El señor NAVARRO.- Señor Presidente, este proyecto de ley apunta a resolver un problema real y concreto, pero de la lectura del informe se desprende que algo no cuadra. El Gerente General de la Asociación de Cajas de Compensación, don Renato de la Cerda , manifestó en la Comisión "absoluto acuerdo de su representada con el proyecto". Y aseveró: "Ninguna de las cinco Cajas que operan en Chile exige ese seguro a los pensionados". Dijo que no realizan tal práctica. Luego, el Director del Servicio Nacional del Consumidor , don Juan Antonio Peribonio -el mismo que en enero pactó 2 mil pesos de compensación para todos los que reclamaron por el caso La Polar, en circunstancias de que se vendieron 700 millones de dólares en bonos que compraron las AFP, de lo cual nunca se enteró la Superintendencia de Valores y Seguros-, "informó que el seguro de cesantía es siempre voluntario y que en los contratos de crédito de consumo no hay seguros obligatorios. En consecuencia, si el proveedor lo exige como condición para otorgar el préstamo infringe la ley N° 19.496. Sólo podrá contratarse dicho seguro si se satisfacen las siguientes condiciones: que se informe al consumidor que es voluntario, así como sus características de cobertura, precio y forma de pago; se le reconozca la libertad de decidir si lo toma o no, y se le respete el derecho a contratarlo en la compañía de su elección. De lo contrario, el proveedor incumple su obligación de proporcionar al consumidor una información veraz y oportuna, transgrede el derecho de éste a la libre elección, lo discrimina arbitrariamente y, en su caso, incurre en negativa injustificada de proveer el producto.". O sea, las cajas de compensación no exigen la contratación del seguro; el señor Director del SERNAC afirma que hacerlo es un delito. ¿En qué estamos, entonces? ¿Para qué tramitar la presente iniciativa, si esta materia se halla regulada? El seguro es solo voluntario. Lo dicen Peribonio y el Gerente General de la Asociación de Cajas de Compensación. El punto es que nadie fiscaliza las cajas de compensación y, claramente, hace rato que la Superintendencia de Valores y Seguros no fiscaliza nada. ¿Qué dice el Jefe del Área de Protección al Inversionista y Asegurado de la Superintendencia de Valores y Seguros, señor Fernando Pérez ? Él "manifestó en el seno de la Comisión que no es procedente prohibir la oferta y contratación de un seguro de cesantía por el mero hecho de ser el asegurable un jubilado o pensionado, porque no existe impedimento legal para que esa persona pueda prestar servicios bajo un contrato de trabajo,". Y afirma, además, que el SERNAC no recomienda una prohibición absoluta, porque, en definitiva, algún jubilado puede tener actividad remunerada. Entonces, existe una contradicción, señor Presidente . La ley prohíbe exigirlo. El SERNAC dice que es sancionable hacerlo. Las cajas de compensación afirman que el seguro no es obligatorio. ¡Aquí falta fiscalización! Claramente, nadie fiscaliza a las cajas de compensación. Y hay múltiples elementos que nos llevan a pensar que la responsabilidad recae en el SERNAC, ya que nos señala que esta práctica se encuentra prohibida, pero nos hace ver que ocurre de todas formas. Además, no se consigna ningún tipo de fiscalización. Se invita al señor Peribonio a la Comisión y dice que la ley lo prohíbe, pero no da cuenta de los reclamos, de si existen hechos que ameriten que establezcamos la prohibición. Señor Presidente, falta fiscalización a las cajas de compensación. Por mi parte, cada vez que veo a los jubilados o a los trabajadores pedir préstamos en las cajas de compensación me pregunto: ¿cuál es el negocio? O sea, dicen que ellas son mejores, porque a esa gente no se le otorga crédito en otro lugar. Muchos de quienes laboran con nosotros recurren a esas instituciones y, por cierto, les prestan de manera inmediata, porque, si no pagan, se lo descuentan del finiquito. Es decir, la caja tiene asegurado su retorno cuando hay un contrato de por medio. Señor Presidente , el tema de la protección a los consumidores, a los pequeños inversionistas es mucho más profundo que la contratación o no de un seguro de cesantía. Yo espero que la Comisión de Economía aborde con mayor detención la fiscalización de las reglas que permiten proteger al consumidor de un conjunto enorme de abusos que pueden existir en el sistema del retail, las tarjetas de crédito, las cajas de compensación. Lo que sucede es que siempre los descubrimos ex post. En las cajas de compensación nos aseguran que la contratación del seguro no es obligatoria. Uno podría decir: "Tranquilo, no es obligatoria". El Director del SERNAC nos dice que exigirla es un delito, que eso efectivamente está prohibido por ley. Siendo así, ¿acerca de qué estamos legislando? Lo cierto es que se requiere fiscalización. Este proyecto de ley nace porque hay personas a las que se les ha cobrado el seguro de cesantía estando jubiladas. Pero quiero reiterar lo que ha dicho el