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El señor GIRARDI ( Presidente ).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos irregulares, y renueva su vigencia, con segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6830-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 79ª, en 22 de diciembre de 2010.
Informes de Comisión:
Vivienda y Urbanismo: sesión 85ª, en 11 de enero de 2011.
Vivienda y Urbanismo (segundo): sesión 35ª, en 19 de julio de 2011.
Discusión:
Sesión 86ª, en 12 de enero de 2011(se aprueba en general).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Esta iniciativa se aprobó en general en sesión de 12 de enero del año en curso y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, que deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 6°, 9°, 10 y 11 contenidos en el artículo único no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, es decir, conservan el mismo texto que se aprobó en general.
Estas disposiciones deben ser aprobadas, salvo que algún señor Senador, con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión y votación.
--Se aprueban reglamentariamente.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- La Comisión informante efectuó una serie de modificaciones al texto aprobado en general, las que fueron acordadas por unanimidad, con excepción del número 2 del artículo 2° contenido en el artículo único, que se aprobó por 3 votos a favor (Honorables señores Letelier, Uriarte y Tuma) y una abstención ( Senador señor García).
Las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o que existan indicaciones renovadas.
De esas modificaciones unánimes, el artículo 4° contenido en el artículo único tiene carácter orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 22 votos conformes.
El señor GIRARDI (Presidente).- En la discusión particular, tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente , este proyecto es esperado desde hace bastante tiempo por miles de familias que a lo largo del territorio nacional, por diversas razones, han adquirido un terreno sin cumplir la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la cual establece que solo es factible subdividir los sitios si existe urbanización.
Es común que familias apremiadas por poner término a su condición de allegadas o al pago de arriendos imposibles de solventar adquieran, a espaldas de la legislación, terrenos donde colocan sus esfuerzos para construir su hogar.
Lamentablemente, llegado el momento de regularizar la situación, ante la necesidad de hacer real el sueño de la casa propia con urbanización completa, con título a su nombre, con independencia, esas personas están impedidas de acceder a subsidios o beneficios del Estado, por la situación anómala en que viven.
En 2007 presenté un proyecto que, en definitiva, fue ley de la república con vigencia por 24 meses, tiempo insuficiente para el saneamiento de muchos loteos; en el nivel nacional se regularizaron solo cerca de 400.
Durante el período de vigencia de la ley N° 20.234 nos dimos cuenta de que numerosas familias no pudieron acogerse a sus beneficios, o por falta de información, o porque los directores de obras no quedaron eximidos de las sanciones aplicables por el otorgamiento de autorizaciones al margen de la Ley de Urbanismo y Construcciones o por la concesión de permisos definitivos en el caso de loteos que no reunían las condiciones tan exigentes establecidas en el mencionado cuerpo legal.
Los problemas expuestos fueron abordados por la iniciativa en debate, que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados.
Tras llegar el proyecto al Senado, lo revisamos en la Comisión de Vivienda, donde participaron el Honorable señor José García , colega de mi circunscripción que conoce la situación dramática de los loteos irregulares; el Senador Gonzalo Uriarte , Presidente de la Comisión de Vivienda cuando la iniciativa se aprobó en la Cámara de Diputados; el Vicepresidente del Senado , Juan Pablo Letelier , y el colega Hosaín Sabag .
Excepciono a la Honorable señora Lily Pérez , quien, por razones de salud, se ausentó del debate habido en la Comisión. No obstante, valoro su respaldo en la última sesión.
En buenas cuentas, esta iniciativa, en primer término, establece un nuevo plazo, de tres años, para acogerse a la ley que permite la regularización en comento.
En segundo lugar, simplifica los requisitos que deben cumplirse para la postulación. Algunos son básicamente los mismos que consignaba la ley original: que el loteo se encuentre materializado de hecho antes del 31 de diciembre de 2006; que en más de 40 por ciento del loteo existan residentes, si está ubicado dentro del radio urbano, o en 30 por ciento en los demás casos; que las viviendas existentes en el loteo tengan una tasación máxima de 2 mil unidades de fomento -antes era de 1.000-, para, actualizando los valores, permitirles a los sectores medios acogerse a la ley en proyecto; que la localización no sea en áreas de riesgo, a menos (aquí colocamos una excepción) que se presente un informe de mitigación; que no existan reclamaciones pendientes ante la respectiva dirección de obras municipales.
Los loteos irregulares que no cumplan esos requisitos, entre otros, tendrán que acogerse para su regularización a la Ley General.
Para iniciar el trámite pertinente hay que presentar una solicitud, suscrita por los interesados que representen al menos 20 por ciento de los derechos en el loteo, donde se explique el origen irregular de este y por qué no se ha obtenido la recepción definitiva; donde se indique el número de sitios y a qué título se ocupa el respectivo predio; donde se contenga la certificación de la residencia por una autoridad competente (junta de vecinos, Carabineros, etcétera).
Además, debe presentarse una propuesta de plano del loteo, firmada por un profesional competente, elaborado a base de un levantamiento topográfico que grafique las viviendas existentes.
En seguida, es necesario entregar un plano de ubicación y emplazamiento del loteo.
De otra parte, se le fija a la dirección de obras municipales un plazo (en la ley primera ley no se consignaba ninguno) de 60 días para pronunciarse respecto al otorgamiento de una recepción provisoria o definitiva.
La provisoria obedecerá al incumplimiento de los requisitos mínimos. ¿Y cuáles son? No los determinados por la Ley de Urbanismo y Construcciones. La ley en proyecto solo pide la existencia de agua potable, alcantarillado, luz, gas y pavimento.
En el caso de los pavimentos se podrá excepcionar del cumplimiento de la obligación. Para ello habrá que elevar una solicitud a la Seremi de Vivienda y Urbanismo.
Por consiguiente, tenemos aquí un proyecto de ley que prevé plazos, sistema de apelación -la legislación precedente no lo consignaba-, facultad a los municipios para celebrar convenios; que, a partir de la recepción provisoria, abre la posibilidad legal de recurrir a fuentes de financiamiento público proveniente de las municipalidades, de la dirección de obras, de los fondos regionales de desarrollo, de fondos concurrentes de la SUBDERE, del Ministerio de Vivienda (ya estamos en conversaciones con él, a través de la Comisión de Vivienda del Senado, a fin de diseñar un plan especial para los efectos de conseguir la urbanización).
