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El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Corresponde ocuparse en el último asunto de la tabla, correspondiente al proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , en primer trámite constitucional, que excluye a los menores de edad de la legislación sobre conductas terroristas, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7529-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 1ª, en 15 de marzo de 2011.
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 10ª, en 19 de abril de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- El objetivo principal de la iniciativa es modificar la ley que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, para establecer que dicho cuerpo legal no se aplicará a las conductas ejecutadas por personas menores de 18 años.
La Comisión discutió este proyecto en general y en particular en el trámite del primer informe, de conformidad con la autorización otorgada por la Sala el 22 de marzo de este año, y aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señora Alvear y señores Chadwick, Espina, Hernán Larraín y Patricio Walker).
Con igual votación efectuó dos enmiendas. La primera dispone que la exclusión de los menores de edad no será aplicable a los mayores de edad que sean autores, cómplices o encubridores del mismo hecho punible, y la segunda deroga el artículo 3º de la ley N° 20.467.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que en su última columna transcribe el texto despachado por la Comisión informante.
Hago presente que los dos artículos de la iniciativa tienen carácter de normas de quórum calificado, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 19 señores Senadores.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En discusión general el proyecto.
El señor CANTERO.- ¿Hay quórum, señor Presidente?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En la Sala ha habido, en promedio, 18 Senadores, los cuales han estado entrando y saliendo.
La votación se abrirá según si se reúne o no en su momento el quórum necesario. La verdad es que, si permanecieran en el recinto todos los colegas que se hallan cumpliendo funciones fuera de él, se alcanzaría el número de votos suficiente para aprobar el proyecto.
Ofrezco la palabra.
La tiene el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.- Se la cedo al Senador Walker, quien la había solicitado antes que yo.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Muy bien.
Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).- Gracias, señor Presidente .
Se trata de una iniciativa bastante simple.
En realidad, ya se había legislado sobre esta materia el año anterior. Y, a juicio de los integrantes de la Comisión de Constitución, se había dejado en claro que los menores de 18 años quedaban excluidos de la aplicación de la Ley Antiterrorista. El problema es que la Fiscalía no interpretó así dicha normativa y, de hecho, algunos menores de 18 años fueron formalizados sobre la base de sus disposiciones.
Por lo tanto, lo que se pretende ahora es precisar de manera más clara y categórica que la Ley Antiterrorista no se aplica a esas personas.
Si ellas incurren, por ejemplo, en conducta de lesiones, de incendio, de daño, etcétera, no se trata de que no sean juzgadas: lo serán conforme al Código Penal, a la legislación común, pero no según la Ley sobre Conductas Terroristas.
Así lo habíamos aprobado anteriormente. Pero, por una errada interpretación de algunos fiscales y de ciertos tribunales, aquello se empezó a cuestionar. De manera que hemos querido precisarlo.
La Comisión aprobó la iniciativa por unanimidad.
Eso también es compartido por el Ministro de Justicia , don Felipe Bulnes , quien nos pidió que aprobáramos el proyecto.
En consecuencia, le solicitamos a la Sala que se pronuncie favorablemente.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , deseo complementar la información entregada por el Senador señor Patricio Walker .
El proyecto en análisis corresponde exactamente a lo manifestado por Su Señoría. Y es muy importante que se entienda así, para que no se produzcan efectos de nulidad por cambio de legislación.
La normativa en debate pretende confirmar lo que siempre se ha establecido: que los menores de 18 años no son susceptibles de juzgamiento por la Ley Antiterrorista. Pero eso no significa que no puedan ser juzgados. Se les aplicarán las reglas comunes, que se hallan consignadas en el Código Penal y en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Ellas son las que operan respecto a cualquier ilícito cometido por un menor de 18 años.
En tal sentido, no hay ningún cambio, y se evita la mala interpretación de hacer extensiva la Ley sobre Conductas Terroristas al mencionado segmento.
Ese, además -es asimismo relevante señalarlo-, fue un punto que se conversó y se acordó en momentos del conflicto suscitado por la huelga mapuche, donde había menores a quienes se les estaba aplicando de manera equivocada aquella normativa.
