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La señora ALLENDE.- Señor Presidente, estimo indispensable que aprobemos la presente iniciativa, bastante sencilla, acotada y clara, mediante la cual intentamos, con transparencia, terminar con prácticas que se han venido realizando por mucho tiempo.
En ese punto, reconocemos nuestra falta de fiscalización. Pero más vale tarde que nunca. Y hoy creo que se ha agotado la paciencia respecto al uso durante todos estos años por los organismos directivos de instituciones de educación superior, que por ley no deben tener fines de lucro, de este tipo de subterfugios para evadir la normativa que lo prohíbe. Es lo que conocemos y se ha descrito como "sociedades espejo".
Resulta lamentable tener que legislar sobre algo que debiera cumplirse sin más. Pero este es el país donde nos encontramos. Y queremos enfrentar esta situación -así lo hemos manifestado- apoyando esta iniciativa, porque creemos que es hora de hacerlo.
Señor Presidente , por su intermedio, le señalo al Senador Chahuán que aprobar el proyecto en análisis en nada se contrapone con seguir tratando la iniciativa más amplia a la que se refirió, en el contexto de la cual ayer recibimos a un sinnúmero de estudiantes y también a Mario Waissbluth , de Educación 2020. Y en algún momento es perfectamente posible que ambos textos se complementen o fusionen.
Además, vendrá otro proyecto, presentado por mi bancada hace bastante tiempo, que plantea una reforma educacional profunda a fin de que se considere a la educación un bien público y no de mercado, como en la actualidad, y se garantice el acceso a ella, su gratuidad y, sobre todo, su calidad.
Pero, como aquí se ha mencionado, este tema tan acotado no puede sino mirarse dentro de un contexto más amplio. Y este nos indica que por fortuna hoy día la discusión pública chilena ha cambiado. Ahora los énfasis están puestos en contar o no con una educación pública de calidad; en terminar o no con el lucro; en ver a la educación como un bien de consumo o como un bien público.
Y ese cambio en el clima, en la discusión y en el apoyo que la ciudadanía manifiesta -según la encuesta CEP, el 80 por ciento de ella está dispuesta a terminar con el lucro- tiene que ver con las movilizaciones de estudiantes.
Si no fuera por ellos, por sus casi tres meses de manifestaciones, con una perseverancia, con un sacrificio, incluso con dolor (recordemos que algunos escolares secundarios llevan adelante una huelga de hambre, que ha pasado a ser seca), todavía nos encontraríamos en lo que anunció el Gobierno, con grandes bombos y platillos -como nos tiene acostumbrados-: "El año 2011, el año de la educación superior".
Repito: de no ser por las movilizaciones, no estaríamos hoy en condiciones de avanzar con algo muy concreto, pero importante por la señal que envía, porque creemos que este sistema ya no da más.
En los ochenta -como es bien conocido- se instaló uno de los sistemas más drásticos, más extremos del mundo en educación privatizada, la cual ha funcionado durante todos estos años prácticamente de una forma desregulada. Y, además, la educación pública fue traspasada a los municipios.
Eso ha significado, en un país tan desigual como el nuestro, una segregación aún mayor. Es decir, derivó en la existencia de guetos educacionales, donde jóvenes de familias adineradas conviven entre sí y los más pobres con los de igual condición, sin que haya integración entre ellos.
A la vez, no hemos podido establecer una educación pública de calidad en todos sus niveles como un derecho fundamental garantizado por el Estado, con respecto a la cual exista una institución acreditadora capaz de velar por su calidad. Claramente, ello exige de nosotros una respuesta profunda.
Hoy día tenemos en la educación superior, como han mencionado algunos analistas, los aranceles más caros del mundo con relación al ingreso per cápita. Y, además, existe el incentivo perverso de que muchas de estas instituciones no exigen mayor selección, con lo que se prolongan innecesariamente los estudios, lo que genera familias endeudadas y jóvenes que al egresar quedan debiendo por décadas.
La pregunta es cuánto tiempo más resiste tal sistema sin un cambio profundo.
"El año de la educación superior", se nos decía.
Se anuncia una superintendencia que tendrá que fiscalizar. Nos alegramos por ello y lo vamos a apoyar. Pero también planteamos lo siguiente:
Que las becas deben cubrir por lo menos al 70 o 60 por ciento de las familias con menos recursos.
Que el crédito no puede seguir con la actual dualidad, entre el 2 y casi el 7 por ciento. Evidentemente, ha de reducirse al 2 por ciento. No es posible que existan dos tipos de crédito, porque ello discrimina.
