REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES NO ESTATALES, CON RELACIÓN A LUCRO
REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES NO ESTATALES, CON RELACIÓN A LUCRO El señor GIRARDI ( Presidente ).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Escalona, Frei (don Eduardo), Gómez, Navarro y Rossi, en primer trámite constitucional, sobre requisitos de funcionamiento de universidades no estatales, en relación con el lucro, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. --Los antecedentes sobre el proyecto (7760-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Escalona, Frei (don Eduardo), Gómez, Navarro y Rossi): En primer trámite, sesión 30ª, en 5 de julio de 2011. Informe de Comisión: Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 42ª, en 10 de agosto de 2011. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General. El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- El objetivo principal de la iniciativa es prohibir a las corporaciones sin fines de lucro destinadas a la educación superior sostener vínculos contractuales, financieros o comerciales con entidades que involucren a quienes integran sus órganos de dirección, administración, ejecución y control o terceros relacionados. Asimismo, se establece que la vulneración de lo anterior será causa suficiente para poner término al reconocimiento oficial otorgado por el Estado. La Comisión discutió el proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar por cuatro votos a favor, emitidos por los Senadores señores Cantero, Navarro, Quintana y Walker, don Ignacio, con la abstención de la Honorable señora Von Baer. El texto que se propone acoger se transcribe en el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios. Cabe tener presente que la iniciativa requiere para su aprobación el voto conforme de 22 señores Senadores. El señor GIRARDI ( Presidente ).- En discusión general. Tiene la palabra el Honorable señor Quintana, Presidente de la Comisión. El señor QUINTANA.- Señor Presidente , los autores de la moción puntualizan, en primer término, que el propósito del proyecto de ley es prohibir que las corporaciones sin fines de lucro destinadas a la educación superior puedan sostener relaciones de carácter contractual, sean financieras o comerciales, con otras entidades donde se hallen involucradas personas que ejercen a su respecto responsabilidades de dirección, administración, ejecución y control. La medida también se les aplica cuando las relaciones contractuales pretenden realizarse con terceros relacionados o a través de ellos. En resumen, la iniciativa propone eliminar la práctica ilegítima de las llamadas "sociedades espejo". El proyecto tiene por finalidad, como expresó el señor Secretario , prohibir a las corporaciones sin fines de lucro establecidas conforme a la ley N° 20.370 -esto es muy importante: aquí estamos modificando la Ley General de Educación- sostener vínculos contractuales financieros o comerciales con entidades que involucren a quienes integren sus órganos de dirección, administración, ejecución y control, y/o terceros relacionados, y añade que la mencionada prohibición será absoluta y que su violación será causa suficiente para poner término al reconocimiento oficial del Estado. Señor Presidente , quería hacer la breve precisión anterior y, al mismo tiempo, consignar que esta es la primera iniciativa tendiente a poner fin al lucro que ha resuelto poner en debate la Comisión de Educación, encontrándose en ella en discusión general una iniciativa con similar propósito que lleva la prohibición a los distintos niveles de la enseñanza. Es cuanto puedo informar al respecto. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. El señor ESCALONA.- Señor Presidente , como es de conocimiento de la Sala, desde hace más de dos meses nuestro país ha sido conmocionado por una movilización estudiantil sin precedentes, incluso de mayor alcance y masividad, a mi juicio, que la de los años sesenta, en la época de la reforma universitaria. Y el lema con el cual ella se inició y ganó la simpatía mayoritaria de la opinión pública es la demanda de poner fin al lucro en la educación. El mecanismo respectivo, paradójicamente, fue explicado por el propio ex Ministro de Educación señor Joaquín Lavín , quien expuso en un programa de televisión que la manera de operar con el propósito de generar rentabilidades que no se corresponden con la letra de la ley es formar una corporación sin fines de lucro que solicita el reconocimiento oficial del Estado para constituirse en una universidad privada y, al mismo tiempo, sus integrantes inscriben una razón social como empresa inmobiliaria o de servicios y se contratan a sí mismos las diferentes obras y labores que hacen posible el desarrollo de la actividad académica. En virtud de tal procedimiento, las instalaciones deportivas, laboratorios, aulas y otro tipo de construcciones, así como, por ejemplo, algo tan esencial como el aseo, se llevan adelante por la vía de contratarse las personas a sí mismas. En consecuencia, señor Presidente, nos hallamos en presencia de lo que muchos consideramos un delito económico; vale decir, se ha encontrado la manera de atropellar el sentido explícito de la ley generando un mecanismo de lucro. En algunos casos, como lo explicó el ex Ministro de Educación señor Joaquín Lavín , se procede por intermedio de empresas inmobiliarias que reciben los contratos que encarga la institución. En otros, se recurre a la prestación de servicios, como los de aseo. Hay universidades -y me hago completamente responsable de lo que señalo, ya que he mantenido contacto con un importante número de dirigentes estudiantiles o de alumnos que me han hecho llegar información- que los contratan a 20 o 25 por ciento más que el precio de mercado. Y ello, a través del mecanismo que le permite a la corporación sin fines de lucro recurrir a empresas relacionadas, las cuales, por ende, evaden completamente el sentido de la ley y llevan a cabo un delito económico. De esa manera, se obtienen rentabilidades artificiales y se generan mecanismos fraudulentos para burlar la norma legal y, posiblemente, también para eludir los impuestos correspondientes a las empresas. Por lo tanto, claramente se ha creado, en los hechos, un sistema para violar la ley, como lo señalaron ayer en la Comisión de Educación los representantes del movimiento estudiantil. El proyecto en discusión es muy simple, en consecuencia. Propone incorporar en la Ley General de Educación un artículo 53 bis, a través del cual se establece que, en los casos en que este delito económico se lleve adelante, simplemente se pondrá término al reconocimiento oficial otorgado por el Estado a la corporación sin fines de lucro que tiene una universidad privada. Es una manera directa de enfrentar el problema; no involucra ningún mecanismo para disfrazar una práctica fraudulenta, y se corresponde con el sentido de la Ley General de Educación. Subrayo este último aspecto, porque, cuando se trató el problema en la Comisión, el Jefe de la División Jurídica del Ministerio argumentó que el Ejecutivo tenía previsto enfrentarlo por la vía de la Ley de Sociedades Anónimas. En realidad, eso no hace sino revelar una profunda diferencia respecto de la concepción del proceso educacional. Desde nuestro punto de vista, estas cuestiones se corresponden con la Ley General de Educación y no con la de Sociedades Anónimas. Pretender que se resuelva el punto por este último mecanismo significa mantener e incluso legitimar la concepción que entiende la educación como otro mercado, en circunstancias de que acá se está generando un criterio completamente diferente en el sentido de considerarla un bien público cuya correcta implementación es responsabilidad del Estado, del mismo modo que se respeta lo que el ordenamiento legal ha establecido. Por lo tanto, el problema se enfrenta como se tiene que hacer: a través de la Ley General de Educación. Y el resultado práctico, en consecuencia, no dice relación solo con que no se podrá aplicar la práctica ilegítima, ilícita, fraudulenta, de que se trata, sino que tampoco existirá excusa para mantenerla, en la medida en que el proyecto que se somete a la discusión de la Sala es completamente inequívoco. No será posible continuar con lo que se conoce como "sociedades espejo", so pena de que se ponga término al reconocimiento oficial del Estado. Consideramos que la iniciativa no resuelve todos los aspectos planteados por el movimiento estudiantil. Desde esa perspectiva, no nos engañamos ni llamamos a engaño a la opinión pública. Por cierto, tampoco a los estudiantes. Lo que aquí estamos contemplando representa un paso en una agenda más amplia, por cierto. Esperamos que el Ejecutivo sea capaz de responder, ya que conserva la iniciativa de ley en lo referente a gasto público, reformas tributarias y otras materias, y que envíe, naturalmente, los proyectos que permitan enfrentar lo que falta. Pero, desde nuestro punto de vista, la iniciativa en debate significa un avance, en forma directa, en un aspecto que constituye la espina dorsal de las rentabilidades fraudulentas que logran quienes entienden que los negocios se han de hacer de cualquier manera y a cualquier costo y violan completamente, por ende, el sentido de la Ley General de Educación, así como también desconocen y distorsionan el propósito de bien público que le cabe al proceso de enseñanza. Ese es el carácter de la propuesta que ponemos a disposición de la Sala y que, desde luego, podrá confluir y coincidir con otras, en el marco de una agenda más amplia, que aborde el conjunto de problemas aparecidos a nivel nacional tras la movilización estudiantil que dura ya más de dos meses. He dicho. El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker. El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente , quiero felicitar a los autores de este proyecto, porque nos permite iniciar el camino hacia un análisis bastante más sustantivo que el contenido en el tema de que trata -sin subestimarlo, al contrario-, que alude a un asunto de larga data: el de las sociedades espejo, respecto de las cuales hemos hecho vista gorda -por así decirlo- durante muchas décadas. Me explico. Aun cuando la iniciativa es muy acotada y se refiere a ese tipo de sociedades -principalmente asociadas a inmobiliarias-, relacionadas con universidades no estatales, obviamente se inserta en una discusión mayor, como la concerniente al lucro. Sin duda alguna, con el paso de los días y las semanas, su texto se refundirá -recordemos