Por ello el Ejecutivo , derivado del compromiso que asumió en tal oportunidad, presentó el proyecto en debate, que busca corregir la situación expuesta y reviste importancia para la aplicación actual, pues todavía hay menores que pueden ser enjuiciados erróneamente.
Repito: como lo manifestó el Senador señor Patricio Walker, no se trata de exonerarlos de responsabilidad, sino de que operen sobre ellos las normas individualizadas precedentemente.
En consecuencia, la Comisión, luego de discutir e incluso de precisar la redacción de la mejor manera posible, aprobó por unanimidad la iniciativa, camino que también le sugerimos a la Sala.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Solicito acuerdo para abrir la votación, sin perjuicio de que cada Senador ocupe sus diez minutos para intervenir. Me refiero en particular al Honorable señor Navarro, quien se encuentra y debe usar de la palabra a continuación, y a la Senadora señora Alvear.
Entonces, si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
--Así se acuerda.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En votación general.
--(Durante la votación).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , lo señalado por el Senador Patricio Walker acerca de los acuerdos que se asumieron durante el conflicto mapuche va en la línea correcta.
En efecto, en más de una oportunidad menores de 18 años han sido encausados por Ley Antiterrorista. Y ello ha estado precedido de situaciones muy complejas no solo respecto a la aplicación de esa normativa sino además en cuanto a los procedimientos previos, concernientes a la detención y el procesamiento.
El señor WALKER (don Patricio) .- A la prisión preventiva.
El señor NAVARRO.- También, por cierto. Porque algunas personas han sido mantenidas en prisión preventiva durante dos años para encausarlas por Ley Antiterrorista, y en definitiva se las ha dejado en libertad debido a su completa, total, absoluta inocencia.
En tal sentido, si bien el presente proyecto establece que aquella normativa no se les aplicará a los menores de 18 años, la prisión preventiva bajo su contexto sigue siendo un hecho de extrema injusticia.
Hay en la Región de La Araucanía casos connotados, que darán paso a querellas contra el Estado. Porque a este no le asiste derecho a privar de libertad por dos años a alguien y luego decir que se equivocó en tal decisión.
Hemos presentado iniciativas legales para abreviar el proceso de demanda contra el Estado cuando se incurre en un error judicial de esa índole, el que no necesita quedar acreditado. Cuando un tribunal declara inocente a una persona a la que se ha mantenido privada de libertad, incurre en un error judicial: los fiscales se equivocaron, y un inocente permaneció detenido. Entonces, el Estado debiera resarcir al afectado por el error y no solo limitarse a darle explicaciones o pedirle perdón.
El proyecto avanza en el referido ámbito, pero no es suficiente. Entiendo que durante el proceso de acuerdo también se buscó aquello. Por tanto, es satisfactorio en parte: sin embargo, deja ciertos aspectos pendientes.
Señor Presidente , Héctor Llaitul y algunos comuneros fueron condenados a 25 años en un caso donde la justicia militar determinó que no hubo comisión de delito. Empero, los fiscales del Ministerio Público siguieron adelante con los procesos y lograron penas elevadísimas, en circunstancias de que -repito- la justicia militar declaró la inexistencia del delito.
Aún persiste aquella dualidad. Espero que podamos ponerle término. Hay en la Comisión de Constitución proyectos que buscan acabar con la justicia militar en tiempo de paz. Nada justifica su aplicación en esta circunstancia. Si hay delitos terroristas, los procesos deben ser enfrentados por los fiscales del Ministerio Público.
En los casos de las Regiones del Biobío y de La Araucanía que han involucrado a Héctor Llaitul y a un conjunto de comuneros, la situación está haciendo crisis. Y Chile se va a ver enfrentado a los tribunales internacionales. Se recurrirá a ellos para demandar justicia, dada la imposibilidad de obtenerla en los tribunales nacionales.
