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El señor NAVARRO.- Señor Presidente , entre los juzgados de policía local que se propone establecer figuran algunos para comunas de la Región del Biobío (las de Hualpén y Tirúa, por ejemplo). Ello resulta muy positivo, por cuanto la ausencia de jueces en aquel ámbito hace recaer su función en los alcaldes, lo cual provoca tensiones innecesarias, pues estos son autoridades políticas más que judiciales.
Es una buena noticia.
La mala noticia para los municipios es que deberán financiar con sus recursos el establecimiento de los tribunales en comento.
Recuerdo, señor Presidente , la discusión que tuvimos cuando se trató de sacarles carga de trabajo a los juzgados de policía local porque, al final, todo concluía en ellos. Y lo demuestra el mensaje del Gobierno, que da cuenta de la competencia de esos tribunales en las materias más increíbles: votaciones, erosión y conservación de tierras, agua potable y alcantarillado, protección a los consumidores, calificación cinematográfica, cuestiones mineras, transporte público, urbanismo y construcciones. O sea, estamos hablando de jueces de policía local que deben estar preparados de verdad.
En esa oportunidad subimos los sueldos de los magistrados de aquel ámbito para que hubiera interés en ocupar los cargos pertinentes. Porque interés para hacer de juez de policía local en Tirúa o en San Fabián de Alico, en las comunas cordilleranas, habrá muy poco si las remuneraciones no son las más adecuadas. Y, si no recuerdo mal, buscamos una equivalencia muy cercana al sueldo de los alcaldes, por tratarse de funciones de igual responsabilidad.
Señor Presidente , una vez más reclamo que no podemos seguir asignándoles más facultades a los municipios si no les otorgamos mayor cantidad de recursos. De seguir esa línea, en este caso la tendencia será a que, llegado el juez de policía local, se incremente el número de partes, de todo tipo, pues de alguna manera el municipio deberá financiar los nuevos gastos (remuneración del secretario del nuevo tribunal, del magistrado, en fin), dado que el proyecto dispone cero peso para solventarlos. Es decir, damos la posibilidad de tener juzgados de policía local pero no proporcionamos recursos para su funcionamiento; entonces, habrá de generarlos la municipalidad.
Así las cosas, desde ya anticipo para los habitantes de las comunas respectivas una mala noticia: al final van a terminar pagando ellos el sueldo del juez a través de las multas, mecanismo de financiamiento que los municipios a veces usan indebidamente.
Señor Presidente , se plantea la creación de 75 juzgados de policía local; el informe señala que todas las comunas de Chile quedarían con magistrados en dicho ámbito. Y se establecen dos adicionales: uno en Talca y otro en Recoleta.
Yo quisiera saber -he leído el informe- cuál fue el criterio que se aplicó. Porque uno podría preguntarse: ¿Se requiere un juez de policía local adicional en Talcahuano, en Concepción o en San Carlos? ¿Por qué en Talca y Recoleta?
No sé si esto coincide con las circunscripciones de los señores Senadores miembros de la Comisión de Gobierno. Tiene que haber un fundamento. Pero en el informe no aparece ninguno.
¿Cuál fue -insisto- el criterio utilizado para crear, adicionalmente, el Segundo Juzgado de Policía Local en Recoleta y el Tercer Juzgado de Policía Local en Talca?
En tal sentido, voy a pedir un informe para que el ente que agrupa a los jueces de policía local o la Asociación Chilena de Municipalidades nos diga, con parámetros exactos de demanda, cuáles son las comunas que requieren la creación de juzgados de policía local.
Señor Presidente, el establecimiento de los nuevos tribunales va a llevar aparejada más responsabilidad para los municipios, pero -reitero- sin que estos cuenten con mayores ingresos.
Debemos evaluar el funcionamiento de los juzgados de policía local. Actualmente, por ejemplo, 20 por ciento de la multa queda en el tribunal que la cobra, no en aquel donde se cursa la infracción. Esa es una discriminación bastante odiosa, relacionada con el financiamiento.
Tal vez algún miembro de la Comisión nos puede señalar si la iniciativa cubre la necesidad de este tipo de juzgados en todas las comunas; el informe no lo aclara. Porque si algunas quedaran sin juez de policía local, el Senado debería suscribir un proyecto de acuerdo para solicitarle al Gobierno que nos explicara el porqué de su no inclusión, ya que los habitantes de los sectores no considerados nos van a preguntar: "¿Por qué no estamos nosotros?". Y, en definitiva, podría tratarse de un acto de discriminación.
Nosotros no podemos discriminar, señor Presidente . Y si no vamos a dotar de tribunales de aquella naturaleza a todas las comunas, por lo menos tengamos una línea argumental que nos permita determinar cuándo crearlos o fijar los requisitos habilitantes para disponer de ellos.
Señor Presidente, vamos a presentar indicaciones en diversos aspectos a fin de facilitar el trabajo de los nuevos juzgados.
Por ejemplo, formularemos una proposición para permitir que las personas, provistas de certificado social emitido por la municipalidad o por la corporación de asistencia judicial correspondiente, comparezcan con goce del privilegio de pobreza.
En los sectores rurales debe existir de manera nítida ese beneficio, porque facilita el acceso de la gente a la justicia.
Si a una persona le aplican una multa por transitar por un camino rural en su vehículo con un foco malo, por ejemplo, para solucionar el problema judicial debe ir a la ciudad, con el consiguiente gasto en bencina o en pasaje. En tal sentido, los jueces tienen que coordinarse. Debiera dar lo mismo pagar la multa en la comuna donde vive el infractor y luego remitir lo recaudado al juzgado que la aplicó. Ello facilitaría la recepción de los ingresos por el municipio; no complicaría la vida del infractor; posibilitaría mayor disposición al pago, y generaría menos morosidad.
En el caso de las comunas carentes de juzgado de policía local, los alcaldes deben oficiar de magistrados. Pero la verdad es que para este efecto se requiere una idoneidad profesional mínima que dé garantías a los habitantes.
Habría sido deseable que a ese respecto hubiéramos escuchado el parecer de quien preside el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local.
En todo caso, como habrá segundo informe, la Comisión podrá realizar audiencias públicas. Del mismo modo, será factible mejorar este proyecto, que no es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República . Y si lo fuera, no importaría, pues no hay involucrados recursos, pues -ya lo dije- no se les otorga ni un centavo a los municipios.
Señor Presidente , existen múltiples mecanismos para mejorar los ingresos municipales; las multas y los partes no son los únicos. Dicho elemento debe hallarse en la base de una propuesta como esta, que incorpora más funciones y más contrataciones sin aportar un peso.
Por último, creo que debiéramos apurar la tramitación de la iniciativa, escuchar a los actores involucrados (alcaldes, jueces de policía local), a fin de prever en ella no solo la creación de los juzgados en comento, sino también el mejoramiento de su funcionamiento. Creo que podríamos avanzar de manera sustantiva en pos de la agilidad, la transparencia y la oportunidad de los procesos en los tribunales de aquella naturaleza si en este proyecto, además de la creación de juzgados de policía local, diéramos cobertura a la optimización de las condiciones en materia de tramitación y gestión.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
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