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- rdf:value = " El señor TUMA.- Señor Presidente , ante todo quiero manifestar mi alegría por el completo restablecimiento de nuestra compañera Lily Pérez , presente hoy con nosotros. ¡Felicidades y muchas gracias por tus expresiones!
Entrando en materia, debo señalar que a partir de la semana pasada, cuando la clasificadora de riesgo Moody's rebajó la calificación de los bonos de deuda pública de Portugal, dejándolos casi como papeles basura, se han venido sucediendo una serie de hechos que hoy tienen al borde de una crisis sistémica a toda la denominada "Zona Euro".
España e Italia han sufrido el colapso y Alemania, Holanda y Bélgica ahora se niegan a seguir comprando, con recursos de sus contribuyentes, bonos de deuda pública de países en graves problemas y exigen que la banca privada comience a pagar parte de la factura por la crisis financiera europea. Los especuladores financieros han dicho que si eso se hace, lo considerarán un default y la situación arrastrará a toda Europa hacia una recesión nunca antes vista en el Viejo Continente.
Moody's, Standard and Poor's y Fitch son las tres clasificadoras de riesgo más importantes; controlan el 90 por ciento del mercado de la clasificación de riesgo de los papeles de las empresas y países del mundo. Lo que sus ejecutivos decidan marca la pauta de los bancos centrales y de los organismos de crédito internacional, y con ello pueden llevar a la quiebra a empresas y familias de casi todo el planeta.
Por las decisiones de estas entidades privadas, Grecia está en proceso de despedir a un tercio de todos sus funcionarios públicos; España pagará este año más de 12 mil 400 millones de euros solo en intereses por sus bonos, hoy considerados riesgosos, y Portugal e Irlanda, otrora los milagros del neodesarrollismo europeo, viven una crisis social y política que compromete el bienestar de al menos dos generaciones hacia el futuro.
Sin embargo, estas mismas tres clasificadoras de riesgo certificaban, hasta el día en que se derrumbó la economía norteamericana por las hipotecas basura, que el principal responsable de la crisis, el banco de inversión Lehman Brothers , tenía una sólida posición financiera que daba seguridades a todas sus contrapartes en el mundo entero.
Si hago este comentario, señor Presidente , es a propósito del título de este proyecto de ley, en mi opinión bastante pretencioso ("moderniza y fomenta la competitividad del mercado financiero"), y porque a nivel mundial el problema más relevante hoy en día es la regulación de los mercados financieros, la posibilidad de dar una "gobernanza global" a los poderes financieros transnacionales, que literalmente se juegan empresas y pensiones en la ruleta rusa de la especulación y que pueden llevar a la quiebra a los países. El poder financiero nacional y transnacional se transformó en un voraz e indomable monstruo que asfixia a las economías de las naciones.
Señor Presidente , el proyecto de ley que conocemos se nos presenta como una iniciativa orientada a la modernización y fomento de la competitividad del mercado financiero. Pero las medidas que se nos proponen, ¿van en esa dirección? ¿Realmente modernizan e introducen más competencia?
Yo, estimados colegas, pienso que no, primero, porque cuando se ingresó el mensaje y se hizo el debate en la Cámara y en el Senado no estaban los antecedentes que hoy día conocemos respecto del fenómeno de La Polar y de las financieras que operan como ella; segundo, porque lo que ahora se nos presenta como modernización no es otra cosa que liberalización, y tercero, porque no veo ninguna medida que tienda a generar más competencia en el mercado.
Este proyecto se orienta a asegurar mayores niveles de rentabilidad, que es un concepto diametralmente distinto, pues esa rentabilidad no se traduce de manera necesaria en mejoras en la situación de los ahorrantes -muchos de ellos forzados, por cierto- que deben dejar sus recursos en manos de las entidades financieras de la más diversa índole.
Un caso especialmente grave es el de la banca. En Chile esta no es competitiva; no le interesa serlo, pues adoptó una estrategia de nicho, o sea, va tras determinado tipo de target de clientes. Hay bancos para el sector ABC1 y bancos populares; hay bancos para gente de Santiago y otros para regiones.