Señor Presidente , la iniciativa en discusión ha contado con el apoyo incondicional de los vecinos, a quienes se escuchó. A la Comisión concurrieron algunos alcaldes; entre ellos, el de Temuco. Analizamos en detalle el articulado.
En consecuencia, pienso que este proyecto tiene méritos para que el Senado lo apruebe por unanimidad.
El paso siguiente es la aceptación por la Cámara Baja de las enmiendas que introduzca el Senado, a los efectos de que demos vida a una ley que satisfaga el sueño de la casa propia para miles de familias chilenas.
Por último, expreso mi gratitud a la Secretaría de la Comisión -a Milena Karelovic y a Marcela Correa- por la colaboración que prestó para que esta iniciativa tuviera un ritmo de trabajo, si bien intenso, muy productivo.
Reconozco el esfuerzo de los miembros de la Comisión, y espero que el Senado despache este proyecto de ley, cuyo propósito es regularizar la propiedad en el caso de numerosas familias que anhelan cumplir el sueño de la casa propia.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente , Honorable Sala, estamos ante un proyecto de ley en el que tienen depositadas sus esperanzas cientos de miles de familias asentadas hoy en loteos irregulares. De alguna manera, también responde al anhelo de la casa propia de personas que viven en Viña del Mar, en Reñaca Alto, en Forestal, en Valparaíso, en San Antonio, en las comunas del litoral.
Esta iniciativa busca, primero, simplificar los procedimientos, que en la ley N° 20.234 eran engorrosos y les dificultaba a los vecinos que habitaban en loteos irregulares el saneamiento de su situación.
En ese contexto, se necesitaban recursos para realizar los planos, por ejemplo, y la seremía no disponía de ellos.
Ahora se simplifican, asimismo, los plazos para las recepciones provisorias y definitivas.
No menor es la solución que se da en virtud de este proyecto al incorporar también -a diferencia de lo que ocurría con la ley N° 20.234- a las personas de estratos medios que viven en loteos irregulares de hasta 2 mil unidades de fomento, en promedio. Esta medida es muy importante, porque la gente que habita en loteos de esa índole (en Viña del Mar existen varios), debido a indicaciones presentadas por algunos parlamentarios, había quedado marginada de la posibilidad de regularizar su situación. Entonces, se abre el camino para que esos habitantes sueñen asimismo con la vivienda propia.
Quiero felicitar a los miembros de la Comisión de Vivienda por el tratamiento expedito que le dieron a esta largamente anhelada iniciativa.
Espero que el Ejecutivo , por la vía de la urgencia -aprovecho la oportunidad para pedirle que sea "suma"-, acorte el tiempo de tramitación.
Las seremías de Vivienda de todas las Regiones del país quieren que se despache pronto esta iniciativa, que tiene esperanzados y expectantes a muchos chilenos que aspiran a la casa propia.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , este proyecto se ha discutido latamente en la Comisión de Vivienda, donde han participado numerosos invitados, incluidas autoridades comunales, dirigentes de agrupaciones de loteos irregulares, etcétera.
Las exposiciones realizadas sobre la materia por los colegas Tuma y Chahuán han sido muy detalladas y amplias.
En el referido órgano técnico aprobamos esta iniciativa por unanimidad, y le solicitamos a la Sala proceder de la misma manera.
Reconozco que los Senadores García y Tuma han puesto mucho empeño en sacar adelante el proyecto en debate. Sus Señorías expresaron que en la Región que representan se concentra el mayor número de loteos irregulares: 77 en Temuco, con 4.856 familias, y 47 en el resto de la Novena Región, con 1.230 familias.
Naturalmente, nuestro deseo es apoyar a esas familias para que la situación de irregularidad y mala calidad de vida que afecta a muchas de ellas tenga una solución plausible y rápida.
Sin embargo, yo les he señalado a Sus Señorías que durante el Gobierno del Presidente Frei se crearon los programas Chile Barrio y Mejoramiento de Barrios. Y los invité a visitar mi Región, donde fueron solucionados casos en que existían grandes irregularidades. Así, actualmente hay alcantarillado; pavimentación, soleras y veredas; cocinas y baños al interior de las casas. Y, a los efectos de abordar las pocas situaciones irregulares que iban quedando, el gobierno regional destinó los recursos necesarios para resolverlas definitivamente: casi 6 mil millones de pesos para dos localidades.
¿Qué ha pasado en Temuco? ¿Por qué no se ha optado por acceder a los referidos programas, que contemplan no solo los estudios del loteo, sino incluso las escrituras y el gasto que representan para cada persona?
¿Por qué en esta materia la Región de La Araucanía se ha quedado atrás?
Como manifesté en la Comisión -y lo reitero aquí-, esos programas existen. Y la Subsecretaría de Desarrollo Regional pertinente cuenta con los recursos necesarios para el financiamiento. Basta buscar el camino apropiado para acceder a ellos y resolver los problemas.
Yo estoy porque se busque la solución más adecuada posible, señor Presidente.
Se hablaba de fijar un plazo amplio, de cinco años, prorrogable por otros cinco.
¡Por favor! ¡De qué estamos hablando! ¡Si la condición de Chile hoy es otra!
Cuando éramos pobres, en el período del Presidente Frei Montalva , hacíamos la "operación sitio", en que entregábamos un terreno pequeño. Y después teníamos el "programa de autoconstrucción", para que la misma gente fuera construyendo de a poco los cercos, las instalaciones para el agua potable. Y las viviendas que se entregaban eran de 20 a 30 metros.
¡La condición de Chile ahora es otra!
Hoy día vemos cómo el Parlamento de Estados Unidos busca con el Presidente Obama la forma de ampliar el margen de endeudamiento de ese país, el más rico del mundo, que llega a 100 por ciento del producto interno bruto. Y si no se autoriza el aumento, la nación del Norte va a caer a una situación económica gravísima.
Cuatro países europeos se hallan en condiciones parecidas: Grecia, Irlanda, Portugal y España, cuyo endeudamiento alcanza a 170 por ciento del producto interno bruto.
Japón debe 200 por ciento de su producto interno bruto.
Ahí se destaca lo que es Chile hoy: ¡Acreedor del mundo! ¡Prácticamente, cero deuda! Existe una deuda, pero las reservas económicas son mucho más grandes que ella. Por lo tanto -como dije-, somos acreedores del mundo.
