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El señor ESCALONA.- Señor Presidente , como es de conocimiento de la Sala, desde hace más de dos meses nuestro país ha sido conmocionado por una movilización estudiantil sin precedentes, incluso de mayor alcance y masividad, a mi juicio, que la de los años sesenta, en la época de la reforma universitaria.
Y el lema con el cual ella se inició y ganó la simpatía mayoritaria de la opinión pública es la demanda de poner fin al lucro en la educación. El mecanismo respectivo, paradójicamente, fue explicado por el propio ex Ministro de Educación señor Joaquín Lavín , quien expuso en un programa de televisión que la manera de operar con el propósito de generar rentabilidades que no se corresponden con la letra de la ley es formar una corporación sin fines de lucro que solicita el reconocimiento oficial del Estado para constituirse en una universidad privada y, al mismo tiempo, sus integrantes inscriben una razón social como empresa inmobiliaria o de servicios y se contratan a sí mismos las diferentes obras y labores que hacen posible el desarrollo de la actividad académica.
En virtud de tal procedimiento, las instalaciones deportivas, laboratorios, aulas y otro tipo de construcciones, así como, por ejemplo, algo tan esencial como el aseo, se llevan adelante por la vía de contratarse las personas a sí mismas.
En consecuencia, señor Presidente, nos hallamos en presencia de lo que muchos consideramos un delito económico; vale decir, se ha encontrado la manera de atropellar el sentido explícito de la ley generando un mecanismo de lucro.
En algunos casos, como lo explicó el ex Ministro de Educación señor Joaquín Lavín , se procede por intermedio de empresas inmobiliarias que reciben los contratos que encarga la institución.
En otros, se recurre a la prestación de servicios, como los de aseo. Hay universidades -y me hago completamente responsable de lo que señalo, ya que he mantenido contacto con un importante número de dirigentes estudiantiles o de alumnos que me han hecho llegar información- que los contratan a 20 o 25 por ciento más que el precio de mercado. Y ello, a través del mecanismo que le permite a la corporación sin fines de lucro recurrir a empresas relacionadas, las cuales, por ende, evaden completamente el sentido de la ley y llevan a cabo un delito económico.
De esa manera, se obtienen rentabilidades artificiales y se generan mecanismos fraudulentos para burlar la norma legal y, posiblemente, también para eludir los impuestos correspondientes a las empresas.
Por lo tanto, claramente se ha creado, en los hechos, un sistema para violar la ley, como lo señalaron ayer en la Comisión de Educación los representantes del movimiento estudiantil.
El proyecto en discusión es muy simple, en consecuencia. Propone incorporar en la Ley General de Educación un artículo 53 bis, a través del cual se establece que, en los casos en que este delito económico se lleve adelante, simplemente se pondrá término al reconocimiento oficial otorgado por el Estado a la corporación sin fines de lucro que tiene una universidad privada.
Es una manera directa de enfrentar el problema; no involucra ningún mecanismo para disfrazar una práctica fraudulenta, y se corresponde con el sentido de la Ley General de Educación.
Subrayo este último aspecto, porque, cuando se trató el problema en la Comisión, el Jefe de la División Jurídica del Ministerio argumentó que el Ejecutivo tenía previsto enfrentarlo por la vía de la Ley de Sociedades Anónimas. En realidad, eso no hace sino revelar una profunda diferencia respecto de la concepción del proceso educacional.
Desde nuestro punto de vista, estas cuestiones se corresponden con la Ley General de Educación y no con la de Sociedades Anónimas. Pretender que se resuelva el punto por este último mecanismo significa mantener e incluso legitimar la concepción que entiende la educación como otro mercado, en circunstancias de que acá se está generando un criterio completamente diferente en el sentido de considerarla un bien público cuya correcta implementación es responsabilidad del Estado, del mismo modo que se respeta lo que el ordenamiento legal ha establecido. Por lo tanto, el problema se enfrenta como se tiene que hacer: a través de la Ley General de Educación.
Y el resultado práctico, en consecuencia, no dice relación solo con que no se podrá aplicar la práctica ilegítima, ilícita, fraudulenta, de que se trata, sino que tampoco existirá excusa para mantenerla, en la medida en que el proyecto que se somete a la discusión de la Sala es completamente inequívoco. No será posible continuar con lo que se conoce como "sociedades espejo", so pena de que se ponga término al reconocimiento oficial del Estado.
Consideramos que la iniciativa no resuelve todos los aspectos planteados por el movimiento estudiantil. Desde esa perspectiva, no nos engañamos ni llamamos a engaño a la opinión pública. Por cierto, tampoco a los estudiantes.
Lo que aquí estamos contemplando representa un paso en una agenda más amplia, por cierto. Esperamos que el Ejecutivo sea capaz de responder, ya que conserva la iniciativa de ley en lo referente a gasto público, reformas tributarias y otras materias, y que envíe, naturalmente, los proyectos que permitan enfrentar lo que falta.
Pero, desde nuestro punto de vista, la iniciativa en debate significa un avance, en forma directa, en un aspecto que constituye la espina dorsal de las rentabilidades fraudulentas que logran quienes entienden que los negocios se han de hacer de cualquier manera y a cualquier costo y violan completamente, por ende, el sentido de la Ley General de Educación, así como también desconocen y distorsionan el propósito de bien público que le cabe al proceso de enseñanza.
Ese es el carácter de la propuesta que ponemos a disposición de la Sala y que, desde luego, podrá confluir y coincidir con otras, en el marco de una agenda más amplia, que aborde el conjunto de problemas aparecidos a nivel nacional tras la movilización estudiantil que dura ya más de dos meses.
He dicho.
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