Señor Presidente , hemos recibido denuncias -y las hemos planteado en esta Sala- a propósito de allanamientos tanto en la Región de La Araucanía como en la del Biobío, en el lago Lleu Lleu y en Cañete, provincia de Arauco. Se ha detenido a menores de edad al interior de sus establecimientos educacionales. Los allanamientos indiscriminados en las comunidades han terminado no solo con comuneros adultos sino también con niños heridos.
Esos hechos se han denunciado de manera permanente ante los organismos internacionales.
La voluntad y la intención de no hacer aplicable la Ley Antiterrorista a los menores de 18 años no buscan eximir de responsabilidad penal a quienes incurran en delito. ¡No es así! Pero existe para ello la normativa penal común. Nadie puede quedar exento de responsabilidad cuando se comprueba la comisión de un delito.
Reclamamos -no para este proyecto, pues no lo contempla- que los procedimientos de la Ley Antiterrorista sean lo más garantistas posible.
Aún persiste -quiero recalcarlo- la fórmula de los testigos protegidos, encapuchados, que dificulta la defensa en la búsqueda de la verdad. Ello ha provocado nefastas consecuencias para la credibilidad del sistema. Porque puede haber comisión de delitos terroristas; pero, aplicada de esa forma, la Ley Antiterrorista pierde legitimidad, pierde credibilidad, y se generan fenómenos sociales mucho más violentos.
Señor Presidente , en su oportunidad deberemos debatir acerca de cómo enfrentar los problemas concretos de La Araucanía, donde, sin duda, ha habido actuaciones violentas. Sin embargo, los mecanismos institucionales aplicados solo han contribuido a agravar el conflicto.
Votaré a favor del proyecto porque fue parte de los acuerdos pertinentes.
Creo necesario reconocer que todos contribuimos a que ellos pudieran concretarse.
Y la voluntad y la actitud de quienes participaron, abandonando la huelga de hambre, también ha de ser reconocida: se confió en el Gobierno y se establecieron condiciones para terminarla.
Nunca supimos en realidad cuáles fueron los alcances totales de los acuerdos, porque se suscribieron con el Ejecutivo , a través de la mediación de Monseñor Ezzati, de brillante desempeño en la Región del Biobío. Su nombramiento fue una pérdida lamentable para nuestra Región y una gran ganancia para la Metropolitana y el resto del país.
Quiero recordar que ello solo fue posible por dicha mediación.
El cumplimiento de los acuerdos no le atañe a la Iglesia Católica, que medió en el conflicto, sino a las partes, es decir, al Gobierno y a los procesados.
Se están cumpliendo parcialmente dichos acuerdos. No sé -a lo mejor el Senador Patricio Walker puede precisarlo- si todos ellos se encuentran contenidos en el proyecto en debate o únicamente el relativo a la exclusión de los menores de 18 años de la legislación sobre conductas terroristas.
Por eso, los comuneros mapuches recluidos en la cárcel de Angol iniciaron una huelga de hambre, que -según me han informado- supera los 32 días.
Ojalá pusiéramos atención a lo acontecido. No fue lo que se buscaba. Existía disposición para llevar a cabo un proceso justo. Jamás escuché a Héctor Llaitul pedir privilegio alguno -lo señaló en múltiples oportunidades-, sino un justo proceso y el legítimo derecho a la defensa.
Señor Presidente, reitero que los acuerdos se están cumpliendo en forma parcial, no en su totalidad. Pero, de todas maneras, ello contribuye a avanzar hacia la pacificación.
No habrá paz ni tranquilidad mientras no existan procesos justos y una política que resuelva los problemas de fondo en La Araucanía. Espero que haya posibilidad de discutirlos en otra ocasión. El texto que nos ocupa nos limita a analizar únicamente esta modificación, la que voy a aprobar, sin por ello dejar de manifestar que hay situaciones pendientes.
Como señalé, en la cárcel de Angol se encuentran en huelga de hambre cuatro comuneros mapuches que fueron procesados por la justicia civil y condenados a penas abusivas, aun cuando la fiscalía militar informó que no había delitos ni acciones por los cuales formalizarlos y procesarlos. Los fiscales civiles insistieron -siento que en forma dura y algunas veces burda-, y ahora tenemos incubado un nuevo conflicto en la zona de La Araucanía.