En consecuencia, debemos levantar la vista, no esperar 10 años más para sacar a las familias en comento de la situación irregular en que se encuentran.
Tenemos recursos, tenemos credibilidad, tenemos programas. ¿Por qué, entonces, hay grupos de chilenos viviendo en las condiciones señaladas?
Vamos a aprobar el proyecto en debate, señor Presidente . Empero, llamo la atención de Sus Señorías, pues existen los programas (y en la Ley de Presupuestos aprobamos el financiamiento respectivo) indispensables para sacar adelante a todas las familias que viven en la forma indicada.
Yo no aspiro a cinco años para normalizar la situación. Creo que ello puede lograrse en uno, dos o tres años. Y si algunas personas se quedaron atrás, es hora de que los recursos disponibles vayan a los sectores más postergados.
Soy un hombre muy optimista, señor Presidente . Hemos trabajado por nuestra gente. A lo mejor me he preocupado principalmente de mi Región, que es lo que me corresponde; pero las otras Regiones también me interesan.
Ojalá que los Senadores a que me referí solucionen las dificultades que enfrentan en su circunscripción. Para ello cuentan con todo nuestro aprecio, cariño y respaldo.
Por eso, con agrado aprobaré en particular esta iniciativa -tal como lo hice en la Comisión de Vivienda-, que sí va a servir. Pero vuelvo a decir: "Fijémonos en los programas existentes -están instituidos, cuentan con presupuesto y el Gobierno de turno los mantiene vigentes- para superar de la forma más rápida posible la situación de postergación que afecta a numerosos chilenos".
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Uriarte.
El señor URIARTE.- Señor Presidente , ya se dijo -especialmente por el Senador Tuma , como Presidente de la Comisión de Vivienda- que este es un proyecto muy importante, que viene a continuar o complementar lo que ya hizo la ley que entró en vigencia el año 2007 y expiró el 5 de enero de 2010.
La nueva normativa en estudio no solo crea un procedimiento simplificado y expedito para resolver el problema de los loteos irregulares, sino que también recoge la aplicación, breve pero muy valiosa, del cuerpo legal anterior.
Lamentablemente, este último no logró solucionar dos grandes dificultades.
La primera se refiere a que no se contempló una exención de responsabilidad para los directores de Obras Municipales, razón por la cual estos se han negado a poner en práctica la norma. Y eso, en el fondo, privó de un efecto pleno a un ordenamiento llamado a superar muchas de las situaciones de que se trata.
El artículo 10 de la iniciativa se hace cargo ahora del punto en forma explícita, y esperamos de verdad que en todas las comunas donde se suscite la cuestión esos funcionarios se ceñirán a cabalidad a la ley. Ello rescatará, además, el espíritu inspirador de quienes hemos participado en el estudio del texto, que es zanjar una cuestión que impide acceder a muchos beneficios con financiamiento del Estado.
Pero es preciso agregar que se considera una serie de otros problemas de orden práctico. Por ejemplo, el monto de la tasación de las viviendas que podrían acogerse al procedimiento aumenta considerablemente, de mil a dos mil unidades de fomento, lo cual amplía el universo de las que resultarán favorecidas.
Es cierto que no se sanea la titularidad de la vivienda, en sí misma, sino los papeles -para que se entienda bien- del loteo donde se ha construido, en el cual ella podrá equivaler ahora a hasta dos mil unidades de fomento. Conforme a estas nuevas condiciones se obtendrá el beneficio.
El proyecto efectúa otra corrección, señor Presidente . El 5 de enero de 2010 venció el plazo de vigencia de la ley Nº 20.234 y muchos loteos -ya han sido catastrados- quedaron fuera de su ámbito de aplicación. La iniciativa en debate dispone una ampliación de cinco años, prorrogables por otros cinco, para que en un período más prolongado, de 10 años, podamos superar de una vez por todas el problema.
Pero un aspecto que no deja de ser trascendente es que se les da a los propios interesados un plazo muy importante para cumplir con los requisitos que exige la ley.
Por último, muchas personas se preguntan qué provecho concreto obtendrán del cuerpo legal. La respuesta es bastante sencilla. Primero, se saneará la titularidad del loteo donde se halla construida la vivienda; pero, en segundo lugar, se permitirá, ahora sí de manera expresa, optar a programas con financiamiento estatal vinculados a alcantarillado, pavimentación, colectores de aguas lluvias, implementación de áreas verdes, y a todos los planes de pavimentación participativa, de mejoramiento urbano, etcétera, radicados en organismos de distintos Ministerios, como el SERVIU y la Dirección de Vialidad.
Los que se acojan al procedimiento mencionado van a poder elegir efectivamente en el mundo de las posibilidades que ofrece una vasta gama de programas de protección social.
Por todo lo anterior, señor Presidente , votaremos a favor de una iniciativa que creemos de verdad que hará mucho bien no solo en comunas que pudieran verse involucradas eventualmente en el caso que nos ocupa. En efecto, me tocó ver muy a fondo la cuestión en la de Padre Hurtado , donde se registraban cerca de 4 mil viviendas construidas en situación irregular; pero también pude observar cuadros de mucho dramatismo en la de Los Vilos, en la Cuarta Región, al igual que en Pichidangui, el valle del Elqui y el sector de Pan de Azúcar. Existen muchos lugares, lamentablemente, con un conjunto de viviendas que se han ido levantando en forma irregular.
Considero que la iniciativa constituye una gran noticia para todas las personas que se han ido estableciendo de buena fe en zonas que no estaban preparadas ni resultaban aptas para vivir conforme a normas de urbanización. Ahora sí se podrá efectuar la regularización, sea dentro del radio urbano o fuera de este, para que mejore la calidad de vida de nuestros compatriotas.
He dicho.
El señor GIRARDI ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación, lo que han solicitado varios señores Senadores.
El señor FREI (don Eduardo).- ¿Cuántas deben realizarse?
El señor GIRARDI (Presidente).- En un caso se requiere quórum especial.
El señor WALKER (don Ignacio).- Que se abra.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- De todas maneras, será preciso llevar a cabo otra votación, por cuanto, como se informó, una de las normas no fue aprobada por unanimidad. Se trata del número 2 del artículo 2º, que registró 3 pronunciamientos a favor y la abstención del Senador señor García .
