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El señor LETELIER.- Señor Presidente , estimados colegas, este proyecto, que busca regular la instalación de antenas, resulta necesario porque la industria es irresponsable. En otros países existe la autorregulación. En el nuestro la industria es irresponsable y ha propiciado el uso de una tecnología extremadamente invasiva. Por ello se generó este debate hace más de una década en el Parlamento.
La iniciativa tiene como propósito reducir la cantidad de antenas, evitar el impacto de estas en la salud de las personas y en el patrimonio de los vecinos.
A mi juicio, la propuesta de la Cámara de Diputados es mucho mejor que el texto que se va a aprobar aquí, en la Sala.
Permítanme formular algunas consideraciones preliminares.
La iniciativa establece un conjunto de obligaciones para los concesionarios de servicios de telecomunicaciones que instalen torres de antenas o sistemas radiantes, para lo cual se modifican la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley General de Telecomunicaciones. Dadas las actuaciones de las autoridades urbanas municipales (Dirección de Obras Municipales) y la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo, y considerando los mecanismos de participación -bastante acotados, como explicaré después- de la ciudadanía para definir ciertas obras de compensación, el proyecto debió haber sido discutido también por la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado. Sin embargo, ello no ocurrió.
Los principales objetivos de la iniciativa en debate se pueden resumir en la necesidad de contar con una buena conectividad en las telecomunicaciones; posibilitar la instalación de una menor cantidad de antenas; disminuir su tamaño y ajustarlas de mejor forma a la realidad urbana de cada ciudad; generar mecanismos de participación ciudadana para su instalación y viabilizar una adecuada regulación del mercado de las telecomunicaciones para permitir el ingreso de nuevos actores que rompan el oligopolio existente en nuestro país. Es decir, busca permitir que los "chicos" ingresen a competir y que ENTEL y otras empresas grandes no tengan capacidad para mantener barreras que se lo impidan.
Aquí bien se ha dicho que en Chile tenemos un sistema de telecomunicaciones caro y que no es bueno. En otros países es mucho más barato, más eficiente y menos invasivo.
El proyecto presenta algunos aspectos positivos, por cierto. El principal es que regula una materia que actualmente no se encuentra sometida a normativa alguna y que ha permitido un conjunto de abusos, como son la instalación de enormes antenas en zonas urbanas, ya sea en predios públicos o privados, sin ninguna preocupación por el entorno urbano, sin compensación alguna a los vecinos y particularmente concentradas en los sectores más pobres.
Además, la situación actual de la instalación de antenas se ha constituido -como señalé- en una barrera de entrada para nuevos actores en el mercado de las telecomunicaciones, debido a la ausencia de normas que establezcan obligaciones para compartir las infraestructuras existentes (colocalización), de modo tal de propender a un uso más eficiente de estas.
La iniciativa en discusión pretende encontrar un mejor equilibrio entre la necesidad de disponer de conectividad, que es un elemento fundamental para el desarrollo, y los derechos de los vecinos y propietarios del entorno urbano, con el objeto de que la instalación de las antenas se haga en el marco de una relación más armónica que contemple incentivos para evitar posibles daños a los habitantes.
Consideramos como aspecto positivo que la ley en proyecto les imponga a los concesionarios que instalen antenas de más de 12 metros, o sea de sobre 4 pisos -quiero subrayarlo, pues esta es la parte de Gatopardo que tiene la iniciativa; y se lo he representado al Subsecretario en varias ocasiones-, en áreas urbanas (porque al área rural la dejan en la absoluta indefensión -igual que ahora-, sin norma alguna que la proteja) la obligación de compensar con obras de mejoramiento del espacio público y cuyo establecimiento se encuentre sometido a mecanismos de participación ciudadana, incluidos los vecinos del entorno, su junta de vecinos, el municipio y el concejo.
Aquello, que se vincula con las antenas de más de 12 metros, es -según expresé- positivo.
Para las antenas de menos de 12 metros no se consulta a nadie. Si la institución quiere, pueden darle un catálogo de mecanismos de mimetización. Pero la opinión de los vecinos no tiene valor vinculante alguno cuando las torres son de menos de cuatro pisos. Y en las poblaciones de la gran mayoría de las comunas urbanas del país conocemos normalmente antenas de esa altura, que son las generadoras del conflicto.