que nos hallamos en su discusión en general y, según espero, lo vamos a aprobar- con otro proyecto, iniciado en una moción presentada en el Senado, que será conocido como "Ley contra el lucro", el cual lleva ya 23 firmas de adhesión y requiere 22 votos para su aprobación. Por otro lado, es obvio que todos hemos sido remecidos, conmovidos -en el mejor sentido de la palabra- por el "¡No al lucro!", esgrimido como consigna por las movilizaciones de estudiantes en la calle. Pero debemos tratar de escudriñar qué hay detrás de ese lema, propio de la calle, para entender cómo ha logrado congregar no solo a un movimiento estudiantil, sino también a uno social y ciudadano de una envergadura tal que no podemos desconocer, y para intentar darle un contenido. Quiero decir que no tenemos que temer a estos movimientos "sociales", "estudiantiles", "ciudadanos" -o como queramos llamarlos-, ni tampoco, estigmatizarlos. Debemos tratar de descifrar el verdadero motivo de lo que ocurre en las calles de nuestro país con las movilizaciones sociales no solo de estudiantes, sino también de ecologistas, minorías sexuales, agricultores -no olvidemos la reunión de 6 mil agricultores en Requínoa hace algunos meses-, en fin, lo cual refleja un clima de efervescencia social. En verdad, señor Presidente, lo que está pasando en Chile -por eso no hay que dramatizar, como tampoco estigmatizar ni menos descalificar- es de manual. El abecé de la sociología política dice que la modernización es, en sí misma, disruptiva. Samuel Huntington (gran sociólogo) escribió un libro en 1968 -se ha hablado mucho aquí del Mayo del 68- llamado El orden político en las sociedades en cambio, en el cual cuestiona de alguna manera -perdonen esta digresión académica- la ecuación optimista de Seymour Martin Lipset (otro gran sociólogo político estadounidense), según la cual "el desarrollo económico conducía a la estabilidad política". Así, Huntington afirma que pareciera ser lo contrario: "que la modernización conduce a la inestabilidad política, a la movilización social, y es, en sí misma, disruptiva". Además, es muy interesante lo que señala -reitero mis disculpas por mi digresión- en el sentido de que la movilización social, que se desata por la fuerza de la modernización, del desarrollo económico, generando todo tipo de contradicciones, revolución de las expectativas, etcétera, puede y debe ser conducida por las instituciones. Esa teoría sobre la institucionalización política de los movimientos sociales es clave. Dicho autor expresa que cuando aquellos pasan, por así decirlo, por el lado de las instituciones -a lo mejor, eso nos está ocurriendo-, se produce un desborde institucional, un "pretorianismo de masas", como él lo denomina. Esto es de temer cuando no es conducido, canalizado, por entidades políticas. Por lo tanto, en su alegato apela a que las instituciones políticas deben y pueden conducir, canalizar, esos fenómenos de cambio social comúnmente asociados a la modernización y al desarrollo económico. He traído a la consideración del Senado estas reflexiones de Huntington, de 1968, porque tienen mucho que ver con lo que estamos realizando. Es decir, nuestro papel como instituciones del Estado, como partidos políticos, como Parlamento, es dirigir, conducir, no escondernos ni diluirnos en la movilización social. No somos un movimiento ni una organización social -de hecho nuestro Partido Demócrata Cristiano sostiene como principio doctrinario el respeto por la autonomía de los cuerpos intermedios, de los movimientos sociales-, pero sí una institución. Y no hay sustituto para las instituciones de la democracia representativa. Escribí una carta a la sección Opinión de El Mercurio, que salió publicada hoy, en la que desarrollo tal argumento. De nosotros se espera, no que nos hagamos eco o que actuemos como caja de resonancia del movimiento social, sino que sepamos conducirlo como instituciones del Estado, para evitar el desborde institucional, el "pretorianismo de masas", que siempre se encuentra latente como amenaza tras las movilizaciones sociales. En tal contexto deben entenderse las 37 propuestas formuladas por los cuatro Presidentes de Partidos de la Concertación hace dos o tres semanas, en respuesta a la agenda social que nos presentó el movimiento estudiantil, con sus dirigentes secundarios y universitarios, en el ex Congreso Nacional, en Santiago. A nuestro juicio, el Gran Acuerdo Nacional por la Educación (GANE) -que obviamente contiene algunos aportes parciales pero limitados en materia de becas, de créditos, de la creación de la Superintendencia de Educación Superior- no va al fondo del asunto: a los llamados cambios estructurales requeridos por nuestro sistema educativo. Esto ha sido instalado hoy día en la calle por el movimiento estudiantil, que cuenta con gran apoyo social y demanda algo muy justo y legítimo: una educación pública y privada equitativa y de calidad para todos. Aterrizando esto en el tema del lucro, porque el proyecto en debate respecto de las sociedades espejo debe ubicarse en el contexto más amplio de la iniciativa sobre el lucro a la que me referí, he llegado a una convicción personal muy profunda como militante de la Democracia Cristiana. Porque este Partido siempre ha abogado por conciliar el derecho a la educación con la libertad de enseñanza; por la existencia de espacios para la educación pública y para la privada, sin perder de vista que la educación es un bien público, un derecho humano fundamental de tipo social, pero que puede ser servido por un sistema de provisión y financiamiento público y privado. En el proyecto mencionado -ya cuenta con 23 firmas de adhesión- consignamos que el establecimiento educacional que recibe fondos públicos, especialmente de enseñanza básica y media, no puede hacer dos cosas: 1.- Seleccionar alumnos. De acuerdo con la Ley General de Educación, la no selección rige hasta sexto básico, por lo que queremos extenderla a la enseñanza media. En consecuencia, el colegio que funcione con aportes estatales -recordemos que 5 mil millones de dólares al año, casi el 10 por ciento del presupuesto de la nación, se destinan, vía subvención, a la educación básica y media- no podrá seleccionar alumnos, salvo en algunos casos especiales, como en los establecimientos educacionales artísticos y en los de excelencia (por ejemplo, el Instituto Nacional y otros), que corresponden a la excepción que confirma la regla. 2.- Lucrar. Porque si un establecimiento educacional recibe fondos del Estado, es obvio que debe invertirlos en educación, o sea, en lo que corresponde a su giro. Asimismo, la iniciativa en comento propone algo muy revolucionario: que a medida que aumente la subvención general o la especial preferencial hacia un óptimo para lograr una escuela de calidad, a alrededor de unos 110 mil pesos, por ejemplo -hoy día estamos como en 70 mil pesos-, debería disminuir en forma inversamente proporcional el financiamiento compartido hasta su virtual eliminación. Son cambios de fondo como estos los que insinúa el movimiento estudiantil. Además, se habla del financiamiento basal (piso) para una escuela pública básica o media, por el hecho de revestir tal calidad; de la llamada desmunicipalización -recordemos que el Gobierno tiene que enviar el proyecto pertinente antes del 30 de septiembre-; del denominado "AUGE de la educación superior": derechos garantizados para ayudas estudiantiles, sistema único de becas, gratuidad para el 60 por ciento de los jóvenes provenientes de sectores de menores ingresos y algún tipo de ayuda similar al crédito solidario actual para el 40 por ciento de mayores ingresos; de la creación de la Superintendencia de Educación Superior, etcétera. Señor Presidente , el proyecto en discusión apunta en la dirección correcta. Se trata de colocarle el cascabel al gato, de hacer frente a la realidad de estas sociedades espejo, de las inmobiliarias que sirven de apoyo financiero, eludiendo la letra y el espíritu de la ley. Queda pendiente, sí -con esto termino-, un asunto muy importante: el de los artículos transitorios. Hemos conversado respecto de que a la iniciativa en análisis le faltan esas disposiciones, y también al proyecto de ley sobre el lucro. Es decir, se debería otorgar un plazo de unos dos años para que los establecimientos educacionales se adecuaran a las nuevas normas. Porque no queremos que esto genere un efecto disruptivo, que termine con la educación privada ni mucho menos. Al contrario, creo que hay un espacio muy relevante para dicho ámbito: hoy el 55 por ciento de la educación en Chile es particular subvencionada. Entonces, en el entendido de que el proyecto debe refundirse con el relativo al lucro -seguramente ello ocurrirá en la discusión en particular-, y de que faltan los artículos transitorios para permitir esa adecuación, anuncio mi voto a favor. He dicho. El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , el Comité Renovación Nacional, que tiene plena voluntad de legislar sobre esta materia, considerando que existe un proyecto en la Comisión de Educación -en ella se está escuchando a la ciudadanía- que trata acerca del mismo tema y tomando en cuenta el anuncio formulado hace unos minutos por el Presidente de la República respecto del envío de una iniciativa concerniente a este asunto, solicita segunda discusión para el proyecto en debate. Existe una total voluntad en esta bancada para fiscalizar el cumplimiento de la ley. Creo que acá se ha manifestado la disposición sobre el particular del Gobierno y del Ministro de Educación . Y el Comité Renovación Nacional, con el ánimo de legislar, de escuchar a la ciudadanía en la Comisión de Educación y, sin lugar a dudas, de que se refunda el proyecto en análisis con el resto de las iniciativas actualmente en tramitación, formula la petición mencionada. El señor QUINTANA.- Estamos tomando nota. Les vamos a cobrar lo señalado. El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende. La señora ALLENDE.