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La señora ALLENDE.- Señor Presidente , hasta ahora no hemos contado con una ley que regule la materia, lo que se ha traducido en muchísimos abusos, como ya se ha señalado en el Hemiciclo, en la medida en que no ha existido prácticamente una normativa. En efecto, se han instalado enormes antenas en zonas urbanas, sea en espacios públicos o privados, sin ninguna preocupación por el entorno, desde luego; sin compensación, muchas veces, a los vecinos, y concentradas principalmente, como lo hemos visto también, en los barrios más vulnerables, más pobres.
No cabe ninguna duda de que vivimos en una sociedad muy tecnologizada y de que el desarrollo tecnológico está causando una exposición cada vez mayor de las personas a radiaciones electromagnéticas de diverso tipo.
Los efectos de la denominada "radiación ionizante" sobre los seres vivos son bastante bien conocidos y los métodos para prevenirlos han sido reglamentados en la mayoría de los países. No obstante, los causados en la salud por la radiación electromagnética de menor energía, considerada no ionizante, han sido menos estudiados y, en consecuencia, existe reglamentación insuficiente respecto de las medidas destinadas a disminuir o evitar las posibles consecuencias adversas.
Estoy citando, señor Presidente , un informe sobre el proyecto "La Regulación Jurídica de la Contaminación Electromagnética en Chile". El autor del estudio de los "Efectos de la Radiación Electromagnética sobre la Salud" es el doctor Andrei Tchernitchin , del Laboratorio de Endocrinología Experimental y Patología Ambiental, Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
El objetivo del texto es analizar los efectos desfavorables para la salud de algunas radiaciones electromagnéticas no ionizantes, con el fin de contribuir al desarrollo de su regulación conforme al principio de acceso a la información.
Si bien el número de casos impide, tal vez, arribar a conclusiones definitivas, tajantes, por no haber transcurrido aún el tiempo suficiente, ha quedado demostrado claramente hoy día que la telefonía celular se traduce en efectos nocivos. Es algo que no somos capaces de medir con total exactitud, pero, ante la duda, haríamos bien -y en el Senado es importante que lo sepamos- en actuar con mucha más prudencia.
Las recomendaciones del análisis concuerdan con las de la Royal Society de Canadá y del Informe del Grupo Experto Independiente en Telefonía Móvil de Inglaterra en el sentido de disminuir el nivel de la exposición ocupacional a radiación a los mismos niveles aceptados para el público, en general; reducir el promedio de la exposición de la población al nivel más bajo posible que resulte compatible con la calidad del servicio; aumentar la investigación de los efectos biológicos y médicos de la exposición a radiofrecuencias, para reducir las incertidumbres, etcétera.
Tales planteamientos, que sugiero leer, nos están señalando de alguna manera un camino que, desde luego, ya empezamos a dejar atrás, en la medida en que por fin somos capaces de comenzar a regular.
Hasta ahora, el no contar con una normativa, como señalaba, ha significado abusos; ha significado la instalación de enormes antenas que afectan el entorno, probablemente la salud, y ocasionan en forma clara, además, un daño patrimonial.
¿Todos queremos una mejor conectividad? Sí.
¿El país registra una de las conectividades más caras -¡más caras!- de la región, en términos de banda ancha? Sí.
Sería bueno, ya que se hallan presentes los señores Ministro y Subsecretario, que se tomaran medidas sobre el particular, porque ¿hasta cuándo tenemos que pagar uno de los servicios más onerosos y "ahí no más" -a lo mejor, de calidad "reguleque", como alguien dijo-, en lo que respecta a dicha transmisión?
Todos tenemos que haber sufrido la saturación en nuestros teléfonos móviles, en los que el servicio se corta y que de repente mueren, y que es preciso cambiar cada vez más seguido.
Cabe hacer un llamado a los operadores a ir mejorando de acuerdo con la investigación, a gastar más para optimizar la tecnología. Porque somos los ciudadanos, en definitiva, quienes pagamos los costos.
Me interesa señalar que, en mi opinión, el texto aprobado por la Cámara de Diputados era mejor. Por lo tanto, espero que en el tercer trámite se llegue a una Comisión Mixta para precisar algunos aspectos que no están claros.
Resulta evidente que tenemos que buscar un equilibrio entre el mayor desarrollo tecnológico, la necesidad de conectividad y la obligación de brindar un buen servicio, ojalá mucho más económico que el actual. Pero también debemos ser capaces de entender que hoy día existe prácticamente un oligopolio; que hay barreras de entrada que impiden la presencia de más competidores, la cual siempre es positiva.