Voto a favor de la iniciativa. Pero esto no significa la aprobación completa de la política del Gobierno en esta materia.
¡Patagonia sin represas!
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , quiero, en forma muy breve, llamar la atención de mis colegas sobre un punto muy preciso del proyecto que estamos votando.
¿Qué ocurrió? En su momento nosotros aprobamos algunas modificaciones a la Ley Antiterrorista, en forma muy rápida, con el objeto -entre otras cosas- de solucionar la huelga de hambre de los comuneros mapuches en la Región de La Araucanía.
A nuestro juicio, en una de las disposiciones de la ley que se dictó quedó completamente claro que los menores de 18 años de edad no serían juzgados de acuerdo a la Ley Antiterrorista. Por algo existe para ellos una normativa especial: la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
Lo mismo se consignó en la Ley de Justicia Militar, donde se efectuaron las modificaciones pertinentes.
Pues bien...
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Ruego a los señores Senadores mantener el orden.
Puede continuar, Su Señoría.
La señora ALVEAR.- Gracias.
Pues bien, señor Presidente , resultó que al aplicarse la nueva legislación, los jueces, inspirados sobre todo en algunos fiscales, interpretaron de distinta manera sus disposiciones. Y ello significó la prisión preventiva, por aplicación de la Ley Antiterrorista, de menores de 18 años.
Ese no fue el espíritu ni la letra de las normas que aprobamos.
Por ende, frente a tal situación, junto con el Ministro de Justicia , conversamos con el Presidente de la Corte Suprema y concordamos en que, para evitar cualquier confusión de los jueces, lo mejor era aclarar el punto legalmente. Y esto se hace a través de la iniciativa que se halla en votación.
El texto propuesto es similar a la enmienda que aprobamos anteriormente; pero la especifica con absoluta claridad, para que no quede a la interpretación de los jueces.
He dicho.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , como señaló la Senadora señora Alvear , este proyecto se enmarca dentro de los acuerdos políticos a los cuales se arribó el año pasado a raíz de la huelga de hambre de los comuneros mapuches.
A propósito, ayer, con la Presidenta de mi Partido , señora Carolina Tohá , visitamos al Ministro de Planificación , señor Felipe Kast , para exponerle un planteamiento que tiene que ver con toda la temática indígena, y también le manifestamos nuestra preocupación por la huelga de hambre de algunos presos mapuches en una cárcel del sur del país. Tales personas ya habían estado en esa situación anteriormente. Por lo tanto, su condición es de extremo cuidado.
Entiendo que el Gobierno ha tomado nota de ello y sabe bien de qué estamos hablando. Se trata de un asunto delicado, sensible.
Señor Presidente , en el marco justamente de esas situaciones críticas, que al comienzo de algún modo estuvieron un tanto invisibilizadas por la opinión pública, se llegó a los acuerdos a que se ha hecho referencia, varios de los cuales se concretaron en cuerpos legales despachados por el Congreso el año pasado.
Como muy bien explicó la señora Presidenta de la Comisión de Constitución , en ese aspecto surgieron dudas, había un vacío, y los tribunales indicaron que era necesario y recomendable aclararlo. Y ello se hace en la iniciativa en discusión.
Eso va también en la línea de lo que el Ministro de Justicia , señor Felipe Bulnes , ha planteado al Gobierno -es bueno reconocerlo- en cuanto a sacar de las cárceles a muchas personas, para las cuales el Estado debe invertir en rehabilitación. Y son precisamente los jóvenes.
Debo expresar que los problemas referidos vienen siendo observados por las Naciones Unidas, fundamentalmente por la UNICEF, desde hace mucho tiempo, pues para esos organismos lo que se está haciendo, en último término, es aplicarles la Ley Antiterrorista a niños. Porque, para todos los efectos, en la nomenclatura internacional se considera como niños a todos los menores de 18 años. Y muchos son adolescentes.