Todas las demás disposiciones fueron acogidas por unanimidad, sin perjuicio de que una de ellas exige quórum especial, razón por la cual se están tocando los timbres.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , en primer término, deseo saludar a los dirigentes de la Agrupación de Loteos Irregulares de Temuco que se encuentran en las tribunas, encabezados por su presidenta, la señora Soledad Gallardo , y reconocer que desde hace muchos años vienen dando una dura batalla por la regularización de los lugares donde, con mucho esfuerzo, han construido, no solo sus viviendas, sino también sus barrios. Y ello lo han hecho solos, sin ninguna ayuda del Estado, ya que han comprado terrenos que, finalmente, por distintas razones o circunstancias, no han podido cumplir con las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Por eso, es necesario contar con la normativa en estudio, la cual, sin duda, va a ayudar mucho a que las municipalidades puedan otorgar la recepción provisoria, mientras se realizan obras de urbanización, y luego, la definitiva.
Sin embargo, también me hago eco de lo expresado, con tanta fuerza y convicción, por el Senador señor Sabag , porque, para que la ley en proyecto rinda los frutos que todos esperamos, se requerirá el compromiso de los organismos del Estado que tienen que financiar las obras mencionadas. Considero que los pobladores, en su gran mayoría de escasos recursos, difícilmente podrían costear, por sí solos, obras de agua potable, energía eléctrica en el hogar, alumbrado público, alcantarillado -esto resulta más complicado aún, pues todos sabemos que se trata, muchas veces, de soluciones complejas, técnicamente, y también, por lo tanto, de un alto costo-, pavimentación y otras exigencias contempladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Dicho esto, señor Presidente, deseo referirme a materias bien específicas.
En primer lugar, para efectos de la votación, retiro mi abstención respecto del número 2 del artículo 2º del proyecto. Lo cierto es que esta obedeció a que quería que se dijera que los propietarios de loteos podían acogerse al decreto ley Nº 2.695, de 1979.
Sin embargo, ello no es necesario, en realidad, puesto que la mayoría de esos terrenos ya se encuentra en esa situación y la propiedad se encuentra hoy día acreditada.
La dificultad se presenta con los loteos y las viviendas construidas en tierras amparadas por la Ley Indígena. Y una de las materias a las que quiero referirme es precisamente a esta situación, puesto que en la comuna de Temuco y en la de Padre Las Casas -y probablemente en otras de la Región de La Araucanía- existen loteos en tierras indígenas, las cuales, como todos sabemos, se encuentran protegidas por una normativa especial. Tanto es así, que incluso no pueden ser divididas.
Lo primero que deseo consignar es que el proyecto también se va a extender a estos últimos. La ley es de aplicación en todo el territorio nacional. No obstante, si hacíamos una referencia expresa a los loteos amparados por la Ley Indígena, tendríamos que haber procedido a la consulta respectiva, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Eso habría demorado excesivamente la tramitación de la iniciativa que nos ocupa y la regularización de los que no se hallan en esa situación.
Pero en el caso de los correspondientes a tierras indígenas se podrá llevar igualmente las carpetas a las respectivas direcciones de Obras Municipales, que tendrán que acogerlas. Y si no es así, los vecinos podrán recurrir a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo como segunda instancia para solicitar la recepción provisoria o definitiva.
Ahora, cuando se vaya a regularizar uno de ellos también se va a requerir la consulta, pero lo más probable es que, en esa situación, sea loteo por loteo.
La Comisión de Vivienda, entonces, cuando se ocupó en esta parte del proyecto, consideró que será más fácil que los loteos, efectuada la consulta a los vecinos, obtengan un pronunciamiento favorable y se puedan regularizar -repito-, incluidos los que se encuentran en tierras indígenas. Ese es el espíritu con que presenta el proyecto de ley a la Sala para la aprobación en particular.
Otro aspecto que cabe mencionar, señor Presidente, es que se exime de responsabilidad respecto del incumplimiento de normas de la Ley de Urbanismo y Construcciones a los directores y funcionarios de las direcciones de Obras Municipales. Ello se hace precisamente con el propósito de que los primeros se allanen a aceptar las carpetas que van a llevar los respectivos comités, los dirigentes que representen a los distintos loteos irregulares.
Y no se trata solo de que las reciban, sino también de que las acojan a trámite y otorguen la recepción definitiva, en la medida en que se cumpla con tres requisitos: agua potable, energía eléctrica y solución de alcantarillado o, más bien, de tratamiento de aguas servidas, que perfectamente puede consistir, no en la conexión al alcantarillado general, sino en la construcción de una fosa sanitaria.
Si ese funcionario no considera ejecutadas las obras de urbanismo -las tres que he señalado: agua potable, electricidad y solución de tratamiento de aguas servidas-, va a tener que dar un plazo de cinco años para que se realicen.
La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda, por ejemplo, podrá reducir las superficies de pavimento, disminuir el ancho de las calles, eximir de las exigencias sobre equipamiento comunitario.
En definitiva, lo que la iniciativa está haciendo es facilitar al máximo que todos aquellos loteos que revisten hoy el carácter de irregulares puedan, no solo regularizarse, sino también incluir las obras mínimas de urbanización que permitan una vida acorde con el siglo XXI. Se trata de que todas las viviendas se hallen conectadas al agua potable, dispongan de energía eléctrica, cuenten con una solución de tratamiento de aguas servidas, tengan sus veredas, calles, pasajes. Es decir, el objetivo es que se viva como corresponde a los tiempos actuales.
Sé que no hemos satisfecho todas y cada una de las inquietudes de la Agrupación de Loteos Irregulares de Temuco, pero creo que se logra un gran avance.
A mi juicio, la ley en proyecto debe ayudar tanto a que las direcciones de Obras Municipales acojan las solicitudes de regularización como a que también lo hagan las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo.
Y tan importante como lo anterior es que los gobiernos regionales y, fundamentalmente, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, como lo expresó el Senador señor Sabag , dispongan de los recursos a través de los programas de mejoramiento de barrios, de tal manera que se realicen las obras y se regularicen definitivamente, no solo los terrenos, sino también la construcción de las viviendas.
Voto que sí.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, estimo que en el debate se incurre por momentos en confusiones, porque se juntan materias de naturaleza distinta.
El proyecto en discusión es, en términos sencillos, una "ley del mono" para regularizar loteos brujos. No es nada más ni nada menos.
