La señora ALLENDE.- Señor Presidente, obviamente me sumo con mi voto a la aprobación de la iniciativa, pues me parece que estamos ante una materia muy importante. Sin perjuicio de ello, quiero trasmitir una experiencia que me dejó un tanto preocupada. Conversando hace unos días con el Director Regional del SERNAC de Atacama acerca de cuánta gente resultó afectada por la situación de La Polar surgió el tema relativo a los seguros, a que acaba de referirse el Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Pienso que se ha generado una maniobra casi abusiva, porque en dicha entrevista me enteré, por ejemplo, de que también se les exige seguros de cesantía a dueñas de casa para acceder a créditos destinados a comprar un hervidor, una plancha, u otro artículo similar. Yo me pregunto qué sentido tiene cobrarles a esas mujeres por dicho concepto. El Director Regional de dicha institución me confirmó que cada cierto tiempo reciben ese tipo de información. Afortunadamente, hoy día la gente ha aprendido que puede dirigirse a un organismo como el SERNAC para presentar denuncias, donde será escuchada y orientada respecto de qué acciones tomar. Entonces, saco como conclusión que se está cometiendo una suerte de abuso. Yo entiendo el cobro de un seguro de desgravamen o de incendio cuando se adquiere un crédito hipotecario. Qué duda cabe de la justeza de la utilización de esos instrumentos en tales casos. Pero no tiene justificación alguna exigirle un seguro de cesantía a un jubilado, salvo en la situación excepcional que mencionó el Senador Tuma , con lo cual concordó el Honorable señor García . No obstante, cabe precisar que nosotros estamos legislando para un ámbito general, y, así, carece de todo sentido exigirles seguros de cesantía a personas pensionadas para obtener un crédito. Sin embargo, empiezo a querer profundizar en este tipo de situaciones, pues -reitero- me impactó saber que a dueñas de casa se les exija contratar seguros de cesantía para otorgarles un crédito a fin de adquirir un artículo doméstico de muy reducido valor y que, además, sacarán a seis, siete u ocho cuotas. En esa línea, me parece que estos antecedentes -y a raíz de la situación más que lamentable que afectó a La Polar- deben ayudarnos para fortalecer las atribuciones del SERNAC y evitar los abusos que cometen algunas compañías. Creo que el retail en general debe ser observado por nosotros, a los efectos de garantizar que cumpla con su objetivo, sin que sus acciones se presten para abusos con respecto a los créditos que otorgan. En consecuencia, señor Presidente, por cierto votaré a favor de esta iniciativa, pero levanto la voz por este tema que me parece preocupante. Recuerdo que hice declaraciones sobre el particular en la Región de Atacama en las que indiqué que no comprendía esta situación y que ha llegado la hora de actuar, porque los consumidores se sienten indefensos. Por eso, estimo fundamental que existan mejores capacidades fiscalizadoras y que el SERNAC -una de las pocas instituciones respecto a las cuales las personas sienten que las puede orientar; incluso les ofrece la posibilidad de entablar una demanda colectiva si el caso lo amerita- cuente con las potestades necesarias para esclarecer hechos como los descritos. Supongo que en la discusión particular se podrá analizar si se considera excepcionalmente la situación de los jubilados. Y quizás valdría la pena presentar una indicación para que se considere también a las dueñas de casa, porque no me parece justo que a ellas se les exija un seguro de cesantía. Esa constituye una práctica abusiva de más de alguna casa comercial, e ignoro la razón que lo justifica. Tal situación, señor Presidente , resulta ser inversa a lo que manifesté hace unos días a propósito de la crisis de La Polar y sus repactaciones unilaterales, en cuanto a la irresponsabilidad de otorgarle crédito a gente de la cual se sabe, de antemano, que carece de capacidad económica para pagar sus deudas. Simplemente, las casas comerciales les entregan y encajan tarjetas de crédito a estudiantes, a personas que no poseen ingresos propios -ahí va el negocio detrás-, con lo cual las van enredando en una espiral de consumo que arrastra incluso a todas sus familias. Por eso, me parece digno de análisis el antecedente que he entregado y, en todo caso, considero que el proyecto está bien orientado si somos capaces de mirarlo de una manera más global. Pienso que el Senado se halla en condiciones de hacer un estudio más general del problema, en cuanto a cómo fiscalizamos mejor y cómo logramos que nuestros ciudadanos no sean objeto de abuso, por desconocimiento, por falta de una buena orientación o porque simplemente no existe una institución capaz de apoyarlos en forma directa.