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El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, que prohíbe a empresas que otorgan créditos exigir seguro de cesantía a jubilados, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6980-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción del Senador señor Letelier):
En primer trámite, sesión 24ª, en 8 de junio de 2010.
Informe de Comisión:
Economía: sesión 27ª, en 21 de junio de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- El objetivo principal de la iniciativa, iniciada en moción del Honorable señor Letelier, es prohibir el cobro del seguro de cesantía a personas que tengan la calidad de jubiladas, en cualquier relación comercial que implique una obligación a crédito, con el objeto de proteger a un segmento de consumidores vulnerables que, muchas veces, no adquieren pleno conocimiento de todos los compromisos que contraen al momento de suscribir el contrato.
La Comisión discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Prokurica, Tuma y Andrés Zaldívar. El texto se consigna en el respectivo informe.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , seré muy breve.
Efectivamente, la Comisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes, aprobó en general el proyecto, iniciado en moción de Su Señoría, por el cual se prohíbe a las empresas exigir el seguro de cesantía a los pensionados que soliciten algún crédito, ya que no se encuentran sujetos a la situación que justifica el requisito. O sea, existe una contradicción.
Pero, al parecer, por la información que se nos ha entregado, en ciertos casos se requiere ese tipo de seguro como complementario de otro.
Nosotros hemos planteado la conveniencia de aprobar en general la iniciativa y de que luego vuelva a Comisión para introducirle algunas correcciones, a fin de precisar claramente que solo se refiere a los pensionados, en cuanto a que en la contratación de un crédito no se les exija el seguro de cesantía cuando no sea necesario.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.- En primer lugar, felicito al autor de la moción, quien en este momento preside la sesión, pues ha planteado, con toda razón, un texto de sentido común, en orden a prohibir que a los jubilados se les cobre un seguro de cesantía.
Este último adquiere sentido cuando se trata de un trabajador con contrato vigente y que, por la interrupción de la relación, no seguirá percibiendo remuneraciones, por lo cual se hallará impedido de pagar a la casa comercial la cuota correspondiente. El seguro, entonces, le cubrirá los montos impagos mientras se halle desempleado.
Sin embargo, constituye un despropósito que una empresa comercial o una institución crediticia obliguen a que un deudor, siendo pensionado y no contando con un contrato de trabajo, pague primas por un seguro destinado a proporcionar una cobertura en caso de un eventual despido.
Creo que hizo bien el Senador señor Letelier al presentar la moción -fue tratada por la Comisión de Economía, donde se aprobó por unanimidad la idea de legislar-, ya que es de toda justicia impedir que determinadas instituciones abusen de los deudores por la vía de establecer condiciones inaceptables para otorgarles un crédito, las que, además, deben ser financiadas por el propio cliente. Y no digo "beneficiario", porque este, en definitiva, cuando existe un seguro, no es el deudor, sino la casa comercial.
En ese marco de ideas, me atreví a sugerir una redacción para perfeccionar la iniciativa y evitar que se originen injusticias al prohibirse a jubilados con contrato de trabajo suscribir un contrato de crédito que contenga la exigencia de un seguro que proporcione cobertura respecto de los ingresos que perciben.
Por tal motivo, presenté una indicación, más general, que expresa que "Se tendrán por no celebrados los contratos de seguro de cesantía suscritos por adultos mayores que, al tiempo de la suscripción del contrato, no hubieren tenido vigente una relación laboral debidamente formalizada, de cualquier naturaleza.".
Con eso, evitamos la injusticia de impedir que un pensionado obtenga un crédito, pues el texto actual imposibilita que un jubilado acceda a un crédito con seguro, en circunstancias de que podría haber algunos que, además de recibir su pensión, mantuvieran vigente un contrato laboral.
No obstante, la Comisión aprobó en general el proyecto tal como fue presentado por el Senador Letelier. Y dado que en este momento la Sala se encuentra debatiendo la idea de legislar, esperamos que en la discusión particular se le puedan introducir algunos perfeccionamientos a esta iniciativa, que resulta tan necesaria y justa para proteger a los adultos mayores de un cobro absolutamente impropio e indebido.
Por lo tanto, voto a favor.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , al igual que los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, voy a concurrir con mi voto favorable a este proyecto, pues comparto su objetivo central.
No parece razonable que a una persona cuyo único ingreso es su jubilación se le cobre seguro de cesantía al otorgársele un crédito. Ella nunca estará cesante porque ya jubiló.