Se puede mantener un juicio de valor acerca de por qué se han originado estos últimos: si fue porque el vendedor del paño estaba generando a sabiendas una situación irregular y ganando plata en forma abusiva o porque comités se organizaban a sabiendas de que estaban dando lugar a un asentamiento humano en territorios que no habían sido objeto de cambio de uso del suelo. Es posible dar muchos ejemplos. Lo cierto es que se llevaron a cabo.
En la historia de nuestro país surgieron de tomas de terrenos en los años cincuenta y sesenta, que eran el principal instrumento para que las familias del mundo popular accedieran a la vivienda propia.
En los años recientes ha cambiado el lenguaje y se han verificado a través de dos caminos: ocupación ilegal de terrenos -campamentos, propiamente tales- en lugares donde los propietarios no son claramente identificables o situaciones justamente de loteo.
Estimo que el fenómeno se ha distorsionado por momentos en el debate, pero existe. Y nos fueron a visitar varios comités de la Región de La Araucanía, pero es algo que se registra en las quince Regiones del país.
En el fondo, los loteos brujos son terrenos con propietarios colectivos -es un bien compartido-, sin que puedan asignarse títulos individuales de propiedad por no cumplirse con la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Lo que hace el articulado en análisis es modificar los requisitos para que exista una recepción municipal. Estos se reducen al mínimo, de forma tal que los interesados, que son dueños colectivos de un paño, puedan posteriormente tener títulos individuales de propiedad.
Señor Presidente , esta iniciativa no es para que el Estado financie la urbanización de esos proyectos. Lo digo con mucha fuerza. Y señalar lo contrario es llevar a confusión, es contradictorio con lo que la misma iniciativa establece. ¿Por qué? Porque el saneamiento de loteos brujos, que ahora vamos a regularizar, apunta no a las viviendas sociales, sino a las que tienen un avalúo de hasta cierto monto en UF, que ciertamente rebasa con creces cualquier programa estatal de infraestructura sanitaria. Desde luego, los programas de mejoramiento de barrios se llevan a cabo con un criterio de focalización de gasto.
No me quiero detener en ello, señor Presidente , pero no creo que sea bueno que el Senado genere expectativas en el sentido de que el Estado deba invertir recursos para que un loteo con recepción provisoria -de cinco años, según la presente iniciativa-, por sí y ante sí, sea necesariamente regularizado. Porque esa es una decisión que depende de las normas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y de las priorizaciones que al respecto hagan los gobiernos regionales. En muchos casos quizás los financien, pero no será por el ministerio de esta ley. Lo que está asegurado es lo mínimo.
Esta iniciativa -como digo, es una "ley del mono"- tiene por finalidad regularizar loteos brujos, paso necesario y previo para que las personas tengan títulos individuales de propiedad.
Aquí considero fundamental señalar lo siguiente.
Los señores Senadores recordarán que el Honorable señor Tuma fue, cuando era Diputado y junto con otros parlamentarios, uno de los promotores de la primera versión de la normativa que derivó en la ley N° 20.234. La nueva versión trae un mejoramiento, un perfeccionamiento, que consiste en indicarles a los directores de obras municipales que tienen la obligación y un plazo para pronunciarse. Porque muchas veces los comités, en particular los que nos visitaron desde La Araucanía, se encontraron con problemas al no haber claridad sobre el mandato o la obligación recaída en el director de obras y otras autoridades en cuanto a evacuar informes o entregar aprobaciones provisorias de loteos en plazos conocidos, con lo cual los trámites se prolongaban eternamente.
Una de las mejoras de esta iniciativa que quiero subrayar es el establecimiento de procedimientos y plazos que aseguran que, existiendo las condiciones mínimas señaladas por el Senador García (agua, luz, soluciones sanitarias y, más bien, vialidad, en un primer momento -voy a dejar una constancia a este respecto después-), debe cursarse la recepción provisoria del loteo, la que se puede transformar en definitiva si se demuestra el cumplimiento permanente de algunos de aquellos requisitos.
¿Cuáles? Para obtener la recepción definitiva no es necesario que haya red de alcantarillado. Ello no está contemplado en la iniciativa. No se exige alcantarillado, sino una solución sanitaria, es decir, fosa y pozo individuales.
Tampoco es necesario que las calles estén pavimentadas. Es más, se dispone que para la recepción definitiva se puede modificar el requisito de ancho cuando las calles tengan cierta longitud. Lo que se pide, en el fondo, es lo que habitualmente se llama "pavimento básico", esto es, solera, zarpa y vereda, en el peor de los casos, pero no la capa asfáltica de sellado de las calles.
Deseo que este punto quede en la historia de la ley para que los directores de obras no pidan luego cosas que el Congreso Nacional no ha determinado para la recepción, no provisoria, sino definitiva.
Queremos que se regularicen cuanto antes esos loteos brujos -en lenguaje del pasado-; que las personas obtengan la recepción definitiva en un plazo breve y, por sobre todo, que con este procedimiento especial logren pronto sus títulos de dominio, la certeza jurídica, una declaración explícita de que las casas construidas en dichos terrenos son suyas.
Señor Presidente , estas leyes son necesarias de vez en cuando, porque en Chile tenemos una cultura que nos hace ser lo que somos como sociedad. Y una de las cosas que nos caracterizan es ser el país donde existe la mayor cantidad de propietarios de viviendas en relación con la población. Somos la nación con mayor cantidad de propietarios per cápita del planeta.
El señor BIANCHI .- ¡No me diga...!
El señor LETELIER.- Así es, para que se informe bien.
Ello es uno de los tremendos éxitos de las políticas habitacionales chilenas. En nuestra cultura, la gente quiere ser dueña de un pedazo de tierra, con un título de dominio que diga: "Esto es suyo; esta es su vivienda". Y esta iniciativa legal apunta en esa dirección.
De vez en cuando tenemos que abrirnos a eliminar las rigideces de condiciones normales para resolver casos de excepción.
Lo propuesto le facilitará la vida a mucha gente en nuestro país. Y estoy seguro de que los comités de Temuco, de La Araucanía, de las numerosas comunas que nos visitaron, podrán respirar un poco más tranquilos, porque tendrán la certeza de que con este proyecto estarán en condiciones de regularizar su situación de una vez por todas.
He dicho.