Que se necesita la participación activa de los estudiantes. Esto se ha impedido hasta ahora, lo que resulta absurdo y no es propio de la democracia.
Que se ha de fomentar la interculturalidad y la integración en nuestro sistema educativo.
A la vez, es tremendo que haya quienes comienzan sus estudios y, por no existir suficientes acreditación, seguimiento, evaluación o aseguramiento de su calidad, registren una deserción altísima. También sucede que una carrera desaparece, como ocurrió poco tiempo atrás con la de Criminología, cuyos alumnos quedaron botados a la mitad.
Entonces, mi consulta es ¿cuánto tiempo más vamos a esperar para efectuar una reforma profunda y verdadera? Creo que nos queda cada vez menos tiempo.
Los estudiantes nos han planteado un desafío. Gracias a ellos ahora estamos preocupados de esta materia y gracias a ellos es probable que los anuncios que realice hoy el Ministro vayan en la dirección correcta.
Porque, lamentablemente, su respuesta inicial no se hacía cargo de los asuntos más sustantivos -los que en realidad importaban- y que consistían precisamente en clarificar el rol del Estado (esa necesaria reforma constitucional que estamos esperando); el fin del lucro; la trasparencia en el sistema educativo; la reestructuración completa de todo el sistema de educación superior; la denominada "desmunicipalización", siempre y cuando esta signifique el fortalecimiento de la educación pública.
Sin embargo, nada de eso ha sido considerado.
Por lo tanto, aspiramos a que en los anuncios del Ejecutivo esté el ánimo de dar una respuesta seria, profunda y contundente a lo que nos están pidiendo no solo los estudiantes, sino también sus padres, sus familias y los apoderados, cansados de una nación tan desigual; cansados de tener que endeudarse; cansados de verse obligados a escoger cuál de sus dos o tres hijos podrá llegar a la universidad; cansados de pagar.
En Chile, las familias costean el 80 por ciento de la educación de sus hijos, mientras que en los países más desarrollados y en los de la OCDE -de la cual ahora formamos parte- sucede exactamente a la inversa. Aquí permitimos que las familias paguen ese porcentaje para la educación.
Entonces, surge la pregunta: ¿cuánto tiempo más resistirá este sistema?
Por eso estamos por una reforma profunda, por un cambio real, por una educación que tenga el carácter de bien púbico; pero no por más cambios cosméticos.
Asumimos, en forma autocrítica, aquello que se nos imputa: que nos faltó capacidad en la movilización de los "pingüinos" en 2006. Pero, en esta ocasión, sostenemos con toda claridad que no aceptaremos cambios superficiales que no vayan al fondo y a la esencia del modelo, que ya no da para más y que debemos reformar; que es fundamental que entre todos construyamos una sociedad más equitativa, más plural, más democrática. Y ello comienza con una mirada profunda de cómo nosotros entendemos la educación.
La educación es un bien público que hay que garantizar, pero que implica costos. Y si no va a haber gratuidad total, podemos beneficiar, al menos -¡al menos!-, al 60 u 80 por ciento de los que poseen menos recursos.
Y, claramente, el país tiene capacidad suficiente. Y ello compete al Ejecutivo. Por eso, queremos que se comprometa, pues no basta con el fondo de 4 mil millones de dólares para la educación. Y eso lo sabemos todos.
En definitiva, decimos al Gobierno que se requiere una reforma tributaria -tenemos espacio suficiente- que genere auténticamente los recursos y que Chile sea capaz de llegar a poco más del 2 por ciento del PIB para gasto en educación. Porque el actual porcentaje es inferior y nos convierte en uno de los países con menor inversión en tal rubro. Mientras que, por otro lado, la famosa Ley Reservada del Cobre, que entrega el 10 por ciento de las ventas del metal rojo a las Fuerzas Armadas, permite gastar cifras que no corresponden a lo que buscamos como sociedad.
Vamos a aprobar el proyecto, en el entendido de que constituye un paso dentro de muchos otros que queremos dar. Esperamos, entonces, los anuncios del Gobierno y la iniciativa que tendrá.
Asimismo, anuncio que haremos nuestros aportes en donde tenemos iniciativa, porque es un compromiso con lo que sentimos que corresponde a nuestro deber y obligación con aquellas familias que han soñado con la posibilidad de que sus hijos accedan a la educación técnico-profesional o a la superior. Y, lamentablemente, hoy día esos sueños se ven, en gran medida, frustrados por la mala calidad de la educación, por los aranceles exagerados, por la falta de crédito o por el alto costo de este.
Por lo tanto, considero que este paso es positivo.
Por eso, voto a favor.
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