Con eso no quiero decir que no deban responder penalmente. A ellos se les aplicarán las normas que el Parlamento despachó hace algunos años, contenidas en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.
Sin embargo, insisto en que es imprescindible, de un lado, descongestionar el sistema, terminar con el hacinamiento penitenciario, y de otro, apostar fuertemente por la reinserción de esos jóvenes, en muchos casos menores de edad o que lo eran cuando delinquieron, pero que ya no lo son.
Eso es bueno para el país.
Respecto a lo manifestado en orden a que la aplicación del principio más favorable al imputado podría implicar beneficios para dichos jóvenes, debo decir que, ¡claro!, ello será así para muchos de ellos. Pero también es preciso señalar que en esos casos estamos hablando de personas hoy mayores de edad, que participaron en acciones que todos repudiamos -por supuesto-, pero que no son hechos de sangre. Se trata de otro tipo de delitos, que -repito- quedarán sujetos a la ley penal que corresponda.
En definitiva, creo que nos hallamos ante un buen proyecto, que es necesario y que echábamos de menos desde que se modificó la Ley Antiterrorista.
Y, dicho sea de paso, es menester señalar que todos los organismos de derechos humanos en Chile sostienen que las enmiendas introducidas en dicho cuerpo legal, si bien permitieron acuerdos para destrabar una situación existente en el sur del país muy compleja desde el punto de vista político, social, de reconocimiento de derechos políticos y, desde luego, de seguridad pública, resultaron insuficientes.
Yo estoy convencido -lo dije en su oportunidad- de que las modificaciones a la Ley Antiterrorista y a la Ley de Justicia Militar constituyeron un paso; pero estoy seguro de que en algún instante vamos a tener que estudiar nuevas enmiendas a esos cuerpos legales.
Reitero que el proyecto es necesario y conveniente desde todo punto de vista, y anuncio que lo votaremos favorablemente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , voy a hacer dos reflexiones sobre la materia.
En primer lugar, efectivamente esta iniciativa legal presentada por el Gobierno busca resolver una controversia suscitada en los tribunales de justicia respecto a si los menores que incurren en delitos o, en particular, en conductas sancionadas por la Ley Antiterrorista deben ser juzgados por esta o por la legislación especial existente: la Ley de Responsabilidad Penal de los Adolescentes.
El cuerpo legal que nosotros despachamos en su momento y que se pretende clarificar por medio de este proyecto establece que los menores de 18 años deben ser juzgados por las normas de la ley especial dictada, que dispone un tratamiento distinto para los menores de edad que cometan un delito.
¿Y cuál es? La Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. En tanto que el Código Penal actúa en forma supletoria.
Por lo tanto, este proyecto aclara lo que el legislador hizo antes, para evitar dobles interpretaciones.
Yo presenté una indicación, que fue rechazada por la Comisión (fui el único que votó a favor de ella), para agregar, después de la frase que dice "La presente ley no se aplicará a las conductas ejecutadas por personas menores de 18 años" -es decir, en cuanto a las conductas terroristas y su penalidad-, lo siguiente: "En este caso, tales conductas se sancionarán de acuerdo a la normas pertinentes del Código Penal y de la ley Nº 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.".
Me parece que incorporar esa precisión en el texto del proyecto es muy bueno. Y lo hago, fundamentalmente, pensando en que la expresión "La presente ley no se aplicará a las conductas ejecutadas por personas menores de 18 años" podría interpretarse en el sentido de que no existe una legislación aplicable a los menores y, por tanto, sus conductas podrían quedar impunes.
El Ministro de Justicia y la mayoría de los miembros de la Comisión piensan lo contrario. Ellos sostienen que no incluir ese inciso no afecta en nada, porque siempre se entenderá que, supletoriamente, será aplicable la normativa que rige a los menores: la ley Nº 20.084, que establece un sistema de responsabilidad penal de los adolescentes.