Sin embargo, como bien puntualizó el Honorable señor Tuma , el proyecto requiere algunos perfeccionamientos. Porque sabemos de personas jubiladas que vuelven a trabajar y tienen un contrato laboral vigente, con lo cual la suma de ambos ingresos -su pensión más la remuneración del nuevo empleo- les permiten acceder a mejores créditos. Y es probable que, al evaluar el riesgo de esa operación, se necesite un seguro de cesantía para cubrir aquella parte por la que se obtiene una remuneración.
Además, opino que el mercado de los seguros debe modificarse.
Tengo la sensación -y pudimos recabar este antecedente después de escuchar a los distintos invitados que acudieron a la Comisión de Economía- de que hoy día se hace un solo paquete que, en lo grueso, contiene tres seguros: el de desgravamen, el de enfermedades catastróficas y el de cesantía. A veces se exige el pago de los tres juntos o, dicho de otra manera, se cobra un único seguro que envuelve los tres riesgos mencionados.
Obviamente, la aprobación de esta iniciativa significará la separación de los seguros antes descritos, de manera que las personas a las cuales se les otorgue un crédito paguen el de desgravamen y el de enfermedades catastróficas, pero a las que solo perciban por renta una pensión, se las excluya de la contratación del seguro de cesantía.
En ese entendido, señor Presidente, reitero que votaré favorablemente el proyecto.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, obviamente me sumo con mi voto a la aprobación de la iniciativa, pues me parece que estamos ante una materia muy importante.
Sin perjuicio de ello, quiero trasmitir una experiencia que me dejó un tanto preocupada.
Conversando hace unos días con el Director Regional del SERNAC de Atacama acerca de cuánta gente resultó afectada por la situación de La Polar surgió el tema relativo a los seguros, a que acaba de referirse el Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Pienso que se ha generado una maniobra casi abusiva, porque en dicha entrevista me enteré, por ejemplo, de que también se les exige seguros de cesantía a dueñas de casa para acceder a créditos destinados a comprar un hervidor, una plancha, u otro artículo similar.
Yo me pregunto qué sentido tiene cobrarles a esas mujeres por dicho concepto.
El Director Regional de dicha institución me confirmó que cada cierto tiempo reciben ese tipo de información. Afortunadamente, hoy día la gente ha aprendido que puede dirigirse a un organismo como el SERNAC para presentar denuncias, donde será escuchada y orientada respecto de qué acciones tomar.
Entonces, saco como conclusión que se está cometiendo una suerte de abuso.
Yo entiendo el cobro de un seguro de desgravamen o de incendio cuando se adquiere un crédito hipotecario. Qué duda cabe de la justeza de la utilización de esos instrumentos en tales casos. Pero no tiene justificación alguna exigirle un seguro de cesantía a un jubilado, salvo en la situación excepcional que mencionó el Senador Tuma , con lo cual concordó el Honorable señor García .
No obstante, cabe precisar que nosotros estamos legislando para un ámbito general, y, así, carece de todo sentido exigirles seguros de cesantía a personas pensionadas para obtener un crédito.
Sin embargo, empiezo a querer profundizar en este tipo de situaciones, pues -reitero- me impactó saber que a dueñas de casa se les exija contratar seguros de cesantía para otorgarles un crédito a fin de adquirir un artículo doméstico de muy reducido valor y que, además, sacarán a seis, siete u ocho cuotas.
En esa línea, me parece que estos antecedentes -y a raíz de la situación más que lamentable que afectó a La Polar- deben ayudarnos para fortalecer las atribuciones del SERNAC y evitar los abusos que cometen algunas compañías.
Creo que el retail en general debe ser observado por nosotros, a los efectos de garantizar que cumpla con su objetivo, sin que sus acciones se presten para abusos con respecto a los créditos que otorgan.
En consecuencia, señor Presidente, por cierto votaré a favor de esta iniciativa, pero levanto la voz por este tema que me parece preocupante.
Recuerdo que hice declaraciones sobre el particular en la Región de Atacama en las que indiqué que no comprendía esta situación y que ha llegado la hora de actuar, porque los consumidores se sienten indefensos.
Por eso, estimo fundamental que existan mejores capacidades fiscalizadoras y que el SERNAC -una de las pocas instituciones respecto a las cuales las personas sienten que las puede orientar; incluso les ofrece la posibilidad de entablar una demanda colectiva si el caso lo amerita- cuente con las potestades necesarias para esclarecer hechos como los descritos.