También reviste importancia la creación de áreas saturadas de instalación de infraestructura de telecomunicaciones, las cuales se definen por el criterio de no emplazar una torre cuando hay dos o más antenas en una zona urbana dentro de un radio de 100 metros a la redonda.
¿Es positivo que se defina la zona saturada? Sí.
También estimamos positivo que mediante la declaración de zona saturada de sistemas radiantes de telecomunicaciones se obligue a los concesionarios que instalan antenas a cumplir un plan de mitigación.
Eso es lo bueno de la ley en proyecto, señor Presidente.
Lo malo de la iniciativa que nos ocupa -y por eso soy más partidario del texto de la Cámara de Diputados que del nuestro, pues este parece (reitero) Gatopardo- no deriva solo de que no resuelve de manera adecuada la situación de las antenas emplazadas actualmente: el efecto retroactivo -lo veremos en las indicaciones que renovamos- es dramático; en términos reales, ¡es mínimo!
Eso es malo.
Esta iniciativa, en efecto, no consigna un mecanismo de participación ciudadana que les permita a los vecinos oponerse a la instalación de una antena. Por el contrario, su rol está confinado a las definiciones de obras de mitigación, de la forma como se mimetizan las antenas.
No se establece -como dije- norma alguna sobre zonas rurales.
En el campo -represento a una zona rural- la gente vive en aires mejores (lo digo con todo respeto). Pero no por eso hay que contaminar Regiones enteras con antenas, pensando que quienes viven en ellas no tienen derecho a cuidar su entorno y su patrimonio ambiental.
La ley en proyecto no se hace cargo de aquel aspecto.
Por otro lado, no se prevé un mecanismo para que los operadores de telecomunicaciones compartan la infraestructura existente; es decir, para derribar ciertas barreras de entrada a los fines de que haya mayor competencia y no se siga privilegiando y protegiendo los intereses, por ejemplo, de Entel.
Eso no se toca de forma seria y responsable.
En consecuencia, estimamos que el proyecto debe considerar dispositivos más fuertes para incentivar la colocalización; no dejar la situación al arbitrio del operador dueño de la infraestructura, y generar mecanismos de mayor regulación que le permitan al actor entrante instalarse en las estructuras existentes.
Sin embargo, lo que nos parece más grave es que el articulado no hace aplicables los distanciamientos a las antenas emplazadas hoy en zonas sensibles -de ahí la indicación que renovaremos sobre la materia-, razón por la cual seguirán en los mismos lugares donde se encuentran, generándose una discriminación entre las antenas instaladas antes de la vigencia de la ley en proyecto y las instaladas después.
En virtud de lo anterior, vamos a reponer una indicación.
Señor Presidente , haré un resumen de mi juicio sobre la normativa que nos ocupa.
La ley en proyecto es Gatopardo: todo cambia para que las estructuras de menos de cuatro pisos de altura sigan con lo mismo que existe hoy.
Para lo que hay actualmente, no existe efecto retroactivo real.
Se establecen normas para lo que ocurra de aquí en adelante. Ahí sí, ciertamente, se fijan ciertos criterios de colocalización.
No está garantizado que haya más competencia en el uso de los espacios.
Por eso, señor Presidente -y traté de plantearlo en varias ocasiones-, compartiendo el juicio expuesto por el Senador Pizarro, nos encontramos en un dilema en este proyecto, porque la industria, que no ha sido responsable, que no ha querido autorregularse, amenaza encima con judicializar cualquier legislación que apruebe el Congreso, pues dice que tiene derechos adquiridos.
En mi concepto, la única posibilidad de tener una ley que nos permita mirar a los ojos a nuestros ciudadanos es la existencia de un tercer trámite constitucional.
Este proyecto, si se mantiene, es muy malo para el Congreso, es peor para los ciudadanos, es una abdicación al oligopolio que existe actualmente en la industria de las telecomunicaciones.
--(Aplausos en tribunas).
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