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El señor TUMA.- Señor Presidente , este proyecto de ley, que nace en un mensaje de la Presidenta Bachelet , tuvimos la ocasión de aprobarlo por unanimidad en la Cámara de Diputados quienes la integrábamos en ese entonces, y ahora estamos en condiciones de refrendar esa votación en el Senado.
Lamento, sí, que nos hayamos tardado tanto en el despacho de una iniciativa que es tan útil y necesaria, si bien celebro la aprobación unánime de que fue objeto en la Comisión de Gobierno.
Creo que uno de los pilares básicos del Estado de Derecho es el acceso igualitario de todos los habitantes de la República a la tutela jurisdiccional cuando sus derechos son conculcados, sea por la acción de otros sujetos o del Estado.
Sin embargo, este principio, que está consagrado en nuestra Carta Fundamental, en los hechos se encuentra fuertemente limitado en cuanto a su eficacia, al no contar nuestro país con un sistema que permita asegurar a todos los ciudadanos, sin importar el lugar donde residan, el acceso oportuno a los órganos jurisdiccionales y, lo que es tanto o más importante, una acción expedita de estos para satisfacer las pretensiones procesales de las partes en litigio.
En el caso de la judicatura de policía local, la situación es aún más grave, toda vez que existen muchos lugares del país -el proyecto considera 75 comunas- que no disponen de tribunales de esa especie, por lo que, como aquí se ha dicho, en numerosas ocasiones es el alcalde el que ejerce estas funciones.
Con la iniciativa en votación se busca reparar la situación descrita y crear juzgados de policía local en decenas de comunas de Chile, en todas aquellas donde no existen. En el caso de mi Circunscripción, de La Araucanía sur, ello favorecerá a Cholchol, que tiene 10 mil 600 habitantes y que, al igual que Alto Hospicio, debió haber contado con un tribunal de policía local desde el momento en que se creó, hace algunos años; y a Curarrehue, donde hay más de 6 mil 700 residentes en su jurisdicción y que carece también de un tribunal de menor cuantía.
Esos tribunales, por su cercanía con la gente, son los llamados naturalmente a atender aquellos temas concernientes a las infracciones a ordenanzas municipales como las referidas a actividades en bienes nacionales de uso público; las relaciones vecinales; las infracciones a las leyes de tránsito, y casi todas las violaciones a la Ley del Consumidor.
Los derechos de los consumidores no han podido ser defendidos plenamente en las comunas donde hasta ahora no existen esos tribunales.
Estimados colegas, si bien el proyecto representa un adelanto en relación con lo actual, no es menos cierto que el hecho de que estos juzgados dependan administrativamente de los municipios genera un problema no menor, como es la falta de un estándar común de calidad de servicios. Mientras los juzgados de policía local de Las Condes, Santiago , Concepción o Viña del Mar disponen de personal idóneo, con actuarios preparados y recursos informáticos de apoyo de la más alta tecnología, en Regiones, y especialmente en comunas pobres con alta tasa de ruralidad y de aislamiento, vemos la cara opuesta: funcionarios sin mayor preparación, dependencias inhóspitas e inadecuadas, carencia de medios tecnológicos, etcétera.
En definitiva, se advierte una justicia diferente en las comunas que cuentan con recursos y en las que carecen de ellos, por lo que no les es posible financiar un mejor estándar en esta materia. Es decir, hay dos clases de ciudadanos: los que pueden acceder a una buena justicia y aquellos que, debido a la falta de fondos de sus municipios, no alcanzan a tener una justicia acorde con los tiempos, con las necesidades de la informática y la modernidad.
Una medida que deberíamos adoptar dice relación, precisamente, con crear programas que permitan generar un estándar mínimo de atención en los servicios judiciales de todas las judicaturas, a fin de ofrecer la misma calidad de profesionales y los mismos medios de funcionamiento de esos servicios. Solo de esta manera estaremos dando cumplimiento a lo previsto por nuestra Carta Fundamental en el sentido de asegurar el derecho a la igualdad de acceso a la justicia y a la tutela jurisdiccional de los derechos de todos los habitantes de la República por igual.
Este proyecto, que con certeza todos votaremos a favor, va a empezar a aplicarse una vez que, publicada la ley, los concejos de los respectivos municipios tomen acuerdo para aprobar la instalación de los tribunales. Pero, como es obvio, se requiere que se asignen los recursos necesarios, que, como alguien dijo, van a obtenerlos también por la vía de las multas.
Sin embargo, vuelvo sobre el tema de la falta de equidad, porque hay localidades bastante lejanas, apartadas, que no van a tener mucho rendimiento desde el punto de vista de los ingresos (a veces, ni siquiera para financiar al propio tribunal). De tal modo que en mi opinión los Ministerios de Hacienda y de Justicia deberían proveer de una forma distinta el financiamiento de los juzgados, a fin de homologar la justicia en todo el país, para todos los ciudadanos de la República, sean urbanos o rurales.
Con esas observaciones, señor Presidente, voy a aprobar el proyecto, porque sin duda significa un paso adelante en el tratamiento de los derechos de los ciudadanos.
He dicho.
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