Supongo que en la discusión particular se podrá analizar si se considera excepcionalmente la situación de los jubilados. Y quizás valdría la pena presentar una indicación para que se considere también a las dueñas de casa, porque no me parece justo que a ellas se les exija un seguro de cesantía.
Esa constituye una práctica abusiva de más de alguna casa comercial, e ignoro la razón que lo justifica.
Tal situación, señor Presidente , resulta ser inversa a lo que manifesté hace unos días a propósito de la crisis de La Polar y sus repactaciones unilaterales, en cuanto a la irresponsabilidad de otorgarle crédito a gente de la cual se sabe, de antemano, que carece de capacidad económica para pagar sus deudas.
Simplemente, las casas comerciales les entregan y encajan tarjetas de crédito a estudiantes, a personas que no poseen ingresos propios -ahí va el negocio detrás-, con lo cual las van enredando en una espiral de consumo que arrastra incluso a todas sus familias.
Por eso, me parece digno de análisis el antecedente que he entregado y, en todo caso, considero que el proyecto está bien orientado si somos capaces de mirarlo de una manera más global.
Pienso que el Senado se halla en condiciones de hacer un estudio más general del problema, en cuanto a cómo fiscalizamos mejor y cómo logramos que nuestros ciudadanos no sean objeto de abuso, por desconocimiento, por falta de una buena orientación o porque simplemente no existe una institución capaz de apoyarlos en forma directa.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Gracias, señora Senadora.
Se dará por terminada la votación y...
El señor NAVARRO.- Perdón, señor Presidente . Había pedido la palabra.
El señor QUINTANA.- Yo también.
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Excúseme, Senador Quintana.
Senador Navarro, le ofrecí la palabra al principio del debate, pero parece que...
El señor NAVARRO.- ¡Hace rato que me había anotado!
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Con el mayor de los gustos le doy la palabra, señor Senador. ¡Imagínese qué mayor placer para esta Mesa que escucharlo a usted!
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, este proyecto de ley apunta a resolver un problema real y concreto, pero de la lectura del informe se desprende que algo no cuadra.
El Gerente General de la Asociación de Cajas de Compensación, don Renato de la Cerda , manifestó en la Comisión "absoluto acuerdo de su representada con el proyecto". Y aseveró: "Ninguna de las cinco Cajas que operan en Chile exige ese seguro a los pensionados". Dijo que no realizan tal práctica.
Luego, el Director del Servicio Nacional del Consumidor , don Juan Antonio Peribonio -el mismo que en enero pactó 2 mil pesos de compensación para todos los que reclamaron por el caso La Polar, en circunstancias de que se vendieron 700 millones de dólares en bonos que compraron las AFP, de lo cual nunca se enteró la Superintendencia de Valores y Seguros-, "informó que el seguro de cesantía es siempre voluntario y que en los contratos de crédito de consumo no hay seguros obligatorios. En consecuencia, si el proveedor lo exige como condición para otorgar el préstamo infringe la ley N° 19.496. Sólo podrá contratarse dicho seguro si se satisfacen las siguientes condiciones: que se informe al consumidor que es voluntario, así como sus características de cobertura, precio y forma de pago; se le reconozca la libertad de decidir si lo toma o no, y se le respete el derecho a contratarlo en la compañía de su elección. De lo contrario, el proveedor incumple su obligación de proporcionar al consumidor una información veraz y oportuna, transgrede el derecho de éste a la libre elección, lo discrimina arbitrariamente y, en su caso, incurre en negativa injustificada de proveer el producto.".
O sea, las cajas de compensación no exigen la contratación del seguro; el señor Director del SERNAC afirma que hacerlo es un delito. ¿En qué estamos, entonces? ¿Para qué tramitar la presente iniciativa, si esta materia se halla regulada? El seguro es solo voluntario. Lo dicen Peribonio y el Gerente General de la Asociación de Cajas de Compensación.
El punto es que nadie fiscaliza las cajas de compensación y, claramente, hace rato que la Superintendencia de Valores y Seguros no fiscaliza nada.
¿Qué dice el Jefe del Área de Protección al Inversionista y Asegurado de la Superintendencia de Valores y Seguros, señor Fernando Pérez ? Él "manifestó en el seno de la Comisión que no es procedente prohibir la oferta y contratación de un seguro de cesantía por el mero hecho de ser el asegurable un jubilado o pensionado, porque no existe impedimento legal para que esa persona pueda prestar servicios bajo un contrato de trabajo,".