Estimo relevante dejar constancia de que, si los menores cometen una infracción legal no quedarán impunes, por cuanto están regidos por la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y por el Código Penal, en forma supletoria. Eso es lo fundamental para los efectos de las decisiones que adopten soberanamente los tribunales de justicia, las cuales deben apegarse al texto y al espíritu de la ley.
Y estoy seguro de que en el informe de la Comisión se entiende que ese es el espíritu de la ley. Mi indicación solo pretendía ahondar en dicho punto.
En todo caso, señor Presidente, me gustaría entrar a un asunto de fondo, porque el tema mapuche siempre es objeto de debate en el Senado cuando se registra una huelga de hambre o se trata de cambiar la legislación.
Noto una legítima preocupación en los señores Senadores al respecto, pero me gustaría que ella fuera más activa con respecto a cuestiones que al mundo mapuche le importan mucho más que el proyecto en debate, en las cuales el Gobierno ha tenido muy buenas iniciativas.
A modo de ejemplo, por primera vez se efectúa una consulta masiva a todos los pueblos originarios acerca de materias que los van a afectar. Ello nunca se había realizado en la forma como lo está haciendo el Gobierno del Presidente Piñera, consultándoles su opinión sobre la manera como la Constitución Política debería reconocerlos; sobre los proyectos productivos; sobre la política de entrega de tierras; sobre la representatividad que debieran tener ante el Estado de Chile.
Asimismo, cabe añadir que por primera vez en La Araucanía se ha abierto la institucionalidad del Estado chileno a las comunidades mapuches. Y, si analizamos lo ocurrido en el último año, veremos que es el período en que menos actos de violencia se han registrado en dos décadas.
Eso se debe a que el Intendente de la Novena Región , Andrés Molina ; el Presidente de la República , Sebastián Piñera ; el Ministro Cristián Larroulet , y, particularmente, el Ministro Felipe Kast realizaron algo que nunca antes se hizo: sentarse a dialogar cara a cara, abiertamente, sin ningún tipo de manipulación.
Y por eso, hoy día existen mesas de diálogo con un éxito rotundo -¡un éxito rotundo!-, donde participan la inmensa mayoría de las comunidades mapuches a niveles regional y nacional, y todos los pueblos originarios, sobre la base de un debate transparente, claro.
Un importante líder mapuche de la Región de La Araucanía y varios loncos con quienes tuve la oportunidad de entrevistarme me decían que por primera vez han visto que la institucionalidad del Estado de Chile se les abre en forma transparente, clara: los escucha, dialoga con ellos y les dice exactamente lo que hay que hacer, sin manipulaciones ni promesas que después no se cumplen.
Por tales razones, quiero dejar constancia de mi reconocimiento y valoración a la labor realizada por el Gobierno del Presidente Piñera y, sobre todo, a la tarea efectuada por los Ministros encargados del área pertinente, fundamentalmente don Felipe Kast y don Cristián Larroulet .
Y, además, aprovecho de pedirles a todos los parlamentarios que cooperen con esta política, que no la obstruyan y que ayuden a generar grandes consensos sobre el particular.
De otra parte, señor Presidente, pienso que argumentar que debemos modificar la legislación cada vez que se lleve a cabo una huelga de hambre significa entrar en una espiral de extraordinarias gravedad y peligrosidad.
Me explico.
Efectivamente, las modificaciones que introdujimos fueron las correctas, porque arreglaron ciertos aspectos de la ley que afectaban el debido proceso, por ejemplo, qué se entiende por una presunción legal y otras normas.
Pero, en el caso de la huelga de hambre que se desarrolla en La Araucanía, quiero recordar que se trata de personas condenadas no por la legislación antiterrorista, sino por la común -¡común!-; no fueron sentenciadas por la fiscalía militar, sino por los tribunales de justicia (debemos esperar si el juicio es anulado o no, ya sea por la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, trámite que corresponde en todos los juicios), y, además, fueron condenadas, según la acción del Ministerio Público y la sentencia del tribunal oral, por intentar asesinar a un fiscal.
Entonces, no se trata de un delito menor, salvo que alguien admita que el intento de asesinato a un fiscal lo es.