- Señor Presidente, estimo indispensable que aprobemos la presente iniciativa, bastante sencilla, acotada y clara, mediante la cual intentamos, con transparencia, terminar con prácticas que se han venido realizando por mucho tiempo. En ese punto, reconocemos nuestra falta de fiscalización. Pero más vale tarde que nunca. Y hoy creo que se ha agotado la paciencia respecto al uso durante todos estos años por los organismos directivos de instituciones de educación superior, que por ley no deben tener fines de lucro, de este tipo de subterfugios para evadir la normativa que lo prohíbe. Es lo que conocemos y se ha descrito como "sociedades espejo". Resulta lamentable tener que legislar sobre algo que debiera cumplirse sin más. Pero este es el país donde nos encontramos. Y queremos enfrentar esta situación -así lo hemos manifestado- apoyando esta iniciativa, porque creemos que es hora de hacerlo. Señor Presidente , por su intermedio, le señalo al Senador Chahuán que aprobar el proyecto en análisis en nada se contrapone con seguir tratando la iniciativa más amplia a la que se refirió, en el contexto de la cual ayer recibimos a un sinnúmero de estudiantes y también a Mario Waissbluth , de Educación 2020. Y en algún momento es perfectamente posible que ambos textos se complementen o fusionen. Además, vendrá otro proyecto, presentado por mi bancada hace bastante tiempo, que plantea una reforma educacional profunda a fin de que se considere a la educación un bien público y no de mercado, como en la actualidad, y se garantice el acceso a ella, su gratuidad y, sobre todo, su calidad. Pero, como aquí se ha mencionado, este tema tan acotado no puede sino mirarse dentro de un contexto más amplio. Y este nos indica que por fortuna hoy día la discusión pública chilena ha cambiado. Ahora los énfasis están puestos en contar o no con una educación pública de calidad; en terminar o no con el lucro; en ver a la educación como un bien de consumo o como un bien público. Y ese cambio en el clima, en la discusión y en el apoyo que la ciudadanía manifiesta -según la encuesta CEP, el 80 por ciento de ella está dispuesta a terminar con el lucro- tiene que ver con las movilizaciones de estudiantes. Si no fuera por ellos, por sus casi tres meses de manifestaciones, con una perseverancia, con un sacrificio, incluso con dolor (recordemos que algunos escolares secundarios llevan adelante una huelga de hambre, que ha pasado a ser seca), todavía nos encontraríamos en lo que anunció el Gobierno, con grandes bombos y platillos -como nos tiene acostumbrados-: "El año 2011, el año de la educación superior". Repito: de no ser por las movilizaciones, no estaríamos hoy en condiciones de avanzar con algo muy concreto, pero importante por la señal que envía, porque creemos que este sistema ya no da más. En los ochenta -como es bien conocido- se instaló uno de los sistemas más drásticos, más extremos del mundo en educación privatizada, la cual ha funcionado durante todos estos años prácticamente de una forma desregulada. Y, además, la educación pública fue traspasada a los municipios. Eso ha significado, en un país tan desigual como el nuestro, una segregación aún mayor. Es decir, derivó en la existencia de guetos educacionales, donde jóvenes de familias adineradas conviven entre sí y los más pobres con los de igual condición, sin que haya integración entre ellos. A la vez, no hemos podido establecer una educación pública de calidad en todos sus niveles como un derecho fundamental garantizado por el Estado, con respecto a la cual exista una institución acreditadora capaz de velar por su calidad. Claramente, ello exige de nosotros una respuesta profunda. Hoy día tenemos en la educación superior, como han mencionado algunos analistas, los aranceles más caros del mundo con relación al ingreso per cápita. Y, además, existe el incentivo perverso de que muchas de estas instituciones no exigen mayor selección, con lo que se prolongan innecesariamente los estudios, lo que genera familias endeudadas y jóvenes que al egresar quedan debiendo por décadas. La pregunta es cuánto tiempo más resiste tal sistema sin un cambio profundo. "El año de la educación superior", se nos decía. Se anuncia una superintendencia que tendrá que fiscalizar. Nos alegramos por ello y lo vamos a apoyar. Pero también planteamos lo siguiente: Que las becas deben cubrir por lo menos al 70 o 60 por ciento de las familias con menos recursos. Que el crédito no puede seguir con la actual dualidad, entre el 2 y casi el 7 por ciento. Evidentemente, ha de reducirse al 2 por ciento. No es posible que existan dos tipos de crédito, porque ello discrimina. Que se necesita la participación activa de los estudiantes. Esto se ha impedido hasta ahora, lo que resulta absurdo y no es propio de la democracia. Que se ha de fomentar la interculturalidad y la integración en nuestro sistema educativo. A la vez, es tremendo que haya quienes comienzan sus estudios y, por no existir suficientes acreditación, seguimiento, evaluación o aseguramiento de su calidad, registren una deserción altísima. También sucede que una carrera desaparece, como ocurrió poco tiempo atrás con la de Criminología, cuyos alumnos quedaron botados a la mitad. Entonces, mi consulta es ¿cuánto tiempo más vamos a esperar para efectuar una reforma profunda y verdadera? Creo que nos queda cada vez menos tiempo. Los estudiantes nos han planteado un desafío. Gracias a ellos ahora estamos preocupados de esta materia y gracias a ellos es probable que los anuncios que realice hoy el Ministro vayan en la dirección correcta. Porque, lamentablemente, su respuesta inicial no se hacía cargo de los asuntos más sustantivos -los que en realidad importaban- y que consistían precisamente en clarificar el rol del Estado (esa necesaria reforma constitucional que estamos esperando); el fin del lucro; la trasparencia en el sistema educativo; la reestructuración completa de todo el sistema de educación superior; la denominada "desmunicipalización", siempre y cuando esta signifique el fortalecimiento de la educación pública. Sin embargo, nada de eso ha sido considerado. Por lo tanto, aspiramos a que en los anuncios del Ejecutivo esté el ánimo de dar una respuesta seria, profunda y contundente a lo que nos están pidiendo no solo los estudiantes, sino también sus padres, sus familias y los apoderados, cansados de una nación tan desigual; cansados de tener que endeudarse; cansados de verse obligados a escoger cuál de sus dos o tres hijos podrá llegar a la universidad; cansados de pagar. En Chile, las familias costean el 80 por ciento de la educación de sus hijos, mientras que en los países más desarrollados y en los de la OCDE -de la cual ahora formamos parte- sucede exactamente a la inversa. Aquí permitimos que las familias paguen ese porcentaje para la educación. Entonces, surge la pregunta: ¿cuánto tiempo más resistirá este sistema? Por eso estamos por una reforma profunda, por un cambio real, por una educación que tenga el carácter de bien púbico; pero no por más cambios cosméticos. Asumimos, en forma autocrítica, aquello que se nos imputa: que nos faltó capacidad en la movilización de los "pingüinos" en 2006. Pero, en esta ocasión, sostenemos con toda claridad que no aceptaremos cambios superficiales que no vayan al fondo y a la esencia del modelo, que ya no da para más y que debemos reformar; que es fundamental que entre todos construyamos una sociedad más equitativa, más plural, más democrática. Y ello comienza con una mirada profunda de cómo nosotros entendemos la educación. La educación es un bien público que hay que garantizar, pero que implica costos. Y si no va a haber gratuidad total, podemos beneficiar, al menos -¡al menos!-, al 60 u 80 por ciento de los que poseen menos recursos. Y, claramente, el país tiene capacidad suficiente. Y ello compete al Ejecutivo. Por eso, queremos que se comprometa, pues no basta con el fondo de 4 mil millones de dólares para la educación. Y eso lo sabemos todos. En definitiva, decimos al Gobierno que se requiere una reforma tributaria -tenemos espacio suficiente- que genere auténticamente los recursos y que Chile sea capaz de llegar a poco más del 2 por ciento del PIB para gasto en educación. Porque el actual porcentaje es inferior y nos convierte en uno de los países con menor inversión en tal rubro. Mientras que, por otro lado, la famosa Ley Reservada del Cobre, que entrega el 10 por ciento de las ventas del metal rojo a las Fuerzas Armadas, permite gastar cifras que no corresponden a lo que buscamos como sociedad. Vamos a aprobar el proyecto, en el entendido de que constituye un paso dentro de muchos otros que queremos dar. Esperamos, entonces, los anuncios del Gobierno y la iniciativa que tendrá. Asimismo, anuncio que haremos nuestros aportes en donde tenemos iniciativa, porque es un compromiso con lo que sentimos que corresponde a nuestro deber y obligación con aquellas familias que han soñado con la posibilidad de que sus hijos accedan a la educación técnico-profesional o a la superior. Y, lamentablemente, hoy día esos sueños se ven, en gran medida, frustrados por la mala calidad de la educación, por los aranceles exagerados, por la falta de crédito o por el alto costo de este. Por lo tanto, considero que este paso es positivo. Por eso, voto a favor. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide. El señor RUIZ-ESQUIDE .- Señor Presidente , el proyecto que hoy nos ocupa presenta características ya planteadas por otros señores Senadores, a cuyos planteamientos adhiero. Sin embargo, deseo precisar 3 o 4 puntos. El primero, que me hace fuerza, dice relación a que hay que entender y diagnosticar adecuadamente la situación que vive el país. Porque no se trata solo de una movilización de los estudiantes por un tema preciso. Se debe reconocer que aquí se manifiesta una irritación en la sociedad chilena, de la cual se hacen cargo los estudiantes con peticiones específicas frente a carencias que los afectan, y a aquellos se suman otras personas, colectividades y comunidades, que plantean diversos problemas. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es si acaso tenemos algún diagnóstico de la situación actual o si hemos de llegar de alguna manera a una respuesta más precisa de por qué en Chile, pese al cúmulo de riquezas que posee; al crecimiento que exhibe; a ser llamado "el Estado mejor administrado de América Latina", con una tasa de desarrollo que ya se quisieran otros países, la gente no está satisfecha; por qué reclaman, no solo los estudiantes, sino también la sociedad en su conjunto. Y no queda ningún sector que se haya abstenido de criticar la situación actual. Estimo que este no es el momento para analizar aquello. Sin embargo, es claro que no podríamos resolver el conflicto de los estudiantes -a mi juicio, no lo haremos- de no realizarse un diagnóstico más profundo de lo que se ha llamado la "indignación", la "crispación" o el "desasosiego social", que uno sabe dónde comienza, pero no dónde termina. En décadas pasadas, Chile vivió una situación como esta, y los resultados no fueron buenos ni para ganadores ni para perdedores. Los que triunfaron destrozaron la sociedad chilena, y quienes perdimos con el golpe militar tuvimos que pagar un altísimo precio en nuestras vidas y en nuestra visión de país. ¿Qué sentido tiene el proyecto? No voy a repetir las expresiones de los señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra. Pero, evidentemente, esta iniciativa es pequeñita en medio de la enorme cantidad de problemas que debemos resolver en educación. La pregunta que nos hacemos permanentemente es si llegó el momento de solucionar a fondo la situación o si puede hacerse en forma parcial, en determinado plazo, y continuar resolviendo más adelante los puntos pendientes. A mi juicio, estamos en un punto crucial de inflexión. Durante los años anteriores se dijo, y en esta oportunidad el actual oficialismo lo ha repetido -lo asumiré con toda franqueza-: "La Concertación carece de autoridad moral para criticar lo que hoy está ocurriendo". Quiero recordar que como miembro de la Comisión de Educación durante los tres Gobiernos pasados, junto con el actual Ministro señor Larroulet -quien entonces representaba a la Oposición-, nos correspondió discutir los tres o cuatro proyectos de ley que se aprobaron en esa época y también los que fueron despachados después en la Administración del Presidente Piñera. Entonces, cuando nos dicen que no hicimos nada, debo aclarar que realizamos lo que pudimos. Porque, en ese período, hubo una oposición brutal de parte de los partidos Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional para aprobar alguna iniciativa que implicara avances en materia de educación. Ello cuajó en los dos primeros proyectos que firmamos y negociamos; elaboramos casi un protocolo sobre la materia. Por lo tanto, no fuimos capaces de mejorar la educación pública porque no tuvimos los votos para hacerlo. Esa es una realidad objetiva, que conocimos yo y otros señores Senadores que todavía forman parte de la Corporación. Entonces, ahora habría que tomar algunas decisiones. La primera, declarar que llegó el momento de hacerlo todo. Y aunque parezca extraño plantearlo así, es la única realidad. O sea, hacerlo todo ahora, cuando "aún tenemos sol bajo las venas" -como dice un viejo poeta español-, porque no vamos a tener otra oportunidad. Honestamente, después de muchos años en política, puedo señalar que debe entenderse que algunos elementos se presentan en cierta ocasión y que se han de aprovechar de inmediato. Como indica un dicho católico: "Deja de hacer lo que hay que hacer, porque Jesús pasa y no vuelve". Excúsenme que lo diga en estos términos: si no arreglamos ahora lo que sucede con la educación chilena, después no será posible, porque nuestra realidad como país se va a complejizar, incluso desde el punto de vista político, sea cual fuere el Gobierno que surja a partir de las próximas elecciones presidenciales. Por lo tanto, en ese marco se debe efectuar esa deducción sobre el proyecto en análisis. Segunda decisión: además de entender lo que ocurre con el problema de la educación hoy día, hay un asunto específico que tendremos que resolver. Aquí no solo se dan opiniones distintas sobre la educación, sino que hay una visión de país diferente. Y, sobre la base de esas diversas realidades, se puede llegar a grandes acuerdos. Pero algunos no será factible lograrlos. Por ejemplo, en lo que hemos estado discutiendo largamente en los últimos dos meses, si bien puede haber una salud y una educación públicas -y respetamos el que se quiera levantarlas en virtud de los derechos constitucionales-, hay quienes pensamos que ambas deben ser gratuitas. ¡Así de claro! Me dirán que eso es retrógrado y que significa retroceso, porque implica dar educación gratuita a personas que perciben altas rentas en una nación tremendamente injusta en cuanto a la distribución del ingreso. Entonces, hay ahí una pequeña modificación por hacer, como la efectuada en otros países, que implique, a lo menos en materia de educación superior, enmiendas específicas para corregir esa distorsión. Pero no en la enseñanza básica y media. En esas condiciones, señor Presidente, voy a aprobar lo que se nos propone -se trata de un buen proyecto-, pero en el contexto general en que estamos hablando. Cabe señalar que el debate se ha centrado en qué puede hacer el Gobierno después de la brutal declaración de los estudiantes: "No queremos nada, ni con el Congreso ni con ninguna institucionalidad". La pregunta es si aún podemos realizar algo. Quiero levantar mi voz en el Senado para hacer respetar en una democracia como la nuestra el legítimo derecho de los alumnos a levantarse y a realizar manifestaciones. Todos quienes estamos aquí fuimos alguna vez, en nuestra juventud, dirigentes estudiantiles y organizamos movimientos que duraron tanto como el actual. Lo único que debo agregar es que siempre, durante toda la vida, hemos sostenido que la violencia no ayuda a tales movilizaciones, y que es preciso pensar en los infiltrados, que son los que realmente provocan los desmanes. Y eso no es inhabitual en los Gobiernos. Otra cosa que quiero enfatizar es que nosotros, a pesar del rechazo, debemos seguir esforzándonos para que el Parlamento sea no solo un lugar para analizar y para acoger la conversación, sino también, de alguna forma, no conductor pero sí inspirador del proceso de discusión que el país requiere. Señor Presidente , no he escuchado las últimas declaraciones del Ministro de Educación , señor Felipe Bulnes , pero tengo la impresión de que el Gobierno está jugando una estrategia peligrosa al permanecer en una suerte de espera -al estilo del viejo adagio conforme al cual hay que sentarse para ver pasar el cadáver del enemigo- y no solucionar nada. Plantea muchos temas anexos, pero nunca va al fondo. Uno tiene la sensación de que está esperando que el movimiento estudiantil se canse, se agote y termine entonces en punta, como muchos otros problemas de Chile que no asumimos. Por eso, voy a votar favorablemente. Y espero que podamos seguir trabajando en la línea acordada en el Senado e incluso en lo que los Presidentes de ambas ramas del Congreso han organizado. El señor GIRARDI ( Presidente ).- El Senador señor Horvath solicita autorización para que la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura pueda sesionar paralelamente con la Sala. Si no hay objeciones, así se acordará. --Se autoriza. El señor GIRARDI ( Presidente ).- Ha llegado a la Mesa el proyecto de acuerdo, de los Senadores señor Gómez, señoras Allende, Alvear, Pérez San Martín y Rincón y señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés), sobre el establecimiento de una educación intercultural que incluya a los pueblos indígenas (boletín N° S 1395-12). Si le parece a la Sala, se incluirá en la tabla de la presente sesión. --Así se acuerda. )----------( El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto. El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente , en esta ocasión debatimos una materia muy trascendente, puesta de relieve por miles de estudiantes que se hallan movilizados en todo el país en demanda de un cambio profundo del sistema educacional chileno. La principal petición de los jóvenes se sintetiza en terminar con el lucro en la educación y avanzar hacia la gratuidad de la enseñanza. Quiero ilustrar la importancia, transversalidad y larga historia y alcance de esta lucha en dos citas. Primera: "Voy a votar en contra de esta indicación para dar subvenciones a las escuelas particulares, desde luego porque, como decía el honorable señor Barbosa , creo que se debe pagar la enseñanza de las escuelas, pero no tienen derecho a cobrarlas los que convierten esta enseñanza en una industria.". Esas palabras no son recientes. Se trata de parte de una intervención del Diputado radical Carlos Ruiz Bahamonde , vertida en la Cámara Baja en la década del 20: vale decir, hace ya casi un siglo, con motivo de la discusión de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. En esa oportunidad, el precio cobrado por las bancadas conservadoras para la aprobación de ese avance histórico fue que el Estado subsidiara a los privados cuando tuvieran que disponer de instrucción para cumplir la ley, como en el caso de fundos y actividades industriales. Cualquier parecido con los dichos del ex Presidente Ricardo Lagos, formulados hace algunos días a los medios de comunicación, es mera coincidencia. Rotundo, claro, preciso: no tienen derecho a cobrar subvenciones públicas los que convierten la enseñanza en una industria. Deseo traer a colación otra opinión que me parece preponderante y que podrá causar más de alguna sorpresa. Está expresada en tercera persona, ya que es una transcripción de dichos en una Comisión. Cito: "...uno de los principios que ha estado sustentando con todas las autoridades escolares privadas, sean laicas o religiosas, es el de que si hay alguna actividad en la que el lucro no debe tener lugar, es en la enseñanza. Así que no puede hablarse de colegios que persigan o no persigan fines de lucro. Los colegios, en opinión del Gobierno, no deben perseguir fines de lucro. Deben tener la remuneración que es apropiada; pero que no sea para ganar dinero el que se forme un colegio.". Lo anterior corresponde a uno de los primeros Ministros de Educación de la dictadura: el Contralmirante Arturo Troncoso Daroch, y fue expuesto en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, en junio de 1976, cuando se discutía la norma referida al derecho a la educación. En tal instancia hubo una interesante discusión. Y fue el señor Sergio Díez , ex Senador y ex Presidente de Renovación Nacional , quien propuso que, en lugar de que la línea divisoria para que los establecimientos educacionales pudieran obtener subvenciones fiscales fuera la gratuidad, se distinguiera según si los planteles perseguían o no fines de lucro. La mención no prosperó, pero estuvo en la idea de la mayoría de los comisionados el establecer que no podrían destinarse recursos públicos a establecimientos con fines de lucro. En definitiva se optó, sin embargo, por una disposición más genérica y ambigua, que dejara lo relativo al financiamiento en manos de la legislación específica. Dos momentos, muy distintos protagonistas, una coincidencia: la educación es incompatible con el lucro. O, a lo menos, el lucro en la enseñanza no puede ser financiado con recursos públicos. Tan simple y claro como eso; como lo dijo el Diputado Ruiz Bahamonde hace casi un siglo. Este principio permeó la propia Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), cuerpo legal que, ciertamente, no se caracterizó por su pluralismo y el carácter progresista de sus normas. Sin embargo, se idearon fórmulas para burlarlo. Las sociedades inmobiliarias espejo fueron el instrumento elegido. Ello explica cómo universidades sin fines de lucro son vendidas hoy en millones de dólares; evidentemente, porque las utilidades se obtienen por el lado, mediante sociedades inmobiliarias que arriendan sus inmuebles a los planteles. Lo anterior es, sin duda, un lavado de dinero, una fórmula jurídica y económica para transformar en lícitos dineros habidos en forma absolutamente ilegal. Por lo anterior, señor Presidente y Honorables colegas, apoyo decididamente este proyecto, con una precisión, cual es entender que no estamos corrigiendo un error u omisión de la ley y, por tanto, propiciando un borrón y cuenta nueva de las ilegalidades ocurridas. Concurriré a votar favorablemente esta iniciativa, en el entendido de que damos una señal a la opinión pública y precisamos una norma para que a su respecto no haya duda alguna. Pero no estamos dictando un perdonazo. Si ha habido acciones ilegales, deben ser investigadas y sancionadas. He dicho. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi. El señor ROSSI.- Señor Presidente , el Senador Ignacio Walker planteaba una visión crítica respecto de los plebiscitos. Decía que constituyen la expresión de una crisis muy profunda en torno al funcionamiento de la democracia, del Estado, del Congreso Nacional, de las instituciones. Yo me pregunto qué expresión más clara y más nítida de que estamos viviendo una profunda crisis de legitimidad del sistema político en su conjunto que el hecho de estar discutiendo hoy un tema que se halla en el corazón del debate público, en el corazón de las movilizaciones estudiantiles, sin nadie en las tribunas y con una Derecha -o Coalición por el Cambio- que pide segunda discusión para la iniciativa, lo que, dicho en castellano, significa: "Chuteemos el proyecto porque tenemos problemas para aprobarlo". ¡Qué falta de sintonía más grande ha mostrado el Congreso Nacional con lo que está ocurriendo en la calle! ¡Y después nos preguntamos por qué es necesario un plebiscito, por qué es necesario cambiar la Constitución! Y es porque nuestra democracia, nuestro sistema político representativo, nuestras instituciones, se encuentran en una profunda crisis: una crisis de confianza, una crisis de credibilidad, que se manifiesta hoy día en el Senado. ¿Cuántos Senadores hay en este momento en la Sala? ¿Siete? Y los jóvenes, ¿dónde están? Porque, efectivamente, me gustaría que hubiera una presión social para que lo planteado por el Senador Chahuán al comienzo de la sesión (postergar la votación de este proyecto, tan importante) no fuera posible. Por eso, soy enemigo de llamar a deponer las movilizaciones; soy enemigo de transformar al Congreso, que es un Poder del Estado , en una mesa de diálogo insípida, donde las diferencias se diluyen. Si hemos llegado a este punto, casi muerto, impávidos frente a lo que pasa afuera, en la calle, en todo Chile, es porque tenemos profundas diferencias respecto de cómo vemos la educación y qué tipo de sociedad queremos construir. ¡Ese es el tema de fondo! Este proyecto de ley, tal como sostuvo el Senador Muñoz Aburto , de alguna manera viene a tratar de frenar la ilegalidad y la ilegitimidad, la práctica ilegal e ilegítima que se ha venido desarrollando durante tantos años, relacionada con el lucro en la educación superior. Algunos sabios que escriben columnas en los diarios afirman que el lucro es bueno, que ayuda a la calidad. Yo les diría que están muy equivocados, porque la evidencia educativa a nivel internacional demuestra justamente todo lo contrario: que el lucro no solo no promueve la calidad, sino que profundiza la inequidad y la desigualdad. ¡Eliminar el lucro sí importa y constituye más que una consigna! Y cuando hablo de lucro no me refiero únicamente a lo que ocurre en la educación superior; también a lo que se observa en la educación básica y media. Se sostiene que la gente puede comparar distintas realidades educacionales, como si existiese una simetría entre la información que maneja la ciudadanía (los padres y apoderados) y la que posee un sostenedor, un director o un rector de universidad. Pareciera que pensáramos que una familia dispone de todos los antecedentes necesarios para tomar una buena decisión. Y si analizamos realidades similares -peras con peras, manzanas con manzanas, y no lo contrario- y comparamos el rendimiento de un niño vulnerable que asiste a un colegio particular subvencionado con el de otro perteneciente a un establecimiento municipal, nos encontramos con que, desde el punto de vista de la calidad, le va mejor a este último. Evidentemente, si la comparación se efectúa con jóvenes situados en otro contexto sociocultural, educativo, las diferencias se expresan. Entonces, el lucro no significa mayor calidad. Lo malo, al final del día, es que el espíritu, el motor del sistema educacional, se transforma en un negocio, al que ingresan empresarios inescrupulosos que, como muy bien dijo Giorgio Jackson ayer , buscan tener más jóvenes en un aula y más aulas en una escuela. Porque de eso se trata. Por ello, lo que se haga ahora también debe significar una sanción moral para quienes han incurrido en esta práctica ilegal, ilegítima e inmoral. ¡No puede haber impunidad! Ministros de Estado del actual Gobierno han violado la ley a sabiendas. Nadie puede decir que alguien que participa de una sociedad espejo formando parte de una corporación sin fines de lucro para la educación superior lo hace sin saber. ¡De qué estamos hablando! Lo hace teniendo claro que es algo ilegal. Se trata de verdaderas asociaciones ilícitas. Por eso digo que aquí tiene que haber también una sanción moral, porque este es un tema ético. Un individuo que ha incurrido en este delito no se encuentra habilitado para ser servidor público. ¡No puede ser Ministro de Estado ! ¡Es una verdadera inmoralidad! Los jóvenes hoy día han puesto el dedo en la llaga, han remecido la conciencia colectiva de Chile. ¡Y eso es lo que el Congreso debiera sancionar hoy día! Lamento profundamente que la Derecha haya pedido segunda discusión. Porque hay un sentido de urgencia, porque hay jóvenes en Buin a punto de morir que han bajado ocho, doce kilos. ¡Esas son las cosas que le importan a la ciudadanía: que nos pronunciemos respecto del financiamiento, respecto de la institucionalidad, respecto del lucro! ¡Eso es lo que estamos haciendo ahora! ¿Y por qué estamos debatiendo ese tema y no sobre el financiamiento o la institucionalidad? Porque no tenemos facultad para presentar iniciativas legales en estas materias. ¡No entiendo cómo un Gobierno, a un mes y medio desde que lanzó la propuesta del GANE, con medio Chile en la calle, con una crisis profunda, no haga ningún planteamiento, no presente ningún proyecto de ley en concreto! ¿Saben qué, señores Senadores? Creo que ni siquiera se trata de indolencia o impericia; es que son tan grandes las diferencias y las contradicciones al interior del Gobierno que son incapaces de ponerse de acuerdo. Porque lo que piensan al final del día no coincide con el sentido ciudadano que se observa en las calles de nuestro país. El Ministro Bulnes dijo hoy que el lucro es bueno para la educación. Y a mí me parece que el lucro es malo, por las razones que he indicado. Porque es un motor inadecuado; porque la educación es un bien público; porque ella tiene que ver con la sociedad que queremos construir, con el tipo de ciudadano que queremos formar, con los valores que se entregan. El currículum de una escuela pública se relaciona con la diversidad que existe en la sociedad. Por eso, opino que el proyecto en discusión representa un avance en ese sentido. También lo sería una reforma constitucional. Sin embargo, señores Senadores, ha transcurrido un mes y medio y todavía el Gobierno no presenta una modificación a la Carta donde el Estado asegure no solo el acceso a la educación, sino también su calidad. Debemos abrir un debate ahora, tal como lo plantearon ayer los secundarios en la Comisión del ramo, acerca del lucro en los niveles básico y medio. Aquí se ha señalado que en muchos lugares del mundo hay subvención en la educación. ¡Por supuesto que la hay! Pero debo hacer presentes dos salvedades: en esos casos no se acepta el copago (no existe financiamiento compartido), y no se persiguen fines de lucro. ¡Son dos pequeñas pero tremendamente grandes diferencias! Por eso tenemos que poner fin al financiamiento compartido y al lucro en esos niveles. Finalmente, un señor Senador manifestó que hicimos vista gorda frente al problema del lucro. ¡Claro, a lo mejor hicimos vista gorda, pero porque había otros temas, quizás más urgentes; porque nos faltaron las mayorías para abordarlo; porque, tal vez, nos faltó el coraje para enfrentar lo que estaba pasando delante de nuestras narices! Pero haber hecho la vista gorda no es comparable con ser cómplice o con haber cometido el delito de lucrar con el bolsillo de los más pobres y con los recursos del Estado de Chile, como lo han hecho muchas personas, incluso Ministros del actual Gobierno. He dicho. )---------------( El señor GIRARDI ( Presidente ).- El Senador señor Rossi me ha solicitado ampliar el plazo para la presentación de indicaciones al proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en lo referente a la regulación de las farmacias y los medicamentos. Lo habíamos establecido hasta hoy, a las 18, porque mañana había una sesión, pero ella se suspendió. Por tanto, propongo extenderlo hasta el viernes, a la misma hora. ¿Le parece a la Sala? --Así se acuerda. )----------------( El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma. El señor COLOMA.