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El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente , quiero felicitar a los autores de este proyecto, porque nos permite iniciar el camino hacia un análisis bastante más sustantivo que el contenido en el tema de que trata -sin subestimarlo, al contrario-, que alude a un asunto de larga data: el de las sociedades espejo, respecto de las cuales hemos hecho vista gorda -por así decirlo- durante muchas décadas.
Me explico.
Aun cuando la iniciativa es muy acotada y se refiere a ese tipo de sociedades -principalmente asociadas a inmobiliarias-, relacionadas con universidades no estatales, obviamente se inserta en una discusión mayor, como la concerniente al lucro.
Sin duda alguna, con el paso de los días y las semanas, su texto se refundirá -recordemos que nos hallamos en su discusión en general y, según espero, lo vamos a aprobar- con otro proyecto, iniciado en una moción presentada en el Senado, que será conocido como "Ley contra el lucro", el cual lleva ya 23 firmas de adhesión y requiere 22 votos para su aprobación.
Por otro lado, es obvio que todos hemos sido remecidos, conmovidos -en el mejor sentido de la palabra- por el "¡No al lucro!", esgrimido como consigna por las movilizaciones de estudiantes en la calle. Pero debemos tratar de escudriñar qué hay detrás de ese lema, propio de la calle, para entender cómo ha logrado congregar no solo a un movimiento estudiantil, sino también a uno social y ciudadano de una envergadura tal que no podemos desconocer, y para intentar darle un contenido.
Quiero decir que no tenemos que temer a estos movimientos "sociales", "estudiantiles", "ciudadanos" -o como queramos llamarlos-, ni tampoco, estigmatizarlos.
Debemos tratar de descifrar el verdadero motivo de lo que ocurre en las calles de nuestro país con las movilizaciones sociales no solo de estudiantes, sino también de ecologistas, minorías sexuales, agricultores -no olvidemos la reunión de 6 mil agricultores en Requínoa hace algunos meses-, en fin, lo cual refleja un clima de efervescencia social.
En verdad, señor Presidente, lo que está pasando en Chile -por eso no hay que dramatizar, como tampoco estigmatizar ni menos descalificar- es de manual.
El abecé de la sociología política dice que la modernización es, en sí misma, disruptiva.
Samuel Huntington (gran sociólogo) escribió un libro en 1968 -se ha hablado mucho aquí del Mayo del 68- llamado El orden político en las sociedades en cambio, en el cual cuestiona de alguna manera -perdonen esta digresión académica- la ecuación optimista de Seymour Martin Lipset (otro gran sociólogo político estadounidense), según la cual "el desarrollo económico conducía a la estabilidad política". Así, Huntington afirma que pareciera ser lo contrario: "que la modernización conduce a la inestabilidad política, a la movilización social, y es, en sí misma, disruptiva".
Además, es muy interesante lo que señala -reitero mis disculpas por mi digresión- en el sentido de que la movilización social, que se desata por la fuerza de la modernización, del desarrollo económico, generando todo tipo de contradicciones, revolución de las expectativas, etcétera, puede y debe ser conducida por las instituciones.
Esa teoría sobre la institucionalización política de los movimientos sociales es clave.
Dicho autor expresa que cuando aquellos pasan, por así decirlo, por el lado de las instituciones -a lo mejor, eso nos está ocurriendo-, se produce un desborde institucional, un "pretorianismo de masas", como él lo denomina. Esto es de temer cuando no es conducido, canalizado, por entidades políticas.
Por lo tanto, en su alegato apela a que las instituciones políticas deben y pueden conducir, canalizar, esos fenómenos de cambio social comúnmente asociados a la modernización y al desarrollo económico.
He traído a la consideración del Senado estas reflexiones de Huntington, de 1968, porque tienen mucho que ver con lo que estamos realizando. Es decir, nuestro papel como instituciones del Estado, como partidos políticos, como Parlamento, es dirigir, conducir, no escondernos ni diluirnos en la movilización social.
No somos un movimiento ni una organización social -de hecho nuestro Partido Demócrata Cristiano sostiene como principio doctrinario el respeto por la autonomía de los cuerpos intermedios, de los movimientos sociales-, pero sí una institución. Y no hay sustituto para las instituciones de la democracia representativa.
Escribí una carta a la sección Opinión de El Mercurio, que salió publicada hoy, en la que desarrollo tal argumento. De nosotros se espera, no que nos hagamos eco o que actuemos como caja de resonancia del movimiento social, sino que sepamos conducirlo como instituciones del Estado, para evitar el desborde institucional, el "pretorianismo de masas", que siempre se encuentra latente como amenaza tras las movilizaciones sociales.