Y afirma, además, que el SERNAC no recomienda una prohibición absoluta, porque, en definitiva, algún jubilado puede tener actividad remunerada.
Entonces, existe una contradicción, señor Presidente . La ley prohíbe exigirlo. El SERNAC dice que es sancionable hacerlo. Las cajas de compensación afirman que el seguro no es obligatorio.
¡Aquí falta fiscalización!
Claramente, nadie fiscaliza a las cajas de compensación. Y hay múltiples elementos que nos llevan a pensar que la responsabilidad recae en el SERNAC, ya que nos señala que esta práctica se encuentra prohibida, pero nos hace ver que ocurre de todas formas. Además, no se consigna ningún tipo de fiscalización. Se invita al señor Peribonio a la Comisión y dice que la ley lo prohíbe, pero no da cuenta de los reclamos, de si existen hechos que ameriten que establezcamos la prohibición.
Señor Presidente, falta fiscalización a las cajas de compensación.
Por mi parte, cada vez que veo a los jubilados o a los trabajadores pedir préstamos en las cajas de compensación me pregunto: ¿cuál es el negocio? O sea, dicen que ellas son mejores, porque a esa gente no se le otorga crédito en otro lugar. Muchos de quienes laboran con nosotros recurren a esas instituciones y, por cierto, les prestan de manera inmediata, porque, si no pagan, se lo descuentan del finiquito. Es decir, la caja tiene asegurado su retorno cuando hay un contrato de por medio.
Señor Presidente , el tema de la protección a los consumidores, a los pequeños inversionistas es mucho más profundo que la contratación o no de un seguro de cesantía.
Yo espero que la Comisión de Economía aborde con mayor detención la fiscalización de las reglas que permiten proteger al consumidor de un conjunto enorme de abusos que pueden existir en el sistema del retail, las tarjetas de crédito, las cajas de compensación. Lo que sucede es que siempre los descubrimos ex post.
En las cajas de compensación nos aseguran que la contratación del seguro no es obligatoria. Uno podría decir: "Tranquilo, no es obligatoria". El Director del SERNAC nos dice que exigirla es un delito, que eso efectivamente está prohibido por ley.
Siendo así, ¿acerca de qué estamos legislando? Lo cierto es que se requiere fiscalización. Este proyecto de ley nace porque hay personas a las que se les ha cobrado el seguro de cesantía estando jubiladas. Pero quiero reiterar lo que ha dicho el SERNAC: "es un delito", "está prohibido", "es siempre voluntario".
En consecuencia, uno debe deducir que, si se ha vendido este seguro de manera mañosa, sin advertencia, o si se ha obligado a contratarlo en forma indirecta, mediante una sugerencia, la verdad es que necesitamos otro tipo de legislación: no volver a prohibir, sino fiscalizar de verdad y establecer condiciones que aseguren que la información siempre se encuentre a disposición del consumidor.
La Superintendencia de Valores y Seguros está radicada en Santiago. Por cierto, existen los SERNAC en Regiones. Pero creo que en este caso se requiere fiscalizar, se necesitan visitas inspectivas, una acción más dinámica en terreno. ¿De qué organismo? De la Superintendencia de Valores y Seguros. ¿Quién va ir a fiscalizar a las cajas de compensación en Magallanes, en Concepción, en Arica, en Iquique? El SERNAC recibe denuncias, no fiscaliza en terreno. Es más, este Congreso le ha negado plata para hacer investigaciones de mercado respecto a la calidad de determinados productos.
Entonces, voy a votar a favor del proyecto. Pero espero que en el transcurso del debate en particular podamos abarcar el conjunto de elementos que hemos señalado la Senadora Allende y quien habla, porque el problema es mucho más complejo.
Se trata de la debilidad estructural, crónica de las instituciones que deben velar por los derechos de los consumidores. La Superintendencia de Valores y Seguros no lo hace. Está absolutamente demostrado. No lo realizó en La Polar y, en definitiva, no lo hace en las cajas de compensación, como tampoco en los contratos donde se les exige seguro de cesantía a los jubilados y a las dueñas de casa.
En consecuencia, aquí estamos prohibiendo lo ya prohibido, cuando en verdad se debería legislar para que existiera más fiscalización. Yo espero que manifestemos la misma voluntad de votar favorablemente cuando tengamos que aumentar los recursos del SERNAC y de la Superintendencia de Valores y Seguros, a efectos de incrementar el número de fiscalizadores y de tomar medidas preventivas.
