretende que haya una participación de los vecinos que implique también la toma de decisiones sobre determinado marco y, además, indemnizaciones o compensaciones a cargo de las empresas operadoras; reducir el número de antenas de mayor altura y fomentar la instalación de las de menor tamaño -puede que estas sean más caras para dichas empresas, pero son bastante más eficaces en cuanto a cobertura-; lograr servicios más eficientes y baratos para los usuarios; garantizar asimismo cobertura para los sectores rurales, los cuales, a la inversa de lo que sucede en las zonas urbanas, piden la instalación de antenas. Y, además, se busca asegurar de manera total y absoluta que la colocación de ese tipo de estructura no represente ningún riesgo para la salud de las personas.
Por otro lado, hemos renovado una indicación para establecer un plazo de adecuación de la ley en relación con todas aquellas antenas que se encuentran ubicadas en zonas sensibles. Me refiero a establecimientos educacionales, hospitales, clínicas, etcétera, donde hoy día existe una cantidad enorme de ese tipo de instalaciones. Lo que se procura con la indicación es consagrar una exigencia mucho mayor en el sentido de que los concesionarios no podrán mantener torres o sistemas radiantes de más de 12 metros de altura en áreas como las mencionadas. Y con esa finalidad sugerimos un plazo máximo de 12 meses a objeto de verificar el cumplimiento de las distancias establecidas en la disposición correspondiente.
Señalo lo anterior, señor Presidente , porque en la Comisión no hubo acuerdo -perdimos en la votación- sobre la materia. Y nos parece que aquel elemento es básico, por lo menos, para impedir que en las zonas más sensibles existan antenas que signifiquen una complicación, teniendo en cuenta que ellas hoy día han sido instaladas de manera indiscriminada.
Por último, señor Presidente , a mí me parece fundamental que en el tercer trámite del proyecto, en la Cámara de Diputados, se puedan retomar algunos de los aspectos acerca de los cuales no hubo acuerdo, para luego darles solución en una comisión mixta, porque necesitamos esta legislación ahora. Ya ha transcurrido demasiado tiempo sin haberse discutido aquel. Y mientras no contemos con esta normativa, en la práctica, se seguirán instalando antenas sin ningún tipo de regulación. De manera que puede resultar peor el remedio que la enfermedad.
He dicho.
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