En tal contexto deben entenderse las 37 propuestas formuladas por los cuatro Presidentes de Partidos de la Concertación hace dos o tres semanas, en respuesta a la agenda social que nos presentó el movimiento estudiantil, con sus dirigentes secundarios y universitarios, en el ex Congreso Nacional, en Santiago.
A nuestro juicio, el Gran Acuerdo Nacional por la Educación (GANE) -que obviamente contiene algunos aportes parciales pero limitados en materia de becas, de créditos, de la creación de la Superintendencia de Educación Superior- no va al fondo del asunto: a los llamados cambios estructurales requeridos por nuestro sistema educativo. Esto ha sido instalado hoy día en la calle por el movimiento estudiantil, que cuenta con gran apoyo social y demanda algo muy justo y legítimo: una educación pública y privada equitativa y de calidad para todos.
Aterrizando esto en el tema del lucro, porque el proyecto en debate respecto de las sociedades espejo debe ubicarse en el contexto más amplio de la iniciativa sobre el lucro a la que me referí, he llegado a una convicción personal muy profunda como militante de la Democracia Cristiana. Porque este Partido siempre ha abogado por conciliar el derecho a la educación con la libertad de enseñanza; por la existencia de espacios para la educación pública y para la privada, sin perder de vista que la educación es un bien público, un derecho humano fundamental de tipo social, pero que puede ser servido por un sistema de provisión y financiamiento público y privado.
En el proyecto mencionado -ya cuenta con 23 firmas de adhesión- consignamos que el establecimiento educacional que recibe fondos públicos, especialmente de enseñanza básica y media, no puede hacer dos cosas:
1.- Seleccionar alumnos. De acuerdo con la Ley General de Educación, la no selección rige hasta sexto básico, por lo que queremos extenderla a la enseñanza media.
En consecuencia, el colegio que funcione con aportes estatales -recordemos que 5 mil millones de dólares al año, casi el 10 por ciento del presupuesto de la nación, se destinan, vía subvención, a la educación básica y media- no podrá seleccionar alumnos, salvo en algunos casos especiales, como en los establecimientos educacionales artísticos y en los de excelencia (por ejemplo, el Instituto Nacional y otros), que corresponden a la excepción que confirma la regla.
2.- Lucrar. Porque si un establecimiento educacional recibe fondos del Estado, es obvio que debe invertirlos en educación, o sea, en lo que corresponde a su giro.
Asimismo, la iniciativa en comento propone algo muy revolucionario: que a medida que aumente la subvención general o la especial preferencial hacia un óptimo para lograr una escuela de calidad, a alrededor de unos 110 mil pesos, por ejemplo -hoy día estamos como en 70 mil pesos-, debería disminuir en forma inversamente proporcional el financiamiento compartido hasta su virtual eliminación.
Son cambios de fondo como estos los que insinúa el movimiento estudiantil.
Además, se habla del financiamiento basal (piso) para una escuela pública básica o media, por el hecho de revestir tal calidad; de la llamada desmunicipalización -recordemos que el Gobierno tiene que enviar el proyecto pertinente antes del 30 de septiembre-; del denominado "AUGE de la educación superior": derechos garantizados para ayudas estudiantiles, sistema único de becas, gratuidad para el 60 por ciento de los jóvenes provenientes de sectores de menores ingresos y algún tipo de ayuda similar al crédito solidario actual para el 40 por ciento de mayores ingresos; de la creación de la Superintendencia de Educación Superior, etcétera.
Señor Presidente , el proyecto en discusión apunta en la dirección correcta. Se trata de colocarle el cascabel al gato, de hacer frente a la realidad de estas sociedades espejo, de las inmobiliarias que sirven de apoyo financiero, eludiendo la letra y el espíritu de la ley.
Queda pendiente, sí -con esto termino-, un asunto muy importante: el de los artículos transitorios. Hemos conversado respecto de que a la iniciativa en análisis le faltan esas disposiciones, y también al proyecto de ley sobre el lucro.
Es decir, se debería otorgar un plazo de unos dos años para que los establecimientos educacionales se adecuaran a las nuevas normas. Porque no queremos que esto genere un efecto disruptivo, que termine con la educación privada ni mucho menos. Al contrario, creo que hay un espacio muy relevante para dicho ámbito: hoy el 55 por ciento de la educación en Chile es particular subvencionada.
Entonces, en el entendido de que el proyecto debe refundirse con el relativo al lucro -seguramente ello ocurrirá en la discusión en particular-, y de que faltan los artículos transitorios para permitir esa adecuación, anuncio mi voto a favor.
He dicho.
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