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El señor ESCALONA.- Señor Presidente , en el mismo sentido que el Senador señor Zaldívar , quisiera consignar que se ha realizado un largo ejercicio en la discusión de la propuesta de ingreso mínimo para concluir, de manera muy cercana, en el planteamiento inicial del Ejecutivo.
Como es lógico, evidente -todos los años ocurre-, el Ministro de Hacienda y la autoridad económica se reservan un margen para elevar el monto de acuerdo con el rumbo que tome el debate parlamentario. En este caso, ello es completamente marginal. Se determinó un primer aumento de 180 mil a 181 mil 500 pesos, con el propósito de resolver la insatisfacción del sector político que permite obtener la votación de mayoría en la Cámara de Diputados, esto es, el Partido Regionalista de los Independientes. Y resulta obvio que eso no obedeció a ninguna lógica económica, ni mucho menos a un cálculo técnico, sino a la necesidad del Ejecutivo de hacer un gesto que permitiera agrupar sus votos en esa Corporación y darle curso al proyecto.
Y luego, en un ejercicio estrictamente retórico -así lo siento-, se subió la cantidad de 181 mil 500 a 182 mil pesos en la discusión en la Comisión Mixta. O sea, es un margen que se dio el Ejecutivo para que no pudiera afirmarse que permanecía en la misma propuesta. Pero fue un "no margen", por así decirlo. En los hechos, permaneció en los mismos límites. Desde el punto de vista práctico, lo planteado no sufrió ninguna variación significativa.
Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión en relación con el debate? Que el Ejecutivo calculó un ofrecimiento exactamente suficiente como para poder obtener los votos de sus bancadas. Si hubiera sido menos, no habría dispuesto ni siquiera de aquellos que le hubiesen permitido alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados, porque no habría contado con el respaldo del PRI.
En otras palabras, la lógica con la que actuó fue de una estricta racionalidad política y de un resultado social discreto. Porque la verdad es que 182 mil pesos -monto que se aprobará ahora- no van a satisfacer al interlocutor al cual la decisión se destina: las organizaciones representativas de las personas que reciben el ingreso mínimo.
Y, como bien dijo en la Comisión de Hacienda su Presidente , mi Honorable colega Frei , ello se ha visto confirmado por las cifras de hoy, cuando el llamado "IPC de los pobres" -es decir, la canasta básica de alimentos- muestra un incremento de 7,4 por ciento. Si a eso agregamos el aumento del precio de los combustibles, observaremos que, al final, utilizando la propia medición que se ha dado el Ministerio de Planificación en orden a calcular 4,2 personas como el promedio en una familia, las exigencias de ingreso para las condiciones básicas de dignidad de esta última rondan los 300 mil pesos.
Es cierto que el ingreso mínimo no es lo único, porque, para bien del país, en el Congreso Nacional se ha legislado un sistema de protección social que incorpora una cantidad significativa de recursos en las entradas de las familias. Pero, desde el punto de vista del rol que cumple ese monto en relación con la línea de pobreza -esto es, el nivel de ingreso promedio de una familia de bajos recursos-, se concluye que, en lugar de acercarse a ella, se alejó. Y esa es la razón fundamental por la cual nosotros no compartimos la propuesta. O sea, como señal que apunte a entregarles a los hogares las entradas que posibiliten que la familia se encuentre en un nivel de consumo básico de acuerdo con las disponibilidades y exigencias actuales del país, no cumple su función.
Lamentablemente, es así.
Y como señal social, en consecuencia, tiene lugar una desvalorización de su papel.
Me parece que todo el argumento con relación a las micro y pequeñas empresas cumple en este caso una función, no voy a decir enteramente arbitraria, pero sí, al final de cuentas, perversa. Porque la lógica que lo inspira lleva a la siguiente conclusión: para que ellas puedan contar con cierta capacidad de contratación es preciso generar un ingreso bajo. Ya no se trata de un ingreso mínimo, sino de uno de referencia. Ya no es, en realidad, el que satisface las condiciones para que las familias obtengan dignidad. No es eso. O sea, la lógica con la cual se construye es la de expresarle a la gente: "Mire, estamos haciendo esto con el propósito de que puedan contratarla".
Entonces, desde el punto de vista de la ética social, se está distorsionando por completo el sentido del ingreso mínimo. Es decir, ella se está trastocando respecto del rol que cumple esta señal social y económica, de la cual se tienen que hacer responsables el Gobierno y el Congreso Nacional en conjunto.
Esa es la razón por la cual muchas personas, por ejemplo -no son las únicas, por supuesto, ya que existe una dualidad de opiniones-, y numerosos dirigentes sindicales manifiestan un juicio muy complicado, cual es el de "Voten en contra igual".
Llamo al Ejecutivo a racionalizar lo ocurrido, en orden a que a quien tiene que ser uno de sus interlocutores muy importantes le señala: "En realidad, apruebe el proyecto como quiera". Porque ya no le interesa. Porque, como señal en relación con el empleador, ya no cumple la función que debía. Y frente al trabajador, tampoco.
El viernes de la semana pasada me reuní en Puerto Montt con dirigentes sindicales agrupados en la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Y cuál fue su opinión? "Senador, mantenga su voto en contra. Preferimos no recibir nada a que nos humillen".
O sea, las cosas se han ido colocando en un punto tremendamente frágil respecto de la legitimidad de la decisión que se está tomando.
El Ejecutivo , entonces, nos replica en un ámbito de razonamiento completamente alejado de lo que ha sido nuestra preocupación: "Señor, en realidad, lo que usted está haciendo es obstruir. Toma una decisión simplemente por estar en contra del Gobierno y con ese propósito". Vale decir, no se hace cargo en lo más mínimo de nuestro razonamiento en el sentido de que la situación económica y social en el país requiere un horizonte que permita, con el tiempo -por cierto, no de una sola vez, sino de una manera paulatina, pero sostenida-, ir logrando un avance que acerque la línea de la pobreza con el ingreso mínimo y no que se siga el camino contrario, de que se distancien.
Y esta es una responsabilidad política, no una discusión técnica, que se asume frente a la sociedad.
Algunos han querido recoger nuestra reflexión para expresar: "En realidad, antes apoyaban por razones políticas, ya que el Gobierno era de ellos, y como ahora no lo es, entonces votan en contra".
Esas personas no comprenden nada, al final.
En efecto, hay quienes no comprenden nada de nada. Porque se nos imputa, en la situación de que se trata, una "odiosidad política". Cuando sostenemos que es preciso asumir una responsabilidad política, ello dice relación con la respuesta que deben dar al país los que toman una decisión. En este caso, el Ejecutivo ha adoptado la de imponer un ingreso mínimo que ensancha la brecha que separa a este de la línea de la pobreza. Y esa es -repito- una responsabilidad política.
Lamentamos que se haya llegado a esa determinación, señor Presidente . La verdad es que nos gustaría exactamente lo contrario, o sea, que el Ejecutivo iniciara un camino en que ambas cosas, en vez de divorciarse definitivamente en el tiempo, se pudiesen acercar y ojalá juntar. Es lo que, en cierto momento, Monseñor Goic y un distinguido colega, hoy en el Gobierno, calificaron como "ingreso ético".
La propuesta que se plantea simplemente se dirige en la dirección contraria a este último. Es de subsistencia, no de dignidad para los trabajadores.
Por tal motivo, no apoyaremos el proyecto.
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