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , quiero partir con lo último que expresó el Senador Letelier: que estas iniciativas legales son necesarias cada cierto tiempo; necesarias y, al mismo tiempo, excepcionales, como indicó el Senador Sabag, porque buscan dar respuesta a una cantidad muy importante de familias. De hecho, en la Región de La Araucanía este fenómeno se halla bastante extendido, como manifestó el Senador Tuma , autor tanto de la primera iniciativa, que permitió dar solución a un alto número de pobladores durante al menos dos años, como de la segunda, que hará posible resolver de manera más de fondo, a mi juicio, los problemas planteados aquí por todos mis Honorables colegas.
Este no es, tal como se dijo, un asunto nuevo. Basta recordar lo que ocurría en los años sesenta -hay varios testimonios de ello en la historia de nuestro país- cuando se iniciaron múltiples campamentos, debido, fundamentalmente, a los altos cánones de arrendamiento, a la imposibilidad de acceder a la vivienda, al endeudamiento que existía entonces.
Eso permitió la creación de las AAP (asociaciones de ahorro y préstamo), y luego de los programas CORVI, destinados a los sectores de más escasos recursos.
Me parece que ahí se encontró una solución al problema de endeudamiento, a propósito de los temas de esa índole que la sociedad chilena nos ha puesto en la agenda pública a través de los movimientos estudiantiles.
Aquí -insisto- estamos frente a una situación que, si no fuera por esta normativa, no tendría canales de salida adecuados. Estamos hablando de miles de familias.
La comparación que hizo el Senador Sabag con Chile Barrio es interesante, en el sentido de que este fue un programa integral, iniciado en el Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle, que permitió dar solución a un número superior a los mil campamentos. Entiendo que hoy día se los llama "aldeas", a propósito de lo sucedido en la Región del Biobío y las zonas más afectadas por el terremoto, pero entiendo que se trata de lo mismo: asentamientos precarios que no cuentan con servicios básicos, para decirlo en el lenguaje usado por décadas.
Pienso que el Programa Chile Barrio cumplió un papel importante, por cuanto en algunos casos permitió radicar (esa podría ser la comparación con el actual proyecto), y en otros, trasladar, erradicar, buscar lugares más aptos en zonas no riesgosas y, como señalaba muy bien el Senador Letelier, dotar de infraestructura, asegurar el equipamiento comunitario, es decir, plaza pública, sede social y todo lo que se menciona como requisito para acceder al beneficio.
Yo considero interesante esa comparación, señor Presidente.
Creo que hoy nos hace falta, no sé si otro Chile Barrio, pero sí políticas urbanas más integrales.
En el Gobierno de la Presidenta Bachelet se barajó una idea que no se concretó y que tampoco se ha planteado en el último tiempo: un convenio de programación para ciudades amigables.
Independientemente del tamaño de la ciudad, muchas inversiones en materia urbana no se realizan porque no se cuenta con herramientas para tal efecto, como podría ser la inversión conjunta de dos Ministerios o de uno de ellos con el gobierno regional, que permitirían resolver problemas comunitarios que van más allá del tema de la vivienda.
Por eso, considero interesante la comparación que se hizo.
Sin embargo, la presente iniciativa apunta -como muy bien señaló su autor, el Senador Tuma- a un asunto sensible, bastante complejo. La primera ley tuvo un impacto acotado, ya que los directores de obras municipales la consideraron facultativa, discrecional si se quiere, y muchas veces no la utilizaron. Algunos municipios expresaron que esto no requería ley, que se podía lograr por la vía de políticas locales, de ordenanzas, de echar a andar sus departamentos de obras. Pero eso, claramente, no ocurrió.
En la Región de La Araucanía Norte, que represento, hay varios casos. Hubo más, por cierto, en la época del Chile Barrio. Cómo no recordar los de Victoria, Púa , Quino , Selva Oscura, Collipulli, Ercilla , el de la población Padre Juan en Curacautín, y el de tantas otras localidades que se vieron beneficiadas con programas de intervención integral en materia urbana.
Eso hoy día se echa de menos, aunque a partir de esta normativa sin duda de nuevo se abre tal posibilidad. Porque, como bien indicó el Senador Letelier, las familias afectadas no tienen asegurado el derecho de mejoramiento en infraestructura, pero, obviamente, han luchado mucho. Compraron por su cuenta los terrenos, aun cuando, en definitiva, no estaban comprando un cuerpo cierto, sino derechos sobre un predio, con loteos que, como muy bien expresó el autor de la iniciativa, no cumplían todos los requisitos: dimensiones de calles, existencia de bienes de uso público, etcétera.
Hoy, la determinación de dichos requisitos (agua, luz, alcantarillado, pavimento, para obtener la recepción definitiva, porque esta -insisto- es una excepción, como dije al comienzo, a la Ley General de Urbanismo y Construcciones; o para la recepción provisoria, cuando no se cumpla con algunos de ellos) permitirá a las familias lograr una solución que no sería posible sin la ley en proyecto. Y esto, no porque no se hayan intentado caminos alternativos. De hecho, a través del Ministerio de Bienes Nacionales se intentó lo mismo, pero con un efecto mucho más limitado.
A propósito de todo lo que se ha señalado acerca de Dichato -entiendo que está inscrito para intervenir el Senador Navarro, quien podrá referirse con más propiedad a lo que allí ocurre-, quiero hacer presente lo que está sucediendo en la comuna de Angol, donde hay serios problemas con la reconstrucción. ¡Muy serios! Hay 2 mil familias calificadas como afectadas por el terremoto y aún no se entregan siquiera 50 viviendas.
Y, bueno, en todas las complejidades que observamos un elemento que siempre aparece es la falta de propiedad de los terrenos. Estoy seguro de que si hubiésemos contado con esta normativa antes, por lo menos dos conjuntos habitacionales de Dichato se podrían haber visto beneficiados con un acceso más rápido a la vivienda, al revés de lo que ocurre hoy, en que se nota la ausencia de construcciones en dicha localidad, tan devastada por el pasado terremoto.
Reitero, señor Presidente, que no estamos frente a un problema nuevo, sino ante a una realidad que se viene arrastrando a lo largo de toda nuestra vida. De hecho, Vicente Espinoza, en su libro Para una historia de los pobres de la ciudad, se refiere ya al asunto a partir de lo ocurrido en nuestro país en los años veinte.