En efecto, cuando se estableció el multicarrier, todos observamos que por lo menos hubo mayor competencia y los costos empezaron a bajar. Hasta antes de ese momento las llamadas de larga distancia internacional y nacional tenían precios elevados. Y, al entrar más actores al sistema, estos disminuyeron y mejoró la oferta.
Nosotros quisiéramos que ocurriera lo mismo con la iniciativa en debate. Quiero ser enfática en este punto -y el Senador García-Huidobro , quien tuvo mucho que ver con ella cuando era Diputado , confirma lo que señalo-; porque deseamos más actores, mayor competencia, mejor servicio, rebaja en los costos y una disminución en la selva de antenas que apreciamos.
Sin embargo, debo decir con claridad que, desgraciadamente, lo que hoy aprobaremos es todavía insuficiente respecto a la colocación de antenas de gran tamaño y al impedimento de su agrupación, conocida como "enjambre".
Es necesario regularizar lo concerniente a las antenas ya instaladas. En el proyecto prácticamente no se menciona nada en este sentido, y el Senador Letelier tenía razón al expresar que aquellas permanecerán tal como se encuentran. Tenemos que regular esa situación instaurando dos cosas: la compensación de los afectados y la mimetización de las antenas.
--(Aplausos en tribunas).
Señor Presidente , queremos incentivar la colocalización y establecer una cierta nivelación entre las comunas con antenas ya instaladas y aquellas que las tendrán con el nuevo sistema. Porque hay municipios con diferente capacidad de presión sobre los operadores. ¡Esa es la verdad!
Entonces, deseamos municipalidades que se la jueguen por sus ciudadanos, que entiendan su derecho a emitir opiniones y que se preocupen por las emisiones electromagnéticas de las antenas; pues -como ya mencioné- en el informe médico aludido existen presunciones fundadas (hoy no es posible asegurarlo con certeza) de que ellas tienen efectos sobre la salud.
Resulta lamentable que no seamos más rigurosos a la hora de fijar la cantidad de metros que debe haber entre las antenas y los jardines infantiles, escuelas, hospitales y otras "áreas sensibles", como se las denomina.
Es cierto que existen grandes operadores del sistema, los cuales, a mi juicio, de alguna manera quieren evitar la colocalización por los costos asociados que tendrían que asumir por la compensación y la mitigación. Pero, si ellos son dueños de la mayoría de las actuales instalaciones, deberán hacerse responsable por ellas.
No podemos dejar las cosas como están y continuar de aquí hacia delante. ¡Eso no sería justo! Porque la instalación de antenas comenzó hace mucho tiempo, cuando la población no era escuchada...
--(Aplausos en tribunas).
...y la tecnología era menos eficiente. Ahora ya podemos exigir nuevas tecnologías y existe disposición para regular el asunto de otro modo.
Por lo tanto, creo que debemos legislar de tal manera de permitir la colocalización no solo en torres de más de 12 metros, sino también en todo tipo de antenas.
Y, con tal fin, he presentado una indicación -tengo claro que requiere la unanimidad de la Sala; espero que exista-; porque lo referido a la altura no es menor. Ojalá se aprobara a los efectos de posibilitar que se compartieran las torres para evitar la instalación de más y más antenas.
La idea es que la alternativa de colocalización minimice la obligación de compensación planteada y desincentive el emplazamiento de nuevas antenas y la creación de enjambres.
Además, pienso que la insuficiente definición de "territorio urbano saturado" es preocupante. Deberíamos aumentar su radio y la regulación pertinente.
Por último, me parecen escasas las compensaciones patrimoniales y de baja efectividad el recálculo del impuesto territorial. Porque, claramente, la persona que efectúa un negocio permitiendo la instalación de una antena perjudica a los vecinos inmediatos al disminuir su patrimonio.
Ello no es menor. Y me gustaría que sobre el particular fuésemos mucho más claros. Porque debe existir el derecho a la compensación no solo por un perjuicio estético, sino también por uno patrimonial, que puede ser excesivo. Debiéramos preocuparnos al respecto.
En consecuencia, señor Presidente , como todavía no hemos logrado llegar al fondo del problema, espero que en el trámite en la Cámara de Diputados -a mi juicio, el texto aprobado por ella era mejor- se pueda conseguir algo que no se ha obtenido: la armonía entre una mayor conectividad y un mejor vivir, que todos buscamos. Porque, si a alguien se lo preguntaran, tendría que decir que siempre hay que considerar como bien superior a la vida humana: su calidad, su menor riesgo, y al derecho de la ciudadanía a que se respete su sentir.
--(Aplausos en tribunas).
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