Un Senador Socialista -no se halla presente en la Sala- me decía que encontraba increíble que frente a este hecho también se pusiera en duda la ley.
Cabe preguntarse qué pasaría si, en vez de un fiscal, se hubiera atentado contra un Senador...
El señor PROKURICA .- ¡Si fuera del lado nuestro, no importaría...!
El señor ESPINA.- Yo sé que habría ocurrido. Se habría puesto el grito en el cielo, por estar en juego la autoridad, en fin.
Aquí lo que está en juego es el intento de asesinar a un fiscal. Pero a algunas personas -lo digo con toda franqueza- eso les resulta totalmente indiferente.
La señora RINCÓN.- ¡Importa cualquiera que sea la víctima!
El señor ESPINA.- Confío en que el Senado de la República no comparta el criterio al que me he referido; confío en que esta Corporación coincida en que se trata de un delito grave que merece una dura sanción, y que las personas responsables de esas conductas deben ser sancionadas como corresponde.
Tema aparte, señor Presidente, es el debate pendiente que debemos abordar en el Senado: la deuda histórica que, sinceramente, creo que el Estado de Chile mantiene con nuestros pueblos originarios.
Quienquiera que haya leído minuciosamente la historia de Chile, más allá de su posición política, sabrá que nuestro país no ha tratado en forma adecuada a los pueblos originarios. Peor aún, los ha maltratado al aplicar una política de entrega de tierras en que no se ha respetado el compromiso empeñado por el Estado; los ha maltratado al no cumplir sus promesas; los ha maltratado al no transformarse en una sociedad multicultural y pretender la asimilación de las comunidades mapuches al Estado chileno.
Todas esas políticas han sido modificadas por el actual Gobierno, y ello constituye el giro más importante que se ha hecho en esta materia durante muchas décadas.
Por tales razones, señor Presidente, voto a favor de la iniciativa.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente , haré uso de la palabra para fundamentar brevemente por qué apoyo este proyecto.
En general, la tabla de penas normales en Chile es muy rigurosa. Son más duras, en promedio, que en legislaciones comparables para situaciones equivalentes.
En nuestro sector no somos partidarios de penas que pueden llegar a ser excesivas. La Ley Antiterrorista, se aplique a quien se aplique, contempla situaciones que las agravan en uno, dos y hasta tres grados, según el caso, con lo cual llegan a ser de veras casi indignas.
Ahora, en sentido inverso, cabe razonar que los delitos terroristas tienen una gravedad especial, ya que -por definición y por su esencia- causan terror. De ahí viene el sustantivo "terrorismo".
Y corresponde a un derecho elemental de toda persona el no sentir miedo, sobre todo terror, al menos cuando se procura de forma deliberada.
Ahora, el argumento más potente contra la ley en proyecto, cuya finalidad es precisar la aplicación de las penas, según lo explicó muy bien mi antecesor en el uso de la palabra, es que puede inducir a los sectores violentos a reclutar a adolescentes menores para la comisión de ciertos delitos. Y eso no sería extraño en sectores que de veras no topan en mayores reservas morales.
Hay otras situaciones, sin embargo, en que se dice que los mayores de 14 años pueden decidir autónomamente. Y dejo constancia de la contradicción subyacente en esto. Por ejemplo, en las relacionadas con la vida personal, o con la disposición de la propia vida, o con la disposición de la vida de terceros por la vía de la eutanasia activa o pasiva.
Finalmente, quisiera hacer constar que se incurre en un tremendo simplismo cuando algunos asimilan la suerte del pueblo mapuche a ciertas conductas terroristas de grupos muy pequeños y que están movidos por móviles ideológicos.
La mayor parte de las personas comprometidas en delitos de terrorismo tienen muy poco que ver con el pueblo mapuche. Por lo tanto, rechazo categóricamente esa asimilación que se suele hacer, sobre todo desde sectores de Izquierda, aunque parezca extraño.
El terrorismo no reconoce fronteras; no tiene en general connotaciones étnicas, al menos en Chile.