Creo que el acceso a la vivienda y la certeza jurídica de la propiedad sobre los terrenos, que permite seguir invirtiendo en el bien y postular en el futuro a proyectos más definitivos y en mejores condiciones de habitabilidad, es un derecho. Y por eso vamos a aprobar con entusiasmo el proyecto, felicitando al Senador Eugenio Tuma por su persistencia en la búsqueda de una solución al problema, primero a través de la ley vigente, y luego mediante la presente normativa, la cual, sin duda, tendrá gran impacto.
He dicho.
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El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Solicito el asentimiento del Senado para que la Comisión de Economía pueda sesionar simultáneamente con la Sala a partir de las 18.
--Se autoriza.
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El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Se me acaba de consultar si en el proyecto que nos ocupa será necesario efectuar dos votaciones o solamente una.
Al respecto, puedo informar que el Senador García clarificó en su intervención que retiraba su abstención en la norma pertinente, por lo que solo deberemos realizar un solo pronunciamiento para despachar la normativa, siempre que se reúna el quórum necesario, el cual se está alcanzando.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , respecto al artículo 4º, inciso quinto, del proyecto de ley aprobado en general por el Senado, que establece la regularización de predios en terrenos indígenas, debo señalar que tendremos que adoptar un criterio acerca de cuándo corresponde o no consultar a las comunidades originarias de acuerdo al Convenio Nº 169.
En este caso, tal como señala la abogada de la CONADI en el informe, los lotes resultantes de la división de predios en terrenos indígenas van a tener problemas.
Ella dice que la situación anterior se ve agravada por la posibilidad de que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, ante la negativa del Director de Obras Municipales de otorgar la recepción provisoria al pronunciarse sobre el reclamo que se formule, si fuere procedente, ordenará cursar tal recepción sin intervención de la CONADI, lo cual desafectará los lotes de tierras indígenas de su condición, perdiendo la protección que les concede la ley.
El señor TUMA .- Eso no corre.
El señor NAVARRO.- Quiero preguntar a los señores Senadores que estuvieron en la Comisión cuándo ocurrirá aquello.
Mediante el proceso de desafectación pierde vigencia el artículo 13 de la ley Nº 19.253, donde se establece, por exigirlo el interés nacional, un sistema de protección de las tierras indígenas.
Se vulneran las normas que prohíben la división de las tierras indígenas en hijuelas de más de 3 hectáreas, que sólo podrá efectuarse con la autorización del juez competente y por motivos calificados.
Asimismo, el concepto de desafectación, utilizado en la indicación pertinente, contraría el espíritu de la ley Nº 19.253, cuyo artículo 1º, inciso tercero, dispone la obligación del Estado de proteger las tierras indígenas y propender a su ampliación.
Estos cuatro aspectos, vulneratorios de la ley Nº 19.253 y señalados por la abogada de la CONADI en su intervención en la Comisión, hay que enfrentarlos.
Y legítimamente, de aprobarse este proyecto sin la referida consulta, entrará en acción el Tribunal Constitucional.
Yo entiendo la necesidad de regularizar los loteos, por cierto. Pero creo que el bien que se hace con un esfuerzo no puede anular otro esfuerzo.
Por lo tanto, si bien esta situación se da, básicamente, en la Novena Región, donde la ampliación de los planos reguladores urbanos abarcó tierras indígenas, provocando la restricción de su uso agrícola -actividad propia del pueblo mapuche-, además de imponerse limitaciones sanitarias para la crianza de animales, tenemos un problema.
La normativa en votación afecta a las comunidades indígenas, y el Convenio 169, aprobado por este Senado, señala que cada vez que una ley afecte directa o indirectamente a los pueblos originarios deberá procederse a su consulta. Y esta materia ha sido ampliamente debatida.
Señor Presidente, voy a pedir votación separada del precepto en cuestión.
El señor QUINTANA .- ¿Cuál?
El señor NAVARRO.- Es el que indicó la abogada de la CONADI: el artículo 4º, inciso quinto.
El señor TUMA .- No figura lo que usted expresa, señor Senador.
El señor NAVARRO.- Estoy leyendo el informe.
Del mismo modo, considero positiva la ampliación de la tasación máxima de las viviendas a 2.000 unidades de fomento en promedio, en lugar de las 1.000 que el texto legal vigente establecía, para acceder al beneficio.
Y también quiero llamar la atención sobre el numeral 5 del artículo 2º, que señala: "Con todo, en las áreas de riesgo" -peligro de avalancha, zonas de riberas de río- "así calificadas en los instrumentos de planificación territorial respectivos, se podrá autorizar la regularización de loteos, siempre que se acompañe un estudio de riesgo que determine las acciones que deben ejecutarse para mitigarlo y permitir su utilización, conforme a lo dispuesto en la normativa de urbanismo y construcciones. Tales acciones deberán estar materializadas antes de la recepción municipal definitiva".
Seamos francos: donde existen áreas de riesgo, o hay inversión pública, o no va a haber inversión, por la cuantía y volumen de los recursos involucrados.
Si vamos a regularizar viviendas en áreas de riesgo, advierto que habrá problemas al respecto. Mediante un proyecto de ley que duerme el sueño de los justos he intentado que los informes del SERNAGEOMIN sean vinculantes; es decir, que cuando dicho organismo señale que las viviendas ubicadas en determinado cerro se hallan instaladas de manera irregular, por existir riesgo de avalancha, el informe técnico respectivo debe determinar la necesidad de la erradicación; y no se tiene que esperar el derrumbe y lamentar la pérdida de vidas humanas para decir: "¡Ah, es que debiéramos haberlos sacado!".
Con el numeral 5 del artículo 2º estamos señalando que en el caso de las áreas de riesgo, basta solo acompañar un proyecto con los trabajos por realizar en ellas para acceder al proceso de regularización. Esto es extremadamente grave en zonas que en mi Región conocemos desde hace años. Lamentablemente, en el caso de Chiguayante y de otras comunas, esto salió a la palestra cuando hubo una gran avalancha como consecuencia de las lluvias o de la acumulación de aguas.
Por tanto, la Comisión podría aclarar por qué incluyó las áreas de riesgo.
O se reparan esos sectores o los dejamos fuera, para llevar a la gente a lugares seguros. Pero no se puede empezar un proceso de regularización de un área calificada de riesgo. O es de riesgo o es segura. No es admisible que se pretenda hacerlo por el solo hecho de presentarse una propuesta que indique las obras que se deben realizar. En Hualqui, por ejemplo, poblaciones enteras, como la "18 de Septiembre", requieren un muro de dos kilómetros y medio de largo, con un precio que es absolutamente inaccesible. Si se permite regularizarlas, tendremos inundaciones cada cinco o diez años, con los daños consecuentes.