En nuestro país las entidades bancarias no compiten: se reparten el mercado. Y, como si esto no fuera grave, se las han ingeniado, a lo largo de los años, para crear un entramado económico y jurídico mediante las denominadas "sociedades de apoyo al giro bancario", cuya finalidad es externalizar servicios y capturar el mercado por la vía de generar barreras de entrada, cuando no, derechamente, establecer pequeños carteles en base a una abierta colusión. Así, en materia de redes de transferencia electrónica de fondos, el mercado se lo dividen dos empresas: Redbanc y la Sociedad Intercambiara de Depósitos y Valores; en emisión y operación de tarjetas de crédito solo operan Transbank, Fic Card , Nexus y SMU, que se reparten a los bancos que usan sus servicios. Y los casos suman y siguen.
La gravedad de esta situación, señor Presidente , estriba en que cuando los clientes de la banca, los cuentacorrentistas, firman sus contratos de adhesión, en forma paralela están contratando servicios con esas empresas, que hoy día se encuentran absolutamente desreguladas y cuyos cobros no se hallan sujetos a ninguna regla de competencia económica.
Cuando se analiza el origen de las utilidades de la banca, que llegan hasta un 30 por ciento por sobre el capital al año, la explicación hay que encontrarla, por una parte, en la falta de competencia y en el costo del crédito, que permite, a través de la tasa máxima convencional, alcanzar casi el 50 por ciento de los promedios que informan los bancos, más la debida capitalización de intereses.
Por eso, señor Presidente , creo que en algunos casos este proyecto está desfasado, no toma en cuenta el contexto. Y, en mi opinión, la Comisión de Hacienda debería volver a revisarlo en este nuevo escenario, conforme al ánimo que ha surgido; introducir otras modificaciones que de verdad le den competencia al sistema financiero, y permitir que en definitiva se interprete lo que la mayoría siente cuando se habla de un modelo económico que solo garantiza la rentabilidad de los bancos y la inequidad en el trato hacia los deudores.
Esta mañana escuché por la radio al economista y ex Diputado democratacristiano Andrés Palma denunciando una situación que merece ser investigada y que viene al caso de lo que estamos discutiendo esta tarde: el Banco BBVA sería uno de los principales acreedores de La Polar. En esa condición, y para generar recursos que permitieran a esta última pagar sus deudas, se habrían puesto de acuerdo banco y empresa para que esta emitiera bonos, los que fueron comprados por la AFP Provida, que se encuentra ligada por propiedad con aquella entidad bancaria.
Al final, en esta "bicicleta financiera", los trabajadores afiliados a Provida le pagaron las deudas a La Polar y su fondo de pensiones sufrió las consecuencias.
Entre varias medidas que se proponen en este proyecto de ley, hay una que particularmente establece que los fondos de las AFP irán en ayuda de las empresas que se hallan en reestructuración. Es decir, con los recursos de los trabajadores se pretende salvar a las empresas que están mal administradas.
Señor Presidente , no me quiero extender en exceso, sino solo señalar que esta iniciativa legal no apunta a una mayor competencia, no otorga más garantías y, por cierto, debería ser analizada una vez más por la Comisión de Hacienda en base a la nueva perspectiva. Porque es otro el momento en que se está discutiendo y se han entregado diferentes antecedentes luego del escándalo de La Polar.
Por lo tanto, el referido órgano técnico debería estudiar en detalle los impactos, las ventajas y los beneficios que respecto de los clientes -y en general, para el país, no para la industria financiera- tendrán cada una de las medidas planteadas, pues, de lo contrario, estaremos contribuyendo con nuestro voto a mejorar las utilidades de unos pocos y, lo que es peor, poniendo en riesgo el ahorro de millones de chilenos, incluyendo los más humildes, que mes a mes entregan sus recursos a las AFP para que parte de su sueldo se lo vayan a jugar, en definitiva, a la "ruleta rusa" o a los "casinos financieros".
Por consiguiente, votaré en contra de esta iniciativa legal, que espero que sea revisada por la Comisión de Hacienda si eventualmente es aprobada por la Sala.
He dicho.
"
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