Esas son las razones que me mueven a votar que sí, señor Presidente . Pero lo hago con alguna prevención.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- ¿Pidió la palabra, señor Ministro , o rehusará a hacer uso de ella?
El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).- Señor Presidente , habitualmente, cuando solicito la palabra, hago uso de ella. La pido poco, pero me gusta intervenir.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Con la anuencia de la Sala, tiene la palabra, señor Ministro.
El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).- Señor Presidente , como ya lo señalaron los Honorables Senadores, esta iniciativa, que se originó en un mensaje del Presidente de la República , viene a corregir una realidad con relación a un conjunto de leyes aprobadas por el Parlamento hace ya varios meses y cuyo objetivo era perfeccionar nuestra institucionalidad jurídica para asegurar juicios justos en una serie de procedimientos asociados a diversas denuncias formuladas, especialmente en La Araucanía.
Queremos valorar el debate habido en el Senado y agradecer los planteamientos que se han hecho.
En torno a eso, debo manifestar que el Gobierno ha tenido una postura muy clara en materia de perfeccionamiento de la institucionalidad: primero, para asegurar juicios justos en todos los casos; segundo, para sancionar las conductas que promueven la violencia de todos los sectores involucrados, y tercero, para impulsar una política nueva, distinta, que reconozca la importancia de los pueblos originarios y la urgencia de cambiar mecanismos aplicados durante décadas y que han significado discriminación o falta de igualdad de oportunidades para con esos pueblos.
En tal sentido, en primer lugar, hemos hecho cambios importantes en la política de entrega de tierras, cumpliendo con un elemento básico: no hay más entrega si no existen programas de apoyo productivo.
Y en segundo término, se han implementado políticas que perfeccionan y mejoran la calidad de la educación, particularmente en las zonas con mayor porcentaje de población indígena.
A propósito, quiero decir algo que no se ha mencionado en este debate.
Si observamos lo ocurrido en La Araucanía respecto al mejoramiento del puntaje en las pruebas SIMCE, debemos estar muy contentos y orgullosos, porque en esa Región ha habido un incremento significativo en la calidad de los resultados. Y ese aumento se da especialmente en las escuelas con mayor cantidad de alumnos vulnerables, las que están integradas por un número relevante de estudiantes provenientes de pueblos originarios.
Así que debemos estar contentos, señor Presidente.
Parte sustancial de eso se ha logrado a través de los programas de mejoramiento en los procesos de lectura introducidos durante años y que dieron sus principales frutos y lograron su mayor intensidad en el primer año de nuestro Gobierno.
Por lo tanto, estamos muy conformes con la aprobación de esta iniciativa legal, como asimismo con los avances de las nuevas políticas en favor de los pueblos originarios que está llevando a cabo el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y de la Coalición por el Cambio.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (24 votos favorables), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Longueira, Navarro, Orpis, Pizarro, Quintana, Rossi, Sabag y Walker (don Patricio).
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Por no existir en este momento condiciones al objeto de fijar plazo para presentar indicaciones -deberemos hacerlo en los próximos días-, levantaré la sesión luego de dar curso a los oficios solicitados por diversos señores Senadores.
El señor PROKURICA.- ¿Y no habrá hora de Incidentes, señor Presidente?
El señor NAVARRO.- ¡Eso significa vulnerar el derecho básico de las minorías!
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Les explicito en mejor forma la situación a Sus Señorías: no existe el número suficiente de Senadores para...
El señor NAVARRO.- ¡Pero no hay nada que votar!
El señor PROKURICA.- Señor Presidente...
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Permítame, Su Señoría, explicarle el punto al Senador señor Navarro: como no hay en la Sala la cantidad de Senadores requerida, no es posible fijar plazo para formular indicaciones al proyecto recién aprobado en general. Reglamentariamente, es el paso previo para entrar al Tiempo de Votaciones y pronunciarse sobre los proyectos de acuerdo que figuran en la tabla.
Por lo tanto, la determinación del plazo respectivo queda pendiente hasta la próxima sesión.
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