Planteo la advertencia, porque, una vez que se adoptan estas decisiones, la ciudadanía pregunta quién autorizó para construir y regularizar en el área y quién se responsabiliza de la muerte de las personas que se encontraban en la zona de riesgo.
No quiero ser parte de los que generan condiciones para autorizar la instalación en áreas de riesgo sin garantizar la inversión que proteja, subsane o elimine ese peligro. Y la iniciativa en debate solo exige que haya un proyecto. ¿Quién lo financiará? No serán los pobladores. Un muro de contención, por pequeño que sea, es extremadamente caro. Por lo tanto, se trata de obras que ha de afrontar el Estado.
Señor Presidente , la iniciativa está adecuadamente orientada. Me parece correcto que los elementos básicos -como señaló el Senador Letelier-sean la dotación de servicios de agua potable, de alcantarillado o de evacuación de aguas servidas, de alumbrado público, de gas y, cuando corresponda, de pavimentación.
En muchos lugares, como el loteo Chacra Alicia , en Dichato, todos esos servicios se implementaron, pero no se han regularizado. Ello será posible ahora. Les vendieron el sitio a los vecinos sin la regularización y, hasta ahora, por diversos motivos, esta no se ha podido concretar, aunque todos los servicios mencionados ya se instalaron.
Durante las gestiones gubernamentales de la Concertación se creó el programa Chile Barrio.
El proyecto en análisis permite que el director de obras municipales autorice el proceso de saneamiento.
Hago notar que en los Gobiernos de la Concertación Chile Barrio se hacía responsable y financiaba el proceso; es decir, la regularización de títulos de dominio, el pavimento, el alcantarillado, el agua potable.
Pero la presente iniciativa establece cinco años para que la gente, de su bolsillo, realice tales inversiones. O sea, el Estado elude su responsabilidad. Quienes construyeron en esos sectores lo hicieron sin subsidio alguno. Como se trataba de un loteo irregular, brujo, no recibieron ayuda estatal. Y a otros ciudadanos se les entregó gratuitamente, sin mayor esfuerzo, casa de 54 o 52 metros cuadrados, con todos los servicios básicos, incluido alcantarillado. Y a quienes la levantaron con sus propias manos, a los colonos que lucharon contra el barro para instalarse, les decimos ahora que pueden regularizar, pero arreglándoselas como sea; que paguen alcantarillado, agua y que vean cómo resuelven. El problema es de ellos. Que presenten la carpeta al director de obras y tienen cinco años para efectuar los arreglos. Y deben comenzar a hacer bingos, etcétera.
Nos encontramos ante una responsabilidad del Estado. Y si estamos hablando de viviendas de dos mil UF hacia abajo, corresponden a las que había en los campamentos que regularizamos con Chile Barrio. Los Gobiernos de la Concertación llevaron adelante esa regularización gratis para la ciudadanía. ¡Gratis! Y el debate se centró en si eran una o 10 UF de aporte.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Junto con advertir al señor Senador que ha concluido su tiempo, quiero poner en su conocimiento que la petición suya para dividir la votación es antirreglamentaria, pues debió haberse solicitado antes de iniciarla.
Puede continuar, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, deseo reiterar que, claramente, el programa Chile Barrio fue extremadamente exitoso. Resolvió esos problemas con recursos estatales. Pero con la ley en proyecto se traspasa tal responsabilidad a los ciudadanos, lo que no me parece justo.
En consecuencia, voy a evaluar cómo voto, por lo relativo al Convenio 169 y porque una vez más se está cargando onerosamente a los ciudadanos un deber que en mi opinión le asiste al Estado.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
¡Nueva Constitución ahora!
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Solo la había solicitado para pedir la autorización a la Comisión de Economía, que ya se otorgó.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Entonces, tiene la palabra el Senador señor Tuma, en su segunda intervención.
El señor TUMA.- Señor Presidente , deseo aclarar algunos dichos del Honorable señor Navarro .
Con relación al Convenio 169, la Comisión, por unanimidad, compartió exactamente lo que planteó el señor Senador . Y por esa razón eliminó toda referencia a desafectar tierras indígenas. En consecuencia, estas nos se perjudican en absoluto.
En segundo término, respecto de las zonas de riesgo, la Comisión aprobó solo una recepción provisoria y siempre que se presente un informe de obras de mitigación. Pero, en ningún caso, el director de obras municipales -así lo establece el articulado- puede otorgar una recepción definitiva mientras los trabajos de mitigación no estén construidos.
Por consiguiente, se encuentran resueltas las dos preocupaciones del señor Senador.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , deseo aclarar también al mismo señor Senador que el proyecto en análisis no contiene absolutamente referencia y, por lo tanto, ninguna modificación a la protección que recae hoy sobre las tierras indígenas. Y, por supuesto, tampoco se incorpora alguna enmienda a las normas sobre consulta que regula el Convenio 169 de la OIT.
Precisamente por las razones expuestas por el Senador señor Navarro -según mencionó el Honorable señor Tuma -, en la Comisión, por unanimidad, preferimos dejar fuera cualquier disposición que hubiese permitido desafectar las tierras indígenas. Porque sabíamos que eso, primero, generaría la obligación de consulta, y segundo, demoraría la tramitación del proyecto en varios meses.
Así que, para tranquilidad del Senador señor Navarro , el texto no introduce modificación alguna a la protección con que cuentan las tierras indígenas y, por supuesto, ningún cambio a lo establecido por el Convenio 169 de la OIT.
Respecto de la segunda inquietud planteada, lo concreto es que ciertos loteos fueron levantados en zonas de riesgo, inundables o en las faldas de un volcán que alguna vez arrojó lava.
El punto es que el riesgo resulta perfectamente evitable en la medida que se realicen las obras de mitigación. Y no habrá recepción definitiva si estas no se encuentran concluidas. Y lo natural es que, por su alto costo, sean construidas por el Estado.
En consecuencia, sería muy injusto negar a los pobladores la posibilidad de regularizar cuando es perfectamente factible que se protejan esos terrenos con las obras de mitigación adecuadas. Y a eso apunta el proyecto de ley.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en particular el proyecto (30 votos a favor), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido, y la iniciativa queda despachada en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
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