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El señor QUINTANA.- Señor Presidente , por su intermedio, quiero recordarle al Senador Navarro que la ley también prohíbe el lucro en la educación superior. No obstante, llevamos 30 años...
El señor NAVARRO .- ¡Le vamos a echar la culpa solo a Lavín...!
El señor QUINTANA.-... sin que eso haya sido modificado, y se sigue lucrando.
Y, probablemente, los anuncios que se realizarán en poco rato más se van a hacer cargo de esta situación -así lo espero- y sugerirán alguna modificación en ese sentido, la que, por supuesto, no puede consistir en un blanqueo para un asunto claramente ilegal. O sea, no es posible que el resultado para quienes transgreden la ley por 30 años sea levantar esa prohibición y que sigan actuando ahora de manera legal. Eso, en verdad, no ocurre en ninguna actividad económica ni en otra sujeta a un régimen sancionatorio.
Tampoco uno puede dejar de relacionar el proyecto presentado por el Honorable señor Letelier con lo que señaló la Senadora Allende respecto del escándalo de La Polar. Porque efectivamente aquí nos estamos dando cuenta de una serie de abusos que están ocurriendo en este caso en contra de los adultos mayores.
Creo que mediante esta iniciativa de ley, de alguna forma, estamos haciendo, una vez más, la pega al SERNAC. Porque tal entidad debió advertir la situación, más allá de constatar las denuncias que se formulen y de tomar acciones. Pero esto no lo manifiesto yo. Lo expresaron en un programa de televisión los Superintendentes de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros, quienes no fueron informados ni alertados en su oportunidad de los antecedentes que el señor Peribonio tenía en su poder. Y, como dijo el Senador señor Navarro , esa falta de información en esas principales Superintendencias motivó que en la Bolsa se siguieran transando las acciones de La Polar por 700 millones de dólares. De otra forma, tal situación no se hubiese ocasionado, como tampoco el drama que muchos chilenos están viviendo hoy día por haber comprado acciones o que continuaron endeudándose en esa casa comercial.
Por lo tanto, en buena hora surge este proyecto de ley, con las prevenciones aquí planteadas en orden a que en la actualidad ello estaría prohibido. Sin embargo, cuando se trata de frenar abusos, lo que abunda no daña.
Pienso que esta materia forma parte del debate que sostendremos mañana con mayor plenitud a propósito de la iniciativa legal que el Ejecutivo está planteando, para que de alguna manera se ordene por lo menos un poco la integración vertical que existe en los bancos -no digo terminar-, por cuanto en un mismo grupo económico figuran una entidad bancaria, el corredor y la empresa de seguros. Y, finalmente, nadie sabe cuánto cuestan los seguros.
A mi juicio, lo que tenemos hoy día en Chile es un mercado crediticio tremendamente oscuro, donde lo que campea es la desinformación hacia los usuarios y los consumidores. Y en este caso -entiendo que esto motiva el proyecto del Senador Letelier- se trata de adultos mayores.
No se puede dejar de comparar lo anterior con la situación relacionada con el 7 por ciento de los pensionados.
O sea, nuestro sistema en general no está bien. Y esto no es responsabilidad política de algún sector, porque abusos hacia los adultos mayores, los jubilados, han ocurrido por muchísimos años, desde cuando se les quitó el reajuste del 10,4 por ciento.
Entonces, tal aspecto es comparable, por cierto, con lo que ocurre con el 7 por ciento, por cuanto se da la paradoja de que se les pide a ellos que financien licencias médicas, en circunstancias de que hace rato que no trabajan.
Acá nos estamos poniendo en el caso de que alguien pierda el empleo por distintas razones, pero no del pensionado o jubilado, que ya se acogió a retiro.
En consecuencia, me parece que el proyecto en análisis permite ordenar algo que no tocará la iniciativa que analizaremos mañana: lo relativo a las casas comerciales, que actúan en la más absoluta discrecionalidad y en total desregulación. Lo que abordaremos en ella serán más bien los créditos hipotecarios; y aquí estamos hablando de créditos de consumo, lo que afecta a los adultos mayores.
Por tal razón, considero que debemos sacar adelante esta normativa legal, con las prevenciones que hizo acá el Senador señor Tuma , en el sentido de que podría considerarse la existencia de un seguro en aquellos casos donde el pensionado o la persona de que se trate tenga algún contrato vigente y, en definitiva, se encuentre activo. Podría ser una situación excepcional que no deberíamos cerrar con ocasión de esta iniciativa.
En lo concreto, aquí estamos iniciando un debate de fondo respecto de lo que ocurre con los seguros en general, los cuales no se encuentran regulados por ley y, en el marco de los créditos hipotecarios, durante todos estos años bajo las Superintendencias, como la de Bancos e Instituciones Financieras, no se está protegiendo al consumidor. Y si vemos que acá tampoco lo está resguardando el SERNAC, bueno, ¿quién lo protege?
Claramente lo que busca la Superintendencia de Valores y Seguros es resguardar lo relativo al crédito conforme a una garantía real y que, finalmente, se pague a todo evento.
Por lo tanto, los seguros de que se trata deberían ser de cargo no de quien los contrata ni del que está pagando -cuya obligación en materia de dividendos se extenderá por muchos años-, sino del acreedor, lo que constituye parte esencial de su negocio.
Cabe señalar que la descomposición del asunto para saber exactamente el valor real del seguro será materia de los debates que deberemos seguir realizando. Y espero que, a propósito de la iniciativa que permitirá la licitación de los seguros en relación con los créditos hipotecarios, podamos avanzar de manera efectiva más que con motivo de este proyecto de ley.
Con todo, estimo que él es conveniente. Y lo votaré a favor en general, insistiendo en que, en el debate particular, debemos hacernos cargo de las indicaciones que se planteen.
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