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El señor ROSSI.- Señor Presidente , la verdad es que esta es una buena iniciativa. Ingresó como un proyecto modesto, pero la indicación sustitutiva lo transformó en uno muy bueno, que beneficiará, en régimen, a un poco más de un millón de jubilados. Cabe recordar que si se despacha pronto, como seguramente ocurrirá, sus beneficios alcanzarán en los próximos meses a cerca de 700 mil y que el próximo año se adicionarían 300 mil.
Y aun cuando haya quienes critican esta forma de focalizar los esfuerzos fiscales, estimo que la medida se justifica plenamente. Los que reparan en el beneficio que se otorga a los adultos mayores quizás ignoran el costo que les representa la mantención de su salud, el enfrentamiento de una enfermedad. Existen datos demostrativos de que una persona de más de 65 años gasta hoy por ese concepto cinco a seis veces lo que un hombre o mujer de 30 años. Por lo tanto, la exención en el descuento del 7 por ciento para salud se transforma de inmediato en un reajuste y un mejoramiento de la calidad de vida.
Es importante señalar también que no resulta afectada la condición de cotizante o beneficiario del Fondo Nacional de Salud, cuestión que plantearon siempre los adultos mayores en distintas reuniones. Así que es bueno aclarar que un beneficiario del FONASA correspondiente a los grupos B, C o D -en el A se hallan los indigentes- podrá atenderse en la modalidad de libre elección, porque los recursos que entrega el Estado para eliminar el descuento constituyen una sustitución. Por lo tanto, la condición mencionada no se pierde, como tampoco los beneficios que se desprenden de ella.
Nos parecería positivo que se pudiera avanzar en la eliminación del 2 por ciento que va al fondo de licencias médicas. Todos sabemos que un adulto mayor que deja de trabajar, que jubila, no requiere un subsidio por incapacidad laboral. En la práctica, se registra un caso bastante curioso, ya que esa persona, que se halla en una situación de mayor precariedad y vulnerabilidad, termina subsidiando al sector activo, en circunstancias de que debiera ocurrir todo lo contrario.
Nosotros les planteamos ayer tanto al Ministro de Hacienda como al de Salud la necesidad de incorporar a los beneficiarios de CAPREDENA y de DIPRECA y también a los exonerados políticos. En este último grupo, la mayoría recibe pensiones de 150 mil, 160 mil pesos, y no son parte del pilar solidario. Al no serlo -porque, para ello, debieran renunciar a la pensión de exonerado-, no pueden beneficiarse con el descuento, y resulta que quizás son los que más lo merecerían.
Espero que, en una intervención posterior, el Ministro de Salud o el de Hacienda puedan asumir el compromiso respectivo, no con la Oposición, sino con los exonerados, así como lo hicieron respecto de los beneficiarios de CAPREDENA y de DIPRECA.
Con los Senadores señores Lagos, Tuma y Gómez presentamos una indicación sobre el particular, pero fue declarada inadmisible. Así que ojalá la patrocinara el Ejecutivo . Ello sería tremendamente beneficioso para miles de exonerados a lo largo del país.
Una duda que no he logrado dilucidar es cómo se evaluará al grupo vulnerable, al 60 por ciento. Porque la Ficha de Protección Social requiere efectivamente un perfeccionamiento. Ello se ha ido haciendo, pero, obviamente, presenta problemas. Mas el señor Ministro también se refirió a un instrumento de focalización.
Por otro lado, se contemplan requisitos copulativos. Es preciso encontrarse comprendido en los cuatro primeros quintiles -el cuarto es el de la reducción de 7 por ciento a 5; los otros tres, correspondientes al pilar solidario, obtienen la eliminación completa del 7 por ciento-, pero se agrega también lo de una pensión inferior a 255 mil pesos.
Esta última cuestión puede resultar compleja en la medida en que personas que formen parte del pilar solidario reciban una pensión mayor. Podría darse al revés, pero en el primer caso se registraría, evidentemente, una consecuencia de mucho mayor injusticia para el pensionado.
Sería conveniente, entonces, señalar con claridad cómo se establecerán los beneficiarios.
No sé si los miembros de la Comisión de Hacienda lograron precisar lo relativo al financiamiento. Porque se expresa que durante el año en curso el cargo se hará a la Partida Tesoro Público y posteriormente se contará con los recursos que contemple cada Ley de Presupuestos.
La verdad es que la Concertación, cada vez que efectuó una reforma que requería recursos importantes, un esfuerzo fiscal relevante, siempre la acompañó de una fórmula de financiamiento, sea el aumento del impuesto al tabaco, el del alcohol. Como lo hemos planteado tanto, pensando también en la educación -estábamos tratando el asunto hace un rato en el Hemiciclo-, ojalá se tuviera presente una reforma tributaria.
Entonces, no queda claro -estamos haciendo referencia a mucha plata, a muchos millones de dólares- cómo se obtendrá el financiamiento. El señor Ministro nos ha dicho que este es un asunto tan importante para el Gobierno que se lograrán los recursos suficientes. Pero si se empiezan a sumar los que se requieren para educación o para otros fines, resulta que, al final, la torta es una sola. Creo que es bueno que haya más transparencia en cómo se financian estas políticas sociales, que no nos cabe ninguna duda de que son necesarias y relevantes.
Es cuanto quería expresar, señor Presidente.
Muchas gracias.
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