SERNAC: "es un delito", "está prohibido", "es siempre voluntario". En consecuencia, uno debe deducir que, si se ha vendido este seguro de manera mañosa, sin advertencia, o si se ha obligado a contratarlo en forma indirecta, mediante una sugerencia, la verdad es que necesitamos otro tipo de legislación: no volver a prohibir, sino fiscalizar de verdad y establecer condiciones que aseguren que la información siempre se encuentre a disposición del consumidor. La Superintendencia de Valores y Seguros está radicada en Santiago. Por cierto, existen los SERNAC en Regiones. Pero creo que en este caso se requiere fiscalizar, se necesitan visitas inspectivas, una acción más dinámica en terreno. ¿De qué organismo? De la Superintendencia de Valores y Seguros. ¿Quién va ir a fiscalizar a las cajas de compensación en Magallanes, en Concepción, en Arica, en Iquique? El SERNAC recibe denuncias, no fiscaliza en terreno. Es más, este Congreso le ha negado plata para hacer investigaciones de mercado respecto a la calidad de determinados productos. Entonces, voy a votar a favor del proyecto. Pero espero que en el transcurso del debate en particular podamos abarcar el conjunto de elementos que hemos señalado la Senadora Allende y quien habla, porque el problema es mucho más complejo. Se trata de la debilidad estructural, crónica de las instituciones que deben velar por los derechos de los consumidores. La Superintendencia de Valores y Seguros no lo hace. Está absolutamente demostrado. No lo realizó en La Polar y, en definitiva, no lo hace en las cajas de compensación, como tampoco en los contratos donde se les exige seguro de cesantía a los jubilados y a las dueñas de casa. En consecuencia, aquí estamos prohibiendo lo ya prohibido, cuando en verdad se debería legislar para que existiera más fiscalización. Yo espero que manifestemos la misma voluntad de votar favorablemente cuando tengamos que aumentar los recursos del SERNAC y de la Superintendencia de Valores y Seguros, a efectos de incrementar el número de fiscalizadores y de tomar medidas preventivas. Porque se deben prevenir la estafa, el robo. Los delincuentes que estafaron a la gente de La Polar siguen ahí. Esto quedó muy claro para quienes leyeron el diario El Mercurio el día domingo. El señor Pablo Alcalde conocía desde hace mucho tiempo la situación de la multitienda, y era homenajeado por el retail; era su figura, su ícono. Y ahora La Polar se ha transformado en el ícono de la sinvergüenzura, en el ícono del fraude, en el ícono del robo, en el ícono de los delincuentes de cuello y corbata. Y no bastan las lamentaciones. La Superintendencia de Valores y Seguros no actuó. ¡El lunes 13, cuando concurrí a presentar la denuncia, el señor Francisco Coloma estaba reunido con Heriberto Urzúa ! ¡Y el muy farsante salió de la Superintendencia y dijo: "Vamos a investigar hasta el final"! A la semana lo sacaron, porque formaba parte del complot, formaba parte de los ladrones. ¡Y el señor Superintendente lo recibe en su oficina con cafecito...! Y a un Senador de la República lo recibe su atractiva Jefa de Gabinete. Estoy complacido por esto. Pero el señor Coloma se encontraba reunido con el malo. ¡Y a la salida, el malo dijo que iba a investigar...! Señor Presidente, tengo severas dudas respecto de la capacidad de la Superintendencia de Valores y Seguros. Este proyecto dirige su acción a prohibir lo prohibido. Estoy dispuesto a apoyarlo, porque da espacio a un debate mucho mayor para poder establecer una fiscalización real, que permita prever la existencia de delitos. Porque, una vez ocurrido el fraude, una vez que se ha esquilmado a los consumidores, la verdad es que recuperar la plata cuesta mucho. Por lo tanto, aquí se trata de prever, de prevenir, de fiscalizar. Y si el debate de esta iniciativa, que tiene un objetivo real y concreto, nos permite profundizar en la legislación para regular a las cajas de compensación y, particularmente, evitar el abuso a los consumidores, bienvenido sea. Pero este asunto es bastante más profundo. El retail dispone de empresas evaluadoras, de contabilidad, como PricewaterhouseCoopers, que señalan que a ellas no les cabe responsabilidad alguna porque trabajan con los antecedentes que les presentan. Ha quedado demostrado que las evaluadoras de riesgo no hacen su pega, como tampoco las empresas auditoras, que obran en concomitancia con las que las contratan. Tenemos un problema mucho más grande. La exigencia de contratar un seguro de cesantía es una parte muy pequeña de él, pero nos permite abrir un debate sobre las cajas de compensación. En este puedo participar, porque me ha llegado un conjunto de denuncias que, para ser responsables, deben ser documentadas. Si eso nos permite profundizar en el tema, bienvenido sea el debate. Voy a formular indicaciones, señor Presidente . Creo que su proyecto está bien orientado, pero requiere un análisis mayor. Voto a favor. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución ahora!