- Señor Presidente , no me cabe duda de que las últimas semanas han sido especiales para Chile y para la educación. Particularmente, desde el inicio del movimiento estudiantil, pudimos entender que había una lógica de justicia en varios de sus planteamientos, que yo, a propósito de este debate -que, obviamente, será seguido por otros respecto del mismo tema- resumiría en tres grandes líneas centrales, más otra que se deriva de una de ellas. En primer término, está el acceso a la educación, que es, a mi juicio, el primer problema relevante que se ha desnudado en estos días. Eso se vincula con dos tipos de acceso. Uno de ellos se refiere a la educación superior, donde las cifras indican que aquel llega a poco menos del 50 por ciento. La educación superior es el gran ascensor social de Chile. Existe una directa relación entre el ingreso de una persona y la clase de educación que ha recibido. A este respecto, se hace necesario modificar disposiciones o buscar nuevos mecanismos -lo cual se relaciona con el segundo de los puntos: el financiamiento- que ayuden a que dicho porcentaje sea más alto, entendiendo por educación superior no solo la universitaria sino también la técnico-profesional. Sin embargo, a los amigos de las bancadas del frente se les olvida algo muy importante: por qué se produjo esa diferencia en el acceso. Cuando yo fui estudiante universitario -varios de los presentes son de mi generación-, solo el 15 por ciento de la población tenía acceso a la universidad. Hoy, se llega virtualmente al 50 por ciento. En lo personal, me ha tocado concurrir a varias reuniones internacionales con Presidentes de Chile, similares a la que tuvimos esta tarde -creo que es un buen ejemplo- con el Primer Mandatario de Colombia. Y en algunas el Presidente Lagos, particularmente, y la Presidenta Bachelet plantearon con orgullo al mundo nuestra revolución educacional. Mencionaban que 7 de cada 10 chilenos accedían por primera vez a la educación superior. Bueno, mi reflexión es que eso debe haber tenido una causa. ¿O es casual que pasáramos del 15 al 50 por ciento en esta materia? No hay ninguna respuesta para eso en las bancadas del frente. Lo dan como un hecho de la causa y nadie se hace cargo de que ello obedeció a algún modelo que, obviamente, tuvo su origen hace 30 años, y que tan mal no pudo haber funcionado, desde el momento que nunca se planteó alguna iniciativa para modificarlo. Por consiguiente, me parece que el primer planteamiento referido al acceso debe apuntar a extender el criterio, pero nunca a acotarlo, disminuirlo o eliminarlo, como algunos parecieran querer postular a través de sus formulaciones. Porque si, en definitiva, se termina -por una vía indeseada, probablemente- con las universidades privadas, les puedo asegurar que vamos a volver al 15 por ciento de acceso a la educación superior, lo que significaría una regresión social grave. De eso hay que hacerse cargo, y por ello se requiere un estudio más profundo acerca del sentido y naturaleza del proyecto en debate. La segunda gran conclusión tiene que ver con el financiamiento de la educación, donde claramente hay una acusación social más severa y más justa. Hoy, los niveles de endeudamiento de la familia chilena por la enseñanza universitaria de sus hijos son intolerables. A mí, como seguramente a muchos de ustedes, me ha tocado recibir en la oficina a personas que dicen: "¿Cómo lo hago? Tengo dos hijos. ¿A cuál de ellos elijo para estudiar en la educación superior? Porque carezco de medios para pagar por los dos". Y me refiero, en particular, a quienes no pertenecen al Fondo Solidario, que hasta hace poco pagaban créditos en UF más 6 por ciento. Este porcentaje fue bajado a 5,4, y es parte de los planteamientos del Gobierno seguir modificando sustancialmente esa realidad. Y aquí, señor Presidente , quiero hacer un cargo a las bancadas del frente: respetuoso -porque así debe ser el debate-, pero riguroso. Este tema fue discutido acá, en el Parlamento, hace cuatro años. Fue ahí donde se generó la diferencia entre el crédito del Fondo Solidario y el resto. Y fue en dicha instancia donde las bancadas de este lado -sí, las vilipendiadas bancadas de esta parte del Hemiciclo- propusimos un solo sistema de financiamiento, en función del alumno y no en función de la universidad. Y les quiero informar que los del lado de acá -los execrados, pero ahora parece que valorados- perdimos. Y los de allá, quienes hoy postulan exactamente lo contrario a lo que votaron, ganaron. En consecuencia, si tenemos dos sistemas de financiamiento de la educación fue porque el Gobierno de la época y las bancadas del frente así lo dispusieron. Y quiero recordar -para que no me miren con cierta extrañeza los parlamentarios que en ese entonces aún no pertenecían a esta Corporación- que aquel fue un tema discutido largamente en esta Sala. Nosotros hicimos presente la injusticia que suponía establecer tal discriminación. Y eso se originó aquí, en el Parlamento, y por el Gobierno de la Concertación. Me parecería noble que alguien dijera: "¿Sabe qué más? Me equivoqué". Me hubiera gustado que alguien lo reconociera. Sin embargo, da la impresión de que esa palabra no existe. Pero les quiero señalar que sí se equivocaron; obviamente, quizás en función de algún elemento ideológico respecto de la naturaleza de la universidad. Pero, de que se equivocaron, se equivocaron dramáticamente. Entonces, estoy de acuerdo en convenir en que los de acá teníamos razón y, por ende, en que exista un solo sistema para el Fondo Solidario, que -según lo señalado por el Ministro de Educación , que acaba de salir de la Sala- permita, por un lado, reprogramar las deudas de los 110 mil morosos del crédito solidario -cuyo promedio es de 2 millones 800 mil pesos-, con la salida de DICOM que ello supone, y por el otro, en un esfuerzo aún mayor, rebajar a 2 por ciento la tasa para todos los alumnos, lo que beneficiará a alrededor de 365 mil estudiantes. Esto, que está planteando el Presidente Piñera , es lo que no hicieron -porque no quisieron, porque no pudieron, no sé- los Gobiernos de la Concertación. Me parece una buena noticia, y es estupendo que, aparentemente, también se vaya a aprobar. Y el tercer tema es el de la calidad de la educación. Aquí tenemos una dimensión que, supongo, vamos a seguir profundizando: cómo garantizar la calidad de la enseñanza. ¿Es una muralla china en relación con el financiamiento? ¿Significa impedir el desarrollo de las universidades privadas? ¿Se logra estatizando el sistema? ¿Implica el término de la educación privada, como algunos parlamentarios argumentan? Yo creo que no. A mi juicio, hay ahí un espacio importante, noble, valioso, para que puedan armonizarse la educación pública y la privada. Me parece esencial que así sea, a fin de permitir el acceso a la enseñanza superior, por cuanto el Estado no podrá asegurarlo -es una mala noticia, evidentemente- otorgando una educación de mínima calidad. Para eso las fórmulas son transparencia -hay una indicación que postula precisamente este imperativo- y la creación de la Superintendencia de Educación, que vele de manera efectiva por el cumplimiento de la ley. Un último aspecto, derivado del anterior -y aquí tengo un punto de inflexión, aun cuando entiendo que es algo que habrá que discutir-, se vincula con lo que algunos llaman "desmunicipalización". En mi caso, prefiero hablar de una segunda etapa de la descentralización de la educación en Chile. Porque les quiero decir que algunos municipios sí hacen bien su pega. No todos, probablemente. Pero conozco alcaldes, del lado de allá y del lado de acá, a quienes les importa la educación y que han hecho un gran esfuerzo por mejorar su calidad. Yo creo que ahí también hay un espacio para ir creando instituciones nuevas, distintas, corporaciones que puedan hacerse cargo de la educación, particularmente de la enseñanza básica y media. Esos son los temas que debemos evaluar, analizar. ¿Con velocidad? Sí. ¡Pero, perdónenme: no me digan algunos parlamentarios que no tenemos 2 minutos para esperar, toda vez que llevamos 20 años y 2 minutos aguardando lo mismo! A mí me parece que el Ministro Bulnes ha formulado un planteamiento de la máxima seriedad el día de hoy, el que requiere ser examinado, sin recurrir -¡por favor!- a la flagelación ni creerse los catones de todo, como si el mundo partiera hoy día y no hubiera historia. Este no es el fin ni el principio de ella. Es la continuidad de un sistema educacional que tiene éxitos importantes en acceso, dramas relevantes en financiamiento... Señor Presidente , le solicito unos segundos más. El señor GIRARDI ( Presidente ).- Puede continuar, Su Señoría. El señor COLOMA.- También conlleva oportunidades significativas en aseguramiento de la calidad de la educación, que es lo que hará, en definitiva, la diferencia; y además otorga posibilidades para avanzar en la descentralización o la desconcentración -cada uno podrá ponerle el nombre que desee- respecto de la administración municipal. Desde mi perspectiva, el mecanismo genera alternativamente la contingencia de que se opte por municipios que aseguren la calidad de la enseñanza -para eso está la Superintendencia-, y aquellos que la tienen puedan mantener, obviamente, el control de ella. Los que no, tendrán que pasar a un sistema distinto, de corporaciones. Pero eso, señor Presidente , es preciso hacerlo con sentido de equipo y con humildad, y no creyéndose dueños, ni unos ni otros, de toda la razón, menos con los antecedentes que se conocieron en esta misma Sala hace 4 años, cuando se llevó a cabo exactamente lo inverso a lo que hoy se quiere realizar. He dicho. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente , en primer lugar, quisiera destacar esta moción, a sus autores -Senadores señores Escalona , Rossi , Gómez , Frei , Navarro - y también la disposición de la Comisión de Educación para poner en discusión este tipo de proyectos. Estoy convencido de que contribuyen a solucionar el problema de los estudiantes, en particular la iniciativa que nos ocupa, así como otro proyecto, que va más allá de las "sociedades espejo", que ha sido suscrito con entusiasmo por la Senadora Lily Pérez y otros Honorables colegas de la Alianza -señores Cantero y Bianchi -, y al que adhirió recién -según entiendo- el Honorable señor Chahuán al referirse a la posibilidad de refundir ambos proyectos. Me parece que ese es un paso muy importante. Yo diría que es superior al dado por el Gobierno antes de que hablara el Ministro Bulnes hace unos minutos e, incluso, con posterioridad. ¡Es un paso superior! Señor Presidente, creo que el Congreso, especialmente el Senado, ha pasado a la ofensiva con las mociones presentadas, con estos proyectos de ley. Los Senadores Prokurica , Horvath y Chahuán son autores de otra iniciativa que la Comisión resolvió también ponerla en discusión. Esta tiene que ver con el impedimento que se establece respecto de los estudiantes de rendir exámenes cuando hay morosidad en sus aranceles. Quiero decirles que ese proyecto también tendrá la prioridad que requiere, porque forma parte de los temas que de alguna manera pueden contribuir a encontrar una solución al problema que afecta a los estudiantes. Y, a propósito de estudiantes, señor Presidente, leeré lo siguiente: "Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordomudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el Código del Derecho.". Efectivamente, como me dice el Senador Gómez, esa estrofa pertenece a una hermosa canción de nuestra artista nacional Violeta Parra , cuya vida se está recreando -como ustedes saben- en las pantallas de muchos cines del país y tiene, a mi parecer, la solución al nudo en que hoy se encuentra nuestra nación. ¡Los estudiantes saben que muchos ofrecimientos de mesas de diálogo parecen harina, pero son afrecho! Esa estrategia ha sido utilizada hasta el hartazgo por diversos Gobiernos. Y aquel uso y abuso muchas veces ha transformado a las mesas de diálogo en verdaderos comodines para bajar movilizaciones, más que en manifestaciones de voluntad política. Los jóvenes saben eso, y por ello tamaña desconfianza. Por tal motivo, deseo valorar el rol desempeñado por los Presidentes Girardi y Melero, orientado a buscar un espacio -prelegislativo o de la forma que sea- para contribuir, para forzar también en un primer momento al Gobierno a asumir una función -y luego me voy a referir a los anuncios del Ministro Bulnes - que no ha ejercido hasta ahora. No obstante aquello, los jóvenes estuvieron ayer con nosotros. Y, con vehemencia, y a veces con irreverencia, nos escucharon y expusieron sus puntos. Nos es bueno centrarnos en qué fue lo que nos gustó y qué no nos gustó. Centremos el debate en lo articulado, lo informado y lo razonable del planteamiento estudiantil. ¿Es que acaso la vehemencia y la irreverencia no son parte esencial del alma de quienes tienen sueños? De cada uno de los aquí presentes depende si realizamos algo para seguir aumentando esa confianza, o cerramos los ojos y los oídos y hacemos como que nada está pasando. Por eso, deseo destacar -lo dije recién- el rol de Senadores de la Alianza, como Lily Pérez , Hernán Larraín , que han entendido la importancia histórica del momento que estamos viviendo y que han manifestado su voluntad de construir una agenda que marque un antes y un después -por cierto, con todos los parlamentarios de la Oposición- en la historia de la educación chilena. Pero esa voluntad puede chocar y morir si no tiene al Gobierno como protagonista. Insisto: después de escuchar los anuncios del Ministro Bulnes me asiste una duda en orden a si ese rol del Gobierno será el de protagonista o si, más bien, seguirá como un actor secundario. No proponemos una vuelta al pasado. Lo que los jóvenes buscan, y muchos de nosotros también, es corregir de raíz las causas que genera la segregación educativa, que viene produciendo cada vez con más fuerza un desgarramiento del tejido social. El GANE del ex Ministro Lavín y los 21 puntos del Ministro Bulnes pueden ser buenos intentos -no me cabe duda-, pero están escritos en otro código, para otra audiencia, para otro país. El proyecto en discusión ya fue aprobado por los Senadores Ignacio Walker, Cantero, Navarro y quien habla, y su objetivo es poner fin -como lo señalaron algunos de sus autores, los Senadores Escalona y Rossi, quienes hicieron uso de la palabra- a las "sociedades espejo", es decir, a las relaciones contractuales, financieras o comerciales con terceros relacionados por parte de personas que constituyan corporaciones sin fines de lucro. El mecanismo es bastante concreto: prohíbe ese tipo de sociedades. A todo esto, nada ha dicho el Ministro Bulnes , aunque sí aludió al asunto en una declaración que hizo hace algunos minutos. Señoras y señores Senadores, miremos a los ojos a estos miles de jóvenes y hablémosle con la verdad: ¡Esta crisis es hija de la reforma de 1981, y hoy nos ha explotado en la cara! Probablemente, todos tenemos alguna responsabilidad en su génesis. Pero nos ha tocado el momento histórico de su resolución. ¡Y, por Chile, debemos estar a la altura de lo que Giorgio, Camila , Francisco, Rodrigo y muchos otros nos exigieron ayer! ¿Cuántos jóvenes brillantes, dignos, seguiremos dejando desamparados frente al espécimen financiero de las universidades? ¿Cuántas huelgas de hambre más deberemos esperar para erradicar el lucro y los intereses de dinero en la educación chilena? Por eso, señor Presidente , en los minutos que me quedan quisiera centrarme en ese aspecto, porque lo fundamental aquí es el debate acerca del lucro. De ahí este proyecto y el que vendrá más adelante, que contó con el apoyo transversal de otros señores Senadores. Pienso que el lucro tiene sus días contados. El punto es cómo abordaremos el proceso: si se realizará en forma gradual, o si estará referido solo a la educación universitaria o superior, como lo planteó recientemente el Ministro Bulnes . A mi juicio, sí hay razones para hacerlo en la educación universitaria. Eso uno lo puede graficar muy bien con lo que pasó hace un tiempo con el fallecido empresario Gerardo Rocha , cuando sus herederos iniciaron públicamente una disputa por los bienes de una conocida universidad, lo que trajo consigo consecuencias hereditarias. ¡Bueno, ese es el lucro! ¡Ahí está el lucro! Y uno puede ir más allá y decir: "¿Y qué pasa en la educación general básica, por cuanto existen cientos de establecimientos en Chile donde el sostenedor, en muchos casos, solo ha puesto el terreno?". El 90 por ciento de esa inversión la efectuó el Fisco, el Estado, y el 10 por ciento lo puso aquel mediante un crédito, a veces, tal vez, de consumo. Y cuando termina de pagarlo, todo lo que percibe por concepto de subvención es para el bolsillo. Yo me pregunto: ¿Qué pasa con esos establecimientos particulares subvencionados que lucran y muchos de los cuales son de mala calidad? No todos; hay algunos de buena calidad, por cierto. Esa es parte de la complejidad que implica el legislar sobre la materia. Ahora bien, ¿qué sucederá cuando esos inmuebles se vendan? ¿Irán a parar en los herederos? ¿Se destinarán a otro emprendimiento? ¿Van a ir a un supermercado, a botillerías? ¿A qué tipo de negocios llegarán? ¿A transporte? ¿A qué? Y esa fue la engorda que financió el Estado. En consecuencia, ese es el debate central del lucro, que con total elocuencia, claridad y convicción nos plantearon los estudiantes en la jornada de ayer. Por eso, señor Presidente, si bien el Ministro Bulnes entregó hace algunos minutos un conjunto de propuestas, que por primera vez intentan satisfacer las demandas de los estudiantes que se han movilizado, tenemos que ser claros. Se ha avanzado con las propuestas anteriores del GANE (Gran Acuerdo Nacional por la Educación), por cierto, y con las 21 que ha formulado el propio Secretario de Estado. Pero a los estudiantes que han sido parte de las movilizaciones, a los de las universidades estatales, de las universidades tradicionales, no se les da nada, ni un incremento para el Fondo Solidario, que es el que ellos utilizan. No se les da nada ahora. Por el contrario, se rigidiza el sistema, en el sentido de que no se pasa del tercer quintil. Hoy día el Ministro Bulnes dice textualmente: "Teníamos el compromiso de favorecer al 40 por ciento más vulnerable". Por favor, dicho porcentaje quedó establecido por ley el año 2006. El 40 por ciento que anunció el Gobierno era para las universidades privadas. Ahora se extiende el beneficio a un 60 por ciento, lo cual me parece bien, es un paso importante, porque va a permitir la entrega de ayuda a los estudiantes movilizados. No obstante, seamos claros: el concepto, el diseño, la ingeniería, no cambian. El modelo que nos planteó Lavín y aquel que nos entrega el Ministro Bulnes hacen que cada peso destinado a la educación pública vaya a la educación privada. Yo espero que la rebaja de la tasa del interés del crédito con aval del Estado a un 2 por ciento permita que haya homologación. Junto con el Senador Patricio Walker somos autores de un proyecto en el mismo sentido. Por lo tanto, el Gobierno no tiene para que mandar una iniciativa sobre el particular. Seamos claros: el 70 por ciento del crédito con aval del Estado -que hoy día se celebra que se homologue, que se rebaje su tasa de interés- lo ocupan cuatro instituciones privadas: dos prestigiosos institutos, que no lucran, que son muy grandes (INACAP y Duoc UC), y dos universidades, una de ellas con un lucro brutal, 14 por ciento de interés. Esa es la realidad. ¡El 70 por ciento del CAE, que hoy día destacamos como el principal triunfo de los anuncios, lo utilizan cuatro instituciones de educación privada! Por eso, este debate no podía soslayar la existencia del lucro. Entonces, señor Presidente , creo que hay aspectos importantes: se perfecciona el mecanismo para lograr la desmunicipalización... El señor GIRARDI ( Presidente ).- Ha concluido su tiempo, señor Senador. Le vamos a conceder un minuto más para que pueda terminar. El señor QUINTANA.- Gracias, señor Presidente. En algún nivel, en las Regiones o en estas corporaciones, el Estado se hará responsable. No va a ser algo centralizado. Probablemente se constituya una cosa híbrida, con participación de muchos estamentos. En materia de becas se pasa de 40 a 60 por ciento. No se dijo ni una sola palabra respecto de los aranceles. Chile tiene los aranceles más caros del mundo, prácticamente, el más caro entre los países de la OCDE. Reitero: nada se señala en tal sentido. Por último, en relación con la calidad de la educación se manifestó una buena disposición para dejarla establecida en la Constitución. Yo valoro eso. Aquí hay varios colegas que han presentado mociones tendientes a que la calidad de la educación quede instaurada en la Carta Fundamental. Por ejemplo, los Senadores Larraín y Zaldívar; la bancada Socialista completa, el Senador Gómez y quien les habla. Sin embargo, no sirve la calidad solamente en dos letras, porque si no esto va a ser como el tema de los mapuches, a quienes les venimos prometiendo reconocimiento constitucional desde hace 20 años. Pero si no la hacemos exigible, mediante recursos de protección, a través de un rol definido del Estado, puede ser letra muerta. A mi juicio, señor Presidente , el Gobierno dio un paso, se avanza, y ojalá se pueda facilitar el entendimiento y el diálogo para acercar posiciones. No obstante, no se mueve el diseño original, que es privatizador, donde cada peso que se le da a lo público también se le da a lo privado. Con todo, creo que lo importante hoy día era sostener este debate referido al lucro y a las "sociedades espejo". Vamos a aprobar la iniciativa porque creo que es lo más trascendente que ha ocurrido en el Senado en muchos años. He dicho. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez. El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , creo que podemos hacer historia y llevar a cabo un debate donde unos dirán que realizaron muchas cosas y otros, muy pocas. En definitiva, vamos a tener una diferencia histórica. De acuerdo con el análisis que uno puede efectuar en materia educacional es posible observar que tenemos un problema grave desde 1981 a la fecha. Lo que resulta paradójico es que en 1981 un Gobierno de Derecha estableció un cambio en la educación que tiene un correlato ahora, en 2011, con otro Gobierno de Derecha, en que el sistema explota, revienta. Porque la Constitución que instauró dicho sistema no condecía con las necesidades que Chile o cualquier país requiere en cuanto a tener una educación de verdad, una educación pública gratuita y de calidad, que diga relación con los planteamientos claros y concretos que se han efectuado. Se trata de que en una sociedad desigual como la nuestra exista una herramienta que permita romper esa desigualdad, no solo desde el punto de vista económico, sino también del desarrollo de las ideas, del pensamiento, de las capacidades de ser ciudadano, de tener una participación real en la sociedad. Y eso no lo ha dado un sistema educativo como el que existe en nuestro país. Ayer tuvimos un debate que encontré excepcional. Y quiero decir que participé feliz escuchando a los estudiantes, a los dirigentes estudiantiles, que con una gran claridad de conceptos explicaban sus posturas. No estamos hablando de consignas ni de nada que no esté refrendado y afirmado desde el punto de vista técnico. Creo que eso fue muy relevante, porque nos damos cuenta de que tenemos dirigentes estudiantiles que están enfrentando un problema desde una perspectiva seria y real. Y dijeron algo bien interesante, que yo comparto: "No queremos mejorar el sistema, lo queremos cambiar". Y esa es la cuestión central que debiéramos poner en el debate. No nos interesa discutir si algunos hicieron una cosa y otros no. Basta mirar las actas para saber qué dijo cada cual y qué se ha señalado históricamente. Lo importante es que hoy tenemos un elemento nuevo: el movimiento ciudadano que nos está obligando a todos (al Gobierno, al Parlamento, a los partidos) a darnos cuenta de que es preciso realizar un cambio profundo en la sociedad, en educación y en otras materias. Hemos hablado mucho de la cuestión educacional, pero hay un elemento que ha quedado al margen de la discusión y que a mí me preocupa: la educación preescolar. Todos sabemos que una buena educación preescolar ayuda al desarrollo de los niños en el futuro. Pero en nuestro país dicha enseñanza está entregada a INTEGRA, a la JUNJI y a una cantidad de educadoras insertas en unos programas que se denominan "VTF" (Vía Transferencia de Fondos), que constituyen un sistema precario, municipal. A veces carecen de recursos para comprar útiles, ni para gas, ni para pagar las remuneraciones de las profesionales a cargo de estos niños pequeños, que van de cero a cinco o a cuatro años y tantos, y que también debiéramos considerar como un elemento central en el proceso educativo. Es un estamento que casi hemos dejado fuera. Y hay que preocuparse, porque es el más importante en el desarrollo de Chile, pues a partir de la educación que reciban los niños en ese período será posible una buena estimulación que les permitirá realizar su vida de manera distinta. Después tenemos el segmento de los estudiantes de educación básica y los secundarios o de educación media, constituido por 3 millones 200 mil alumnos. Sobre esos niños también recae una educación desigual, completamente inconsistente con las necesidades del país. La gente, sobre todo la clase media, debe hacer enormes esfuerzos económicos para pagar y mandar a sus hijos a un buen colegio, ya sea este particular subvencionado o particular. Eso es inaceptable en esta sociedad. Es inaceptable en este país que cuenta con condiciones y recursos para establecer una educación gratuita y de calidad en la enseñanza básica y media, lo cual es imprescindible y fundamental. Y eso es posible de hacer. No es que no existan recursos. Hoy día del presupuesto del Ministerio de Educación se gastan 6 mil millones de dólares en subvenciones y resulta que llegamos a un porcentaje menor. Si ustedes multiplican 100 mil pesos por dos o tres millones de niños, vamos a llegar a una cifra similar. Entonces, el sistema está mal estructurado. Y ese es un elemento que también tenemos que revisar. Luego está el tema universitario. Sin duda, Chile requiere de un sistema que tenga la capacidad necesaria para que los niños y jóvenes con aptitudes de aprendizaje y de desarrollo puedan estudiar. Hoy día no existen esas condiciones. Si bien es cierto que los padres y apoderados hacen esfuerzos ingentes en materia de educación básica y media, no lo es menos que en este ámbito sí que es grave la situación. Claro, buscamos soluciones economicistas. Todo lo que he escuchado apunta en esa dirección. Pero la verdad es que debemos procurar un cambio estructural en nuestro sistema educacional desde la perspectiva del Estado. Y aquí voy al punto que finalmente me interesa plantear. La Concertación tiene una dificultad con la Derecha. Y ella dice relación fundamentalmente con el origen del órgano constitucional. Cuando en la Carta se habla de un Estado subsidiario, ya tenemos una diferencia profunda. Porque ustedes están pensando en que todo aquello que no puedan hacer bien los privados lo agarre el Estado. Pero la situación es a la inversa, en nuestro concepto: debe existir un Estado fuerte; que proteja al ciudadano; que sea capaz de establecer criterios; que tenga la obligación de la educación pública, de la salud pública; que deba preocuparse del medio ambiente. Y eso no se hace de cualquier manera; no se hace con la fórmula y la Constitución hoy día existentes. ¿Cuál es nuestro problema? Hay, por cierto, un movimiento estudiantil. Pero, en verdad, el problema es de origen, desde el punto de vista de cómo se encuentra concebido el sistema político para resolver las diferencias existentes entre un sector y otro. Ahora, lo que ha pasado es que nunca hemos tenido los votos necesarios para efectuar los cambios constitucionales que se requieren. En este caso no se puede modificar la Carta Fundamental en el capítulo pertinente porque se precisan dos tercios de los Diputados y Senadores en ejercicio. Y para conseguir ese quórum se necesita el acuerdo de la Derecha. No hemos alcanzado acuerdo sobre el particular. Por lo tanto, la Constitución sigue incólume. Le hemos realizado 25, 35 modificaciones cosméticas; pero cambios profundos, ninguno. En el caso del sistema binominal existen las mismas condiciones. Por consiguiente, tampoco podemos cambiar el mecanismo de representatividad. Entonces, nos hallamos en una situación llamada "de empate". ¿Cómo se resuelven las situaciones de empate cuando la representatividad de la ciudadanía por el Congreso se halla fracturada? Porque existe una diferencia entre la opinión de mayoría de los chilenos y lo que hace el Parlamento. En muchas democracias del mundo se utiliza un instrumento esencial: el plebiscito. Entonces, me resulta curioso cuando dicen que ese mecanismo es de las dictaduras. Claro: ¡con Pinochet hubo un plebiscito de dictadura! Pero sucede que nosotros también participamos en otro. Y, finalmente, con él logramos recuperar algo que nos parecía esencial: la democracia. La Constitución del año 80 contempla un sistema de plebiscito. Empero, es tan absurdo que resulta imposible ejecutarlo. Con los Senadores Navarro y Escalona presentamos un proyecto de reforma constitucional. ¿Para qué? Para que se establezca el plebiscito de manera permanente. ¿Qué significa aquello? Que van a tener facultad para pedir plebiscito el 5 por ciento de los ciudadanos con derecho a sufragio; el Presidente de la República , y el Congreso, por acuerdo de la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio. Además, en la moción planteamos la posibilidad de que exista iniciativa popular de ley. Porque lo que debemos conseguir en último término es la ruptura del empate existente. Si no, los problemas institucionales irán in crescendo día a día. De alguna manera, hay que resolver esa dificultad y crear sistemas de mayor democracia y más participación ciudadana. Por eso, los cambios que la sociedad requiere son vitales para resolver el problema que en la actualidad nos aqueja: el de la educación. Pero también son fundamentales las modificaciones constitucionales que este país precisa. No podemos seguir con una Carta estructurada por un Gobierno que tenía una mirada distinta desde el punto de vista de la democracia; que no pensaba que lo correcto era la democracia, y que instauró un sistema presidencialista que constituye casi un reinado. Hay que decirlo de cara a la ciudadanía: aquí las facultades las tiene el Gobierno. En el 95 por ciento de los proyectos que deben ser discutidos en materia educacional hay iniciativa exclusiva del Presidente de la República . El Parlamento no tiene ninguna facultad. ¡Ninguna! En la única oportunidad en que tratamos de ejercer una atribución, durante el debate de la iniciativa sobre posnatal, para cambiar una cifra, el Ejecutivo acudió al Tribunal Constitucional, cuya composición está repartida y cuoteada, como corresponde en materias institucionales. Así, los de Derecha votaron por la idea del Gobierno; la otra gente, por la nuestra. Por eso, insisto -y con esto termino- en que el sistema necesita una solución. Y ella no tiene otro camino que el de establecer institucionalmente el desempate desde el punto de vista político. Para eso se requieren reforma constitucional; cambio en el sistema electoral; participación de la gente, a los efectos de que volvamos a representar a aquellos ciudadanos a los que hoy día pretendemos representar -valga la redundancia- en el Parlamento. He dicho. El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Frei. El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, pido la clausura del debate a fin de tratar luego el proyecto que exime a los pensionados de la cotización del 7 por ciento para salud. Además, entiendo que en el caso de la iniciativa que nos ocupa se solicitó segunda discusión. El señor GIRARDI (Presidente).- Propongo cerrar la primera discusión y mantener para la segunda la lista de Senadores inscritos. Ya se ha debatido durante largo rato, y estamos obligados a despachar el proyecto que elimina el 7 por ciento para salud que cotizan los pensionados. --Así se acuerda. --El proyecto queda para segunda discusión.