Porque se deben prevenir la estafa, el robo. Los delincuentes que estafaron a la gente de La Polar siguen ahí. Esto quedó muy claro para quienes leyeron el diario El Mercurio el día domingo. El señor Pablo Alcalde conocía desde hace mucho tiempo la situación de la multitienda, y era homenajeado por el retail; era su figura, su ícono. Y ahora La Polar se ha transformado en el ícono de la sinvergüenzura, en el ícono del fraude, en el ícono del robo, en el ícono de los delincuentes de cuello y corbata.
Y no bastan las lamentaciones. La Superintendencia de Valores y Seguros no actuó. ¡El lunes 13, cuando concurrí a presentar la denuncia, el señor Francisco Coloma estaba reunido con Heriberto Urzúa ! ¡Y el muy farsante salió de la Superintendencia y dijo: "Vamos a investigar hasta el final"!
A la semana lo sacaron, porque formaba parte del complot, formaba parte de los ladrones. ¡Y el señor Superintendente lo recibe en su oficina con cafecito...! Y a un Senador de la República lo recibe su atractiva Jefa de Gabinete. Estoy complacido por esto. Pero el señor Coloma se encontraba reunido con el malo. ¡Y a la salida, el malo dijo que iba a investigar...!
Señor Presidente, tengo severas dudas respecto de la capacidad de la Superintendencia de Valores y Seguros. Este proyecto dirige su acción a prohibir lo prohibido. Estoy dispuesto a apoyarlo, porque da espacio a un debate mucho mayor para poder establecer una fiscalización real, que permita prever la existencia de delitos. Porque, una vez ocurrido el fraude, una vez que se ha esquilmado a los consumidores, la verdad es que recuperar la plata cuesta mucho.
Por lo tanto, aquí se trata de prever, de prevenir, de fiscalizar. Y si el debate de esta iniciativa, que tiene un objetivo real y concreto, nos permite profundizar en la legislación para regular a las cajas de compensación y, particularmente, evitar el abuso a los consumidores, bienvenido sea. Pero este asunto es bastante más profundo.
El retail dispone de empresas evaluadoras, de contabilidad, como PricewaterhouseCoopers, que señalan que a ellas no les cabe responsabilidad alguna porque trabajan con los antecedentes que les presentan. Ha quedado demostrado que las evaluadoras de riesgo no hacen su pega, como tampoco las empresas auditoras, que obran en concomitancia con las que las contratan.
Tenemos un problema mucho más grande. La exigencia de contratar un seguro de cesantía es una parte muy pequeña de él, pero nos permite abrir un debate sobre las cajas de compensación. En este puedo participar, porque me ha llegado un conjunto de denuncias que, para ser responsables, deben ser documentadas. Si eso nos permite profundizar en el tema, bienvenido sea el debate.
Voy a formular indicaciones, señor Presidente . Creo que su proyecto está bien orientado, pero requiere un análisis mayor.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución ahora!
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , por su intermedio, quiero recordarle al Senador Navarro que la ley también prohíbe el lucro en la educación superior. No obstante, llevamos 30 años...
El señor NAVARRO .- ¡Le vamos a echar la culpa solo a Lavín...!
El señor QUINTANA.-... sin que eso haya sido modificado, y se sigue lucrando.
Y, probablemente, los anuncios que se realizarán en poco rato más se van a hacer cargo de esta situación -así lo espero- y sugerirán alguna modificación en ese sentido, la que, por supuesto, no puede consistir en un blanqueo para un asunto claramente ilegal. O sea, no es posible que el resultado para quienes transgreden la ley por 30 años sea levantar esa prohibición y que sigan actuando ahora de manera legal. Eso, en verdad, no ocurre en ninguna actividad económica ni en otra sujeta a un régimen sancionatorio.
Tampoco uno puede dejar de relacionar el proyecto presentado por el Honorable señor Letelier con lo que señaló la Senadora Allende respecto del escándalo de La Polar. Porque efectivamente aquí nos estamos dando cuenta de una serie de abusos que están ocurriendo en este caso en contra de los adultos mayores.
