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- rdf:value = " El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente , en esta ocasión debatimos una materia muy trascendente, puesta de relieve por miles de estudiantes que se hallan movilizados en todo el país en demanda de un cambio profundo del sistema educacional chileno.
La principal petición de los jóvenes se sintetiza en terminar con el lucro en la educación y avanzar hacia la gratuidad de la enseñanza.
Quiero ilustrar la importancia, transversalidad y larga historia y alcance de esta lucha en dos citas. Primera:
"Voy a votar en contra de esta indicación para dar subvenciones a las escuelas particulares, desde luego porque, como decía el honorable señor Barbosa , creo que se debe pagar la enseñanza de las escuelas, pero no tienen derecho a cobrarlas los que convierten esta enseñanza en una industria.".
Esas palabras no son recientes. Se trata de parte de una intervención del Diputado radical Carlos Ruiz Bahamonde , vertida en la Cámara Baja en la década del 20: vale decir, hace ya casi un siglo, con motivo de la discusión de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.
En esa oportunidad, el precio cobrado por las bancadas conservadoras para la aprobación de ese avance histórico fue que el Estado subsidiara a los privados cuando tuvieran que disponer de instrucción para cumplir la ley, como en el caso de fundos y actividades industriales.
Cualquier parecido con los dichos del ex Presidente Ricardo Lagos, formulados hace algunos días a los medios de comunicación, es mera coincidencia.
Rotundo, claro, preciso: no tienen derecho a cobrar subvenciones públicas los que convierten la enseñanza en una industria.
Deseo traer a colación otra opinión que me parece preponderante y que podrá causar más de alguna sorpresa. Está expresada en tercera persona, ya que es una transcripción de dichos en una Comisión.
Cito: "...uno de los principios que ha estado sustentando con todas las autoridades escolares privadas, sean laicas o religiosas, es el de que si hay alguna actividad en la que el lucro no debe tener lugar, es en la enseñanza. Así que no puede hablarse de colegios que persigan o no persigan fines de lucro. Los colegios, en opinión del Gobierno, no deben perseguir fines de lucro. Deben tener la remuneración que es apropiada; pero que no sea para ganar dinero el que se forme un colegio.".
Lo anterior corresponde a uno de los primeros Ministros de Educación de la dictadura: el Contralmirante Arturo Troncoso Daroch, y fue expuesto en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, en junio de 1976, cuando se discutía la norma referida al derecho a la educación.
En tal instancia hubo una interesante discusión. Y fue el señor Sergio Díez , ex Senador y ex Presidente de Renovación Nacional , quien propuso que, en lugar de que la línea divisoria para que los establecimientos educacionales pudieran obtener subvenciones fiscales fuera la gratuidad, se distinguiera según si los planteles perseguían o no fines de lucro.
La mención no prosperó, pero estuvo en la idea de la mayoría de los comisionados el establecer que no podrían destinarse recursos públicos a establecimientos con fines de lucro. En definitiva se optó, sin embargo, por una disposición más genérica y ambigua, que dejara lo relativo al financiamiento en manos de la legislación específica.
Dos momentos, muy distintos protagonistas, una coincidencia: la educación es incompatible con el lucro. O, a lo menos, el lucro en la enseñanza no puede ser financiado con recursos públicos. Tan simple y claro como eso; como lo dijo el Diputado Ruiz Bahamonde hace casi un siglo.
Este principio permeó la propia Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), cuerpo legal que, ciertamente, no se caracterizó por su pluralismo y el carácter progresista de sus normas.
Sin embargo, se idearon fórmulas para burlarlo. Las sociedades inmobiliarias espejo fueron el instrumento elegido. Ello explica cómo universidades sin fines de lucro son vendidas hoy en millones de dólares; evidentemente, porque las utilidades se obtienen por el lado, mediante sociedades inmobiliarias que arriendan sus inmuebles a los planteles.
Lo anterior es, sin duda, un lavado de dinero, una fórmula jurídica y económica para transformar en lícitos dineros habidos en forma absolutamente ilegal.
Por lo anterior, señor Presidente y Honorables colegas, apoyo decididamente este proyecto, con una precisión, cual es entender que no estamos corrigiendo un error u omisión de la ley y, por tanto, propiciando un borrón y cuenta nueva de las ilegalidades ocurridas.
Concurriré a votar favorablemente esta iniciativa, en el entendido de que damos una señal a la opinión pública y precisamos una norma para que a su respecto no haya duda alguna. Pero no estamos dictando un perdonazo. Si ha habido acciones ilegales, deben ser investigadas y sancionadas.
He dicho.
"
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