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El señor LAGOS.- Señor Presidente , al igual que otros colegas, en primer lugar, deseo hacer un reconocimiento a los Senadores que pensaron y pusieron por escrito la moción que dio origen a este proyecto de ley: los Honorables señores Hernán Larraín , García , Letelier , Sabag y Pérez Varela .
Creo que la normativa propuesta viene a hacer justicia en términos laborales, pues termina con una discriminación, con una diferenciación que a todas luces no se justifica, y permite regular de mejor manera las relaciones laborales al interior del aparato público.
La modernización del Estado presenta distintas dimensiones (lo relativo a las compras públicas, a los nombramientos). Pero también implica dar al Estado chileno y a sus funcionarios una institucionalidad de la que hoy día carecen para conseguir sus legítimas reivindicaciones.
Complemento esto que cae de maduro con dos comentarios breves.
El primero es que legislar sobre las relaciones laborales, la negociación colectiva, el derecho a huelga de los trabajadores del sector público permitirá ordenar la forma en que tiene lugar el diálogo al interior del aparato público en Chile.
Ese diálogo hoy existe -ha estado presente desde que recuperamos la democracia hace 21 años-, pero resulta complejo; no es transparente; está sometido siempre a la interpretación pequeña; no regula la manera de expresarse ni las movilizaciones ni las reivindicaciones legítimas del sector público.
La propuesta que nos ocupa -si tiene éxito, si se negocia bien, si logra los acuerdos necesarios para generar una ley orgánica constitucional acorde con la que muchos queremos- posibilitará que los Gobiernos de turno tengan claro un cronograma de entendimiento con los funcionarios públicos; nos permitirá saber qué legislación será aplicable, y, sobre todo, ayudará a dichos trabajadores a organizarse de mejor forma.
Hoy día ellos cuentan con una representación, que es legítima. Pero, una vez que dispongan de la legislación que dará carácter legal a la negociación colectiva y al derecho a huelga, tales funcionarios -a veces desconfían del modo en que opera el sistema- participarán más activamente en las negociaciones y discusiones de su sector en lo que dice relación con sus derechos y legítimas reivindicaciones.
Por ello, señor Presidente, considero que la mayoría de nosotros concurrirá con su voto favorable.
Me costaría creer que hay Senadores que no desean acoger esta propuesta para un sector importante de trabajadores en Chile: los que se desempeñan en el sector público, con altas responsabilidades. Se trata de un sector público reducido y deprimido; un sector público que debe hacer frente, con la misma planta, a un Estado que cuenta con un presupuesto seis veces mayor al que tenía hace 20 años.
Forma parte de la modernización del Estado otorgarles ciertos derechos básicos a los trabajadores públicos de Chile.
Me alegro de lo propuesto mediante esta reforma constitucional, pues ello permitirá al movimiento sindical del sector público salir fortalecido. Contará con reglas más claras y transparentes, lo cual dará aún más legitimidad a sus dirigentes. En consecuencia, dicho sector podrá sacar la voz y hablar como corresponde.
Me reservo para la discusión en particular la opinión respecto de los alcances del artículo transitorio.
Ojalá podamos efectuar un debate con altura a la hora de discutir lo relativo a la ley orgánica constitucional. Confío en que recogerá lo mejor de aquello que esperamos para el sector público.
He dicho.
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