Creo que mediante esta iniciativa de ley, de alguna forma, estamos haciendo, una vez más, la pega al SERNAC. Porque tal entidad debió advertir la situación, más allá de constatar las denuncias que se formulen y de tomar acciones. Pero esto no lo manifiesto yo. Lo expresaron en un programa de televisión los Superintendentes de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros, quienes no fueron informados ni alertados en su oportunidad de los antecedentes que el señor Peribonio tenía en su poder. Y, como dijo el Senador señor Navarro , esa falta de información en esas principales Superintendencias motivó que en la Bolsa se siguieran transando las acciones de La Polar por 700 millones de dólares. De otra forma, tal situación no se hubiese ocasionado, como tampoco el drama que muchos chilenos están viviendo hoy día por haber comprado acciones o que continuaron endeudándose en esa casa comercial.
Por lo tanto, en buena hora surge este proyecto de ley, con las prevenciones aquí planteadas en orden a que en la actualidad ello estaría prohibido. Sin embargo, cuando se trata de frenar abusos, lo que abunda no daña.
Pienso que esta materia forma parte del debate que sostendremos mañana con mayor plenitud a propósito de la iniciativa legal que el Ejecutivo está planteando, para que de alguna manera se ordene por lo menos un poco la integración vertical que existe en los bancos -no digo terminar-, por cuanto en un mismo grupo económico figuran una entidad bancaria, el corredor y la empresa de seguros. Y, finalmente, nadie sabe cuánto cuestan los seguros.
A mi juicio, lo que tenemos hoy día en Chile es un mercado crediticio tremendamente oscuro, donde lo que campea es la desinformación hacia los usuarios y los consumidores. Y en este caso -entiendo que esto motiva el proyecto del Senador Letelier- se trata de adultos mayores.
No se puede dejar de comparar lo anterior con la situación relacionada con el 7 por ciento de los pensionados.
O sea, nuestro sistema en general no está bien. Y esto no es responsabilidad política de algún sector, porque abusos hacia los adultos mayores, los jubilados, han ocurrido por muchísimos años, desde cuando se les quitó el reajuste del 10,4 por ciento.
Entonces, tal aspecto es comparable, por cierto, con lo que ocurre con el 7 por ciento, por cuanto se da la paradoja de que se les pide a ellos que financien licencias médicas, en circunstancias de que hace rato que no trabajan.
Acá nos estamos poniendo en el caso de que alguien pierda el empleo por distintas razones, pero no del pensionado o jubilado, que ya se acogió a retiro.
En consecuencia, me parece que el proyecto en análisis permite ordenar algo que no tocará la iniciativa que analizaremos mañana: lo relativo a las casas comerciales, que actúan en la más absoluta discrecionalidad y en total desregulación. Lo que abordaremos en ella serán más bien los créditos hipotecarios; y aquí estamos hablando de créditos de consumo, lo que afecta a los adultos mayores.
Por tal razón, considero que debemos sacar adelante esta normativa legal, con las prevenciones que hizo acá el Senador señor Tuma , en el sentido de que podría considerarse la existencia de un seguro en aquellos casos donde el pensionado o la persona de que se trate tenga algún contrato vigente y, en definitiva, se encuentre activo. Podría ser una situación excepcional que no deberíamos cerrar con ocasión de esta iniciativa.
En lo concreto, aquí estamos iniciando un debate de fondo respecto de lo que ocurre con los seguros en general, los cuales no se encuentran regulados por ley y, en el marco de los créditos hipotecarios, durante todos estos años bajo las Superintendencias, como la de Bancos e Instituciones Financieras, no se está protegiendo al consumidor. Y si vemos que acá tampoco lo está resguardando el SERNAC, bueno, ¿quién lo protege?
Claramente lo que busca la Superintendencia de Valores y Seguros es resguardar lo relativo al crédito conforme a una garantía real y que, finalmente, se pague a todo evento.
Por lo tanto, los seguros de que se trata deberían ser de cargo no de quien los contrata ni del que está pagando -cuya obligación en materia de dividendos se extenderá por muchos años-, sino del acreedor, lo que constituye parte esencial de su negocio.
Cabe señalar que la descomposición del asunto para saber exactamente el valor real del seguro será materia de los debates que deberemos seguir realizando. Y espero que, a propósito de la iniciativa que permitirá la licitación de los seguros en relación con los créditos hipotecarios, podamos avanzar de manera efectiva más que con motivo de este proyecto de ley.
Con todo, estimo que él es conveniente. Y lo votaré a favor en general, insistiendo en que, en el debate particular, debemos hacernos cargo de las indicaciones que se planteen.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LETELIER ( Vicepresidente ).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (18 votos afirmativos).
Votaron la señora Allende y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, García, Gómez, Larraín (don Hernán), Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma, Uriarte y Zaldívar (don Andrés).
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